Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06481-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06481-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06481-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
6 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202306481-01
Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón
Demandada: Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) trabajo y iii)
seguridad social
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de
tutela de 15 de febrero de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, por medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado porque, a su juicio, al
proferir sentencia de 2 de mayo de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06481-01
Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 25000-23-42-000-2015-04749-02, vulneró sus
derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que i) se declarara la nulidad de
las Resoluciones núms. 2502 de 25 de febrero de 2015, 2513 de 15 de abril de 2015
y 4294 de 13 de julio de 2015, a través de las cuales la autoridad demandada dio
respuesta negativa a las peticiones formuladas consistentes en que se pagarán los
valores dejados de percibir relacionados con la prima especial del 30% prevista en
la Ley 4.ª de 18 de mayo de 19921 y, en consecuencia, ii) se ordenara a la
demandada a pagar la diferencia entre el valor a reliquidar y lo pagado por concepto
de salario básico mensual que se efectuó desde el 1.° de enero de 1993 hasta el 30
de junio de 2006; reconocer la diferencia entre el valor a reliquidar y lo pagado a
título de prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, auxilio de
cesantías y demás emolumentos prestacionales; realizar los ajustes
correspondientes a la indebida retención en la fuente que se aplicó, en razón de
esa incorrecta liquidación salarial; y ordenar reliquidar la pensión de jubilación con
sujeción a los valores reconocidos.
4. Indicó que, la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, profirió sentencia, en primera instancia, el 31 de
julio de 2019, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y
se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y
f) de la Constitución Política”.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06481-01
Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón
5. Señaló que, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado profirió sentencia, en segunda instancia, el 2 de mayo de 2023, resolviendo
lo siguiente:
“[…] 1°. Confirmar parcialmente la sentencia de 31 de julio de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala transitoria, que
accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda, dentro del proceso
promovido por la señora Dora Consuelo Benítez Tobón contra la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
2º. Declarar probada la excepción de prescripción trienal de los derechos laborales
reclamados por la señora Dora Consuelo Benítez Tobón, en aplicación de la sentencia
de unificación de 2 de septiembre de 2019, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Sala Plena de Conjueces, Conjuez ponente: Carmen Anaya De
Castellanos, expediente 41001-23-33-000-2016-00041-02. […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Como bien puede advertirse, el caso que se controvierte en el presente proceso
tiene los mismos supuestos jurídicos y fácticos que originaron la sentencia de
unificación, proferida por la Sala de Conjueces de 2 de septiembre de 2019.
La posición jurisprudencial que en precedencia se ha dejado reseñada, ha permitido
que esta jurisdicción en sendos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho,
haya verificado que a los funcionarios de la rama judicial, desde el año 1993 se les
ha disminuido la asignación básica en un 30% al darle a ese 30%, el carácter de prima
especial, lo cual no se compadece con los principios constitucionales e
internacionales del derecho al trabajo que demandan entre otros, la progresividad del
ingreso y la nivelación del mismo. […]”.
[…]
“[…] En lo que tiene que ver con la prescripción trienal, esta Sala comparte la posición
asumida por la Sala Plena de Conjueces en la sentencia de Unificación del pasado 2
de septiembre de 2019, sentencia de unificación que, por supuesto rectificó la
posición de la Sección Segunda expuesta en las sentencias de la Subsección A de 4
de marzo de 2010, radicación No. 25000-23-25-000-2005-06222 y Sección Segunda,
sentencia de 4 de agosto de 2010 Rad. No. 25000-23-25000-2005-05159.
De otro lado, se anota a título de complementación, que el fundamento jurídico de la
institución de la prescripción trienal, encuentra cabida en la jurisprudencia del
Consejo de Estado, además, de lo dispuesto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848
de 1969, artículos 41 y 102, tal como lo reseña la sentencia de unificación, por vía de
analogía, también sirve de fundamento a dicha institución el artículo 151 del Código
Procesal Laboral. […]”.
[…]
“[…] De conformidad con lo hasta aquí expuesto, hay que concluir, que existe en el
ordenamiento legal, la institución de la prescripción trienal de prestaciones sociales
que, en el régimen de los empleados públicos, la norma que prevé ese régimen
prescriptivo es el Decreto 3135 de 1968 y por vía de analogía también sirve de
fundamento jurídico a dicha institución, el artículo 151 del Código Procesal Laboral
en aplicación del principio de equidad. […]”.
