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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06603-00

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06603-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela que presentó la actora contra las autoridades accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06603-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

13 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202306603-00
Actora: Miriam Barbosa Vergel
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) debido proceso, iii) seguridad
social, iv) vida y v) mínimo vital

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Miriam Barbosa Vergel contra el
Tribunal Administrativo de Santander, el Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Bucaramanga y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Santander, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de
Bucaramanga y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202306603-00
Actora: Miriam Barbosa Vergel

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, porque, a su juicio, i)
el Tribunal, al proferir la sentencia de 7 de diciembre de 2021 y el auto de 4 de agosto
de 2023; ii) el Juzgado, al proferir la sentencia de 3 de abril de 2021, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 680013333010201900321-
01; y iii) UGPP, al negar “[…] el reconocimiento y restitución del pago de pensión de
sobreviviente […]”: vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Adujo que, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, mediante Resolución
núm. 035186 de 21 de septiembre de 2016, con ocasión del fallecimiento del señor
José Elirer Navas Fernández, reconoció y concedió la pensión de sobreviviente a
Elda Quintero de Navas en calidad de cónyuge en porcentaje del 42.43% y a la
actora en calidad de compañera permanente en porcentaje del 57.57%.

4. Manifestó que, frente a dicha Resolución se interpuso recurso de reposición,
el cual fue resuelto por la UGPP, a través de la Resolución núm. 048524 de 22 de
diciembre de 2016, en el sentido de negar el reconocimiento de pensión de
sobreviviente a ambas solicitantes.

5. Indicó que, Elda Quintero de Navas presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP, proceso
en el cual fue vinculada.

6. Señaló que, mediante sentencia de 3 de abril de 2021 el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Bucaramanga resolvió negar las pretensiones de la
demanda.

7. Advirtió que, Elda Quintero de Navas presentó recurso de apelación, frente
al cual el Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 7 de

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Núm. único de radicación: 110010315000202306603-00
Actora: Miriam Barbosa Vergel

diciembre de 2021, resolvió revocar la sentencia de primera instancia y reconocer a
favor de Elda Quintero de Navas pensión de sobreviviente.

8. Expuso que, el Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto de 4 de
agosto de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: ADICIONASE el numeral segundo de la sentencia de segunda
instancia proferida el día siete (07) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), en el
sentido de disponer que, el monto de la pensión de sobreviviente reconocida a favor
de la señora Elda Quintero de Navas en los términos dispuestos en dicho numeral,
deberá tener lugar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 100
de 1993, esto es, será igual al 100% de la pensión que disfrutaba el señor JOSÉ
ELIRER NAVAS FERNÁNDEZ (q.e.p.d.).

SEGUNDO: SE DENIEGA la solicitud de aclaración de la sentencia de segunda
instancia proferida el día siete (07) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), elevada
por el apoderado de la parte actora, conforme lo expuesto en la parte motiva de este
proveído. […]”

8.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] No obstante, lo anterior, se observa que, se omitió establecer el monto al que
ascenderá la pensión de sobreviviente cuyo reconocimiento a favor de la señora Elda
Quintero de Navas fue dispuesto en el numeral segundo de la sentencia de segunda
instancia. En tal virtud, se adicionará dicho numeral a efectos de disponer que el
monto de la pensión de sobreviviente reconocida a favor de la señora Elda Quintero
de Navas, deberá tener lugar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la
Ley 100 de 1993, esto es, será igual al 100% de la pensión que disfrutaba el señor
JOSÉ ELIRER NAVAS FERNÁNDEZ (q.e.p.d.). […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

9. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Tutelar mis derechos fundamentales al derecho a la vida, salud, debido
proceso, defensa, al mínimo vital y móvil, derecho a la vida.

2. Que, como consecuencia del amparo de mis derechos fundamentales otorgados,
se revoque las sentencias emitidas por el JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA el 07 de diciembre del 2021, y la
sentencia del 04 de agosto del 2023 por el DESPACHO 04 DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO SANTANDERBUCARAMANGA.

3. Que se le ordene a la UNIDAD ADMINISTRIVA ESPECIAL DE GESTION
PESIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL
(UGPP), el reconocimiento y restitución del pago de pensión de sobreviviente a la

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Núm. único de radicación: 110010315000202306603-00
Actora: Miriam Barbosa Vergel

suscrita MIRIAM BARBOSA VERGEL, del cual fue otorgado el 57.57% expedida en
la RESOLUCIÓN No 035186 del 21 de septiembre del 2016.

