Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-06530-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-06530-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06530-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
7 de marzo de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06530 01
Accionante: Promotora de construcciones inmobiliarias
S.A.S. en reorganización
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06530 01
Accionante: PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS
S.A.S. EN REORGANIZACIÓN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN PRIMERA – SUBSECCIÓN B
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo de 11 de diciembre de 2023, dictado por el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección B.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La sociedad Promotora de Construcciones Inmobiliarias - Proinmob
S.A.S., a través de apoderado judicial, solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, que estima vulnerados por la sentencia de 25 de mayo de 2023,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera
– Subsección B, que confirmó el fallo de 9 de mayo de 2022, proferido
por el Juzgado Segundo Administrativo de Girardot, el cual declaró
probada la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido contra el Municipio de Fusagasugá1.
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Proceso que se tramitó bajo el radicado 25307-33-33-002-2020-00105-01.
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1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, la sociedad
Proinmob S.A.S. manifestó que, con ocasión de una solicitud de licencia
de construcción que elevó ante la Oficina Asesora de Planeación del
Municipio de Fusagasugá, esa autoridad expidió un recibo de pago por
valor de $108.000.000, suma que fue consignada por la demandante el 8
de noviembre de 2012.
Relató que, el 26 de noviembre de 2012, la mencionada oficina profirió la
Resolución 762 de 16 de noviembre de 2012, que dejó sin efectos el recibo
de la consignación realizado por el demandante y requirió a la Secretaría
de Hacienda del Municipio que le devolviera dicha suma a Proinmob S.A.S.
Contra esa decisión, la demandante interpuso los recursos de reposición
y de apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente.
Indicó que, el 22 de julio de 2019, presentó ante la Secretaría de
Planeación del Municipio una solicitud de información sobre el trámite de
la devolución del dinero, la cual fue contestada por la Secretaría de
Hacienda indicándole que no le había sido comunicada la Resolución 762
del 16 de noviembre de 2012. En consecuencia, la Secretaría de Hacienda
expidió la Resolución 13000-11-466 del 4 de septiembre de 2019, por
medio de la cual denegó la devolución de la suma de dinero consignada.
Afirmó que la anterior decisión le fue notificada personalmente el 18 de
septiembre de 2019, y que el acto indicaba que en su contra procedía el
recurso de reposición. Según la actora, pese a que el acto no indicó la
procedencia del recurso de apelación, lo interpuso el 4 de diciembre de
2019, pero que el Secretario de Hacienda, mediante auto de 7 de febrero
de 2020, lo rechazó por extemporáneo.
1.3. La actora informa que instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Municipio de Fusagasugá, con la
finalidad de obtener la declaración de nulidad de la Resolución 13000-11-
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4600 de 4 de septiembre de 2019 y del auto de 7 de febrero de 2020,
proferidos por la Secretaría de Hacienda, y que, a título de
restablecimiento del derecho, se condene a la entidad a reintegrarle la
suma de $108.000.000.
Señaló que, mediante sentencia de 9 de mayo de 2022, el Juzgado
Segundo Administrativo de Girardot denegó las pretensiones de la
demanda y declaro probada la excepción de caducidad del medio de
control, propuesta por la demandada.
Manifestó que interpuso el recurso de apelación contra la anterior decisión
y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección B, mediante providencia de 25 de mayo de 2023, la confirmó.
1.4. La actora alegó en la tutela que la anterior decisión incurrió en
defecto sustantivo por aplicación errada de los artículos 66, 67, 69 y 72
del CPACA, normas que disponen que los actos administrativos
particulares deben ser notificados personalmente y que en la diligencia
deben señalarse los recursos que proceden, las autoridades ante quien se
deben interponer y los plazos para hacerlo.
Dijo que, de acuerdo con dicha normativa, la notificación de la Resolución
13000-11-4600 de 4 de septiembre de 2019 no se le realizó en debida
forma, pues no se le informó que contra esta procedía el recurso de
apelación. En consecuencia, estima que esa decisión administrativa debe
entenderse notificada por conducta concluyente en el momento en el que
se presentó tal recurso, es decir, el 4 de diciembre de 2019 y, como la
solicitud de conciliación fue radicada el 19 de febrero de 2020 y la
demanda el 9 de octubre de ese año, esta última resultó oportuna.
