Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06604-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06604-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06604-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
19 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06604-00
Solicitante: VÍAS DE CALI S.A.S. EN LIQUIDACIÓN
Autoridad: CONSEJO DE ESTADO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por la solicitante contra el Consejo
de Estado-Sección Tercera-Subsección A.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 25 de octubre de 2023 Vías de Cali S.A.S. en liquidación, a través de su
liquidadora, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la «autonomía de la justicia arbitral, entre otros derechos fundamentales», que
alegó vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A, al
proferir la sentencia del 24 de abril de 2023 que declaró fundado el recurso
extraordinario de anulación1 interpuesto por el Distrito Especial, Deportivo, Cultural,
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali contra el laudo arbitral del
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Identificado con número de radicado: 11001-03-26-000-2023-00007-00.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-06604-00
Solicitante: Vías de Cali S.A.S. en liquidación
Acción de tutela – Primera instancia
6 de octubre de 2022 proferido por el Tribunal de Arbitraje de la sociedad Vías de
Cali S.A.S. en liquidación contra el Distrito de Cali, Rad. A-20190816/0753.
En virtud del amparo, se solicita que se ordene a la autoridad judicial accionada dejar
sin efecto la sentencia reprochada y, en su lugar, profiera «una nueva sentencia que
respete el debido proceso, los derechos fundamentales invocados, según las
consideraciones arriba expuestas».
2. Hechos relevantes
El 20 de mayo de 2010 se suscribió el contrato de concesión n°. 4151.1.14.26.005-
10 Grupo 1, entre el Municipio de Santiago de Cali (ahora Distrito Especial,
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, en
adelante Distrito de Cali) y Vías de Cali S.A.S., actualmente en liquidación judicial,
para la financiación, ajustes y/o realización completa y suficiente de los diseños que
se requieran, gestión social, predial y ambiental, construcción, conservación y
transferencia de obras de infraestructura, espacio público y recuperación de la malla
vial arterial y local para la movilidad del Grupo 1 (Zona sur) para el municipio de
Santiago de Cali. Asimismo, para que se ejecute las obras para redes necesarias
para el traslado, modificación, preparación, reposición y extensión de las redes y/o
accesorios de servicios públicos domiciliarios que sean necesarios.
En el año 2015, la solicitante interpuso una primera demanda arbitral para solicitar el
reconocimiento y pago de remuneraciones derivadas del contrato. Sin embargo, el
24 de noviembre de 2016 el tribunal arbitral declaró la cesación de sus funciones y
la extinción de los efectos del pacto arbitral para el caso concreto, ya que las partes
no efectuaron el pago de los gastos y honorarios correspondientes.
El 16 de agosto de 2019, la accionante formuló una segunda demanda arbitral para
que se liquidara judicialmente el contrato y se reconocieran las sumas adeudadas
con motivo de este. En laudo arbitral del 6 de octubre de 2022, el Tribunal de Arbitraje
de Vías de Cali S.A.S. en liquidación contra el Distrito de Cali, Rad. A-20190816/0753
(segundo tribunal arbitral), dispuso la liquidación judicial del contrato y accedió
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-06604-00
Solicitante: Vías de Cali S.A.S. en liquidación
Acción de tutela – Primera instancia
parcialmente a las pretensiones económicas al declarar que el Distrito de Cali
adeuda $38.319.901.392 por concepto del contrato, más intereses de mora.
El Distrito de Cali formuló recurso de anulación contra el laudo del 6 de octubre de
2022, con fundamento en las causales previstas en los numerales 2, 7, 8 y 9 del
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, Estatuto de Arbitraje, pues consideró que el
Tribunal de Arbitraje carecía de competencia para conocer del proceso. Causal que
también fue alegada durante el trámite arbitral, pero que fue descartada.
El 24 de abril de 2023 el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A profirió
sentencia que declaró fundado el recurso, declaró la nulidad del laudo del 6 de
octubre de 2022 y ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca para que adelantara el trámite judicial pertinente, de acuerdo con lo señalado
en el artículo 41.2 de la Ley 1563 de 2012.
3. Fundamentos de la solicitud
La solicitante sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados, pues incurrió en desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución y en los defectos sustantivo y fáctico.
Afirma que en la causa resuelta por la subsección A de la Sección Tercera de la
Corporación no operó el fenómeno de la cosa juzgada porque en el primer
arbitramento, que fue fallido por el no pago de honorarios, no se resolvieron de fondo
las pretensiones, lo que le habilitaba para volver a convocar tribunal en el año 2019.
Además, el Distrito de Cali avaló la competencia del segundo tribunal al presentar
demanda de reconvención.
