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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06456-00

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06456-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero: Declarar la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por hecho superado, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06456-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

23 de noviembre de 2023

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06456-00
Accionante: Ludy Mercedes Arenas Hernández

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06456-00
Accionante: Ludy Mercedes Arenas Hernández
Accionados: Presidencia del Consejo de Estado y otros

Temas: Acción de tutela por falta de respuesta a una petición presentada
en el Concurso de Méritos Especial para la Escogencia del
Registrador Nacional del Estado Civil. Carencia actual de objeto por
hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora Ludy Mercedes Arenas
Hernández en contra de las Presidencias del Consejo de Estado, de la Corte Suprema
de Justicia y de la Corte Constitucional.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Ludy Mercedes Arenas Hernández promovió demanda en orden a que se
tutelen sus derechos fundamentales de petición, igualdad y debido proceso. En
consecuencia, solicitó ordenar a los presidentes del Consejo de Estado, de la Corte
Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, Jaime Enrique Rodríguez Navas,

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Accionante: Ludy Mercedes Arenas Hernández

Fernando Castillo Cadena y Cristina Pardo Schlesinger 1, respectivamente, resolver de
fondo su solicitud, conforme lo establece la normatividad y jurisprudencia colombiana.

1.1.2. Los hechos

La parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

El 12 de septiembre de 2023, solicitó, a través de correo electrónico, a los presidentes
del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional,
encargados del Concurso de Méritos Especial para la Escogencia del Registrador
Nacional del Estado Civil, garantizar la cuota de género incluyendo a las cuatro
mujeres que, como participantes del precitado concurso, presentaron los exámenes
de conocimientos específicos y competencias; sin que, hasta la fecha de radicación
de la presente acción, aquellas autoridades hubiesen resuelto de fondo su pedimento.

1.1.3. Fundamentos de derecho

La accionante consideró que los presidentes del Consejo de Estado, de la Corte
Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional vulneraron sus derechos
fundamentales de petición, debido proceso e igualdad, por no brindarle una respuesta
de fondo a la solicitud que elevó el 12 de septiembre de 2023, a fin de que se
garantizara la cuota de género en el Concurso de Méritos Especial para la Escogencia
del Registrador Nacional del Estado Civil.

Sobre el particular, alegó que, como mujer participante en ese concurso, evidenció que
no se proporcionaron los mecanismos y/o procedimientos administrativos que dieran
cumplimiento a la Ley 823 de 2003, sobre la cuota de género.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 27 de octubre de 2023, el despacho del magistrado sustanciador (i) admitió
la acción de la referencia en contra de las Presidencias del Consejo de Estado, de la

1 Al respecto, se aclara que la actual presidenta de la Corte Constitucional es la magistrada Diana

Fajardo Rivera.

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Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional y, en consecuencia, los requirió
para que informaran si ya contestaron de forma congruente y de fondo la solicitud
presentada por la señora Ludy Mercedes Arenas Hernández el 12 de septiembre de
2023; y (ii) vinculó a la Registraduría Nacional del Estado Civil, como tercero interesado
en los resultados del proceso.

1.2.2. El 9 de noviembre de igual anualidad, la accionante remitió escrito en el que
solicitó oficiar a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para que remitiera la lista de
las personas que alcanzaron a terminar la prueba de conocimientos realizada el 26 de
agosto de 2023 y que fue suspendida por fallas en el sistema. Adicionalmente, solicitó
notificar del presente trámite a los demás sujetos que participaron en el concurso
mencionado.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Registraduría Nacional del Estado Civil

El jefe de la Oficina Jurídica, José Antonio Parra Fandiño, solicitó desvincular a la
Registraduría Nacional del Estado Civil de la presente acción constitucional, ante la
falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que (i) al revisar el escrito de tutela,
evidenció que la petición fue radicada a un correo electrónico diferente al de esa
entidad, esto es, concursoregistrador2023@ramajudicial.gov.co, del cual no existe
prueba de que le haya sido remitido; y (ii) carece de aptitud constitucional y legal para
pronunciarse sobre los hechos, derechos y pretensiones de la accionante, con
fundamento en el artículo 266 de la Constitución Política y los artículos 2.° y 3.° de la
Ley 1134 de 2007.

