Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06604-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06604-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06604-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
23 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202306604-01
Actora: Vías de Cali S.A.S. en Liquidación
Demandada: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de
tutela de 19 de febrero de 2024 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de
tutela.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través de su agente liquidadora, presentó acción de tutela contra
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio,
2
Núm. único de radicación: 110010315000202306604-01
Actora: Vías de Cali S.A.S. en Liquidación
al proferir la sentencia de 24 de abril de 2023, en el recurso extraordinario de
anulación de laudo arbitral identificado con el número único de radicación
110010326000202300007-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, “[…] El 20 de mayo de 2010 se suscribió el Contrato de
Concesión No. 4151.1.14.26.005-10, entre VÍAS DE CALI S.A.S. (accionante) y el
Municipio de Cali (hoy Distrito de Cali), cuyo objeto fue la concesión para que el
primero realice por su cuenta y riesgo la financiación, ajustes y/o realización
completa y suficiente de los diseños que se requieran, gestión social, predial y
ambiental, construcción, conservación y transferencia de obras de infraestructura,
espacio público y recuperación de la malla vial arterial y local para la movilidad del
Grupo 1 (Zona Sur) para el Municipio de Santiago de Cali. Así mismo, para que
ejecute las obras para redes necesarias para el traslado, modificación,
preparación, reposición y extensión de las redes y/o accesorios de servicios
públicos domiciliarios que sean necesarios […]”.
4. Indicó que, en el año 2015, interpuso demanda arbitral contra el Distrito
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de
Cali, para solicitar el reconocimiento y pago de varias sumas de dinero causadas
durante la vigencia del contrato, no obstante, mediante auto de 24 de noviembre
de 2016, el Tribunal Arbitral declaró la cesación de sus funciones y la extinción de
los efectos del pacto arbitral “[…] para el caso […]”.
5. Advirtió que, formuló nuevamente demanda arbitral solicitando la liquidación
judicial del contrato y el reconocimiento de las sumas de dinero que se llegaran a
establecer en el proceso como adeudados a su favor.
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Actora: Vías de Cali S.A.S. en Liquidación
6. Manifestó que, el Tribunal Arbitral, mediante laudo arbitral de 6 de octubre
de 2022, liquidó judicialmente el contrato y accedió parcialmente a las pretensiones
económicas.
7. Adujo que, el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y
de Servicios de Santiago de Cali presentó recurso extraordinario de anulación
contra el laudo arbitral mencionado supra, frente al cual la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 24 de abril de
2023, resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLÁRASE fundado el recurso extraordinario de anulación
interpuesto por el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali, contra el laudo proferido el 6 de octubre de 2022, por
haberse configurado la causal 2° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, en lo relativo
a la falta de competencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad del laudo arbitral proferido el 6 de octubre de
2022, como consecuencia de lo resuelto en el numeral anterior, siguiendo lo
dispuesto en el artículo 43, inciso primero, de la Ley 1563 de 2012 […]”.
7.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Como acaba de señalarse, la extinción de los efectos del pacto arbitral opera
en específico sobre la controversia o conflicto que haya sido puesto a consideración
del tribunal de arbitramento que tal decisión adopta. Es una medida que opera frente
al hecho de desatender las partes la carga que les corresponde en materia de pago
de honorarios; y esa consecuencia, tal como se desprende del tenor literal de la
norma que la establece, consiste en que cesan los efectos del pacto, es decir, ya no
puede materializarse la voluntad declarada por las partes, de llevar el pleito a sede
arbitral, pues deshicieron tal habilitación al abstenerse de cubrir los correspondientes
honorarios.
