Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06607-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06607-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06607-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
22 de febrero de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06607-01
Demandante: Alexander Gutiérrez Quezada
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06607-01
Demandante: Alexander Gutiérrez Quezada
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Temas: Tutela contra providencia judicial emitida en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subsidio Familia de soldados
profesionales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada en contra de la sentencia del 23 de
noviembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que
declaró improcedente la acción de tutela.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Alexander Gutiérrez Quezada, por medio de apoderado, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al respecto de los derechos
adquiridos, a la prevalencia del derecho sustancial y a la seguridad jurídica.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06607-01
Demandante: Alexander Gutiérrez Quezada
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 9
de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicación 25307-33-33-002-2019-00282-01 y, en su lugar, que se
ordene al Tribunal proferir una nueva decisión en la que se declare que en el caso
no operó el fenómeno de la caducidad de los derechos reclamados y se concedan
las pretensiones de la demanda.
1.1.2. Los hechos
La apoderada del accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) El 27 de febrero de 2019, el señor Alexander Gutiérrez Quezada solicitó al Ejército
Nacional el reconocimiento del subsidio familiar, desde el 12 de diciembre de 2008,
momento en el que contrajo matrimonio y hasta el 31 de mayo de 2011, cuando se
presentó el retiro del servicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 del
Decreto 1974 del 2000.
ii) El 9 de mayo de 2019, a través del Oficio 193110862531, el Ejército Nacional negó
el pedimento.
iii) Consecuencia de lo anterior, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del Ejército Nacional en orden a que se declarara la nulidad del
mencionado acto y, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento, reajuste y pago
del subsidio familiar.
iv) Mediante sentencia del 30 de julio de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo de
Girardot accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, pues ordenó el
reconocimiento del subsidio familiar, pero ordenó aplicar la prescripción de derechos
causados con anterioridad al 27 de febrero de 2015.
v) A través de sentencia del 9 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, confirmó la decisión.
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Demandante: Alexander Gutiérrez Quezada
1.1.3. Los defectos invocados
En sentir de la apoderada del accionante, el fallo del Tribunal incurrió en los
siguientes vicios o defectos:
1.1.3.1. Desconocimiento de precedente jurisprudencial
i) El Tribunal desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado, en torno a la forma
en que opera la prescripción de derechos cuando se declara la nulidad de un acto
con efectos ex tunc, la cual ha sido reiterativa y pacífica en indicar que el conteo
inicia a partir del momento en que se hace exigible la reclamación del derecho, es
decir, con la decisión anulatoria que habilita al beneficiario perseguir su derecho.
ii) Así, en la sentencia del 21 de junio de 2001,1 se indicó que no era posible imponer
término de prescripción cuatrienal sobre los derechos reclamados, por dos factores,
el primero, por cuanto antes de la sentencia de nulidad, con efectos ex tunc, el acto
declarado nulo gozaba de plena presunción y la disposición impedía su exigibilidad,
lo que conllevaría a que no se le pudiera exigir al actor petición alguna, y por otro,
porque solo fue con la decisión anulatoria que el demandante se le habilitó para
acudir ante la jurisdicción contenciosa en procura de obtener el reconocimiento del
derecho solicitado. Dicha posición ha sido ratificada en varias ocasiones, a saber, en
las sentencias del 4 de octubre de 2007,2 del 21 de abril de 2016,3 el 27 de julio de
2017,4 y del 19 de abril de 2018.5
iii) En esos términos, se tiene, para el caso, que como la sentencia del 8 de junio de
2017, que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, quedó ejecutoriada el 8 de
septiembre de 2017, es a partir de esta fecha en que se habilitó el derecho para
reclamar ante la autoridad administrativa; y, comoquiera que el accionante elevó
1 Sentencia del 21 de junio de 200, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, en el expediente 25000-23-25-000-1998-03184-00 (3824-00).
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente 25000-23-25-000-2005-04230-01
(2281-06).
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, expediente 05001-23-31-000-2003-01220-01
(0239-14).
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, expediente 08001-23-33-000-2013-00561-01
(1146-15).
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente 25000-23-42-000-2013-03880-01
(2586-16).