4. Se le ordena a la UNIDAD ADMINISTRIVA ESPECIAL DE GESTION PESIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP).
[…]”.2

10. La actora en su escrito de tutela señaló que las autoridades judiciales
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, por las siguientes razones:

“[…] El 04 agosto del 2023 el DESPACHO 04 EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
SANTANDER - BUCARAMANGA procede a responder sentencia de segunda
estancia (sic) negándome el derecho como sobreviviente de pensión por el
fallecimiento de mi marido JOSE ELIRER NAVAS FERNANDEZ violándome mis
derechos, violación a la garantía del debido proceso, el derecho a la defensa, en el
ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o actuación administrativa, de ser
oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir, y
objetar las pruebas en contra, de hacer valer los recursos que la ley otorga y evitar la
condena injusta mediante la búsqueda de la verdad con la activa participación o
representación de quien puede hacer afectada por la decisiones que se adopte por la
bases de lo actuado.

50. Mi apoderado GONZALO MANCILLA GARCIA no me hace notificación de la
segunda instancia impuesta por el DESPACHO 04 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER- al darme cuenta, decidí quitarle el poder y procedí a realizar recurso
de apelación a través de esta TUTELA, para adquirir los derechos que tengo como
sobreviviente de la pensión de mi marido JOSE ELIRER NAVAS FERNANDEZ.
Anexo copia del retiro de poder.

51. Presento este recurso de apelación en contra de la sentencia en primera y
segunda instancia proferido por el JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA, y por el DESPACHO 04 DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER-BUCARAMANGA sin la protección
al mínimo vital y móvil al que tengo derecho, no se tuvo en cuenta que presente los
elementos probatorios necesarios para demostrar mi convivencia y existencia de la
unión marital de hecho, techo y lecho. […]”.3

11. Por otra parte, frente a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, señaló
que al negar “[…] el reconocimiento y restitución del pago de pensión de
sobreviviente […]”, vulneró sus derechos fundamentales.

Actuación

12. El Despacho sustanciador, mediante auto de 31 de octubre de 2023: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar los magistrados del Tribunal Administrativo de

2 Transcripción literal del texto.
3 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202306603-00
Actora: Miriam Barbosa Vergel

Santander, al Juez Décimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga y al Director
General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP; iii) negó la medida provisional
solicitada por la actora; y iv) vinculó, como tercero con interés legítimo, a Elda
Quintero de Navas, concediéndole el término de tres (3) días para rendir informe
sobre el particular.

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

13. El Tribunal Administrativo de Santander solicitó i) declarar la improcedencia
de la acción de tutela o, en su defecto, ii) negar la solicitud de amparo, al considerar
lo siguiente:

“[…] Conforme a lo manifestado en el escrito de tutela es claro para la suscrita que
en el presente caso no se encuentra acreditada la vulneración de los derechos
aducidos por la señora MIRIAM BARBOSA VERGEL, pues, esta Corporación emitió
sentencia con pleno respeto de las garantías fundamentales de ésta, fundando su
decisión en el material probatorio arrimado al expediente y, adicionalmente el
correspondiente trámite impartido se otorgó sin dilación injustificada, atendiendo
siempre a la carga laboral y a los turnos de ingreso a despacho. […]”

[…]

“[…] Bajo este orden de ideas es claro que, la determinación adoptada por este
Tribunal debe mantenerse incólume, debiendo despacharse desfavorablemente lo
pretendido en este trámite constitucional expedito y subsidiario, pues lo que se
advierte más allá de la supuesta vulneración de derechos, es querer convertir a la
acción de tutela en una tercera instancia para suplir la ausencia de actividad
probatoria en el proceso ordinario. […]”

14. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitó i) declarar la improcedencia de
la acción de tutela o, en su defecto, ii) negar la solicitud de amparo. Para tal efecto,
sostuvo que:

“[…] a. En las decisiones adoptadas por los despachos accionados, no se incurrió
en los defectos material o sustantivo ni fáctico, sino que por el contrario las mismas
se ajustaron al ordenamiento legal, jurisprudencial que regula el tema de la pensión
de sobrevivientes, así como el acervo probatorio aportado al proceso laboral donde
se discutió dicho reconocimiento prestacional.