En el presente caso, ese resultado de la declaratoria de extinción de los efectos del
pacto no fue materia de discusión en el trámite arbitral ni en sede del recurso de
anulación, pues tanto los sujetos procesales como el tribunal estructuraron sus
puntuales posiciones sobre la base de que, en la segunda causa arbitral, no podía
volver a plantearse el debate enjuiciado en el primer proceso. La discrepancia recayó
entonces en la cuestión relativa al contenido y alcance de las pretensiones
formuladas en una y otra actuación, pues mientras el Distrito de Cali sostuvo que
existía identidad de pretensiones, e incluso, de causa petendi, el tribunal de
arbitramento y la parte actora señalaron que el asunto resuelto en el laudo hoy
censurado era totalmente diferente al que se sometió al conocimiento de la justicia
arbitral en 2015 […]”.
[…]
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Actora: Vías de Cali S.A.S. en Liquidación
“[…] Significa lo anterior que, como consecuencia indefectible de la liquidación
judicial del contrato, lo calculado por el tribunal de arbitramento en la “primera parte”
de la fórmula prevista en la cláusula 34 del negocio jurídico fue el valor histórico de
la “remuneración principal” supuestamente adeudada por el municipio a la
contratista.
Aunado a lo anterior, se señaló también en el laudo que las experticias examinadas
para liquidar el negocio jurídico indicaban que el municipio había dejado de pagar
algunas obras para redes -que también fueron pactadas en el contrato bajo una
remuneración distinta a la “principal”-, por lo que se comprobó la causación de
$1.512’856.076 como valor del capital correspondiente a “obras de redes ejecutadas
y no pagadas”, y $2.324’667.255 por concepto de intereses.
Fue con base en tales estimaciones que se le reconocieron a Vías de Cali S.A.S.
conceptos que ya habían sido insertos en las pretensiones de la demanda con la
cual se convocó el primer arbitramento, pues en ella, el petitum incluyó la solicitud
de que el municipio fuera condenado al “pago de las sumas de dinero que la
demandante (…) liquidó y estimó como aún adeudadas a su favor, la una por
concepto de remuneración principal y la otra por remuneración de obras
ejecutadas para redes de servicios públicos (…)” […]”.
[…]
“[…] Se evidencia en las pruebas de la presente causa que, en ese primer trámite
de arbitramento, el tribunal allí constituido fijó el valor de los honorarios en auto de
fecha 28 de octubre de 2016, y que el 24 de noviembre de ese mismo año, al advertir
que ninguna de las partes sufragó lo que le correspondía, el panel adoptó la decisión
prevista en el artículo 27, inciso cuarto, de la Ley 1563 de 20121, en los siguientes
términos:
1°. Declarar concluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral para
el presente caso (…).
2°. Ordenar el archivo del expediente, previa cancelación de su radicación (…).
Así entonces, es palmario que, sobre los reconocimientos económicos hechos en el
laudo hoy censurado había operado la extinción de los efectos del pacto arbitral,
declarada en auto del 24 de noviembre de 2016, pues la demanda de arbitramento
sobre la cual recayó tal declaratoria se encaminó a que se reconociera la existencia
de esa obligación a cargo del municipio y a que se concediera indemnización por
esos mismos conceptos. En esa medida, el tribunal que profirió el laudo hoy recurrido
carecía de competencia para reconocer a favor de la convocante los ítems
mencionados, de suerte que, al haberlo hecho, la providencia así expedida incurrió
en la causal segunda prevista en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, por lo que
deberá anularse […]”.
[…]
“[…] Todo lo anterior pone de presente una relevante consecuencia de la presunción
de legalidad y la ejecutoriedad del acto administrativo: la declaración de voluntad de
la Administración no puede ser desconocida, ni aun por los jueces ni los árbitros,
salvo cuando medie, naturalmente, sentencia judicial ejecutoriada que haya
declarado la nulidad de la respectiva decisión. En esa medida, los asuntos resueltos
1 “Vencidos los términos previstos para realizar las consignaciones sin que estas se hubieren efectuado, el
tribunal mediante auto declarará concluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral para el
caso”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202306604-01
Actora: Vías de Cali S.A.S. en Liquidación
en acto administrativo en firme no son arbitrables ni pueden ser revisados o
modificados por estamento alguno investido de facultad jurisdiccional, excepción
hecha, naturalmente, de aquellos casos en que la controversia recaiga precisamente
sobre la legalidad del acto mismo.
