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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06557-01

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06557-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 30 de noviembre de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 29 Núm. único de radicación: 110010315000202306557-01 Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06557-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

15 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202306557-01
Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y otros1

Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) trabajo, y ii) salud

Derechos Fundamentales Amparados: i) Igualdad, ii) trabajo, y ii) salud

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Pasto – Nariño contra la sentencia de tutela de 30 de
noviembre de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por
medio de la cual concedió el amparo de los derechos fundamentales del actor.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de

Pasto y el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202306557-01
Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación –
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
– Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Nariño y el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Pasto, porque, a su juicio: i) la Dirección Seccional, al
no expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para proveer un reemplazo
durante sus vacaciones; y ii) la Juez, al negar la solicitud de sus vacaciones:
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, en calidad de asistente jurídico, tras pertenecer al régimen de
vacaciones individuales, solicitó a la Juez Segunda de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Pasto, se le concediera las vacaciones del período
comprendido entre el 16 de junio de 2020 y 15 de junio de 2021, las cuales ya
estaban causadas y vencidas, para disfrutarlas a partir del 19 de diciembre de
2023.

4. Señaló que, la Juez mencionada supra, mediante la Resolución núm. 04 de
12 de octubre de 2023, resolvió “[…] NO CONCEDER vacaciones al Dr. RAUL
FERNANDO QUIÑÓNES ARTEAGA […]”, en la medida en que, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, mediante Oficio núm.
DESAJPAO23-524 de 30 de agosto de 2023, había negado la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar su reemplazo durante el
periodo solicitado de vacaciones.

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Núm. único de radicación: 110010315000202306557-01
Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

La solicitud de tutela

Pretensiones

5. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERA: Se tutelen mis derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en
condiciones dignas, al descanso y a la salud.

SEGUNDA: Consecuencialmente, ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Nariño, previas las actuaciones administrativas a que
haya lugar y que de acuerdo con sus competencias, de forma coordinada con los
accionados, en el término de 48 horas, solicite a la DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL (UNIDAD DE PLANEACION O A LA DEPENDENCIA
QUE CORRESPONDA), la provisión de los recursos necesarios para que la Jueza
Segunda de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto tome las
decisiones con relación a la concesión de vacaciones y nombramiento en mi
reemplazo.

TERCERO: Requerir a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Nariño y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que en adelante,
eviten realizar conductas como la expuesta en el presente caso, y procedan a emitir
los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal para poder realizar el
nombramiento de un reemplazo de la persona que sale a disfrutar sus vacaciones,
teniendo en cuenta que el Juzgado 2 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Pasto, lo componen las personas firmantes de esta tutela […]”.

5.1. Como fundamento de su solicitud, manifestó lo siguiente:

“[…] SEPTIMO.- Aunque considero ajustado a la realidad los argumentos elevados
por la Señora Jueza cuando me negó el derecho reclamado, no es justo que esta
situación de índole simplemente administrativa trasgreda (sic) mis derechos
fundamentales, pues la negativa a mi derecho es igual que trasgresora (sic) que su
aprobación en las actuales circunstancias, pues me obliga a retornar al trabajo
recibiendo una gran cantidad de actividades y peticiones que no pudieron evacuarse
durante la licencia sumado a la que ordinaria y diariamente me corresponde,
afectando mi salud, tranquilidad y las buenas relaciones con los compañeros.

OCTAVO.- Al no establecer presupuesto para reemplazo, se violan los derechos de
quien sale de vacaciones, pero también de quienes se quedan trabajando, en razón
de que, en razón de la urgencia de ciertas decisiones, necesariamente el juez debe
trasladar algunas funciones de quien se fue, para que las ejecuten quienes se
quedan, y de quien sale, porque una gran mayoría de las actividades se quedan
amontonadas para que cuando regrese deba realizarse, generando progresivas
acumulaciones, impidiendo el goce efectivo y tranquilo de las vacaciones […]”.

[…]

“[…] DECIMO PRIMERO.- Si bien la Corte Constitucional en reciente
pronunciamiento ha señalado al Consejo Superior de la Judicatura la necesidad de
reglamentar el nombramiento de los empleados con vacaciones individuales, esta

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situación todavía no se ha presentado en franca violación de los derechos
fundamentales […]”.

Actuación

6. El Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante auto de 26 de octubre de 2023: i) admitió la acción de tutela; y ii) ordenó
notificar a las autoridades demandadas, concediéndoles el término de dos (2) días
para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de las demandadas

7. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó su desvinculación, al considerar
que carece de legitimación en la causa por pasiva, por las siguientes razones:

“[…] Así las cosas, no es viable endilgar alguna responsabilidad al Consejo Superior
de la Judicatura, toda vez que las acciones u omisiones que atribuye el accionante
como vulneradoras, recaen exclusivamente sobre la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Pasto, entidad que actúa como ordenador del gasto de
conformidad con los numerales 2 y 6 del artículo 103 de la Ley 270 de 1996 y que
tiene a cargo expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para
designar los reemplazos de los funcionarios y empleados judiciales que pretenden
el disfrute de sus vacaciones […]”.

[…]

“[…] En ese contexto, solicito desvincular al Consejo Superior de la Judicatura del
presente trámite tutelar, al considerar que no es el llamado a responder o cumplir las
órdenes que se expidan con el fin de amparar las garantías constitucionales del
accionante, máxime cuando la autoridad que se encuentra legitimada en la causa
por pasiva para dar cumplimiento a la orden es la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Pasto por tener la aptitud legal […]”.

[…]

“[…] Finalmente, es importante destacar que dentro de la planificación financiera
para el desarrollo fiscal de la vigencia 2023, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial en cabeza de su regente, solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
la ampliación del presupuesto para la cobertura de reemplazos por concepto de
vacaciones, siendo no considerada pertinente la solicitud, con base a que ya no se
contaba con espacio presupuestal […]”.

8. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, solicitó:

“[…] Por lo anterior, solicito al Despacho:

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Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

1. Decretar la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, por parte
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al no estar llamada ni obligada
a la disposición de recursos que permitan la contratación del remplazo (sic) de la
Accionante para la concesión del periodo de vacaciones que ha solicitado ante su
nominador de Juzgado Segundo de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Pasto.

2. Decretar la IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA al estar dirigida
intrínsecamente contra un Acto Administrativo de carácter general y abstracto como
lo es la Circular PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011 y por no cumplir los requisitos
para ser tenida como un mecanismo provisional para salvaguardar un derecho
fundamental.

