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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06553-00

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06553-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por la señora Raquel Elisa Marroquín Donato, conforme a lo expresado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Si esta providencia no fuera impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06553-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de noviembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06553-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)

Bogotá D. C. veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06553-00
Accionante: Raquel Elisa Marroquín Donato
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se revocó
la decisión de primera instancia y negaron las pretensiones
tendentes a lograr el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes por la aplicación de la Ley 100 de 1993 de
manera retrospectiva.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por la señora Raquel
Elisa Marroquín Donato, quien actúa por conducto de apoderado, en contra de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado por la expedición de
la sentencia del 29 de junio de 2023, proferida dentro del proceso del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 25000-23-42-
000-2018-02577-01.

HECHOS

Narra que el señor Henry Millán González, quien en vida fue su compañero
permanente y con quien procreó 3 hijos, prestó sus servicios como docente en la

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Secretaría de Educación Departamental del Caquetá del 1.º de febrero de 1975 al
31 de enero de 1979; igualmente laboró como Intendente del Departamento del
Caquetá del 1.º de octubre de 1980 al 31 de diciembre de 1981; luego se
desempeñó como diputado a la Asamblea Departamental del Caquetá por el periodo
comprendido entre el 1.º de enero de 1982 y el 19 de junio de 1986; y finalmente
fue electo como representante a la Cámara por el departamento del Caquetá
durante los periodos 1986-1990 y 1991-1994, cotizando debidamente a pensión.

Afirma que el señor Henry Millán González fue asesinado el 7 de diciembre de 1993
en Florencia – Caquetá.

Señala que solicitó ante FONPRECON el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, el cual fue resuelto de manera negativa mediante la Resolución
núm. 1629 del 27 de septiembre de 2006.

Volvió a presentar la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
ante FONPRECON, la cual nuevamente fue negada a través de la Resolución núm.
0146 del 27 de marzo de 2018 y confirmada por medio de la Resolución 0273 de 29
de mayo de 2018.

Finalmente, la accionante presentó el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho el 29 de noviembre de 2018, en contra del Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República – FONPRECON con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en su condición de
compañera permanente del fallecido causante Henry Millán González.

El proceso correspondió a la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, por medio de sentencia del 5 de agosto de
2021, accedió a las súplicas de la demanda. Contra dicha decisión la entidad
demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que a través de providencia del 29
de junio de 2023 en la que revocó lo fallado en primera instancia y, en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda al considerar que no se puede aplicar

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retrospectivamente la Ley 100 de 1993 en materia de pensión de sobrevivientes,
toda vez que el deceso ocurrió antes de la entrada en vigencia de dicha norma.

La aquí accionante considera que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, seguridad social, dignidad y tutela judicial efectiva.

La accionante aduce que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo, comoquiera que, con deficiente justificación, resolvió no aplicar de
manera retrospectiva la Ley 100 de 1993, para acudir a la norma vigente al momento
de la muerte del pensionado o afiliado, es decir, la Ley 12 de 1975.

Asimismo, señala que la sentencia atacada adolece de un desconocimiento del
precedente, toda vez que omitió aplicar la reiterada jurisprudencia de la Corte
Constitucional plasmada en las sentencias: T-891 de 2011, T-072 de 2012, T-587A
de 2012, T-515 de 2012 y T-564 de 2015, en las que se reitera la aplicación de la
retrospectividad de la Ley 100 de 1993 en materia pensional.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó declarar que el accionado, en la sentencia dictada el 29
de junio de 2023 en el proceso promovido por ella, transgredió sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad
social, dignidad y tutela judicial efectiva, al adoptar una decisión que no se ajusta a
los postulados legales y jurisprudenciales de la Corte Constitucional.

En consecuencia, solicitó que se ordene a la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado dejar sin efectos el proveído precitado y que profiera una
nueva decisión ajustada a derecho y que se despachen favorablemente sus
pretensiones de reconocimiento de pensión de sobrevivientes del difunto Henry
Millán González, por ser procedente la aplicación en retrospectiva de la Ley 100 de
1993.