Agrega que las pretensiones formuladas ante el primer tribunal arbitral son diferentes
a las resueltas en el laudo del segundo tribunal arbitral, ya que la primera demanda
se presentó durante la ejecución del contrato y la segunda se formuló cuando el
contrato estaba terminado y en etapa de liquidación. Así, la primera demanda
pretendía la declaratoria de un silencio administrativo positivo sobre una petición de
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-06604-00
Solicitante: Vías de Cali S.A.S. en liquidación
Acción de tutela – Primera instancia
reconocimiento de capital e intereses, mientras que la segunda pretendía la
liquidación del contrato y el reconocimiento de las sumas adeudadas.
Aduce que la decisión reprochada rompe la unidad de jurisdicción, ya que limita la
competencia del tribunal arbitral en cuanto a una fracción de la liquidación del
contrato, en desconocimiento de la habilitación de las partes y de la naturaleza propia
de la liquidación del contrato. Afirma que, como lo principal sigue la suerte de lo
accesorio, el tribunal arbitral era competente para pronunciarse sobre todo asunto
relativo a la liquidación. Agrega que no procedía remitir el expediente al Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, pues carece de competencia para la liquidación
del contrato en forma íntegra.
Sostiene que el tribunal arbitral era competente para pronunciarse sobre los efectos
económicos de los actos administrativos que declararon la caducidad del contrato,
sin perjuicio de la legalidad de estos. En esa medida, aunque las resoluciones que
declararon la caducidad del contrato señalan un incumplimiento a cargo del
contratista, ello no imposibilita al juez de la liquidación para ordenar a la entidad el
pago de sumas de dinero adeudadas.
Según la solicitante, la autoridad judicial accionada desconoció el inciso tercero del
artículo 42 del Estatuto de Arbitraje, norma que prohíbe al juez de la anulación
pronunciarse sobre el fondo de la controversia, calificar o modificar los criterios,
motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas en el laudo.
4. Trámite procesal
El 7 de noviembre de 2023 el consejero de Estado José Roberto Sáchica Méndez -
encargado del despacho sustanciador- manifestó impedimento para conocer de la
tutela, con fundamento en el artículo 56.6 del Código de Procedimiento Penal. Sin
embargo, como el encargo concluyó el 23 de noviembre de 2023, el 1° de diciembre
siguiente se devolvió el expediente al despacho sustanciador2. El 11 de enero de
2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a la autoridad judicial
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El expediente ingresó al despacho del consejero ponente el 13 de diciembre de 2023
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-06604-00
Solicitante: Vías de Cali S.A.S. en liquidación
Acción de tutela – Primera instancia
accionada, así como al Distrito de Cali y a los árbitros de la Cámara de Comercio de
Cali que integraron el Tribunal de Arbitraje, en calidad de terceros con interés.
En el escrito de contestación, el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección
A, al oponerse al amparo, expuso las razones que motivaron su decisión. Indicó que
en ningún momento desconoció la competencia de los árbitros para liquidar
judicialmente los contratos estatales, empero, aclaró que dicha función requiere
estudiar y decidir sobre las prestaciones adeudadas y su origen de las mismas.
Como dichas prestaciones, que podían alegarse tanto durante la vigencia del
contrato como por fuera de ella, fueron reclamadas en otro arbitramento, el nuevo
tribunal arbitral resolvió ese punto sin competencia. Además, indicó que el laudo
arbitral desbordó la competencia para estudiar los efectos económicos de los actos
que declararon la caducidad, ya que analizó el cumplimiento de unas obras pactadas
en el contrato y cuyo incumplimiento motivó, en parte, la caducidad de la concesión.
A partir de lo anterior, sostuvo que la decisión cuestionada no es violatoria de los
derechos fundamentales invocados, ya que se profirió con fundamento en las bases
legales expuestas y en lo que fue demostrado en el proceso. Agregó que la
autonomía de la justicia arbitral no es en sí misma un derecho fundamental o una
prerrogativa de rango constitucional y que, de equipararse a la independencia de los
jueces, ello no imposibilitaría al Consejo de Estado para anular un laudo arbitral de
conformidad con las causales previstas en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012,
pues el artículo 46 del Estatuto del Arbitraje habilita a la Sección Tercera del Consejo
de Estado como juez de anulación. En esa medida, los reproches contenidos en la
solicitud de tutela se fundan en el desacuerdo de la solicitante con el análisis y
decisión de la Sala. Agregó que la remisión del proceso al Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca garantiza el acceso de la solicitante a la administración de justicia,
además de seguirse de lo previsto en el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012.
