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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06552-00

Fecha
20 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06552-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Negar el amparo solicitado por el señor Alberto Antonio Foronda Correa, de conformidad con lo razonado en esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06552-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

20 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06552-00
Demandante: ALBERTO ANTONIO FORONDA CORREA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA – Petición ante autoridades / INEXISTENCIA DE
VULNERACIÓN – El accionante no completó la solicitud, pese a los
requerimientos de la entidad accionada.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Alberto Antonio Foronda
Correa contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 24 de octubre de la presente anualidad 1, el señor Alberto Antonio Foronda
Correa interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, con el objeto
de que se ampare su derecho fundamental de petición, supuestamente vulnerado
por no haberse tramitado y resuelto la solicitud de reconocimiento de la práctica
jurídica o judicatura realizada en el Comando de Policía 12 de Octubre del Distrito
de Medellín.

1
Se advierte que, el 14 de noviembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el respectivo proyecto de sentencia.

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06552-00
Demandante: Alberto Antonio Foronda Correa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

1.2. Hechos y argumentos de la tutela

En la demanda se narró que, el 6 de julio de 2023, el señor Alberto Antonio
Foronda Correa solicitó ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, el reconocimiento
de su práctica jurídica o judicatura. Sin embargo, a la fecha, no ha recibido
respuesta de fondo, congruente y oportuna frente a su petición.

Adicionalmente, indicó que también se vulneraron sus derechos fundamentales a
la educación, al trabajo, al mínimo vital, a la libertad de escogencia de profesión u
oficio y al debido proceso, al impedírsele obtener el título de abogado y teniendo
en cuenta su condición de adulto mayor.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 30 de octubre de 2023, se admitió la presente acción de tutela
y se ordenó que aquel se notificara al presidente del Consejo Superior de la
Judicatura y a la directora de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, con el propósito de que rindieran informe. Asimismo, se
ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia alegó que no se vulneró el derecho
fundamental de petición del señor Alberto Antonio Foronda Correa, toda vez que,
para avalar su práctica jurídica, se le requirió los días 17 y 28 de agosto, el 4 de
septiembre y el 12 de octubre del año en curso, a fin de que adjuntara
«certificación de funciones jurídicas incluyendo tiempo laborado y actividades
desarrolladas de contenido jurídico durante la ejecución de la judicatura expedida
por la Oficina de Talento Humano de la Policía Nacional en el Departamento de
Policía respectivo».

Agregó que la documentación allegada por el señor Foronda Correa no está
completa o no corresponde a lo requerido, motivo por el cual han insistido en los
requerimientos, especificando que, de conformidad con el literal f del artículo 2 del
Acuerdo PSAA12-9338 de 2012, “Por medio de la cual se modifica el Acuerdo
PSAA10-7543 por el cual se reglamenta la judicatura como requisito alternativo
para optar el título de abogado”, el certificado del tiempo de servicios debe
2

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06552-00
Demandante: Alberto Antonio Foronda Correa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

contener, entre otros: i) el tiempo de servicio, indicando fecha de inicio y de
terminación, ii) el horario de labores (que debe corresponder al despacho judicial o
entidad que preste el servicio) y iii) las funciones detalladas de contenido jurídico.

Sostuvo que, en consecuencia, la tardanza en la expedición del reconocimiento de
la práctica jurídica del accionante no obedece a una acción u omisión suya, sino a
la omisión del señor Foronda Correa de aportar el documento requerido.

2.2. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que
«toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto», la cual, en principio, procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.

De conformidad con el numeral 1 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo
que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, según reiterada jurisprudencia constitucional, el otro
mecanismo de defensa judicial debe ser idóneo y eficaz para proteger el derecho
que se considera vulnerado o amenazado. De no serlo, la tutela procederá como
medio principal de protección de los derechos fundamentales.

Así mismo, en el evento de existir esa otra herramienta de defensa, la tutela solo
será procedente si se propone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06552-00
Demandante: Alberto Antonio Foronda Correa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia vulneró el derecho
fundamental de petición del señor Alberto Antonio Foronda Correa, por no haber
tramitado y resuelto su solicitud de reconocimiento de la práctica jurídica o
judicatura.

3. El derecho fundamental de petición

Para el desarrollo de este punto, la Sala reiterará lo expuesto por la Sección
Cuarta de esta Corporación en providencia del 26 de julio de 2018 (expediente
radicado No. 11001-03-15-000-2018-02110-00) 2, así:

Este derecho fundamental, consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política, tal como lo ha concebido la doctrina, es «un derecho que -antes que otra
función- facilita la expresión de las personas en su relación con un determinado
poder constituido»3 y, particularmente, en su relación con el Estado de Derecho.
Es, por tanto, «una de esas formas de vinculación entre el poder público y los
particulares, para que estos ejerzan control y fiscalización sobre el Estado»4.

El derecho de petición tiene un núcleo esencial complejo que se integra por (i) la
facultad que tiene una persona de presentar peticiones respetuosas, en interés
general o particular, ante las autoridades y también ante organizaciones privadas,
previa reglamentación del legislador, y (ii) los deberes correlativos del sujeto
pasivo de recibir la petición, evitar tomar represalias por su ejercicio, otorgar una
respuesta material en el plazo dispuesto legalmente y notificarla en debida forma.
La Corte Constitucional también ha señalado que la respuesta emitida debe ser
clara, oportuna y congruente con lo solicitado.

