Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06504-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06504-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06504-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
18 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06504-01
Actora: María del Carmen Angulo Castillo
Demandada: Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Temas: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general
de procedencia de subsidiariedad
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de
tutela de 5 de febrero de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, por medio de la cual negó la solicitud de tutela.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
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Núm. único de radicación: 110010315000-202306504-01
Actora: María del Carmen Angulo Castillo
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 30 de junio de 2023,
en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
1100133-35014201900008-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, presentó demanda contra la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que: i) se declarara la nulidad de la
Resolución núm. UAR 17-80 de 1.° de agosto de 2017, expedida por el Director de
la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual se
efectuó un nombramiento en propiedad; y ii) a título de restablecimiento del
derecho, solicitó se condenara a la entidad demandada a: “[…] i) reintegrar a la
demandante al cargo que ocupaba al momento de su desvinculación o a otro de
similares o superiores condiciones, pagando todos los salarios, prestaciones
sociales, bonificaciones judiciales, auxilios, primas y demás emolumentos a que
tenga derecho, así como los aportes a seguridad social desde la fecha en que fue
retirada del servicio hasta que se produzca el reintegro; ii) declarar que no ha
existido solución de continuidad en la prestación de los servicios por parte de la
demandante; iii) pagar lo correspondiente a ciento ochenta (180) días de salario
por concepto de indemnización por despido sin autorización legal, conforma al
artículo 26 de la Ley 361; iv) declarar que la desvinculación de la demandante
durante septiembre de 2017, fue ilegal y, en tal sentido, ordenar el pago del salario
de dicho mes junto con las prestaciones sociales, bonificaciones judiciales,
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Núm. único de radicación: 110010315000-202306504-01
Actora: María del Carmen Angulo Castillo
auxilios, primas y demás emolumentos, así como aportes a seguridad social, en
forma proporcional; v) pagar el valor correspondiente a la pérdida del poder
adquisitivo del peso, entre la fecha que se produjo la desvinculación hasta la fecha
en que se produzca el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos adeudados; vi) liquidar las condenas en moneda de curso legal en
Colombia, con los ajustes de valor conforme al índice de precios al consumidor,
conforma al artículo 187 del CPACA; vii) pagar intereses de mora a la tasa máxima
legal, sobre las sumas anteriormente referidas y viii) pagar las costas, gastos del
proceso y agencias en derecho. […]”.
4. Adujo que, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante
sentencia de 22 de junio de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
5. Manifestó que, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 30 de junio de 2023,
resolvió:
“[…] Primero. REVOCAR la sentencia del 31 de julio de 2019, proferida por el Juzgado
Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Francy
Yaneth Correa contra el Municipio de Sopó (Cundinamarca), de conformidad a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. INHIBIRSE de efectuar pronunciamiento respecto del fondo del asunto, en
relación con las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en precedencia
[…]”.1
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] En concordancia con lo expuesto, conforme ha sido expresado por el Consejo
de Estado, la proposición jurídica incompleta «[…] como requisito de validez de la
demanda impide el ejercicio de la capacidad decisoria del juez frente al litigio
propuesto, pues el acto demandado no es autónomo, por encontrarse en una
inseparable relación de dependencia con otros no impugnados que determinan su
contenido, validez o su eficacia […].»; en tal sentido, resulta indispensable, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, acreditar el
cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 163 de la Ley 1437 de
2011, esencialmente, en el deber que asiste al interesado de individualizar en forma
clara y precisa el acto administrativo acusado, lo cual se traduce en que la demanda
debe recaer sobre el acto que crea, modifica o extingue la situación jurídica particular,
de manera que si tal acto no es demandado, conlleva una decisión inhibitoria, sin que
1 Transcripción literal del texto.
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Actora: María del Carmen Angulo Castillo
ello implique, la vulneración de los derechos fundamentales del demandante, pues, al
haberse acreditado que hubo una incorrecta individualización del acto acusado, no
podría ser otra la decisión, pues la ineptitud de la demanda constituye un impedimento
para la decisión de fondo. […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, las pretensiones que se plantean en la demanda delimitan el
ejercicio de la capacidad decisoria del juez y por supuesto debe guardar congruencia
la nulidad del acto con el restablecimiento del derecho pretendido, de lo contrario, se
torna dificultosa la labor de adoptar una decisión de fondo, lo que indiscutiblemente
llevaría a un fallo inhibitorio; máxime teniendo en cuenta que la finalidad del proceso
contencioso administrativo, es la tutela judicial efectiva como manifestación del
derecho al acceso a la administración de justicia. […]”.
[…]
“[…] Por lo anterior, se reitera que, para el caso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho es relevante identificar la actuación que produjo el
perjuicio, es decir, debe demandarse judicialmente el acto administrativo que generó
la lesión alegada sobre el derecho subjetivo, es decir, aquel que concreta de manera
particular la situación debatida (en el caso concreto la desvinculación efectiva), de tal
forma que pueda válidamente traducirse en un restablecimiento en favor de la parte
demandante. […]”.
[…]
“[…] Conforme a lo expuesto, advierte la Sala, que en este caso la parte demandante
no realizó una proposición jurídica completa, pues sólo atacó la legalidad de la
Resolución UAR 17-80 del 01 de agosto de 2017, pero dejo (sic) de impugnar el Oficio
No. UAO17-220 del 30 de agosto de 2017, a través del cual el director de la Unidad
de Auditoria (sic) del Consejo Superior de la Judicatura, comunicó a la señora María
del Carmen Angulo Castillo la provisión del cargo que desempeña, por parte de quien
adquirió el derecho en propiedad a través del concurso de méritos y
consecuencialmente, requirió la entrega del cargo, con las indicaciones pertinentes,
siendo este el acto integrador que torna eficaz la producción de los efectos del acto
que nombra en propiedad a la persona que ocuparía el cargo desempeñado en
provisionalidad por la demandante, luego entonces, modifica la situación jurídica
particular de la misma.
En virtud de lo anterior, no se cumple con la condición de idoneidad sustantiva de la
demanda, cual es, que se hayan demandado todos los actos que constituyen la
voluntad de la administración, cuyo argumento encuentra sustento principal en la
debida técnica que se exige cuando se demanda ante la jurisdicción contencioso
administrativa por la condición de rogada, máxime teniendo en cuenta que, si no se
plantea la nulidad frente a los actos que constituyen el perjuicio alegado, se torna
imposible ordenar el restablecimiento del derecho, más aun (sic) cuando el único acto
administrativo demandado en el sub judice, solamente hace referencia y produce
efectos jurídicos frente a la situación jurídica de una persona totalmente distinta a la
aquí demandante a quien no se le pueden desconocer los derechos obtenidos en
virtud de un concurso de méritos, aunado al hecho que de dicho acto administrativo
no se deriva restablecimiento alguno a favor de la señora Angulo Castillo.
