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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06525-01

Fecha
30 de abril de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06525-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar fundado el impedimento manifestado por el doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer del asunto de la referencia, por las razones expuestas. Segundo: Confirmar la sentencia de primera instancia del 11 de diciembre de 2023 proferida Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, que concedió el amparo solicitado por el señor José Domingo Reina, por las consideraciones anteriormente expuestas. Tercero:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06525-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06525-01
Accionante: José Domingo Reina y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

Tema: Acción de tutela contra sentencia proferida dentro del proceso de
reparación directa, en la que se revocó la providencia de primera instancia que
accedió parcialmente a las súplicas y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda relacionadas con los perjuicios causados con ocasión de la privación
injusta de la libertad.

Decisión: Confirmar el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, toda vez que la
decisión objeto de cuestionamiento adolece de un desconocimiento de
precedente.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación formulada por la autoridad judicial accionada y la
Fiscalía General de la Nación contra la providencia del 11 de diciembre de 2023
proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado mediante
la cual amparó los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso
a la administración de justicia por encontrar acreditado el defecto de
desconocimiento del precedente judicial.

I. ANTECEDENTES

Los señores José Domingo Reina, Nicole Andrea Reina Mendoza, María
Alexandra Mendoza Arismendi, María Berenice Reina Suárez, Sabina Llanes
Villamizar, Miguel Andrés Reina Llanes, Leidy Victoria Reina Llanes,, Luz Mila
Nieto Reina, Edgar Alfonso Nieto Reina, Gilberto Reina, José William Nieto Reina
y José Alfredo Betancur Reina, actuando por conducto de apoderado judicial,

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06525-01
Accionante: José Domingo Reina y otros

instauraron acción de tutela contra la sección Tercera, Subsección A del Consejo
de Estado, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, al expedir la
providencia del 14 de julio de 2023, dentro del medio de control de reparación
directa con radicado núm. 54001-23-31-000-2009-00034-01.

1. HECHOS

La parte actora en ejercicio del medio de control de reparación directa demandó
a la Nación – la Fiscalía General de la Nación y la Nación - Ministerio de Defensa
– Policía Nacional, con el fin de que se declararan patrimonialmente
responsables por los perjuicios sufridos con ocasión de la privación injusta de la
libertad de que fue víctima el señor José Domingo Reina desde el desde el 7 de
mayo de 2004 hasta el 16 de diciembre de 2005.

El proceso por reparto correspondió al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, autoridad judicial que mediante sentencia del 10 de diciembre de
2015 accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, al considerar que al
momento de la imposición de la medida de aseguramiento no existía material
probatorio que comprometiera la responsabilidad del señor José Domingo Reina.

En sede de apelación, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado
mediante sentencia del 14 de julio de 2023 resolvió revocar la decisión de primer
grado y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, al estimar que las
declaraciones de los reinsertados del ELN, quienes señalaron al señor Reina
como ideólogo del grupo subversivo, y el informe de policía rendido, eran
elementos suficientes para la imposición de la medida de aseguramiento.

La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada en la decisión
objeto de cuestionamiento incurrió en desconocimiento de precedente judicial
proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado1 en el que se dispuso
que los informes de la policía y las declaraciones de desmovilizados no pueden
considerarse como indicios graves de responsabilidad para imponer la medida
de aseguramiento.

Asimismo, indicó que se vulneró el derecho de igualdad porque a pesar de existir
similitud fáctica con la del caso del señor Luis Orlando Villamizar Gamboa, la

1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 7 de octubre de 2020,
radicación no. 54001-23-31-000-2008-00361-01, CP Nicolás Yepes Corrales; Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 25 de julio de 2019, radicación no. 07001-
23-31-000-2009-00057-01, CP María Adriana Marín; Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, sentencia de 29 de noviembre de 2021, radicación no. 18001-23-31-000-
2006-00178-01, CP Martín Bermúdez Muñoz; sentencia de 11 de febrero de 2022, radicación
08001-23-31-000-2009-00995-01, CP Alberto Montaña Plata.

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Accionante: José Domingo Reina y otros

decisión proferida por la autoridad judicial accionada fue contraria en ambos
casos.

2. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita:

« 1.- TUTELAR en favor de JOSÉ DOMINGO REINA y su Núcleo Familiar
precitado al inicio, los derechos constitucionales fundamentales, al Derecho de
igualdad; al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia,
consagrados en los artículos 13;29 y 229 de la Carta Política, entre otros, al
configurarse el defecto fáctico por violación de los mismos, y además, por el
desconocimiento del precedente Constitucional y Contencioso, en materia de
privación injusta de la libertad, concerniente al valor probatorio de los informes de
inteligencia militar, que carecen de eficacia probatoria; son criterios orientadores,
y sobre el tema relacionado con las exigencias para proferir medida de
aseguramiento de detención preventiva, de acuerdo a la Ley 600 de 2000,
artículos 355, 356 y 357 , vigente para la época de los hechos,

2.- Como consecuencia de lo anterior, pido se revoque o dejar sin efecto legal
alguno la Sentencia emitida por:

El CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A,
CONSEJERA PONENTE: Dra. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, dentro del
Radicado Nro. 54. 001-23-31-000-2009-00034-01 (58654), de fecha julio 14 de
2023, notificada el 9 de agosto del presente año,, Sala integrado además por los
Consejeros: MARÍA ADRIANA MARIN y JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ,
mediante la cual fue revocado el fallo de primera instancia, proferido el 10 de
diciembre de 2015, por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que
había accedido parcialmente a las pretensiones de Ia demanda, condenando a la
Fiscalía General de la Nación y aplicando de oficio la excepción de indebida
representación del Ministerio de Defensa Policía Nacional.

3.- igualmente, ruego ordenar a Ia Sección Tercera Subsección A del Consejo de
Estado, que dentro del término que considere prudente esta lnstancia
Constitucional, profiera una NUEVA SENTENCIA, en la cual se garanticen los
derechos constitucionales fundamentales invocados por JOSÉ DOMINGO REINA
y su Núcleo Familiar, relacionado al comienzo y que actuó como parte Actora
dentro de la Acción de Reparación Directa precitada.

Lo anterior, reitero, por haberse acreditado que la privación de la libertad fue
injusta al no cumplir con los requisitos previstos en la normatividad penal, vigente
para la época de los hechos, Ley 600 de 2000, artículo 356 y,

Por desconocimiento del precedente jurisprudencial constitucional y contencioso
administrativo, relacionados con los informes de Policía Judicial, que son criterios
orientadores, al igual que las declaraciones de los llamados desmovilizados que,
no pueden ser catalogados como indicios graves de responsabilidad.

Además, por desconocimiento del Derecho de lgualdad plenamente identificado,
esto es, frente a Ia Radicación Nro. 54-001-23-31-000-2008-00361-01 (57660),
Actor LUIS ORLANDO VILLAMIZAR GAMBOA y OTROS, al cual se le dio un

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tratamiento diferente, a pesar de la identidad completa sobre los elementos
tenidos en cuenta tanto para imponer la medida de aseguramiento de detención
preventiva como para acusar, sin pasar por alto que a éste le precluyeron la
investigación y a JOSÉ DOMINGO REINA, lo absolvieron, aplicando el Principio
Universal de in dubio pro reo, al no desvirtuarse la presunción de inocencia.» (Sic
a toda la cita)

3. INFORMES

La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado mediante auto del 27
de octubre del 2023 ordenó notificar a la Sección Tercera, Subsección A de esta
corporación como accionado y a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía
Nacional y al Tribunal Administrativo de Norte Santander como terceros
interesados en las resultas del proceso.

3.1. La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado solicitó se
rechace por improcedente la acción de tutela porque no cumple con el requisito
de relevancia constitucional.

Al respecto, sostuvo que efectuó un análisis riguroso del material probatorio
obrante en el proceso, en ejercicio de los principios de autonomía funcional y la
sana crítica. Además, señaló que aplicó el criterio jurisprudencial vigente para
este tipo de controversias, por lo que la decisión objeto de cuestionamiento no
adolece de un desconocimiento de precedente judicial, puesto que son
situaciones diferentes.