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Demandante: Alexander Gutiérrez Quezada
petición el 27 de febrero de 2019, entre la fecha de ejecutoria de la providencia y la
fecha de reclamación, no trascurrieron los 4 años establecidos legalmente como
término de prescripción.
1.1.3.2. Defecto sustantivo.
i) Comoquiera que el accionante contrajo matrimonio con la señora Rubiela
Rodríguez García el 12 de diciembre de 2008, el derecho al reconocimiento del
subsidio familiar se consolidó en vigencia del artículo 11 del Decreto 1794 del 14 de
septiembre del 2000; sin embargo, solo le fue exigible por un lapso de 9 meses y 18
días, por cuanto el Decreto 3770 del 30 de septiembre de 2009, derogó el referido
aparte normativo.
ii) Ahora bien, el Decreto 3770 de 2009 se declaró nulo, con efectos ex tunc, en la
sentencia del 8 de junio de 2017, proferida por el Consejo de Estado, por lo que
operó la reviviscencia del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, a partir de la fecha
de ejecutoria de la providencia, lo cual ocurrió el 8 de septiembre siguiente.
iii) Quiere significar lo anterior que, entre el lapso de tiempo comprendido entre el 30
de septiembre de 2009 y el 8 de septiembre de 2017, el derecho a solicitar el
subsidio familiar bajo el amparo del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, no
resultaba exigible para los soldados profesionales y, en tal sentido, el término de
prescripción del derecho se encontraba suspendido.
iv) Durante el trámite judicial se indicó que solo fue con la sentencia del 8 de junio de
2017, proferida por el Consejo de Estado, que el derecho a solicitar el subsidio
familiar, conforme a las disposiciones del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, se
hizo nuevamente exigible y que, por ende, a partir del 8 de septiembre de 2017, se
reanudó el término de prescripción, el cual se interrumpió con la petición radicada
ante la entidad el 27 de febrero de 2019.
v) El derecho del accionante al reconocimiento del subsidio familiar bajo el amparo
del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, fue exigible por un lapso de 27 meses y 7
días, discriminados así: a) 9 meses y 18 días, transcurridos entre la fecha del
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matrimonio y la entrada en vigencia del Decreto 3770 de 2009; y b) 17 meses y 7
días, transcurridos entre la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del
Decreto 3770 de 2009 y la petición presentada.
vi) En suma, se tiene que el Tribunal no consideró que el entre el 30 de septiembre
de 2009 y el 8 de septiembre de 2017, el término de prescripción se encontraba
suspendido, al no ser exigible el reconocimiento; que solo a partir de la ejecutoria de
la sentencia se hizo exigible el derecho, y que la prescripción del derecho es
interrumpida con la presentación de la petición.
vii) En tal sentido, se debe concluir que no se configuró el término cuatrienal de
derechos reclamados, y que, por tanto, el reconocimiento, reajuste y pago del
subsidio familiar debe operar desde la fecha del matrimonio, es decir, a partir del 12
de diciembre de 2008, fecha del matrimonio, hasta el 29 de agosto de 2011, fecha de
retiro de la institución, sin imponer prescripción de los salarios percibidos.
1.2. Actuación procesal
El 31 de octubre de 2023, el consejero de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes
admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, como
demandados, así como a la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Girardot, como terceros
interesados en las resultas del proceso, para que dentro del término de dos días
rindieran informe; reconoció personería a la abogada Carmen Gómez López; tuvo
como pruebas en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les
corresponda, los documentos aportados por la parte actora con la solicitud de tutela;
y Ofició al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Girardot para que
remitiera copia física o digital del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 25307-33-33-002-2019-00282-00/01.
1.3. Contestación de la demanda
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1.3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A. El magistrado José María Armenta Fuentes solicitó declarar
improcedente la acción, dado lo siguiente:
i) El mecanismo de amparo no puede convertirse en una instancia adicional para que
las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios.
