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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06529-01

Fecha
22 de febrero de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06529-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Modifícase la sentencia de 13 de diciembre de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, en el sentido de solo denegar la acción de tutela presentada por el señor Ángelo Andrés Ucros Ospina. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06529-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

22 de febrero de 2024

Demandante: Ángelo Andrés Ucros Ospina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06529-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06529-01
Demandante: ÁNGELO ANDRÉS UCROS OSPINA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela de fondo. Mora judicial respecto de peticiones
relacionadas con actuaciones judiciales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
el fallo de 13 de diciembre de 2023, por medio del cual el Consejo de Estado,
Sección Primera declaró improcedente la acción de tutela de la referencia en
cuanto a la vulneración del derecho fundamental de petición y, en lo demás, la
negó.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Ángelo Andrés Ucros Ospina presentó acción de tutela1 contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, al considerar vulnerado su
derecho fundamental de petición por cuanto, a la fecha de presentación de esta
acción constitucional, no resolvió las solicitudes elevadas2 para que se i) expida
copia digital del expediente, ii) dé impulso procesal al trámite de elaboración del
fallo y iii) altere el turno asignado para resolver el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-26-000-2016-00096-00.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el actor solicitó:

«Se declare que la accionada vulneró mi derecho fundamental de petición y en
consecuencia se ordene responder de fondo las peticiones instauradas en 26 y 28
de septiembre de 2023».

1
Escrito que se presentó el 23 de octubre de 2023.
2
Peritorios con radicado 363 de 26 de septiembre de 2023 y 364 de 28 del mismo mes y año.

1
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Demandante: Ángelo Andrés Ucros Ospina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06529-01

1.3. Hechos

La acción de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

El señor Ucros Ospina relató que la sociedad Canteras de Florencia Ltda.
promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Agencia
Nacional de Minería, en el cual se controvierten los actos por medio de los
cuales se rechazó y archivó una solicitud de minería.

Indicó que el 26 de septiembre de 2023 radicó una petición ante el despacho a
cargo del asunto aludido, con el propósito de obtener la copia digital del
expediente, así como para que se diera impulso procesal al trámite de la
elaboración del proyecto de fallo, la cual no fue contestada.

Narró que el 28 de septiembre siguiente presentó otro requerimiento, en aras de
que se alterara el turno designado para que se dicte la sentencia
correspondiente, dado que han transcurrido más de siete años sin tener un
acceso real y definitivo a la administración de justicia. Sin embargo, su petitorio
tampoco fue atendido.

1.4. Sustento de la petición

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada transgredió su derecho
fundamental de petición, tras no pronunciarse en torno a los petitorios
presentados el 26 y 28 de septiembre del año pasado, pese a que requiere las
grabaciones de las audiencias surtidas dentro del medio de control.

Esto, debido a que al consultar el proceso con radicado 11001-03-26-000-2016-
00096-00 en el aplicativo SAMAI no logró acceder al vínculo de la audiencia
inicial que se llevó a cabo el 26 de mayo de 2021, no obstante que esto si lo
pudo hacer al revisar otras actuaciones procesales.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto de 30 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Primera
inadmitió la acción constitucional de la referencia debido a que el demandante no
precisó la calidad en la que actuaba, ni explicó las razones por las cuáles
Canteras de Florencia Ltda. no estaba en condiciones de promover su propia
defensa.

En atención a lo anterior, el señor Ucros Ospina aclaró que actuaba en calidad
de representante legal de la aludida sociedad y aportó el respectivo certificado
expedido por la Cámara de Comercio de La Guajira el 10 de noviembre del año
pasado, por medio del cual acreditó que ostenta la condición manifestada.

Con proveído de 16 de noviembre de 2023 se admitió la solicitud de tutela y
ordenó notificar esta decisión al actor y como demandados a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Además, vinculó a la
Agencia Nacional de Minería, por tener interés en las resultas del presente
trámite.

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Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Agencia Nacional de Minería

Se pronunció por intermedio del abogado del Grupo de Defensa Jurídica de la
Oficina Asesora Jurídica de la entidad, quien solicitó su desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la presunta omisión alegada
por el actor obedece a temas estrechamente relacionados con la actuación
desplegada por la judicatura accionada dentro del proceso promovido por la
sociedad Canteras de Florencia Ltda.

