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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06501-00

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06501-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela frente a los reparos propuestos contra el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Palmira, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NEGAR la solicitud de tutela frente a los reparos propuestos por la actora contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. Núm. único de radicación: 110010315000202306501-00 Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06501-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

13 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202306501-00
Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros1

Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Mínimo vital, ii) trabajo, iii) dignidad
humana; y iv) estabilidad laboral reforzada

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Palmira.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.

Núm. único de radicación: 110010315000202306501-00
Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora2, a través de apoderada3, presentó acción de tutela contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Palmira,
porque, a su juicio, i) el Consejo Superior, con ocasión a que “[…] a través del
COPASST nunca brindo (sic) un asesoramiento y/o seguimiento o control a la
empleada […]”; y ii) el Juzgado, con ocasión a que “[…] una hora después de
presentada su renuncia […] emitió la resolución de aceptación de la misma, sin
tener en cuenta que el estado anímico y mental de la empleada al momento de
realizarla, máxime que acababa de reintegrarse por un estado depresivo y no era
el indicado para tomar una decisión de este talante […]”: vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, “[…] La señora KELLY MELISSA MURCIA PERDOMO, tiene la
edad de 35 años, estado civil soltera, madre de 2 hijos, una hija de 19 y un niño de
8 años, quien laboró hasta el día 13 de septiembre en la rama judicial en el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Palmira en el cargo de Sustanciadora en propiedad.
[…]”.

4. Manifestó que, “[…] Desde noviembre de 2022, mi poderdante fue
diagnosticada con DEPRESIÓN Y ANSIEDAD, con ocasión a episodios de
autoagresión y ansiedad los cuales viene presentando, motivo por el cual fue
internada el 22 de noviembre de 2022, en el centro médico MENTALITAT de la
ciudad de Cali, por un lapso de siete días. […]”.

2 “[…] quien laboró hasta el día 13 de septiembre en la rama judicial en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito
de Palmira en el cargo de Sustanciadora en propiedad […]”, según se indica en el escrito de tutela.
3 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_PODERES_10_10_2023(.pdf) NroActua 2”.

Archivo aportado en forma digital.

Núm. único de radicación: 110010315000202306501-00
Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

5. Sostuvo que, “[…] Para la rama judicial no era un secreto que la tutelante
padecía de depresión, tanto es así, que la psicóloga de la rama judicial, tenía
conocimiento de su afectación, pues días antes de volver a entrar en crisis, tuvo
una charla con ella de manera presencial en el Palacio de Justicia de Palmira el día
01 de septiembre de 2023 a las 11:20 de la mañana (anexo chat con la psicóloga
de la rama judicial). […]”.

6. Señaló que, “[…] Con ánimo de seguir el tratamiento y lograr una mejoría en
su salud mental, solicita al juez el permiso respectivo para acudir a su cita de
tratamiento, el cual consistía en salir del despacho a las 2 y 30 de la tarde para
llegar a la cita programada, la cual era en el sur de Cali, el juez procede a informar
a todas las personas del Juzgado que de ahora en adelante todos los permisos de
más de una hora debían solicitarse con pruebas y con resolución de antemano […]”.

7. Advirtió que, “[…] Todo este torbellino de emociones, de frustración, de sentirse
que no hace las cosas bien, teniendo en cuenta su diagnóstico de depresión, se vio
presionada a rendirse en el ámbito laboral, por lo que decide renunciar, y
encontrándose en una crisis de ansiedad y llanto redacta su carta y se la presenta
al juez, quien le dice que se la entregue al citador que el (sic) es quien debe recibirla,
y así lo hace siendo firmada por el citador a la 1 y 54 de la tarde. […]”.