Además, los argumentos presentados por la parte actora están orientados a atacar el
criterio interpretativo del juez, lo cual, de acuerdo con reiterada jurisprudencia de la
Corte Constitucional, vicia la acción de tutela de improcedente, por desconocer el
principio de autonomía e independencia funcional de los jueces de la República.
ii) No es factible alegar la ocurrencia de una vía de hecho cuando la providencia
judicial encuentra fundamento en un determinado criterio jurídico o en una razonable
interpretación de las normas que son aplicables al caso, por cuanto tal situación
afectaría de manera grave los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial que, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley y
para fijarle en concreto su verdadero sentido y alcance.
1.3.2. EL Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Girardot. El
juez Juan Felipe Castaño Rodríguez solicitó denegar el amparo solicitado. Señaló
que las decisiones judiciales materia de censura se acompasaron a la normativa y
jurisprudencia aplicables y, además, atendieron al material probatorio obrante en el
plenario, debidamente descrito en las providencias confutadas, por lo que es del
caso remitirse íntegramente a su contenido.
1.3.3. La Nación-Ministerio de Defensa. La apoderada del Grupo Contencioso
Constitucional, Luz Francy Boyacá Tapia, solicitó rechazar la acción de tutela. Indicó
que el mecanismo de amparo no puede ser una tercera instancia para controvertir
decisiones adversas. Así, dado que el reproche versa sobre la interpretación de una
norma, para que se configure la violación alegada es necesario que la hermenéutica
que se considera violatoria de derechos fundamentales sea completamente
arbitraria, y por lo tanto violatoria de la Constitución, lo cual no ocurre en el caso,
toda vez que el Tribunal respetó lo contemplado en la jurisprudencia en torno al
reconocimiento del subsidio familiar y la prescripción cuatrienal.
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1.4. Sentencia impugnada
El 23 de noviembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró
improcedente la acción de tutela, dados los siguientes considerandos:
i) La controversia planteada carece de relevancia constitucional porque la discusión
expuesta por el accionante no gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de
un derecho fundamental, sino frente a la mera inconformidad con la decisión
adoptada por el juez natural del asunto. Si bien la parte actora aduce que le fueron
desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
acceso de la administración de justicia, lo cierto es que no existe un desarrollo
argumentativo en el que se expliquen las razones por las que considera que se
afectó en forma desproporcionada el núcleo esencial de esos derechos.
ii) La parte accionante no está poniendo de presente que en la providencia
censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que
fundamenta su inconformidad se sustenta, básicamente, en que la decisión adoptada
por el juez de segunda instancia no analizó correctamente la prescripción, reiterando,
para el efecto, los argumentos expuestos en el recurso de apelación, los cuales ya
fueron objeto de análisis por el juez natural de la causa.
1.5. Impugnación
El accionante, por intermedio de su apoderada, impugnó la sentencia de primera
instancia en orden a que se revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones de
tutela, reiterando lo expuesto en el libelo y agregando los siguientes:
i) En el libelo se sustentaron intrínsecamente los defectos alegados. La acción de
tutela pretende las protección de sus derechos fundamentales, al considerar que el
Tribunal aplicó erradamente la prescripción sobre los derechos reclamados,
desconociendo el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado relativo a la
forma como opera la aplicación de la prescripción en los casos en que se declara la
nulidad con efectos ex tunc de una norma, aunado a la no interpretación integra tanto
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de la sentencia de nulidad del 8 de junio de 2017, como de las normas que regulan el
caso en concreto. Por tanto razón, se argumentó ampliamente que la sentencia
cuestionada incurrió en defecto material o sustantivo y en desconocimiento de
precedente jurisprudencial.
ii) Defecto material o sustantivo. El Tribunal incurrió en un error en la forma de
contabilizar y computar la prescripción, pues no tuvo en cuenta que el derecho al
reconocimiento del subsidio familiar, de conformidad con el artículo 11 del Decreto
1794 del 2000, solo fue exigible por determinado tiempo, ya que este fue expulsado
del ordenamiento jurídico hasta que operó su reviviscencia tras declararse la nulidad
del Decreto 3770 de 2009.