1.5.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

El magistrado a cargo del medio de control dentro del cual el accionante afirma
que radicó las peticiones objeto de controversia, puso de presente que se han
promovido anteriormente otras acciones constitucionales relacionadas con el
medio de control que tiene bajo su conocimiento, las cuales fueron identificadas
con los siguientes radicados:

i) 11001-03-15-000-2022-03698-00, ii) 11001-03-15-000-2022-06167-00, iii)
11001-03-15-000-2021-02233-00, iv) 11001-03-15-000-2023-01312-00, v)
11001-03-15-000-2023-02025-00, vi) 11001- 03-15-000-2023-02986-00 y vii)
11001-03-15-000-2023-04537-00.

Aclaró que las solicitudes del actor no cumplen los presupuestos necesarios para
ser resueltas conforme con la normativa que regula el derecho de petición, por el
contrario, el pronunciamiento debe ser en atención a las disposiciones legales
que rigen el proceso.

Explicó que el 26 de septiembre de 2023 se envió el expediente del medio de
control a digitalizar y, posteriormente, la Secretaría de la Sección Tercera, en
oficio del 6 de octubre de la misma anualidad (8 días después del requerimiento
radicado por el actor) comunicó a todos los sujetos procesales que en el Sistema
de Gestión Judicial SAMAI obraban los documentos del proceso.

En ese sentido, una vez los usuarios se encontraran registrados y activos,
podrían consultar las actuaciones correspondientes. De modo que, en vista de
que el demandante tiene habilitado el acceso a dicho aplicativo desde el 20 de
enero de 2023, tuvo la posibilidad de consultar el expediente para los fines
pertinentes, desde el momento en que fue cargado en el índice 324.

En cuanto al impulso procesal señaló que mediante autos de 9 de junio y 2 de
noviembre de 2023, le informó a la parte accionante que el expediente se
encontraba en el turno 6, específicamente, en lo que atañe a los asuntos
mineros. Además, le mencionó que se estaban resolviendo los procesos que
ingresaron para fallo en el segundo trimestre del año 2022, excepto los asuntos
en los que se hubiera decretado pruebas de oficio.

Finalmente, en relación con la alteración del turno de fallo expuso que es
competencia de esa subsección resolver la prelación de fallo de los procesos

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bajo estudio, según lo previsto en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996,
adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 del 2009, por lo tanto, el proyecto
elaborado por el magistrado sustanciador debe surtir el trámite establecido en el
artículo 49 del Acuerdo 080 de 2019.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Primera, en providencia de 13 de diciembre de
20233, declaró improcedente la presente tutela en cuanto a la presunta
vulneración del derecho fundamental de petición, en razón a que el legislador
estableció procedimientos específicos para las solicitudes presentadas ante
autoridades judiciales.

Además, negó la acción constitucional tras evidenciar que la subsección
accionada no incurrió en mora judicial injustificada, pues desde el 5 de octubre
de 2023 –antes de que el actor acudiera a esta instancia– el expediente
digitalizado del proceso en cuestión se cargó a SAMAI, lo cual le fue informado a
la parte demandante al día siguiente.

Por otro lado, el a quo encontró que en auto de 9 de junio de 2023 el despacho a
cargo del asunto le comentó a la sociedad actora que estaban registrados para
discusión los proyectos de los procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho que ingresaron para fallo en el segundo trimestre del año 2022, mientras
que la litis de Canteras de Florencia Ltda. pasó para fallo el 26 de abril de 2023.

Verificó que en la providencia de 2 de noviembre del año pasado se le comunicó
a la tutelante que su proceso se encontraba en el turno 6 dentro de los procesos
mineros de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que pudiera anunciarse
una fecha para la elaboración del proyecto de la sentencia y menos afirmarse
con precisión cuándo será proferida.

Igualmente, constató que en el proveído de 17 de noviembre de 2023 la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pronunció
respecto a cada uno de los puntos solicitados por la parte actora en las
peticiones de 26 y 28 de septiembre del mismo año, es decir, respecto a la i)
copia digital del expediente, ii) el impulso procesal y iii) la alteración del turno de
fallo.