1.5. Por último, alegó que el Tribunal demandado incurrió en
desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional en
la sentencia T-404 del 26 de junio de 2014, que se refirió al debido
proceso administrativo.
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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. El Magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Primera – Subsección B, puntualizó en su contestación que
“[…] no es verdadero que existiera una indebida notificación de la
Resolución No. 13000-11-4600 del 4 de septiembre de 2019 ni que la
providencia del N° NYRD 2023-05-105NYRD del 25 de mayo hogaño, a
través de la cual la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de declarar probada
la excepción de caducidad por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito, vulnere los derechos fundamentales del accionante, como quiera
que dicha determinación se adoptó en el marco de lo establecido en los
artículos 65, 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, respecto de los requisitos y formalidades
legales exigidos para la notificación y la posibilidad que el legislador
otorgó para acudir directamente ante la Jurisdicción Contenciosa cuando
la administración impida interponer el recurso de apelación en contra de
sus determinaciones […]”.
Asimismo, afirmó que lo que busca el accionante es reabrir un debate que
ya fue agotado en el proceso ordinario, y que en este caso no se configura
ninguno de los presupuestos para declarar la procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial, máxime cuando no se evidencia la vulneración
de los derechos fundamentales invocados.
2.2. El titular del Juzgado Segundo Administrativo de Girardot
solicitó que se denegara la presente acción, toda vez que las decisiones
judiciales atacadas aplicaron correctamente la normativa y jurisprudencia
aplicables.
2.3. El Municipio de Fusagasugá guardó silencio.
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III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante fallo de 11 de diciembre de 2023, el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección B, declaró improcedente la tutela por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional, al considerar que “[…] los
argumentos expuestos en las oportunidades procesales mencionadas y en
la presente solicitud de amparo fueron sometidos al conocimiento del juez
natural que concluyó que la Resolución de 19 de septiembre de 2019 fue
notificada de forma personal y no por conducta concluyente por lo que
desde este momento debía contabilizarse el término de caducidad […]”
De lo anterior, advirtió que la parte actora no desplegó una carga
argumentativa suficiente para demostrar por qué esta tutela tenía
trascendencia constitucional, y que simplemente exteriorizó sus
inconformidades frente a lo decidido por el juez natural del asunto, sin
evidenciar los defectos en los que a su juicio incurrió el Tribunal.
IV. IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y alegó que la
tutela no plantea la mera inconformidad con lo decidido por el Tribunal, y
que en este momento constituye el único medio de defensa para obtener la
restauración de los derechos que resultaron violados por la autoridad
judicial accionada. De igual manera, enfatizó que la violación del debido
proceso por indebida notificación de un acto administrativo sí reviste de
relevancia constitucional.
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
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esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. La sociedad Proinmob S.A.S. instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Municipio de Fusagasugá, con la
finalidad de obtener la declaración de nulidad de la Resolución 13000-11-
4600 del 4 de septiembre de 2019 y del auto de 7 de febrero de 2020,
proferidos por la Secretaría de Hacienda de esa entidad territorial,
mediante los cuales se denegó la solicitud de devolución de la suma de
$108.000.000, que había sido consignada en el trámite de expedición de
una licencia de construcción, y se rechazó por extemporáneo el recurso
de apelación interpuesto contra la primera decisión, respectivamente. A
título de restablecimiento del derecho, pidió la devolución de dicha suma.
5.2.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Girardot, mediante
sentencia del 9 de mayo de 2022, declaró la caducidad del medio de
control, porque la resolución demandada fue debidamente notificada a la
actora y en su texto indicaba que en su contra procedía el recurso de
reposición, pese a lo cual no presentó la demanda dentro de los cuatro
meses siguientes.
5.2.3. La anterior providencia fue apelada por Proinmob S.A.S. y,
mediante fallo del 25 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B la confirmó, al considerar
que el demandante debió ejercer el recurso indicado en la resolución
dentro del término correspondiente o acudir ante esta jurisdicción.
5.2.4. Proinmob S.A.S., a través de apoderado judicial, solicitó el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, como consecuencia de la anterior decisión.
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
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5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación2,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20223, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es
suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.
2
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
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M. P. Natalia Ángel Cabo.