iii) Desconocimiento de precedente jurisprudencial. El juez colegiado desconoció el
precedente del Consejo de Estado relativo en torno a la aplicación de la prescripción
para los casos que se declara la nulidad de determinado acto o norma con efectos ex
tunc, indicando que esta se debe contabilizar a partir de la ejecutoria de la
providencia judicial que declara la nulidad por ser la que otorga la certeza para acudir
a reclamar el derecho. Así y tras constatar que entre la fecha de ejecutoria de la
providencia y la de presentación de la petición inicial no transcurrió el término
acumulado indicados para declarar la prescripción, esta no se puede imponer y, por
tanto, el reconocimiento debe operar desde la fecha de consolidación del derecho,
pues la exigibilidad fue solo por 2 años, 3 meses y 7 días, hasta que se interrumpió
con la presentación de la petición.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20196, según el cual «Las tutelas que sean de competencia
del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
6Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
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magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Tercera de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 9 de marzo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la
adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al respecto de
los derechos adquiridos, a la prevalencia del derecho sustancial y a la seguridad
jurídica del accionante.
2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional7 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,8 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
7 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
8Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedencia del
amparo, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las
siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto
material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en
el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al
menos una de las anteriores causales o defectos.
2.4. Hechos probados
Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25307-33-33-
002-2019-00282-01, la Sala establece lo siguiente:
i) El señor Alexander Gutiérrez Quesada, por intermedio de apoderada judicial,
promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra la Nación-
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, en orden a que se declarara la nulidad del
Oficio 20193110862531 del 9 de mayo de 2019 y, a título de restablecimiento del
derecho, que se ordenara a la autoridad demandada a reconocer y pagar el subsidio
familiar dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
ii) El 30 de julio de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Girardot resolvió lo siguiente:
PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad del Oficio n°. 20193110862531 del 9 de mayo de 2019
proferido por la NACIÓN–MINISTERIO DE DEFENSA, EJÉRCITO NACIONAL, tanto en cuanto
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negó el reconocimiento al actor del subsidio familiar de que trata el canon 11 del
Decreto 1794 de 2000.
SEGUNDO: A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, DECLÁRASE que al señor
ALEXANDER GUTIÉRREZ QUEZADA […] le asistió derecho a percibir el subsidio familiar
establecido en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 a partir del 12 de diciembre de
2008 hasta la fecha de su retiro definitivo del servicio.
TERCERO: DECLÁRASE PROBADA la excepción de PRESCRIPCIÓN CUATRIENAL. En
consecuencia, NIÉGANSE las demás súplicas formuladas por la parte actora.
CUARTO: Sin condena en costas.
iii) El 9 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, confirmó la decisión.
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
2.5.1. Sobre la procedibilidad de la presente acción de tutela
La Sala encuentra cumplidos en el caso los requisitos de procedibilidad de la acción,
puesto que «el caso bajo estudio reviste suficiente relevancia constitucional», toda
vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia,9 previstos en los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política, pues
según los alegatos del accionante, no se realizó un adecuada interpretación
normativa y se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado en torno de los
efectos ex tunc de una sentencia de nulidad, eventos que de encontrarse acreditados
conducirían a encontrar lesivos los derechos fundamentales del actor.
De igual forma, «cumple con el requisito de subsidiariedad», dado que lo que se
cuestiona es una sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión
planteada dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y de los
hechos narrados no se evidencia que el caso se adecúe a alguna de las causales de
9 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó
su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el
acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando
para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
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revisión y de unificación de jurisprudencia previstas en los artículos 250 y 258 del
CPACA; y también «cumple con el requisito de inmediatez», pues la providencia objeto
de censura data del 9 de marzo de 2023, notificada por correo electrónico el 2 de
junio siguiente, y la presente acción de tutela fue remitida al correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado el 26 de octubre de 2023, esto es, en el
término de los seis meses señalados por esta corporación como prudencial para el
ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.10
Asimismo, se encuentra que el sub judice «no se cuestiona una irregularidad
procesal» sino el hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis
normativo y jurisprudencial; dentro del escrito de tutela «se identificaron
razonablemente los hechos y argumentos» frente a los cuales se alega vulneración,
pues la parte actora narró de manera clara los hechos sujetos a examen, los
derechos que estima vulnerados y adecuó sus alegatos a la configuración de los
defectos sustantivo y jurisprudencial; y «no se cuestiona una sentencia de tutela»,
sino la proferida dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.5.2. Sobre la procedencia del amparo invocado
Se controvierte en el caso la vulneración de los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al respecto de
los derechos adquiridos, a la prevalencia del derecho sustancial y a la seguridad
jurídica, con la decisión del Tribunal accionando de declarar probada la excepción de
prescripción cuatrienal y, por contera, negar el pago del subsidio familiar desde el 12
de diciembre de 2008 al 29 de agosto de 2011.
