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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06553-01

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06553-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 23 de noviembre de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 29 Núm. único de radicación: 110010315000202306553-01 Actora: Raquel Elisa Marroquín Donato TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06553-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

15 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06553-01
Actora: Raquel Elisa Marroquín Donato
Demandada: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Tema: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) seguridad social, iii)
acceso a la administración de justicia y iv) dignidad humana

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de
tutela de 23 de noviembre de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual negó la acción de tutela.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio,
al proferir la sentencia de 29 de junio de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio

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Núm. único de radicación: 110010315000202306553-01
Actora: Raquel Elisa Marroquín Donato

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 25000-23-42-000-2018-02577-01, vulneró sus
derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda contra el Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República – Fonprecon, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el fin de que: i) se declarara la nulidad de la
Resolución núm. 0146 de 27 de marzo de 2018 y de la Resolución núm. 0273 de
29 de mayo de 2018, por medio de las cuales se negó su derecho al reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes; y ii) a título de restablecimiento del derecho, se
reconociera y pagara a su favor la pensión de sobrevivientes con ocasión a su
calidad de compañera permanente, que se generó como consecuencia del
fallecimiento de Henry Millán González, el día 7 de diciembre de 1993.

4. Adujo que, la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante sentencia de 5 de agosto de 2021, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 29 de junio de 2023, resolvió:

“[…] REVÓCASE la sentencia del cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021),
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las súplicas
de la demanda.
En su lugar,

PRIMERO: NIEGUENSE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA propuesta por la
señora RAQUEL ELISA MARROQUIN DONATO en contra del FONDO DE
PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA - FONPRECON,
conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202306553-01
Actora: Raquel Elisa Marroquín Donato

6. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Pues bien, tal como se advirtió en precedencia, en términos generales las leyes
tienen la virtud de afectar las situaciones que se produzcan a partir de su vigencia, y
solo por excepción rigen de manera retroactiva. Lo que ocurre cuando el legislador lo
estipula expresamente en el texto de la ley, situación que no sucede en el caso de la
Ley 100 de 1993, pues al tenor de lo dispuesto en su artículo 151, ella empezó a regir a
partir del 1 de abril de 19941, mientras el deceso del señor Henry Millán González se
produjo el 7 de diciembre de 1993.

En estas condiciones, no podría esta Corporación conceder el derecho pensional
consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que entraría en
una evidente contradicción con la prolija jurisprudencia que se ha decantado en estos
asuntos, con lo cual generaría inseguridad jurídica creando con ello el efecto inverso
a la función que le fue encomendada de unificar jurisprudencia.

Conforme con lo anterior, la Sala observa que el derecho pensional por muerte se
causa desde la fecha en que ocurre el deceso, por lo que la norma que rige la pensión
de sobrevivientes es la que se encontraba en vigor para ese momento. En ese
sentido, en el presente asunto la disposición aplicable es la Ley 12 de 19752, en
consideración a que el deceso del señor Henry Millán González, ocurrió el 7 de
diciembre de 1993. Además, de acuerdo con las previsiones del artículo 1 ibidem,
exigía como requisito para acceder a la prestación de sobreviviente, haber cumplido
20 años de servicios, presupuesto que no se observa en este caso, en cuanto el
causante solo trabajó 15 años, 1 mes y 2 días, motivo por el cual no es procedente
acceder al reconocimiento de la prestación solicitada. […]”.

[…]

“[…] Corolario a lo expuesto, dado que el señor Henry Millán González (q.e.p.d.) no
colmó el requisito de tiempo de servicios previsto en el artículo 1 de la Ley 12 de 1975
para que la demandante, en su calidad de beneficiaria tuviera derecho a la prestación
por muerte, y en consideración a que esta Corporación ha precisado que no se puede
utilizar retrospectivamente la citada Ley 100 de 1993 en materia de pensión de
sobrevivientes cuyo fallecimiento se haya producido con anterioridad a la entrada en
vigor, a, contrario de lo manifestado por el a quo, los actos administrativos
demandados conservan la presunción de legalidad, por las razones expuestas en
líneas anteriores, motivo por el cual, la sentencia de primera instancia deberá ser
revocada, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

Quedó claro que al causante Henry Millán González al fallecer el 7 de diciembre de
1993, no le era aplicable el régimen especial de congresistas consagrado en el
Decreto 1359 de 1993, en razón a que laboró en la Cámara de Representantes hasta
el 30 de noviembre de 1991, por lo que el régimen vigente es el establecido en la Ley
12 de 1975.

Igualmente, se observa que desde la muerte del causante (7 de diciembre de 1993)
y las peticiones del reconocimiento pensional ante la demandada, la primera el 27 de
julio de 2006 y la segunda el 17 de noviembre de 2017, trascurrieron (sic) 13 y 24
años, respectivamente, lo que desvirtúa que la negativa del reconocimiento de la
prestación genere una afectación actual y grave a los derechos constitucionales

1 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 25 de abril de 2013. Consejero ponente: Luis Rafael

Vergara Quintero.
2 «Por el cual se establece el tiempo de servicio para acceder al beneficio de pensión».

