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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06455-01

Fecha
8 de febrero de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06455-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 23 de noviembre de 2023 27 Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06455-01 Actor: Carlos Ernesto Rosas Tacón proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06455-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

8 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202306455-01
Actor: Carlos Ernesto Rosas Tascón
Demandado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la
administración de justicia y iii) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 23 de noviembre de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 24 de agosto de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06455-01
Actor: Carlos Ernesto Rosas Tacón

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 25000-23-42-000-2014-01746-02, vulneró sus
derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
del señor Carlos Ernesto Rosas Tacón, con el fin de que se declarara la nulidad de
la Resolución núm. RDP 026613 del 12 de junio de 2013, mediante la cual
reconoció pensión gracia en favor del actor, como consecuencia del cumplimiento
de la sentencia de tutela proferida el 6 de octubre de 2006 por el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Magangué (Bolívar). Precisó que, a título de restablecimiento
del derecho, se solicitó que se condenara al actor a restituir a la UGPP la suma
correspondiente a los valores pagados debidamente indexados, con ocasión del
reconocimiento de la pensión gracia, junto con el pago de intereses comerciales y
moratorios.

4. Indicó que, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia, en primera instancia, el 1.° de
agosto de 2022, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

5. Manifestó que, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia de segunda instancia, proferida el 24 de agosto de
2023, resolvió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución RDP 026613 del 12 de junio
de 2013, por medio de la cual la entidad demandante había reconocido una pensión
gracia a favor del accionado en cumplimiento de un fallo de tutela.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06455-01
Actor: Carlos Ernesto Rosas Tacón

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA al señor Carlos
Ernesto Rosas Tascón reintegrar de forma indexada a favor de la UGPP, las sumas
que hubiese devengado por concepto de pensión gracia desde la fecha de efectividad
de la prestación (8 de marzo de 2005), es decir, incluidas las percibidas a título de
retroactivo pagado en 2013, ello conforme a los valores y fechas indicadas en la
constancia de pagos emitida por FOPEP el 26 de diciembre de 2013, y hasta tanto
la prestación hubiese sido suspendida en cumplimiento del auto del 14 de mayo de
2015 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, mediante el cual se decretó la medida cautelar solicitada por la parte
activa respecto del acto administrativo reprochado, incluyendo los abonos posteriores
que no hayan sido reportados, pero que se hubiesen efectuado por un eventual e
hipotético nuevo ingreso en la nómina de la entidad del que no tuviera conocimiento
esta Corporación, en caso de que ello hubiese ocurrido durante el desarrollo de este
proceso y hasta el cumplimiento efectivo de la presente sentencia […]”.

6.1. Como fundamento de su decisión consideró lo siguiente:

“[…] Pues bien, de acuerdo con los preceptos legales y el criterio jurisprudencial
expuesto en el acápite del marco normativo aplicable, para esta Subsección es claro
que se ha mantenido la tesis de que los docentes nacionales no tienen derecho a
beneficiarse de la pensión gracia regulada inicialmente en la Ley 114 de 1913, y
ampliada en sus beneficiarios a partir de las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933.

En efecto, si bien las tres normas citadas disponen que, además de los maestros de
escuelas primarias oficiales, también se debe reconocer el derecho a profesores de
escuelas normales, inspectores de instrucción pública y maestros que hubiesen
completado el tiempo de servicio señalado por la ley en establecimientos de
enseñanza secundaria, dicho reconocimiento solo se predica de aquel grupo de
docentes, siempre que tengan la connotación de haber sido vinculados en una plaza
nacionalizada o territorial.

Luego, aun si se trata de un docente vinculado por el Ministerio de Educación
Nacional que prestó sus servicios en educación primaria, secundaria o normalista,
este no tendría derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia. […]”.

[…]

“[…] No obstante, la Subsección advierte que del material probatorio obrante en el
expediente, es posible inferir lógica y válidamente que la relación legal y
reglamentaria del demandado durante el mencionado lapso, lo fue en calidad de
docente nacional, pues tal como lo ha planteado el Consejo de Estado, dichos
educadores son aquellos que fueron nombrados directamente por el Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Educación, o por los gobernadores y alcaldes del
país en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades podían
administrar las plantas del personal docente de las instituciones educativas
nacionales y nacionalizadas conforme al artículo 9 de la Ley 29 de 1989.