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Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón
[…]
“[…] Finalmente, se precisa que tal como ha quedado expuesto, la prescripción trienal,
empieza a contarse desde el momento en que el derecho se hizo exigible y la
exigibilidad del derecho en el caso de la prima especial, tal como ya lo definió la
sentencia de Unificación del 2 de septiembre de 2019, se predica desde el momento
de la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 que la creó y con la expedición del decreto
que la reglamentó, esto es el Decreto 57 de 1993.
En consecuencia, se confirmará parcialmente la decisión adoptada por el a quo,
habida cuenta que se encuentra probada la prescripción trienal de los derechos
laborales reclamados por la parte demandante, en razón a que como se observa en
uno de los actos acusados, esto es, la Resolución 2502 de 25 de febrero de 2015 la
petición inicial dirigida a obtener el reajuste de sus prestaciones sociales con inclusión
del 30% de prima especial, data del 11 de diciembre de 2014 y la última vinculación
de la actora como magistrada auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia se dio el 30
de junio de 2006, es decir, resulta claro para la Sala la configuración del fenómeno de
prescripción trienal, bajo la regla contemplada en la sentencia de unificación de 2 de
septiembre de 2019 de esta Corporación, además, en consonancia con lo descrito en
el párrafo anterior […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Dejar sin valor ni efecto la sentencia proferida por los Conjueces accionados, el
2 de mayo de 2023, en el aparte relacionado con la prescripción extintiva de la prima
especial del 30%, y en su lugar ordenar que se profiera sentencia conforme a
derecho. […]”.
6.1. Como fundamento de su solicitud, la actora indicó lo siguiente2:
“[…] La sentencia cuestionada no es compatible con los valores, principios y
derechos constitucionales, porque esa pieza jurídica incurre en una errada
interpretación del tema de la prescripción extintiva de la obligación, -que de contera
se lleva de tajo una justa y legal reclamación por pagos mal efectuados avalados en
decretos del Gobierno que estuvieron plenamente vigentes hasta cuando fueron
declarados nulos-, de suerte que para eventualmente salir en su defensa no es dable
argüir que prevalece la autonomía del juzgador y su consiguiente presunción de
acierto, porque con esa indebida aplicación de la figura extintiva en mención, los
jueces denunciados destruyeron los principios del derecho, erosionaron los derechos
adquiridos de índole laboral y desconocieron groseramente la teoría general de las
obligaciones cuya estructura central data de milenios de años y desde entonces
había sobrevivido inmutable a toda clase de civilizaciones y de escuelas de derecho.
En efecto, la prescripción extintiva tiene como presupuesto indispensable la
existencia de una obligación, y esta a su vez existe cuando fuera de haber nacido al
mundo jurídico, se ha hecho EXIGIBLE, es por tal razón por la cual las obligaciones
2 Transcripción literal del texto.
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condicionales no prescriben, porque aunque en efecto existen, no es posible de cara
a ellas exigir su cumplimiento y mientras ello no suceda mal puede imponerse al
acreedor una sanción que se finca en la desidia para demandar el cumplimiento de
la obligación, tal como ocurre con las obligaciones naturales y las que están sujetas
a plazo.
Los derechos laborales, que son obligaciones a cargo de los empleadores, también
prescriben, y ello ocurre, según la ley laboral, en tres años “que se cuentan desde
que la respectiva obligación se haya hecho EXIGIBLE” (artículo 488 del Código
Sustantivo del Trabajo).
Ahora bien, ¿qué se entiende por EXIGIBILIDAD? El concepto goza de especial
simpleza y claridad: es la facultad que tiene el acreedor para exigir el cumplimiento
de la obligación, o como lo precisa la Corte Constitucional en la T-747/13, la
obligación “Es exigible si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una
condición, dicho de otro modo, si se trata de una obligación pura y simple ya
declarada”.
La exigibilidad es el requisito esencial para hacer EFECTIVA una obligación
(Consejo de Estado, Sección Segunda, auto 25000234200020140376601
(12962015), 07/14/16). De esa manera únicamente las obligaciones ciertas, puras y
simples se pueden ejecutar y por ende demandar […]”.