A partir de lo anterior, concluyó que la judicatura enjuiciada no actuó de forma
negligente en el trámite objeto de estudio, pues la tardanza aludida por la
accionante obedece al volumen de trabajo y a los turnos asignados a los
diferentes casos.

A su vez, declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Agencia Nacional de Minería.

1.7. Impugnación

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 18 de enero del año en curso,

3
Decisión notificada el 15 de enero de 2024.

4
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la parte actora indicó que la subsección cuestionada en auto de 4 de diciembre
de 2023 negó su solicitud de alteración de turno para proferir el respectivo fallo,
así que tal punto se trata de un «hecho superado» en el presente trámite.

Señaló que, si bien es cierto que se puso a disposición de las partes las
actuaciones surtidas dentro del medio de control que promovió en la plataforma
SAMAI, también lo es que no ha podido ingresar a visualizar la audiencia inicial,
lo que atenta contra su derecho fundamental al debido proceso.

Trajo a colación que la Rama Judicial afronta una congestión que impide a los
ciudadanos acceder a la administración de justicia, de modo que el Consejo
Superior de la Judicatura tenía que adoptar las medidas concernientes para
superarla, pues tal situación no se debía a la falta de presupuesto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección
Primera, el 13 de diciembre de 2023, según lo previsto en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del Decreto 333
de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Legitimación en la causa por activa

Sobre el punto se destaca que el inciso primero del artículo 86 de la Constitución
Política prevé el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un
procedimiento preferente y sumario.

En concordancia con lo anterior, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991
establece que toda persona que considere trasgredidos sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita:

i) Por el titular de las garantías constitucionales; ii) a través de representante
legal; iii) apoderado judicial; o iv) por medio de la agencia oficiosa cuando el
titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su
defensa; además, contempló que los defensores del pueblo y los personeros
municipales también pueden promover este mecanismo constitucional.4

La Corte Constitucional5 señaló que el estudio de la legitimación en la causa por
activa constituye un presupuesto procesal de la demanda e indicó que una
persona está facultada para presentar la solicitud de amparo cuando acredita
que «tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución del fallo

4
Corte Constitucional, sentencia T-511 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
5
Al respecto, ver sentencias SU-454 de 2016 y T-511 de 2017.

5
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que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el funcionario
judicial pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es propio del
demandante.»

Así las cosas, se supera el presupuesto de la legitimación en la causa por activa,
teniendo en cuenta que en el escrito de subsanación de la tutela el señor Ucros
Ospina afirmó actuaba en calidad de representante legal de Canteras de
Florencia Ltda., sociedad que integra la parte demandante del proceso dentro del
cual se radicaron las peticiones objeto de discusión.

Aunado a que se aportó al plenario el certificado de existencia y representación
legal de la empresa en mención, documento en el que efectivamente aparece el
señor Ucros Ospina como aquella persona que tiene la facultad de obrar en
nombre de Canteras de Florencia Ltda.

2.2.2. Temeridad en la acción de tutela

Al respecto, es oportuno señalar que el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991
contempla la figura jurídica de la temeridad en materia de acción de tutela, de la
siguiente manera:

«Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes».

La Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos para declarar la
ocurrencia de esta figura, así: «(i) identidad fáctica y de derechos invocados en
relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la otra
acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante;
(iii) identidad del sujeto accionado y; (iv) falta de justificación para interponer la
nueva acción.»6

El alto tribunal constitucional precisó que la verificación de este último requisito
se deriva de la prohibición general para que se presente un nuevo
pronunciamiento por parte del juez constitucional sobre un asunto que guarde
identidad jurídica con otro que haya sido decidido, pues la sentencia ejecutoriada
tiene fuerza de cosa juzgada.