Así las cosas, señaló que lo pretendido por los demandantes es agotar una
instancia adicional para reabrir el debate y obtener un pronunciamiento favorable
a sus pretensiones, lo cual no resulta viable desde la óptica de la naturaleza y la
finalidad del mecanismo de amparo.

3.2. La Fiscalía General de la Nación solicitó se declare la improcedencia de
la acción de tutela porque no cumple con el requisito de subsidiariedad porque
la parte accionante no ha hecho uso de los mecanismos contemplados en el
ordenamiento jurídico para tal fin. Además, que no sustentó la configuración de
los defectos en que presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada.

3.3. La Policía Nacional pidió que se niegue el amparo de tutela, toda vez
que no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados en protección.

4. SENTENCIA IMPUGNADA

La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 11 de diciembre de 2023, concedió el amparo solicitado y, en consecuencia,
dispuso:

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“1°) Ampáranse los derechos fundamentales invocados por los actores,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2º) En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia de 14 de julio de 2023
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado al interior del proceso de reparación directa con radicación no.
54001-23-31-000-2009-00034-01 y ordénase a dicha autoridad que, en
el término de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación
de esta providencia, profiera una decisión en reemplazo en la cual se
tengan en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia.”

Al respecto, señaló que la orden de captura y la privación de la libertad deben
basarse en evidencias recopiladas durante la investigación previa. En ese
sentido, comoquiera que la Fiscalía solo contaba con el informe de policía
judicial, dicha prueba era insuficiente para fundamentar la privación de la libertad
de una persona.

En ese sentido, señaló la orden de captura y la detención preventiva de José
Domingo Reina violaron el principio de las cargas públicas, teniendo en cuenta
que la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la Ley 600 de 2000, carecía
de indicios graves de la conducta imputada, puesto que las declaraciones
rendidas por individuos reinsertados del ELN no eran confiables.

Así las cosas, indicó que de acuerdo con precedente judicial de esta
Corporación, el informe de investigación basado en declaraciones de los
reinsertados no constituía una prueba idónea para respaldar la medida
preventiva de privación de la libertad, por lo que procedía el amparo de los
derechos fundamentales invocados en protección.

5. IMPUGNACIONES

5.1 La Fiscalía General de la Nación, en calidad de tercero interesado, solicitó
que se revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, se niegue el amparo
de tutela, toda vez que no cumple con el requisito de subsidiariedad.

5.2 La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado pidió se
revoque la sentencia porque no se reúnen las condiciones para dejar sin efectos
el fallo proferido el 14 de julio de 2023, ni para ordenar una sentencia de
remplazo en la forma en que lo hizo el juez de tutela en la decisión de primer
grado.

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Al respecto, señaló que se desconoció que la medida de aseguramiento no
solamente se impuso con base en un informe de policía, sino que también se
justificó en declaraciones de reinsertados del ELN en los que se reconocía y se
sindicaba de manera directa a José Domingo Reina como ideólogo de este grupo
subversivo, con las cuales se estructuraban los indicios que exigía la Ley 600 de
2000 para la detención preventiva.

En ese sentido, sostuvo que el fallo de tutela dictado por la Sección Tercera,
Subsección B de la Sección Tercera ignoró que la medida de aseguramiento tuvo
en cuenta más pruebas para justificar su imposición, pues no se fundó
exclusivamente en el informe de policía, y, por ende, no puede predicarse que la
sentencia tutelada desconoció el precedente judicial en cuanto a la valoración de
los informes de policía, toda vez que este no fue tenido en cuenta por sí solo
para sustentar que la medida de aseguramiento fue legal.

Por otra parte, encontró extraño que en el fallo de tutela se hayan hecho las
siguientes afirmaciones: “(...) las declaraciones rendidas por individuos
reinsertados del ELN no eran confiables” y “(...) los testimonios carecían de
credibilidad y provenían de terceros”, porque lo que evidencia es que la
Subsección B de la Sección Tercera se inmiscuyó en asuntos propios de del juez
natural de la causa, en la medida en que hizo un juicio sobre la valoración e
interpretación de los testimonios y de las declaraciones de los reinsertados del
ELN que sirvieron a la sentencia tutelada para justificar que la detención
preventiva se ajustó a legalidad, lo que no resulta viable desde la óptica de la
naturaleza y la finalidad del mecanismo de amparo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

2. Cuestión previa

El 9 de febrero de 2024, el proceso correspondió al consejero Jorge Iván Duque
Gutiérrez2, quien mediante auto del 23 de febrero de 2024 manifestó encontrarse
impedido para conocer del asunto de la referencia.