[…]
“[…] Sucede empero que con la decisión judicial que acá se cuestiona, por fuera de
desconocer flagrantemente todo el esquema obligacional y primordialmente, sobre
todo lo que se refiere a la exigibilidad y la prescripción, los Honorables Conjueces
hicieron trizas el aspecto que se aduce para exigir que cada uno de los empleados
y funcionarios a quienes beneficiaba la prima especial del 30%, teníamos que tener
la suficiente experticia para definir las liquidaciones salariales, además la suficiente
malicia para percibir en forma inmediata que el Gobierno Nacional estaba liquidando
indebidamente una prestación que finalmente no llegó a nuestros bolsillos y que de
contera hizo que se liquidaran mal las restantes prestaciones sociales.
A juicio de los referidos falladores, a partir del momento en que se expidió la ley 4
de 1992, teníamos tres (3) años para demandar. ¿Y la pregunta subsiguiente es,
demandar qué? Ellos pretenden que todo colombiano tenga lista la demanda de
nulidad contra todo acto que emana de la administración y así entonces la lectura
siguiente es que ahora, a partir de la sentencia que acá se cuestiona, ya no existe la
PRESUNCIÓN DE ACIERTO, existe la PRESUNCIÓN DE DESACIERTO. Eso es lo
mismo que decir que ya el principio constitucional no es el de la buena fe, sino el de
la mala fe […]”.
[…]
“[…] Con esa sentencia se destruyó la presunción de legalidad y acierto; se
desconoció la sentencia de nulidad que profirió el Consejo de Estado el 29 de abril
de 2014, para convertirla en “un canto a la bandera”, y tácitamente estableció término
de caducidad para dicho medio de control; colapsaron el sistema jurídico al destruir,
sin rubor alguno, la estructura del derecho de las obligaciones, para desconocer el
concepto de exigibilidad como presupuesto absolutamente necesario para fijar el
inicio del término de la prescripción extintiva […]”.
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Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón
Actuación
7. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante auto de 11 de enero de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado; y
iii) vinculó, como terceros con interés legítimo, a la Sala Transitoria de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, concediéndoles el término
de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
8. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
solicitó negar la solicitud de amparo. Para tal efecto, manifestó lo siguiente:
“[…] No obstante, como la presente acción no va dirigida directamente contra la
sentencia del 2 de septiembre de 2019 sino contra la decisión calendada el 2 de mayo
del corriente año, mediante la cual la Sección Segunda del Consejo de Estado, Sala
de Conjueces, revocó parcialmente la de primer grado para afirmar que el término de
prescripción extintiva para cuando se demanda una ley o decreto que fija aspectos
laborales corre a partir de la expedición del respectivo acto administrativo y no desde
el momento en que se declaró la nulidad del mismo, el sentido de esta decisión se
encuentra fundado en la referida sentencia de unificación, la que repito ha sido
conocida en sede de la acción de tutela en múltiples oportunidades, una de las cuales
interpuesta precisamente por la aquí actora, razón que me hace considerar un tanto
temeraria la presente acción.
Por estas razones, muy respetuosamente me opongo a la prosperidad de la misma,
sometida a su juicioso criterio.
Además, me opongo así mismo, por no haberse agotado todos los medios propios
del proceso, en razón a que a la accionante le queda otro medio judicial cual es el
Recurso Extraordinario de Revisión que bien cabe contra la sentencia de segunda
instancia por ella aludida, no encontrándose por tanto dado el requisito de
subsidiaridad (sic) […]”.
9. La Dirección Ejecutiva de Administración judicial solicitó negar la solicitud de
tutela y declarar probada la excepción de la falta de legitimación en la causa por
pasiva por parte de la Dirección.
10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca allegó copia digital del
expediente proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
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Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 25000-
23-42-000-2015-04749-02.
La sentencia impugnada
11. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera
instancia, el 15 de febrero de 2024, por medio de la cual resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el señor
consejero de Estado Luis Alberto Álvarez Parra para conocer de la presente acción
de tutela. En consecuencia, SEPARARLO del conocimiento de este proceso.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la presente acción por no superar el requisito
general de la relevancia constitucional. […]”.
