Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06571-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06571-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06571-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
25 de abril de 2024
Demandante: Jorge Luis Restrepo Correa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06571-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000- 2023-06571-01
Demandante: JORGE LUIS RESTREPO CORREA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”
Temas: Tutela contra providencia judicial – Pensión gracia - Confirma
improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo
de 26 de enero de 2024, por medio del cual la Sección Tercera, Subsección “C” del
Consejo de Estado, declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia por
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Jorge Luis Restrepo Correa, en nombre propio, radicó escrito de tutela el 25 de
octubre de 2023, con el fin de que se le protegieran sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital.
Las referidas garantías constitucionales, las consideró transgredidas con ocasión de la
sentencia de 25 de mayo de 2023, en la que la autoridad judicial accionada confirmó el
fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 16 de diciembre de 2020, en
el que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió la tutelante contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante la UGPP, y
que se identificó con el radicado número 05001- 23-33-000-2017-02296-01.
1.2. Pretensiones
Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:
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Demandante: Jorge Luis Restrepo Correa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06571-01
1- Se deje sin efectos jurídicos la sentencia de segunda instancia proferida por el Honorable
CONSEJO DE ESTADO – SECCION SEGUNDA de fecha 25 de mayo de 2023, notificada
mediante correo electrónico el día 18 de Julio de 2023, que confirmó la sentencia de primera
instancia con radicado 2017 - 2296, emitida por el Tribunal administrativo de Antioquia de
fecha 16 de diciembre de 2020.
2- Se ordene al H. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO –
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B – Magistrado Ponente:
CARMELO PERDOMO CUETER, proferir un nuevo fallo en el cual se tengan en cuenta los
precedentes jurisprudenciales emanados del órgano de cierre de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa en providencias, y en especial en la sentencia con Radicados:
70001-23-33- 000-2014-00051-01(2194-15) del 18 de mayo de 2017- 05001-23-33-000-
2017-01922-01 (2405-2020) del 18 de mayo de 2023Consejero ponente: CÉSAR
PALOMINO CORTÉS; en las cuales se determinó:
QUE NO CUALQUIER ACTUACIÓN REPROCHABLE REALIZADA POR UN DOCENTE
PUEDE ORIGINAR LA PÉRDIDA DE SU DERECHO A PERCIBIR LA PENSIÓN GRACIA.
DE SUERTE QUE SE HAN CONSIDERADO DOS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS
QUE CONLLEVAN TAL CONSECUENCIA JURÍDICA: I) EL COMPORTAMIENTO
CENSURABLE FUE REALIZADO REPETITIVAMENTE DURANTE TODA LA VIGENCIA
DE SU RELACIÓN LABORAL, Y II) CUANDO A PESAR DE SER REALIZADO UNA SOLA
VEZ, REVISTE TAL GRAVEDAD QUE LA CONDUCTA IMPLICA PELIGRO PARA LA
COMUNIDAD EDUCATIVA O EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA.
3- TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso establecido en el artículo 29
de la Constitución Política de Colombia, art. 229 de la misma norma en cita de acceso a la
administración de Justicia, así como el desconocimiento del precedente judicial
constitucional, el principio de seguridad jurídica, cosa juzgada y, el concepto de
ejecutoriedad de las providencias judiciales.
4- Que la orden impartida por el Señor Magistrado sea de inmediato cumplimiento 1.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
1.3.1. El señor Jorge Luis Restrepo Correa laboró como docente en el Centro Educativo
Rural María Jesús Castrillón del municipio de Santo Domingo, por más de cuarenta años.
1.3.2. Mencionó que por medio del Decreto número 028 de 04 de enero de 2007, la
Gobernación del departamento de Antioquia lo suspendió provisionalmente a partir del 4
de enero de 2007 hasta el 7 de agosto del mismo año.
1.3.3. Adujo que por medio del Decreto número 2056 de 21 de agosto de 2007, lo
reintegraron nuevamente al cargo y continuó con sus funciones como docente en
propiedad en el centro educativo mencionado.
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Transcripción literal, por lo que puede contener errores.