El Distrito Especial de Santiago de Cali sostuvo que la tutela es improcedente, pues
carece de relevancia constitucional, ya que la solicitud no expone argumentos de
carácter constitucional que justifiquen la intervención del juez de tutela ni desvirtúan
la razonabilidad de la decisión. Agregó que el expediente ordinario se encuentra en
trámite ante el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, rad. n°. 76001-23-33-000-
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-06604-00
Solicitante: Vías de Cali S.A.S. en liquidación
Acción de tutela – Primera instancia
2023-00722-00, razón por la cual la tutela tampoco supera el requisito de
subsidiariedad.
La Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado aportó enlace al
expediente digital. Los árbitros de la Cámara de Comercio de Cali que integraron el
Tribunal de Arbitraje fueron notificados y guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia
que declaró fundado un recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Nacional y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de
marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental3. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
3
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-06604-00
Solicitante: Vías de Cali S.A.S. en liquidación
Acción de tutela – Primera instancia
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela4.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional5: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
4
Ibidem.
5
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-06604-00
Solicitante: Vías de Cali S.A.S. en liquidación
Acción de tutela – Primera instancia
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto
La providencia reprochada declaró fundado el recurso extraordinario de anulación
interpuesto por el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali por haberse configurado la causal 2 del artículo 41 de
la Ley 1563 de 2012 y declaró la nulidad del laudo arbitral del 6 de octubre de 2022,
ya que el tribunal carecía de competencia para resolver las pretensiones formuladas
en la demanda. Previo a decidir sobre dicha causal, encontró probado que el Distrito
de Cali -recurrente- cumplió con el requisito previsto en el penúltimo inciso del
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, ya que en la primera audiencia de trámite del 24
de noviembre de 2021 formuló recurso de reposición contra el auto de asunción de
competencia.
Indicó que, en un primer arbitraje convocado en 2015, se demandó el pago de sumas
adeudadas por conceptos de remuneración principal y de remuneración de obras
ejecutadas para redes de servicios públicos. Aunque dicho tribunal cesó sus
funciones de manera anormal en 2016, al abstenerse de cubrir los honorarios
causados en dicho trámite, las partes deshicieron la habilitación del pacto arbitral
para el estudio de esas pretensiones. El segundo tribunal arbitral convocado en
2019, que dictó el laudo del 6 de octubre de 2022, reconoció intereses moratorios
sobre (i) el concepto de «valor histórico actualizado» de lo adeudado por inversiones
y gastos de inversión del contratista, y (ii) «otras» obligaciones económicas
tardíamente pagadas de las fases de construcción y conservación; pretensiones
equivalentes a las formuladas en arbitramento anterior, de ahí que el tribunal arbitral
carecía de competencia para pronunciarse al respecto, por ello, la providencia
incurrió en la causal segunda prevista en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-06604-00
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Acción de tutela – Primera instancia
La sentencia agregó que el tribunal arbitral desbordó su competencia al pronunciarse
sobre materias resueltas en actos administrativos en firme, es decir, en las
Resoluciones 4151.0.21.0137 y 4151.0.21.0139 del 16 de febrero de 2017 que
declararon la caducidad del contrato de concesión. Ello se debe a que el tribunal
determinó que Vías de Cali S.A.S. había ejecutado obras para redes «no pagadas
por el Municipio» y que en el proceso se debía establecer esa cuestión, lo que
traduce en un examen del cumplimiento o no del contrato respecto del ítem de «obras
para redes», que ya había sido objeto de decisión por parte del Distrito de Cali en los
actos de declaratoria de caducidad.
Como los actos administrativos mencionados se presumen legales y se encuentran
en firme, para la Sala los árbitros no podían desconocer la declaración de voluntad
de la administración, ni son competentes para pronunciarse sobre su eventual
legalidad. Adujo que dicha restricción obra especialmente frente a los actos
expedidos en ejercicio de las potestades excepcionales previstas en el artículo 14 de
la Ley 80 de 1993, en los que la Corte Constitucional -en sentencia C-1436 de 2000-
ha declarado de manera expresa la falta de competencia de los árbitros para estudiar
su legalidad, ya que «como manifestación del poder público del Estado, el examen
en relación con el ejercicio de las cláusulas exorbitantes por parte de la
administración no puede quedar librado a los particulares».
La Sala advierte que los argumentos presentados por la solicitante no acreditan una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver
sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen divergencias
de carácter netamente legal. Además de ello, revisados los fundamentos jurídicos
que motivaron la decisión, la Sala estima que provienen de una interpretación
razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como del marco legal y
jurisprudencial aplicable al asunto.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
10
Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-06604-00
Solicitante: Vías de Cali S.A.S. en liquidación
Acción de tutela – Primera instancia
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Vías de Cali S.A.S.
en liquidación, contra el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
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