3. Se Decrete la violación al Principio de Planeación y Presupuesto por el Nominador
de la Accionante.

4. Se Decrete la AUSENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLE.

5. Se Ordene y Conmine al Juzgado Segundo de ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Pasto Nominador de la Accionante, para que de forma inmediata y sin
poner más condicionamientos, conceda el periodo de vacaciones solicitado por la
Accionante […]”.

8.1. Para tal efecto, consideró que2:

“[…] Sea lo primero advertir que la presente acción de tutela es improcedente, toda
vez que esta dirigida o con esta se pretende atacar lo resuelto en un Acto
Administrativo proferido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Pasto, para lo cual
efectivamente el Juez Natural es el Juez Contencioso Administrativo y no el
Constitucional de Tutela, si lo que se pretende es dejar sin efectos la decisión
adoptada, ahora bien la improcedencia será abordada y explicada en mejor forma
en lo consiguiente del presente escrito de tutela, pero de ello se deja constancia
desde ahora para que se tenga presente dicha situación y se profiera el fallo que en
Derecho se debe dar […]”.

[…]

“[…] Si bien, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se encarga de la
ejecución, administración y representación de la Rama Judicial, atribuciones de las
cuales, es claro que esta Dirección nunca ha puesto en riesgo, ni ha violado el
derecho de carácter constitucional o legal citado por la parte actora, lo cierto es que
la competente para desatar el asunto es la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Pasto y el Ente nominador que en el presente caso es el Juzgado
Segundo de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto […]”.

[…]

“[…] Es así, que los requerimientos, tutelas, acciones, peticiones, quejas, reclamos,
recursos, entre otros temas relacionados con asuntos laborales de los empleados y
funcionarios de despachos judiciales (Dirección Seccional, Consejo Seccional,
Juzgados, Tribunales, etc.), así como administrativos, son atendidos de acuerdo con
el territorio donde se hayan sucedido los hechos o se encuentra ubicado el despacho
judicial en los cuales prestan sus servicios, por la Dirección Seccional de
Administración Judicial, la cual cumple sus funciones de manera descentralizada.

2 Transcripción literal del texto.

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Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

Por lo anterior es claro, se repite, que mal podía la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial dar respuesta a una petición del disfrute de vacaciones que
no es de su competencia y que el trámite correspondiente es del resorte de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, sin que se entienda que
con lo expuesto que el actuar de la Seccional Pasto, sea incorrecto o ilegal, por el
contrario, está sujeto a la reglamentación expedida por el H. Consejo Superior de la
Judicatura […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, frente al concepto o respuesta emitida por el Director Ejecutivo
Seccional de Administración Judicial de Pasto, es correcto al señalar la imposibilidad
de disponer recursos con los cuales contratar el remplazo (sic) de la Accionante
durante su periodo de vacaciones, por cuanto claramente la Circular PSAC11-44 del
23 de noviembre de 2011, mediante la cual se reglamente lo relacionado con la
asignación de recursos para el disfrute de las vacaciones de los FUNCIONARIOS
judiciales que pertenezcan al régimen de vacaciones individuales con excepciones
claras, y resalto la palabra FUNCIONARIOS, por cuanto la accionante no ostenta la
condición de Funcionaria, sino, de empleada judicial, ello en virtud de la
diferenciación que hace el artículo 125 de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la
Administración de Justicia”, cuando señala literalmente: “ARTÍCULO 125. DE LOS
SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL SEGÚN LA NATURALEZA DE SUS
FUNCIONES. Tienen la calidad de funcionarios los Magistrados de las
Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales. Son empleados
las demás personas que ocupen cargos en las Corporaciones y Despachos
Judiciales y en los órganos y entidades administrativas de la Rama Judicial.” […]”.

[…]

“[…] En el presente asunto, lo que se presenta es una posición caprichosa del
nominador que corresponde al Juzgado Segundo de ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Pasto quien se niega a conceder las vacaciones solicitadas por
el(a) accionante sin que le sea nombrado un reemplazo para el desarrollo de sus
funciones, algo completamente ilógico, desproporcionado y que termina afectando
los derechos fundamentales de la accionante, toda vez que ellos tienen claro que no
es posible destinar recursos para el nombramiento de un remplazo (sic) de la (sic)
accionante, al no tener esta la condición de funcionaria, por consiguiente, en contra
de quien se debe librar orden conminatoria, es contra el nominador de la accionante
para que no condicione la concesión de las vacaciones de esta a la expedición de
un CDP que por norma no es posible expedir […]”.

9. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, solicitó
declarar improcedente la solicitud de amparo, para tal efecto manifestó lo siguiente:

“[…] En primera instancia es menester manifestar que dicha resolución constituye un
acto administrativo de carácter particular y por lo tanto es susceptible de ser
demandado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, el accionante
cuenta con otro medio de defensa judicial NO CUMPLIÉNDOSE CON EL
REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD para que proceda la acción de tutela, ni
TAMPOCO con las pruebas allegadas se demuestra un PERJUICIO
IRREMEDIABLE a efectos de la concesión del amparo tutelar transitorio […]”.

[…]

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Núm. único de radicación: 110010315000202306557-01
Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

“[…] Es por ello que lo que se debate en ésta instancia no es la actuación de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, que no ha hecho
otra cosa mas (sic) que cumplir con la ley y los acuerdos del Consejo Superior de la
Judicatura; a contrario sensu, lo que se debate es la eventual vulneración de
derechos fundamentales a cargo de la Juez Segunda de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Pasto por la no concesión de las vacaciones so pretexto
de la ausencia de reemplazo […]”.

[…]

“[…] En todo caso, se insiste que el análisis de legalidad de la resolución 04 del 12
de octubre de 2023 ha de realizarlo el Juez Contencioso Administrativo escenario
natural en el que se resolvería el problema jurídico: […]”.

[…]

“[…] De lo anterior, válidamente se puede aseverar que:

1. Por mandato legal, los servidores judiciales, tienen derecho a disfrutar de
vacaciones en los términos previstos en el Artículo 146 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia.

2. Las vacaciones de los servidores judiciales, que se encuentren vinculados a
Despachos del régimen de vacaciones individuales, serán concedidas de acuerdo
con las necesidades del servicio, por el respectivo nominador en el caso de los
empleados judiciales, procurando la no afectación de la prestación del servicio
público de Administrar Justicia.

