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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06489-00

Tutela contra tutela: no se cumplen los presupuestos para su procedencia

Fecha
20 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06489-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06489-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

20 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Radicación número: 110010315000202306489 00

Accionante: MARÍA ELENA POSSO CORRALES

Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos /
TUTELA CONTRA TUTELA – No se cumplen los presupuestos para su procedencia
excepcionalísima.

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por la señora María Elena Posso Corrales, de conformidad con el
Decreto 333 de 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 20 de octubre de 2023, la señora María Elena Posso Corrales, a nombre
propio, instauró demanda de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera
y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con el fin de que se amparen sus

1
Que ingresó para fallo el 9 de noviembre de 2023.

Radicación número: 110010315000202306489 00
Accionante: María Elena Posso Corrales
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

2. Hechos relevantes

El 22 de abril de 2023, la señora María Elena Posso Corrales interpuso demanda
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con el
fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia y, como consecuencia, se
dejara sin efecto la sentencia del 9 de septiembre de 2021 –aclarada por
proveído del 22 de septiembre de 20222– en “la parte que niega el ‘retroactivo
del pago de la pensión’, para en su lugar “ordenar el pago de la pensión en los
términos de la resolución 1945 de 2011…”.

Mediante sentencia del 21 de julio de 2023 (radicado:
11001-03-15-000-2023-02029-00), el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B –con salvamento de voto de uno de los integrantes de la Sala–,
declaró improcedente el amparo reclamado por no cumplirse con el requisito de
la inmediatez.

La parte tutelante impugnó la anterior decisión ante la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, la que, por medio de proveído del 21 de septiembre de
2023, confirmó el fallo de tutela de primera instancia.

3. Fundamentos de la demanda

La accionante señaló que, al declarar improcedente el amparo solicitado por el

2
Según la tutelante, esa providencia quedó notificada el 20 de octubre de 2022 y ejecutoriada el
26 del mismo mes y año.

2

Radicación número: 110010315000202306489 00
Accionante: María Elena Posso Corrales
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

incumplimiento del requisito de inmediatez, se incurrió en un defecto
procedimental por exceso de ritual manifiesto, en la medida en que no se tuvo en
cuenta la vacancia judicial ni la semana santa y tampoco el bloqueo de la
plataforma para presentar demandas de tutela en horarios no hábiles.

Expuso que las autoridades judiciales accionadas debieron tener en cuenta las
siguientes fechas:

Fecha de la sentencia: 22 de septiembre de 2022
Envío correo electrónico 18 de octubre de 2022
D. 806 y Ley 2213 y 2080 19 - 20 de octubre de 2022
Inicia notificación 21 de octubre de 2022
Termina notificación 25 de octubre de 2022
Ejecutoria 26 de octubre de 2022
Vacancia judicial 17 diciembre al 10 de enero de 2023
Vacancia judicial - semana santa 2 al 8 de abril de 2023
Término inmediatez 6 meses 26 de abril de 2023

Sostuvo que se configuró un defecto por desconocimiento del precedente porque
no se tuvo en cuenta la sentencia del 2 de febrero de 2023 (radicado
11001-03-15-000-2022-06550-00), en la que la Sección Quinta del Consejo de
Estado explicó lo relacionado al horario judicial.

Agregó que también se desconocieron las sentencias SU-407 de 2013, SU-499
de 2016, T-237 de 2017, SU-407 de 2013, SU-499 de 2016, T-237 de 2017 y
SU-387 de 2022, en las que la Corte Constitucional estableció que “la valoración
de la inmediatez debía hacerse a la luz de cada caso concreto”.

También se refirió a la sentencia bajo el radicado
25000-23-15-000-2021-01306-01 en la que el Consejo de Estado explicó que el
Decreto 806 de 2020 aplica al trámite de la tutela, en el mismo sentido que lo
hizo la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJO-STC-11274-2021.