Alega la apoderada del accionante que, con la decisión del Tribunal i) se desconoció
la jurisprudencia del Consejo de Estado, en torno a la forma en que opera la
prescripción de derechos cuando se declara la nulidad de un acto con efectos ex
tunc, la cual ha sido reiterativa y pacífica en indicar que el conteo inicia a partir del
momento en que se hace exigible la reclamación del derecho, es decir, con la
10El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de
2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
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decisión anulatoria que habilita o permite al beneficiario perseguir su derecho, y, por
contera, ii) no considerar que entre el 30 de septiembre de 2009, fecha de entrada en
vigencia del Decreto 3770 de 2009, y el 8 de septiembre de 2017, fecha de ejecutoria
de la sentencia que declaró la nulidad de dicha normativa con efectos ex tunc, el
término de prescripción se encontraba suspendido, al no ser exigible el
reconocimiento, de manera que solo a partir de la ejecutoria de la sentencia se hizo
exigible el derecho, encontrándose interrumpida la prescripción del derecho en el
caso, con la presentación de la petición.
Pues bien, se advierte que para adoptar la decisión el Tribunal trajo a colación el
artículo 11 del Decreto 1794 del 14 de septiembre de 2000, que estableció el
derecho a devengar el subsidio familiar para los soldados profesionales en cuantía
del 4% del salario básico más el 100% de la prima de antigüedad, y la obligación de
reportar el estado civil del uniformado, así como el Decreto 3770 del 30 de
septiembre de 2009, que derogó la anterior normativa, dejando el subsidio familiar
vigente solo para aquellos soldados profesionales e infantes de marina profesionales
que a la fecha de entrada en vigencia del decreto lo estuvieran percibiendo.
Posteriormente, trascribió lo resuelto en la sentencia del 8 de junio de 2017, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso de simple
nulidad con radicación 11001-03-25-000-2010-00065-00 (0686-10), en la que se
declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, con efectos ex tunc, al encontrarlo
regresivo y discriminatorio; así como el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, en el
que se estableció que los derechos previstos en dicho Estatuto prescribían en cuatro
años, contados desde la fecha en que se hicieron exigibles.
Así, conforme a lo anterior, el juez colegiado abordó el estudio del caso, en los
siguientes términos:
A la luz de lo expuesto anteriormente, procede la Sala a resolver el problema jurídico
que plantea la presente discusión, por ende, se hace necesario precisar, que el
subsidio familiar previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, equivalente al
cuatro por ciento (4%) del salario básico mensual más la prima de antigüedad, el cual
alcanzaba un monto máximo del 62.5 % de la asignación básica, fue reconocido a los
soldados profesionales hasta el momento en que entró a regir el Decreto 3770 de
2009, y dada la derogatoria dispuesta en este último, entre el 30 de septiembre de
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2009 y el 1º de julio de 2014, a los soldados e infantes de marina profesionales no se
les reconoció subsidio familiar.
Descendiendo al caso concreto, se tiene que el señor Alexander Gutiérrez Quezada,
prestó servicio militar obligatorio desde el 2 de mayo de 1991 al 7 de noviembre de
1992, seguidamente como soldado voluntario DIPER desde el 18 de noviembre de 1992
al 31 de octubre de 2003, más tarde como soldado profesional DIPER del 1 de
noviembre de 2003 al 30 de mayo de 2011, momento en el cual se dio su retiro y
finalmente, los tres meses de alta desde el 31 de mayo de 2011 al 29 de agosto de
2011; que subsiguientemente el 12 de diciembre de 2008, contrajo matrimonio civil,
situación que le dio la oportunidad de impetrar el reconocimiento y pago del subsidio
familiar.