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1.3.4. Expuso que el 18 de septiembre de 2011 adquirió su status de pensionado; y el 8
de marzo de 2017 radicó una petición ante la UGPP, con el fin de que se le reconociera
y pagara la pensión gracia; sin embargo, dicha entidad negó tal reconocimiento y pago.
1.3.5. De modo que, el accionante interpuso demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el fin de que declarara la
nulidad de los actos administrativos en los que se le negó la pensión gracia.
1.3.6. En primera instancia el proceso le correspondió al Tribunal Administrativo de
Antioquia, que en sentencia de 16 de diciembre de 2020 negó las pretensiones del
referido medio de control.
Como fundamento de su decisión, el a quo consideró que el actor no había cumplido con
los requisitos que le exigía la Ley 114 de 1913 para acceder a la prestación solicitada.
Específicamente señaló que existió una causal de mala conducta consistente en que el
actor incurrió en hechos que tuvieron como consecuencia la privación de su libertad y la
inhabilitación para ejercer cargos públicos. Adicionalmente, el accionante no allegó ni en
sede administrativa ni judicial las pruebas que dieran cuenta de las circunstancias por las
cuales fue hallado penalmente responsable, por lo que las autoridades no pudieron
valorar si se lograba o no desvirtuar la causal de mala conducta.
1.3.7. Inconforme con la decisión del tribunal, el señor Restrepo Correa interpuso recurso
de apelación, el cual fue desatado por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”, que en fallo de 25 de mayo de 2023 confirmó la sentencia de primera
instancia.
Como sustento de la sentencia, el ad quem indicó que el docente no había mantenido un
buen comportamiento como maestro, teniendo en cuenta que no solo había sido
condenado penalmente, sino que en otra ocasión también se le había sancionado con el
aplazamiento de un ascenso. Como consecuencia de ello, no era posible reconocerle su
pensión gracia.
1.4. Fundamentos de la solicitud
En el sub examine el tutelante adujo que sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital, fueron
transgredidos por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, dado que,
incurrió en los siguientes defectos:
1.4.1. Defecto fáctico: lo sustentó precisando que si bien el Tribunal Administrativo de
Antioquia en la sentencia de 16 de diciembre de 2020 adujo que el señor Restrepo Correa
no allegó una prueba que certificara, acreditara, explicara o pusiera en conocimiento las
razones por las cuales se endilgó el delito por «peculado culposo», lo cierto, es que con
el escrito de apelación sí «anexó la copia de la sentencia como también la sentencia por
medio del cual se da la EXTINCION DE LA PENA», sin embargo, el ad quem no tuvo en
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cuenta dicho medio de convicción.
Además adujo que «la Corte Constitucional mediante sentencia C-371 de 2002, expresó
que el ordenamiento jurídico puede establecer el concepto de buena conducta, con el fin
de condicionar el reconocimiento de un derecho o beneficio o para limitar el acceso a los
cargos públicos; y señaló que este concepto debe ser aplicado en forma objetiva y
razonable, en concordancia con las normas que rigen la situación en concreto»2.
1.4.2. Violación directa de la Constitución: «por la equivocada interpretación normativa
y que genera un trato desigual respecto de situaciones fácticas similares en las cuales
se negó el derecho pretendido, basado en la conducta del docente».3
1.4.3. Defecto sustantivo: «por error en la aplicación e interpretación del artículo el
numeral 4º del artículo 4º de la Ley 114 de 1913 por establecer un alcance que la
norma no determina, esto es, establecer que la mala conducta obedece a un hecho
aislado, es decir, entenderse referida a una situación determinada, si no que sus
alcances abarque el comportamiento que durante todo el tiempo como docente
observo».
1.4.4. Desconocimiento del precedente: Para tal efecto, citó lo siguiente:
a. por apartar su decisión de lo previsto por la corte Constitucional en sentencia C- 371
de mayo 14 de 2002 y del mismo Consejo de Estado en fallos del 12 de mayo de 2011, el
Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
“B”, Concejero Ponente Dr. Gerardo Arenas.