b. La parte actora no puede pretender usar la acción de tutela como una tercera
instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la causa,
después de haberse agotado un procedimiento establecido en la Ley para el efecto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202306603-00
Actora: Miriam Barbosa Vergel

c.- No existe violación al debido proceso en razón a que, de la revisión del proceso
contencioso, que culminó con los fallos cuestionados se le garantizó a la tutelante
sus derechos de contradicción y defensa lo que hace que el objeto de inconformismo
de la accionante con esas decisiones no pueda ser catalogados como violatoria de
derecho fundamental alguno.

d.- En este caso existe cosa juzgada, la cual está siendo desconocida por la parte
tutelante con la invocación de esta tutela, pasando por alto que en la actuación hoy
cuestionada ya se resolvió y se discutió el tema de la petición pensional de
sobrevivientes frente al cual la parte tutelante pretende desconocer, como así se
derivó de las pruebas allí allegadas y que culminó con la negativa de lo pretendido
por no tener derecho a ello.

e.- En este caso no se cumplen el requisito de subsidiariedad, toda vez que no se
probó que se hubiera acudido al recurso extraordinario de revisión que procedía
contra la misma.

f.- No existe grave perjuicio en razón a que quien acciona después de 1 año y 11
meses invoca la protección constitucional lo que hace inviable una
urgencia o inminencia en la intervención del juez de tutela. […].

15. Elda Quintero de Navas se opuso a las pretensiones de la acción de tutela,
por las siguientes razones:

“[…] Adicionalmente no se puede pasar por alto que mi prohajida (sic) ELDA
QUINTERO objeto (sic) el porcentaje reconocido inicialmente por la UGPP el cual
ella considera injusto pues tiene pleno convencimiento de que es ella la que tiene
derecho al 100% de la prestación deprecada aun arriesgando perderlo todo, la
señora Miryam (sic) por el contrario no se opuso e incluso en la contestación de la
demanda manifiesta estar de acuerdo con dicho porcentaje asignado, y lo es así
porque no contaba con las pruebas para pretender un porcentaje mejor, así mismo
se resalta que la señora MIRYAM (sic) BARBOSA no compareció a la audiencia de
pruebas ni sus testigos, no aporto (sic) una excusa, demostrando con ello un indicio
grave en su contra y que los hechos susceptibles de confesión tengan un resultado
adverso en su contra. […]”.

16. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga allegó copia
digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 680013333010201900321-01.

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Núm. único de radicación: 110010315000202306603-00
Actora: Miriam Barbosa Vergel

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

19. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad.

20. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actora: Miriam Barbosa Vergel

fundamental al debido proceso; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la seguridad social; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la vida; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al mínimo vital y móvil; procediendo posteriormente a viii) resolver el
caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se
satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

21. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

22. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

23. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.

25. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

26. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

27. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedibilidad de subsidiariedad.

10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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Actora: Miriam Barbosa Vergel

Acerca del requisito de agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales

28. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 12, indica que
la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su
procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

29. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir
la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un
perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto que dichos
mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los derechos
fundamentales.

30. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional13:

“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 200914 precisó al menos cuatro
razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para
determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez
que recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una
jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia.
Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último
recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se
desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega
el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve
el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la
decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá
que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo
interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.

12 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
13 Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14 Corte Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el mismo

sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la jurisdicción contencioso
administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio de defensa judicial.

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Actora: Miriam Barbosa Vergel

En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la
cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.

Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las
etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio
de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en
lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la
sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal
como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es
admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso,
pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas
necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que
puedan afectarle.

Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la
acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la
Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están
pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro
recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a
derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica.”

7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en
cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial
y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito
de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez
natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii) la
protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.

31. En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra
providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y
extraordinarios.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

32. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

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Núm. único de radicación: 110010315000202306603-00
Actora: Miriam Barbosa Vergel

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

33. Atendiendo a que la Corte Constitucional15 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

34. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

35. Atendiendo a que, la Corte Constitucional16 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas

15 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
16 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social

36. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.

37. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:17

“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado18.

17 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
18 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.