Es así, como en criterio de esta Sección la actuación temeraria tiene una relación
directa con el principio constitucional de la buena fe, prescrito en el artículo 83 de
la Constitución Política, por lo tanto, cuando se obra temerariamente se vulnera
este principio, en la medida que para satisfacer un interés particular, el actor
instaura deliberadamente y sin un motivo válido una nueva acción de tutela y
como la buena fe se presume en todas las actuaciones de los particulares ante
las autoridades públicas, corresponde al juez de tutela demostrar su existencia.7

Según se tiene, el magistrado ponente del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 11001-03-26-000-2016-00096-00 comentó al rendir su
informe que el representante legal de Canteras de Florencia Ltda. promovió otras

6
Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la sentencia T-151 de 2010.
7
Ver, entre otras, sentencias SU-027 de 2021 y T-407 de 2022.

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tutelas que están relacionadas con los mismos hechos expuestos en esta
ocasión, sin que esto fuera objeto de estudio por el a quo.

En consecuencia, resulta necesario verificar si el accionante actuó de forma
temeraria, para lo cual se tendrá en cuenta el siguiente análisis:

Acción de tutela Demandado Pretensiones
Se ordene dar respuesta a las peticiones
elevadas el 26 y 28 de septiembre de 2023
11001-03-15-000-2023- Consejo de Estado, Sección dentro del proceso 2016-00096-00,
06529-01 Tercera, Subsección C principalmente, para acceder al expediente
(Actual) y visualizar la audiencia inicial.

Se invocó la mora judicial del proceso
Consejo de Estado, Sección 2016-00096-00 por no realizar la audiencia
Tercera, Agencia Nacional de inicial y negar la medida cautelar
11001-03-15-000-2021- Minería, Corporación solicitada.
02233-00 Autónoma Regional de La
Guajira y Además, se cuestionaron actos expedidos
Alcaldía de Fonseca por la Agencia Nacional de Minería y que
(La Guajira) el municipio de Fonseca suspendiera
actividades mineras.

Se planteó la mora judicial del proceso
11001-03-15-000-2022- Consejo de Estado, Sección 2016-00096-00, tras no fijarse fecha para
03698-00 Tercera, Subsección C celebrar la audiencia de alegatos.

Se ordenara a la Agencia Nacional de
Minería expedir copia de la revaluación
Consejo de Estado, Sección técnica entregada en el proceso por falta
11001-03-15-000-2022- Tercera, Subsección C y de firma y a la autoridad judicial accionada
06167-00 Agencia Nacional de Minería establecer fecha para la audiencia de
pruebas en el proceso 2016-00096-00.

Se solicitó que la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado
Consejo de Estado, Sección corriera traslado para alegar de conclusión
11001-03-15-000-2023- Tercera, Subsección C, en el proceso 2016-00096-00.
01312-00 Agencia Nacional de Minería y
Juzgado Sexto Administrativo A su vez, que la agencia accionada
de Bogota resolviera una petición que se elevó a la
entidad y el juzgado demandado admitiera
una acción de tutela.

Se alegó que la Subsección C, Sección
Tercera del Consejo de Estado incurrió en
Consejo de Estado - demora en el proceso 2016-00096-00 al no
Subsecciones A y C de la pronunciarse respecto a la renuncia del
11001-03-15-000-2023-
Sección Tercera y Tribunal apoderado de la parte demandante.
02025-00 Administrativo de
Cundinamarca, Además, se controvirtió la tardanza de la
Subsección A de la Sección Subsección A de la Sección Tercera de
Primera esta Corporación en proferir fallo en el
trámite de la tutela con radicado 2023-
01312-00 y se solicitó que se ordenara al
tribunal accionado admitir la demanda con
radicado 2023-00441-00.

11001-03-15-000-2023-
02986-00 Se ordenara a la autoridad judicial
Consejo de Estado, Sección accionada dictar sentencia en el proceso
Tercera, Subsección “C” con radicado 2016-00096-00.
(Promovida por la
Elda Patricia Rodríguez
Beleño)

11001-03-15-000-2023- Comisión de Disciplina Se planteó que la Sección Tercera del
04537-00 Judicial, Consejo Superior de Consejo de Estado incurrió en mora
la Judicatura, Presidencia del judicial por no proferir sentencia y alterar el
Consejo de Estado, presidente turno para fallo en el proceso 2016-00096-
de la República y Tribunal 00.
Administrativo de

7
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Cundinamarca, Sección De otro lado, se solicitó que el Consejo
Tercera, Subsección C Superior de la Judicatura dictara medidas
de descongestión en la Rama Judicial y
que la Comisión de Disciplina Judicial
vigilara a todos los jueces que no cumplen
los términos procesales.