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Núm. único de radicación: 110010315000202306553-01
Actora: Raquel Elisa Marroquín Donato

fundamentales de la accionante, que permita a la Sala inaplicar el régimen legal que
rige el caso concreto el cual no resulta inconstitucional. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Solicito al honorable CONSEJO DE ESTADO, se sirva conceder la tutela a la
accionante RAQUEL ELISA MALLORQUIN DONATO, a fin de garantizarle sus
derechos fundamentales violados, disponiendo la descalificación judicial de la
sentencia de 29 de junio de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en el proceso radicado con el N° 25000-23-42-000-2018-
02577-01 y, en consecuencia:

Que se ordene a la Sección Segunda, Subsección B, de esa Alta Corporación, a que
en el término de 48 horas, y en el respectivo proceso, proceda a dictar nueva
providencia, que sea constitucional, legal y congruente con los hechos, pruebas y
pretensiones de la demanda, y línea jurisprudencial y precedente desconocidos por
la Subsección tutelada, donde se administre justicia material garantizando el orden
justo, la prevalencia del derecho sustancial de la demandante a su pensión de
sobrevivientes del difunto Henry Millán González, por ser procedente la aplicación de
la retrospectividad de la Ley 100 de 1993, para su reconocimiento, según la reiterada
jurisprudencia de las diferentes Salas de Revisión de la Corte Constitucional.[…]”.

8. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló que la autoridad accionada
incurrió en i) un defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica, ii)
un defecto fáctico y iii) un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, por las siguientes razones:

“[…] En efecto, la sentencia de 29 de junio de 2023, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, como consecuencia de los defectos
indicados, está viciada de nulidad originada en ella misma, al contener una grave y
deficiente motivación, que viola el debido proceso sustancial en relación con el
deber constitucional y convencional de darle prevalencia al derecho sustancial,
aplicar la interpretación más favorable a trabajadores, pensionados y sus
sustitutos, garantizar los principios de progresividad y prohibición de la
regresividad de los derechos sociales y el derecho a la igualdad, vulnerando por
ello los artículos 13, 29, 53, 228, 229, 230 y 243 de la Constitución Política, por cuanto,
si bien es cierto que, por obvias razones, algo tuvo que decir o considerar, pues sería
ya inconcebible que no dijera nada, no es menos cierto que, lo utilizado como
motivación, conforme a la jurisprudencia constitucional hace que la providencia
resulte “carente de motivación” 6 , pues, no atendió el deber de ser progresiva,
sino regresiva, no fue seria, ni adecuada o suficiente, resultando arbitraria,
pues, al haber concluido que a la demandante Raquel Elisa Mallorquín Donato, no
procedía aplicarle retrospectivamente la Ley 100 de 1993, siendo del caso hacerlo,
desconoció que en este caso se cumplían los requisitos para el reconocimiento

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Núm. único de radicación: 110010315000202306553-01
Actora: Raquel Elisa Marroquín Donato

de la sustitución pensional conforme a esta norma, ya que al momento del
fallecimiento de Henry Millán González, éste tenía cotizadas más de 300 semanas
para pensión, habiendo laborado durante 15 años 1 mes y 2 días, es decir, había
cotizado más de las 26 semanas al momento del deceso, con lo cual se configuró
el defecto fáctico indicado, pues, sin lugar a dudas, incurrió en una valoración
defectuosa del material probatorio, lo que se advierte al irse la Sección Segunda, en
contra de la evidencia probatoria, decidiendo separarse por completo de los hechos
debidamente probados para resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido,
desconociendo la gran cantidad de semanas cotizadas (300) y los más de 15 años
laborados por el infortunado Líder de la Unión Patriótica, antes de su asesinato, lo
que daba lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes7.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, incurrió en las citadas
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial, por dejar de aplicar el imperio de la ley aplicable al caso concreto, y
decidir a su arbitrio con otra norma inaplicable, incurrir en una grave y
deficiente motivación en la sentencia, en una defectuosa valoración probatoria
y desconocer que se cumplían los 3 requisitos para la aplicación retrospectiva
de la Ley 100 de 1993, en el tema del reconocimiento de la sustitución pensional,
que al respecto ha establecido la jurisprudencia constitucional en la sentencia
T-564 de 2015, violada caprichosamente, que en el caso objeto de análisis se
encuentran plenamente acreditados, así: […]”.

[…]

“[…] 23. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE Y LINEA JUIRISPRUDENCIAL
MAS FAVORABLE A LA COMPAÑERA SOBREVIVIENTE DEL TRABAJADOR –
DEFECTO SUSTANTIVO Y FÁCTICO.

La sentencia de 29 de junio de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, acusada, desconoció la procedencia de la aplicación
retrospectiva de la Ley 100 de 1993, al no estar consolidada la situación jurídica
debatida.

Por ello, está viciada de nulidad absoluta originada en ella misma, al contener
una grave y deficiente motivación, que viola el debido proceso, por creer errada
e inexcusablemente que no procedía la aplicación retrospectiva de la Ley 100
de 1993, al desconocer que no estaba consolidada la situación jurídica. Esa
sentencia contiene una motivación no atendible jurídicamente, y por ello es violatoria
del debido proceso sustancial, ya que creyó erradamente que la situación jurídica de
la demandante Raquel Elisa Mallorquín Donato, ya estaba consolidada, y por tanto,
“no procedía la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, por cuanto la norma
aplicable en la determinación de tal derecho, es la vigente al momento de la muerte
del pensionado o afiliado, instante que consolida la situación jurídica de estos
sujetos”, cuando no es así, pues, de conformidad con lo expuesto en
precedencia y la jurisprudencia constitucional más favorable, como al momento
de la muerte de Henry Millán González, el 7 de diciembre de 1993, éste no había
reunido el requisito de tiempo de servicios previsto en el artículo 1 de la Ley 12 de
1975 para que pudiese reconocérsele a la demandante, en su calidad de beneficiaria
el derecho a la prestación por muerte, y no estar vigente la pensión de
sobrevivientes, era imperativo siempre concluir que su situación jurídica no
había sido consolidada, por lo que en su caso, sí resultaba admisible darle
aplicación retrospectiva a la Ley 100 de 1993 en lo relacionado con la figura de la
pensión de sobrevivientes, máxime si ya se habían cotizado más de 300 semanas
para pensión, habiéndose laborado durante 15 años 1 mes y 2 días, es decir, se
había cotizado más de las 26 semanas al momento del deceso.