En la misma línea se pronunció esta Subsección, en sentencia de 18 de febrero de
2016,Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisett Ibarra Vélez. Radicado: 0688- 2015.
Dieciocho 18 de mayo de dos mil diecisiete 2017 Radicación número: 70001-23-33-000-
2014-00051-01(2194-15) Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Del 18 de mayo de 2023 05001-23-33-000-2017-01922-01 (2405-2020) Consejero ponente:
CÉSAR PALOMINO CORTÉS SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B.4
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 27 de octubre de 2023, el magistrado ponente de la decisión de primera
instancia, admitió la presente acción de tutela, ordenó notificar a la parte accionada y
vinculó como terceros con interés al Tribunal Administrativo de Antioquia y a la UGPP.
Asimismo, ofició al Tribunal Administrativo Antioquia, para que remitiera en medio digital,
la copia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado número 05001- 23-33-000-2017-02296-01.
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Transcripción literal, por lo que puede contener errores.
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1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”
Por medio de contestación allegada al correo electrónico de la Secretaría General de esta
Corporación, manifestó que se atendería a lo considerado en la decisión de tutela y que
en el fallo atacado se habían plasmado los argumentos suficientes para motivar la
decisión adoptada.
1.6.2. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Por medio de memorial manifestó que la solicitud de amparo resultaba improcedente,
dado que, buscaba abrir un debate sobre argumentos que ya fueron resueltos en el curso
del proceso ordinario. También mencionó que el tutelante pretende reemplazar la
decisión emitida por el juez natural de la causa.
Expuso que dentro del proceso ordinario objeto de debate se demostró que los actos
administrativos que profirió estuvieron ajustados a derecho, puesto que, conforme el
ordenamiento jurídico era claro que el señor Restrepo Correa no tenía derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia, «dadas las sanciones que se le impusieron».
1.6.3. Tribunal Administrativo de Antioquia
En memorial expuso que en esta tutela la parte accionante está reprochando solo la
sentencia de segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por lo que
el fallo de 16 de diciembre de 2020 no es el vulnerador de los derechos fundamentales
del señor Restrepo Correa.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 26 de enero de 2024, la Sección Tercera, Subsección “C” del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no
superó el requisito de relevancia constitucional.
Precisó que «contrario a lo afirmado por el actor, la Subsección B de la Sección Segunda
fundamentó sus conclusiones no solo en el hecho de que al tutelante lo hubieran
condenado penalmente por el delito de peculado sino también en que ya se había hecho
acreedor de otra sanción, lo cual, en conjunto, llevó a considerar que no cumplía todos
los requisitos previstos por la Ley 114 de 1913 para acceder a la pensión gracia».
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De manera que, los argumentos con los que el señor Jorge Luis Restrepo Correa sustentó
la presente tutela «en realidad pretendieron controvertir nuevamente la valoración sobre
la configuración de una mala conducta que ya había realizado el juez natural e incluso
corregir las falencias probatorias en las que incurrió la parte demandante, teniendo en
cuenta que el recurso de apelación no era la oportunidad probatoria para aportar las
actuaciones surtidas en el proceso penal».
Expuso que la parte accionante pretende utilizar la acción de tutela como si se tratara de
una instancia adicional, pues, como se vio, las críticas contenidas en la solicitud de
amparo buscan reabrir el debate que tuvo lugar en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que prevalezca la interpretación de la parte
tutelante sobre la de la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Finalmente mencionó que «en ese orden de ideas y en atención a la autonomía judicial
y al carácter excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con
manifestar inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de censura o
alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma,
la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden el plano
constitucional».
1.8. Impugnación5
El señor Jorge Luis Restrepo Correa, solicitó revocar el fallo de 26 de enero de 2024,
proferido por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
En el escrito de impugnación dijo que, a diferencia de lo que había dicho el a quo
constitucional, no pretendía buscar una tercera instancia, y que, por el contrario,
considera que su derecho fundamental al debido proceso está siendo transgredido dado
que la sentencia reprochada incurrió en un defecto fáctico, puesto que «no fueron
valoradas íntegramente el acervo probatorio allegados al proceso y en el escrito de
apelación, lo que me llevo a presentar la acción de tutela contra sentencia».