En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho

2
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
MARÍN CORTÉS, Fabián G. Naturaleza jurídica del derecho de petición. En: Derecho público.
Biblioteca Jurídica Diké – Universidad Pontificia Bolivariana, 2012. p. 115.
4
Ibíd., p. 174.
4

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06552-00
Demandante: Alberto Antonio Foronda Correa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

de petición. Es claro, entonces, que el hecho de obtener una respuesta negativa, o
cuando se le indica al peticionario el procedimiento administrativo que se debe
seguir o la relación de documentos que se deben aportar para efectos de estudiar
la procedencia de la solicitud, son circunstancias que, en ningún caso, implican la
vulneración del derecho fundamental de petición.

Así las cosas, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido 5.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la respuesta de la autoridad
debe ser «(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil
comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin
reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ;
(iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha
surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de
petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la
cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta
como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante,
debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la
petición resulta o no procedente»6.

Así mismo, en el evento en que la autoridad a quien se dirigió la petición no sea
competente para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de lo requerido,
también se preserva la obligación de contestar, consistente en informar al
interesado sobre la falta de capacidad legal para dar respuesta y, a su vez, remitir
a la entidad encargada de pronunciarse sobre el asunto formulado por el
peticionario7.

5
Sentencia T-587 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
6
Sentencia T- 610 de 2008, M.P Rodrigo Escobar Gil.
7
Sentencia T-230 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
5

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06552-00
Demandante: Alberto Antonio Foronda Correa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

El artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755
de 2015, establece los plazos con que cuentan las autoridades o los particulares,
según el caso, para dar respuesta a las peticiones respetuosas presentadas por
las personas, así:

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones.
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición
deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro
de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado
respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la
respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya
no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades
en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los
treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición
en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando
los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se
resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.

4. Caso concreto y solución del problema jurídico

El señor Alberto Antonio Foronda Correa considera que el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
vulneró su derecho fundamental de petición, por no haber tramitado y resuelto la
solicitud de reconocimiento de la práctica jurídica que presentó el 6 de julio de
2023.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 15.28 y 179 de la Ley 1437 de

8
«ARTÍCULO 15. PRESENTACIÓN Y RADICACIÓN DE PETICIONES. <Artículo
CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.
El nuevo texto es el siguiente:> Las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar
constancia de la misma, o por escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o
transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este
código.
Cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la ley, en
el acto de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario los que falten.
(…)».
9
«ARTÍCULO 17. PETICIONES INCOMPLETAS Y DESISTIMIENTO TÁCITO. <Artículo modificado
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> En virtud del principio de
eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el
peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión
de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro
6

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06552-00
Demandante: Alberto Antonio Foronda Correa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2011, modificados por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, cuando la autoridad
constate que una petición no se presente junto con los documentos o información
legalmente requeridos, que está incompleta o que el peticionario deba realizar una
gestión o trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, como,
en efecto ocurre en el caso de estudio, podrá requerir al solicitante para que la
complete en el término máximo de un mes.

El inciso segundo del citado artículo prevé que la reactivación del término para
resolver la petición tendrá lugar a partir del día siguiente en que el interesado
aporte los documentos requeridos.

En tal sentido, de acuerdo con los documentos allegados con la contestación de la
demanda, la Unidad de Registro Nacional de Abogados requirió oportunamente
—y en cuatro oportunidades— al señor Foronda Correa, con el fin de que aportara
una certificación necesaria para continuar con el estudio de la petición de
reconocimiento de la práctica jurídica; no obstante, aquel no ha cumplido tal
exigencia. De modo que para la Sala es claro que la supuesta falta de respuesta
de fondo alegada por el demandante se generó por su propia omisión de allegar el
documento solicitado por la entidad accionada, razón por la cual se impone negar
el amparo deprecado.

Ahora, aunque con el escrito de tutela el demandante allegó una constancia
expedida el 6 de octubre del año en curso, en la que, entre otras cosas, el jefe de
Gestión Comunitaria Estación 12 de Octubre y el coordinador del programa Cívica
Infantil y Juvenil 12 de octubre, informaron que el señor Foronda Correa «realizó
actividades de prácticas AD HONOREM en el programa cívica infantil y juvenil de
la estación de policía doce de octubre», lo cierto es que en el expediente no está
acreditado que aquella certificación hubiera sido efectivamente enviada a la
autoridad accionada con miras a cumplir con los requerimientos efectuados.

Con todo, en caso de que la autoridad accionada, una vez reciba la referida
certificación, concluya que no cumple con las exigencias previstas en el artículo 2
del precitado Acuerdo PSAA12-9338 de 2012, es claro que el actor puede ejercer
el medio de control que considere procedente para cuestionar la legalidad de esa

de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo
de un (1) mes».
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06552-00
Demandante: Alberto Antonio Foronda Correa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

decisión.

Bajo ese contexto, la Sala concluye que no se vulneró el derecho fundamental de
petición del señor Alberto Antonio Foronda Correa y, por ende, negará el amparo
solicitado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.

F A L L A:

PRIMERO. Negar el amparo solicitado por el señor Alberto Antonio Foronda
Correa, de conformidad con lo razonado en esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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