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Núm. único de radicación: 110010315000202306553-01
Actora: Raquel Elisa Marroquín Donato

La grave y deficiente motivación, que viola el debido proceso y el precedente
constitucional, siguió cuando, además de lo anterior, se desconoció que la
accionante, además de ser una persona de la tercera edad en razón de su avanzada
edad (lo que la hace un sujeto de especial protección constitucional), no labora ni
percibe ingreso alguno como empleada dependiente o independiente, no ha cotizado
para para obtener una pensión de vejez por lo que no se le ha reconocido en su favor
prestación pensional alguna y que tiene una situación económica precaria dado que
depende exclusivamente de sus hijos para sufragar todos sus gastos y necesidades,
por lo que implicaba concluir que mal se podía aplicar la normatividad pensional
preconstitucional, que efectivamente constituye una carga desproporcionada, que no
solo vulnera su derecho fundamental a la seguridad social, sino que amenaza su
mínimo vital y trasgrede su derecho a la igualdad material, toda vez que en muchas
oportunidades, accionantes como las de las sentencias de tutela citadas, en
situaciones idénticas a las de la actora han sido tutelados por la Corte Constitucional,
lo que hacía procedente en la sentencia impugnada, que sí habían razones de
justicia y orden jurídico nacional e internacional, que implicaban aplicar el
precedente constitucional en el asunto objeto de estudio, por ser la interpretación
más favorable a la accionante, máxime cuando debía optarse también por la garantía
de los principios de progresividad y prohibición de la regresividad, que en este último
caso, lo constituye la interpretación del Consejo de Estado, que niega la aplicación
retrospectiva de la citada ley, opuesta a la jurisprudencia constitucional.

La sentencia de 29 de junio de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, incurrió en una grave y deficiente motivación y violación
del precedente, que hace que se origine la nulidad en ésta, por vulneración directa
del artículo 29 de la Constitución Política, al inaplicar los principios de
favorabilidad con el derecho a la interpretación más favorable, progresividad y
prohibición de la regresividad para la accionante, al desconocer la línea
jurisprudencial constitucional brotada de las sentencias: T-891 de 2011, T-072
de 2012, T-587A de 2012, T-515 de 2012, T-564 de 2015, T-116 de 2016, T-415-17,
T-155-18, entre otras, proferidas por la Corte Constitucional, por encontrarse en
situación de identidad fáctica y jurídica, respeto de los casos en éstas analizados, lo
que implica una violación al debido proceso, artículo 29 constitucional, y al
derecho a la igualdad de trato jurídico, artículo 13 de la Carta Superior, que
deben tener las personas en un Estado Social de Derecho, donde aquellos procesos
que compartan unos mismos supuestos de hecho y de derecho, deberán fallarse, en
principio, de igual manera, desconociendo el drama humanitario de la accionante
como víctima de la masacre que el Estado colombiano toleró contra la Unión
Patriótica, y por la cual fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. […]”. (Resaltado del texto original)

Actuación

9. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, a través de auto de 27 de octubre de 2023: i) admitió la acción
de tutela; ii) ordenó notificar a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado; y iii) vinculó al Fondo Nacional de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles
el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

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Núm. único de radicación: 110010315000202306553-01
Actora: Raquel Elisa Marroquín Donato

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

10. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó declarar
la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que:

“[…] En este contexto, haciendo uso de la autonomía judicial, se resolvió el asunto
objeto de tutela, pues si bien esta Corporación en un comienzo, en virtud del principio
de favorabilidad, aplicó retrospectivamente la Ley 100 de 1993 y reconoció la pensión
de sobrevivientes a beneficiarios de empleados públicos cuyo deceso ocurrió antes
de su entrada en vigor (1° de abril de 1994), lo cierto es que actualmente tal criterio
fue rectificado y no es dable que las disposiciones del régimen general de seguridad
social cobijen situaciones jurídicas ocurridas con anterioridad, por cuanto el derecho
pensional se causa a partir del fallecimiento y se emplea la norma que regía en ese
momento

La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial no autoriza al juez
constitucional para entrar a decidir sobre la cuestión controvertida, en este caso
respecto de la pensión de sobrevivientes a la que cree tener derecho la actora, pues
lo que se debe analizar es si la decisión es producto de una actuación arbitraria o
abusiva, y por el contrario dentro del sub-judice, se esgrimieron argumentos
razonables para negar dicho reconocimiento, lo que evidencia que no existe una
violación del debido proceso acceso, acceso a la administración de justicia, seguridad
social, dignidad y acceso a la tutela efectiva de la señora Raquel Elisa Marroquín
Donato.