Ahora bien, de conformidad con el recuento normativo y la situación fáctica relacionada
en párrafos anteriores, resulta claro que ante la reviviscencia del artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, el demandante estaba cobijado por este Decreto, razón por la
cual, es acertada la decisión del A-quo al reconocer el subsidio familiar bajo este
estatuto.
Por otro lado, se evidenció que cuando el señor Gutiérrez Quezada causó el derecho
para acceder al subsidio familiar, esto es 12 de diciembre de 2008, estaba vigente el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, y según se dispuso en esta norma, el actor debía
reportado el cambio de estado civil al Comando de la Fuerza, no obstante, según se
encuentra probada en el expediente, solo se hizo la reclamación administrativa hasta el
27 de febrero de 2019; en este orden de cosas, se demostró que transcurrió el término
prescriptivo de 4 años establecido en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, desde
el momento en que se causó el derecho (12 de diciembre de 2008) y la fecha de
solicitud de reconocimiento del subsidio familiar, lo cual significa que se estructuró la
prescripción cuatrienal de la referida prestación social (27 de febrero de 2019).
Conforme a lo esbozado, resulta claro para esta Sala, que habrá lugar a confirmar la
sentencia impugnada, dejando en claro que operó el fenómeno de la prescripción y en
consecuencia no se accede a derecho laboral alguno.
Pues bien, el Tribunal precisó i) que el subsidio familiar previsto en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, se reconoció a los soldados profesionales desde el momento
en que la norma entró en vigencia hasta que entró a regir el Decreto 3770 de 2009,
esto es, entre el 14 de septiembre de 2000 y el 30 de septiembre de 2009; ii) que en
atención a la derogatoria del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, dispuesta en el
Decreto 3770 de 2009, a los soldados e infantes de marina profesionales no se les
reconoció subsidio familiar entre el 30 de septiembre de 200911 y el 1º de julio de
2014,12 y iii) que ante la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009, el artículo
11 del Decreto 1794 de 2000 cobró reviviscencia
11 Fecha de entrada en vigencia del Decreto 3770 de 2009.
12Toda vez que el artículo 1 del Decreto 1161 de 2014, creó a partir del 1° de julio del 2014, el
subsidio familiar para aquellos soldados profesionales e infantes de marina profesionales que no lo
percibieron a la luz de los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009.
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En ese contexto, encontró que ante la reviviscencia del artículo 11 del Decreto 1794
de 2000, el demandante estaba cobijado por este Decreto, y que, por tanto, tenía
derecho al reconocimiento del subsidio familiar durante el lapso solicitado, esto es,
entre el 12 de diciembre de 2008, momento en el que contrajo matrimonio, y el 31 de
mayo de 2011, cuando se retiró del servicio. Sin embargo, como dicha normativa le
exigía, para dichos efectos, el reporte del cambio del estado civil ante el Comando de
las Fuerzas Militares, lo cual solo reportó hasta el 27 de febrero de 2019, cuando
hizo la reclamación administrativa, en el caso transcurrió el término prescriptivo de 4
años, establecido en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990.
Vistos los presupuestos del caso, la Sala evidencia que la providencia controvertida
no vulneró derechos fundamentales, según se pasa a explicar:
En la sentencia del 8 de junio de 2017, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B,13 declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, con efectos ex tunc,
fundado en los siguientes argumentos:
[…] Para la Sala es claro que los soldados profesionales tuvieron reconocido el
derecho objetivo al subsidio familiar por razón o con ocasión de la previsión contenida
en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, y que contrario a lo dicho por las entidades
demandadas en sus escritos de defensa, este derecho fue revertido, eliminado y
suprimido por virtud de lo normado en el artículo 1 del Decreto 3770 de 2009, acto
posterior que al derogar la disposición que lo reconocía cesó por completo su vigencia
al expulsarla del ordenamiento jurídico.
Salta a la vista entonces que las disposiciones contenidas en el Decreto 3770 de 2009,
en la medida en que desalojan del universo jurídico el derecho objetivo a la prestación
del subsidio familiar para los soldados profesionales, constituyen per se un retroceso.