8. Enfatizó en que, “[…] Aparte de que la renuncia al haberse realizado de una
manera apresurada no contenía una fecha a partir de cuando (sic) se hacía exigible,
de la cual se pudiese presumir su efectividad, siendo clara la intención del juez de
deshacerse de la empleada sin importar si la renuncia cumplía o no con los
requisitos para ser otorgada, aunado al hecho, de la rapidez con la que acepto (sic)
su renuncia a través de la Resolución No. 030 del 13 de septiembre de 2023, en la
(sic) cual es aceptada el mismo día con efectos fiscales a partir de la fecha del acto
administrativo, sin siquiera otorgar un plazo para entregar el puesto e implementos
de trabajo […]”.

Núm. único de radicación: 110010315000202306501-00
Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

La solicitud de tutela

Pretensiones

9. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. DECLARAR LA NULIDAD de la RESOLUCION No. 030 del 13 de septiembre
de 2.023, por medio de la cual se acepta la renuncia de la tutelante.

2. Se ORDENE el REINTEGRO AL CARGO DE sustanciadora del Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Palmira a la señora KELLY MELISSA MURCIA PERDOMO,
cargo que venía desempeñando en propiedad y su reintegro sea sin solución de
continuidad.

3. Se ORDENE el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir
desde el día 13 de septiembre de 2.023 hasta el momento que se haga efectivo su
reintegro. […]”.

10. Como fundamento de su solicitud la actora manifestó lo siguiente:

“[…] La tutelante al momento de la renuncia tenía estabilidad laboral reforzada, pues
su salud mental se encontraba afectada debido a su diagnóstico de depresión,
situación que le impedía ejercer de manera optima (sic) sus funciones, sin embargo,
se encontraba en tratamiento médico de terapias y medicamentos por parte de
psiquiatría y psicología, situación que su jefe conocía. Había estado incapacitada la
semana del 5 al 11 de septiembre de 2023. […]”.

[…]

“[…] El juez a sabiendas de su estado de salud mental, realizaba actos que
desestabilizaban su estado emocional y síquico, lo que causaba en ella, estrés, llanto
fácil, pánico, sentimientos de persecución que llevaron a presentar la Renuncia al
cargo, cuando se encontraba bajo presión, tomando una decisión equivocada que
no iba con su querer, pues ella solo depende de sus ingresos como empleada de la
rama judicial para su subsistencia y la de su grupo familiar. El Juez Tercero Laboral
conociendo la situación clínica de la empleada, no debió aceptar la renuncia al cargo,
pero contrario a ello, el acto administrativo aceptando dicha renuncia fue expedido
una hora después del suceso […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, la renuncia presentada por la tutelante, es una renuncia viciada,
pues no fue libre, querida y deseada, estuvo presionada y agobiada por la situación
que estaba pasando, el estado de depresión y ansiedad que ha padecido, el juez sin
considerar que llegaba de una incapacidad por dicho diagnóstico, la agobio tanto con
requerimientos escritos, con su inflexibilidad para que ella acudiera a su cita de
tratamiento por no aportar una prueba que así lo demostrara (Cuando la cita la
asignaron de manera telefónica) llevaron a un descontrol mental que la llevo a tomar
dicha decisión. […]”.4

4 Transcripción literal del texto.

Núm. único de radicación: 110010315000202306501-00
Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

Actuación

11. El Despacho sustanciador, mediante auto de 27 de octubre de 2023: i)
admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior
de la Judicatura, a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial y al Juez
Tercero Laboral del Circuito de Palmira, concediéndoles el término de tres (3) días
para que rindieran informe sobre el particular; y iii) negó la medida provisional
solicitada por la actora.

Intervención de la demandada

12. El Consejo Superior de la Judicatura, a través de su Presidencia, solicitó su
desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva,
por las siguientes razones:

“[…] En ese orden de ideas, se señala que las funciones del Consejo Superior de
la Judicatura son netamente administrativas y se encuentran sujetas al marco
normativo señalado principalmente en la Constitución Política, la Ley 270 de 1996
y las demás que regule sobre la materia. […]”.

[…]

“[…] Quiere decir lo anterior, que el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
trabajo depende exclusivamente de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
sin olvidar, que cada Dirección Seccional de Administración Judicial cuenta también
con un Comité de las mismas especificaciones. […]”.