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Radicación número: 110010315000202306489 00
Accionante: María Elena Posso Corrales
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Dijo que en sentencia 23455 del 27 de mayo de 2021, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado aclaró que “el plazo se extiende tanto para el contribuyente
como para la administración tributaria” y que en sentencia del 14 de septiembre
de 2017 (radicado 110010325000201100635), la Sección Segunda de la
Corporación mencionó que “si el último día fuere feriado o de vacante se
extenderá el plazo hasta el primer día hábil (…) todos los plazos de días, meses
o años de que se haga mención legal se entenderá que terminan a media noche
del último día de plazo”.

Concluyó (trascripción literal con posibles errores incluidos):

… los accionados vulneraron mis derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, igualdad, desconocimiento
del precedente por un exceso ritual manifiesto, como lo explica el C.P. en el
salvamento de voto que me relevan de mayores sustentaciones y el
desconocimiento de la vacancia judicial de diciembre, semana santa y el
bloqueo de la plataforma para presentar acciones constitucionales; además,
desconocen que la acción de tutela fue enviada al correo del Consejo de
Estado por la imposibilidad de acceder, por bloqueo, a la plataforma para
presentar las acciones el viernes 21 de abril de 2023, según la plataforma
por ser después de las 4:00 p.m. como consta en pantallazo que adjunto y
demás derechos Constitucionales, por el defecto material sustantivo; legal,
factico y procedimental, por exceso ritual manifiesto, al negar un amparo en
contravía del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia existente en la
materia, como oportunamente se aportó en los precedentes.

Refirió que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado no
tuvo en cuenta los planteamientos respecto al cumplimiento del requisito de la
inmediatez de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, sino que “parece
ser una modalidad de fallos anticipados sin el mayor esfuerzo, desconociendo el
término razonable y proporcional, con relación al momento en que ocurrió la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales y el derecho de un adulto
mayor vulnerado”.

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Radicación número: 110010315000202306489 00
Accionante: María Elena Posso Corrales
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Insistió en que las autoridades judiciales accionadas afirman que “la acción se
presentó 6 meses, 3 días…”, cuando el correo de presentación de la demanda
de tutela es del 22 de abril de 2023 -sábado-, solo que el 24 del mismo mes y
año la Secretaría de la Sección Segunda informó que carecía de competencia
para tramitarla.

Reiteró que se configuró un defecto procedimental porque “los accionados sin
mediar análisis consideraron vulnerado la inmediatez por un día de retardo
según ello y desconocieron no solo los términos de ejecutoria, sino la
imposibilidad de haber presentado la acción en la plataforma el 21 de abril de
2023”.

Mencionó que también se configuró un defecto sustantivo porque “los
accionados desconocieron la suspensión de términos por vacancia judicial,
diciembre y semana santa, al igual que desconocieron los términos de
ejecutoria…”.

También se plantea un defecto fáctico, porque “se explicó la imposibilidad para
presentar la tutela en la plataforma el 21 de abril de 2023, desconociendo que
los términos van hasta la media noche del día que se vence, sino que se aportó
prueba de tal caso y así se plano (sic) en los correos enviados el 22 de abril de
2023”.

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

4.1. Mediante providencia de 25 de octubre de 2023, se admitió la demanda de
tutela, se ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas y se vinculó,
como tercero con interés, a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.

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Radicación número: 110010315000202306489 00
Accionante: María Elena Posso Corrales
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

4.2. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dijo que la
decisión de declarar la improcedencia del amparo solicitado por el
incumplimiento del requisito de la inmediatez, obedeció a que la actora tenía
hasta el 21 de abril de 2023 para solicitar el amparo de sus derechos
fundamentales y presentó la demanda de tutela, a través de correo electrónico,
el 24 del mismo mes y año.

Lo anterior, bajo el entendido de que la más reciente de las providencias
cuestionadas –auto aclaratorio de la sentencia de segunda instancia proferido el
22 de septiembre de 2022– se remitió al correo electrónico de la demandante el
18 de octubre de 2022, por lo que, en los términos del artículo 52 de la Ley 2080
de 2021, quedó notificada a los dos días hábiles siguientes y, en ese sentido, el
término de los 6 meses para hacer uso del mecanismo constitucional transcurrió
entre el 21 de octubre de 2022 y el 21 de abril de 2023.