Además, que el presidente de la República
estudiara la posibilidad de decretar la
emergencia en la justicia y el tribunal
accionado admitiera la demanda con
radicado 2023-00229-00.

Bajo este panorama, se advierte que en el presente caso no se evidencia mala fe
del actor a efectos de configurar la temeridad y tampoco concurren los
presupuestos necesarios para ello, pues al comparar la presente tutela con
aquellas identificadas con los radicados 2021-02233, 2022-03698-00, 2022-
06167-00, 2023-01312-00, 2023-02025-00 y 2023-04537-00 se constató que los
hechos en que se respaldaron no son idénticos, ni existe una coincidencia total
de sujetos accionados.

Nótese que el accionante invocó en tales procesos la existencia de la mora
judicial al interior del medio de control con radicado 11001-03-26-000-2016-
00096-00 respecto a diferentes actuaciones procesales, mientras que la
discusión sugerida en el asunto que nos ocupa radica en la falta de respuesta a
las solicitudes que elevó al interior de dicha litis el 26 y 28 de septiembre de
2023.

En lo que concerniente al trámite con radicado 2023-02986-00 se encuentra que
no solo carece de similitud fáctica con la actual tutela, sino también de identidad
de parte demandante debido a que que fue promovida por la señora Elda Patricia
Rodríguez Beleño, quien es accionista de la sociedad Canteras de Florencia
Ltda.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo proferido en primera instancia, para lo cual se debe analizar si el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C vulneró el derecho fundamental de
petición del señor Ucros Ospina, con ocasión de la falta de respuesta a las
solicitudes presentadas el 26 y 28 de septiembre del año pasado dentro del
proceso con radicado 11001-03-26-000-2016-00096-00.

Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela, ii) del derecho de petición en actuaciones
judiciales, iii) de la mora judicial respecto de peticiones relacionadas con
actuaciones judiciales y su conexión con el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, y iv) análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los
jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean

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violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6º ibidem., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.

2.5. Del derecho de petición en actuaciones judiciales

Al respecto, la Sala considera necesario precisar que el ejercicio del derecho de
petición «…no es aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los
procesos, ya que estos se rigen por las normas legales propias de cada uno, sin
que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada
uno de los momentos procesales.»8 En relación con este punto, la Corte
Constitucional precisó:

«…5. Específicamente en relación con el derecho de petición frente a los jueces
las sentencias T- 334 de 1995 y T-07 de 1999 señalaron que:

a) El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o
para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya
que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien,
en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del
derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición.

b) Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado,
los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos.
Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto
es, el Código Contencioso Administrativo.

c) Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden
ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas,
como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes
dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite
en el que prevalecen las reglas del proceso (…)».9

2.6. De la mora judicial respecto de peticiones relacionadas con
actuaciones judiciales y su conexión con el derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia

La Corte Constitucional señaló que el fenómeno de la mora judicial puede llegar a
desconocer el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación
es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de estos10.

Para dicha Corte11, la protección del derecho antes mencionado tiene dos
dimensiones: i) la posibilidad de acudir ante un juez o tribunal a presentar las

8
Sentencia T-178 de 2000.
9
Sentencia T-377 de 2000.
10
Sentencia T-1019 de 2010.
11
Sentencia T-608 de 2019.

9
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06529-01

pretensiones para la protección de sus derechos o intereses y ii) que dicho
acceso a la justicia sea efectivo, al obtener la resolución de fondo de las
pretensiones presentadas y que la misma se pueda hacer efectiva a través de su
correcta ejecución.

Entonces, el acceso a la justicia no solo se garantiza con el hecho de acudir ante
los jueces competentes, sino que implica que la persona que acude obtenga una
solución de fondo pronta, cumplida y eficaz. Por ello, cuando quien concurre ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo no obtiene respuesta de fondo en
un término razonable, por razones imputables al aparato judicial, se puede
concluir que existe una vulneración de tal garantía constitucional.