[…]

“[…] En ese entendido, el Consejo Superior de la Judicatura no es el llamado a
responder o cumplir las órdenes que se expidan con el fin de amparar las garantías
constitucionales de la accionante y mucho menos atribuirle responsabilidad solidaria
por actuaciones u omisiones tanto de los Consejos Seccionales de la Judicatura
como de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales, cuando
sólo con ocasión del presente trámite tutelar tuvo conocimiento de la situación
descrita en la demanda. […]”.

13. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación,
al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, en los siguientes
términos:

“[…] Ahora bien frente a la función administrativa encargada a esta Entidad, la Ley
270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia” descentralizo esta función

Núm. único de radicación: 110010315000202306501-00
Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

crenado (Sic) las Direcciones Seccionales de Administración Judicial, y sus
funciones le fueron asignadas en el artículo 103, todas encaminadas a la
administración de los Despachos Judiciales de su circuito y entorno territorial.

Pero en el presente caso, la responsabilidad y legitimación pen (Sic) la causa por
pasiva esta (Sic) en cabeza del nominador de la Accionante que en este caso
corresponde al Titular del Despacho Judicial para el cual trabajaba, quien en efecto
para la toma de la decisión que es atacada, debió adelantar el debido proceso y la
debida justificación. […]”.

14. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle
del Cauca solicitó i) su desvinculación, al considerar que carece de legitimación en
la causa por pasiva; y ii) declarar la improcedencia de la acción de tutela, por las
siguientes razones:

“[…] la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del
Cauca), a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), cuenta con un concepto sin recomendaciones médicas de la Señora Kelly
Melissa del 11 de noviembre de 2022 el cual se emitió en las valoraciones medicas
(sic) ocupacionales periódicas. (Se anexa).

No hay solicitud de la EPS de documentación para proceso de calificación de origen
de la patología manifestada por la servidora.

A raíz de una solicitud realizada por el Juez tercero laboral del circuito de Palmira el
Dr. […] al Consejo Seccional de la Judicatura y al área de Seguridad y Salud en el
Trabajo, realizó una visita al despacho el 30 de junio de 2023 previa Coordinación
con el Juez para realizar un acompañamiento al despacho en situaciones de riesgo
psicosocial que se estaban presentando, de dicha intervención surge la necesidad
de realizar asesorías psicológicas a algunos empleados entre ellos la Servidora Kelly
Melissa Murcia Perdomo. (Se anexa informe de la psicóloga).

La Servidora Judicial pertenece al Sistema de Vigilancia Epidemiológico de la Rama
Conscientemente desde el 30 de junio de 2023 por lo cual es susceptible de
seguimiento por la patología que refiere, la psicóloga de la Rama Luz Karime Vidal
le venía realizado (sic) seguimiento por diferentes medios.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ofrece dentro del
programa de prevención de riesgo psicosocial alternativas en actividades como
capacitaciones, sensibilizaciones, talleres, el Encuentro de Seguridad y Salud en el
Trabajo realizado para el circuito de Palmira, la línea de orientación psicológica, las
asesorías psicológicas individuales, las consultorías organizacionales entre otros,
con las cuales se pretende disminuir el riesgo psicosocial al que están expuestos los
servidores judiciales por motivos intra y extra laborales.

Es de mencionar, que la desvinculación de la señora KELLY MELISSA MURCIA
PERDOMO se produce por la renuncia presentada por la misma actora, lo cual se
ejecutó a través del acto administrativo emitido por el Juez Tercero Laboral del
Circuito de Palmira […]”.

[…]

Núm. único de radicación: 110010315000202306501-00
Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

“[…] Como se puede observar de lo anterior, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, ha actuado en el marco de su
competencia, es decir; que mientras la señora KELLY MELISSA MURCIA
PERDOMO estuvo vinculada a la Nación - Rama Judicial, se le realizó
acompañamiento sobre las situaciones de riesgo psicosocial que se estaban
presentando, de dicha intervención surge la necesidad de realizar asesorías
psicológicas a algunos empleados entre ellos la Servidora Kelly Melissa.