Lo anterior obra con mayor acento frente a los actos expedidos en ejercicio de las
potestades exorbitantes señaladas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 -entre
estas, la declaratoria de caducidad del contrato estatal-, en los que, además, la Corte
Constitucional ha dejado en claro la falta de competencia de los árbitros para
enjuiciar su legalidad, so pena de obrar en contravía de lo dispuesto en los artículos
236, 237 y 238 de la Constitución Política […]”.
[…]
“[…] Bajo esa línea, y como anteriormente quedó expuesto, en el marco de las
causales de anulación de laudos que actualmente están previstas en el artículo 41
de la Ley 1563 de 2012, la falta de competencia del tribunal de arbitramento también
se produce cuando éste resuelve sobre aspectos que por limitación constitucional o
legal, o del propio pacto arbitral, no pueden ser sometidos a su conocimiento2; de
suerte que, al pronunciarse sobre materias ya resueltas en acto administrativo en
firme, y especialmente en el de declaratoria de caducidad del contrato, incurre en el
vicio procesal enlistado en el numeral 2 del artículo 41 del aludido estatuto […]
Emerge entonces, de todo lo anterior, que el laudo arbitral reprochado deberá
anularse, toda vez que las decisiones en él contenidas, a favor de la sociedad Vías
de Cali S.A.S., fueron adoptadas sin competencia del tribunal de arbitramento […]”.
8. Expuso que, el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial
y de Servicios de Santiago de Cali formuló solicitud de aclaración y adición de la
sentencia, frente a lo cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante auto de 20 de junio de 2023, resolvió negar dicha solicitud.
La solicitud de tutela
Pretensiones
9. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Se ampare el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la sociedad Vías de Cali en Liquidación SAS, y como
consecuencia se deje sin efecto la sentencia del 24 de abril de 2023, proferida por la
Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, notificada en forma
electrónica el 10 de mayo de 2023, por medio de la cual se declara fundado el recurso
de anulación presentado por el Distrito de Cali contra laudo arbitral, y se le ordene
2 Lo que ya no es configurativo de la causal novena de anulación, relativa al principio de congruencia, sino que
corresponde autónomamente a la causal segunda, bajo la categorización hoy establecida en el estatuto arbitral
vigente.
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Actora: Vías de Cali S.A.S. en Liquidación
proferir una nueva sentencia que respete el debido proceso, los derechos
fundamentales invocados, según las consideraciones arriba expuestas […]”3.
10. Como fundamento de su solicitud, la actora en su escrito de tutela señaló
que la autoridad judicial accionada incurrió en i) un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; en ii) un defecto sustantivo por falta de
aplicación de una norma jurídica, en la medida en que, desconoció el artículo 42
de la Ley 1563 de 12 de julio de 20124; en iii) un defecto fáctico; y iv) en la causal
de violación directa de la Constitución.
Actuación
11. El Despacho sustanciador de la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto de 11 de enero de 2024: i) admitió la demanda;
ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado; y iii) vinculó, como terceros con interés legítimo, al Distrito
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago Cali
y a los árbitros que integraron el Tribunal Arbitral, concediéndoles el término de
tres (3) días para rendir informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
12. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela, “[…] por no haberse sustentado
ni demostrado la configuración de defecto sustantivo, fáctico ni procedimental
alguno en el fallo del que fui ponente, como tampoco la alegada violación de
derechos fundamentales […]”. Para tal efecto, manifestó lo siguiente:
“[…] La sentencia del 24 de abril de 2023 no es violatoria de derecho fundamental
alguno, pues las decisiones que en ella se adoptaron fueron cimentadas sobre bases
legales claramente expuestas y con fundamento en lo que fue demostrado en el
proceso. No es cierto que el Consejo de Estado haya impuesto en ella un criterio
propio de manera caprichosa, pues se concluyó la falta de competencia de los
árbitros con un riguroso examen de ese presupuesto procesal y de cómo el mismo
fue incumplido en el caso concreto.
