Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06542-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06542-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06542-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
1 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06542-00
Accionante: Luis Santiago Guijo Santamaría
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Ampara derecho fundamental de petición y acceso
a la administración de justicia – omisión en la respuesta a una solicitud de desarchivo
de un proceso judicial - derecho de petición como instrumento para la materialización
de otras garantías constitucionales.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional formulado por el señor Luis Santiago Guijo
Santamaría contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá́ - Archivo Central y el Centro de
Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de
Familia de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 24 de octubre de 2023, el señor Luis Santiago Guijo Santamaría instauró
demanda de tutela, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales de petición, acceso a la administración de justicia y trabajo. Estima
que tales prerrogativas fueron vulneradas ante la presunta omisión en la respuesta
a una solicitud que presentó el 17 de mayo de 2023, relacionada con el desarchivo
de un proceso ejecutivo2.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ellas contenidas se contraen
a que se impartan las siguientes órdenes a las autoridades accionadas:
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Identificado con número de radicado 11001-31-03-023-2019-00304-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06542-00
Accionante: Luis Santiago Guijo Santamaría
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
<<3.2.1. REALIZAR el desarchive del expediente del proceso
ejecutivo11001310302320190030400deMarisol Moncada Roa contra Juan Carlos
Pulido Cuevas y Gloria Stella Muñoz León, del Juzgado 23 Civil del Circuito de
Bogotá DC.
3.2.2. REMITIR el expediente el expediente ejecutivo11001310302320190030400al
Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá DC.
3.2.3. INFORMARLE al accionante Santiago Guijó Santamaría, la fecha en que se
remita el mencionado expediente al Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá DC.>>
3.- Como sustento fáctico de sus pretensiones, relató que el 31 de enero de 2023,
solicitó al Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá la “repetición del oficio de
desembargo” sobre un bien inmueble que fue objeto de medida cautelar al interior
del proceso ejecutivo a que se hizo referencia.
4.- El 10 de marzo siguiente, la autoridad judicial en mención le informó que el
proceso sobre el cual recaía su solicitud se encontraba archivado en la Caja 10 de
2022 a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, por lo que para atender su requerimiento resultaba necesario que solicitara
ante la Oficina de Archivo Central de esa entidad el desarchivo del expediente en
cuestión. Asimismo, le indicó que una vez se acreditara dicha gestión, adoptaría la
decisión que en derecho corresponda.
5.- Adujo que para ese entonces se encontraba vigente la medida adoptada por la
aludida Seccional mediante la Resolución DESAJBOR22-6741 del 1º de diciembre
de 2022, a través de la cual dispuso el cierre temporal del Archivo Central por el
término de noventa 90 días, contados a partir del 5 de diciembre siguiente, lo que
ocasionó que solo pudiera presentar la solicitud hasta que concluyó ese término.
6.- Así, el 12 de mayo del año en curso, el accionante solicitó a la Seccional
accionada el desarchivo del referido proceso ejecutivo, a través del formulario virtual
dispuesto para tales efectos. El 17 de mayo siguiente, el Centro de Servicios
Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia
de Bogotá le comunicó que su solicitud había sido recibida y que el Archivo Central
realizaría la búsqueda respectiva, por lo que, en adelante, cualquier trámite
relacionado con la misma debía ser consultado con esa dependencia. A su vez, le
informó que en caso de no recibir respuesta dentro de un plazo de 60 días hábiles,
podía solicitar información a la dirección de correo electrónico:
notificacionesacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
7.- Transcurrido ese término y al no obtener respuesta alguna frente a la aludida
solicitud, el 17 de agosto de la presente anualidad la parte actora pidió información
sobre el estado de su trámite a la dirección de correo electrónico indicada
anteriormente, el cual según afirma, “fue rechazado porque el mismo había sido
bloqueado por el Consejo Superior de la Judicatura”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06542-00
Accionante: Luis Santiago Guijo Santamaría
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
8.- En virtud de lo anterior, el 23 de octubre de 2023 acudió de forma presencial al
Centro de Servicios accionado, donde le indicaron que su solicitud aún no había sido
resuelta y que debía solicitar nuevamente información relacionada con ese trámite,
pero esta vez a la cuenta de correo electrónico
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9.- Cuestionó que, para la fecha de presentación de la demanda de tutela, no se le
había otorgado una respuesta respecto a su solicitud de desarchivo, transgrediendo
con ello su derecho fundamental de petición, el cual también considera vulnerado
por el Consejo Superior de la Judicatura al haber bloqueado el correo electrónico
que el Centro de Servicios había previsto como canal para que reiterara su solicitud.