Lo anterior se afirma aun en la medida en que, si bien no se encuentra en el proceso
la copia del acto administrativo de nombramiento del demandado como maestro
oficial desde la aludida fecha, lo cierto es que la naturaleza como nacional de dicha
relación legal y reglamentaria sí es posible extraerla y determinarla en el presente
caso, ello a partir de otros medios probatorios como certificaciones, constancias y su
respectiva valoración bajo elementos propios de la sana crítica, pues tal posibilidad
incluso fue contemplada por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06455-01
Actor: Carlos Ernesto Rosas Tacón

21 de junio de 2018 cuando se señaló lo siguiente. […]”.

[…]

“[…] De hecho, en el presente caso se observa que al demandado le fue reconocida
una pensión de invalidez mediante la Resolución 165 del 8 de mayo de 2015,
expedida por la Secretaría de Educación del municipio de Mosquera, para lo cual se
precisó tanto en la parte motiva como resolutiva del acto, que aquel accedía a dicha
prestación por los servicios prestados como docente con vinculación nacional, tal
como se observa a continuación. […]”.

[…]

“[…] En suma, es posible deducir con base en el material probatorio practicado en la
actuación que, el único tiempo laborado como docente por parte del demandado fue
el ocurrido entre el 5 de mayo de 1977 y el 3 de julio de 2015, esto en desarrollo de
una vinculación del orden nacional sostenida con el Ministerio de Educación.

Por lo tanto, aun si el accionado hubiese cumplido el requisito de edad, el haber
laborado antes del 31 de diciembre de 1980 con naturaleza jurídica del vínculo
nacional, y demostrar el desempeño de sus funciones con honradez; lo cierto es que
el mencionado lapso de labor educativa estatal resultaba inviable para consolidar el
derecho que le había sido reconocido por la UGPP en cumplimiento de un fallo de
tutela, pues dicho período se acumuló en ejecución de una relación legal y
reglamentaria del mentado orden que no podía ser computado para satisfacer uno
de los requisitos esenciales de la configuración de esta prestación. […]”.

[…]

“[…] Definido lo anterior y debido a la apelación de la totalidad de la sentencia por
parte de la entidad actora que busca que se acceda a todos sus pedimentos, para la
Sala resulta indispensable verificar la procedencia de acceder al restablecimiento del
derecho solicitado que el juez de origen denegó, esto es, el reintegro de las sumas
percibidas por el demandado a título de mesadas. […]”.

[…]

“[…] Precisamente, al observar que el fallo de tutela del 6 de octubre de 2006 que
ordenó a la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia a favor de varios
educadores oficiales, entre estos al señor Rosas Tascón, fue proferido por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Magangué (Bolívar), cuyo titular en su momento era el
señor Arnedys Payares Pérez, se logra advertir que a lo largo de esa actuación
constitucional se presentaron una serie de situaciones fraudulentas, lo cual se
corrobora en el entendido de que dicho servidor judicial fue investigado y condenado
disciplinaria y penalmente por la materialización de un fraude global y la comisión del
delito de prevaricato por acción, pues así se extrae de la sentencia T218 de 2012
proferida por la Corte Constitucional en la que se analizó y constató lo propio […]”.

[…]

“[…] Con base en este mismo entendimiento jurisprudencial, para la Sala es claro
que el actuar del señor Carlos Ernesto Rosas Tascón se apartó del postulado de la
buena fe y a la vez demuestra su asentimiento en la materialización de un fraude
global, pues a pesar de haber conocido los argumentos de la negativa de la pensión
gracia por parte de la UGPP en diferentes oportunidades, decidió obtener el
reconocimiento de la pensión gracia mediante una acción constitucional presentada

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06455-01
Actor: Carlos Ernesto Rosas Tacón

en Magangué (Bolívar), esto es, un lugar que no coincidía con el de su domicilio que
en la demanda y su contestación se indicó, era el distrito capital de Bogotá, ni con el
último lugar en el que prestó sus servicios que fue el municipio de Mosquera
(Cundinamarca), así como tampoco con el de expedición de los actos administrativos
reprochados correspondiente a la primera entidad territorial en comento.