Mencionó que «la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia SU129/21, ha
manifestado claramente los eventos en que se puede dar DEFECTO FACTICO-
Dimensión negativa por no decretar y practicar pruebas de oficio», y reiteró lo expuesto
en el acápite 1.4.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por el señor Jorge
Luis Restrepo Correa contra la sentencia de 26 de enero de 2024 proferida por la Sección
5
El fallo de 26 de enero de 2024, se notificó el 27 de febrero de 2024 y la impugnación se radicó el 1º de
marzo de 2024.
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Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de
1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021
y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de 26 de enero de 2024, por medio de la cual, la Sección Tercera, Subsección
“C” del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la presente acción constitucional,
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
Para el efecto, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos de
procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la referencia, y de encontrarse superados
(iii) el estudio del caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 6 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 7.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues
la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149, la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
6
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA -
Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
8
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
9
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. La Sala considera, al igual que el a quo constitucional, que la presente solicitud de
amparo no cumple con el requisito de relevancia constitucional, marco en el cual los
argumentos expuestos por el señor Restrepo Correa no cumplen con las reglas
establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de junio
de 2022.
En el referido fallo la Alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones de
tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que gire
en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto esta
circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que
dieron origen a la controversia judicial».
Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad en
la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha hecho
énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar que
en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de otras
autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga de
exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías superiores
invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el estudio del fondo
del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales».
En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
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(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal.10
Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el asunto objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico11; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales».12
b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de los
casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general”13.
En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que la solicitud de
amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones adoptadas por los
jueces naturales.
c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental»14.
d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una Alta Corte, el examen de este requisito debe ser más riguroso15,
es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión arbitraria por
10
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
11
Sentencia SU-103 de 2022.
12
Sentencia SU-573 de 2019.
13
Ibídem.
14
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
15
Sentencia SU-573 de 2019.
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parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos fundamentales,
toda vez que estas Colegiaturas actúan como tribunales de cierre.
2.4.2. En el escrito de tutela, el señor Jorge Luis Restrepo Correa señaló de manera
expresa que la sentencia de 25 de mayo de 2023 incurrió en defecto fáctico, dado que,
la judicatura demandada no tuvo en cuenta la copia de la sentencia que anexó en el
escrito de apelación.
Sin embargo, para esta corporación, tal argumento se circunscribe a un debate
meramente probatorio, pues se cimentan en una omisión en el análisis de una prueba,
tema que ya fue zanjado en el referido fallo.
En ese orden, si bien el actor indicó el yerro del cual, en su criterio, adolece la sentencia
que puso fin al proceso ordinario, lo cierto es que tales argumentos no van más allá de
un debate probatorio a partir del cual se pretende demostrar en esta sede subsidiaria que
el interesado satisface las exigencias determinadas por el legislador para ser beneficiario
de la prestación reclamada.
Es decir, pese a que se elevó un cargo de índole fáctico, que va dirigido a recabar en la
discusión de si la mala conducta del actor se configuró o no, cosa que ya fue resuelta.
Ahora, la norma que fija los criterios que se deben cumplir, y la interpretación en torno a
la forma de probarlos para tener el derecho a la pensión gracia está dada por el órgano
de cierre en materia laboral, en la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018 dictada
por el Consejo de Estado, Sección Segunda; oportunidad en la que se determinó:
[…] para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula,
entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años y
que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta años
de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.
[…]
Unificase la jurisprudencia respecto de las controversias relacionadas con el
reconocimiento de pensión gracia, […] en el sentido de que […] (iv) para acreditar la calidad
de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo,
en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea
de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se
puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta
de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial. (Resaltas fuera del texto original)
Así, la autoridad demandada advirtió que el docente no mantuvo un buen comportamiento
como maestro, teniendo en cuenta que no solo fue condenado penalmente, sino que en
otra ocasión también se le había sancionado con el aplazamiento de un ascenso. Como
consecuencia de ello, no era posible reconocerle su pensión gracia, de modo que, se
incumplió con las exigencias previstas para tener derecho a la pensión gracia.