3 Transcripción literal del texto.
4 Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones.
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Actora: Vías de Cali S.A.S. en Liquidación
2) En la demanda se enlista como derecho violado la “autonomía de la justicia
arbitral”, elemento que no constituye en sí mismo un derecho fundamental ni una
prerrogativa de rango constitucional de la que pueda ser titular la sociedad hoy
accionante, menos para hacerla valer por vía de tutela. En todo caso, de tomarse esa
autonomía de los árbitros como un principio equiparable a la independencia de los
jueces, ello no puede derivar en que el Consejo de Estado no pueda anular un laudo
arbitral cuando encuentre cumplida o configurada cualquiera de las causales
previstas en el artículo 41 de la ley 1563 de 2012, pues el estatuto arbitral prevé esa
eventualidad justamente al señalar tales supuestos […]”.
[…]
“[…] En lo que respecta a los yerros aducidos en la demanda para reprochar la
sentencia de la que fui ponente, se trata de discrepancias de la accionante frente al
análisis y decisión adoptados por la Sala, pero no se aprecia -ni el libelo lo ilustra-
que el proveído censurado adolezca de defecto fáctico ni de defecto sustantivo, ni
mucho menos que con esa decisión se hubieran vulnerado derechos fundamentales
[…]”.
13. El Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios
de Santiago de Cali solicitó i) declarar improcedente la acción de tutela; y
subsidiariamente, ii) negar las pretensiones de la solicitud de tutela, por las
siguientes razones:
“[…] De conformidad con lo expuesto, es claro que la solicitud de amparo formulada
no tiene una clara y marcada relevancia constitucional, en los términos exigidos por
la jurisprudencia constitucional, que haga procedente la intervención del juez de
tutela; al respecto, se limita la accionante a manifestar, respecto de este requisito
general para la procedencia de la tula, que “el asunto tiene evidente relevancia
constitucional, pues se vulneró el derecho al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, lo que permite al Juez de tutela estudiar su procedencia”,
y que “Igualmente vulnera directamente la constitución, al violar la autonomía de los
árbitros”.
Aunado a ello se tiene que, como se manifestó anteriormente, la controversia
planteada por la accionante, una vez anulado el laudo arbitral por parte del H.
Consejo de Estado mediante la providencia que ahora se ataca por vía de tutela, fue
asumida por el H. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con el radicado número
76001233300020230072200, proceso dentro del cual se profirió auto notificado el 19
de diciembre de 2023 corriendo traslado para alegar de conclusión dentro del trámite
de la 1ª instancia, siendo presentados los mismos por parte de Vías de Cali SAS
liquidada el día 15 de enero de 2024 […]”.
[…]
“[…] Para el caso concreto la accionante manifiesta, respecto de los requisitos
especiales, que se configuran las siguientes causales: (i) Defecto material o
sustantivo; (ii) Defecto fáctico; (iii) Desconocimiento del precedente; y (iv) Violación
directa de la Constitución. Sin embargo, respecto de las tres primeras causales
ninguna argumentación ofrece, y, en lo que atañe a la violación directa de la
Constitución, simplemente expone una serie de inconformidades meramente legales
frente a lo decidido por el H. Consejo de Estado en la providencia judicial atacada
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por vía de tutela. De cualquier manera, como se ampliará más adelante, la citada
providencia judicial, por la cual el H. Consejo de Estado anuló el laudo arbitral del 6
de octubre de 2022, contó con la suficiente argumentación jurídica para sustentar lo
decidido al respecto, de lo cual se infiere que los reproches formulados por la
accionante en sede de tutela no tienen la vocación de prosperar […]”.
14. Los árbitros de la Cámara de Comercio de Cali que integraron el Tribunal
Arbitral guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
15. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió
sentencia, en primera instancia, el 19 de febrero de 2024, por medio de la cual
resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Vías de Cali
S.A.S. en liquidación, contra el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A
[…]”.