Acorde con esto, no se han desconocido y/o transgredido los derechos fundamentales
alegados por la tutelante, toda vez que no se evidencia que el fallo controvertido
hubiere incurrido en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente y línea
jurisprudencial más favorable a la compañera sobreviviente del trabajador. […]”.

11. El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela, al señalar que:

“[…] Sea lo primero indicar que no se cumplen los requisitos genéricos de
procedencia de la acción de tutela en tanto no se trata de un asunto con relevancia
constitucional, la accionante no acredita una situación de perjuicio irremediable, y no
se acredita ninguno de los defectos descritos por la jurisprudencia.

No puede desconocerse que la sentencia fue proferida por el máximo órgano de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en consecuencia al tratarse una (sic)
sentencia proferida por una alta Corte debe acreditarse de manera clara un
desconocimiento de la jurisprudencia constitucional.

En aplicación de las reglas de la sentencia SU 573 de 2017 debemos determinar si
en el presente caso la decisión “riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional
al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control
abstracto de constitucionalidad,”

En el presente asunto la accionante depreca la aplicación retrospectiva de la ley 100
de 1993 (pretensión no formulada en la demanda ordinaria) conforme le fue concedida

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Núm. único de radicación: 110010315000202306553-01
Actora: Raquel Elisa Marroquín Donato

en el fallo de primera instancia, para lo cual invoca el precedente constitucional de las
diferentes salas de revisión de la Corte Constitucional, olvidando que conforme a
dicho precedente tal aplicación no es una regla general y existen puntuales requisitos
a cumplirse en el caso concreto, veamos:

En la sentencia T- 415 de 2017 con ponencia del Magistrado ALEJANDRO LINARES
CANTILLO se dijo: […]”

[…]

“[…] Como puede apreciar el despacho, de conformidad con los tiempos de servicios
legalmente acreditados y confirmados el causante no contaba con 15 años como
pretende hacerlo ver el accionante, así las cosas no existe identidad fáctica.

De otro lado no puede afirmarse que exista identidad jurídica con los casos invocados
ya que no existe un vacío normativo en tanto la ley 12 de 1975 regulaba la materia.

Debemos señalar que en el presente caso no se evidencia una contradicción abierta
con la Constitución y una incompatibilidad definitiva entre la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, por el contrario, la autoridad judicial accionada hace valer en su
decisión el precedente de la Corte Constitucional en lo que respecta a la aplicación
retrospectiva de la ley analizando la naturaleza de la pensión de sobrevivientes.

De otro lado no es cierto que el Consejo de Estado haya desconocido su propio
precedente en tanto la propia sentencia reseña que si bien hubo algunos
pronunciamientos en el sentido pretendido, desde el año 2013 se rectificó la postura.
[…]”

La sentencia impugnada

12. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió
sentencia, en primera instancia, el 23 de noviembre de 2023, por medio de la cual
resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por la señora Raquel Elisa Marroquín
Donato, conforme a lo expresado en la parte motiva de esta providencia […]”.

12.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Esclarecido lo anterior, esta Subsección debe examinar si en la sentencia
discutida en esta sede se configuraron los defectos alegados. Los desacuerdos
planteados pueden resumirse en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente por la presunta omisión en aplicar los diversos pronunciamientos de la
Corte Constitucional en el que se aplica de manera retrospectiva la Ley 100 de 1993
para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en los casos en que el
afiliado o pensionado hubiese fallecido previamente a la vigencia de dicha ley.

Para resolver los disensos previos, resulta necesario mencionar que la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia discutida en esta
sede constitucional, señaló que no era posible reconocer la pensión de
sobrevivientes, toda vez que en razón al criterio reiterado de esta corporación, no se
puede aplicar retrospectivamente la Ley 100 de 1993 en materia de pensión de

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Núm. único de radicación: 110010315000202306553-01
Actora: Raquel Elisa Marroquín Donato

sobrevivientes, cuando el deceso ocurre antes de la entrada en vigencia de la misma,
ya que la favorabilidad solo es predicable siempre que la disposición rija al momento
en que se causa la pensión, presupuesto que no sucede en el caso estudiado.

Al respecto, expuso que si bien esta corporación inicialmente, en virtud del principio
de favorabilidad aplicó retrospectivamente la Ley 100 de 1993 y reconocía la pensión
de sobrevivientes a beneficiarios de empleados públicos cuyo deceso ocurrió antes
de su entrada en vigor, por medio de la sentencia de unificación del 25 de abril de
2013 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, se rectificó su
posición y estableció que no es dable que las disposiciones del régimen general de
seguridad social cobijen situaciones jurídicas ocurridas con anterioridad, por cuanto
el derecho pensional se causa a partir del fallecimiento y se emplea la norma vigente
en ese momento.

Al respecto, se denota que la accionante difiere de la anterior conclusión, dado que,
a su modo de ver, existe una postura reiterada de la Corte Constitucional (T-891 de
2011, T-072 de 2012, T-587A de 2012, T-515 de 2012 y T-564 de 2015) en las que
la Corte Constitucional optó por la aplicación de la retrospectividad de la Ley 100 de
1993; sin embargo, debe insistirse en que este criterio jurisprudencial que era,
también, el sostenido por la Sección Segunda del Consejo de Estado desde el año
1951, fue rectificado en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2013, en la que
cambió el criterio de decisión.