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TRÁMITE DEL PROCESO

El 27 de octubre de 2023 el despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la
referencia mediante proveído en el que se ordenó notificar y correr traslado, para
que ejercieran su derecho de defensa, a la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado como accionado y al Fondo de Previsión Social del Congreso
de la República - FONPRECON como tercero con interés en las resultas del
proceso.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado rindió informe
en el que indicó que la decisión atacada no vulneró ninguno de los derechos
fundamentales invocados por la accionante, toda vez que se expusieron
argumentos razonables para negar el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, lo que claramente denota que el fallo controvertido no incurrió en un
defecto sustantivo o un desconocimiento del precedente.

POSICIÓN DE LA VINCULADO

El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República solicitó que se
rechace por improcedente la acción por no cumplir con el requisito general de
relevancia constitucional al considerar que la accionante no acredita una situación
de perjuicio irremediable y tampoco se evidencian ninguno de los defectos
alegados.

De igual modo, señaló que la autoridad judicial accionada no desconoció el
precedente jurisprudencial aplicable al caso concreto, ya que desde el 2013 la
postura del Consejo de Estado es aplicar la ley vigente al momento del fallecimiento
del afiliado o pensionado en materia de pensión de sobrevivientes.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes

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temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia constitucional,
lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias cuya resolución
corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga de exponer los
motivos por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar
comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto ordinarios
como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se pretenda conjurar
la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia
enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que se
cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones
de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero,
de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave
lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se genera
independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación
del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al interior
del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no se
prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los derechos
fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso proceso de
selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas de revisión.”

1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño

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Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.

[…]”.

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

En primer lugar, a la Sala le corresponde determinar si en el presente asunto se
cumplen la totalidad de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela para discutir la sentencia del 29 de junio de 2023 proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

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Así, denota que 1) el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en
la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida se
vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección; 2) la accionante
no cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto; 3) la
acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de aquella;
4) no se alegó una irregularidad procesal; 5) la solicitante identificó claramente los
hechos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos y 6) no se trata
de una sentencia de tutela.

Esclarecido lo anterior, esta Subsección debe examinar si en la sentencia discutida
en esta sede se configuraron los defectos alegados. Los desacuerdos planteados
pueden resumirse en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente por
la presunta omisión en aplicar los diversos pronunciamientos de la Corte
Constitucional en el que se aplica de manera retrospectiva la Ley 100 de 1993 para
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en los casos en que el afiliado o
pensionado hubiese fallecido previamente a la vigencia de dicha ley.

Para resolver los disensos previos, resulta necesario mencionar que la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia discutida en esta
sede constitucional, señaló que no era posible reconocer la pensión de
sobrevivientes, toda vez que en razón al criterio reiterado de esta corporación, no
se puede aplicar retrospectivamente la Ley 100 de 1993 en materia de pensión de
sobrevivientes, cuando el deceso ocurre antes de la entrada en vigencia de la
misma, ya que la favorabilidad solo es predicable siempre que la disposición rija al
momento en que se causa la pensión, presupuesto que no sucede en el caso
estudiado.

Al respecto, expuso que si bien esta corporación inicialmente, en virtud del principio
de favorabilidad aplicó retrospectivamente la Ley 100 de 1993 y reconocía la
pensión de sobrevivientes a beneficiarios de empleados públicos cuyo deceso
ocurrió antes de su entrada en vigor, por medio de la sentencia de unificación del
25 de abril de 20133 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, se

3
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de abril de 2013, C.P. Luis Rafael Vergara
Quintero, número de radicado 76001233100020070161101 (1605 – 2009)

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rectificó su posición y estableció que no es dable que las disposiciones del régimen
general de seguridad social cobijen situaciones jurídicas ocurridas con anterioridad,
por cuanto el derecho pensional se causa a partir del fallecimiento y se emplea la
norma vigente en ese momento.

