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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06511-01

Fecha
15 de marzo de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06511-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 13 de diciembre de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, por las razones aquí expuestas. 34 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 7 de abril de 2022, radicado No. 11001-03-15- 000-2021-07593-01 C.P. Milton Chaves García, sentencia de 26 de octubre de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-04960-00, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, entre otras. 35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 5 de septiembre de 2022, radicado No. 11001-03-15-000-2022-04276-00, C.P. César Palomino Cortés. 14 Radicación: 11001-03-15-000-2023-06511-01 Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06511-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

15 de marzo de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06511-01
Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., quince (15) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06511-01
Demandante: JORGE HUMBERTO SALAMANCA ROJAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “A”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Presupuesto de la caducidad en
proceso ejecutivo. Defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el demandante, quien actúa a través de apoderado judicial, contra
la sentencia de 13 de diciembre de 2023, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “A”, en la que negó las pretensiones de la acción de
tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante afirmó que el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá mediante sentencia de 16 de marzo de 2007, condenó a la Caja
Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE - a reliquidar su pensión de jubilación
teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año
de servicios. Esa decisión quedó ejecutoriada el 20 de agosto de 2008.

Relató que mediante Decreto 2196 de 12 de junio de 2009 se ordenó la supresión
de Cajanal EICE, por lo que estando dentro del término legal para ser parte dentro
del proceso de liquidación -24 de septiembre de 2009-, radicó el Formulario Único
de Reclamaciones ante la mencionada entidad con el radicado No. 19252.

Señaló que a través de la Resolución N° PAP 031468 de 30 de diciembre de
2010, Cajanal EICE ordenó reliquidar su pensión de jubilación con “las
operaciones aritméticas a que haya lugar”, en cumplimiento de los artículos 177 y
178 del Código de Contencioso Administrativo.

Expresó que en abril de 2011, la liquidada Cajanal EICE reportó al Fondo de
Pensiones Públicas de Nivel Nacional Consorcio -FOPEP- la novedad de su
inclusión en nómina, “cancelando a favor de mi poderdante la suma de
$25.446.202, por concepto de pago de diferencias de mesadas atrasadas e
indexación”, sin embargo, no se incluyeron los intereses moratorios.

Manifestó que mediante Decreto 877 de 30 de abril de 2013 se prorrogó el plazo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06511-01
Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

dispuesto para la liquidación de Cajanal EICE hasta el 11 de junio de 2013, por lo
que afirmó que los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a
cargo de esa entidad no corrieron durante este tiempo.

Teniendo en cuenta lo anterior, sostuvo que el 28 de febrero de 2017 formuló
demanda ejecutiva contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, la cual le
correspondió por reparto al Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de
Bogotá, que mediante proveído de 28 de abril del mismo año libró mandamiento
de pago ejecutivo por los intereses moratorios causados entre el 21 de agosto de
2008 y abril de 2011.

Expresó que el Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial
de Bogotá, en audiencia de 13 de mayo de 2019, declaró improcedente la
excepción de caducidad, no probada la prescripción propuesta por la UGPP y
condenó a la entidad ejecutada a pagar las costas del proceso en proporción del
7.5% del crédito.

Por último, adujo que la UGPP interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “A”, mediante fallo de 14 de septiembre de 2023 revocó la decisión de
primera instancia, al considerar que la demanda ejecutiva se había interpuesto
extemporáneamente, toda vez que el término de caducidad es de cinco (5) años a
partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia, que para el caso había vencido el
21 de agosto de 2013 y la demanda se presentó el 28 de febrero de 2017, por lo
que dio por terminado el proceso.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, los cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, con la sentencia de 14 de
septiembre de 2023 que declaró probada la excepción de caducidad de la acción
ejecutiva en el proceso promovido contra de la UGPP y, en consecuencia, dio por
terminado el proceso.

Consideró que la decisión acusada incurrió en defecto “sustancial y
probatorio”, al declarar la caducidad de la demanda ejecutiva conforme al
numeral 11 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y 164 de la Ley
1437 de 2011, sin tener en cuenta que el proceso de liquidación de Cajanal EICE,
respecto del cual hizo parte, inició con el Decreto 2196 de 12 de junio de 2009 con
prórroga hasta el 11 de junio de 2013, por lo que durante este tiempo, “existió el
fenómeno jurídico del fuero de atracción, y por lo tanto, la misma entidad mediante
procedimientos erráticos impidió que el crédito reclamado entrara a la masa
liquidatoria y solo se limitó a cumplir parcialmente el 25 de abril de 2011, fecha en
la cual solo canceló el capital y la indexación, desconocimiento en forma clara el
pago de los intereses moratorios, lo cual también ocasionó que dentro del término
de ejecutoria (20 de agosto de 2008 y hasta abril de 2011) existiera además de la
suspensión de términos la imposibilidad legal para acudir ante la Administración
de justicia para reclamar las sumas reconocidas judicialmente, pues no era posible
saber con anticipación que la Entidad mediante la resolución anunciada, decidiera
cumplir parcialmente la orden judicial”.