Por otra parte, si bien la sentencia T-564 de 2015 de la Corte Constitucional concedió
el amparo a los derechos fundamentales de la accionante y ordenó la aplicación
retrospectiva de la Ley 100 de 1993, ello ocurrió como una excepción luego de
analizarse las circunstancias particulares del caso que difieren de las hoy analizadas.

En efecto, en dicho pronunciamiento, la Corte señaló que la retrospectividad de la
Ley 100 de 1993 era factible en casos en los que se evidenciara que: «(i) el afiliado
falleció, habiendo cotizado una elevada cantidad de años al sistema (como los que
ha tratado hasta ahora la jurisprudencia), (ii) sin que haya configurado derecho
pensional alguno que le sea posible sustituir y (iii) sin que al momento de su muerte
haya estado vigente la figura de la pensión de sobrevivientes»; ello, por cuanto en el
caso objeto de análisis por la Corte, el causante había cotizado 17 años, faltándole
solo 3 años para poder adquirir el derecho pensional.

No obstante, dicha situación no ocurre en el presente caso, puesto que el señor
Millán González alcanzó a cotizar un total de 15 años, 1 mes y 2 días, por lo que no
se configura un desconocimiento del precedente, al no existir identidad fáctica con
el asunto expuesto.

En resumen, la accionante no logró acreditar la violación de algún precedente
obligatorio, por lo que se estima oportuno aclarar que el solo desacuerdo con las
conclusiones adoptadas por el juez natural no es una razón que habilite a este juez
constitucional a invalidar la decisión que en derecho se adoptó y tampoco la
valoración dada a los elementos de prueba aportados, pues, como se dijo en líneas
precedentes, ello iría en contravía de la autonomía e independencia judicial […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202306553-01
Actora: Raquel Elisa Marroquín Donato

La impugnación

13. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. En ese orden de ideas señaló lo siguiente3:

“[…] Son varias las razones que me llevan a impugnar el fallo, sobre todo por su
simpleza y falta de una motivación seria y suficiente que sea atendible
jurídicamente o que merezca el nombre de tal, lo cual no se compadece con los
considerandos, que de manera inexcusable niega un amparo no solo procedente,
sino necesario y justo, sobre todo para una persona víctima de la violencia estatal
que llevó al asesinato de su compañero y padre de sus hijos menores: Henry Millán
González, líder político y de las luchas sociales, miembro del Partido Comunista
Colombiano, y cofundador de la Unión Patriótica, al igual que otros 5000 miembros
de esa organización política, constituyendo la sentencia impugnada en una clara
revictimización y negativa injusta, inconstitucional e inconvencional, que viola no
solo los derechos fundamentales de la accionante, sino también que, desconoce
los principios mínimos fundamentales de derecho de los trabajadores de aplicar la
interpretación más favorable en este caso de la retrospectividad de la Ley 100 de
1993.

1. El fallo impugnado viola el precedente y línea jurisprudencial más
favorable a la compañera sobreviviente del trabajador.

Fíjense honorables magistrados, que el fundamento central del fallo ha sido el de
considerar que este caso no tiene identidad fáctica con los hechos que dieron lugar
al fallo de tutela T-564 de 2015 de la Corte Constitucional, que concedió el amparo
a los derechos fundamentales de la accionante, pues, en aquel caso el causante
había cotizado 17 años y en este solo 15 años, 1 mes y 2 días, por lo que no se
configura el desconocimiento del precedente: […]”

[…]

“[…] Las anteriores consideraciones desconocen el imperio de la ley, norma jurídica
y los precedentes tanto del mismo Consejo de Estado, como de la Corte
Constitucional, que admitieron la procedencia de la retrospectividad del artículo 46
de la Ley 100 de 1993, inclusive con posterioridad al año 2017, a casos donde el
causante apenas contaba con un (1) año y pocos meses de servicios, pues,
sencillamente se pasó por alto, no sé si por rebeldía u otra causa, que esta norma
que es la que se aplica retrospectivamente, solo exige que el afiliado como mínimo
hubiere cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento, es decir, menos de un (1) año, y en este
caso, tal como se aceptó, el causante alcanzó a cotizar un total de 15 años, 1 mes
y 2 días, superando ese requisito temporal, lo que daba lugar al amparo pedido, tal
como se hizo en el caso que se utilizó como comparación, donde hubo cotizaciones
durante 17 años. […]”

[…]

“[…] 2. El fallo impugnado viola el precedente y línea jurisprudencial brotada
de la sentencia T – 525 de 2017, por negar la retrospectividad del artículo 46
de la Ley 100 de 1993, y creer erradamente que la situación de la accionante
estaba consolidada.

3 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202306553-01
Actora: Raquel Elisa Marroquín Donato

Se desconoció este precedente, donde en el caso de la señora María Inés Bermeo
se aplicó retrospectivamente el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, a partir del
momento de su entrada en vigencia, a pesar de que en principio, por la fecha del
fallecimiento de su hijo, el Decreto 2063 de 1986 es el que regularía el caso que
allí se estudió, pues, se consideró lo siguiente: […]”

[…]

“[…] El fallo acusado, así como la sentencia de 29 de junio de 2023, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, acusada, también
desconocieron la procedencia de la aplicación retrospectiva del artículo 46
de la Ley 100 de 1993, al no estar consolidada la situación jurídica de la
accionante que es la debatida, no la del causante Henry Millán González.