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En este caso, la parte actora invocó los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, que estima vulnerados
por la sentencia de 25 de mayo de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B, que
confirmó el fallo de 9 de mayo de 2022, proferido por el Juzgado Segundo
Administrativo de Girardot, el cual declaró probada la caducidad del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el
Municipio de Fusagasugá, proceso identificado con la radicación 25307-
33-33-002-2020-00105-00/01.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.
5.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
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constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20194, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 5.
4
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
5
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
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5.3.1.3. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho6:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie,
si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de
la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así
se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios […]”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
6
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
5.3.2. Caso concreto
En este caso, la Sala advierte que las inconformidades planteadas en la
tutela y en el escrito de impugnación consisten en la configuración de: (i)
un defecto sustantivo por una aplicación errada de los artículos 66, 67,
69 y 72 del CPACA, de los cuales se desprende que los actos
administrativos particulares deben ser notificados personalmente y que
en la diligencia de notificación se deben señalar los recursos que
proceden, las autoridades ante quien se deben interponer y los plazos
para hacerlo, y (ii) desconocimiento del precedente fijado por la Corte
Constitucional en la sentencia T-404 del 26 de junio de 2014, que se
refirió al debido proceso administrativo.
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5.3.2.1. En primer lugar, la Sala advierte que los argumentos expuestos
por la demandante en la tutela constituyen simplemente la reiteración del
debate que ya se agotó en el proceso ordinario, en cuanto a (i) la legalidad
de la notificación de la Resolución 13000-11-466 del 4 de septiembre de
2019, practicada por el Municipio de Fusagasugá el día 18 del mismo mes
y año, (ii) si dicho acto debía entenderse notificado en ese momento o,
por conducta concluyente, cuando la actora presentó en su contra el
recurso de apelación, y en tal sentido, (iii) el momento a partir del cual
debía computarse la caducidad del medio de control.
Lo anterior deja en claro que la actora sólo busca ventilar sus
inconformidades frente a las conclusiones a las que llegó el juez natural
del asunto sobre el caso planteado, más concretamente, sobre la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Dicho de otro modo, la parte actora simplemente pretende que el juez
constitucional analice nuevamente la controversia y emita una nueva y
distinta resolución sobre el particular, pero sin proponer en torno a sus
argumentos una nueva discusión de índole propiamente constitucional,
por lo que es evidente que sólo quiere acceder a una instancia adicional.
5.3.2.2. En el mismo sentido, se advierte que esta Sección, en sentencia
del 19 de noviembre de 20217, sostuvo que en las acciones de tutela
contra providencia judicial en las que se alega el desconocimiento del
precedente se exige, como carga argumentativa mínima, que se
identifiquen: (i) la providencia desconocida, (ii) las reglas y subreglas
jurisprudenciales contenidas en la ratio decidendi de la sentencia
invocada, las cuales deben ser aplicables al caso a resolver, y (iii) los
problemas jurídicos, que en ambos casos deben ser análogos o similares.
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Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
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En el caso sub examine, la demandante se limitó a citar, en el acápite
correspondiente de la solicitud de amparo, un aparte de la sentencia T-
404 del 26 de junio de 2014 de la Corte Constitucional, relacionada con
el debido proceso administrativo. Empero, no identificó el problema
jurídico que se resolvió en ese pronunciamiento, ni efectuó una
comparación entre los hechos estudiados en ese caso, para acreditar que
las reglas y subreglas contenidas en la ratio decidendi le eran aplicables
a su caso particular.
Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa
mínima que se exige en los casos en los que se alega que una providencia
judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente judicial. Para la
Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con la decisión que adoptó el tribunal demandado,
y que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un
nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
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En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
argumentar que, según su parecer, aplicó erradamente los supuestos
normativos y la jurisprudencia que estima aplicables al caso.
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En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra
acreditado en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo
relativo al tercer criterio señalado en relación con el derecho fundamental
cuya protección se solicitó en este caso.
Siendo así, resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes presupuestos generales de procedibilidad
de la tutela contra decisiones judiciales y, en consecuencia, la Sala
confirmará la sentencia de 11 de diciembre de 2023.
5.4. Conclusión
De acuerdo con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de 11 de
diciembre de 2023, dictada por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B, por las razones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de diciembre de 2023,
dictada por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, por
las razones expuestas en esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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