10.- Además, manifestó que la petición de desarchivo se requiere para que el
Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá repita el oficio de desembargo sobre el
inmueble que fue objeto de medida cautelar al interior del proceso en cuestión y, de
esta manera pueda solicitar el embargo y secuestro del referido bien ante el Juzgado
14 Civil Municipal de Bogotá, en el marco del proceso ejecutivo con radicado número
11001-40-030-14-2022-00746-00, en el que funge como apoderado judicial de la
parte demandante.
11.- Con fundamento en ello, alegó que la falta de respuesta frente a su petición de
desarchivo también comporta una vulneración a sus derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia y trabajo. Esto último, dado que la omisión de
desarchivar el proceso impide que el referido bien sea objeto de embargo y ello, a
su vez, ocasiona que no pueda adelantar la gestión que le fue encomendada y,
consecuentemente, cobrar la remuneración por sus servicios.
12.- Por otra parte, reprochó que solo hasta después de que elevara la solicitud de
desembargo en el proceso ejecutivo en cuestión, el Juzgado 23 Civil del Circuito de
Bogotá hubiera efectuado una anotación “falsa” en el Sistema de Consulta de
Procesos de la Rama Judicial, en la que se registró que el referido proceso se
encontraba archivado desde el 24 de noviembre de 2022, a pesar de que para la
fecha en que presentó su requerimiento esa actuación no aparecía registrada en el
expediente. Aseveró que dicha situación, además de alterar información pública,
conllevo a que su trámite de desarchivo se retrasara más de un mes.
13.- Aunado a lo anterior, sostuvo que, a pesar de que es evidente y de conocimiento
público que el cierre temporal del Archivo Central no cumplió con su objetivo, esto
es, la reubicación del archivo de expedientes judiciales a espacios que cumplieran
las condiciones de almacenamiento, ninguna de las autoridades accionadas ha
adelantado las gestiones pertinentes a fin de solucionar esa problemática. Al
respecto, aseveró que “en los alrededores del edificio Hernando Morales Molina, se
ofrece el ‘trámite’ de los desarchives de los expedientes, por $400.000.oo en menos
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de un mes, de lo que se deduce que el caos y la demora en al trámite de las
solicitudes que se hacen por los canales formales, tiene por objeto alimentar una red
de corrupción, en la que por un servicio que es esencialmente gratuito se le exige a
los ciudadanos pagar miles de pesos”.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
14.- Mediante auto del 27 de octubre de 2023, se dispuso admitir la acción de tutela,
notificar de su presentación a las accionadas y comunicar la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para lo de su cargo.
(i) Consejo Superior de la Judicatura3
15.- La accionada solicitó ser desvinculada de la presente acción constitucional al
carecer de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto las acciones u omisiones
que se alegan como fuente de violación del derecho fundamental invocado, recaen
únicamente en la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, toda vez que a esa entidad está adscrita la Oficina de Archivo en la que
reposa el expediente respecto del cual se presentó la solicitud de desarchivo.