11.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó declarar su falta de
legitimación por pasiva respecto del presente proceso. La sala no accederá a esta
petición porque esta entidad no fue vinculada como accionada al proceso, sino como
tercera como interés. Lo anterior porque fue la parte demandada en el proceso en el
que se expidió la sentencia atacada en este mecanismo de amparo […]”.
[…]
“[…] 51. Esta sala considera que la discusión planteada carece de relevancia
constitucional por dos motivos. El primero de ellos, por la falta de una carga
argumentativa en el escrito de tutela que evidencie que el asunto en cuestión
conlleva un debate transcendental (sic) sobre el alcance o desarrollo de los derechos
fundamentales o los principios constitucionales.
52. La segunda razón por la que este caso carece de relevancia constitucional es
porque lo que la parte actora en realidad está cuestionando es la aplicación de una
regla de unificación sobre la prescripción trienal de la prima de servicios establecida
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1991. Este punto es de mera legalidad y no
transciende (sic) al ámbito iusfundamental.
53. En efecto, la actora considera que la sentencia reprochada incurrió en violación
directa de la constitución. Para fundamentar este reproche reiteró los argumentos
planteados en el proceso ordinario en relación que las pretensiones por ellas
solicitadas solo (sic) se volvieron exigibles en el año 2014, cuando la Sección
Segunda de esta Corporación declaró la nulidad de los decretos que establecían el
procedimiento para liquidar la referida prima de servicios. En este orden, sostiene
que su reclamación fue en ese mismo año, por lo que no se podía declarar la
prescripción trienal de sus pretensiones.
54. El anterior contexto le permite a la sala evidenciar que los argumentos de la
señora Benítez Tobón no tiene relevancia constitucional porque se refieren a un
asunto de mera legalidad sobre el término para empezar a contar la prescripción
trienal de una obligación de carácter laboral.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06481-01
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55. Por otra parte, el reproche sobre el desconocimiento del precedente judicial
tampoco supera el requisito de la relevancia constitucional. En efecto, como la misma
actora lo reconoce en su escrito de tutela, la sentencia censurada se limitó aplicar
(sic) una regla de unificación que previamente se había establecido para un caso
análogo al de la accionante. […]”.
[…]
“[…] 57. En definitiva, la sala considera que ninguno de los dos cargos planteados
por la parte actora logra superar el requisito de la relevancia constitucional porque la
carga argumentativa es insuficiente y no permite entrever que el asunto implique o
contenga una tensión para los derechos fundamentales invocados. En realidad, lo
que la señora Benítez Tobón pretende es que se vuelva a debatir en una tercera
instancia los asuntos resueltos por los jueces naturales, en especial el tema
relacionado con la prescripción trienal. […]”.
La impugnación
12. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado por las siguientes razones:
“[…] Con el debido respeto y dentro del término de ley, me permito impugnar la
sentencia de tutela por la cual se negó el amparo deprecado con el único argumento
de que carecía de relevancia constitucional.
No comparto ese raciocinio ya que actuar en contra de la ley, de los principios
generales del derecho y de la jurisprudencia plenamente consolidada, tiene obvia
relevancia constitucional porque pulveriza el debido proceso para destruir además
las expectativas legítimas de los trabajadores del Estado. Lo que acá se trajo a
colación no es una simple discusión en torno de aspectos económicos, tampoco es
una exposición de motivos relacionados con criterios meramente jurídicos que
hicieran pensar en que la tutela se esté utilizando como una tercera instancia.
Lejos de tales pretensiones que obviamente daban al traste con la queja
constitucional. Desde la primera hasta la última línea la demanda de tutela resaltó
que con la decisión cuestionada se está omitiendo una estructura sustancial que
incide directamente en la indebida forma de desarrollar un proceso.
En esas condiciones la argumentación de la sentencia impugnada contiene un
desfase mayor al que se pretendió enmendar con la acción de tutela y por ende se
revoca íntegramente, para que en sede de segunda instancia se tenga la suficiente
valentía para apreciar que los conjueces que en su momento trastocaron las bases
del derecho civil, deben ser desautorizados para enderezar por el sendero justo,
legal y constitucional un tema que sin duda merece mejor suerte.