De todo lo expuesto en precedencia, es claro que la parte demandante incurrió en un
defecto procesal que impide un pronunciamiento de fondo al demandar únicamente
un acto administrativo que no afecta directamente su situación jurídica y que, de ser
procedente su anulación, no genera el restablecimiento del derecho pretendido; por
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Actora: María del Carmen Angulo Castillo
el contrario, conforme al acervo probatorio, es evidente que existe un acto integrador
expreso que contiene la manifestación de la voluntad de la administración frente a la
situación jurídica de la demandante, cual es, el Oficio No. UAO17-220 del 30 de
agosto de 2017, que bien pudo haber sido demandado para llevar a cabo el respectivo
análisis de legalidad; sin embargo, como la parte demandante no demandó
adecuadamente los actos que surtían efectos jurídicos frente a su situación particular
y concreta, no puede esta Sala continuar con el proceso, pues no es procedente
adecuar el trámite para estudiar la legalidad de un acto que no fue deprecado como
viciado de nulidad, no solo por ser una carga que recae en la parte demandante, al
tenor de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 1437 de 2011, sino porque tal
actuación conllevaría la vulneración del derecho de defensa y contradicción de la
entidad demandada. […]”.
6. Indicó que, el Tribunal, mediante el auto de 9 de octubre de 2023, resolvió:
“[…] Primero. Corregir de oficio la sentencia del 30 de junio de 2023, proferida por
esta Sala, en relación con el numeral primero de la parte resolutiva, el cual quedará
así:
«Primero. REVOCAR la sentencia del 22 de junio de 2021, proferida por el Juzgado
Catorce (14) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora María del Carmen Angulo
Castillo contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
[…].».
Segundo. Dejar incólumes los demás artículos de la parte resolutiva de la sentencia
analizada […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Que se tutelen mis derechos al debido proceso y acceso a la administración de
justicia vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda
y en su lugar se deje sin efectos la sentencia del 30 de junio de 2023, por medio de
la cual se revocó la providencia del 31 de julio de 2019, proferida por el Juzgado 14
Administrativo Oral de Bogotá.
Que se le ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda, que
profiera sentencia de reemplazo en la que se estudie de fondo el caso objeto de
estudio, teniendo en cuenta el precedente vertical y horizontal fijado por el Consejo
de Estado para esta clase de asuntos y las pruebas aportadas al plenario. […]”.
8. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló que la autoridad accionada
incurrió en: i) un defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas existentes
en el proceso, ii) un defecto sustantivo por cuanto no se estudió de fondo el asunto
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Actora: María del Carmen Angulo Castillo
en cuestión, iii) un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en la medida
en que, a su juicio, la autoridad judicial demandada actuó de forma arbitraria y se
declaró inhibida, pese a que se demandó el acto administrativo que modificó su
situación jurídica, lo cual generó una denegación de justicia, dándose prevalencia
al derecho formal sobre el sustancial; iv) un defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial, comoquiera que desconoció los pronunciamientos del
Consejo de Estado sobre los actos administrativos definitivos objeto de control
judicial2, aplicando una nueva tesis, según la cual se debía demandar la
comunicación - Oficio núm. UAO17-220 de 30 de agosto de 2017-, “[…]
olvidándose que el acto administrativo que modificó [su] situación jurídica fue la
resolución de nombramiento de la persona que ganó el concurso – Resolución No.
UAR 17-80 de 1 de agosto de 2017- […]”; y v) en la causal de violación directa de
la Constitución. Para tal efecto, sostuvo que:
“[…] De hecho, el Consejo el Estado en un caso en un caso donde no se demandó
un acto administrativo que a su juicio era integrador, señaló que, pese a eso, no podía
trasladársele a la parte demandante dicha inadvertencia y dijo que en aras de
garantizar el acceso a la administración de justicia se debería estudiar de fondo el
acto demandado, pues no era dable un fallo inhibitorio.
Menos aún puede hablarse de un fallo inhibitorio respecto de un Oficio No. UAO17-
220 del 30 de agosto de 2017, a través del cual el director de la Unidad de Auditoria
del Consejo Superior de la Judicatura, comunicó la provisión del cargo que
desempeñaba, pues ello no hace parte de una proposición jurídica completa, pues
éste es un acto de trámite y no es el que crea, modifica o extingue una situación
jurídica, pues ENFATIZO el oficio mencionado, es un acto de comunicación, por ende
no es demandable, y de ser así es un acto accesorio que corre la suerte de lo principal.
[…]”.
[…]
“[…] Por lo anterior, en el presente asunto, es claro que el oficio No. UAO17-220 del
30 de agosto de 2017, es un simple acto de comunicación accesorio para la entrega
del cargo, pero no es el acto administrativo que causó el retiro del servicio, pues mi
situación jurídica realmente la definió, La Resolución No. UAR 17-80 del 01 de agosto
de 2017, en la que se nombró en propiedad a la persona que se ganó el concurso en
el Cargo de Profesional Universitario grado 18 de la Unidad de Auditoria de la ciudad
de Cali, cargo único en la Ciudad de Cali y en el cual yo me encontraba posesionada,
por lo que esa comunicación no es un acto administrativo integrador y tampoco un
acto administrativo demandable y en gracia de discusión que se aceptara dicha tesis
es un acto accesorio que corre la suerte de lo principal […]”.
[…]
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencias de 27 de febrero de 2013, radicado núm.
76001 23-31-000-2007-01010-01 (1519-12) y Sentencia de 7 de junio de 2018, radicado núm. 08001-23-31-
000-2010-00221-01 (2015-12).
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Actora: María del Carmen Angulo Castillo
“[…] El asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
vulneración de mis derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, pues de admitirse la tesis que planteó el Tribunal de
Cundinamarca, según la cual, las personas que ocupan cargos en provisionalidad y
son retirados de los mismos, deben demandar las comunicaciones en las que
informan las decisiones adoptados en actos administrativos definitivos y en las que
solicitan la entrega del puesto y no el acto definitivo como tal, se estaría vulnerando
el acceso a la administración de justicia de todas las personas que se encuentren en
mi situación, al ser desvinculados de cargos provisionales por la provisión de un
concurso de méritos, sin darles la posibilidad de obtener una decisión de fondo.