1.3.2. Presidencias del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de
la Corte Constitucional.

Los presidentes del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte
Constitucional, Jaime Enrique Rodríguez Navas, Fernando Castillo Cadena y Diana
Fajardo Rivera, afirmaron que el 12 de septiembre de 2023, a través del buzón
electrónico destinado por la organización del concurso multicitado, la señora Ludy
Mercedes Arenas Hernández solicitó, en síntesis, que se garantizara la cuota de

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género incluyendo a las cuatro mujeres que se encuentran participando del concurso,
y que se modificara el cronograma para «establecer» los recursos respectivos,
incluyendo el de apelación.

Seguidamente, señalaron que el 18 de septiembre de 2023, la accionante también
solicitó la exhibición de su examen de conocimientos, diligencia que se llevó a cabo el
20 de septiembre de esta anualidad, por lo que en ese día aquella remitió, a través de
correo electrónico, un documento denominado «Reclamación de la evaluación /
recurso contra Acuerdo 008 de 11 de septiembre de 2023», escrito en el que, además
de cuestionar un total de 20 preguntas de la prueba de conocimientos, reiteró su
petición del 12 de septiembre para que fuera incluida en la terna como la cuota paritaria
de género y que, de no acceder a ello, se declarara la nulidad del procedimiento y se
repitiera la prueba de conocimientos con el propósito de garantizar a las mujeres
«mecanismos administrativos donde logremos ocupar la curul otorgada por la ley».

Indicaron que las anteriores peticiones fueron debidamente atendidas, a través del
Acuerdo 009 de 2023, en el que además de resolver cada uno de los cuestionamientos
formulados por la accionante frente a las preguntas de la prueba de conocimientos, se
dedicó un aparte especial para analizar las inquietudes relacionadas con la equidad
de género en el marco del concurso, con fundamento, precisamente, en la Ley 823 de
2003.

Al respecto, precisaron que, conforme a las reglas del concurso que los participantes
acogieron al momento de inscribirse, contra el acto que resuelve los recursos de
reposición formulados respecto a la prueba de conocimientos específicos no procede
recurso alguno, como lo señalaron en el artículo 4.° del Acuerdo 009 de 2023, el cual
fue notificado a través del micrositio del concurso dispuesto en las páginas web de las
corporaciones judiciales, con las respectivas constancias de fijación y desfijación.

Sin perjuicio de lo anterior, y, en cumplimiento del deber de diligencia que le asiste a
las autoridades públicas, manifestaron que el 3 de noviembre de 2023, mediante
comunicación dirigida de la peticionaria, reiteraron el contenido de lo resuelto en el
Acuerdo 009 de 2023 frente a los reparos formulados por la señora Ludy Mercedes
Arenas Hernández. Así las cosas, consideraron que no vulneraron los derechos

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fundamentales reclamados, por lo que solicitaron negar la protección invocada por la
parte actora.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta Subsección es competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con lo
previsto en el ordinal 7.° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela
dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas
para su conocimiento en primera instancia a la misma Corporación (sic), y se resolverá
por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda, de conformidad con
el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4.».

2.2. Cuestión previa

Previo a plantear el problema jurídico, la Sala aclara que no advierte la necesidad de
notificar a los demás participantes del concurso de méritos, comoquiera que la solicitud
que originó la presente acción fue elevada únicamente por la parte accionante.
Igualmente, la Subsección tampoco oficiará a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla,
comoquiera que lo discutido en contra de aquella, esto es, que informe quienes
alcanzaron a presentar la prueba de conocimientos del 26 de agosto de 2023 y que
fue suspendida por fallas en el sistema, no guarda relación con lo expuesto en el
escrito inicial, por lo que un pronunciamiento en este momento, cuando el proceso se
encuentra para fallo, desconocería el derecho de defensa y contradicción de las
autoridades accionadas.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si las Presidencias del Consejo de Estado, de la
Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional vulneraron el derecho
fundamental de petición de la accionante, al no resolver la solicitud presentada el 12
de septiembre de 2023.