De acuerdo con lo anterior, le asiste razón a la entidad demandante al afirmar que el
accionado actuó de mala fe, por lo que resulta improcedente la aplicación de la
disposición prevista en el artículo 164 del CPACA. […]”.

[…]

“[…] Cambio jurisprudencial respecto al condicionamiento de la sentencia con
acuerdo de pago. […]”.

[…]

“[…] No obstante, al considerar que en casos como el presente la orden de reintegro
de sumas de dinero debe quedar sujeta a un «acuerdo de pago», se genera una
desnaturalización de la sentencia como título ejecutivo, pues tal condición no
permitiría cumplir con los elementos sustanciales de la obligación, principalmente su
exigibilidad, en la medida en que se le impediría a la administración ejecutar de
manera inmediata al demandado a fin de obtener la satisfacción de su acreencia,
puesto que este último podría oponerse a ello hasta tanto la entidad suscriba un
acuerdo que además deberá atender exclusivamente sus condiciones particulares,
sin verificación sobre las del organismo estatal que básicamente son propias del
interés general, que es el que debe primar sobre el individual de una persona que
tendría ingresos adicionales como una pensión de invalidez en este caso.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que exigirle a la UGPP, e incluso al mismo
accionado, celebrar un acuerdo de pago para dar cumplimiento a una orden judicial,
vulneraría el principio constitucional de la autonomía de la voluntad privada, que
contempla la posibilidad de las partes de autorregularse en cuanto a la forma de
contraer y extinguir derechos y obligaciones, pues si bien es posible que una vez
ejecutoriada la sentencia, ambos extremos procesales de manera independiente y
extrajudicial lleguen a concertaciones entre ambos para cumplir la orden de
restablecimiento del derecho, puede suceder que alguno de estos no desee acceder
a esa opción, sino ejecutar el fallo conforme a las previsiones del artículo 192 y
siguientes del CPACA, o plantear otro modo de extinción de las obligaciones
conforme lo planteado en el artículo 1.625 del Código Civil. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Solicito muy respetuosamente se sirva amparar los derechos fundamentales del
señor CARLOS ERNESTO ROSAS TASCON, al debido proceso judicial y
administrativo, a la igualdad, buena fe, al derecho de acceso a la justicia (T-411/16),
defecto factico (sic), violación directa de la constitución, desconocimiento del
precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional y demás

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06455-01
Actor: Carlos Ernesto Rosas Tacón

que se encuentran regulados en la Constitución Política, y en consecuencia se
declare que la sentencia de fecha 24 de agosto de 2023, proferida por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A,
C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, Radicación 25000-23-42-000-2014-01746-02
(6138-2022), Demandante. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, Demandado Carlos
Ernesto Rosas Tascón, violó los derechos al debido proceso, denegación de
administración de justicia, defecto factico (sic), violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte
Constitucional del señor Carlos Ernesto Rosas Toscón.

Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de tutela
solicitado por el señor Carlos Ernesto Rosas Tascón, se DEJE SIN EFECTO la
sentencia citada, y se ordene al Consejo de Estado, Sala de los Contencioso
Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, dentro del término razonable que
se considere, dictar la sentencia de reemplazo, en la cual se acaten los argumentos
jurídicos expuestos en la presente acción y observando el precedente vertical fijado
por la Honorable Corte Constitucional y Honorable Consejo de Estado en la sentencia
de segunda instancia sobre el vínculo laboral o relación laboral y que el demandado
señor Carlos Ernesto Rosas Tascón presenta un vínculo laboral o relación laboral
con el Departamento de Cundinamarca y Municipio de Facatativá – Mosquera cuyo
desconocimiento se invocó.

Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de tutela
solicitado por el señor Carlos Ernesto Rosas Tascón, se DEJE SIN EFECTO la
Resolución No 165 de fecha 8 de mayo de 2015 proferida por la Secretaria de
Educación del Municipio de Mosquera – Cundinamarca, indica: “que corresponde por
los servicios prestados como docente de vinculación NACIONAL”, las certificaciones
de tiempo de servicio y salarios devengados expedidas por el Departamento de
Cundinamarca, Municipio de Facatativá y Municipio de Mosquera que indican que el
señor Carlos Ernesto Rosas Tascón “Docente Nacional” y “III. SITUACION
LABORAL. 2 REGIMEN DE PENSIONES NACIONAL”, dentro del término razonable
que se considere, dictar la sentencia de reemplazo, en la cual se acaten los
argumentos jurídicos expuestos en la presente acción y observando el precedente
vertical fijado por la Honorable Corte Constitucional y Honorable Consejo de Estado
en la sentencia de segunda instancia sobre el vínculo laboral o relación laboral y que
el demandado señor Carlos Ernesto Rosas Tascón presenta un vínculo laboral o
relación laboral con el Departamento de Cundinamarca y Municipio de Facatativá –
Mosquera cuyo desconocimiento se invocó. […]”.

8. Como fundamento de su solicitud, el actor en su escrito de tutela señaló que la
autoridad judicial accionada incurrió en i) un defecto fáctico, ii) un defecto sustantivo
y iii) la causal de violación directa de la Constitución, por las siguientes razones:

“[…] Se puede observar que la sentencia objeto de acción de tutela, (se presenta:
DEFECTO FACTICO), sin establecer el VINCULO LABORAL O LA RELACION
LABORAL del demandante señor Carlos Ernesto Rosas Tascon, dejando de aplicar la
norma constitucional Art. 2, 4, 25, 48, 53, 122, 125, 305.7, 315.7, 322 y 328, como el
precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional sentencia
C-335 de 2008, C-621 de 2015, C-614 de 2009 y C-679 de 2011 y la Ley 29 de 1989,
Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994 y la Ley 715 de 2001 […]”.

[…]

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06455-01
Actor: Carlos Ernesto Rosas Tacón

“[…] El desconocimiento de las normas constitucionales y el precedente
jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional, no fueron analizados
por la Sala que resolvió el recurso de alzada pues dicha normatividad y jurisprudencia
pone en relieve que las decisiones tomadas por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A están muy lejos del
principio de legalidad (Constitución Política Articulo 4), por el contrario, es injusta y
arbitraria, el señor Carlos Ernesto Rosas Tascón fue un servidor público que laboró
para un Ente Territorial: Departamento de Cundinamarca, Municipio de Facatativá y
Mosquera, las certificaciones de tiempo de servicio y salarios devengados expedidas
por las Secretarias de Educación usurpan la función y la competencia del Ministerio
de Educación Nacional al certificar tiempo de servicio y salarios devengados indicando
que el docente presenta un vínculo laboral o relación laboral Nacional por el
nombramiento que realizó el Ministerio de Educación Nacional […]”.

[…]

“[…] El A quo y el A quem solamente admite como prueba la Resolución No 4576 de
fecha 25 de mayo de 1977 proferida por el Ministerio de Educación Nacional, para
indicar que se trata de un servidor público (docente) con una vinculación laboral o
relación laboral como NACIONAL – adscrito al Ministerio de Educación Nacional, por
el nombramiento para ejercer un empleo, desconocen los elementos que deben
concurrir para que una persona desempeñe un empleo público, de conformidad con
el artículo 122 de la Constitución Política y pueda obtener los derechos que de ella se
derivan como son la existencia del empleo en la planta de personal de la entidad, la
determinación de las funciones propias del cargo y la existencia de la provisión de los
recursos en el presupuesto para el pago de la labor, pruebas que no fueron
decretadas, es decir que no se demostró el vínculo laboral o relación laboral para
sustentar y motivar la sentencia de segunda instancia y determinar que el señor Carlos
Ernesto Rosas Tascón hizo parte de la planta de personal de nivel central del
Ministerio de Educación Nacional […]”.1

9. Finalmente, afirmó que se inobservó “[…] las sentencias del 26 de mayo de 20162,
5 de mayo de 20163 y 13 de febrero de 20144 proferidas por la Sección Segunda del
Consejo de Estado […]”.

Actuación

10. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante auto de 23 de octubre de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a la autoridad judicial demandada; y iii) vinculó, como tercero con interés
legítimo, a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y a la UGPP, concediéndoles el término de dos (2) días para que
rindieran informe sobre el particular.