En línea con lo anterior, precisó que la acción de tutela de la referencia es
improcedente porque, si bien es cierto que esta acción procede contra
providencias dictadas en un proceso de la misma naturaleza, lo cierto es que ello
solo es posible ante situaciones de fraude, lo que no se evidencia en el presente
asunto.

Refirió que lo que pretende la tutelante es reabrir el debate que se suscitó en el
proceso de tutela inicial, lo que no es de recibo y menos aun cuando la decisión
fue dictada por una Alta Corte y, por ende, el análisis de procedibilidad debe ser
mucho más riguroso, según lo establecido por la Corte Constitucional.

Insistió en que no se vulneraron los derechos fundamentales de la señora Posso
Corrales, dado que la providencia cuestionada se fundamentó en un análisis

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Radicación número: 110010315000202306489 00
Accionante: María Elena Posso Corrales
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

fáctico y jurídico serio e integral que conllevó que se declarara la improcedencia
del amparo solicitado por no cumplirse con el requisito de la inmediatez.

4.3. La Sección Cuarta y la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En el presente asunto, la señora María Elena Posso Corrales alega que con los
fallos de tutela del 21 de julio de 2030 y del 21 de septiembre del mismo año,
dictados, respectivamente, por la Sección Tercera, Subsección B y la Sección
Cuarta del Consejo de Estado –radicación 2023-02029– se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, al declarar improcedente el amparo reclamado tras considerar que no se
cumplió con el requisito de la inmediatez.

Pues bien, la Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela contra
una decisión de tutela es procede de manera excepcionalísima, siempre y
cuando se acrediten las siguientes circunstancias: i) que se cumplan los
requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, ii)
que no se haya configurado el fenómeno de la cosa juzgada, iii) que la decisión
controvertida sea producto de un fraude y iv) que no exista otro mecanismo legal
para resolver la situación3.

En linea con lo anterior, en sentencia T-322 de 2019 la Corte Constitucional
expuso que, en casos como el presente, “la parte interesada debe demostrar,
con base en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes la situación de
fraude alegada, la incidencia en la decisión adoptada, la evidente violación de un

3
Corte Constitucional, sentencia SU-627 del 1 de octubre de 2015 [fundamento jurídico 4.6.2.2].

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Radicación número: 110010315000202306489 00
Accionante: María Elena Posso Corrales
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

derecho fundamental y que la afectación sea significativa y trascendental…” y
que “no serán de recibo razones o interpretaciones que obedezcan al disgusto o
inconformismo del solicitante por la sentencia atacada”.

En el caso bajo estudio, la Subsección considera que no se cumple el primer
presupuesto establecido por la Corte Constitucional para la procedencia
excepcionalísima de la acción de tutela contra un fallo de la misma naturaleza -
que se cumplan los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencia judicial-, pues lo pretendido por la señora Posso Corrales es reabrir
el debate jurídico y probatorio frente al cumplimiento del requisito de la
inmediatez en el proceso de tutela promovido contra la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, lo que evidencia el incumplimiento del
requisito de la relevancia constitucional, el que, tiene la finalidad de “impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces”4, entre otras.

Aunado a lo anterior, la Sala estima que tampoco se cumple la tercera condición
para la procedencia de la acción de tutela contra un fallo de tutela, porque no se
demostró que las autoridades judiciales accionadas actuaran de manera
fraudulenta, sino que fundamentaron la decisión de declarar la improcedencia
del amparo solicitado por el incumplimiento del requisito de la inmediatez en
razones válidas y razonables.

En efecto, respecto a la verificación de dicho requisito, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 21 de julio de 2023,
refirió (trascripción literal):

1) En el asunto sub examine la parte actora alegó que las providencias del 9

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Sentencia T–422 de 2018.

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Radicación número: 110010315000202306489 00
Accionante: María Elena Posso Corrales
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

de septiembre de 2021 y 22 de septiembre de 2022 proferidas por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrieron en
los defectos sustantivo, fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto.