(ii) Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Archivo Central y Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para
los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Bogotá
16.- Una vez surtidas las notificaciones respectivas, el Centro de Servicios se limitó
a informar que no acusaría recibido de la misma, teniendo en cuenta que esa
actuación debía ser remitida a través del canal establecido por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, esto es,
desajbtanotif@cendoj.ramajudicial.gov.co. En todo caso, la Secretaria General de la
Corporación también notificó a esa cuenta de correo electrónico la existencia de la
presente acción constitucional, pero ni el Centro de Servicios ni la Seccional
accionada rindieron el informe solicitado, pese haber sido notificados en debida
forma.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa
17.- La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación formulada por el Consejo
Superior de la Judicatura, pues si bien la petición cuya falta de respuesta se reclama
no fue radicada ante dicho ente, sino que la misma se elevó ante la Oficina de Archivo
Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
3 Intervención digital contenida en 6 folios.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
además de esa inconformidad, la parte accionante también endilgó una serie de
reparos en su contra como el supuesto bloqueo de la cuenta de correo electrónico a
donde el actor pretendía reiterar su solicitud de desarchivo, conducta que considera
lesiva de los derechos fundamentales que invoca. Por esta razón, es claro que la
entidad no carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que su actuar
se encuentra comprometido en los hechos que se traen a conocimiento de esta
judicatura, por lo que no hay lugar a proceder con su desvinculación.
D. El derecho de petición como instrumento para el acceso efectivo a la
administración de justicia
18.- De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política “toda persona
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución”. Así, el derecho de petición
tiene una finalidad doble; por un lado, permite que los interesados presenten
peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una contestación
oportuna, eficaz, de fondo y congruente con los requerimientos que plantea el
peticionario en el ejercicio de esta prerrogativa constitucional.
19.- En esa línea, la Corte Constitucional4 ha señalado que el núcleo esencial del
derecho de petición conlleva los siguientes elementos: (i) la posibilidad real, cierta y
efectiva de presentar peticiones respetuosas; (ii) el otorgamiento de una respuesta
de fondo, clara, precisa y de acuerdo a lo solicitado por el peticionario; (iii) contestar
oportunamente, es decir, dentro del término legalmente establecido para tal efecto y;
(iv) la comunicación pronta de la contestación al peticionario; sin perjuicio de que el
contenido de la respuesta sea favorable o desfavorable a lo solicitado.
20.- Según lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 5, en ejercicio de
dicha prerrogativa, el peticionario cuenta con la posibilidad de solicitar el
reconocimiento de un derecho, la intervención de una autoridad, la resolución de una
situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias
y/o reclamos e interponer recursos.
21.- De esta manera, el alcance del derecho fundamental de petición no se limita al
simple hecho de interponer una solicitud ante una autoridad o un particular, sino que
se erige como una herramienta o instrumento que permite a los sujetos la
materialización de otras garantías constitucionales, como por ejemplo el acceso
efectivo a la administración de justicia, entendido como esa posibilidad que tienen
4 Ver sentencias T-814/05, T-147/06, T-610/08, T-760/09, C-818/11, C-951/14, -376 de 2017 y T206/18. entre
otras.
5 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
las personas de acudir ante los operadores judiciales, con el objeto de solucionar sus
conflictos.
22.- En tal sentido, la Corte Constitucional6 ha considerado que la transgresión del
derecho fundamental de petición puede derivar en una afectación al acceso a la
administración de justicia, cuando la falta de respuesta o su negativa frente a un
requerimiento en particular se imponen como barreras para que el ciudadano inicie
alguna acción judicial o pueda ejercer su defensa adecuadamente en un proceso
que se haya promovido en su contra. En esa medida, el Alto Tribunal ha sido enfático
en señalar que en aquellos eventos en que las autoridades o los particulares fungen
como sujetos pasivos de una petición deben abstenerse de obstruir a los
peticionarios el acceso al aparato judicial.
E. Análisis del caso concreto
23.- En el caso objeto de estudio, la parte actora le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales de petición, acceso a la administración de justicia y trabajo
a las autoridades accionadas por no haberle brindado una respuesta frente a la
solicitud de desarchivo de un proceso judicial que presentó el 12 de mayo de 2023.
24.- Revisado el material probatorio obrante en el expediente se observa que, en
efecto, el señor Luis Santiago Guijo Santamaría, presentó una petición ante la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Archivo Central,
solicitando el desarchivo de un proceso, de la cual se acusó recibido el 17 de mayo
de 2023 por parte del Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los
Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Bogotá, indicándole que el Archivo
Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá
sería la dependencia encargada de realizar la búsqueda respectiva, por lo que
cualquier requerimiento relacionado con la misma, debía dirigirse al correo
electrónico de esa entidad.