Explicó que el fuero de atracción es un efecto procesal de la apertura de los
procesos concursarles de orden público que “produce un desplazamiento de la
competencia originaria de los jueces para establecerla en la autoridad encargada

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06511-01
Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

de tramitar dichos procesos, quedando fuera de consideración el interés individual
de los acreedores”. Agregó que conforme con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional -sentencias C-382 de 2005 y T-258 de 2007-, el fuero garantiza que
la totalidad de los acreedores de las entidades públicas que se han visto afectados
con el proceso de liquidación, puedan acceder a la protección de las autoridades
encargadas de llevar tal proceso, en condiciones de igualdad.

Manifestó que Cajanal EICE realizó el pago parcial de sus mesadas pensionales
atrasadas y excluyó los intereses moratorios desprotegiendo el pago total de su
crédito, por lo que, a su juicio, no es admisible que la entidad alegue su propia
culpa pretendiendo aplicar las reglas de la caducidad.

En relación con la inoperancia de la caducidad de la acción ejecutiva se refirió a
las sentencias de 25 de agosto de 20151, 29 de marzo de 20162, 26 de abril de
20183 y 28 de agosto de 20194, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con
el fin de evidenciar el criterio de la Corporación respecto a la suspensión de los
términos de caducidad y de prescripción desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11
de junio de 2013, periodo en el que se llevó a cabo la liquidación de Cajanal EICE.

Finalmente, afirmó que teniendo en cuenta que la UGPP realizó el pago de las
mesadas pensionales atrasadas y su indexación, también debe asumir el pago de
los intereses moratorios causados por cuanto es una obligación contenida en un
título ejecutivo proveniente de una sentencia ejecutoriada.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1.- Que se TUTELEN los derechos fundamentales del señor JORGE HUMBERTO
SALAMANCA ROJAS al debido proceso por vía de hecho al presentarse indebida error
presumir que no se hizo parte dentro del proceso de liquidación de CAJANAL, cuando al
respecto NO existe ninguna duda que efectivamente y en forma oportuna acudió
infructuosamente al mismo por lo cual además se constituye defecto sustantivo y
probatorio en el auto del 14 de septiembre de 2.023 proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, con la
consecuente violación del derecho al acceso a la administración de justicia del
accionante.

2.- Como consecuencia de lo anterior, respetuosamente solicito se ORDENE al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, para que dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación del Fallo de Tutela, revoque la providencia del
14 de septiembre de 2.023 y en su lugar, se ordene continuar con el trámite que
corresponda consecuente con el Auto por medio del cual se libró el mandamiento de
pago en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP a favor
del señor JORGE HUMBERTO SALAMANCA ROJAS, por concepto de intereses
moratorios derivados de la sentencia proferida por el Juzgado Veintiséis (26)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C: de fecha 16 de marzo de 2007,
debidamente ejecutoriada con fecha 20 de agosto de 2.008, cumplida en forma parcial el
día 2 de abril de 2011, fecha en la cual se pagaron las mesadas atrasadas y la
indexación, pero no lo correspondiente a los intereses moratorios, los cuales fueron
causados desde esta fecha, hasta cuando se efectúe el pago total de la misma, de
conformidad con lo establecido en el inciso 5º del artículo 177 del C.C.A. (Decreto 01 de
1984), por cuanto de ninguna manera se configuró el fenómeno de la caducidad y mucho
menos por culpa o responsabilidad de la pensionada”.

1
Radicado No. 25000-23-42-000-2015-01327-01.
2
Radicado No. 25000-23-42-000-2015-01601-01.
3
Radicado No 76001-023-33-000-2016-01765-01.
4
Radicado No. 25000-23-42-000-2015-05762-01.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06511-01
Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital de la sentencia de 14 de septiembre de 2023, proferida en
el marco del proceso ejecutivo con radicado No. 11001-33-35-026-2017-00063-01,
actor: Jorge Humberto Salamanca Rojas.