2) Sin embargo, la Sala advierte que en este caso no se cumplió el requisito
de inmediatez, en los términos analizados en precedencia, si se tiene en
cuenta que la más reciente de las providencias cuestionadas fue proferida el
22 de septiembre de 2022 y notificada al correo electrónico de la
demandante el 18 de octubre de 2022, como consta en el acta secretarial de
esa fecha, lo cual fue corroborado por esta Sala de Decisión en el Sistema
de Consulta de Procesos Unificada de la Rama Judicial y el Sistema de
Gestión Judicial – SAMAI: (…)

2) Así entonces, en atención a que el 18 de octubre de 2022 se envió a la
demandante el mensaje de datos con la providencia cuestionada y a que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, la
notificación de la providencia que se haga por medios electrónicos debe
entenderse realizada a los dos días hábiles siguientes al envío de dicho
mensaje, el término razonable en el que la actora pudo solicitar el amparo
de sus derechos fundamentales inició el miércoles 21 de octubre de 2022 y
venció el 21 de abril de 2023.

3) Sin embargo, la acción de tutela se radicó por fuera del plazo de los 6
meses que se estableció como razonable para presentar el amparo, pues la
demandante la presentó a través de correo electrónico ante esta
Corporación el 24 de abril de 2023, lo cual permite denotar que se ejerció
extemporáneamente.

4) Ahora bien, la Sala advierte que en este caso tampoco se explicó ni
justificó la presentación tardía de la acción, pues la actora no esgrimió
ningún i) motivo válido o situación personal que justificara su inactividad; ii)
no se aprecia que se esté ante una vulneración a amenaza permanente, iii)
que el fundamento de la acción haya surgido después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos, o iv) ninguna otra circunstancia
especial que permita flexibilizar el término de inmediatez.

5) En consecuencia, como la acción de tutela no se presentó en un plazo
razonable y tampoco se avizora la existencia de un perjuicio irremediable
que amerite la intervención del juez constitucional o justifique la interposición
tardía del proceso de acción de tutela se deberá declarar improcedente la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez.

Conviene mencionar que, a juicio de la Subsección, el hecho de que uno de los
integrantes de la Sala salvara su voto frente a la anterior decisión5, no conlleva a
5
En el salvamento de voto se indicó:

9

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Accionante: María Elena Posso Corrales
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la existencia de una decisión fraudulenta, toda vez que, según lo establecido por
la Corte Constitucional6, “los salvamentos de voto son opiniones minoritarias que
no tienen fuerza vinculante debido a que no generan una decisión judicial…”.

Por su parte, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en fallo de 21 de
septiembre de 2023, confirmó el fallo de tutela de primera instancia, bajo los
siguientes argumentos (transcripción literal):

La actora afirma que existió un error en el cómputo del término de
inmediatez. Sin embargo, no argumentó su afirmación. Además, señaló que
debía tenerse en cuenta que el asunto versa sobre una presunta violación
de los derechos fundamentales que persiste en el tiempo.

De la revisión del proceso, se advierte que la providencia de 22 de
septiembre de 2022, mediante la cual se resolvió la solicitud de aclaración
de sentencia, fue notificada por correo electrónico el 18 de octubre de 2022.
De ahí que, según lo previsto en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, la
notificación se entiende realizada el 20 de octubre de 2022. Por otro lado,
consta que la presentación de la acción de tutela de la referencia tuvo lugar

“(…)
Sin ahondar en el tema, debe recordarse que la caducidad constituye un presupuesto
procesal de orden público que busca dotar al sistema jurídico de seguridad y, por ende, se
rige por un plazo perentorio de obligatorio cumplimiento para el ejercicio de una acción,
fijado por el legislador dentro de su facultad de configuración. No obstante, el requisito
general de procedencia de inmediatez no puede ser valorado desde esa óptica por la
sencilla, pero elemental razón, que la tutela, de acuerdo con el artículo 86 Constitucional,
puede interponerse en cualquier momento.
En virtud de lo anterior, en mi criterio, concluir que no se satisfizo el presupuesto de
inmediatez porque la acción se interpuso por fuera del término razonable, toda vez que se
interpuso 6 meses y 3 días después de la notificación, olvida los planteamientos de la
Corte Constitucional frente a la inmediatez y confunde este último criterio con la caducidad
de la acción ordinaria, para aplicar un término de manera estricta y perentoria en sede de
tutela.
Corolario de lo anterior, estimo, respetuosamente, que, al constituir el término de
inmediatez de 6 meses un plazo orientador, y no un término de caducidad que opera
irrestrictamente, ello, justamente, implica efectuar un análisis autónomo y concreto para
cada asunto que, en todo caso, no vaya en contravía de uno de los postulados que funda
la acción de tutela, esto es, prevalencia del derecho sustancial (artículo 3 Decreto 2591 de
1991). Así las cosas, en el caso concreto, era posible entenderlo como superado, pues
habían trascurrido 3 días más. Adicionalmente, se debe considerar que, si dicho término
se hubiera contado a partir de la ejecutoria de la providencia enjuiciada – 25/10/22, la
acción habría sido presentada dentro del plazo de los 6 meses”.
6
Corte Constitucional, sentencia C-577 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