3. La Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, relacionada con la
PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES DEL
RÉGIMEN DE VACACIONES INDIVIDUALES (para efectos de no incluir
condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los
funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al régimen de vacaciones
individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho, deroga las circulares 89
y 44 de 2005), prevé en el numeral 5°, la asignación de recursos para reemplazo por
vacaciones, cuando no es posible designar en encargo a alguno de los servidores
del respectivo despacho judicial […]”.

[…]

“[…] Por lo que se entiende que cada nominador, atendiendo las necesidades del
servicio, debe establecer la fecha del disfrute del derecho al descanso de sus
colaboradores, facultad legal que debe ejercer sin requisito adicional alguno,
verbigracia, la solicitud de un certificado de apropiación presupuestal previo, pues
esta situación no está relacionada directamente con el disfrute individual de las
vacaciones, por ello, no se vislumbra la existencia de una indebida interpretación
normativa por parte de mi defendida o que la negativa de expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal para nombramiento de reemplazo siguiendo las
directrices del Consejo Superior de la Judicatura, sean las causantes de la
vulneración a los derechos fundamentales que deprecan el actor y/o permitan una
afectación al servicio de justicia […]”.

[…]

“[…] En conclusión, de conformidad con lo previamente transcrito, la actuación de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto en acatamiento a
las políticas establecidas sobre vacaciones, siempre ha dado aplicación principio de

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Núm. único de radicación: 110010315000202306557-01
Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

legalidad, esto es, observado y cumpliendo los preceptos normativos que se han
dejado expuestos, razón suficiente para sostener que esta Entidad no ha
quebrantado los derechos fundamentales que invoca el accionante y a efectos de no
vulnerar su derecho al descanso en caso de una negativa por parte del nominador,
le corresponderá al mismo, siguiendo el precedente jurisprudencial, adoptar medidas
transitorias como reorganizar las funciones de sus empleados que como se dijo son
4 incluida la Juez, dando prioridad a lo apremiante y/o acudir al Consejo Seccional
de la Judicatura para que entreguen una solución transitoria, más no se podría
condicionar el disfrute de vacaciones individuales de un servidor, a la existencia de
un CDP ni mucho menos exigir por vía de amparo constitucional la expedición de
uno, en tanto ello significa una indebida intromisión en el ejercicio de funciones y
competencias que son propias de las autoridades administrativas […]”.

10. El Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y el Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto guardaron silencio en esta
oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

11. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera
instancia, el 30 de noviembre de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] Primero.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas, al descanso y a la salud del señor Raúl Fernando Quiñonez Arteaga, quien
actúa en nombre propio. En consecuencia,

Segundo.- ORDÉNASE a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, que de acuerdo
con sus competencias y de manera coordinada, en el término de cinco (5) días
contados a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las
gestiones administrativas y presupuestales que correspondan para que el Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto designe su
reemplazo y materialice el derecho al disfrute del descanso remunerado.

Una vez estén disponibles los recursos presupuestales para el nombramiento del
reemplazo del señor Raúl Fernando Quiñonez Arteaga, el Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto, dentro de los cinco (5) días
siguientes, garantizará el disfrute de las vacaciones causadas durante el periodo en
el que se otorguen […]”.3

11.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

3 Al respecto, la Sala precisa que el A quo, en sus consideraciones, también se pronunció sobre la solicitud de

desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en el sentido de indicar que “[…] Lo anterior
es razón suficiente para descartar el argumento de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial conforme
con el cual no debe ser vinculada al presente trámite, pues dadas sus funciones legales, es necesario incluir
a dicha entidad entre las autoridades a las que se dirigen las órdenes del amparo […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202306557-01
Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

“[…] Esta Sala, al estudiar la procedencia de la acción de tutela en estos casos, ha
señalado4 que cuando hay actos administrativos, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho es el que resulta idóneo, el cual contempla la
posibilidad de hacer uso de la figura de la suspensión provisional de los actos para
evitar un posible perjuicio que llegue a tener la característica de irremediable.

Sin embargo, pese a que en el caso existe el oficio mediante el cual la oficina de
presupuesto de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto
negó la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, que podría
controvertir en sede ordinaria con la exposición de las causales de nulidad que
considere pertinentes, en el presente caso el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no resultaría idóneo y eficaz para solicitar el
reconocimiento del derecho fundamental al descanso remunerado […]”.

[…]

“[…] Por lo tanto, en el presente caso, de manera excepcional procede la acción de
tutela para amparar los derechos fundamentales invocados por el actor, en tanto es
el mecanismo constitucional idóneo y eficaz que permite garantizar la efectividad del
derecho fundamental al descanso remunerado […]”.

[…]

“[…] Para la Sala, del contenido de la mencionada circular se observa que el
propósito del Consejo Superior de la Judicatura era eliminar los obstáculos en el
disfrute de las vacaciones individuales de los servidores judiciales, por lo que no
condicionó la asignación de presupuesto al cumplimiento de los requisitos que
existían en el pasado, imponiendo únicamente el deber al funcionario de reportar
antes del mes de marzo la programación de vacaciones para el año siguiente.

4.5. En el presente caso, no obstante, lo anterior y aun cuando el accionante cuenta
con tres periodos de vacaciones causados que, en principio solicitó uso del
comprendido entre el 16 de junio de 2020 al 16 de junio de 2021, para disfrutar a
partir del 19 de diciembre de 2023, tal situación fue negada por la nominadora por la
falta de disponibilidad presupuestal para designar el reemplazo. […]”.

[…]

“[…] En este sentido, contrario a lo afirmado por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Pasto, la falta de asignación de recursos para nombrar su
reemplazo desconoce el derecho fundamental al descanso remunerado del
accionante y el trabajo en condiciones dignas, en tanto en la práctica, implica el
aplazamiento indefinido de sus vacaciones ya causadas, con la excusa de no
entorpecer el funcionamiento normal del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Pasto, situación que, a juicio de la Sala, no es más que
un obstáculo o barrera administrativa de los que se previó evitar con la expedición
de la última circular […]”.

[…]

“[…] En este punto, es importante resaltar que de conformidad con el artículo 98 de
la Ley Estatutaria 270 de 1996, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es
“el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las
actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y

4 Véase la reciente sentencia de 8 de junio de 2023, exp. 11001-03-15-000-2023-02340-00, M.P. Wilson

Ramos Girón y la sentencia de 21 de enero de 2021, rad. 11001-03-15-000-2020-05050-00, M.P. Milton
Chaves García.