De otro lado, es importante manifestar lo dispuesto en la reciente CIRCULAR CJC22-
2 del 10 de febrero de 2022 “Directriz sobre solicitudes de estabilidad laboral
reforzada” emanada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, donde se expresa que la decisión final sobre
nombramientos en propiedad en cada despacho judicial, así como la definición de
estabilidad laboral reforzada de los empleados en carrera, corresponde
exclusivamente a la autoridad nominadora […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, esta Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cali - Valle, carece de competencia para decidir sobre las solicitudes y/o actuaciones
administrativas de la hoy accionante KELLY MELISSA MURCIA PERDOMO,
relacionada con el cargo que venía desempeñando hasta el 13 de Septiembre del
2023 […]”.

15. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Palmira guardó silencio en esta
oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 5, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20197, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

Núm. único de radicación: 110010315000202306501-00
Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

18. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.

19. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

20. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20068, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

8 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

Núm. único de radicación: 110010315000202306501-00
Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[9].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

21. La Sala advierte que la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca solicitaron su desvinculación, por
cuanto, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por pasiva.

22. Al respecto, la Sala advierte que, la actora interpuso la solicitud de tutela de
la referencia contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Palmira, es decir, que dichas entidades fueron notificadas como
autoridades demandadas. Frente a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la Sala precisa que “[…] Las
Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial, según el artículo 103

9 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

Núm. único de radicación: 110010315000202306501-00
Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

de la Ley 270 de 1993, son unidades desconcentradas de la Dirección Ejecutiva
Nacional de Administración Judicial […] Así las cosas, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial es una entidad del orden nacional, que cumple sus funciones
haciendo uso del mecanismo de la desconcentración, sin que sea válido afirmar que
sus dependencias territoriales adquieren el estatus de unidades departamentales o
municipales […]”.

23. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, a la Presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali –
Valle del Cauca les asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.

24. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por la Presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca.

Problemas jurídicos

25. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción
de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad, y de ser así, ii) establecer si la Nación – Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con
ocasión a que “[…] a través del COPASST nunca brindo (sic) un asesoramiento y/o
seguimiento o control a la empleada […]”, y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito
de Palmira, con ocasión a que “[…] una hora después de presentada su renuncia
[…] emitió la resolución de aceptación de la misma, sin tener en cuenta que el
estado anímico y mental de la empleada al momento de realizarla, máxime que
acababa de reintegrarse por un estado depresivo y no era el indicado para tomar
una decisión de este talante […]”, respectivamente, vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la actora.

26. Para resolver dichos problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos; ii) marco

Núm. único de radicación: 110010315000202306501-00
Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital y móvil, iii)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo; iv) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana; v) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada; procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose
en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos

27. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de conformidad
con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la
subsidiariedad de la acción de tutela, esta no procede, por regla general, para
controvertir actos administrativos ya sean de carácter particular y concreto (numeral
1.°) o de carácter general, impersonal y abstracto (numeral 5.°), toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad,
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el medio de control
de nulidad, o la nulidad por inconstitucionalidad o la acción de inconstitucionalidad10
si lo que se indica es que el acto administrativo general quebrantó la Constitución
Política.

28. En ese sentido, la jurisprudencia11 de la Corte Constitucional ha sido
reiterativa en expresar que:

“[…] cuando se trata de objetar o controvertir actos administrativos, en principio se
debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la acción de tutela,
salvo que el juez determine que tales mecanismos no proporcionan una eficaz y
pronta protección a los derechos que se pretenden salvaguardar o se esté ante la
posibilidad que se configure un perjuicio irremediable, pero en todo caso las
acciones judiciales contencioso administrativas no pueden haber caducado al
momento de interponerse la acción de tutela.