Además, también es violatorio al derecho al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se declaró inhibido
y no se pronunció respecto de los argumentos de hecho y derecho planteados en la
demanda ni de las pruebas aportadas, alegando una indebida integración del acto
administrativo a sabiendas no solo de que esta situación ya se había debatido por el
A quo y que este inadmitió la demanda precisando cual era el acto demandado y de
esa forma se corrigió, sino también el hecho de que se demandó el acto administrativo
definitivo que me lesionó por lo que se observa una actuación judicial claramente
arbitraria y violatoria de mis derechos fundamentales, negándome la posibilidad de
que se estudie mi proceso en segunda instancia y fundándose en una inhibición no
justificada que es ajena a los deberes constitucionales y legales del juez y configura
una verdadera denegación de justicia. […]”.
[…]
“[…] Así pues, es evidente que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, vulneró
mis derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, pues se
declaró inhibido cuando no podía hacerlo, apartándose del precedente y sin cumplir
una carga argumentativa rigurosa, pues se apartó de los pronunciamientos del
Consejo de Estado respecto de los actos administrativos definitivos, inhibiéndose con
una tesis nueva según la cual se deben demandar las simples comunicaciones,
olvidándose que el acto administrativo que modificó mi situación jurídica, fue la
Resolución de nombramiento de la persona que se ganó el concurso.
También se vulneró mi derecho a la administración de justicia, pues el Tribunal se
apartó del estudio riguroso que hizo el Juez A quo, al inadmitir la demanda y en el
que señaló que actos son susceptibles de ser demandados y de la sentencia en la
que con fundamento en todas las pruebas que se aportaron concluyó que se debía
acceder a las pretensiones
Sobre el particular, es necesario hacer alusión a una providencia proferida por el
Consejo de Estado en el 2018, en la cual se hace alusión a los fallos inhibitorios de la
siguiente manera […]”.
[…]
“[…] Que el Consejo de Estado ha señalado en múltiples oportunidades que una
inhibición no justificada es ajena a los deberes constitucionales y legales del juez y
configura una verdadera denegación de justicia, pues el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca contaba con las herramientas precisas para tomar una decisión de
fondo frente a mis pretensiones y al emitir un falló inhibitorio indebidamente justificado
se configuró una vía de hecho que afecta de forma directa mi derecho al debido
proceso, al derecho de defensa y al acceso a la administración de justicia. […]”.3
3 Transcripción literal del texto.
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Actora: María del Carmen Angulo Castillo
Actuación
9. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, a través de auto de 30 de octubre de 2023: i) admitió la acción de tutela;
ii) ordenó notificar a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó a la Sección Segunda del Juzgado
Catorce Administrativo del Circuito de Bogotá, a la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a Lucy Dalila Hernández Bastidas,
en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2)
días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
10. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó negar la acción de
tutela, al señalar que:
“[…] Y es aquí donde se acredita que la acción de tutela no cumple con los requisitos,
pues la discusión gira en torno a aspectos legales y económicos, los cuales NO SON
DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE TUTELA, pues no basta con la sola referencia a
una afectación de garantías superiores, supone una carga adicional de la accionante
en justificar razonadamente la existencia de una restricción o violación
desproporcionada a un derecho fundamental.
De suerte que la accionante nunca manifestó, argumentó ni probó, cual (sic) es el
“supuesto perjuicio irremediable” que le ocasionó el fallo atacado. Se limita a exponer
en el escrito de Tutela postulados que no fueron objeto de debate en el medio de
control y que son interpretaciones subjetivas que hace la tutelante del fallo atacado,
precisamente por que (sic) le fue desfavorable, fallo que en concepto de la suscrita
apoderada está ajustado a la constitución y a la ley, gozando además de la presunción
de los principios constitucionales de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica
e independencia judicial que rigen todo proceso judicial.
Sumado a lo dicho, la accionante expone la situación de otros servidores en la misma
situación, a lo cual se le debe aclarar que no todos los asuntos puestos a discusión
de la autoridad judicial, aunque se pretenda lo mismo, deben recibir el mismo
tratamiento, pronunciamiento, y decisión pues cada decisión decide un caso particular
según los hechos y situaciones particulares de cada caso, de ahí que lo decidido por
el Tribunal de Administrativo de Cundinamarca sea la resolución en derecho de un
caso particular. […]”.
[…]
“[…] Argumentos que NO COMPARTE LA SUSCRITA ABOGADA por considerar a
contrario sensu, que la decisión del Tribunal -hoy atacada- si (sic) valoró en debida
forma las pruebas existentes, motivó su decisión y fundó su decisión en precedentes
normativos y jurisprudenciales que así lo respaldan. […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000-202306504-01
Actora: María del Carmen Angulo Castillo
[…]
“[…] Entonces, claramente se puede observar que la acción constitucional que inicia
la señora MARIA DEL CARMEN busca obtener una “tercera instancia”, porque la
decisión no fue favorable a su querer.
Sumado a la ausencia del deber legal de explicar y fundamentar desde la óptica de la
protección a la Constitución los supuestos derechos fundamentales vulnerados por la
autoridad judicial. […]”.
11. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, la Sección Segunda del Juzgado Catorce Administrativo del Circuito
de Bogotá y Lucy Dalila Hernández Bastidas guardaron silencio en esta etapa
procesal.
La sentencia impugnada
12. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió
sentencia de tutela, en primera instancia, el 5 de febrero de 2024, por medio de la
cual resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: NEGAR la acción de tutela formulada por María del Carmen Angulo
Castillo, por las razones expuestas. […]”.
12.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] 21. La Sala estima pertinente precisar que, si bien la parte actora alegó que la
providencia enjuiciada incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, violación directa
de la Constitución, desconocimiento del precedente y procedimental, lo cierto es que
no expuso argumentos autónomos frente a los 3 primeros, pues no indicó qué
pruebas no se valoraron, qué norma se inobservó o inaplicó ni por qué, más allá de
la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados, se estaba ante
una violación directa de la Constitución.
22. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima que, en últimas, todos los defectos
invocados confluyen en los 2 últimos, a saber, el desconocimiento del precedente
sobre los actos administrativos objeto de control judicial y el defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, fundamentado en la presunta prevalencia del derecho
formal sobre el sustancial con la decisión del tribunal de declararse inhibido para
efectuar un pronunciamiento de fondo. Por lo expuesto, se analizarán, únicamente,
esos 2 defectos, siempre y cuando se superen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. […]”.