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decisiones del Consejo Superior de la Judicatura”. Por su parte, el artículo 99 ibídem
prevé que el director ejecutivo de Administración Judicial tiene entre sus funciones:
(i) administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama
Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización y (i) actuar como
ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.

Lo anterior es razón suficiente para descartar el argumento de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial conforme con el cual no debe ser vinculada al presente
trámite, pues dadas sus funciones legales, es necesario incluir a dicha entidad entre
las autoridades a las que se dirigen las órdenes del amparo.

Por su parte, los Consejos Seccionales tienen el deber de “ejercer la vigilancia
judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal
desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta Rama”5, lo que
sustenta la responsabilidad que le asiste en el caso concreto a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pasto […]”.

[…]

“[…] Por lo demás, la Sala precisa que la Corte Constitucional, en reciente sentencia
SU296 de 2 de agosto de 20236, amparó el derecho fundamental al descanso
individual de empleados y funcionarios judiciales a quienes sus nominadores les
negaron la concesión de las vacaciones a las cuales tenían derecho […]”.

[…]

“[…] Conviene precisar que esta Sala7 ha sido del criterio de que el plazo razonable
para adelantar las gestiones administrativas y presupuestales en los casos de
amparo del derecho fundamental al descanso remunerado es de 30 días. No
obstante, dado que sobre la controversia ya existe un criterio jurisprudencial
unificado, se modificará dicho plazo a cinco (5) días hábiles, término que se observa
suficiente para realizar las gestiones pertinentes para garantizar la efectividad del
derecho a las vacaciones del accionante […]”.

La impugnación

12. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto
impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en
consecuencia, solicitó “[…] REVOCAR la sentencia de 30 de Noviembre de 2023
expedida dentro de la acción de tutela referida […]”. Al respecto, manifestó que:

“[…] Ante la existencia de otro medio de defensa judicial, el ejercicio argumentativo
del juez constitucional de tutela, que además puse de presente en la contestación,
giraba en torno a determinar, con las pruebas arrimadas al expediente, si la no
concesión de las vacaciones por parte del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Pasto al accionante, podría materializarse en un perjuicio
de carácter irremediable. Nada se dice al respecto en la sentencia impugnada, que
aunque se hace alusión como uno de los requisitos de procedencia de la acción de
tutela no se argumenta ni evidencia el porque (sic) en el presente caso se configuró

5 Ley Estatutaria 270 de 1996.
6 Información contenida en el Comunicado No. 25 de 2 y 3 de agosto de 2023 de la Corte Constitucional
7 Procesos 11001-03-15-000-2021-04086-00(AC) y 11001-03-15-000-2021-03365-01.

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Núm. único de radicación: 110010315000202306557-01
Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

dicho requisito. A contrario sensu, se tutela en forma definitiva los derechos
fundamentales […]”.

[…]

“[…] Y es que, no podría ser de otra manera. La Juez Constitucional, no puede
invadir la esfera de la competencia que la ley atribuye a otra jurisdicción, verbigracia,
la contenciosa, escenario natural, dónde la persona que se “crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño8 ”. Entonces, es ante el
juez contencioso dónde se debatirá sobre la legalidad o ilegalidad de los actos
administrativos que negaron la concesión de vacaciones y que se dejaron sin efectos
vía sentencia de tutela […]”.

[…]

“[…] Es por ello que aduje en la contestación que de acuerdo a los lineamientos
expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, el disfrute de vacaciones para
empleados judiciales es únicamente para despachos que cuenten con menos de tres
funcionarios y se demostró que según constancia expedida por la Coordinadora de
Talento Humano de esta entidad que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Pasto cuenta con 1 funcionario y 3 empleados, prueba que
ni siquiera es relacionada por la funcionaria ad quo y mucho menos se entra a
considerar o a rebatir, si era el caso.

Es tan importante lo anterior, que el análisis de éste y todo (sic) los planteamientos
que di en la respuesta, hace (sic) la diferencia entre la acreditación o no de un
perjuicio irremediable requisito sine quanon procedería la acción de tutela. Y es que,
las particularidades del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Pasto, en cuanto al número de personas que allí laboran, hace que es
perfectamente posible la redistribución del trabajo entre todos los empleados del
juzgado.

Con lo expuesto, no negamos la existencia del derecho fundamental al descanso de
que gozamos empleados y funcionarios de la Rama Judicial si no que la
interpretación y ejercicio de dicho derecho debe armonizarse con las necesidades
del servicios (sic) del empleador que incluso, está legalmente facultado para
suspender y/o aplazar el disfrute de vacaciones. En todo caso, insisto, el debate legal
sobre esto último ha de resolverlo la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en tanto
las resoluciones que negaron las vacaciones son actos administrativos de carácter
particular que gozan además de presunción de legalidad […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19919, por el

8 Artículo 138 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''

12

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Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 202110 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 201811
y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 12, que asigna a
esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

15. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, y de
ser así, ii) establecer si la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Pasto y el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Pasto vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor, al no
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para proveer un reemplazo
durante sus vacaciones y, en consecuencia, no haber concedido el disfrute de sus
vacaciones.

16. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos
administrativos; ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo;
iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la salud;

10 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
11 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
12 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

13

Núm. único de radicación: 110010315000202306557-01
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procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo
del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos administrativos

17. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de
conformidad con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, relativo
a la subsidiariedad de la acción de tutela, esta no procede, por regla general, para
controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad,
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y, excepcionalmente,
el medio de control de nulidad.

18. En ese sentido, la jurisprudencia13 de la Corte Constitucional ha sido
reiterativa en expresar que:

“[…] En principio, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal
para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con
ocasión de la expedición de actos administrativos de contenido particular y
concreto, ya que para controvertir estos actos el juez natural es la jurisdicción
contenciosa administrativa, instancia en la cual los afectados pueden hacer uso de
dos mecanismos de defensa.

De un lado, en ejercicio del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, se
puede interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, según el
artículo 152, numeral 2° del mismo código, en caso de que sea manifiesta la
infracción de una de las disposiciones invocadas, también se puede solicitar la
suspensión provisional del acto administrativo demandado.

De otro lado, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo dispone que toda
persona podrá solicitar que se declare la nulidad de los actos administrativos
cuando quebranten las normas en que deberían fundarse, hayan sido expedidos
por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o
corporación que los profirió. […]”.