5. Trámite procesal

Por auto de 30 de octubre de 2023, la Sección Tercera, Subsección “A” de esta
Corporación admitió la demanda y ordenó notificar a la demandante y a la
autoridad judicial accionada. Igualmente, a la UGPP y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del
proceso.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “B”

El magistrado ponente de la decisión objeto de tutela solicitó que se denegaran las
pretensiones de la acción, al considerar que los argumentos presentados por el
demandante están dirigidos a atacar el criterio interpretativo del juez natural, lo
cual está en contravía de los principios de autonomía e independencia funcional
de los jueces de la República.

Adujo que la decisión acusada se encuentra fundamentada en una interpretación
razonable de las normas que son aplicables al caso, por lo que resaltó que el
amparo constitucional no se puede convertir en una instancia adicional para que
se reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o que
se expongan argumentos que por negligencia o decisión propia dejaron de
proponerse de manera oportuna.

Por último, aseveró que no existe prueba que acredite la presencia de una
situación grave, inminente y urgente que habilite la procedencia de la acción de
tutela.

6.2. Respuesta de la UGPP

El subdirector de Defensa Judicial Pensional de la entidad solicitó que se declare la
improcedencia de la acción, por cuanto la decisión acusada no incurrió en un defecto
material o sustantivo toda vez que la misma se ajustó al ordenamiento jurídico y
porque el accionante pretende usar el amparo constitucional como una tercera
instancia

A su juicio, conforme con lo establecido por la Sección Quinta del Consejo de Estado
en la sentencia de 21 de enero de 20165, para contabilizar la caducidad de las
acciones ejecutivas derivadas de decisiones judiciales, debe remitirse al inciso 4 del
artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, el cual indica que la obligación
será exigible al vencimiento de los 18 meses de la ejecutoria.

Por lo anterior, afirmó que teniendo en cuenta que la sentencia judicial que accedió a
las pretensiones del demandante cobró ejecutoria el 20 de agosto de 2008, el
término para acudir a la acción ejecutiva feneció el 20 de agosto de 2013, por lo que
al presentarla el 28 de abril de 2017, operó el término de caducidad de la demanda.

5
Radicado No. 11001-03-15-000-2015-02940-00.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06511-01
Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

Insistió en que el amparo incoado se torna improcedente porque no se vulneraron los
derechos fundamentales del demandante, ni existió una indebida interpretación de
las normas que regulan la materia.

Finalmente, indicó que la acción constitucional no es el mecanismo idóneo para
solicitar el reconocimiento de derechos prestacionales ya que escapa de la órbita del
juez constitucional.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, mediante sentencia de 13
de diciembre de 2023 negó las pretensiones de la acción, luego de considerar que
la corporación judicial accionada no incurrió en los defectos alegados.

En primer lugar, sostuvo que no se configuró el desconocimiento del precedente
judicial ya que no existe una posición unificada sobre el particular, pues la Sección
Segunda de la Corporación ha señalado que el término de caducidad de las
acciones ejecutivas promovidas para obtener el pago de obligaciones a cargo de
Cajanal se suspendería durante el proceso de liquidación de la entidad, y también
ha considerado que “no era necesaria la suspensión de los términos de caducidad y
prescripción de las acciones contra la entidad”.

De otra parte, indicó que en la decisión objeto de reproche constitucional el
tribunal se inclinó por la tesis de la no suspensión de los términos, toda vez que
centró su debate en el momento a partir del cual se deben contar los cinco (5)
años consagrados por la disposición para contabilizar la caducidad y no en su
posible interrupción porque ese argumento no fue esgrimido por la entidad
apelante.

En ese orden, expresó que esa Sala en sentencia del 23 de mayo de 20236,
acogió la tesis según la cual no hay interrupción de los términos en el proceso de
liquidación de Cajanal EICE, la cual es compartida por otras Secciones de la
Corporación.

En tercer término, sostuvo que la decisión acusada tampoco adolece de defecto
sustantivo, toda vez que con fundamento en los artículos 136 y 177 del Código
Contencioso Administrativo se determinó que el accionante tenía plazo para
presentar la demanda ejecutiva hasta el 21 de agosto de 2013, sin embargo, la
interpuso el 28 de febrero de 2017, es decir, de manera extemporánea.