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2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. El derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política lo establece como una prerrogativa
fundamental, según la cual toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas ante las autoridades y obtener pronta respuesta.

La Corte Constitucional, en reciente pronunciamiento2, reiteró la caracterización del
derecho de petición y afirmó que su condición de derecho fundamental implica una
garantía que promueve un canal de diálogo entre los administrados y la
administración. Su fluidez y eficacia constituye una exigencia impostergable para los
ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado Social Democrático de
Derecho.

En ese sentido, la garantía ius fundamental precitada tiene dos componentes
esenciales: i) la posibilidad de formular peticiones respetuosas ante las autoridades y,
como correlativo a ello, ii) la garantía de que se otorgue respuesta de fondo, eficaz,
oportuna y congruente con lo solicitado. Con fundamento en lo anterior, su núcleo
esencial se circunscribe a la formulación de la petición, a la pronta resolución, a la
existencia de una respuesta de fondo y a la notificación de la decisión al peticionario.

a) Respecto de la formulación de la petición

En virtud del derecho de petición, cualquier persona podrá dirigir solicitudes
respetuosas a las autoridades, ya sea de forma verbal, por escrito o por cualquier otro
medio idóneo –artículo 23 de la Constitución Política y 13 del CPACA–. En otras
palabras, la petición puede, por regla general, formularse ante autoridades públicas,
siendo, en muchas ocasiones, una de las formas de iniciar o impulsar procedimientos
administrativos. Además, estas últimas tienen la obligación de recibirlas, tramitarlas y
responderlas de forma clara, oportuna, suficiente y congruente con lo pedido, de
acuerdo con los estándares establecidos por la ley.

b) Pronta resolución

2 Sentencia T-230 de 2020

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Otro de los componentes del núcleo esencial del derecho de petición consiste en que
las solicitudes formuladas ante las autoridades o los particulares deben ser resueltas
en el menor tiempo posible, sin que se exceda el término fijado por la ley para tal
efecto.

c) Respuesta de fondo

En la Sentencia T-230 de 2020, se reiteró que el componente del núcleo esencial
supone que la contestación a las peticiones debe observar ciertas condiciones para
que sea constitucionalmente válida. Es decir, la respuesta de la autoridad debe ser:
i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; ii) precisa,
de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente
y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; iii) congruente, de suerte que abarque la
materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con
el trámite que se ha surtido, de modo que si la respuesta se produce con motivo de
una petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la
cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si
se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse
cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta
o no procedente.

d) Notificación de la decisión

La Corte Constitucional, en la citada providencia, enfatizó que para materializar la
decisión es imperativo que el solicitante conozca el contenido de la contestación
otorgada. Para ello, la autoridad deberá realizar la efectiva notificación de su decisión,
de conformidad con los estándares contenidos en el CPACA.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de la acción de la
referencia, la Sala de decisión establece lo siguiente:

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2.4.1. El 12 de septiembre de 2023, la señora Ludy Mercedes Arenas Hernández
solicitó, en el marco del Concurso de Méritos Especial para la Escogencia del
Registrador Nacional del Estado Civil, a los presidentes del Consejo de Estado, de la
Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, Jaime Enrique Rodríguez
Navas, Fernando Castillo Cadena y Diana Fajardo Rivera, respectivamente, a través
del correo electrónico concursoregistrador2023@ramajudicial.gov.co, lo siguiente:

«[…] PETICIONES PRINCIPAL

1º.- Se nos incluya a las cuatro mujeres que estamos participando en el concurso en el
que el número de candidatos garantice la cuota de género para aspirar a la terna.

2º.- Se modifique el cronograma para poder establecer los respectivos recursos y
además se adicione el de apelación, para garantizar el debido proceso y derecho de
defensa.

SECUNDARIA

1º.- Que se realice de nuevo el examen, en el que nos brinden garantías a las mujeres
para quedar en los 10 aspirantes para seleccionar la terna […]».