[…]

“[…] Atendiendo a las características de la acción de tutela, la Corte ha explicado
que ésta procederá contra actos de contenido general, impersonal y abstracto, sólo
excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que el contenido del acto
de carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho
fundamental de una persona determinada o determinable. Solo en estos casos el

10 Ver: Corte Constitucional. Sentencia T-097 de 20 de febrero de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
11 Corte Constitucional. Sentencia C-132 de 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en ordenar la
inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter eminentemente
transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del juez competente
[…]”.

29. En ese orden de ideas, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas
circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos,
siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de derechos
fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio irremediable; con
lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En ese sentido, en
sentencia T-514 de 200312, la Corte Constitucional determinó:

“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos
tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción
de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas
cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii)
que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del
acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo
no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso
respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. […]”. (Resaltado
por la Sala).

30. En ese orden de ideas, en principio la acción de tutela resulta improcedente
para controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que esté en juego
la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria.
Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho administrativa y un perjuicio
irremediable, el juez de tutela podría conceder la protección definitiva mediante la
acción constitucional.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital y
móvil

31. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en

12 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

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Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en
ellos […]”.

32. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado
al mínimo vital, ha dicho13:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".

99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo

33. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

34. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente14:

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de
derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental
el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la
personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la
medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve
logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría

13 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
14 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios
indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial
creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo
pone en contacto productivo con su entorno.

El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad
humana

35. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general […]”. (Resaltado por la Sala)

36. Atendiendo a que la Corte Constitucional15 ha establecido que el derecho a
la dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En
relación con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y
iii) la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este
Tribunal ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un
valor fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un
principio constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental
autónomo […]”.

15 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada

37. Visto el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en
cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de
las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad
social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad […]”. (Resaltado
por la Sala)

38. Atendiendo a que, la Corte Constitucional16 ha definido el derecho a la
estabilidad laboral reforzada, como “[…] el derecho a conservar el empleo; (ii) a no
ser despedido en razón de la situación de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el
empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una causal objetiva
que conlleve la desvinculación del mismos y; (iv) a que la autoridad laboral
competente autorice el despido, con la previa verificación de la estructuración de la
causal objetiva, no relacionada con la situación de vulnerabilidad del trabajador,
que se aduce para dar por terminado el contrato laboral, so pena que, de no
establecerse, el despido sea declarado ineficaz […]”.

Análisis del caso en concreto

39. La actora17, a través de apoderada18, presentó acción de tutela contra la
Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Palmira,
porque, a su juicio, i) el Consejo Superior, con ocasión a que “[…] a través del
COPASST nunca brindo (sic) un asesoramiento y/o seguimiento o control a la

16 Corte Constitucional, Sentencia T- 320 de 21 de junio de 2016, M.P. Alberto Rojas Ríos.
17 “[…] quien laboró hasta el día 13 de septiembre en la rama judicial en el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Palmira en el cargo de Sustanciadora en propiedad […]”, según se indica en el escrito de tutela.
18 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_PODERES_10_10_2023(.pdf) NroActua 2”.

Archivo aportado en forma digital.

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Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

empleada […]”; y ii) el Juzgado, con ocasión a que “[…] una hora después de
presentada su renuncia […] emitió la resolución de aceptación de la misma, sin
tener en cuenta que el estado anímico y mental de la empleada al momento de
realizarla, máxime que acababa de reintegrarse por un estado depresivo y no era
el indicado para tomar una decisión de este talante […]”: vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.

40. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

41. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

42. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

42.1. Anexos que allegó la actora con el escrito de tutela.

42.2. Informes rendidos por las autoridades demandadas, con sus anexos.

Solución del caso concreto

43. En el caso sub examine, la Sala advierte que la actora considera que las
autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al mínimo vital, al
trabajo, a la dignidad humana y a la estabilidad laboral reforzada, con ocasión a que
i) el Consejo Superior, “[…] a través del COPASST nunca brindo (sic) un
asesoramiento y/o seguimiento o control a la empleada […]”; y ii) el Juzgado, “[…]

Núm. único de radicación: 110010315000202306501-00
Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

una hora después de presentada su renuncia […] emitió la resolución de aceptación
de la misma, sin tener en cuenta que el estado anímico y mental de la empleada al
momento de realizarla, máxime que acababa de reintegrarse por un estado
depresivo y no era el indicado para tomar una decisión de este talante […]”.