1 Transcripción literal del texto.
2 Rad 680012331000200001400-01.
3 Rad 850012331000201200032-02.
4 Rad 050012331000200301050-01.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06455-01
Actor: Carlos Ernesto Rosas Tacón

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

11. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitó declarar la improcedencia de
la acción de tutela, al considerar que no cumple con el requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional. Para tal efecto, manifestó lo siguiente:

“[…] De entrada, me permito manifestar que no se cumple con el requisito de
existencia de un perjuicio irremediable o afectación al mínimo vital y seguridad social,
pues sus derechos fundamentales se encuentran protegidos gracias al pago
mensual de la pensión de Jubilación, pagada por el MAGISTERIO, lo que prueba la
inexistencia de esta presunta vulneración de derechos.

De otro lado la presente acción es improcedente, porque LO PRETENDIDO POR LA
PARTE ACCIONANTE ES SUSTITUIR UNA DECISIÓN JUDICIAL EJECUTORIADA
PROFERIDA POR EL JUEZ NATURAL DE LA CAUSA, quien con base en la
normativa y jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, vigente para la época de los hechos, que negó el reconocimiento y pago de
la PENSIÓN GRACIA, por no completar el tiempo de servicio como docente de
vinculación TERRITORIAL.

Efectivamente señor juez, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A,
mediante sentencia DE SEGUNDA INSTANCIA REVOCÓ la decisión proferida
dentro del proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (ACCIÓN
DE LESIVIDAD) y en consecuencia CONCEDIÓ las pretensiones de la demanda en
lo relacionado a REVOCAR LA RESOLUCIÓN QUE RECONOCIÓ UNA PENSIÓN
GRACIA.

Para ello invoco dentro de su decisión la sentencia de unificación CE-SUJ2- 011-18
del 21 de junio de 2018 con la cual el Consejo de Estado planteó una serie de
lineamientos de obligatoria observancia respecto del reconocimiento de la pensión
gracia. […]”.

[…]

“[…] Teniendo en cuenta el análisis efectuado por parte del ente judicial hoy
accionando, se logra extraer de allí que efectuó un estudio juicioso de las pruebas
arrimadas al proceso judicial, con lo cual llego a la conclusión que el actor no podía
haber accedido al reconocimiento de la pensión gracia por cuanto la vinculación del
docente se dio por un nombramiento efectuado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, ante lo cual su vinculación era del orden NACIONAL, status que no
permite acceder al reconocimiento de la pensión gracia que continua discutiendo el
actor, lo anterior también es ratificado por el señor Carlos Ernesto Rosas, cuando
indica en el escrito de demanda de la presente acción de tutela en el hecho número
1, que fue nombrado mediante la Resolución No 4576 de fecha 25 de mayo de 1977,
proferida por el Ministerio de Educación Nacional, lo cual ratifica la decisión adoptada
por el ente accionado, cuando arribo a la conclusión de que el actor no tiene derecho
a que se le reconozca y pague la pensión gracia que devengo en algún momento.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06455-01
Actor: Carlos Ernesto Rosas Tacón

A su vez es importante indicar que la presente acción constitucional es abiertamente
improcedente de acuerdo a lo siguiente:

• Es decir, el juez natural de la causa ya se pronunció sobre el litigio haciendo un
estudio profundo del caso en una etapa superior. Por lo tanto, la providencia
proferida es una decisión en firme que hizo tránsito a cosa juzgada.

• El actuar de dicho operador judicial no podría ser otro, pues acató el precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional.

• Honorable Consejero, la presente tutela contra el fallo judicial es improcedente,
porque como es de conocimiento del despacho, no puede ser utilizada con un fin
exclusivamente económico en busca de decisiones rápidas que olvidan a los jueces
naturales de la causa, más aún, cuando el litigio ya fue ventilado respetando el
principio de doble instancia.

• Por otro lado, tampoco se logra demostrar cómo la autonomía del juez de la causa
y su decisión judicial vulnera los derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia, situación que resalta de la sola lectura del escrito.

• Además, no hay argumentación demostrativa de cómo se cumplen los requisitos
establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para que opere la
procedibilidad de esta tutela en contra del fallo judicial.

• Además, dentro de los requisitos de procedibilidad de la tutela contra fallos
judiciales, es sabido que también se deben cumplir los requisitos generales de la
tutela […]”.