2.4.2. El 13 de octubre de 2023, las autoridades referidas, mediante el Acuerdo 009
de 2023, «Por medio del cual se resolvieron los recursos de reposición interpuestos
contra el Acuerdo 008 de 2023, que publicó los resultados de las pruebas de
conocimientos y de competencias dentro del Concurso de Méritos Especial para la
Escogencia del Registrador Nacional del Estado Civil, y se toman otras
determinaciones», frente a lo requerido por la parte accionante, sostuvieron lo
siguiente:

«[…] Análisis individual de los argumentos particulares expuestos por Ludy
Mercedes Arenas Hernández

La recurrente sostuvo, en síntesis, que en el marco del concurso especial de méritos
no se tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 823 de 2003, relacionado
con las políticas y acciones necesarias para garantizar la equidad y la igualdad de
oportunidades para las mujeres, al tanto que se desconoció lo previsto sobre el
particular en la sentencia C-371 de 2000 de la Corte Constitucional.

De otra parte, señaló que la organización del concurso no informó a los participantes
si, la prueba de conocimientos que fue practicada el día 26 de agosto de 2023 y que,
posteriormente, fue suspendida por problemas técnicos, tuvo algún tipo de calificación.

Estudio y decisión del recurso

El artículo 266 de la Constitución Política establece que el Registrador Nacional del
Estado Civil es escogido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte

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Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de méritos
organizado por la ley. En desarrollo de ello, la Ley 1134 del 4 de mayo de 2007 otorgó
a los Presidentes (sic) la facultad para dictar el reglamento del concurso y para
convocar a los ciudadanos que reunieran las calidades y requisitos constitucionales
para ocupar el cargo y que desearan inscribirse en los términos previstos en la
convocatoria.

En ejercicio de las atribuciones mencionadas, se expidió el Acuerdo 001 de 2023, en
el que se estableció el reglamento del concurso especial de méritos para la escogencia
del Registrador Nacional del Estado Civil. En la misma fecha, se expidió el Acuerdo
002, que contiene la invitación a la comunidad a participar del proceso de escogencia
del cargo, de conformidad con el referido reglamento y en los términos de la
convocatoria.

En concreto, los artículos 1 y 3 del reglamento prevén: (i) su carácter vinculante como
norma particular del concurso y (ii) los requisitos mínimos para acceder al cargo. Por
su parte en el Acuerdo 002 de 2023, se reiteraron las referidas disposiciones y se
advirtió a los participantes que, con su inscripción, aceptaban los términos allí previstos.

Ahora bien, frente a lo dicho por la recurrente relacionado con la inaplicación de la Ley
823 de 2003 en el trámite del concurso, es importante recordar que esta normativa
regula el marco institucional y orienta la definición de políticas y acciones por parte del
Gobierno Nacional, con el fin de garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades
de las mujeres en los ámbitos público y privado, para lo que determina, entre otros
aspectos: (i) la promoción de indicadores de género en la producción de estadísticas
de organismos públicos y privados; (ii) la formulación de acciones y programas para
prevenir discriminación de las mujeres en el trabajo; (iii) el mejoramiento del acceso de
las mujeres a los servicios de salud integral, en especial niñas y adolescentes, así como
(iv) la instauración de un programa de subsidio alimentario para las mujeres
embarazadas que estén sin empleo.

Como puede apreciarse, sin dificultad, la normativa en cuestión determina que el
Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias constitucionales y legales,
deberá definir y adoptar las políticas y estrategias necesarias para garantizar la equidad
de género en las condiciones anotadas; no obstante, a juicio de los Presidentes, esta
disposición no tiene dicha aplicación en la etapa en la que se encuentra el presente
concurso de méritos especial, pues, tal como se indicó en precedencia, la prueba
obedece a una valoración objetiva de los conocimientos requeridos para el cargo al que
se aspira y tiene carácter eliminatorio, aspecto objetivo de análisis cuya regulación, se
insiste, está contenida en el artículo 266 Superior, la Ley 1134 de 2007 y los Acuerdos
001 y 002 de 2023.