2
Quien para dicha fecha se encontraba en encargo del despacho ponente de esta sentencia.

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Por lo anterior, el magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas a través de auto
del 28 de febrero de 2024 ordenó sorteo de conjueces para resolver el
impedimento manifestado, teniendo en cuenta que no existía quórum decisorio.

El 4 de marzo de 2024, fue designada por sorteo la conjuez Bertha Lucía del
Socorro González Zúñiga.

El consejero Rafael Francisco Suárez Vargas mediante proveído del 13 de marzo
de 2024 envió el proceso para continuar con su trámite, teniendo en cuenta que
el consejero ponente de esta providencia se posesionó el 7 de marzo de 2024.

Así las cosas, se tiene que el consejero Jorge Iván Duque manifestó encontrarse
incurso en la causal de impedimento consagrada en el numeral 5.º del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal, que reza:

“5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial», toda vez que
sostiene una amistad entrañable con la magistrada María Adriana Marín, quien
suscribió la providencia cuestionada.”

En este orden de ideas, la Sala de Subsección declarará fundado el impedimento
para conocer del presente asunto, en consideración a que la afirmación señalada
por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez se ajusta al presupuesto fijado en
el dispositivo mencionado.

3. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, la Sala de Subsección considera
que el problema jurídico se circunscribe a establecer si la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado, al proferir la providencia del 21 de
septiembre de 2023, incurrió en un desconocimiento del precedente3.

4. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000 y fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando éstos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de

3 Es de advertir que si bien la parte actora, también alega un defecto fáctico, lo cierto es que

fundamenta este defecto con los mismos argumentos que expone para el desconocimiento de
precedente judicial, razón por la cual la Sala se pronunciara respecto este último.

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otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en
esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar
justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo
constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en
esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la

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jurisprudencia, que habilitan su interposición.

4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.

4.1.2. Asimismo, la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y
extraordinarios para obtener el amparo constitucional, por lo que en el presente
asunto se cumple con el requisito de subsidiariedad.

4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la expedición de la última providencia cuestionada (14 de julio
de 2023).

4.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional,
en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental
como consecuencia del desconocimiento de precedente judicial en que
presuntamente incurrió la autoridad judicial cuestionada.

Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

5. Caso concreto

El reproche del accionante consiste, en síntesis, en que la decisión proferida el
14 de julio de 2023, dentro del proceso de reparación directa, quebrantó sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia porque se incurrió en un desconocimiento del
precedente vertical proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

De las piezas procesales aportadas al proceso (índice 2 del expediente visible
en SAMAI), la Sala observa lo siguiente:

Mediante providencia de 5 de diciembre de 2004 la Fiscalía Tercera de
Seguridad Pública y Delitos Varios de Cúcuta impuso la medida de
aseguramiento de detención preventiva, al considerar “En cuanto al sindicado
José Domingo Reina (…) encuentra este despacho que en el actual momento
procesal detalle cada una de las indicaciones que se hacen a este procesado,
desde el inicio de esta investigación los tres reinsertados que le hacen las
indicaciones a José Domingo Reyna, merecen credibilidad ya que como se ha
venido ventilando en esta investigación fueron subversivos con la guerrilla se
encuentra plenamente demostrada dentro del estudio que se hizo por parte de
organismos del plan de reinserción ELN y estuvieron de grupo de insurgentes en
las diferentes regiones señaladas en esta investigación, por lo tanto en el actual

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momento se debe proferí medida aseguramiento consistente en detención
preventiva a José Domingo reina, por cuanto existen índices de responsabilidad
en su contra y testimonios de los insurgentes reinsertados que se consideran
dignos de credibilidad”.