25.- También se acreditó que, atendiendo a las instrucciones allí señaladas, el 17
de agosto de 2023, el actor consultó por el estado de su trámite a la dirección de
correo electrónico notificacionesacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, ya que todavía
no se le había otorgado ninguna respuesta y, aunque dicha cuenta no se encontraba
habilitada para ese entonces, lo cierto es que ello da cuenta del actuar diligente del
peticionario de cara a la solicitud que presentó.
26.- No obstante, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá - Archivo Central no emitió ningún tipo de respuesta al accionante, pese a
que ya ha transcurrido un tiempo considerable -aproximadamente 7 meses- desde
que elevó la solicitud en cuestión, sumado al hecho de que tampoco dio contestación
a la presente acción de tutela.
6 En sentencia T-317 de 2019.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06542-00
Accionante: Luis Santiago Guijo Santamaría
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
27.- Sobre el particular, la Corte Constitucional ha indicado que “la falta de
notificación de la respuesta a un derecho de petición o la falta respuesta o la
resolución tardía son formas de violación del mismo y son susceptibles de la
actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de tutela, pues en tales
casos se conculca un derecho constitucional fundamental.” 7 Ello, si se tiene en
cuenta que el contenido esencial de dicha prerrogativa está inequívocamente dirigido
a que el peticionario obtenga un pronunciamiento de fondo, claro, congruente,
oportuno y que, además, sea debidamente notificado al solicitante.
28.- De acuerdo con lo expuesto, para la Sala, el silencio de la Seccional accionada
al no rendir el informe que se solicitó en el marco de la presente acción de tutela,
implica la constatación de que se ha configurado una violación al derecho
fundamental de petición del señor Luis Santiago Guijo Santamaría, por las siguientes
razones: (i) en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, se
tendrán por ciertos los hechos de la demanda, y (ii) no allegó al expediente ninguna
prueba que dé cuenta de que emitió respuesta a la petición de desarchivo incoada
por el accionante, a pesar de que se encontraba en la obligación de emitir un
pronunciamiento al respecto, no solo porque se acreditó que, en efecto, la solicitud
fue trasladada a la Oficina de Archivo Central, sino porque además dicha entidad
está a cargo de la administración y el manejo de esa dependencia, conforme a lo
previsto en el Acuerdo PCSJA17-10784 de 20178.
29.- Igualmente se advierte que la referida omisión de esta autoridad también afecta
el derecho de acceso a la administración de justicia del accionante, pues impide que
el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá resuelva la solicitud de repetición de un
oficio de desembargo que presentó la parte actora al interior del proceso cuyo
desarchivo fue solicitado, por lo que es evidente que la respuesta reclamada
constituye un presupuesto indispensable no solo para garantizar su derecho
fundamental a elevar peticiones respetuosas ante las autoridades, sino también el
acceso efectivo a la administración de justicia.
30.- En consecuencia, la Sala dispondrá la protección de los derechos
fundamentales de petición y acceso a la administración de justicia del señor Luis
Santiago Guillo Santamaría, a fin de que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá - Archivo Central conteste la solicitud de
desarchivo presentada por el accionante.
31.- Cabe precisar que el amparo de dicha prerrogativa no supone la concesión de
lo requerido en la solicitud, pues lo que se busca es que el peticionario obtenga una
respuesta que atienda los requisitos establecidos para que sea constitucionalmente
7 Sentencia T-158 de 2005.
8 “Por el cual se establecen las políticas generales de gestión documental y archivo para la Rama Judicial y se
dictan reglas para asegurar su implementación, en un solo acto administrativo”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06542-00
Accionante: Luis Santiago Guijo Santamaría
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
válida, sin perjuicio de que el contenido de la misma sea favorable o desfavorable a
lo solicitado, ya que el sentido de la respuesta no hace parte del núcleo esencial del
derecho fundamental a elevar peticiones respetuosas, en tanto es de competencia
exclusiva del sujeto pasivo de la petición9.