Este criterio se ve reforzado, precisamente, con lo dicho en la sentencia C-371 de 2000,
referida por la señora Arenas Hernández en su recurso. En efecto, en esta decisión la
Corte Constitucional consideró que: “para ingresar, permanecer y ascender a los
cargos de carrera, el criterio esencial de selección es el mérito (…) el cual será
calificado mediante un procedimiento reglado y, en principio, objetivo, que tiende a
limitar la apreciación discrecional del nominador. Al ser el mérito o la capacidad de los
aspirantes el factor decisivo en la selección, criterios como la raza, el sexo, o la filiación
política no pueden tener incidencia”. Al respecto, aunque el concurso de méritos para
la escogencia del Registrador Nacional del Estado Civil es especial y, en consecuencia,
no obedece a un concurso en carrera, lo cierto es que respecto de la etapa objetiva en
la que se encuentra este proceso, son aplicables las referencias a la selección objetiva.

En línea con lo anterior, la misma Corte Constitucional en la Sentencia C-097 de 2019
sostuvo que: "en la materia objeto de análisis el principio de igualdad se proyecta en

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dos dimensiones concretas, por una parte, implica la libre concurrencia en los
concursos de méritos, prohibiéndose toda forma de discriminación y, por otra, implica
el deber de las autoridades de proporcionar el mismo trato a todos los concursantes en
las diversas etapas del proceso de selección, así como en el ejercicio de la respectiva
función pública a la que eventualmente un aspirante ingrese”.

De igual forma, a través del Concepto C.E. 2274 de 2015, la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, precisó que: “el concurso público de méritos es un
procedimiento de selección de servidores públicos basado en la libre concurrencia, la
publicidad, la transparencia, la objetividad, la eficiencia, la eficacia, la confiabilidad y el
mérito: como quiera que su objetivo es la búsqueda de las personas más capacitadas
e idóneas para el ejercicio del cargo ofrecido, lo cual se relaciona directamente con los
derechos fundamentales a la igualdad y a la participación en el ejercicio y conformación
del poder público, es el procedimiento aplicable en todos aquellos casos en que la ley,
excepcionalmente, no haya previsto una forma diferente de vinculación al empleo
público”.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta claro que, en el concurso especial para la
escogencia del Registrador Nacional del Estado Civil, el criterio relevante en este
momento en particular es la regla de mérito a partir de una prueba objetiva que se
aplicó, en igualdad de condiciones, a todas las personas aspirantes, garantizando así,
sin discriminación alguna, la transparencia y objetividad en la escogencia de dicho
empleo, luego de agotar las etapas definidas en la convocatoria, por lo que no es
posible aplicar criterios de equidad de género con el alcance que indica la recurrente
dado, además, que la prueba de conocimientos específicos tiene carácter eliminatorio.

Sobre este mismo punto, es de destacar que, en reciente decisión de la Sección Quinta
del Consejo de Estado3, en el contexto particular de la elección del Contralor General
de la República, se analizó un asunto que, por la similitud con el argumento planteado
por la recurrente, es oportuno referir. En dicha elección se requería la aprobación de
una prueba de conocimientos so pena de ser excluido de la convocatoria; en ese caso,
realizado lo anterior aprobaron satisfactoriamente dicha prueba 20 personas, de las
cuales 5 eran mujeres. Luego de algunas decisiones judiciales que ordenaron la
aplicación del principio del mérito y de la reconfiguración de la lista, una mujer renunció
a su aspiración, ante lo cual, se emitió una lista de 10 personas que incluyó 6 hombres
y 4 mujeres. Sobre esta reconfiguración, en dicha providencia se mencionó:

“De lo anterior se deduce que, de todos los inscritos habilitados para participar
en el proceso, sólo 20 obtuvieron el puntaje aprobatorio en la prueba de
conocimientos, es decir, sólo 20 aspirantes pudieron continuar con las demás
etapas del proceso y de esos 20 únicamente 5 eran mujeres, que fueron
precisamente las incluidas en la segunda lista de elegibles. Razón por la cual
ante la renuncia de la señora González Mora y ante la imposibilidad de incluir a
alguien que no hubiera obtenido el puntaje -para ese momento eliminatorio- en la
prueba de conocimientos se debía, tal como se indicó en el acápite anterior, elegir
de los integrantes restantes de la lista sin que fuera viable reconformar la lista
incluyendo el nombre de un hombre y sin que ello afectara el principio de equidad
de género.