15.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] La Sala advierte que los argumentos presentados por la solicitante no acreditan
una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a
volver sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen
divergencias de carácter netamente legal. Además de ello, revisados los
fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, la Sala estima que provienen de
una interpretación razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como del
marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad judicial
accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional […]”.
La impugnación
16. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado por las siguientes razones:
“[…] Tal como se puede observar no existió motivación de la decisión para llegar a
la conclusión, con lo que se afecta mi derecho de contradicción. El fallo no cuenta
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con las razones fácticas ni jurídicas para llegar a la conclusión, y por lo tanto dificulta
mi derecho de defensa, pues no es posible específicamente rebatir los argumentos
que se tuvieron en cuenta para tomar la decisión […]”.
[…]
“[…] Como no conozco la valoración del Despacho a cada uno de los aspectos de la
tutela (que básicamente fueron 3 argumentos debidamente desarrollados), no me es
posible entrar a rebatir lo que se pensó, por lo tanto debo presentar esta impugnación
partiendo de la conclusión de la sentencia poniéndola en contraste con el escrito de
tutela […]”.
[…]
“[…] En efecto, a partir del titulo (sic) “V. ANÁLISIS DE LOS DEFECTOS FÁCTICOS,
SUSTANTIVOS Y VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, EN QUE
INCURRIÓ EL CONSEJO DE ESTADO” se realiza la exposición de cada uno de los
fundamentos de la tutela, en los que se demuestra la relevancia constitucional del
asunto, así como las causales de procedencia de la acción de tutela para cada uno
de los argumentos.
En efecto, en el numeral 3 de acción de tutela se abordó el tema de la “3.
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL CONVOCADO EN EL AÑO 2019
PARA PROFERIR EL LAUDO ARBITRAL (VIGENCIA DE LA CLÁUSULA
ARBITRAL)” […]”.
[…]
“[…] Como se puede observar, quedó claramente detallado (sic) la explicación y la
fundamentación de la relevancia constitucional, que no fue tenida por a-quo, por lo
que se debe revocar la sentencia y en su lugar acceder al amparo solicitado.
En este mismo orden de ideas, en el numeral 3.2 de acción de tutela se abordó el
tema de la supuesta la falta de competencia del Tribunal Arbitral, y a partir de los
numeral 3.2.2 se explicaron las razones por las cuales el laudo arbitral no se
pronunció sobre materias ya decididas en acto administrativo de declaratoria de
caducidad del contrato y por lo tanto no era procedente la anulación del laudo,
constituyendo una violación al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia […]”.
[…]
“[…] Nuevamente, el Consejo de Estado en la sentencia de tutela, no analizó los
argumentos, y se limitó a concluir que no existía relevancia constitucional,
pretermitiendo el estudio del análisis del escrito de acción de tutela, donde se
demuestra que el mismo Consejo de Estado, desbordó su competencia lo que se
traduce en una violación al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
así como de la habilitación constitucional de los árbitros […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202306604-01
Actora: Vías de Cali S.A.S. en Liquidación
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 5, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20197, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
19. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto,
es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional.
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actora: Vías de Cali S.A.S. en Liquidación
20. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, ii) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se
dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv); marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia, procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose
en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
21. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
22. Esta Sección adoptó9 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200510, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
23. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
10 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Actora: Vías de Cali S.A.S. en Liquidación
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos parámetros.
25. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
26. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
27. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
13
Núm. único de radicación: 110010315000202306604-01
Actora: Vías de Cali S.A.S. en Liquidación
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
28. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 201413, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, consideró lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [14]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [15].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [16].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
13 Ut supra página 6.
[14] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[15] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
14
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Actora: Vías de Cali S.A.S. en Liquidación
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [17].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [18]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [19].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [20]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
[17] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[18] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[19] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[20] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
15
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asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
29. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró21:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”22
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”23
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
21 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
22Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
23 Ibidem.
16
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relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
30. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.
31. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202224 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
24 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
17
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pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
32. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
18
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Actora: Vías de Cali S.A.S. en Liquidación
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
33. Atendiendo a que, la Corte Constitucional25 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
34. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado […]”.