[…]

“[…] Sobre la base de lo expuesto, la persona que estime vulnerados sus derechos
por un acto administrativo puede solicitar alternativamente la nulidad y
restablecimiento del derecho o, en la medida en que esta acción no se ejerza dentro
del término legalmente establecido para ello, pedir la nulidad simple del acto, caso
en el cual la pretensión debe ser exclusivamente el control de legalidad en
abstracto de dicho acto. […]”.

13 Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 15 de diciembre de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

14

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19. Sin embargo, también la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas
circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos,
siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de derechos
fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio irremediable; con
lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En ese sentido, en
sentencia T-514 de 200314, la Corte Constitucional determinó:

“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos
tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción
de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas
cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii)
que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del
acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo
no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso
respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. […]”. (Resaltado
por la Sala).

20. Además, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se presenta una
vía de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio irremediable, la acción de
tutela puede incluso proceder, excepcionalmente como mecanismo definitivo.
Sobre este punto, en Sentencia T-912 de 200615, señaló:

“[…] No obstante, esta Corporación también ha admitido que en ciertos casos,
cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se observa la
existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procederá no sólo
como mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente podrá concederse
de forma definitiva. En efecto, en la sentencia T-418 de 2003, se señaló sobre
este punto lo siguiente:

(…), si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o
disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la decisión
correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, pues, en estos casos, el
afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En
estos eventos, cuando existe indudablemente la vía de hecho, según las
circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio irremediable,
debidamente sustentado, el juez de tutela puede conceder la acción de tutela,
como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma definitiva.’

Así también lo señaló en la sentencia T-811 de 2003, en donde la Corte resaltó lo
siguiente:

‘No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción de tutela resulta
excepcionalmente procedente contra actuaciones administrativas en todos

14 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-912 de 3 de noviembre de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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aquellos casos en los que la actuación de la autoridad respectiva carezca de
fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud
arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de
derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que
se ha denominado como ‘vía de hecho […]” (Resaltado por la Sala).

21. En ese orden de ideas, en principio la acción de tutela resulta improcedente
para controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que esté en juego
la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria.
Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho administrativa y un perjuicio
irremediable, el juez de tutela podría conceder la protección definitiva mediante la
acción constitucional.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

22. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

23. Atendiendo a que la Corte Constitucional16 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de

16 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo

24. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

25. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente17:

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de derecho
y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental el derecho
al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la personalidad
jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a
través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su
perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría existir
dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios indispensables
para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial creativo y de servicio
a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo pone en contacto
productivo con su entorno.

El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud

26. Visto el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el
artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 201518 sobre el derecho
fundamental a la salud.

17 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
18 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.

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27. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional19, ha definido este derecho
como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su
ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de oportunidad,
continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de integralidad.

Análisis del caso en concreto

28. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación –
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
– Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Nariño y el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Pasto, porque, a su juicio: i) la Dirección Seccional, al
no expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para proveer un reemplazo
durante sus vacaciones; y ii) la Juez, al negar la solicitud de sus vacaciones:
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

29. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

30. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

31. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

19 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 15 de enero de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

18

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Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

31.1. Informes presentados por las partes con sus debidos anexos.

31.2. De igual manera, el Despacho sustanciador del proceso se comunicó vía
telefónica con el señor Raúl Fernando Quiñones Arteaga20, quien manifestó que i)
disfrutó de sus vacaciones y ii) actualmente ya se encuentra laborando en el
Juzgado.

Solución del caso concreto

32. En el caso sub examine, el actor presentó acción de tutela al considerar que
la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Pasto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y el Juzgado Segundo
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto vulneraron sus derechos
fundamentales, al no expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para
proveer un reemplazo durante sus vacaciones (Oficio núm. DESAJPAO23-524 de
30 de agosto de 2023,) y, en consecuencia, al no habérsele concedido el disfrute
de sus vacaciones (Resolución núm. 04 de 12 de octubre de 2023).

33. Al respecto, es necesario tener en cuenta que el régimen de vacaciones de
los empleados y funcionarios de la Rama Judicial se encuentra establecido en el
artículo 146 de la Ley 270 de 7 de marzo de 199621, en los siguientes términos:

“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán
colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y
Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del
servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la
Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el
respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días
continuos por cada año de servicio. […]”.

20 La comunicación vía telefónica con el señor Raúl Fernando Quiñones Arteaga se llevó a cabo el día 5 de

febrero del presente año.
21 “LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.

19

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Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

34. Por su parte, la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del artículo
mencionado supra, expresó que:

“[…] Según se señaló a propósito del artículo 12 del presente proyecto de ley, el
ejercicio de la función pública y permanente de administrar justicia deberá realizarse
“con las excepciones que establezca la ley” (Art. 228). Significa ello, como se
explicó, que el legislador tiene plena competencia para determinar los casos
en que la rama judicial pueda cesar transitoriamente sus actividades, en las
mismas condiciones que las normas laborales lo establecen para los demás
funcionarios del Estado y los particulares. Así, entonces, puede la ley -o en
su defecto la autoridad competente- fijar o modificar, dentro de unos
márgenes razonables, los horarios de trabajo, disponer los días de descanso
y determinar los períodos de vacaciones -individuales o colectivas-, sin que
ello atente o comprometa el carácter de permanente que la Carta Política le ha dado
a la administración de justicia. […]” (Resaltado por la Sala)

35. A partir de lo anterior, se concluye que el régimen de vacaciones de los
empleados de la rama judicial se divide en dos: i) los empleados que disfrutan sus
vacaciones de manera colectiva, y ii) los empleados pertenecientes a la “[…] Sala
Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las (sic)
de los (sic) Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de
Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y
las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses [...]”, cuyo régimen vacacional es individual.

36. Sin embargo, la Sala advierte que en ambos supuestos el empleado de la
Rama Judicial se hace acreedor del derecho a disfrutar de sus vacaciones, el cual
se considera fundamental e irrenunciable.

37. Ahora bien, al abordar la procedencia de la tutela en el caso sub examine,
la Sala observa que, si bien en principio la acción de tutela resultaría improcedente
en razón a que lo que cuestiona el actor corresponde a actos administrativos, a
saber, el Oficio núm. DESAJPAO23-524 de 30 de agosto de 2023 y la Resolución
núm. 04 de 12 de octubre de 2023, lo cierto es que, en este caso concreto, la
solicitud de amparo procede de manera excepcional.