La relevancia constitucional en este caso es patente, porque, se repite, al
contabilizarse con tan craso error el término de prescripción, se violó el debido
proceso, al vulnerarse el debido proceso, el asunto es de importancia constitucional
absolutamente evidente. […]”.
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Trámite en segunda instancia
13. Los Consejeros de Estado, doctora Nubia Margoth Peña Garzón y doctor
Germán Eduardo Osorio Cifuentes, manifestaron impedimento para conocer el
asunto de la referencia, el cual fue resuelto, mediante auto de 25 de abril de 2024
proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado3, en el sentido de declarar
fundados los impedimentos mencionados supra.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
3 Cfr. Índice núm. 17 de Samai. Documento denominado
“14AUTOQUERESUEL_ACANUR20230648101DOR(.pdf) NroActua 17”. Archivo aportado en medio digital.
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Problema jurídico
16. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional.
17. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental al trabajo; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental a la seguridad social; procediendo posteriormente a vi)
resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando,
se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
18. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
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Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
19. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
20. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.
22. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
24. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
25. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de
agosto de 201412, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, consideró lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [14].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [15].
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
12 Ut supra página 6.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
13
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06481-01
Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [16].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [19]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06481-01
Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).
26. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró20:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”21
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”22
20 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
22 Ibidem.
15
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Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
27. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, y
esa presunta afectación no tiene su origen en un debate estrictamente legal y
económico, ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una
carga argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y iii) cuando se
demuestra que el amparo presentado no se utiliza como una instancia procesal
adicional.
28. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202223 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
23 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
16
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Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
29. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
17
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06481-01
Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
30. Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
trabajo
31. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.
32. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente25:
“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de
derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental
24 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
25 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
18
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06481-01
Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón
el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la
personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la
medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve
logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría
existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios
indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial
creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo
pone en contacto productivo con su entorno.
El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social
33. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.
34. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:26
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad
social bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un
26 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
19
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06481-01
Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón
servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación
y control del Estado27.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”28. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”29 […]”.
Análisis del caso concreto
35. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado porque, a su juicio, al
proferir sentencia de 2 de mayo de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 25000-23-42-000-2015-04749-02, vulneró sus
derechos fundamentales invocados supra.
36. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
37. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
27 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
28 Sentencia T-173 de 2016.
29 Ibídem.
20
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06481-01
Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón
Acervo y análisis probatorios
38. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
38.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 25000-23-42-000-2015-04749-02.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional
39. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente30:
“[…] La sentencia cuestionada no es compatible con los valores, principios y
derechos constitucionales, porque esa pieza jurídica incurre en una errada
interpretación del tema de la prescripción extintiva de la obligación, -que de contera
se lleva de tajo una justa y legal reclamación por pagos mal efectuados avalados en
decretos del Gobierno que estuvieron plenamente vigentes hasta cuando fueron
declarados nulos-, de suerte que para eventualmente salir en su defensa no es dable
argüir que prevalece la autonomía del juzgador y su consiguiente presunción de
acierto, porque con esa indebida aplicación de la figura extintiva en mención, los
jueces denunciados destruyeron los principios del derecho, erosionaron los derechos
adquiridos de índole laboral y desconocieron groseramente la teoría general de las
obligaciones cuya estructura central data de milenios de años y desde entonces
había sobrevivido inmutable a toda clase de civilizaciones y de escuelas de derecho.
En efecto, la prescripción extintiva tiene como presupuesto indispensable la
existencia de una obligación, y esta a su vez existe cuando fuera de haber nacido al
mundo jurídico, se ha hecho EXIGIBLE, es por tal razón por la cual las obligaciones
condicionales no prescriben, porque aunque en efecto existen, no es posible de cara
a ellas exigir su cumplimiento y mientras ello no suceda mal puede imponerse al
acreedor una sanción que se finca en la desidia para demandar el cumplimiento de
la obligación, tal como ocurre con las obligaciones naturales y las que están sujetas
a plazo.
Los derechos laborales, que son obligaciones a cargo de los empleadores, también
prescriben, y ello ocurre, según la ley laboral, en tres años “que se cuentan desde
que la respectiva obligación se haya hecho EXIGIBLE” (artículo 488 del Código
Sustantivo del Trabajo).