Es decir, en este punto sí asiste razón a la defensa [del concurso] al afirmar que
era imposible conforme las reglas establecidas en la misma convocatoria
retrotraer todo el proceso a la etapa inicial para permitir que otra u otras
mujeres se inscribieran, presentaran la prueba de conocimientos y en el
caso de que alguna de ellas superara los 70 puntos se le permitiera seguir

3 Sentencia del 25 de mayo de 2023; radicado No. 11001-03-28-000-2022-00297-00 (AC).

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e integrar la lista en el lugar que dejó la señora González Mora.” (Negrilla
fuera de texto) […]».

2.4.3. El 3 de noviembre de 2023, las autoridades precitadas le informaron a la
accionante, al correo electrónico que aquella suministró en su escrito petitorio, esto es,
abogadaarenas@yahoo.es, que su reclamación fue atendida de forma integral a través
del Acuerdo 009 de 2023. Textualmente, señalaron:

«[…] Mediante escrito remitido al correo del concurso de méritos especial para la
escogencia del Registrador Nacional del Estado Civil el 12 de septiembre de 2023,
usted presentó recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra el Acuerdo 008
del 11 de septiembre de 2023. En dicho documento solicitó, como pretensiones
principales, (i) incluir a las cuatro (4) mujeres que presentaron el examen de
conocimientos específicos en la lista de quienes aprobaron esta etapa, con el objeto
de garantizar la cuota de género; y (ii) modificar el cronograma para “establecer los
respectivos recursos y además se adicione el de apelación”. Como pretensión
subsidiaria, pidió (iii) realizar un nuevo examen que brinde las garantías a las mujeres
para quedar en los 10 aspirantes “para seleccionar la terna”.

Al respecto, nos permitimos informarle que su reclamación fue efectivamente atendida
a través del Acuerdo 009 de 2023. En este sentido, es importante recordar que, con
posterioridad al 12 de septiembre de 2023 y previa petición elevada por usted, fue
convocada a la sesión de exhibición de su examen el día 20 de septiembre de 2023, y,
a continuación, se recibió mediante correo electrónico del 20 de septiembre de 2023
un documento con la referencia “[r]eclamación de la evaluación / recurso contra
Acuerdo 008 del 11 de septiembre de 2023. En este escrito, nuevamente, usted se
refirió a la necesidad de incluirla “en la terna como la cuota paritaria de género” y de no
acceder a esta pretensión, declarar la nulidad del procedimiento para repetir el examen
con el objeto de ofrecer a las mujeres “mecanismos administrativos donde logremos la
curul otorgada por la ley”.

Teniendo en cuenta que, por el contenido de los documentos, sus objeciones recayeron
sobre la decisión adoptada en el Acuerdo 008 de 2023, siguiente las reglas del
concurso de méritos especial, previstas particularmente en los acuerdos 001 y 002 de
2023, sus reparos fueron integral y satisfactoriamente atendidos en el Acuerdo 009 de
2023. De su lectura, se extrae sin lugar a equívocos, que cada una de las preguntas
cuestionadas por usted respecto del examen de conocimientos específicos fueron
objeto de pronunciamiento y, en particular, que los presidentes organizadores del
concurso dedicaron un apartado específico para atender su argumento sobre la
presunta lesión al principio de equidad de género […], concluyendo que el proceso
adelantado no se ha desconocido o afectado este mandato.

Finalmente, el concurso de méritos especial de escogencia del Registrador Nacional
del Estado Civil ha garantizado las oportunidades para la presentación de los recursos
que, siguiendo las normas reguladoras del concurso que todos quienes aspiran al cargo
de Registrador Nacional del Estado Civil aceptaron al inscribirse […]».