38. En efecto, la Sala encuentra que:

38.1. La acción de tutela fue promovida dentro de un término razonable, por
cuanto la vulneración se originó con ocasión del Oficio núm. DESAJPAO23-524 de

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Núm. único de radicación: 110010315000202306557-01
Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

30 de agosto de 2023 y la Resolución núm. 04 de 12 de octubre de 2023, en tanto
que el escrito de amparo se radicó el 24 de octubre de 2023, es decir, se advierte
la urgencia que caracteriza el uso de esta acción constitucional.

38.2. La interposición del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para cuestionar la legalidad de los actos administrativos acusados
resultaría ineficaz, por cuanto, del escrito de tutela, se advierte que a) el actor
comparte con su nominador la justificación expuesta para negar sus vacaciones
relacionada con la necesidad de que se expida partida de disponibilidad
presupuestal para que se designé una persona en encargo, so pena de afectar el
servicio de administración de justicia; y b) lo pretendido por el actor es el
reconocimiento y disfrute de sus vacaciones laborales que, de acuerdo a los
pronunciamientos de la Corte Constitucional, debe ser entendido como un derecho
fundamental y una garantía mínima del trabajador, cuyo propósito consiste en
recuperar las energías producto del desgaste físico y mental de la labor.

39. Precisado lo anterior, procede la Sala a estudiar el fondo del asunto, en el
cual está acreditado lo siguiente:

39.1. El señor Raúl Fernando Quiñones Arteaga desempeña el cargo de Asistente
Jurídico en el Juzgado Segundo de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Pasto – Nariño.

39.2. En el caso del actor se solicitó la asignación de partida presupuestal para el
reemplazo, con el fin de que pudiera disfrutar de sus vacaciones causadas entre el
16 de junio de 2020 y el 15 de junio de 2021.

39.3. El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Pasto, al cual se encuentra adscrito el accionante, se rige por el régimen de
vacaciones individuales.

40. Esta Sala pone de presente que en un caso similar al presente, esta
Sección, mediante la sentencia de 5 de julio de 201922, tuteló el derecho

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2019,

número único de radicación 11001-03-15-000-2019-02681-00(AC), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. En
el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

21

Núm. único de radicación: 110010315000202306557-01
Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

fundamental de la accionante y, como consecuencia de ello, ordenó a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Medellín, expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para garantizar la provisión de los recursos necesarios
con el propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones de la accionante, con
base en los siguientes argumentos:

“[…] para la Sala no es admisible que sea la parte actora quien tenga que soportar
las omisiones o dificultades de índole administrativas que corresponden a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con miras a obtener los recursos
necesarios para designar su reemplazo, debido a estas circunstancias se vislumbra
una fragante (sic) vulneración de los derechos laborales del trabajador. Al respecto
la Sección Cuarta de la Corporación expresó:

“[…] Para la Sala es claro que la correlación entre trabajo y dignidad humana hace
pertinente y necesaria la intervención del juez constitucional en aquellas situaciones
en las que se encuentre en riesgo el goce efectivo de alguna de las garantías
mínimas laborales, como es el caso de las vacaciones […]”.

Aunado a lo anterior, restringir el disfrute de las vacaciones de la empleada judicial
por falta de presupuesto o de actuaciones administrativas, se reitera, no es una carga
que deba soportar la actora, en razón a que la misma Circular PSAC11-44 de 23 de
noviembre de 2011 , expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, que fue
utilizada como argumento por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de
Justicia de Medellín para no autorizar los recursos correspondientes, estableció el
procedimiento que deben adelantar los interesados para obtener el disfrute de sus
vacaciones, entre las cuales están i) reportar hasta el mes de marzo de cada
anualidad la programación de vacaciones a disfrutar ante el Consejo Seccional de
su jurisdicción, a fin de que sea incluido en los turnos; ii) el reporte debe contener
los siguientes datos: despacho, cargo, periodos (sic) pendientes por disfrutar,
aplazados, periodos (sic) y fecha a disfrutar.

Cabe señalar que la mencionada Circular no estableció el procedimiento tendiente a
la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal con miras a cubrir los
recursos del nombramiento de reemplazo, de tal manera que tal omisión no puede
ser el argumento para desconocer e impedir el derecho de las vacaciones de los
empleados y funcionarios que están al servicio de la Rama Judicial.

En este sentido se pronunció la Subsección A de la Sección Segunda de la
Corporación:

“[…] Así las cosas, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta de
restricciones administrativas, no es una gestión que, a voces del a quo, deba
soportar la solicitante, toda vez que según el propio procedimiento diseñado por el
Consejo Superior de la Judicatura en la Circular No. 44, se impone únicamente al
interesado reportar ante el Consejo Seccional la correspondiente programación de
vacaciones, para que sea incluido en los turnos […]”.

[…]

de 11 de octubre de 2019, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-04170-00(AC), C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés.

22

Núm. único de radicación: 110010315000202306557-01
Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

En este contexto, la Sala considera que existe vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la actora, toda vez que la administración no puede
trasladar a los trabajadores, su propia función […]”.

41. La Sala advierte que el criterio expuesto supra, también ha sido sostenido
por la Sección Cuarta y por la Sección Quinta del Consejo de Estado, autoridades
que, mediante las sentencias de 12 de diciembre 201823 y de 30 de mayo de
201924, ordenaron a la Dirección Seccional de Administración de Justicia, expedir
los certificados de disponibilidad presupuestal que garantizaran los recursos
necesarios para nombrar en provisionalidad el reemplazo de la accionante.

42. Igualmente, esta Sección, mediante providencia de 7 de mayo de 2021 25,
consideró que:

“[…] Ahora bien, al abordar la procedencia de la tutela en el caso sub examine, la
Sala observa que, si bien en principio la acción de tutela resultaría improcedente en
razón a que lo que cuestiona el actor corresponde a actos administrativos, a saber,
el Oficio núm. DESAJBOTHM21-350 de 18 de marzo de 2021 y la Resolución núm.
001 de 26 de marzo de 2021, lo cierto es que, en este caso concreto, la solicitud de
amparo procede de manera excepcional. […]”.
[…]

“[…] La interposición del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
para cuestionar la legalidad de los actos administrados acusados resultaría ineficaz,
por cuanto, del escrito de tutela, se advierte que a) el actor comparte con su
nominador la justificación expuesta en la Resolución núm. 001 de 26 de marzo de
2021 relacionada con la necesidad de que se expida el CDP de la referencia, so
pena de afectar el servicio de administración de justicia; y b) lo pretendido por el
actor es el reconocimiento y disfrute de sus vacaciones laborales que, de acuerdo a
los pronunciamientos de la Corte Constitucional, debe ser entendido como un
derecho fundamental y una garantía mínima del trabajador, cuyo propósito consiste
en recuperar las energías producto del desgaste físico y mental de la labor. […]”.