Sin embargo, el incumplimiento de los términos judiciales se encuentra justificado
cuando12: a) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se
demuestra la diligencia razonable del operador judicial; b) se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia
que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o, c) se
acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la
resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley.

2.7. Caso concreto

En el asunto en estudio el actor consideró que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C vulneró su derecho fundamental de petición, tras no
pronunciarse en torno a las solicitudes que elevó el 26 y 28 de septiembre de
2023, con el propósito que se i) expida copia digital del expediente, ii) dé impulso
procesal al trámite de elaboración del fallo y iii) altere el turno asignado para
resolver el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-03-26-000-2016-00096-00.

En primera instancia se resolvió declarar improcedente la tutela en lo
concerniente a la transgresión de la aludida garantía constitucional, dado que la
controversia planteada gira en torno a asuntos relacionados con la litis. Además,
negó la acción de tutela tras evidenciar que no existe una dilación injustificada
por parte de la autoridad judicial accionada en el proceso sometido a su
consideración.

En la impugnación el señor Ucros Ospina puso de presente que la subsección
cuestionada negó su solicitud de alteración de turno para proferir el respectivo
fallo mediante auto de 4 de diciembre de 2023, por lo que dicho punto «es un
hecho superado.»

Sin embargo, insistió en la dificultad que ha tenido para visualizar la audiencia
inicial que se llevó a cabo en el proceso en cuestión, pese a que se puso a
disposición de las partes en el expediente digital en la plataforma SAMAI, lo que
atenta contra su derecho fundamental al debido proceso.

Cabe señalar que el actor hizo referencia a que es necesario que el Consejo
Superior de la Judicatura adopte las medidas concernientes para superar la

12
Sentencia T-803 de 2012.

10
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congestión que se presente en la Rama Judicial. No obstante, este es un
argumento nuevo a los señalados en el escrito de la tutela, razón por la que no
es dable proferir algún pronunciamiento al respecto.

A la vez, se considera que resulta inane realizar algún análisis en torno a la
solicitud de alteración del turno para fallo, teniendo en cuenta que el accionante
aun cuando hizo alusión a esta cuestión en la impugnación, no propuso un
reproche en cuanto a lo decidido por la subsección accionada, pues simplemente
informó que fue atendida.

Precisado lo anterior, la Sala solo abordará el cuestionamiento reiterado por el
actor en su impugnación que atañe al acceso y consulta del expediente con
radicado 11001-03-26-000-2016-00096-00, dado que fue el propósito por el cual
radicó la petición de 26 de septiembre de 2023, cuya falta de respuesta lo motivó
a ejercer la acción de tutela de la referencia.

Cabe aclarar que lo requerido por el accionante está relacionado con actos
estrictamente judiciales, lo que implica que la discusión propuesta se analice bajo
la óptica de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, mas no de petición.

En criterio de la Sala, esta situación no da lugar a que se declare improcedente la
acción de tutela como lo consideró el a quo, sino tan solo que se verifique la
controversia expuesta desde otro enfoque, razón por la que se modificará el fallo
impugnado al respecto.

Ahora bien, al revisar el proceso objeto de debate en el Sistema de Gestión
Judicial SAMAI, se constató que la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, mediante oficio de 6 de octubre de 202313, notificado al actor ese
mismo día14, informó a todos los sujetos procesales lo siguiente:

«Para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos informarles que en el
Aplicativo de Gestión Judicial Samai índice Nro. 324, obra la anotación
“EXPEDIENTE DIGITAL”; una vez se encuentre registrado y su usuario sea
activado, podrá consultar las actuaciones surtidas por el despacho, las partes e
intervinientes en el proceso de la referencia.

1. Link para solicitar acceso a Samai:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/
2. Manual para solicitar la activación del usuario en el sistema SAMAI
3. Manual de uso de SAMAI

Se pone de presente que solicitar acceso no garantiza que el mismo sea
concedido, toda vez que, previo a concederlo se validan los presupuestos
procesales de la capacidad para ser parte y para comparecer, así como el derecho
de postulación debidamente ejercido ya sea por activa o por pasiva dentro del
proceso de la referencia y si encuentra que están satisfechos, se procede a
conceder el acceso al Aplicativo de Gestión Judicial “Samai”.»