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Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”19. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”20 […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
vida

38. Visto el preámbulo y los artículos 2 y 11 de la Constitución Política de
Colombia de 1991, sobre el derecho fundamental a la vida.

39. Atendiendo a que en reiterada jurisprudencia Constitucional21, se ha
sostenido que el derecho fundamental a la vida supone la garantía de una existencia
digna, que implica impedir la realización de cualquier circunstancia que lleve a la
extinción de la persona como tal, que la ponga en peligro de desaparecer o que
incomoden su existencia hasta el punto de hacerla insoportable.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital

40. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.

41. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado
al mínimo vital, ha dicho22:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".

19 Sentencia T-173 de 2016.
20 Ibídem.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-444 de 10 de junio de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
22 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el efectivo
goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto salvaguarda
de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El reconocimiento del
derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el concepto de dignidad
humana, pues es claro que la carencia de las condiciones materiales mínimas
necesarias para garantizar la subsistencia del individuo, comporta la negación de
la dignidad que le es inherente. Igualmente, este derecho se proyecta en otros
derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.), la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo
(Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.). De esta forma, la protección al
mínimo vital se configura una de las garantías de mayor relevancia en el Estado
Social de Derecho […]”.

Análisis del caso concreto

42. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Santander, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de
Bucaramanga y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, porque, a su juicio, i)
el Tribunal, al proferir la sentencia de 7 de diciembre de 2021 y el auto de 4 de agosto
de 2023; ii) el Juzgado, al proferir la sentencia de 3 de abril de 2021, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 680013333010201900321-
01; y iii) UGPP, al negar “[…] el reconocimiento y restitución del pago de pensión de
sobreviviente […]”: vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

43. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

44. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

45. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo

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siguiente:

45.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 680013333010201900321-01.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad

46. Como fundamento de la solicitud de tutela, la actora adujo lo siguiente:

“[…] El 04 agosto del 2023 el DESPACHO 04 EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
SANTANDER - BUCARAMANGA procede a responder sentencia de segunda
estancia (sic) negándome el derecho como sobreviviente de pensión por el
fallecimiento de mi marido JOSE ELIRER NAVAS FERNANDEZ violándome mis
derechos, violación a la garantía del debido proceso, el derecho a la defensa, en el
ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o actuación administrativa, de ser
oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir, y
objetar las pruebas en contra, de hacer valer los recursos que la ley otorga y evitar la
condena injusta mediante la búsqueda de la verdad con la activa participación o
representación de quien puede hacer afectada por la decisiones que se adopte por la
bases de lo actuado.

50. Mi apoderado GONZALO MANCILLA GARCIA no me hace notificación de la
segunda instancia impuesta por el DESPACHO 04 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER- al darme cuenta, decidí quitarle el poder y procedí a realizar recurso
de apelación a través de esta TUTELA, para adquirir los derechos que tengo como
sobreviviente de la pensión de mi marido JOSE ELIRER NAVAS FERNANDEZ.
Anexo copia del retiro de poder.

51. Presento este recurso de apelación en contra de la sentencia en primera y
segunda instancia proferido por el JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA, y por el DESPACHO 04 DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER-BUCARAMANGA sin la protección
al mínimo vital y móvil al que tengo derecho, no se tuvo en cuenta que presente los
elementos probatorios necesarios para demostrar mi convivencia y existencia de la
unión marital de hecho, techo y lecho. […]”.23

47. Frente a los presuntos defectos mencionados supra en los que, a juicio de la
actora, incurrieron el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Bucaramanga, la Sala advierte que no se cumple con
el requisito general de procedibilidad de subsidiariedad, toda vez que la actora
contó, previo al cumplimiento de los requisitos legales, con otro medio de defensa

23 Transcripción literal del texto.

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judicial para controvertir la sentencia de 3 de abril de 2021 proferida por el Juzgado
Décimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, que corresponde al recurso de
apelación.

48. En efecto, el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo dispone que:

“[…] ARTÍCULO 243. APELACIÓN. Son apelables las sentencias de primera
instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:

1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el
mandamiento ejecutivo […]”. (Resaltado por la Sala)

49. En ese orden de ideas, la Sala observa que, fue la señora Elda Quintero de
Navas quien presentó recurso de apelación frente a lo resuelto en la sentencia de 3
de abril de 2021, aún cuando lo resuelto en dicha providencia fue desfavorable a las
pretensiones de la parte tutelante, siendo esta la oportunidad procesal para que la
actora pusiera en conocimiento del juez natural sus inconformidades. En efecto, la
misma actora reconoce que no interpuso el recurso de alzada, atribuyéndole la
responsabilidad a su apoderado dentro del proceso ordinario.