[…]

“[…] a) En la decisión adoptada por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A, no se
incurrió en defecto material o sustantivo, sino que por el contrario la misma se ajustó
al ordenamiento legal y al precedente jurisprudencial que regula el tema, para
determinar la procedencia o no de la PENSIÓN GRACIA

b) La parte actora no puede pretender usar la acción de tutela como una tercera
instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la causa,
después de haberse agotado un procedimiento establecido en la Ley para el efecto.

c) La acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para el reconocimiento de
peticiones prestacionales, máxime cuando ya se ha pronunciado el juez competente
de la causa. […]”.

12. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo allegaron copia
digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 250002342000201401746-01.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06455-01
Actor: Carlos Ernesto Rosas Tacón

La sentencia impugnada

13. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera
instancia, el 23 de noviembre de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela por no
superar el requisito de relevancia constitucional […]”.

13.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] 55. Ahora bien, en criterio de la Sala, la discusión planteada carece de
relevancia constitucional porque lo perseguido por el accionante es una discusión
probatoria que se circunscribe a reabrir un debate zanjado ampliamente en el
proceso ordinario, que consistió en establecer si el accionante reunía los requisitos
para acceder a la mencionada pensión.

56. De tal suerte que los argumentos expuestos en esta instancia constitucional no
están justificados en una vulneración a derechos fundamentales, sino a una
inconformidad con una decisión que no es acorde con sus intereses. Esta situación
resulta contraria a la naturaleza del juez constitucional que está llamado a proteger
aquellas garantías fundamentales vulneradas y a proferir decisiones encaminadas a
restablecer las mismas.

57. Bajo este escenario el juez de tutela no está llamado a reemplazar al juez de la
causa y a decidir las controversias de las instancias ordinarias, máxime si resulta
evidente que se trata de una inconformidad con un aspecto que ya fue resuelto por
una autoridad judicial. […]”.

[…]

“[…] 59. En esta medida, se evidencia que se trata de una diferencia de criterio entre
la postura de la parte actora y el examen realizado por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en virtud de su autonomía e independencia judicial,
que lo llevaron a determinar, basado en la jurisprudencia vigente y en el material
probatorio, que el accionante no cumplía con los requisitos establecidos para
acceder al reconocimiento y pago de la pensión de gracia.

60. Dicho lo anterior, para que un juez constitucional pueda inmiscuirse en un análisis
probatorio es porque se encuentra ante la existencia de una arbitrariedad flagrante
y manifiesta, pues la acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia
que revise las actuaciones judiciales de los jueces de procesos ordinarios y que
aquello genere imponer su apreciación sobre los medios de convicción utilizados
para resolver los casos a su cargo.

61. En ese orden de ideas, esta Sección advierte que en el caso sub examine, no es
posible afirmar que la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada haya
incurrido en una vulneración de garantías fundamentales, que amerite un nuevo
estudio y pronunciamiento por parte de un juez constitucional sin que con ello se
lesionen los principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica. Se trata de la
reiteración de unos argumentos ya discutidos y que han quedado resueltos de
manera razonable por parte del juez ordinario, haciendo uso de su autonomía,

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Actor: Carlos Ernesto Rosas Tacón

actividad que solo encuentra su límite cuando el juzgador incurre en arbitrariedad o
capricho, escenario que no se advierte en el caso concreto. […]”.

La impugnación

14. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado por las siguientes razones:

“[…] Si bien es cierto, la sentencia impugnada hace referencia en la demanda se
omitió hacer un análisis o pronunciamiento expreso sobre la relevancia constitucional
sobre las normas constitucionales referidas, lo cierto es que, dicha relevancia que
alude el fallador no se analizó cuidadosamente en la fundamentación de la tutela
porque precisamente el desconocimiento de dichas normas condujeron la violación
de derechos fundamentales del demandante que en caso contrario necesariamente
hubiesen conducido a que si existe en este proceso una relevancia constitucional
(principio de legalidad) que debe ser tenida en cuenta y decidida en esta decisión
que se tome a la impugnación formulada. Es así que me permito ahondar en razones
concretas y fundamentales que conducen a una motivación de rango constitucional
válida para que sean tenidas en cuenta como una carga argumentativa de relevancia
constitucional en la decisión que se ha de tomar, de la siguiente manera:

Se desconoce a la Constitución Política como norma superior y la protección de la
misma, la Constitución Política de Colombia en el artículo 230, establece que los
jueces para proferir sus providencias se encuentran exclusivamente sometidos al
imperio de la Constitución y la ley. […]”.