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad

44. La Sala advierte que, frente al reparo propuesto contra el Juzgado, la
aceptación de la renuncia que presentó la actora se materializó con la Resolución
núm. 030 de 13 de septiembre de 2023.

45. Al respecto, la Sala examinará lo referente a la utilización de los medios de
defensa judicial y la existencia de un perjuicio irremediable, con el fin de establecer,
como ya se advirtió, si en efecto procede la acción de tutela como mecanismo
transitorio para controvertir la legalidad del acto administrativo referido por la actora,
con el cual, en su sentir, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

46. En primer lugar, la Sala debe precisar que la Resolución núm. 030 de 13 de
septiembre de 2023, expedida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Palmira, dispuso lo siguiente: “[…] PRIMERO: ACEPTAR la renuncia presentada
por la señora KELLY MELISSA MURCIA PERDOMO identificada con la cédula de
ciudadanía núm. […] quien ocupaba el cargo de oficial mayor y/o sustanciadora en
propiedad de este Despacho judicial, dicha renuncia se aceptará con efectos a partir
de 13 de septiembre de 2023 […]”.

47. Al respecto, la Sala considera que, frente a dicha Resolución, previo al
cumplimiento de los requisitos legales, la actora cuenta eventualmente con los
mecanismos de defensa judicial previstos por la ley para controvertir la legalidad de
dicho acto administrativo y a través de este proteger de forma oportuna e inmediata
sus derechos fundamentales.

Núm. único de radicación: 110010315000202306501-00
Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

48. Al respecto, en casos similares, esta Corporación19 ha considerado lo
siguiente:

“[…] De acuerdo con los hechos acreditados en el expediente, los argumentos y las
pretensiones expuestas por la accionante en el escrito de tutela, se observa, que la
solicitud de amparo se dirige a cuestionar la Resolución Nº 0009 de 8 de abril de
2022, expedida por el Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Ibagué, a través del cual se aceptó su renuncia al cargo de Asistente Jurídico
Grado 19 en el referido Despacho Judicial.

Sobre este punto, se debe precisar que la Resolución Nº 0009 de 8 de abril de 2022,
expedida por el juzgado accionado, es un acto administrativo que al decidir de
forma particular y concreta su permanencia en el despacho judicial puede ser
objeto de control por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa,
a través de la vía judicial de la nulidad y el restablecimiento del derecho,
exponiendo todos los argumentos que se adujeron en la acción de tutela de la
referencia.

De esta manera, la Sala observa que la señora Mónica Jazmín Montero Rodríguez,
contaba con la oportunidad para ejercer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho (artículo 138 Ley 1437 de 2011) contra la decisión
proferida por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, a
través de la Resolución Nº 0009 de 8 de abril de 2022, en cuyo trámite podía
solicitar, como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo que a su decir afectan su situación particular, expresando las razones
de hecho y de derecho por las cuales estima que dicho acto fue expedido con
violación del debido proceso y el desconocimiento de las garantías constitucionales,
que protegen su estabilidad laboral y su condición de salud […]”.

[…]

“[…] En el presente asunto, sin perjuicio de lo que puedan decidir las autoridades
competentes en relación con los hechos enunciados en materia de acoso laboral, la
Sala prima facie considera que los argumentos planteados por la actora en el escrito
de tutela, no denotan de manera fehaciente la existencia de alguna de las conductas
referidas en los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del artículo 2 de la Ley 1010 de 2006,
relacionadas con maltrato, discriminación, entorpecimiento, inequidad o
desprotección laboral, pues los razonamientos esbozados por la tutelante, se dirigen
a enunciar un presunto comportamiento de persecución laboral realizadas por el
Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué en su contra
con el fin de producir su desvinculación con el despacho judicial.