Además, mencionó que la autoridad judicial demandada aclaró que en caso de
que se aplicara la tesis mayoritaria, según la cual al término de caducidad de
cinco (5) años se le adicionaran los dieciocho (18) meses con que cuenta la
entidad para expedir el acto de cumplimiento de la sentencia, de igual forma la
demanda ejecutiva estaría caducada porque el término vencía el 21 de febrero de
2015.

Por último, concluyó que el tribunal accionado realizó un estudio razonable de las
normas aplicables para el caso concreto, por lo que no se evidencia la ocurrencia
de los defectos alegados por el demandante.

6
Radicado No. 11001-03-15-000-2023-01647-00 (AC), M.P. Marta Nubia Velásquez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06511-01
Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, en
escrito en el que reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Indicó que en el caso, el término de caducidad de la acción ejecutiva debe
contabilizarse a partir de 20 de agosto de 2008, fecha en que quedó ejecutoriada
la sentencia. No obstante, teniendo en cuenta que “desde el 12 de junio de 2009 ya
se había iniciado el proceso liquidatorio de la Entidad, entonces los términos se
reanudaron a partir del día 13 de junio de 2013, fecha de terminación del proceso
liquidatorio de CAJANAL EICE por lo que el tiempo para los dieciocho (18) meses del
término de exigibilidad culminaron el día 20 de enero de 2014”. Agregó que el 25 de
abril de 2011 tuvo conocimiento de que no se realizaría el pago de sus intereses
moratorios por lo que los cinco (5) años de caducidad fenecían el 20 de enero de
2019 y la demanda fue presentada el 28 de febrero de 2017, es decir, dentro del
término.

Reiteró que hizo parte de manera oportuna en el proceso liquidatorio de Cajanal
EICE, por lo que ahora no puede favorecerse al “infractor que obligó e indujo en error
al administrado asaltando la buena fe de sus acreedores para participar en un proceso
dilatorio en los cuales sus créditos ni siquiera fueron reportados como parte de la masa
liquidatoria”.

Para terminar, reiteró la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado
de 26 de abril de 20187, para indicar que no se ha configurado la caducidad en la
acción ejecutiva por la suspensión de los términos producida durante la liquidación
de CAJANAL desde el 12 de junio de 2009 hasta el 12 de junio de 2013.

9. Escrito allegado por la UGPP

El subdirector de Defensa Judicial Pensional de la entidad solicitó que se
confirmara el fallo de primera instancia, en escrito en el que reiteró los argumentos
presentados en la contestación de la acción de tutela.

Señaló que el amparo constitucional es improcedente porque no existe
vulneración a los derechos fundamentales del accionante y, además, no se
evidencia una indebida interpretación de las normas que regulan la materia.

Mencionó que la tutela no puede ser utilizada con fines económicos “en busca de
decisiones rápidas que olvidan a los jueces de la causa más aún, cuando el litigio ya fue
ventilado respetando el principio de doble instancia”.

Finalmente, indicó que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable
que habilite la procedencia de este mecanismo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto e impugnación.

7
Radicado No. 76001233300020160176501.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06511-01
Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
la sentencia de 13 de diciembre de 2023, mediante la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “A” negó las pretensiones de la acción de tutela
debe confirmarse, o si, por el contrario, debe revocarse por cuanto la autoridad
judicial accionada en la sentencia de 14 de septiembre de 2023, que revocó el
fallo favorable de primera instancia en el marco del proceso ejecutivo que
promovió contra Cajanal EICE, en el sentido de declarar la caducidad de la acción,
vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia e incurre en los defectos i) sustantivo, por desconocer
lo establecido en los Decretos 2196 de 12 de junio de 2009 y 877 de 30 de abril de
2013, en los que se evidencia que se suspendieron los términos de prescripción y
caducidad durante la liquidación de Cajanal EICE y en ii) desconocimiento del
precedente judicial, emanado de la Sección Segunda del Consejo de Estado de
26 de abril de 2018.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos8 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos9, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 201210, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
201411, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200512.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique

8
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
9
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
10
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
11
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12
M. P. Jaime Córdoba Triviño.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06511-01
Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico13; (ii) Defecto procedimental absoluto14; (iii)
Defecto fáctico15; (iv) Defecto material o sustantivo16; (v) Error inducido17; (vi)
Decisión sin motivación18; (vii) Desconocimiento del precedente19 y (viii) Violación
directa de la Constitución20.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo21 y de la Corte
Constitucional22.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. En primera instancia, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”,
por fallo de 13 de diciembre de 2023 negó las pretensiones de la acción, luego de
considerar que la autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos
sustantivo ni en desconocimiento del precedente judicial, en tanto no existe un

13
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
14
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
15
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
16
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
17
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
18
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa
la legitimidad de su órbita funcional.
19
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
20
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias
SU-114 de 2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
21
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016
00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº
2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
22
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P.
Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de
2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre
otras.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06511-01
Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

criterio unificado respecto de la suspensión de los términos de caducidad y
prescripción de la acción ejecutiva durante el proceso de liquidación de Cajanal
EICE y la tesis acogida por la autoridad judicial demandada también es compartida
por varias Secciones de la Corporación.