A través de la sentencia del 16 de diciembre de 2015, el Juzgado Quinto Penal
del Circuito Judicial de Cúcuta absolvió al señor José Domingo Reina, al
considerar que “que no obra en el proceso prueba que conduzca a la certeza de
responsabilidad de JOSÉ DOMINGO REINA Y LUIS ANTONIO PARADA
CONTRERAS sino una inmensa e inconmensurable duda, acerca de si estos
ejecutaron o no la conducta punible de rebelión objeto de la acusación.”

Ahora bien, la autoridad judicial accionada en la decisión del 14 de julio de 2023
– objeto de cuestionamiento en esta sede – consideró que la privación de la
libertad no fue injusta, puesto que la medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva impuesta fue razonada, proporcional y necesaria; además,
porque no advirtió que se hubiese presentado una arbitrariedad por parte de la
Fiscalía en la etapa de instrucción.

Lo anterior, al considerar que la imposición de la medida de aseguramiento
consistente en la detención preventiva era procedente porque las declaraciones
de los tres reinsertados del ELN, quienes sindicaron directamente al señor José
Domingo Reina, como ideólogo de ese grupo subversivo y el informe policía,
eran elementos suficientes que comprometían su participación en el delito de
rebelión, aun cuando en la valoración probatoria en la etapa de juicio diera lugar
a la absolución, por duda razonable.

Ahora bien, sobre el particular, es oportuno señalar, como lo hizo el juez
constitucional de primera instancia, y de acuerdo con la jurisprudencia de la
misma Sección Tercera del Consejo de Estado, que las declaraciones rendidas
por reinsertados carecen de eficacia probatoria, puesto que no generan plena
credibilidad y convicción de la responsabilidad del acusado.

Así, por ejemplo, lo señaló la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado en la sentencia del 25 de julio de 20194, en la que consideró que las
declaraciones de los reinsertados y los informes de inteligencia militar no
generaban la plena convicción de la responsabilidad del acusado, por las
siguientes consideraciones:

4Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 25 de julio de 2019, radicación

núm. 07001-23-31-000-2009-00057-01, CP María Adriana Marín.

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Accionante: José Domingo Reina y otros

“Resulta claro que la investigación penal que se adelantó en contra del señor
William Sofanor Coronado Alfaro tuvo su origen en la declaración de los
señores Benildo Tijera Maldonado, Omar de Jesús Silgado Herrera, Moisés
Rafael Díaz Montes, ex integrantes del Frente 35 de las FARC, quienes
aseguraron que les constaba la participación de varias personas en este grupo
subversivo (…)

Precisa la Sala que dichas declaraciones fueron el fundamento de la detención
preventiva y de la imputación del delito de rebelión del señor Coronado Alfaro,
como lo advirtió la Fiscalía en la providencia de 23 de junio de 2003 mediante la
cual profirió la resolución de acusación, pero en la sentencia absolutoria de
primera instancia, concluyó que la valoración de las declaraciones en
conjunto no generaba la plena convicción de la responsabilidad del
acusado (…)

Así entonces, esas declaraciones de testigos, que incluso no aparecen en
ninguna de las piezas que reposan en el expediente -únicamente son
relacionadas en las resoluciones proferidas por la Fiscalía- no resultaron ser
elementos probatorios que permitieran establecer la responsabilidad penal del
ahora demandante (…)

A una conclusión análoga llegó esta Corporación en la sentencia de 2 de mayo
de 2017, en la cual se decidieron las pretensiones reparatorias de quienes
habían sido capturados y sometidos a detención preventiva, como presuntos
autores del delito de rebelión, con base en el testimonio de un reinsertado de
las FARC e informes de inteligencia militar que relataban su presunta
colaboración con el grupo subversivo. Teniendo en cuenta que los informes de
inteligencia no son un medio de convicción válido y que, en consecuencia, el
material probatorio era insuficiente, la Sala concluyó que la autoridad judicial
había inobservado los requisitos establecidos en la normativa procesal, por lo
que se acreditaba una falla del servicio5.