En ese sentido, indicó que el causante Henry Millán González (q.e.p.d.) al fallecer
el 7 de diciembre de 1993, no le era aplicable la Ley 100 de 1993, dado que la
misma entraba a regir a partir del 1.º de abril de 1994 en virtud del artículo 151, por
lo que en el presente asunto la disposición aplicable es la Ley 12 de 1975.

En conclusión, señaló que para acceder a la pensión de sobrevivientes el artículo
1.º de la norma anteriormente mencionada exigía como requisito haber cumplido 20
años de servicios, presupuesto que no se cumplió, en cuanto el causante solo
trabajo 15 años, 1 mes y 2 días, motivo por el cual no era procedente acceder al
reconocimiento de la prestación solicitada.

Pues bien, señalados los razonamientos del aquí accionado, la Subsección observa
que aquel realizó un análisis de la normativa y la jurisprudencia aplicables al caso,
y específicamente de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2013 de esta
corporación, lo cual le permitió concluir que no era procedente la aplicación en
retrospectiva de la Ley 100 de 1993 dado que el causante falleció antes de su
entrada en vigencia (7 de diciembre de 1993).

Al respecto, se denota que la accionante difiere de la anterior conclusión, dado que,
a su modo de ver, existe una postura reiterada de la Corte Constitucional (T-891 de
2011, T-072 de 2012, T-587A de 2012, T-515 de 2012 y T-564 de 2015) en las que
la Corte Constitucional optó por la aplicación de la retrospectividad de la Ley 100 de
1993; sin embargo, debe insistirse en que este criterio jurisprudencial que era,
también, el sostenido por la Sección Segunda del Consejo de Estado desde el año
1951, fue rectificado en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2013, en la
que cambió el criterio de decisión.

Por otra parte, si bien la sentencia T-564 de 2015 de la Corte Constitucional
concedió el amparo a los derechos fundamentales de la accionante y ordenó la

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aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, ello ocurrió como una excepción,
luego de analizarse las circunstancias particulares del caso que difieren de las hoy
analizadas.

En efecto, en dicho pronunciamiento, la Corte señaló que la retrospectividad de la
Ley 100 de 1993 era factible en casos en los que se evidenciara que: «(i) el afiliado
falleció, habiendo cotizado una elevada cantidad de años al sistema (como los que
ha tratado hasta ahora la jurisprudencia), (ii) sin que haya configurado derecho
pensional alguno que le sea posible sustituir y (iii) sin que al momento de su muerte
haya estado vigente la figura de la pensión de sobrevivientes»; ello, por cuanto en
el caso objeto de análisis por la Corte, el causante había cotizado 17 años,
faltándole solo 3 años para poder adquirir el derecho pensional.

No obstante, dicha situación no ocurre en el presente caso, puesto que el señor
Millán González alcanzó a cotizar un total de 15 años, 1 mes y 2 días, por lo que no
se configura un desconocimiento del precedente, al no existir identidad fáctica con
el asunto expuesto.

En resumen, la accionante no logró acreditar la violación de algún precedente
obligatorio, por lo que se estima oportuno aclarar que el solo desacuerdo con las
conclusiones adoptadas por el juez natural no es una razón que habilite a este juez
constitucional a invalidar la decisión que en derecho se adoptó y tampoco la
valoración dada a los elementos de prueba aportados, pues, como se dijo en líneas
precedentes, ello iría en contravía de la autonomía e independencia judicial.

En conclusión, al no haberse acreditado la configuración de los defectos endilgados,
así como tampoco advertirse la existencia de una irregularidad que desconozca
abiertamente los mandatos constitucionales y que, por ende, requiera la imperiosa
intervención del juez de tutela a fin de salvaguardar los derechos fundamentales, se
negará la tutela solicitada por la señora Raquel Elisa Marroquín Donato.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Donato, conforme a lo expresado en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: Si esta providencia no fuera impugnada en tiempo oportuno,
remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

TERCERO: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTÍERREZ (E)
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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