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Demandante: Jorge Luis Restrepo Correa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06571-01
De lo anterior se destaca que, el ejercicio analítico de los elementos de prueba allegados
a un proceso no opera de manera automática o en el sentido que las partes señalen. La
labor del juez parte de los principios de objetividad, imparcialidad y justicia, en el marco
de su autonomía como autoridad para administrar justicia.
Por lo tanto, esta Sala encuentra que la Subsección “B” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado se apoyó en el marco jurídico y judicial aplicable en la materia,
partiendo del grado de convicción que le proporcionó el acervo probatorio.
Los reparos de la solicitud de amparo están dirigidos a que esta corporación analice si el
señor Restrepo Correa, se desempeñó con honradez, consagración y buena conducta,
ello, con el fin de demostrar que la sentencia de 25 de mayo de 2023 debe dejarse sin
efectos porque, en criterio del tutelante lo que procura es conjurar la transgresión de sus
garantías superiores por parte de la autoridad cuestionada que dictó el fallo de segunda
instancia sin efectuar un debido análisis del acervo probatorio que daba cuenta del cabal
cumplimiento de las exigencias legales para ser beneficiario de la plurimencionada
pensión.
En otras palabras, la inconformidad elevada por el señor Restrepo Correa se circunscribe
a recabar una discusión que es propia del juez natural y frente a la cual tuvo la
oportunidad de ejercer la defensa de sus derechos. Esto, habida cuenta de que se
empeña en probar en esta sede subsidiaria, que en el proceso ordinario acreditó de forma
suficiente, congruente e inequívoca el haberse desempeñado con honradez,
consagración y buena conducta.
En ese contexto, queda en evidencia que la solicitud de amparo se empleó como una
tercera instancia debido a que no cuenta con un ejercicio de sustentación desde la esfera
constitucional y de la violación de las garantías que la actora alegó como desatendidas,
que demuestren lo urgente de la intervención del juez de tutela y de su pronunciamiento
en el asunto de la referencia.
No es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión censurada se
transgredieron determinados derechos superiores de orden laboral, por el contrario, es
menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el
concepto de la vulneración que se deriva de una providencia judicial en abierta
contradicción de los postulados constitucionales, que implique en esta sede un análisis
de fondo frente a la decisión cuestionada.
Pretender que este medio se emplee como ejercicio de una sede adicional del proceso
agotado, con el fin de que se deje sin efectos el proveído dictado el órgano de cierre en
la materia y que se ordene proferir una decisión en el sentido que el señor Restrepo
Correa considera correcto, es atentatorio de los principios de autonomía judicial, debido
proceso y legalidad que son pilares en el ejercicio de la función jurisdiccional.
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Así las cosas, es evidente que este medio de amparo carece de la carga argumentativa
suficiente que justifique la relevancia del caso a partir de la exposición del concepto de la
violación, lo cual implica un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita a esta
colegiatura advertir una prominente vulneración de sus prerrogativas superiores con
ocasión de la providencia dictada por la autoridad censurada, en el sentido riguroso que
señaló la Corte Constitucional en las sentencias de unificación 215 y 103 de 2022.
En resumen, la sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la infracción de las
garantías constitucionales invocadas, que amerite superar el requisito de relevancia
constitucional en tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello
comoquiera que: (i) se ejerció contra una decisión de una alta corte; (ii) el escrito de tutela
carece de la carga argumentativa elevada a un rango constitucional; (iii) se planteó un
debate meramente legal y probatorio sobre el cual ya hubo un pronunciamiento razonable
por parte del juez natural de la causa ordinaria; y (iv) no se evidencia una vulneración
palmaria o un perjuicio irremediable derivado de la providencia de 25 de mayo de 2023,
que implique la intervención del operador de tutela.
3. FALLA:
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de enero de 2024, por medio del cual la
Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, declaró la improcedencia de la
acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
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Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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