[…]

“[…] 50. Los actos administrativos cuestionados corresponden al Oficio núm.
DESAJBOTHM21-350 de 18 de marzo de 2021, por medio del cual la DESABOG
informó que no era posible expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para
autorizar el reemplazo de vacaciones en el cargo de Oficial Mayor que ocupa el actor;
y a la Resolución núm. 001 de 26 de marzo de 2021, a través de la cual, la Juez
Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó al actor
el reconocimiento y disfrute de sus vacaciones. […]”.

[…]
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de tutela de 12 de

diciembre de 2018, número único de radicación 08001-23-33-000-2018-00756-01 (AC), C.P. Milton Chaves
García.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de tutela de 30 de

mayo de 2019, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-01633-00(AC), C.P. Rocío Araujo Oñate.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de tutela de 8 de

mayo de 2021, número único de11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

23

Núm. único de radicación: 110010315000202306557-01
Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

“[…] De conformidad con lo expuesto, esta Sala i) concederá el amparo de los
derechos fundamentales del actor, los cuales se encuentran vulnerados por la
Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
DESABOG y por el Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá y, en consecuencia;

ii) ordenará a la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de
Bogotá – DESABOG, que, en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir
de la notificación del presente proveído, adelante las gestiones requeridas para
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la provisión de los
recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones del
señor Cristian Camilo Ossa Canabal. Una vez cuente con los recursos necesarios
deberá comunicar tal novedad de manera inmediata al Juzgado Veintidós de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

iii) ordenará a la titular del Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, o quien haga sus veces, que una vez, se disponga del
certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar en provisionalidad el
reemplazo del señor Cristian Camilo Ossa Canabal, deberá pronunciarse, en un
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación,
sobre la concesión del disfrute de las vacaciones del tutelante. […]”.

43. Asimismo, esta Sección, mediante providencia de 11 de noviembre de
202126, consideró que:

“[...] Precisado lo anterior y visto el marco normativo y jurisprudencial aplicable al
asunto bajo estudio, la Sala advierte que las circunstancias administrativas no
pueden limitar el goce y disfrute del período vacacional que legalmente le asiste a la
actora, teniendo en cuenta la injerencia de dicha prerrogativa en el derecho al
trabajo, donde el descanso constituye una garantía fundamental del empleado,
además de una prestación social y un derecho económico relacionado con la salud
y la seguridad social de las personas.

Debe entenderse, además, que la función judicial, principalmente la penal, en el caso
de la actora, comprende un desgaste intelectual y moral especial, que amerita en
contraprestación, condiciones adecuadas de descanso y distracción que redunden
en la renovación de fuerzas para el ejercicio de sus actividades laborales posteriores
al período vacacional.

En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta de restricciones
administrativas no es una obligación que deba soportar la actora, además porque las
dificultades de la carga laboral y la insuficiencia de recursos presupuestales de la
rama no pueden proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los
despachos judiciales [...]”.

[...]

“[...] Con fundamento en lo anterior, la Sala concederá el amparo solicitado y, en
consecuencia, ordenará a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN – ANTIQUIA (sic) que, dentro de los

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de tutela de 11 de

noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón.

24

Núm. único de radicación: 110010315000202306557-01
Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente providencia, adelante todas
las gestiones necesarias para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal
que garantice la provisión de los recursos necesarios con el propósito de autorizar
el reemplazo de las vacaciones de la actora y, una vez cuente con los recursos
necesarios, deberá comunicar tal novedad de manera inmediata al Juzgado.

Asimismo, la Sala ordenará al JUEZ COORDINADOR, que una vez se disponga el
certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar en provisionalidad del
reemplazo de la actora, deberá pronunciarse, en un término de cuarenta y ocho horas
(48) contados a partir de dicha comunicación, sobre la concesión del disfrute de las
vacaciones de la accionante, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia [...]”.

44. Ahora bien, el hecho de que la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de
2011 no haya establecido el procedimiento tendiente a la expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal con miras a cubrir los recursos del nombramiento
de reemplazo, evidentemente no puede ser el motivo para negar el disfrute de las
vacaciones de los empleados y funcionarios que están al servicio de la Rama
Judicial. Así lo resaltó la Sección Cuarta de esta Corporación, cuando en sentencia
de 12 de diciembre de 2018, consideró lo siguiente:

“[…] Así las cosas, considera la Sala que si bien la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura profirió una circular en la que dispuso
directrices dirigidas a las Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del país
atinentes a la programación de vacaciones de los funcionarios públicos y la
expedición del CDP para garantizar los reemplazos, la omisión de establecer
un procedimiento para garantizar los rubros de los reemplazos de los
empleados judiciales no puede servir de fundamento para desconocer el
derecho al descanso de estos […]”27.

45. Siguiendo esa misma línea argumentativa, la Sala advierte que, si bien es
cierto algunas de las subsecciones de la Corporación han considerado que el
mecanismo de amparo resulta improcedente para obtener la expedición de
certificados de disponibilidad presupuestal, no es menos cierto que esta Sección
así como la Subsección B de la Sección Segunda, la Sección Cuarta y la Sección
Quinta de esta Corporación, hemos venido sosteniendo el criterio consistente en
que los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y
disfrute del período vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores.

27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre

de 2018. Expediente No.: 08001 23 33 000 2018 00756 01 Actor: ROSA MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ Y
OTROS

25

Núm. único de radicación: 110010315000202306557-01
Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

46. En tal sentido, en pronunciamiento de 1° de julio de 2021, esta Sala de
Decisión, consideró lo siguiente:

“[…] visto el marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio, la
Sala también comparte el criterio de la Sección Cuarta, en el sentido de que las
circunstancias administrativas no se compadecen con el derecho al goce y
disfrute del período vacacional que legalmente le asiste al actor, teniendo en
cuenta la injerencia del derecho a las vacaciones en el derecho al trabajo en
condiciones dignas, donde el descanso constituye una garantía fundamental
del empleado, además de una prestación social y un derecho económico
relacionado con la salud y la seguridad social de las personas.

Debe entenderse, además, que la función judicial, principalmente la penal, en el caso
del actor, comprende un desgaste intelectual y moral especial, que amerita en
contraprestación, condiciones adecuadas de descanso y distracción que redunden
en la renovación de fuerzas para el ejercicio de la función jurisdiccional posterior al
período vacacional.