2.5. Análisis de la Sala. Caso en concreto.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06456-00
Accionante: Ludy Mercedes Arenas Hernández

La señora Ludy Mercedes Arenas Hernández instauró acción de tutela, en procura de
obtener la protección de su derecho fundamental de petición, el cual consideró
vulnerado por los presidentes del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia
y de la Corte Constitucional, con ocasión de la falta de respuesta a la solicitud que
elevó el 12 de septiembre de 2023, a fin de que se garantizara la cuota de género en
el Concurso de Méritos Especial para la Escogencia del Registrador Nacional del
Estado Civil.

Pues bien, del recuento efectuado en el acápite de hechos probados, se observa que
el 13 de octubre de 2023 las autoridades referidas, mediante el Acuerdo 009 de 2023,
«Por medio del cual se resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra el
Acuerdo 008 de 2023, que publicó los resultados de las pruebas de conocimientos y
de competencias dentro del Concurso de Méritos Especial para la Escogencia del
Registrador Nacional del Estado Civil», le explicaron a la accionante que la Ley 823 de
2003 no tenía aplicación en la etapa en que se encontraba el concurso, puesto que la
prueba o examen que se realiza obedece a una valoración objetiva de los
conocimientos requeridos para el cargo al que se aspira y tiene carácter eliminatorio,
aspecto objetivo de análisis cuya regulación está contenida en el artículo 266 superior,
la Ley 1134 de 2007 y los Acuerdos 001 y 002 de 2023 emitidos en el marco del referido
Concurso.

Adicionalmente, se denota que el 3 de noviembre de 2023 las autoridades accionadas
le explicaron a la peticionaria que, frente a la oportunidad para la presentación de los
recursos, debían atenderse las normas reguladoras de dicho concurso, las cuales
fueron aceptadas por todos los aspirantes al cargo de registrador nacional del estado
civil al momento de inscribirse a esa convocatoria. Igualmente, se avizora que lo
anterior le fue notificado a la solicitante en la fecha mencionada al correo electrónico
abogadaarenas@yahoo.es, el cual fue suministrado por aquella en el escrito petitorio
y coincide con el aportado en la presente acción.

En suma, la Subsección concluye que las circunstancias que dieron lugar a la
interposición de la presente acción se encuentran actualmente superadas, comoquiera
que los presidentes del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de la
Corte Constitucional, en el trámite de este mecanismo, resolvieron de manera
adecuada lo peticionado por la accionante, pues atendieron cada uno de los reparos

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06456-00
Accionante: Ludy Mercedes Arenas Hernández

propuestos, relacionados con la equidad de género y la oportunidad para interponer
los recursos en el trámite del multicitado concurso, en los términos previstos en la Ley
1755 de 2015, esto es, de forma clara, congruente y de fondo, sin que ello implique
que la respuesta deba ser favorable.

Al respecto, la Corte Constitucional, en su jurisprudencia, ha sostenido que cuando la
situación fáctica que motiva la radicación de la acción de tutela desaparece o se
modifica en el sentido de que cesa la presunta acción u omisión que, en principio,
podría generar la vulneración de garantías fundamentales «la solicitud de amparo
pierde eficacia en la medida en que desaparece el objeto jurídico sobre el que recaería
una eventual decisión del juez de tutela».4

Por tanto, como en el trámite de la presente acción, se satisfizo lo pretendido por la
accionante, la orden que pudiera impartir el juez constitucional no surtiría ningún
efecto.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye
que debe declararse la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por
hecho superado, toda vez que las autoridades accionadas resolvieron de forma clara,
precisa y de fondo la petición radicada el 12 de septiembre de 2023 por la señora Ludy
Mercedes Arenas Hernández.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

4 Véase, por ejemplo, la Sentencia T-533 de 2009, donde decidió que la característica esencial del

fenómeno de la carencia actual de objeto es que la orden del juez de tutela, destinada a conceder lo
pretendido en la demanda de amparo, no ejerce ningún efecto sobre la protección, es decir, es
infructuosa. Esto como resultado de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado.

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Accionante: Ludy Mercedes Arenas Hernández

F A L L A:

Primero: Declarar la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por hecho
superado, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

A. R. F.

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