35. Atendiendo a que, la Corte Constitucional26 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
25 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
19
Núm. único de radicación: 110010315000202306604-01
Actora: Vías de Cali S.A.S. en Liquidación
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.
Análisis del caso concreto
36. La actora, a través de su agente liquidadora, presentó acción de tutela contra
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio,
al proferir la sentencia de 24 de abril de 2023, en el recurso extraordinario de
anulación de laudo arbitral identificado con el número único de radicación
110010326000202300007-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
37. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
38. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
39. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
39.1. Documentos allegados con el escrito de tutela.
20
Núm. único de radicación: 110010315000202306604-01
Actora: Vías de Cali S.A.S. en Liquidación
39.2. Informes rendidos por la autoridad demandada y el tercero con interés
legítimo, junto con sus anexos.
Solución del caso concreto
40. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional.
41. Como fundamento de su solicitud, la actora en su escrito de tutela señaló
que:
“[…] Las pretensiones del Tribunal de Arbitramento Fallido son diametralmente
diferentes a las del Fallo en discusión, como más adelante se explicará.
Además, los momentos procesales de los Tribunales fueron diferentes, en el
primero el Contrato estaba en ejecución, mientras que en el segundo el contrato
estaba terminado y en proceso de liquidación, de manera que las decisiones de los
Tribunales no podrían ser ni parecidas […]”.
[…]
“[…] Ahora bien, no hay cosa juzgada porque el Tribunal fallido, por no pago de los
honorarios, no se ocupó del fondo de las pretensiones.
Por su parte, el Municipio de Cali presentó demanda de reconvención avalando la
competencia del Tribunal para la Liquidación del Contrato.
Con su argumentación y posterior conclusión, el Consejo de Estado vulneró el
derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia de la sociedad
Vías de Cali S.A.S., pues conforme a lo pactado en el contrato, toda diferencia o
controversia derivada de su ejecución, que no se dirimiera en forma amistosa y
directamente por las partes con la intervención de un amigable componedor, se
resolvería por un Tribunal de Arbitramento, quedando de esta forma derogada la
justicia contencioso administrativa, sin que dicha cláusula hubiese perdido su vigencia
[…]”.
[…]
“[…] Tal y como indicó el panel arbitral en el laudo arbitral, la cláusula
compromisoria no se ha extinguido, argumentos todos que por su claridad y
fundamento se hacen propios y se solicita al Juez de tutela tenerlos en cuenta, sin
21
Núm. único de radicación: 110010315000202306604-01
Actora: Vías de Cali S.A.S. en Liquidación
embargo, se analizaran otros argumentos y algunos de los mismos con los que se
profundiza más la conclusión de la vigencia de la cláusula compromisoria y por lo
tanto la imposibilidad para que el Consejo de Estado hubiese anulado el laudo.
Con la finalidad de explicar la vigencia de la cláusula arbitral en el segundo tribunal
de arbitramento se deben estudiar las pretensiones de la demanda del primer
Tribunal de Arbitramento del año 2016 y las del segundo Tribunal de Arbitramento
del año 2019, pues de su estudio se concluye que la cláusula arbitral se encuentra
vigente y por lo tanto podía este último liquidar el contrato.
Revisados ambos procesos, se observa que entre ellos no existe una identidad
sustancial, en tanto las pretensiones principales elevadas en uno y otro caso
persiguen diferentes propósitos y fueron elevadas en etapas del contrato
diferentes, lo que también las hace diferentes y por lo tanto confirman la vigencia
de la cláusula arbitral para realizar la liquidación del contrato […]”.
[…]
“[…] En este caso por expresa habilitación de las partes, la liquidación del contrato
le corresponde a la Justicia Arbitral, y no al contencioso administrativa, conclusión
a la que se llega con fundamento en las normas constitucionales y legales que
invisten a los árbitros de la facultad de administrar justicia como verdaderos jueces
para el caso concreto con los mismos deberes, poderes y facultades de los jueces
ordinarios. (CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C 431 de 28 de septiembre de
1995. “Los árbitros obran en forma similar a cualquier juez...”).