30 Transcripción literal del texto.
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Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón
Ahora bien, ¿qué se entiende por EXIGIBILIDAD? El concepto goza de especial
simpleza y claridad: es la facultad que tiene el acreedor para exigir el cumplimiento
de la obligación, o como lo precisa la Corte Constitucional en la T-747/13, la
obligación “Es exigible si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una
condición, dicho de otro modo, si se trata de una obligación pura y simple ya
declarada”.
La exigibilidad es el requisito esencial para hacer EFECTIVA una obligación
(Consejo de Estado, Sección Segunda, auto 25000234200020140376601
(12962015), 07/14/16). De esa manera únicamente las obligaciones ciertas, puras y
simples se pueden ejecutar y por ende demandar […]”.
[…]
“[…] Sucede empero que con la decisión judicial que acá se cuestiona, por fuera de
desconocer flagrantemente todo el esquema obligacional y primordialmente, sobre
todo lo que se refiere a la exigibilidad y la prescripción, los Honorables Conjueces
hicieron trizas el aspecto que se aduce para exigir que cada uno de los empleados
y funcionarios a quienes beneficiaba la prima especial del 30%, teníamos que tener
la suficiente experticia para definir las liquidaciones salariales, además la suficiente
malicia para percibir en forma inmediata que el Gobierno Nacional estaba liquidando
indebidamente una prestación que finalmente no llegó a nuestros bolsillos y que de
contera hizo que se liquidaran mal las restantes prestaciones sociales.
A juicio de los referidos falladores, a partir del momento en que se expidió la ley 4
de 1992, teníamos tres (3) años para demandar. ¿Y la pregunta subsiguiente es,
demandar qué? Ellos pretenden que todo colombiano tenga lista la demanda de
nulidad contra todo acto que emana de la administración y así entonces la lectura
siguiente es que ahora, a partir de la sentencia que acá se cuestiona, ya no existe la
PRESUNCIÓN DE ACIERTO, existe la PRESUNCIÓN DE DESACIERTO. Eso es lo
mismo que decir que ya el principio constitucional no es el de la buena fe, sino el de
la mala fe […]”.
[…]
“[…] Con esa sentencia se destruyó la presunción de legalidad y acierto; se
desconoció la sentencia de nulidad que profirió el Consejo de Estado el 29 de abril
de 2014, para convertirla en “un canto a la bandera”, y tácitamente estableció término
de caducidad para dicho medio de control; colapsaron el sistema jurídico al destruir,
sin rubor alguno, la estructura del derecho de las obligaciones, para desconocer el
concepto de exigibilidad como presupuesto absolutamente necesario para fijar el
inicio del término de la prescripción extintiva […]”.
40. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por la actora ya
fue objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el
debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad
judicial accionada incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.
41. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea la afectación de los
derechos fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente
22
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06481-01
Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón
legal y económico el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.
42. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia
de unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la
vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la
configuración de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el
cumplimiento del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional.
A juicio del máximo Tribunal de lo Constitucional es indispensable que el caso en
cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance
de la controversia “[…] no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales […]”. (Resaltado
por la Sala)
43. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de
tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes
transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
se encuentra limitado a asuntos meramente legales y económicos cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
44. Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza
puramente legal y económica; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de
los derechos fundamentales indicados supra.
45. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, la actora acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate legal concluido que escapa de la órbita
23
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Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón
de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, la actora alega la
vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración de los
mismos, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
46. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo y a la seguridad social enunciados por la actora, no se
evidencian en el caso sub examine, toda vez que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se adelantó ante el juez competente, en respeto de
las formas propias del proceso, y se respetó el derecho de presentar y controvertir
las pruebas allegadas. Además, no concurre una situación de amenaza o alguna
causal de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional, no se
trata de amparar los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección
constitucional.
47. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
económico, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.
48. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si
bien la actora enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo y a la seguridad social, esa presunta afectación tiene su origen
en un debate estrictamente legal y económico.
Conclusiones de la Sala
49. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de
15 de febrero de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por
medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela.
24
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06481-01
Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 15 de febrero de 2024, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Conjuez Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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