[…]
“[…] 27. La accionante, en el escrito de tutela, señaló que el Tribunal demandado
desconoció el precedente judicial del Consejo de Estado - Sentencias de 27 de
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Actora: María del Carmen Angulo Castillo
febrero de 2013 y 7 de junio de 2018 – en relación con los actos administrativos
definitivos y su control judicial, (se trascribe (sic)) “inhibiéndose con una tesis nueva
según la cual se deben demandar las simples comunicaciones, olvidándose que el
acto administrativo que modificó mi situación jurídica, fue la Resolución de
nombramiento de la persona que se ganó el concurso”.
28. Para la parte accionante, los precedentes referidos establecen que la
comunicación es un simple acto de ejecución y que el hecho de que no se demande,
no impide un pronunciamiento sobre la legalidad del acto general que suprimió un
cargo, como ocurrió en su caso. Por tanto, afirmó que la comunicación - Oficio No.
UAO17-220 de 30 de agosto de 2017 - no era un acto integrador ni era demandable
o que, de aceptarse dicha tesis, era un acto accesorio que corría la suerte del
principal.
29. En atención a lo expuesto, la Sala considera este defecto no se encuentra
configurado, toda vez que, (1) en los asuntos alegados como desconocidos no se
fijaron reglas de unificación para aplicar en casos con los mismos supuestos y (2) se
evidenció que esos casos difieren de la situación particular planteada en el asunto
bajo estudio.
30. Lo anterior obedece a que, mientras en las Sentencias de 27 de febrero de 2013
y 7 de junio de 2018, los casos se relacionaron con actos administrativos generales
que dispusieron la supresión de cargos y la posterior comunicación de dicha
supresión, en la Sentencia de 30 de junio de 2023, el caso versó respecto del
nombramiento de la persona que superó un concurso de méritos en el cargo que la
señora Agudelo Castillo ocupaba en provisionalidad y la posterior comunicación de
dicho nombramiento, junto con la solicitud de entrega del cargo.
31. Así, en la Sentencia de 27 de febrero de 2013, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado resolvió declararse inhibida porque el demandante
solicitó la nulidad del oficio de comunicación de supresión del cargo de auxiliar de
servicios asistenciales, más no los actos que determinaron dicha supresión,
supuesto fáctico que, para la Sala, no guarda similitud con el de la referencia.
32. Por su parte, aunque en la Sentencia de 7 de junio de 2018 se revocó la decisión
en la cual el juez de primera instancia se declaró inhibido para pronunciarse sobre
el fondo del asunto porque el actor no demandó el oficio que comunicó la supresión
de su cargo de vigilante, lo cierto es que el fundamento de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado consistió en que, bajo la tesis de los actos
integradores, la comunicación era un simple acto de ejecución del acto general que
ordenó la supresión y definió la situación particular y, por ende, bastaba con que se
demandara este último acto, tal y como lo hizo el demandante en su momento.
33. Se destaca que, en el pronunciamiento en precedencia, se estableció que el acto
general era el que concretaba la decisión de suprimir los cargos, pero como aquí no
hubo supresión de cargos sino nombramiento de un empleado de carrera, la Sala
evidencia que la comunicación de la provisión del cargo que ocupaba la aquí
demandante y la orden de entrega de dicho cargo era el acto administrativo
enjuiciable.
34. Es así como, de manera razonada, el tribunal demandado determinó que la
señora Angulo Castillo demandó (se trascribe (sic)) “únicamente un acto
administrativo que no afecta directamente su situación jurídica y que, de ser
procedente su anulación, no genera el restablecimiento del derecho pretendido; por
el contrario, conforme al acervo probatorio, es evidente que existe un acto integrador
expreso que contiene la manifestación de la voluntad de la administración frente a la
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Actora: María del Carmen Angulo Castillo
situación jurídica de la demandante, cual es, el Oficio No. UAO17-220 del 30 de
agosto de 2017”.
35. Respecto del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en el que,
según la demandante, incurrió la autoridad judicial demandada por haber actuado
de forma arbitraria, haberse declarado inhibida y haber dado prevalencia al derecho
formal sobre el sustancial, pese a que ella demandó el acto administrativo que
modificó su situación jurídica, la Sala observó que dicho defecto no se configuró, ya
que la decisión enjuiciada tuvo sustento fáctico y jurídico y, por ende, no fue
arbitraria.
36. Es más, aunque la señora Angulo Castillo demandó la resolución de
nombramiento [Resolución No. UAR17-80 de 1 de agosto de 201715], se constató
que con su eventual nulidad no se podía ordenar un restablecimiento del derecho en
su favor, pues era necesario que también demandara el Oficio No. UAO17-220 de
30 de agosto de 2017, el cual, no sólo comunicó el contenido de la referida
resolución, sino que también le dio la orden de entregar el cargo que ocupaba
[profesional universitario, grado 18] para el 1 de septiembre de 2017, fecha en la que
se iba a posesionar la persona nombrada en propiedad. […]”.
La impugnación
13. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas señaló lo siguiente4:
“[…] 2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, transgredió mis derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, e incurrió
en los defectos sustantivo, fáctico, violación directa de la Constitución Política,
defecto procedimental y desconocimiento del precedente judicial, pues profirió una
sentencia, sin realizar la valoración de pruebas existentes en el proceso,
argumentando una indebida integración de los actos administrativos a sabiendas
de que esta situación ya se había definido por el Juez de primera instancia y que
además nunca fue objeto de debate por parte de la entidad demandada, es decir
la sentencia es incongruente.
Así mismo se apartó de los procedimientos establecidos por el órgano de cierre
respecto de los actos administrativos pasibles de control judicial sin justificarlo de
forma suficiente y razonada, desconociendo por completo los postulados
constitucionales y legales y no estudió el fondo del asunto, apoyándose en criterios
erróneos y desconociendo la jurisprudencia aplicable a este tema, para esta clase
de asuntos.
De igual forme, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, contiene el defecto de exceso ritual manifiesto, pues el Tribunal
actuó de forma arbitraria inhibiéndose de realizar un estudio de fondo y valorar las
pruebas aportadas al plenario, argumentando una indebida integración de los actos
demandados, poniéndome trabas a sabiendas de que demandé el acto
administrativo que modificó mi situación jurídica ocasionándome un perjuicio al ser
removida del cargo contando con la condición de pre prepennsionada, mismo que
ya había sido objeto de debate por parte del A quo y que nunca discutió la parte
demandada, dándole prevalencia al derecho material por encima del sustancial e
4 Transcripción literal del texto.
12
Núm. único de radicación: 110010315000-202306504-01
Actora: María del Carmen Angulo Castillo
impidiendo que obtenga una valoración seria, objetiva y justa, respecto de las
pretensiones de la demanda.