[…]

“[…] Como se puede observar que el desconocimiento, el no acatar, el no aplicar los
preceptos constitucionales, como el precedente jurisprudencial vinculante y
obligatorio de la Corte Constitucional, se viola el principio de legalidad, que exige
que la actividad estatal tenga como fundamento la Constitución. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''

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Actor: Carlos Ernesto Rosas Tacón

6 de abril de 20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20197, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

17. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional.

18. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia; v) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; procediendo posteriormente
a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.

6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

13

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Actor: Carlos Ernesto Rosas Tacón

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

19. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

20. Esta Sección adoptó9 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200510, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

21. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
10 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

14

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06455-01
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vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos parámetros.

23. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

24. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

25. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional

26. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 201413, al referirse al requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional, consideró lo siguiente:

11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
13 Ut supra página 6.

15

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06455-01
Actor: Carlos Ernesto Rosas Tacón

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [14]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [15].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [16].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [17].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

[14] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[15] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[17] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

16

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06455-01
Actor: Carlos Ernesto Rosas Tacón

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [18]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [19].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [20]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

27. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró21:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la

[18] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[19] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[20] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
21 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

17

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Actor: Carlos Ernesto Rosas Tacón

interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”22

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”23

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

28. En ese orden de ideas, el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.

22Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
23 Ibidem.

18

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Actor: Carlos Ernesto Rosas Tacón

29. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202224
precisó, en relación con el alcance del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

19

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(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

30. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

31. Atendiendo a que, la Corte Constitucional25 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa

25 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

20

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06455-01
Actor: Carlos Ernesto Rosas Tacón

y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

32. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

33. Atendiendo a que, la Corte Constitucional26 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

34. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

26 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

21

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06455-01
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El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

35. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Análisis del caso concreto

36. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 24 de agosto de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 250002342000201401746-02, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.

37. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

38. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del

22

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06455-01
Actor: Carlos Ernesto Rosas Tacón

artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

39. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

39.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 250002342000201401746-02.

Solución del caso concreto

40. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó que la autoridad judicial
accionada incurrió en i) un defecto fáctico, ii) un defecto sustantivo y iii) la causal de
violación directa de la Constitución, por las siguientes razones:

“[…] Se puede observar que la sentencia objeto de acción de tutela, (se presenta:
DEFECTO FACTICO), sin establecer el VINCULO LABORAL O LA RELACION
LABORAL del demandante señor Carlos Ernesto Rosas Tascon, dejando de aplicar la
norma constitucional Art. 2, 4, 25, 48, 53, 122, 125, 305.7, 315.7, 322 y 328, como el
precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional sentencia
C-335 de 2008, C-621 de 2015, C-614 de 2009 y C-679 de 2011 y la Ley 29 de 1989,
Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994 y la Ley 715 de 2001 […]”.

[…]

“[…] El desconocimiento de las normas constitucionales y el precedente
jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional, no fueron analizados
por la Sala que resolvió el recurso de alzada pues dicha normatividad y jurisprudencia
pone en relieve que las decisiones tomadas por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A están muy lejos del
principio de legalidad (Constitución Política Articulo 4), por el contrario, es injusta y
arbitraria, el señor Carlos Ernesto Rosas Tascón fue un servidor público que laboró
para un Ente Territorial: Departamento de Cundinamarca, Municipio de Facatativá y
Mosquera, las certificaciones de tiempo de servicio y salarios devengados expedidas
por las Secretarias de Educación usurpan la función y la competencia del Ministerio

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Actor: Carlos Ernesto Rosas Tacón

de Educación Nacional al certificar tiempo de servicio y salarios devengados indicando
que el docente presenta un vínculo laboral o relación laboral Nacional por el
nombramiento que realizó el Ministerio de Educación Nacional […]”.