Además, sostuvo que el tribunal demandado realizó el estudio y aplicación de las
normas pertinentes para el caso concreto y con fundamento en los artículos 136 y
177 del Código Contencioso Administrativo, señaló que habiéndose ejecutoriado la
sentencia base de recaudo el 20 de agosto de 2008, el accionante tenía plazo
para presentar la demanda ejecutiva hasta el 21 de agosto de 2013, teniendo en
cuenta los cinco (5) años contemplados en la norma, sin embargo, la presentó el
28 de febrero de 2017, es decir, de manera extraordinaria.

En el escrito de impugnación, el accionante solicitó que se revocara el fallo de
primera instancia en escrito en el que reiteró los mismos argumentos en los que
fundamentó el defecto sustantivo, y en relación con el desconocimiento del
precedente judicial hizo referencia al fallo de 26 de abril de 2018, proferido por la
Sección Segunda del Consejo de Estado23. Además, sostuvo que el 25 de abril de
2011 tuvo conocimiento de que no se realizaría el pago de sus intereses
moratorios por lo que los cinco (5) años de caducidad fenecían el 20 de enero de
2019 y la demanda fue presentada el 28 de febrero de 2017.

4.2. De conformidad con el escrito de tutela y la impugnación, el demandante
invoca los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial. Sin
embargo, sustentó los cargos de manera similar, es decir, los limitó al supuesto
desconocimiento de los Decretos 2196 de 12 de junio de 2009 y 877 del 30 de
abril de 2013, por medio de los cuales se determinó que durante el proceso de
liquidación de Cajanal EICE los términos de prescripción y caducidad estaban
suspendidos para acudir a la administración de justicia, con sustento en
pronunciamientos del Consejo de Estado razón por cual se estudiarán bajo la
caracterización del defecto sustantivo.

El defecto sustantivo se materializa cuando la decisión que adopta el juez
desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconoce, lo cual, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional puede darse en los
siguientes casos:

“(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión
se sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido declarada
inconstitucional. (ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es
aplicable por no ser pertinente. A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, su aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de
estudio como, por ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados
por el legislador (iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una
sentencia con efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo
sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el
ordenamiento jurídico. (v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente
regresiva o claramente contraria a la Constitución. (vi) Cuando un poder concedido al
juez se utiliza para un fin no previsto en la disposición. (vii) La decisión se funda en
una interpretación no sistemática del derecho, omitiendo el análisis de otras
disposiciones aplicables al caso. (viii) El servidor judicial da una insuficiente
sustentación o justificación de una actuación que afecta derechos fundamentales.
(ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación. (x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución. Se trata de la
aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el
contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es contrario a la
constitución, o al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales,
razón por lo que debe ser igualmente inaplicada. (xi) Cuando la providencia incurre en

23
Radicado No. 76001233300020160176501.

10

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Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se
configura cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones
expuestas en la providencia”24.

Además de las anteriores circunstancias, se ha señalado que una autoridad
judicial puede incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al
menos, dos hipótesis: “(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y
alcance que esta no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o de
manera injustificada para los intereses legítimos de una de las partes; y (ii) cuando le
confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio resulta
formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad
contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados
desproporcionados, sacando la decisión del marco de la juridicidad y de la hermenéutica
jurídica aceptable”25 (Negrillas y subrayas de la Sala)..