4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Interpretó con exceso rigor y
formalismo el contenido del artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo, norma bajo la cual se tramitó el proceso objeto de cuestionamiento,
en tanto que la exigencia de individualizar y precisar todos los actos administrativos
o decisiones que modifiquen o confirmen la situación jurídica busca darle claridad
al juez sobre cuál es la manifestación de la voluntad de la administración que crea,
modifica o extingue los derechos de la trabajador, pero no implica el
desconocimiento de la garantía fundamental de acceso real y efectivo a la
administración de justicia y prevalencia de los derechos laborales, por lo que el
Tribunal debió aplicar los principios pro actione y pro homine, interpretar el escrito
de demanda y concluir que demandó todos los actos administrativos que le negaron
el derecho a la reliquidación reclamada. […]”.
[…]
“[…] En el presente asunto, no se puede hablar de un fallo inhibitorio respecto de
un Oficio No. UAO17- 220 del 30 de agosto de 2017, a través del cual el director
de la Unidad de Auditoria del Consejo Superior de la Judicatura, comunicó la
provisión del cargo que desempeñaba, pues ello no hace parte de una proposición
jurídica completa, pues éste es un acto de trámite y no es el que crea, modifica o
extingue una situación jurídica, pues ENFATIZO el oficio mencionado, es un acto
de comunicación, por ende no es demandable, y de ser así es un acto accesorio
que corre la suerte de lo principal. […]”.
[…]
“[…] Por lo anterior, en el presente asunto, es claro que el oficio No. UAO17-220
del 30 de agosto de 2017, es un simple acto de comunicación accesorio para la
entrega del cargo, pero no es el acto administrativo que causó el retiro del servicio,
pues mi situación jurídica realmente la definió, La Resolución No. UAR 17-80 del
01 de agosto de 2017, en la que se nombró en propiedad a la persona que se ganó
el concurso en el Cargo de Profesional Universitario grado 18 de la Unidad de
Auditoria de la ciudad de Cali, cargo único en la Ciudad de Cali y en el cual yo me
encontraba posesionada, por lo que esa comunicación no es un acto administrativo
integrador y tampoco un acto administrativo demandable y en gracia de discusión
que se aceptara dicha tesis es un acto accesorio que corre la suerte de lo principal.
[…]”.
[…]
“[…] Ahora bien, el Consejo de Estado en tutela 11001-03-15-000-2020-01858-
01(AC) del 13 de agosto de 2020. Sostuvo lo siguiente […].
[…]
“[…] De igual forme (sic), el reciente pronunciamiento del 5 de mayo de 2022,
dentro del asunto con radicado 25000-23-42-000-2014-03262-01 (2842019), el
consejero Carmelo Perdomo Cueter, respecto de los fallos inhibitorios sostuvo […]”.
[…]
“[…] Por lo anterior y en palabras del Consejo de Estado, aceptar que por un solo
requerimiento procesal frente a una de las pretensiones se pueda dar lugar para
13
Núm. único de radicación: 110010315000-202306504-01
Actora: María del Carmen Angulo Castillo
inhibirse para hacer un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la
demanda, corresponde a una exageración de la formalidad sobre el derecho
sustancial, situación que de contera, contrasta con los preceptuado por el Artículo
228 Constitucional, implicando la denegación del acceso a la administración de
justicia y creando una situación que va en contravía de los postulados procesales
del C.P.A.C.A., especialmente el de economía procesal.
Además, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca debió emitir un
pronunciamiento de fondo, pues si bien no se incluyó expresamente la
pretensión de nulidad del oficio No. UAO17-220 del 30 de agosto de 2017, por
no ser un acto definitivo, lo cierto es que tal falencia pudo subsanarse o
superarse con el estudio e interpretación adecuada de la demanda y de los
demás documentos que reposan en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. […]”. (Resaltado del texto original)
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20197, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
14
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Actora: María del Carmen Angulo Castillo
Problemas Jurídicos
16. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
al proferir la sentencia de 30 de junio de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 1100133-35014201900008-01, incurrió en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, lo que trajo como
consecuencia que el Tribunal vulnerara sus derechos fundamentales.
17. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los
requisitos de procedencia en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; v) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vi) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia; vii) análisis del caso concreto, y finalmente viii) las conclusiones de la
Sala.
Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
18. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello8, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
15
Núm. único de radicación: 110010315000-202306504-01
Actora: María del Carmen Angulo Castillo
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales
19. Esta Sección9 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
20. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
21. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedencia, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”10.
22. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material
o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,
C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
16
Núm. único de radicación: 110010315000-202306504-01
Actora: María del Carmen Angulo Castillo
23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos
parámetros.
24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de
tutela en el caso concreto
26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.
27. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedencia:
27.1. Al abordar el estudio del requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional, la Sala advierte que, tal como lo consideró el A quo, frente a los
11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
17
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defectos fáctico, sustantivo y la causal de violación directa de la Constitución, no
se cumple con dicho requisito.
27.1.1. En efecto, para la Sala la actora no cumplió con la carga argumentativa
mínima para estructurar el defecto fáctico13, toda vez que no indicó
específicamente que medios probatorios obrantes en el expediente, fueron
valorados erróneamente por parte del juez colegiado; ii) que además dichos
medios probatorios eran relevantes para cambiar el sentido de la decisión; y iii)
demostrar que la valoración errónea de las pruebas fue una actuación grosera,
arbitraria e irrazonable que trajo como consecuencia la afectación de derechos
fundamentales.
27.1.2. Ahora bien, frente al defecto sustantivo para la Sala la actora tampoco
cumplió con la carga argumentativa mínima para estructurar dicho defecto, toda
vez que no indicó específicamente que normas jurídicas se inobservaron, se
inaplicaron o se aplicaron de manera indebida, ni mucho menos las razones y la
incidencia de dicha irregularidad frente a la decisión cuestionada.
27.1.3. Finalmente, la actora en su escrito de tutela indicó que la autoridad judicial
accionada incurrió en la causal de violación directa de la Constitución, no obstante
no estableció las razones jurídicas que en el caso concreto acreditaran que el juez
colegiado vulneró sus derechos fundamentales por haber efectuado una i)
interpretación de las normas jurídicas contrarias a la Constitución o iii) en la
solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional.
27.1.4. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a
la acción de tutela no puede considerarse absoluto14, pues es necesario satisfacer
ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad
aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera
violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del
13 Frente a la carga argumentativa mínima para efectos de estructurar el cargo por defecto fáctico, ver entre
otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2020-00342-00.