[…]

“[…] El A quo y el A quem solamente admite como prueba la Resolución No 4576 de
fecha 25 de mayo de 1977 proferida por el Ministerio de Educación Nacional, para
indicar que se trata de un servidor público (docente) con una vinculación laboral o
relación laboral como NACIONAL – adscrito al Ministerio de Educación Nacional, por
el nombramiento para ejercer un empleo, desconocen los elementos que deben
concurrir para que una persona desempeñe un empleo público, de conformidad con
el artículo 122 de la Constitución Política y pueda obtener los derechos que de ella se
derivan como son la existencia del empleo en la planta de personal de la entidad, la
determinación de las funciones propias del cargo y la existencia de la provisión de los
recursos en el presupuesto para el pago de la labor, pruebas que no fueron
decretadas, es decir que no se demostró el vínculo laboral o relación laboral para
sustentar y motivar la sentencia de segunda instancia y determinar que el señor Carlos
Ernesto Rosas Tascón hizo parte de la planta de personal de nivel central del
Ministerio de Educación Nacional […]”.27

41. Finalmente, afirmó que se inobservó “[…] las sentencias del 26 de mayo de 201628,
5 de mayo de 201629 y 13 de febrero de 201430 proferidas por la Sección Segunda del
Consejo de Estado […]”.

42. Al respecto, la Sala advierte que el actor no cumplió con la carga argumentativa
mínima para estructurar los defectos que alegó, en la medida en que, frente al
defecto fáctico31, no indicó específicamente que medios probatorios obrantes en el
expediente, no fueron valorados o que fueron valorados erróneamente por parte del
juez, o que habiéndose decretado no fueron practicados; ii) que además dichos
medios probatorios eran relevantes para cambiar el sentido de la decisión; y iii)
demostrar que dicha presunta irregularidad fue una actuación grosera, arbitraria e
irrazonable que trajo como consecuencia la afectación de derechos fundamentales.

43. Igualmente, el actor no especificó de qué manera fueron desconocidas o
indebidamente interpretadas las normas que adujo, así como tampoco, indicó cuáles
fueron las i) reglas y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las providencias
que mencionó en su escrito de tutela, y mucho menos argumentó que las ii)

27 Transcripción literal del texto.
28 Rad 680012331000200001400-01.
29 Rad 850012331000201200032-02.
30 Rad 050012331000200301050-01.

31 Frente a la carga argumentativa mínima para efectos de estructurar el cargo por defecto fáctico, ver entre
otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2020-00342-00.

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situaciones fácticas y los iii) problemas jurídicos en ambos casos eran análogos o
similares32; es decir, no estableció las razones jurídicas que en el caso concreto
acreditaran que el juez colegiado vulneró sus derechos fundamentales.

44. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de estado, y la acción de tutela contra providencia judicial no constituye una
tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que
tiene por objeto verificar si las entidades accionadas incurrieron en la vulneración de
derechos fundamentales.

45. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea una afectación de sus
derechos fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente
legal y probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.

46. Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedibilidad
de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente33:

“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en
el ejercicio del poder público”34, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con
autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas
del ordenamiento jurídico”35. Por tanto, en el evento en que se cuestione una

32 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.

Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
33 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
34 Sentencia SU-050 de 2018.
35 Sentencia SU-354 de 2017.

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sentencia dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional
debe ser más estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos,
la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.

47. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.

48. Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte en
la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa carece
de relevancia constitucional porque la discusión planteada por el actor no gira en
torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a lo que se
agrega que el actor no justificó el motivo por el cual dicha decisión constituye una
afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.

49. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien el actor aduce que fue
desconocido sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, lo cierto es que no existe una mayor
explicación acerca de las razones por las cuales se afectó, en forma
desproporcionada, el núcleo esencial de los derechos fundamentales del actor con
ocasión de la sentencia de 24 de agosto de 2023 proferida por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado.

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50. Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del
escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
antes transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la
controversia se encuentra limitado a asuntos legales y probatorios cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

51. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente legal, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad de
protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la demanda, sin que de
esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia
constitucional.

52. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien
el actor enuncia la trasgresión de sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, esa presunta afectación
tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.

Conclusiones de la Sala

53. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de
23 de noviembre de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por medio del cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 23 de noviembre de 2023

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proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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