Cabe señalar que esta liquidación no tiene limites en cuanto a lo que corresponda
a la liquidación del contrato, entendida como corte de cuentas final que incluye
claro esta el balance económico del contrato.
De esta forma, la pretensión de reclamación de dineros durante la ejecución del
contrato no afectó la competencia del Tribunal Arbitral para la liquidación del
integral del contrato.
Por lo tanto, el Consejo de Estado incurrió en violación al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, en contra las disposiciones invocadas, que
establecen la clara competencia del Tribunal Arbitral para realizar la liquidación del
contrato, incurriendo en consecuencia en defecto orgánico, procedimental y
sustancial […]”.
[…]
“[…] El Consejo de Estado al anular el laudo arbitral, so pretexto de analizar una
causal in procedendo, invadió la competencia del tribunal arbitral sobre la
argumentación de su competencia para decidir el caso concreto, e impuso su criterio
in iudicando, que además es desacertado y constituye una violación del debido
proceso y acceso a la justicia de la sociedad Vías de Cali.
Le estaba vedado al Consejo de Estado pronunciarse sobre las razones de fondo e
interpretación que llevaron al Tribunal de Arbitramento a establecer y asumir la
competencia, en virtud la habilitación conferida por las partes y de su libertad en la
valoración de las pruebas del proceso […]”27.
27 Transcripción literal del texto.
22
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Actora: Vías de Cali S.A.S. en Liquidación
42. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por la actora ya
fue objeto de estudio por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, y la acción de tutela contra providencia judicial no constituye una instancia
adicional que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene
por objeto verificar si la autoridad accionada incurrió en la vulneración de derechos
fundamentales.
43. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea una afectación de sus
derechos fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente
legal y económico, el cual ya fue expuesto dentro del recurso extraordinario de
anulación de laudo arbitral y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que
no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda
vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.
44. Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedencia
de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente28:
“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en
el ejercicio del poder público”29, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con
autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas
del ordenamiento jurídico”30. Por tanto, en el evento en que se cuestione una
sentencia dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional
debe ser más estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos,
la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
29 Sentencia SU-050 de 2018.
30 Sentencia SU-354 de 2017.
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Actora: Vías de Cali S.A.S. en Liquidación
45. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia
de unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la
vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la
configuración de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el
cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia constitucional. A
juicio del máximo Tribunal de lo Constitucional es indispensable que el caso en
cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance
de la controversia “[…] no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales […]”.
46. Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte
en la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa
carece de relevancia constitucional porque la discusión planteada por la actora no
gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a lo
que se agrega que la actora no justificó el motivo por el cual dicha decisión
constituye una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.
47. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la actora aduce que
fueron desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, lo cierto es que no existe una mayor explicación
acerca de las razones por las cuales se afectó, en forma desproporcionada, el
núcleo esencial de los derechos fundamentales de la actora con ocasión de la
sentencia de 24 de abril de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
48. Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del
escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
antes transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la
controversia se encuentra limitado a asuntos legales y económicos cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
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Actora: Vías de Cali S.A.S. en Liquidación
49. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance
de contenido particular y meramente legal y económico, esto es así porque la
discusión y los argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar
la necesidad de protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de
tutela valide la tesis jurídica de la actora y, con ello, declare infundado el recurso
extraordinario de anulación interpuesto por el Distrito Especial, Deportivo, Cultural,
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali contra el laudo proferido
el 6 de octubre de 2022, sin que de esta discusión se pueda evidenciar una clara
trascendencia o relevancia constitucional.
50. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si
bien la actora enuncia la trasgresión de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, esa presunta afectación tiene
su origen en un debate estrictamente legal y económico.
Conclusiones de la Sala
51. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de
19 de febrero de 2024 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 19 de febrero de 2024 proferida
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
25
Núm. único de radicación: 110010315000202306604-01
Actora: Vías de Cali S.A.S. en Liquidación
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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