4.3. Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que no se incurrió en defecto
sustantivo por cuanto la autoridad judicial accionada explicó razonablemente la
decisión que declaró la caducidad de la acción ejecutiva que el demandante
promovió contra la UGPP. Al respecto, consideró lo siguiente:

“Así pues, la postura del despacho sustanciador es del conteo de término de caducidad
es de cinco años a partir de la fecha de ejecutoria de las sentencias que se postulan
como títulos ejecutivos; toda vez que La Ley 153 de 1887 establece y ordena que
cuando una norma legal es clara, no hay que buscar interpretaciones so pretexto de
indagar sobre el espíritu del legislador, por lo que debe aplicarse en su sentido natural y
obvio. Luego, si el C.C.A., establece que el término de caducidad de la acción ejecutiva
es de cinco (5) años, por ende, no puede adicionarse a ese conteo seis (6) meses,
dieciocho (18) o, diez (10) meses más.

Visto el caso concreto encuentra la Sala que las sentencias que conforman el título
ejecutivo en el presente asunto fueron proferidas en vigencia del Código Contencioso
Administrativo, por lo que el trámite de esta acción deberá acoger esa normativa.

Para el caso que ocupa la atención de la Sala, la sentencia objeto de cobro fue proferida
en primera instancia por el Juzgado Veintiséis (26) Administrativo de Oralidad del
Circuito Judicial de Bogotá, el dieciséis (16) de marzo de dos mil siete (2007) y
confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D, en sentencia del cinco (5) de junio de dos mil ocho (2008), la
cual quedo debidamente ejecutoriada el veinte (20) de agosto de dos mil ocho (2008).

Ahora bien, atendiendo el criterio del Despacho ponente la demanda fue radicada por
fuera del término establecido para la acción ejecutiva de cinco (05) años que para el
presente caso se venció el veintiuno (21) de agosto de dos mil trece (2013) y la demanda
fue radicada el veintiocho (28) de febrero de dos mil diecisiete (2017).

En igual sentido, aun atendiendo el criterio de la Sala mayoritaria en el que el término de
caducidad para interponer la demanda ejecutiva, es de cinco (5) años contados desde
que se hizo exigible el derecho más los dieciocho (18) meses que tenía la entidad para
proferir el acto de cumplimiento de la sentencia, la presente demanda estaría por fuera
del término. La ejecutoria de la sentencia como se indicó, es del veinte (20) de agosto de
dos mil ocho (2008), por lo que la demandante debió esperar dieciocho (18) meses para
solicitar su ejecución, es decir, hasta el veintiuno (21) de febrero de dos mil diez (2010),
una vez vencido el término de los dieciocho (18) meses, comenzaba a correr el término
de caducidad de los cinco (05) años, el cual se extendía hasta el veintiuno (21) de
febrero de dos mil quince (2015), pero la demanda solo se presentó hasta el veintiocho
(28) de febrero de dos mil diecisiete (2017)”.

Conforme con lo expuesto, se observa que a partir del estudio del numeral 11 del
artículo 136 del Código Contencioso Administrativo26, la autoridad judicial
accionada concluyó que el término de la caducidad de la acción ejecutiva es de

24
Corte Constitucional, sentencia SU-574 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
25
Ibíd.
26
Norma vigente para la época en que se expidió la sentencia que conforma el título ejecutivo.

11

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Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que se aporte a la
demanda como título ejecutivo, es decir, que teniendo en cuenta que el fallo objeto
de cobro quedó ejecutoriado el 20 de agosto de 2008 -fecha que no es objeto de
discusión-, el demandante contaba hasta el 21 de agosto de 2013 para interponer
la acción. No obstante, la demanda fue radicada el 28 de febrero de 2017, por
fuera del término.

De igual forma, la autoridad judicial accionada en la sentencia objeto de reproche
aclaró que pese a que no comparte la tesis mayoritaria que establece que el
término de caducidad para interponer la demanda ejecutiva es de cinco (5) años
contados desde que se hizo exigible el derecho, más los dieciocho (18) meses que
tenía la entidad para proferir el acto de cumplimiento de la sentencia, de igual
forma explicó que el actor tenía hasta el 21 de febrero de 2015. Empero, presentó
la demanda por fuera de este término, con el fin de evidenciar que se encontraba
probada la caducidad de la acción.

Sobre este aspecto, es importante señalar que en la Sección Segunda del
Consejo de Estado27, órgano de cierre especializado en asuntos laborales y de
seguridad social en la jurisdicción contencioso administrativa, no hay una postura
jurisprudencial uniforme ni unificada respecto de la suspensión de términos de
caducidad durante el proceso liquidatorio de Cajanal EICE, por las siguientes
razones:

En un primer momento se había establecido de manera pacífica que el término de
caducidad de la acción ejecutiva se suspendía durante el lapso de liquidación de
Cajanal, teniendo en cuenta el artículo 14 de la Ley 550 de 1990 y los Decretos
254 de 200028 y 2196 de 200929.