Por el contrario, los hechos acreditados en el expediente de tutela dan cuenta que la
autoridad judicial accionada, en ningún momento desconoció la condición de salud e
incapacidad médica de la accionante. En efecto, se observa que la autoridad judicial
adoptó medidas tendientes a garantizar la permanencia y los derechos de la actora,
pues ante la manifestación de la señora Mónica Jazmín Montero Rodríguez de no
encontrarse en condiciones para reincorporarse al cargo […] Así las cosas, para la
Sala, en el marco de sus competencias como juez constitucional, no se observa que
el Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué haya
ejercido actos de persecución o discriminación contra la accionante, con el objeto de

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección Segunda, sentencia

de 25 de noviembre de 2022, número único de radicación 11001-03-15-000-2022-05576-00, C.P. César
Palomino Cortés.

Núm. único de radicación: 110010315000202306501-00
Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

hacerla renunciar, por lo que las afirmaciones carecen de sustento fáctico y jurídico,
de suerte que no se advierte una situación concreta que amerite la intervención
eficaz del juez de tutela, para evitar un perjuicio irremediable para la actora […]”.
(Resaltado por la Sala)

49. Al respecto, en el inciso segundo del artículo 137 ibidem, se establecieron las
causales de nulidad de los actos administrativos, las cuales refieren que procede
cuando estos hayan sido expedidos “[…] con infracción de las normas en que
deberían fundarse, sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, o con desviación de
las atribuciones propias de quien los profirió […]”.

50. De acuerdo con esa normativa, la Sala considera que el análisis de los
reparos propuestos por la actora contra la Resolución núm. 030 de 13 de septiembre
de 2023, debe analizarse por su juez natural ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, comoquiera que es el encargado de realizar el examen de legalidad
de dicho acto, previo el cumplimiento de los requisitos legales.

51. Además, se precisa que, esta Sala ha reiterado en oportunidades anteriores20
que con la expedición la Ley 1437 de 2011, ya no es aceptable el argumento según
el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como el
estudiado.

52. Igualmente, consideró que la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene diferentes
herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las medidas
cautelares incluso de urgencia21, como la suspensión provisional de los efectos de
los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se defina la declaración o
no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa; impartir
órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes,
las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se advierte

20 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García

González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2017-00626-01, Actor: Pio León
Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la Nación.
21 Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa

notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos
los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en
el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada
deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete

Núm. único de radicación: 110010315000202306501-00
Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

una situación apremiante que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva.

53. Sobre este punto la Sala debe precisar que esta Sección22 ha señalado que
aun cuando la actora considere que se le causa un perjuicio irremediable, con las
medidas cautelares se puede también obtener una protección judicial oportuna.

54. Se pone de presente que tampoco prospera la tutela como mecanismo
transitorio toda vez que la actora no acreditó siquiera de manera sumaria, los
requisitos jurisprudenciales que se exigen para que el perjuicio irremediable se
configure.

55. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional23:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar
el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a
fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.” […]”.

56. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio. En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que
la actora se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales, máxime si se tiene en cuenta que la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca manifestó que realizó
seguimiento y adoptó algunas medidas en relación con el estado de salud de la
actora, razón por la cual, se insiste, corresponde al juez ordinario determinar, con

22 Consejo de Estado, Sección Primera, (Expediente núm. 2015-01490-01, sentencia de 29 de octubre de

2015).
23 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

Núm. único de radicación: 110010315000202306501-00
Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

fundamento en las pruebas allegadas al proceso y previo al cumplimiento de los
requisitos legales, si, en efecto, se configuró alguna de las causales de nulidad
respecto del acto que aceptó la renuncia de la actora.

Las actuaciones realizadas por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

57. La actora señaló que la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial vulneró sus derechos
fundamentales, con ocasión a que “[…] a través del COPASST nunca brindo (sic) un
asesoramiento y/o seguimiento o control a la empleada […]”.

58. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle
del Cauca solicitó señaló que:

“[…] la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del
Cauca), a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), cuenta con un concepto sin recomendaciones médicas de la Señora
Kelly Melissa del 11 de noviembre de 2022 el cual se emitió en las valoraciones
medicas (sic) ocupacionales periódicas. (Se anexa).

No hay solicitud de la EPS de documentación para proceso de calificación de
origen de la patología manifestada por la servidora.

A raíz de una solicitud realizada por el Juez tercero laboral del circuito de
Palmira el Dr. […] al Consejo Seccional de la Judicatura y al área de Seguridad
y Salud en el Trabajo, realizó una visita al despacho el 30 de junio de 2023
previa Coordinación con el Juez para realizar un acompañamiento al despacho
en situaciones de riesgo psicosocial que se estaban presentando, de dicha
intervención surge la necesidad de realizar asesorías psicológicas a algunos
empleados entre ellos la Servidora Kelly Melissa Murcia Perdomo. (Se anexa
informe de la psicóloga).

La Servidora Judicial pertenece al Sistema de Vigilancia Epidemiológico de la
Rama Conscientemente desde el 30 de junio de 2023 por lo cual es susceptible
de seguimiento por la patología que refiere, la psicóloga de la Rama Luz Karime
Vidal le venía realizado (sic) seguimiento por diferentes medios.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ofrece dentro del
programa de prevención de riesgo psicosocial alternativas en actividades como
capacitaciones, sensibilizaciones, talleres, el Encuentro de Seguridad y Salud en el
Trabajo realizado para el circuito de Palmira, la línea de orientación psicológica, las
asesorías psicológicas individuales, las consultorías organizacionales entre otros,
con las cuales se pretende disminuir el riesgo psicosocial al que están expuestos los
servidores judiciales por motivos intra y extra laborales.

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Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

Es de mencionar, que la desvinculación de la señora KELLY MELISSA MURCIA
PERDOMO se produce por la renuncia presentada por la misma actora, lo cual se
ejecutó a través del acto administrativo emitido por el Juez Tercero Laboral del
Circuito de Palmira […]”.

[…]

“[…] Como se puede observar de lo anterior, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, ha actuado en el marco de su
competencia, es decir; que mientras la señora KELLY MELISSA MURCIA
PERDOMO estuvo vinculada a la Nación - Rama Judicial, se le realizó
acompañamiento sobre las situaciones de riesgo psicosocial que se estaban
presentando, de dicha intervención surge la necesidad de realizar asesorías
psicológicas a algunos empleados entre ellos la Servidora Kelly Melissa […]”.

59. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que no le asiste razón a la
actora frente a sus reparos relacionados con que “[…] a través del COPASST nunca
brindo (sic) un asesoramiento y/o seguimiento o control a la empleada […]”, toda
vez que como lo señaló y acreditó24 la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, le hizo seguimiento y
acompañamiento a la actora, sin que se pueda advertir un comportamiento omisivo
por parte de la entidad que haya amenazado o vulnerado sus derechos
fundamentales.

60. En ese orden de ideas, frente a los reparos propuestos por la actora contra
la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali – Valle del Cauca se negará la solicitud de tutela, al no advertirse la
omisión que adujo la actora en su contra.

Conclusiones de la Sala

61. Con fundamento en lo anterior, la Sala i) declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela frente a los reparos propuestos contra el Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Palmira, por no cumplir con el requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad; y ii) negará la solicitud de tutela frente a los reparos propuestos por
la actora contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de

24 La Sala advierte que, para tal efecto, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali –
Valle del Cauca allegó: “[…] INFORME INTERVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO JUZGADO TERCERO
LABORAL PALMIRA VALLE […]” y “[…] CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL PERIODICO […]”.

Núm. único de radicación: 110010315000202306501-00
Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela frente a los reparos
propuestos contra el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Palmira, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR la solicitud de tutela frente a los reparos propuestos por la
actora contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.

Núm. único de radicación: 110010315000202306501-00
Actor: Kelly Melissa Murcia Perdomo

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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