[…]

Fíjense honorables magistrados, que conforme a la sentencia T – 525 de 2017,
al conocer un caso idéntico, dijo: “No se puede estimar definida la situación
jurídica en vigencia del Decreto 2063 de 1984, en la cual acaeció el
fallecimiento del causante, pues la definición de la situación jurídica de la
accionante se debate jurídicamente en vigencia de la Ley 100 de 1993, norma
orientada por los parámetros constitucionales vigentes. Se destaca que el
Tribunal Administrativo del Meta le dio trámite a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho hasta agotar sus etapas procesales e, incluso
después de ello, el Consejo de Estado conoció el proceso en sede de tutela. Así
entonces, fue apenas en vigencia de la Ley 100 de 1993, que se inició la
definición judicial del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de la
accionante, no en vigencia de la norma anterior. Por ende, es en esta etapa
cuando se va a consolidar jurídicamente la situación prestacional de la
demandante.” Por esta razón, debía con toda propiedad aplicarse la
retrospectividad de la Ley 100 de 1993, pues, no estaba consolidada la
situación jurídica de la accionante, lo cual se reiteró en sentencia T – 155 de
2018.

3. El fallo impugnado viola el precedente y línea jurisprudencial brotado de
la sentencia T – 155 de 2018.

El fallo impugnado desconoció este precedente y línea jurisprudencial que aplicó
también la retrospectividad en pensiones conforme a la ley 100 de 1993, indicando
que “Es admisible la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, en atención al
principio de favorabilidad, cuando los efectos jurídicos del acto no se hayan
consolidado al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones y
las consecuencias legales sigan vigentes a la fecha.”: […]”

[…]

“[…] 4. El fallo impugnado también violó el precedente y línea jurisprudencial
brotado de la sentencia T – 017 de 2022, por negar la retrospectividad del
artículo 46 de la Ley 100 de 1993, y creer erradamente que la situación de la
accionante estaba consolidada.

Se desconoció este precedente, donde se analizó la aplicación retrospectiva de la
Ley 100 de 1993, con base en el principio de favorabilidad y se hizo reiteración de
jurisprudencia, en un caso donde el causante: Marlon Danery Restrepo Laguna que
prestó sus servicios a la Policía Nacional, en calidad de Subteniente, por un lapso
de 2 años y 5 meses, hasta la fecha de su fallecimiento el día 2 de octubre de 1993,

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Núm. único de radicación: 110010315000202306553-01
Actora: Raquel Elisa Marroquín Donato

solo acreditó 116 semanas de cotización al sistema general de seguridad social en
pensiones, pues, se consideró lo siguiente: […]”

[…]

“[…] 5. El fallo impugnado además de violar el precedente y línea
jurisprudencial brotado de la sentencia T – 017 de 2022, por negar la
retrospectividad del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, y creer erradamente
que la situación de la accionante estaba consolidada, fundamentó su
decisión en una postura regresiva del mismo Consejo de Estado, del año
2013, que constituye un cambio jurisprudencial abrupto, sorpresivo y que afecta
gravemente los derechos fundamentales, sin brindar argumentos sólidos que
dieran cuenta de las razones con base en las cuales se produce dicha
transformación interpretativa o porque esta emerge como la mejor […]”.
(Resaltado del texto original)

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20196, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Problemas Jurídicos

16. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al proferir la sentencia
de 29 de junio de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 25000-23-42-000-2018-02577-01, incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial (defecto respecto del cual se centró el
escrito de impugnación), lo que trajo como consecuencia que se negaran las
pretensiones propuestas por la actora dentro de dicho medio de control
relacionadas con el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

17. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; v) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; vi) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la seguridad social; vii) marco normativo y jurisprudencial
del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; viii) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana; ix)
análisis del caso concreto, y finalmente x) las conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

18. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello7, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de

2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.

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de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

19. Esta Sección8 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

20. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

21. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”9.

22. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
9 Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos
parámetros.

24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto

26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.

27. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, así:

10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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27.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de
la actora al debido proceso, a la seguridad social, de acceso a la administración de
justicia y a la dignidad humana.

27.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional dentro del marco
de la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la
posible afectación de los derechos fundamentales invocados supra, y además, ii)
la actora cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas
por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente.

27.3. Para la Sala exigirle a la actora una carga argumentativa mínima se justifica,
toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal
de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales12, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica de la actora, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.

27.4. Cumplió con el requisito general de procedibilidad de inmediatez13.

27.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales la actora pueda lograr la protección de los derechos
invocados.

12 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las

actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
13 Puesto que la sentencia de 29 de junio de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del

Consejo de Estado se notificó el 29 de agosto de 2023 (dos días siguientes al envío del mensaje de datos que
se realizó el 25 de agosto de 2023), mientras que la tutela se interpuso el 24 de octubre de 2023, es decir, se
presentó antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia cuestionada.

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Actora: Raquel Elisa Marroquín Donato

27.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;

27.7. La actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

27.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

28. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.

29. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189614 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201115;
así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200116; C-816 de
201117; C-179 de 201618; y T-102 de 201419.

30. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”20 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…] conjunto
de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza

14 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
15 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de

Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.
16 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
17 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
18 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
19 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
20 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.

31. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional21, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que,
en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).

32. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria22, la regla del respeto del precedente no
es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente
a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a
resolver una situación concreta.

33. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala23, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la
regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden
constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como
precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser
tomada como referente, y v) la consideración que esa jurisprudencia resulta
errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que
se fundamenta el ordenamiento jurídico.

21 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
22 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de

2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.