No obstante, la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
30
providencia de 12 de septiembre de 2019 , cambió su postura en el sentido de
indicar que en los casos en los que se estudie la caducidad de la acción ejecutiva
no es necesario hacer la remisión a la Ley 550 de 1999, toda vez que los Decretos
2196 de 2009 y 254 de 2000 previeron que los procesos de Cajanal EICE serían
atendidos por el liquidador. En este sentido, expuso los siguientes argumentos:
“La Sala pone de presente que si bien el demandante en el curso de apelación esgrimió
algunos autos proferidos por el Consejo de Estado, en los cuales se dijo que el término de
prescripción y caducidad de las obligaciones a Cargo de CAJANAL EICE -en liquidación- se
entendería suspendido durante el proceso liquidatorio de la entidad, en virtud de una
remisión normativa a la Ley 550 de 1999 y al Decreto 254 de 2000; esta Sala rectificará la
posición asumida mediante providencia del 28 de marzo de 2019, puesto que se
considera que no era necesario hacer tal remisión normativa para resolver el caso concreto,
ya que el Decreto 2196 de 2009 y el Decreto 254 de 2000 prevén que los procesos de
CAJANAL que se estuvieren tramitando y los que se llegaren a interponer, serían atendidos
por el Liquidador, protegiendo la garantía de defensa del Estado.

En efecto, la remisión normativa está llamada a realizarse cuando la Ley sobre determinado
tema es incompleta, y se requiere que sea llenada con otros preceptos jurídicos. En
aquellos casos en los cuales se esté estudiando la caducidad de la acción ejecutiva contra

27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” auto de 7 de febrero de 2019 radicado
No. 11001031500020190023400, providencia de 12 de septiembre de 2019, expediente 2016-
0043, Sección Segunda, Subsección A, auto del 26 de mayo de 2022; radicado No. 25000 23 42
000 2015 05665 01.
28
Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la
reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr
el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal
vigente con las normas de esta ley.
29
Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional.
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, auto de 12 de septiembre de 2019,
radicado No. 25000-23-42-000-2015-01191-01, M.P. César Palomino Cortés.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06511-01
Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

CAJANAL EICE no es necesario hacer tal remisión porque el Decreto 2196 de 2009 (…)
previó que el representante legal de la entidad referida era quien tenía la dirección de los
procesos judiciales, por lo tanto no era necesaria la suspensión de los términos de
caducidad y prescripción de las acciones contra la entidad; a contrario sensu, el
legislador anticipó que sería el Liquidador quien se encargaría de la defensa técnica de la
institución, hasta que ésta estuviera a cargo de la U.G.P.P.(…).

Sumado a esto, no se puede hacer una remisión normativa como se hizo en las
providencias enunciadas en el recurso de alzada, porque el precepto jurídico para explicar
la suspensión de los términos judiciales es el contenido de la Ley 550 de 1999, y esto solo
ha sido contemplado para la reactivación empresarial y reestructuración de los entes
territoriales, estatuto que no sería aplicable a las entidades de orden nacional como es el
caso de CAJANAL EICE, lo que riñe con el principio de legalidad y descentralización”.
(subrayas y negrillas por fuera del texto original)

Por su parte, la Subsección “A” de la Sección Segunda de esta corporación
considera que conforme con la Ley 550 de 1999 y el Decreto 254 de 2000, “los
términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de la extinta Caja
Nacional de Previsión Social – CAJANAL NO corrieron durante el tiempo que transcurrió
en su liquidación administrativo que, según lo afirmado en la demanda, concluyó el 11 de
junio de 2013”31.

Así las cosas, en la Sección Segunda del Consejo de Estado no existe un criterio
unificado sobre la suspensión de los términos de caducidad de las obligaciones a
cargo de Cajanal EICE, en el marco de los procesos ejecutivos, pues de un lado
se encuentra una postura respecto de la cual no es aplicable la Ley 550 de 1999 y
el Decreto 254 de 2000, toda vez que el Decreto 2196 de 2000 previó que los
procesos de Cajanal EICE serían atendidos por el liquidador, por lo que no hay
lugar a la suspensión de términos y, de otro lado, se defiende la tesis respecto de
la cual dichos términos no transcurrieron durante el periodo de liquidación de la
mencionada entidad.