10

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Accionante: María Elena Posso Corrales
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

el 24 de abril de 2023.

Es decir, desde la notificación de la mencionada providencia hasta la
interposición del amparo constitucional, transcurrieron 6 meses y 3 días.

Entonces, tal como lo concluyó el a quo, en el presente caso se observa que
la acción de tutela no cumplió el requisito general de inmediatez, porque se
superó el término previsto por la jurisprudencia a efecto de dar por cumplido
tal requisito general de procedencia.

Al respecto, se anota que, para esta Sección, por regla general, el plazo
razonable para el ejercicio de la acción de tutela contra providencias
judiciales es de seis meses, contado a partir de la fecha de notificación del
proveído acusado. Lo anterior, en atención a la naturaleza del acto
jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios contra aquellos, al derecho a la tutela judicial efectiva y a
la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad.

En relación con la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en
diversas oportunidades que debe existir un término razonable entre la
ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la demanda, en la
medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no
sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías
constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la seguridad
jurídica y a los derechos de los terceros afectados.

Lo anterior no implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la
acción de la tutela. La inmediatez es más bien un requisito que busca que la
acción se presente en un término razonable, esto es, desde el mismo
momento en que se tiene conocimiento de la violación o amenaza de los
derechos fundamentales. Justamente, porque la acción de tutela es un
medio excepcional para la protección pronta y eficaz de tales derechos, es
que se requiere que la acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar
si la acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de
inmediatez, deben tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes
aspectos: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii)
si la inactividad injustificada podría causar la lesión de derechos
fundamentales de terceros de llegarse a adoptar una decisión en sede de
tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la
acción y la vulneración de los derechos de los interesados. Circunstancias
que en el caso concreto no se acreditaron.

Sin embargo, la actora no argumentó una razón válida que permitiera

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Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros
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flexibilizar el término de inmediatez.

Frente al argumento de que se trata de un daño continuado, la Sala advierte
que en el presente se cuestionan providencias judiciales, por lo que la
oportunidad de la solicitud de amparo se determina a partir del momento en
que se notifica el fallo acusado, habida cuenta de que esa es la forma en
que las partes tienen conocimiento de las decisiones judiciales.

En definitiva, se reitera que no se cumplen los requisitos para la procedencia
excepcionalísima de la acción de tutela contra una providencia de la misma
naturaleza, porque no se evidencia una actuación fraudulenta al proferirse las
decisiones cuestionadas, lo que sí resulta evidente es la inconformidad de la
señora Posso Corrales con estas decisiones, pretendiendo una instancia
adicional de la demanda de tutela radicada bajo el número 2023-02029, lo que
conlleva incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional, dado que,
como lo ha señalado la Corte Constitucional, esta acción “es concebida como un
‘juicio de validez’ y no como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado7, lo que
se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
legislado, que dieron origen a la controversia”8.

Por lo expuesto, la Subsección declarará improcedente el amparo solicitado por
la señora María Elena Posso Corrales.

7
Original de la cita: “Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva)
indicó: ‘(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial,
basado en la supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela
ejerza una labor de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo.
En cambio, la tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad
de la sentencia judicial resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los
derechos fundamentales’. Sobre el punto también se puede consultar la sentencia T-126 de 2018
(MP Cristina Pardo Schlesinger)”.
8
Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.

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Accionante: María Elena Posso Corrales
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio
más expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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