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34. En efecto, la Sala24 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de
la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las
que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial25”, para lo cual resulta
obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión
de apartarse.

35. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo
los órganos de cierre como lo son: i) la Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado
y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, fijan reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser
tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

36. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

37. Atendiendo a que, la Corte Constitucional26 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación

24 ibídem.
25 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez

y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
26 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

38. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

39. Atendiendo a que, la Corte Constitucional27 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

27 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social

40. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.

41. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:28

“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad
social bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un
servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación
y control del Estado29.

Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”30. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus

28 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
29 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
30 Sentencia T-173 de 2016.

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Actora: Raquel Elisa Marroquín Donato

actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”31 […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad
humana

42. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general […]”. (Resaltado por la Sala).

43. Atendiendo a que la Corte Constitucional32 ha establecido que el derecho a
la dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En
relación con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y
iii) la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este
Tribunal ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un
valor fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un
principio constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental
autónomo […]”.

Análisis del caso concreto

44. La actora, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio,

31 Ibídem.
32 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Actora: Raquel Elisa Marroquín Donato

al proferir la sentencia de 29 de junio de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 25000-23-42-000-2018-02577-01, vulneró sus
derechos fundamentales invocados supra.

45. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

46. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

47. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

47.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 25000-23-42-000-2018-02577-01.

Solución del caso concreto

Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial

48. En el escrito de impugnación, la actora reiteró que la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente, toda vez que inobservó “[…] los precedentes […]
que admitieron la procedencia de la retrospectividad del artículo 46 de la Ley 100

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Actora: Raquel Elisa Marroquín Donato

de 1993, inclusive con posterioridad al año 2017, a casos donde el causante
apenas contaba con un (1) año y pocos meses de servicios […]”. Para tal efecto,
hizo referencia a las sentencias “[…] T-564 de 2015 […] T – 525 de 2017 […] T –
155 de 2018 […] T – 017 de 2022 […]”.

49. Finalmente, la actora manifestó que “[…] El fallo impugnado además de violar
el precedente y línea jurisprudencial brotado de la sentencia T – 017 de 2022, por
negar la retrospectividad del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, y creer erradamente
que la situación de la accionante estaba consolidada, fundamentó su decisión en
una postura regresiva del mismo Consejo de Estado, del año 2013, que constituye
un cambio jurisprudencial abrupto, sorpresivo y que afecta gravemente los
derechos fundamentales, sin brindar argumentos sólidos que dieran cuenta de las
razones con base en las cuales se produce dicha transformación interpretativa o
porque esta emerge como la mejor […]”.33

50. Previamente a abordar el respectivo análisis del presunto defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente, la Sala precisa que no estudiará las
sentencias “[…] T – 525 de 2017 […] T – 017 de 2022 […]”, en la medida en que,
estas no fueron puestas de presente por la actora en su escrito de tutela, sino que
corresponden a un argumento nuevo expuesto en el escrito de impugnación, razón
por la cual, su análisis vulneraría el derecho fundamental al debido proceso de las
partes.

51. Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario
verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la
sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a
resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en
el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente34.

33 La actora para tal efecto hizo referencia a la sentencia de 25 de abril de 2013, proferida por la Sección

Segunda del Consejo de Estado, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, número de radicado
76001233100020070161101 (1605 – 2009).
34 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.

Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

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Actora: Raquel Elisa Marroquín Donato

Sentencia T-564 de 201535

52. La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional revisó la acción de
tutela presentada por Edilma Martínez Ruiz contra de la Dirección Fondo Territorial
de Pensiones de la Gobernación del Tolima, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones
dignas que consideró le fueron desconocidos por la demandada al negarse a
reconocerle el derecho a la pensión de sobrevivientes de su ex-cónyuge.

53. La Corte Constitucional consideró que la retrospectividad de la Ley 100 de
1993 era factible en casos en los que se evidenciara que: “[…] (i) el afiliado falleció,
habiendo cotizado una elevada cantidad de años al sistema (como los que ha
tratado hasta ahora la jurisprudencia), (ii) sin que haya configurado derecho
pensional alguno que le sea posible sustituir y (iii) sin que al momento de su muerte
haya estado vigente la figura de la pensión de sobrevivientes […]”; razón por la
cual en el caso objeto de análisis, advirtió que el causante había cotizado 17 años,
faltándole solo 3 años para poder adquirir el derecho pensional.

54. De conformidad con lo expuesto, resolvió conceder el amparo de los
derechos fundamentales de la actora y, en consecuencia, ordenó a la demanda a
“[…] expedir un acto administrativo mediante el cual reconozca y empiece a pagar
la pensión de sobrevivientes de la ciudadana Edilma Martínez Ruiz que se
configuró como producto del fallecimiento de su entonces esposo el señor Omar
de Jesús Osorio García, desde el momento en que entró en vigencia la Ley 100 de
1993, esto es, el primero de abril de 1994, sin exigir requisitos adicionales que
no estén previstos en la Constitución o en la Ley y sin perjuicio de la prescripción
trienal de la que habla el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, para
efectos de reconocer y pagar las sumas adeudas a la accionante por concepto del
retroactivo […]”.

35 Corte Constitucional, sentencia T-564 de 3 de septiembre de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Sentencia T – 155 de 201836

55. La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional revisó la acción de
tutela presentada por María Mercedes Rodríguez de Buitrago contra el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones −FONCEP, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales de petición, al mínimo vital, a la
igualdad, a la dignidad humana y a la seguridad social que consideró le fueron
desconocidos por la demandada al negarle el reconocimiento de la indemnización
sustitutiva de la pensión de sobreviviente.