32.- De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra que aunque se constató la
transgresión del derecho fundamental de petición del accionante, para garantizar su
protección únicamente se ordenará a la Seccional accionada emitir una respuesta
de fondo, clara y precisa frente a la solicitud de desarchivo presentada por el
accionante el 17 de mayo de 2023, pero no se accederán a las pretensiones
formuladas en el escrito de tutela, ya que el sentido de la respuesta no hace parte
del núcleo esencial del derecho fundamental del derecho de petición y, en esa
medida, no es susceptible de ser protegido vía tutela; sumado al hecho de que al
juez constitucional no le corresponde inmiscuirse en asuntos propios de las
autoridades administrativas, ni mucho menos usurpar sus funciones, más aún
considerando que en este caso no se cuenta con los elementos de juicio suficientes
para impartir ese tipo de órdenes.
33.- Ahora bien, a pesar de que el accionante también le atribuyó al Consejo
Superior de la Judicatura la vulneración de su derecho fundamental de petición por
haber “bloqueado” el correo electrónico que se le había suministrado para solicitar
información relacionada con su solicitud, la Sala no advierte que esa conducta se
traduzca en una transgresión al derecho fundamental invocado, pues aunque es
cierto que esa dirección electrónica fue deshabilitada, también lo es que en su lugar,
se habilitó otra cuenta de correo electrónico para efectos de tramitar todo lo
relacionado con las solicitudes de desarchivo, a saber,
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co y, en esa medida no
se evidencia que se le haya cercenado la posibilidad de elevar alguna solicitud para
obtener información respecto a la petición de desarchivo que había presentado.
34.- En lo atinente a la vulneración del derecho al trabajo alegada, la Sala observa
que tampoco hay lugar a conceder el amparo, comoquiera que para sustentar la
misma el accionante se limitó a manifestar que la falta de respuesta a la solicitud de
desarchivo ha imposibilitado que pueda cobrar la remuneración por los servicios que
presta como profesional del derecho, sin explicar de forma concreta por qué, en este
caso, su derecho al trabajo comporta un carácter fundamental, es decir que
transcienda la esfera de lo constitucional y, en esa medida, amerite ser protegido por
el juez de tutela, ni tampoco acreditó las circunstancias que conllevan a la presunta
transgresión de su núcleo esencial.
35.- Finalmente, respecto a las inconformidades suscitadas en relación con la
9 En ese mismo sentido se ha pronunciado esta Corporación, en sentencia del 4 de noviembre de 2021,
exp.11001-03- 15-000-2021-05637-01, CP. Gabriel Valbuena Hernández.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06542-00
Accionante: Luis Santiago Guijo Santamaría
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
supuesta alteración de las actuaciones registradas en el Sistema de Consulta de
Procesos por la autoridad judicial que tuvo a su cargo el proceso cuyo desarchivo se
solicita, así como la presunta actividad ilícita del cobro por la gestión de desarchivos
de los procesos judiciales, se debe precisar que, en virtud de su carácter subsidiario,
la acción de tutela no resulta ser el mecanismo idóneo para ventilar ese tipo de
situaciones, pues el accionante cuenta con la posibilidad de interponer las acciones
disciplinarias y/o penales previstas por el legislador, con el objeto de poner en
conocimiento el asunto ante las autoridades competentes, máxime cuando no se
avizora alguna circunstancia que le impida acudir ante las mismas. Si bien los jueces
deben trasladar a conocimiento de las autoridades respectivas las situaciones en las
que encuentre probada la comisión de conductas disciplinables o penalmente
reprochables, en el caso concreto no se encuentra evidencia de lo dicho más allá de
la afirmación del accionante.
36.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de petición y acceso a la
administración de justicia del señor Luis Santiago Guillo Santamaría vulnerados por
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Archivo
Central En consecuencia, ORDENAR a esa entidad que, en un término de cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, emita una
respuesta de fondo, clara y precisa frente a la solicitud de desarchivo presentada por
el accionante el 17 de mayo de 2023.
SEGUNDO: NEGAR el amparo del derecho al trabajo.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones.
CUARTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
10 VF
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06542-00
Accionante: Luis Santiago Guijo Santamaría
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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