Además, se observa que el 5 de octubre de 2023 se cargó en dicha plataforma
las actuaciones procesales surtidas, es decir que el actor como ya se encontraba
registrado y con usuario activo en SAMAI pudo ingresar, incluso, antes de que

13
Visible en el índice 329.
14
Con mensaje enviado al correo electrónico angeloucros@gmail.com.

11
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promoviera la presente acción de tutela (23 de octubre del mismo año).

Igualmente, se observa que mediante auto de 17 de noviembre de 202315 la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, le reiteró la anterior
información al representante legal de Canteras de Florencia Ltda, en atención a
la solicitud que radicó el 26 de septiembre de 2023, en los siguientes términos:

«…Ángelo Andrés Ucrós Ospino, representante legal de Canteras de Florencia
Ltda., solicitó lo siguiente: (i) copia digital del expediente de la referencia, (ii)
impulso procesal, y (iii) alteración del turno de fallo.

Frente a la primera petición, es oportuno anotar que la Secretaría de la
Sección Tercera, en oficio del seis (6) de octubre de dos mil veintitrés (2023),
esto es, ocho (8) días después del requerimiento radicado por el actor,
informó a todos los sujetos procesales que en el Sistema de Gestión Judicial
– SAMAI – obra el expediente digital, y que, en ese sentido, una vez los usuarios
se encontraran registrados y activos, podrían consultar las actuaciones
correspondientes. De suerte que, en vista de que el señor Ucros Ospino tiene
habilitado el acceso a dicho aplicativo desde el veinte (20) de enero de dos mil
veintitrés (2023), ha tenido la posibilidad de consultar el expediente, para los fines
pertinentes, desde el momento en que fue cargado en el índice 324...».16

Según se tiene, dicha providencia le fue debidamente notificada al actor por
estado electrónico del 22 de noviembre del año pasado, cuya comunicación fue
enviada a los siguientes correos electrónicos: «elparobe@hotmail.com» y
«angeloucros@hotmail.com».

De otro lado, se encuentra que en el índice 126 del expediente17 se registró la
actuación relacionada con la audiencia inicial celebrada el 26 de mayo de 2021 y
allí aparece en link por medio del cual se puede visualizar tal diligencia, así:

Entonces, si el actor presenta algún inconveniente con la herramienta SAMAI
tras no poder revisar el referido archivo, es importante que tenga en cuenta que
existen canales establecidos para brindarle soporte técnico y atención de dudas
como, por ejemplo, la Ventanilla de Atención Virtual18, por medio de la cual se
pueden realizar solicitudes justamente relacionadas con tales asuntos o

15
Visible en el índice 341.
16
(Destacado por la Sala)
17
Visible en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103260002016
00096001100103
18
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/contactenos. En este espacio podrá solicitar
soporte tecnológico o remitir oportunidades de mejora para la Ventanilla de Atención Virtual o
SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06529-01

comunicarse con la Oficina de Tecnología del Consejo de Estado (CETIC) al
correo electrónico «cetic@consejodeestado.gov.co» o al número telefónico (601)
565-8500, extensión 2404.

La situación descrita permite concluir que en el asunto analizado no se evidencia
alguna actuación que atentara contra los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Ucros Ospina, pues
tuvo a su alcance la revisión del expediente antes de que acudiera a este
mecanismo constitucional.

Diferente es que tenga problemas técnicos que le impidan visualizar el enlace
que contiene la audiencia inicial, para lo cual existen otros medios a través de los
cuales puede recibir la atención que requiere. Por lo tanto, la Sala modificará la
sentencia impugnada, en el sentido de solo denegar el amparo deprecado por el
actor, toda vez que no se observa que la situación bajo estudio merezca algún
reproche constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Modifícase la sentencia de 13 de diciembre de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera, en el sentido de solo denegar la acción de
tutela presentada por el señor Ángelo Andrés Ucros Ospina.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

13
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