56. La Corte Constitucional consideró que, en atención a “[…] la situación fáctica
de la actora, la Sala Octava de Revisión aplicará en el caso sub examine la
restrospectividad del artículo 49 de la Ley 100 de 1993 y ordenará al FONCEP
reconocer y pagar a favor de la señora María Mercedes Rodríguez de Buitrago la
indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente […]”. Para tal efecto, la
Corte tuvo en consideración que la actora era una persona de 96 años de edad y
el causante había cotizado 16 años, 9 meses y 3 días.

57. De conformidad con lo expuesto, para la Sala, en lo que concierne al
desconocimiento de las sentencias T-564 de 2015 y T – 155 de 2018, la autoridad
judicial demandada no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, toda vez que las situaciones fácticas y los problemas jurídicos
son totalmente diferentes, puesto que:

i) En el primero de los casos se abordó el estudio de una acción de tutela contra la
Dirección Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación del Tolima, en la que se
advirtió que el causante había cotizado 17 años, faltándole solo 3 años para poder
adquirir el derecho pensional; supuesto que no comparte identidad fáctica con el
caso de la actora.

ii) en la sentencia T – 155 de 2018 se estudió el supuesto relacionado con el
reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente y el
causante había cotizado 16 años, 9 meses y 3 días; en tanto que la acción de tutela

36 Corte Constitucional, sentencia T-155 de 24 de abril de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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objeto de estudio gira en torno al reconocimiento de una pensión de sobreviviente y
el tiempo cotizado por el causante es menor a aquel respecto del cual la Corte
amparó en la sentencia mencionada supra.

58. En ese orden de ideas, no se desconoció la ratio decidendi establecida en
dichas sentencias, puesto que, tal como se expuso previamente, los supuestos
fácticos y jurídicos son diferentes y, en consecuencia, la razón de la decisión en cada
una de esas providencias obedeció a fundamentos que no se pueden aplicar al caso
sub examine.

59. Finalmente, frente al argumento de la actora relacionado con que “[…] El fallo
impugnado […] fundamentó su decisión en una postura regresiva del mismo Consejo
de Estado, del año 2013, que constituye un cambio jurisprudencial abrupto,
sorpresivo y que afecta gravemente los derechos fundamentales, sin brindar
argumentos sólidos que dieran cuenta de las razones con base en las cuales se
produce dicha transformación interpretativa o porque esta emerge como la mejor
[…]”37; la Sala, tal como lo consideró el A quo, advierte que la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado aplicó de manera razonable y justificada la
sentencia de 25 de abril de 2013 proferida por la Sección Segunda de esta
Corporación.

60. La Sala advierte que, la sentencia de 25 de abril de 2013 mencionada supra
rectificó la posición adoptada frente al tema de la sustitución pensional,
estableciendo que “[…] la Sala rectifica la posición adoptada en sentencias de abril
29 de 201038 y noviembre 1º de 201239, en las que, en materia de sustitución

37 La actora para tal efecto hizo referencia a la sentencia de 25 de abril de 2013, proferida por la Sección

Segunda del Consejo de Estado, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, número de radicado
76001233100020070161101 (1605 – 2009).
38 Radicación 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09), consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren, en la que se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de
la Ley 12 de 1975, a pesar de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970.
39 Radicación 13001-23-31-000-2005-02358-01 (0682-11), consejero ponente Víctor Hernando Alvarado
Ardila, en que se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley
100 de 1993, a pesar de que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta oportunidad
el doctor Gerardo Arenas Monsalve salvó el voto en los siguientes términos: «Nótese, además, desde el punto
de vista práctico, el complejo problema que surge con la tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el
régimen general de la Ley 100 de 1993 a situaciones que se resolvieron plenamente antes de su vigencia.
Como se trata de pensiones, y éstas no tienen término de prescripción, todos los derechos pensionales de
sobrevivientes, resueltos en su momento aplicando válidamente la legislación anterior, resultan ahora
sorpresivamente litigiosos, es decir, susceptibles de discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya
producido en vigencia de esa legislación anterior, y así se hayan reconocido los derechos derivados del
régimen anterior. El principio constitucional de la sostenibilidad financiera, establecido en la Carta desde el
Acto Legislativo No. 1 de 2005 queda en entredicho, con una extensión tan amplia y generalizada de la
aplicación del régimen general».

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pensional se aplicó una ley nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su
vigencia, en ejercicio de la retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a
la aplicación de tal figura, toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la
pensión de beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y
no una posterior […]”; consideraciones que fueron tenidas en cuenta por la autoridad
judicial demandada al concluir que no era procedente la aplicación en retrospectiva
de la Ley 100 de 1993, toda vez que el causante había fallecido antes de su entrada
en vigencia (7 de diciembre de 1993).

61. En ese orden de ideas, los planteamientos realizados por la actora en el
presente asunto obedecen a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión
que adoptó la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el
descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus
intereses, pero no se advierte que la decisión fue arbitraria o irracional.

Conclusiones de la Sala

62. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de
23 de noviembre de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, por medio de la cual negó la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 23 de noviembre de 2023,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Actora: Raquel Elisa Marroquín Donato

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Salvamento parcial de voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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