14 Sobre el principio de informalidad, ver Auto A165 de 2011 de la Corte Constitucional.
18
Núm. único de radicación: 110010315000-202306504-01
Actora: María del Carmen Angulo Castillo
órgano autor de la amenaza o del agravio 15, el señalamiento de las causales
especiales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales lo que implica
cumplir con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso
concreto, entre otros aspectos.
27.2. Frente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto la Sala advierte que es evidente
que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que
se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de la actora al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
27.2.1. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la
posible afectación de los derechos fundamentales invocados supra, y además, ii)
la actora cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas
por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente y en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto.
27.2.2. Para la Sala exigirle a la actora una carga argumentativa mínima se justifica,
toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal
de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales16, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica de la actora, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.
15 Decreto 2591 de 1991, artículo 14.
16 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
19
Núm. único de radicación: 110010315000-202306504-01
Actora: María del Carmen Angulo Castillo
27.3. Cumplió con el requisito general de procedencia de inmediatez17.
27.4. Frente al requisito general de procedencia relacionado con que no existan
medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con
los cuales la actora pueda lograr la protección de los derechos invocados, la Sala
advierte que, respecto del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, la
solicitud de tutela no cumple con el requisito general de procedencia de la
subsidiariedad.
27.4.1. La actora señaló que la autoridad accionada incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, en la medida en que, a su juicio, la
autoridad judicial demandada actuó de forma arbitraria y se declaró inhibida, pese
a que se demandó el acto administrativo que modificó su situación jurídica, lo cual
generó una denegación de justicia, dándose prevalencia al derecho formal sobre
el sustancial.
27.4.2. Al respecto, la Sala considera, como lo ha advertido en otras
oportunidades18, que no se cumple con el requisito general de procedencia de la
subsidiariedad, toda vez que, de conformidad con lo previsto en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la actora cuenta,
previo al cumplimiento de los requisitos legales, con el recurso extraordinario de
revisión.
27.4.3. En ese sentido, esta Sala ha considerado que el recurso extraordinario de
revisión, bajo la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código
mencionado supra, es el medio judicial idóneo para controvertir la presunta
afectación de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión de la expedición de una sentencia
inhibitoria. Al respecto, en la sentencia de 7 de julio de 202319, se consideró que:
17 Puesto que el auto de 9 de octubre de 2023, que corrigió de oficio la sentencia de 30 de junio de 2023
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se notificó
por estado que se desfijó el 17 de octubre de 2023, mientras que la tutela se interpuso el 23 de octubre de
2023, es decir, se presentó antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia que
puso fin al proceso.
18 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de marzo de
2024, número único de radicación 11001-03-15-000-2024-00582-00. C.P.: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
19 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de julio de 2023,
número único de radicación 11001-03-15-000-2023-02713-00. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.
20
Núm. único de radicación: 110010315000-202306504-01
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“[…] Ahora, los disensos de la actora radican en que, a su juicio, el TRIBUNAL
al inhibirse del resolver el fondo del asunto, ante una indebida escogencia de la
acción, desconoció los derechos que le asistían de obtener una decisión dentro
del asunto que se sometió a su consideración.
Así pues, a partir de los fundamentos de la solicitud de tutela y de la revisión de
la actuación, la Sala advierte que no se cumple en este caso el requisito general
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial consistente en
la subsidiariedad de la acción, pues contra la providencia judicial censurada
procede el recurso extraordinario de revisión, por la causal de nulidad originada
en la sentencia.
Lo anterior, debido a que para discutir los planteamientos expuestos en la
solicitud de tutela, la actora tiene a su disposición el recurso
extraordinario de revisión de conformidad con la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, esto es,
por presuntamente existir una nulidad en la sentencia acusada.
Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 8 de
mayo de 2018, señaló que el citado recurso extraordinario procede por la
causal de revisión de nulidad originada en la sentencia por violación del
artículo 29 constitucional, cuando se expide un fallo inhibitorio
injustificado, como el que, según se alega por la accionante, terminó
profiriéndose en este asunto […]”. (Resaltado por la Sala)
27.4.4. Igualmente, mediante la sentencia de 8 de mayo de 201820, la Sala
Plena de esta Corporación consideró lo siguiente:
“[…] Todo lo anterior permite afirmar sin ambages que los eventos definidos
tradicionalmente por la jurisprudencia de esta Corporación como
constitutivos de nulidades originadas en sentencia, no son taxativos.
Así, por ejemplo, con esta providencia queda claro que, en aras de hacer
efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, es deber del juez decidir de fondo los litigios
cuando las circunstancias así se lo permitan, lo que significa que la
violación a tales preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio
injustificado también configura la causal de revisión alegada.
La subregla jurisprudencial, así definida, deberá aplicarse por parte de los
jueces de esta Jurisdicción, con mesura, ponderación, proporcionalidad y
adecuación a cada caso […]”. (Resaltado por la Sala)
27.4.5. En ese orden de ideas, no se cumple con el requisito general de
procedencia de subsidiariedad, en la medida en que la actora cuenta, previo al
cumplimiento de los requisitos legales, con el recurso extraordinario de revisión.
20Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de mayo de 2018.
Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV). C.P.: Alberto Yepes Barreiro.
21
Núm. único de radicación: 110010315000-202306504-01
Actora: María del Carmen Angulo Castillo
27.4.6. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
27.4.7. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela, la Corte Constitucional21 ha considerado que:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”22[…]”.
27.4.8. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la actora
se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.
27.4.9. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de
un mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan
otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de
los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.
27.5. La actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y
27.6. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
22
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Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
28. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.
29. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189623 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201124;
así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200125; C-816 de
201126; C-179 de 201627; y T-102 de 201428.
30. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”29 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…] conjunto
de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.
31. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional30, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que,
23 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
24 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de
Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.
25 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
26 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
27 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
28 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
29 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
30 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
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Actora: María del Carmen Angulo Castillo
en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).
32. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria31, la regla del respeto del precedente no
es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente
a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a
resolver una situación concreta.
33. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala32, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la
regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden
constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como
precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser
tomada como referente, y v) la consideración que esa jurisprudencia resulta
errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que
se fundamenta el ordenamiento jurídico.
34. En efecto, la Sala33 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de
la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las
que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial34”, para lo cual resulta
obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
31 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de
2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
33 ibídem.
34 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Actora: María del Carmen Angulo Castillo
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión
de apartarse.
35. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo
los órganos de cierre como lo son: i) la Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado
y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, fijan reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser
tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
36. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
37. Atendiendo a que, la Corte Constitucional35 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
35 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Actora: María del Carmen Angulo Castillo
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
38. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
39. Atendiendo a que, la Corte Constitucional36 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Análisis del caso concreto
40. La actora, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 30 de junio de 2023,
en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
1100133-35014201900008-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
36 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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supra.
41. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
42. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
43. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
43.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 110013335014201900008-01.
Solución del caso concreto
Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial
44. La actora señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, comoquiera que
desconoció los pronunciamientos del Consejo de Estado sobre los actos
administrativos definitivos objeto de control judicial37, aplicando una nueva tesis,
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencias de 27 de febrero de 2013, radicado núm.
76001 23-31-000-2007-01010-01 (1519-12) y Sentencia de 7 de junio de 2018, radicado núm. 08001-23-31-
000-2010-00221-01 (2015-12).
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según la cual se debía demandar la comunicación - Oficio núm. UAO17-220 de 30
de agosto de 2017-, “[…] olvidándose que el acto administrativo que modificó [su]
situación jurídica fue la resolución de nombramiento de la persona que ganó el
concurso – Resolución No. UAR 17-80 de 1 de agosto de 2017- […]”;
45. Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario
verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la
sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a
resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en
el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente38.
Sentencia de 27 de febrero de 201339
46. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado abordó el
conocimiento de la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, interpuso Gerardo Antonio Nieto Patiño contra el
Instituto de Seguros Sociales y la Empresa Social del Estado Antonio Nariño en
Liquidación, con la finalidad de “[…] obtener la nulidad, del Oficio No. ESEAN-RH-
1057-07 de 30 de marzo de 2007, comunicándole que el cargo de Auxiliar de
Servicios Asistenciales, Código 4053, Grado 21 que desempeñaba había sido
suprimido; las Resoluciones Nos. 1173 y 2697 de 30 de abril y 22 de mayo de 2007,
por las cuales, se efectuó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
que se adeudaban; y las Resoluciones Nos. 1690 y 3214 de 30 de abril y 22 de
mayo de 2007, reconociendo y pagando la indemnización por supresión del cargo,
proferidos por el Gerente General de la E.S.E. Antonio Nariño. A título de
restablecimiento del derecho solicitó condenar a Empresa Social del Estado a
reintegrarlo al cargo que venía desempeñando ó a uno de mejor categoría; con la
declaración de no solución de continuidad en la prestación del servicio; pagarle los
salarios dejados de percibir con sus respectivos incrementos y las prestaciones
sociales desde la fecha del retiro hasta cuando sea efectivamente reintegrado:
reajustar las prestaciones sociales y demás conceptos, incluida la indemnización,
38 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.
Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 27 de febrero de 2013, radicado núm.
76001 23-31-000-2007-01010-01 (1519-12), C.P. Bertha Lucia Ramírez De Páez.
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teniendo en cuenta los beneficios de la Convención Colectiva de Trabajo vigente
suscrita entre Representantes del ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL; dando
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 a 178 del C.C.A.
[…]”.
47. Al respecto, el Consejo de Estado fijó el siguiente problema jurídico: “[…]
determinar si el actor ostenta la calidad de prepensionado para ser parte del Retèn
Social y si tiene derecho a ser incorporado a la planta de personal; y si los salarios
y prestaciones, así como la indemnización por supresión del cargo deben ser
liquidación (sic) aplicando la Convención Colectiva, suscrita entre Representantes
del Instituto de Seguros Sociales - ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL […]”.
48. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin
de resolver el problema jurídico propuesto, desarrolló los siguientes temas: “[…] I)
La Nulidad de la Comunicación de Supresión del Cargo; II) La Naturaleza del
Instituto de Seguros Sociales; III) Consecuencias de la mutación de Trabajador
Oficial a Empleado Público; IV) Competencia para fijar el régimen salarial de los
empleados públicos; V) Las Convenciones Colectivas de Trabajo; VI) El Retén
Social […]”; de conformidad con lo cual, concluyó en el caso concreto que:
“[…] Si bien es cierto la Convención Colectiva de Trabajo suscrita en el año 2001,
para una vigencia inicial de tres (3) años, a la fecha en que se escindió el Instituto
de Seguros Sociales - ISS aún se encontraba vigente, también lo es que a partir de
26 de junio de 2003 el actor comenzó a ostentar la condición de empleado público
y, en consecuencia, sin derecho a suscribir Convenciones Colectivas ni a
beneficiarse de tales acuerdos.
Sin embargo, se observa que el Decreto 1750 de 2003 estableció que el régimen
salarial y prestacional de las Empresas Sociales del Estado será el propio de los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, respetándose en todo
caso “(…) los derechos adquiridos (…)”, teniéndose como tales “en materia
prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones
sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las
cuales no podrán ser afectadas”. (Artículo 18) -el aparte subrayado fue declarado
inexequible mediante sentencia C-314/04 de la Corte Constitucional- […]”.
[…]
“[…] Por tal razón, no es posible extender los beneficios Convencionales hasta lo
reconocido y liquidado en las Resoluciones Nos. 1173, 2697, 1690 y 3214 de 2007,
mediante las cuales se efectuó la liquidación de la indemnización por retiro del
servicio y las prestaciones sociales definitivas respectivamente, pues el demandante
ya no era beneficiario de la Convención Colectiva […]”.
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Actora: María del Carmen Angulo Castillo
[…]
“[…] Por lo anterior, concluye la Sala que la providencia impugnada amerita ser
confirmada pues los derechos salariales y prestacionales previstos en la Convención
Colectiva no pueden ser reconocidos por ostentar la demandante la calidad de
empleado público, empero se inhibirá de conocer del Oficio No. ESEAN-RH-1057-
07 de 30 de marzo de 2007, mediante el cual se le comunicó al demandante la
supresión del cargo, por constituir un acto de trámite y no un acto administrativo
posible de demandar ante esta jurisdicción […]”.
Sentencia de 7 de junio de 201840
49. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió el
recurso de apelación interpuesto por Miguel Antonio Meza Luna, quien en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó ante el Tribunal
Administrativo del Atlántico la nulidad del “[…] acto administrativo contenido en la
Resolución Nº 000005 del 15 de enero de 2007, expedida por la rectora de la
Universidad del Atlántico, que suprimió de la planta de personal el cargo de oficios
varios (vigilante) desempeñado por el actor. A título de restablecimiento del
derecho solicitó que se condene a la Universidad del Atlántico a pagarle un día de
salario desde que fue proferido el acto administrativo acusado hasta que se cumpla
la sentencia. Igualmente, pidió que se ordene el reintegro del accionante en un
cargo igual o similar al que ejercía, sin solución de continuidad […]”.
50. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado fijó el
siguiente problema jurídico: “[…] En los términos del recurso de apelación
interpuesto por la parte actora, corresponde a la Sala establecer si revoca la
sentencia inhibitoria de primera instancia. Para el efecto se analizará si el
accionante debía o no demandar el Oficio del 16 de enero de 2007 que le comunicó
la terminación de su vínculo laboral con la Universidad del Atlántico por supresión
de cargo. Por otra parte, Sala también estudiará si se configura el fenómeno de la
caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que la
Resolución Nº 000005 del 15 de enero de 2007 fue comunicada al actor el 16 de
ese mes y año, y la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
se interpuso el 6 de agosto de 2010. […]”.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 7 de junio de 2018, radicado núm. 08001-
23-31-000-2010-00221-01 (2015-12), C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Núm. único de radicación: 110010315000-202306504-01
Actora: María del Carmen Angulo Castillo
51. Al respecto, dicha autoridad judicial consideró que:
“[…] En el sub judice el accionante se desempeñaba como vigilante de la Universidad
del Atlántico y su cargo fue suprimido por la Resolución Nº 000005 del 15 de enero de
2007, acto administrativo cuya nulidad solicitó alegando que gozaba del derecho a la
protección laboral reforzada por su condición de padre cabeza de familia.
El Tribunal Administrativo del Atlántico se declaró inhibido para pronunciarse sobre el
fondo del asunto, al considerar que el actor debió demandar el Oficio del 16 de enero
de 2007 que le comunicó la supresión de su cargo, y no la Resolución Nº 000005 del
15 de enero de 2007, que es un acto general.
Al respecto, debe precisar la Sala que la jurisprudencia de esta Corporación ha
considerado que para definir qué actos proferidos en el marco del proceso de
reestructuración y supresión de cargos deben demandarse, es menester evaluar las
condiciones particulares de cada caso para determinar cuál definió la situación en
concreto del afectado […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, cuando el acto administrativo suprime toda la planta de personal, la
comunicación que pone en conocimiento esa decisión es un mero acto de ejecución,
que al no demandarse no impide un pronunciamiento sobre la legalidad del acto general
que suprimió un cargo. En efecto, esta Corporación afirmó en la providencia del 27 de
febrero de 2013 que “el citado oficio no es enjuiciable debido a que esta Jurisdicción está
facultada para juzgar actos administrativos; y si en gracia de discusión pudiera anularse
la comunicación, ello resultaría infructuoso, pues no tendría ningún efecto jurídico respecto
de los actos que determinaron la supresión del cargo (…)”41.
De lo anteriormente expuesto se colige que en el sub judice el Oficio del 16 de enero de
2007, en el que la rectora de la Universidad del Atlántico le comunicó al señor Miguel
Antonio Meza Luna la supresión de su cargo, ordenada en la Resolución Nº 000005 del
15 de enero de 2007, no era el acto que definió situación particular en la medida que toda
la planta de personal se suprimió en la referida Resolución.
De ahí que, contrario a lo señalado por el Tribunal Administrativo del Atlántico en la
sentencia de primera instancia, el acto demandante en el sub lite no era el Oficio del 16
de enero de 2007, sino la Resolución Nº 00005 del 15 de enero de 2007 dictada por la
rectora de la Universidad del Atlántico que suprimió los cargos de planta de dicha
Universidad […]”.
52. De conformidad con lo expuesto, para la Sala, en lo que concierne al
desconocimiento de las sentencias expuestas supra, la autoridad judicial
demandada no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, toda vez que las situaciones fácticas y los problemas jurídicos son
totalmente diferentes, puesto que:
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, sentencia del 27
de febrero de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-000-2007-01010-01 (1519-12)
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Actora: María del Carmen Angulo Castillo
i) En el primero de los casos se abordó el estudio de una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Instituto de Seguros Sociales y la Empresa
Social del Estado Antonio Nariño en Liquidación, en la que se había suprimido el
cargo del demandante, había de por medio una convención colectiva y un cambio
de naturaleza de los servidores de la Empresa; supuesto que no comparte identidad
fáctica con el caso de la actora.
ii) En el segundo caso se estudió el supuesto relacionado con la supresión de un
cargo en la planta de personal de la Universidad del Atlántico; en tanto que el caso
objeto de estudio en la presente acción de tutela gira en torno al nombramiento de
la persona que superó un concurso de méritos en el cargo que la actora ocupaba en
provisionalidad y la posterior comunicación de dicho nombramiento, junto con la
solicitud de entrega del cargo.
53. En ese orden de ideas, no se desconoció la ratio decidendi establecida en
dichas sentencias, puesto que, tal como se expuso previamente y como lo indicó el
A quo, los supuestos fácticos y jurídicos son diferentes y, en consecuencia, la razón
de la decisión en cada una de esas providencias obedeció a fundamentos que no se
pueden aplicar al caso sub examine.
54. En ese orden de ideas, la Sala advierte que los planteamientos realizados por
la actora en el presente asunto obedecen a estar en desacuerdo con el análisis y
con la decisión que adoptó la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se
evidencia el descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable
a sus intereses, pero no se advierte que la decisión fue arbitraria o irracional.
55. Finalmente, respecto de las otras sentencias a las cuales hizo referencia la
actora en su escrito de impugnación, la Sala se abstendrá de pronunciarse por
constituir argumentos nuevos no expuestos en el escrito de tutela, so pena de
vulnerar el derecho al debido proceso de las partes.
Conclusiones de la Sala
56. Con fundamento en lo anterior, la Sala modificará la sentencia de tutela de
5 de febrero de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
32
Núm. único de radicación: 110010315000-202306504-01
Actora: María del Carmen Angulo Castillo
Consejo de Estado, por medio de la cual negó la solicitud de tutela, la cual quedará
establecida en los siguientes términos:
“PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela respecto del
defecto fáctico, del defecto sustantivo, de la causal de violación directa de la
Constitución y del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR, en lo demás, la solicitud de tutela que presentó la actora contra
la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de tutela de 5 de febrero de 2024 proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual quedará
establecida en los siguientes términos:
“PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela respecto del
defecto fáctico, del defecto sustantivo, de la causal de violación directa de la
Constitución y del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR, en lo demás, la solicitud de tutela que presentó la actora contra
la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia”.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
33
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Actora: María del Carmen Angulo Castillo
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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