Así, al no contar la Fiscalía General de la Nación con dos indicios graves de la
responsabilidad del señor William Coronado Alfaro como autor del delito de
rebelión al momento de ordenar su detención preventiva, se configura en el sub
judice una falla del servicio (…)”

Igualmente, se tiene que la Sección Tercera, Subsección C de esta corporación
en la sentencia del 7 de octubre de 20206, estableció que la Fiscalía General de
la Nación contribuyó eficazmente en la producción del daño, al imponer la
medida de aseguramiento con fundamento solo en un informe policía:

“En tales condiciones, la Sala no puede pasar por alto que al ente investigador
le asistía el deber de verificar la eficacia de los elementos de juicio que le fueron
presentados por la Policía Nacional; corroborar la información aportada en el
informe policivo; y cotejarla con otros medios de prueba, antes de solicitar la

5 Al respecto ver: Sentencia de 2 de mayo de 2017, exp. 40772, Sentencia de 16 de mayo de

2019, exp. 45438 y Sentencia de 14 de julio de 2019, exp. 46800.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 7 de octubre de 2020,
radicación núm. 54001-23-31-000-2008-00361-01, CP Nicolás Yepes Corrales.

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06525-01
Accionante: José Domingo Reina y otros

medida de aseguramiento en contra del procesado. Nada de ello se advierte en
la actuación de la Fiscalía General de la Nación, pues se observa que
fundamentó la medida cautelar en el informe policial, carente de valor probatorio.

En otras palabras, la Sala advierte que la Nación - Fiscalía General de la Nación
contribuyó eficazmente en la producción del daño, toda vez que durante la fase
de investigación no desarrolló una actividad probatoria tendiente a corroborar
la identidad de Luis Orlando Villamizar Gamboa como alias “El Búfalo”, e
impuso la medida de aseguramiento con fundamento en un informe policía,
de lo cual resulta lógico concluir que está llamada a responder por los perjuicios
ocasionados a los demandantes7, pues incumplió con su deber de investigación
y le dio valor probatorio a un documento que le fue presentado aun cuando el
mismo solo servía como criterio orientador de la investigación, circunstancia que,
a la postre, la llevaron a decretar una medida de aseguramiento de detención
preventiva contra el aquí demandante, sin el cumplimiento de los requisitos
legales para ello8.

Las circunstancias puestas de presente se erigen como constitutivas de falla del
servicio, debido a que la Fiscalía no contaba con pruebas suficientes para
imponer la medida cautelar en contra Luis Orlando Villamizar Gamboa, pues
solo mediaba un informe policivo elaborado sin elementos o evidencias
para identificar al procesado como alias “El Búfalo”. Así, se esperaba del
ente acusador mayor acuciosidad dirigida a confrontar la versión policiva en
contra del ahora demandante con otros elementos de convicción.”

Así las cosas, la Sala comparte el criterio de la Sección Tercera, Subsección B
del Consejo de Estado que, al resolver este asunto en primera instancia,
consideró que la autoridad judicial demandada desconoció el precedente judicial
de la misma Sala, que ha señalado que las declaraciones rendidas por
reinsertados carecen de eficacia probatoria a efectos de imponer una medida de
aseguramiento, como efectivamente ocurrió en el caso del señor José Domingo
Reina.

Lo anterior, le permite concluir a la Sala que se incurrió en desconocimiento de
precedente vertical proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
el que se estableció que los informes de policía judicial y las declaraciones de
los desmovilizados no pueden catalogarse como indicios graves de
responsabilidad al momento de imponer la medida de aseguramiento,
circunstancia que vulnera los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia, invocados en protección.

7 En este sentido consultar sentencia reciente del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, del 29 de noviembre de 2018, expediente 61061.
8 “Artículo 397. Requisitos sustanciales de la resolución de acusación. El Fiscal General de la

Nación o su delegado dictarán resolución de acusación cuando esté demostrada la ocurrencia
del hecho y exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios
graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la responsabilidad
del sindicado”.

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ACCIÓN DE TUTELA
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Accionante: José Domingo Reina y otros

Por las razones expuestas, se confirmará el fallo de primera instancia que
concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados en protección por
el señor José Domingo Reina.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar fundado el impedimento manifestado por el doctor Jorge Iván
Duque Gutiérrez para conocer del asunto de la referencia, por las razones
expuestas.

Segundo: Confirmar la sentencia de primera instancia del 11 de diciembre de
2023 proferida Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, que
concedió el amparo solicitado por el señor José Domingo Reina, por las
consideraciones anteriormente expuestas.

Tercero: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Impedido
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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