50. La Sala considera que, pese a que la actora contó con la posibilidad de poner
en conocimiento de la autoridad judicial de la segunda instancia esos argumentos
por los que estaba en desacuerdo con la decisión del A quo, lo cierto es que,
notificada de la providencia proferida el 3 de abril de 2021, no presentó el respectivo
recurso de apelación, oportunidad en la que pudo haber planteado dentro del
proceso ordinario las razones por las cuales, a su juicio, se le debía conceder el
derecho a la pensión de sobreviviente.

51. La Sala considera que, tal cual como lo ha indicado en otras oportunidades24,
no puede pretender la actora suplir su inactividad con esta acción constitucional,
toda vez que, si estaba inconforme con la decisión del A quo frente a denegar las
pretensiones de la demanda, el escenario idóneo para haberlo discutido era el
recurso de apelación.

52. En ese sentido, la Sala acoge el siguiente criterio jurisprudencial establecido

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de

2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-03852-00 (AC), C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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por la Corte Constitucional:
“[…] En efecto, como ya se señaló, la acción de tutela no es un medio alternativo,
adicional o complementario con el que cuentan las personas, para mantener de forma
indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia jurídica. Por ello,
cuando quiera que las personas acudan al juez constitucional, han de demostrar que,
en el asunto bajo controversia, sus derechos fundamentales están siendo
trasgredidos (sic). Igualmente, deben acreditar que ello fue puesto a
consideración del juez natural de la causa, o, en su defecto, que ello no fue posible
por razones ajenas a su voluntad. De esta manera, una carga exigible al interesado
supone que -de haber sido posible- haya expuesto con claridad la presunta
transgresión de sus derechos fundamentales ante el juez natural, en atención a
que la subsidiariedad de la acción de tutela implica el respeto a la autonomía de
las autoridades judiciales […]”.25 (Resaltado por la Sala)

53. La Sala advierte que, si bien la actora adujo que no presentó el recurso de
apelación porque “[…] Mi apoderado […] no me hace notificación de la segunda
instancia por el DESPACHO 04 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER-
BUCARAMANGA al darme cuenta, decidí quitarle el poder y procedí a realizar
recurso de apelación a través de esta TUTELA […]”, lo cierto es que este aspecto
es ajeno al proceso de la referencia, en la medida en que corresponde a un asunto
interno entre la actora y su apoderado, para el cual se prevén lo mecanismos
pertinentes, sin que esto justifique la falta de presentación del mencionado recurso.

54. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que la actora contó con la
posibilidad de interponer el recurso de apelación, previo al cumplimiento de los
requisitos legales, contra la sentencia de 3 de abril de 2021, proferida por el Juzgado
Décimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga y no lo hizo, por lo tanto, la
acción de tutela resulta improcedente al utilizarse como mecanismo que desplaza
los medios ordinarios de defensa, en este caso, el recurso de apelación.

Estudio del perjuicio irremediable

55. Ahora bien, debe preguntarse la Sala si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.

56. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional26:

25 Corte Constitucional, Sentencia T-452 de 4 de julio de 2014. M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
26 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un
bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea
susceptible de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes
para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que
armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección
deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y
eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable27[…]”.

57. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio. Del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la actora
se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.

58. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que en el presente
caso no se cumplió con uno de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, dado que la actora contó, previo al cumplimiento de los requisitos
legales, con el recurso de apelación.

Análisis de la acción de tutela frente a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP

59. Por otra parte, frente al reparo propuesto contra la UGPP, relacionado con
haber negado “[…] el reconocimiento y restitución del pago de pensión de
sobreviviente […]”, la Sala considera que este desborda el ámbito de competencia
del juez constitucional, toda vez que compete al juez ordinario pronunciarse al
respecto, previo al cumplimiento de los requisitos legales, lo cual, en el caso sub
examine ya aconteció.

60. La Sala reitera que, al respecto, no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la actora

27 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

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se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.

Conclusiones de la Sala

61. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela que presentó la actora
contra las autoridades accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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