Bajo esa consideración, la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto
sustantivo con la determinación de declarar la caducidad de la acción ejecutiva,
por cuanto al no existir un criterio unificado ni uniforme sobre ese particular, se
debe privilegiar la autonomía e independencia judicial, por lo que no le
corresponde al juez de tutela imponer su propia postura o criterio sobre un asunto
meramente interpretativo que es propio del juez natural o especializado.

Ahora bien, cabe aclarar que si bien esta Sección32 en sede de tutela en casos
similares, sostuvo que en las demandas ejecutivas que pretendan el cobro de
obligaciones contenidas en providencias judiciales a cargo de Cajanal EICE, el
término de caducidad estuvo suspendido durante el lapso en que duró el proceso
de liquidación de esa entidad, las decisiones estuvieron justificadas en la
jurisprudencia de esta Corporación que en ese momento era uniforme respecto de
ese asunto33.

31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, providencia de 25 de agosto de 2015,
radicado No. 25000-23-42- 000-2015-01327-01, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
32
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez, Exp. Nº 11001-03-15-000-2018-00044-01.
Este criterio también se reiteró en sentencias de 23 de agosto de 2018, Exp. Nº 11001-03-15-000-
2018-01733-00 y de 15 de noviembre de 2018.
Exp. Nº 11001-03-15-000-2018-00630-01, M. P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, auto de 25 de agosto de 2015, exp.
25000-23-42-000-2015-01327-01 (1777-2015), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez (E); sentencia
de 17 de noviembre de 2016, exp. 11001-03-15-000-2016-02902-00(AC), M.P. Rafael Francisco
Suarez Vargas y auto de 16 de febrero de 2017, exp. 25000-23-25-000-2004-03995-01(2154-15),
M.P. Gabriel Valbuena Hernández. De la misma Corporación, ver Sección Cuarta, sentencia de 27
de abril de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03715-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto
(E).

13

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Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

Entonces, teniendo en cuenta que no hay una uniformidad de criterios en la
Sección Segunda del Consejo de Estado en lo relacionado con la suspensión de
términos de caducidad de la acción ejecutiva en los procesos contra Cajanal EICE,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, en
ejercicio de los principios de autonomía e independencia judicial, aplicó de forma
razonable y justificada las normas de caducidad por lo que no se configura el
defecto sustantivo.

Además, como se puso de presente por el a-quo, esta decisión se encuentra en
consonancia con la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B” y las sentencias de tutela de esta Sección34 en las que de manera
específica ha indicado que al no existir un criterio unificado en relación con el
cómputo de la caducidad de las acciones ejecutivas en las cuales el titular de la
obligación es la extinta Cajanal EICE, el juez natural en ejercicio de la
independencia y autonomía puede asumir razonadamente la tesis de
interpretación normativa frente al problema jurídico, sin que ello derive que su
actuación es vulneradora de derechos fundamentales.

En ese sentido, la Sala considera que no se advierte la ocurrencia del defecto
sustantivo alegado, toda vez que la autoridad judicial demandada realizó el
cómputo del término de caducidad de la acción ejecutiva conforme con la norma
aplicable al caso, a saber, el numeral 11 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo, por lo que no había lugar a entender que los términos de
caducidad se encontraban suspendidos en los procesos ejecutivos derivados de
decisiones judiciales proferidas en el marco de juicios declarativos.

En efecto, en un caso de tutela con similares supuestos fácticos, la Sección
Segunda, Subsección “B” de esta Corporación negó las pretensiones de la
demanda al considerar que “no se trata de una postura unificada por el Consejo de
Estado; pues (…), existen dos tesis según las cuales, en la primera, durante el periodo de
liquidación de Cajanal, no se cuentan los términos para efectos de caducidad, mientras
que la segunda, se sostiene que dicha premisa no está expuesta en la norma, por lo que
se limita a dar aplicación a lo que las disposiciones procesales regulen en el tema, como
35
fue el caso de la autoridad judicial accionada” .

Así las cosas, la Sala confirmará el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones de la acción de tutela, por las razones expuestas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 13 de diciembre de 2023, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, por las razones aquí
expuestas.

34
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 7 de abril de 2022, radicado No. 11001-03-15-
000-2021-07593-01 C.P. Milton Chaves García, sentencia de 26 de octubre de 2023, radicado No.
11001-03-15-000-2023-04960-00, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, entre otras.
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 5 de septiembre de 2022,
radicado No. 11001-03-15-000-2022-04276-00, C.P. César Palomino Cortés.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06511-01
Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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