En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta de
restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar el tutelante,
por cuanto ello no implica que se puedan soslayar las dificultades que la carga
laboral, la insuficiencia de recursos, y algunas veces, la acción desprendida y
descuidada de quienes tienen a su cargo la organización de los asuntos
administrativos, de recursos humanos y presupuestales de la rama, puedan
proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los despachos judiciales
[…]”28. (Resaltado por la Sala)

47. En igual sentido se pronunció la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado cuando indicó:

“[…] el argumento de que la Circular No. PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011 no
es aplicable a los servidores judiciales que ostentan la calidad de empleados, ya que
ese instrumento solo se refirió a los funcionarios judiciales29 pertenecientes al
régimen de vacaciones individuales.

Al respecto, si bien es cierto el referido instrumento solo mencionó a funcionarios
judiciales, esto no puede servir de excusa para desconocer el derecho al
descanso de los servidores judiciales que tienen la categoría de empleados 30,
pues no puede desconocerse que la finalidad de la Circular N° PSAC11-44 del
23 de noviembre de 2011 fue garantizar el derecho fundamental al descanso de
servidores judiciales, motivo por el cual buscó eliminar las condiciones que
previamente se constituyeron en obstáculos al goce de tal garantía ius
fundamental.

Ahora, si bien pudiera pensarse que la negativa a efectuar la respectiva asignación

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de julio de
2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
29 Según el artículo 125 de la Ley 270 de 1996: “Tienen la calidad de funcionarios los Magistrados de las
Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales. Son empleados las demás personas que
ocupen cargos en las Corporaciones y Despachos Judiciales y en los órganos y entidades administrativas de
la Rama Judicial…”.
30 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-
2018-00756-01. C.P. Milton Chaves García.

26

Núm. único de radicación: 110010315000202306557-01
Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

presupuestal para nombrar el reemplazo del señor Jaiber Stiben Holguín David, en
el cargo de citador, no vulnera su derecho al descanso o no tiene injerencia alguna,
tal razonamiento resulta errado.

Lo anterior, pues está visto que proceder de tal manera atenta contra su
derecho a un trabajo digno y el de sus otros compañeros de labores en el
Centro de Servicios, al romper el desarrollo armónico y eficiente de sus tareas,
máxime si se tiene en cuenta que es una dependencia encargada de manejar
los trámites administrativos y relacionados con los juzgados que hacen parte
del circuito judicial de Itagüí – Medellín […]”31. (Resaltado del texto original)

48. La Sala precisa que, mediante llamada telefónica realizada el 5 de febrero
de 2024, a las 11:55 a.m., el actor manifestó que i) disfrutó de sus vacaciones y ii)
actualmente ya se encuentra laborando en el Juzgado

49. En ese entendido, para la Sala es evidente que el Juzgado y la Dirección
Ejecutiva Seccional ya realizaron las gestiones administrativas tendientes a que se
expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal destinado a cubrir el
nombramiento de la persona que reemplazó al actor en el período de vacaciones,
por lo que le concedieron las vacaciones requeridas al tutelante.

50. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que se encuentran
satisfechas las pretensiones de la acción de tutela, pero se infiere que ello se llevó
a cabo en razón a la orden de amparo de la sentencia de primera instancia, por lo
que el asunto no se encuadra dentro de una carencia actual de objeto por hecho
superado, sino que cesó la vulneración en cumplimiento de una orden judicial.

51. La Sala, en relación con eventos en los cuales se ha dado cumplimiento a
lo perseguido por los actores, ha considerado lo siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección efectiva y
oportuna de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Ello
permite entender que si durante su trámite cesan o desaparecen los motivos
que generan la amenaza o la vulneración, o su consumación impide el ejercicio
del derecho, el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que justifica la
intervención preferente del juez constitucional. Se sigue de lo dicho, que la
carencia actual de objeto se presenta a través de dos eventos, a saber: el hecho
superado y el daño consumado. El primero acaece cuando se supera la
afectación de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su finalidad
constitucional por cuanto la decisión que pudiere adoptar sería inocua y

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de

16 de junio de 2021, expediente número 05001-23-33-000-2021-00738-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

27

Núm. único de radicación: 110010315000202306557-01
Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

contraria al objetivo de protección inmediata y efectiva constitucionalmente
previsto, o en el evento en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por
cuanto con ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por hecho superado
se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el
momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la
demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se
torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se pretendía lograr
mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo
diera orden alguna […]”32. (Resaltado por la Sala)

52. En el caso sub examine, la Sala considera que no nos encontramos frente
a lo que la Jurisprudencia Constitucional ha denominado hecho superado, pues
aun cuando ya cesó la vulneración, no se puede señalar que la orden de amparo
carezca de objeto, todo lo contrario, como estuvo ajustada a derecho, lo que
corresponde es confirmarla e incluso, prevenir a la autoridad para que en adelante
se abstenga de dicha conducta, es decir, de la necesidad de que medie una orden
de un juez para garantizar los derechos fundamentales.

53. Supuesto diferente habría sido si, por ejemplo, el A quo no hubiese
concedido el amparo y aun así las accionadas hubiesen concedido las vacaciones
solicitadas por el actor, toda vez que en esta instancia sí habría lugar a declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto, efectivamente, se habría
constatado que se vulneró el derecho, pero resultaba inane decretar orden alguna,
en atención a que la situación de vulneración ya había sido superada.

54. La Sala insiste en que la carencia actual de objeto por hecho superado está
prevista para aquellos casos en los que el juez constitucional, en cualquiera de las
instancias, advierte que el hecho vulnerador desapareció y, por tanto, resulta
innecesario impartir orden alguna encaminada a superar una situación que ya fue
resuelta; pero si la intervención del juez sirvió para la cesación de la vulneración y
estuvo ajustada a derecho, corresponde confirmarla.

55. En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 30 de
noviembre de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por
medio de la cual concedió el amparo de los derechos fundamentales del actor.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto

Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-000-2016-00061-
01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional - Dirección de Sanidad.

28

Núm. único de radicación: 110010315000202306557-01
Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

Conclusiones de la Sala

56. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 30 de
noviembre de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por
medio de la cual concedió el amparo de los derechos fundamentales del actor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 30 de noviembre de 2023
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

29

Núm. único de radicación: 110010315000202306557-01
Actor: Raúl Fernando Quiñones Arteaga

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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