Se trata de normas regresivas que afectan el derecho al trabajo y a la seguridad social
de estos integrantes de las fuerzas militares, y por tanto, deben ser consideradas como
inconstitucionales prima facie. […]
En conclusión, la medida incorporada al ordenamiento jurídico mediante el Decreto
3770 de 2009, que suprime el reconocimiento al derecho prestacional del subsidio
familiar a los soldados profesionales al revocar el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
se constituye en regresiva y por tanto carente de legalidad, al no solamente contravenir
los principios y normas en los que debería fundarse, sino también porque no es
compatible con el contenido esencial de los derechos a la protección y seguridad
social, al trabajo, y a la seguridad jurídica, toda vez que su objeto no se encuentra
dirigido a promover el bienestar general de los soldados profesionales como
integrantes de la fuerza pública en una sociedad democrática.
13 Expediente con radicado 11001-03-25-000-2010-00065-00 (0686-10),
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Además del análisis efectuado fundado en el juicio de razonabilidad de la medida
regresiva cuestionada, esta Subsección considera que, con base en la cláusula del
Estado Social de Derecho, resulta imperativo favorecer en su decisión la vigencia de la
norma de derecho social de mayor alcance, acogiéndose a la regla hermenéutica que
rige en materia de derechos sociales, in dubio pro justitia socialis, e interpretar las
normas a favor de los soldados profesionales, por cuanto que al serle aplicadas con
este sentido consiguen o tienden a alcanzar el «bienestar», esto es, las condiciones de
vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a su
excelsa dignidad.
Contra dicha decisión, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el
Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
presentaron solicitudes de aclaración y adición, que fueron negadas mediante auto
del 8 de septiembre de 2017, dado lo siguiente:
[…] De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto
3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de
vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia de
regulación particular y específica respecto de situaciones jurídicas no consolidadas
desde el momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto
1161 de 2014, que permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros
días, por cuanto que no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por ninguna de las
vías legalmente establecidas.
Entonces, se tiene que con ocasión de la declaratoria de nulidad del Decreto 3770
del 30 de septiembre de 2009, con efectos ex tunc, se revivieron las disposiciones
previstas en el artículo 11 del Decreto 1794 del 14 de septiembre de 2000,
restituyéndose sus efectos con el fin de evitar tanto la existencia de vacíos
normativos como la inseguridad jurídica generada por la ausencia de regulación
particular y específica respecto de situaciones jurídicas no consolidadas, esto es, de
situaciones que estuvieran en discusión en sede administrativa o judicial desde la
promulgación del Decreto 3770 del 30 de septiembre de 2009 hasta cuando este fue
subrogado por el Decreto 1161 del 24 de junio de 2014.
En ese entendido, se tiene que el reconocimiento del subsidio familiar para soldados
profesionales que contrajeron matrimonio o declararon su unión marital de hecho
entre el 14 de septiembre de 200014 y junio de 2014,15 se entiende regido, en
14 Fecha de vigencia el Decreto 1794 de 2000
15 Fecha en que el artículo 1 del Decreto 1161 de 2014 creó el subsidio familiar para los soldados
profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares en servicio activo, que no
percibieron el regulado en los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009.
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principio, por el Decreto 1794 de 2000; sin embargo, para que ello opere, esto es,
para que los efectos ex tunc de la sentencia de nulidad se apliquen, en un todo, se
requiere del hecho de que la situación jurídica no estuviera consolidada, por estar en
discusión.
Sobre los efectos ex tunc de una sentencia de nulidad, el Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión 9, se pronunció en los siguientes términos: «Los efectos ex tunc
solo pueden predicarse de situaciones jurídicas particulares que no están
consolidadas, es decir, de aquellas que surgieron en virtud del acto declarado nulo,
pero que aún no se han definido, porque se encuentran cuestionadas en sede
administrativa o judicial».16
En el sub examine se alega que el Tribunal no interpretó el contenido de la norma
con los efectos ex tunc de la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009, esto
es, que no realizó un efectivo análisis sobre el evento de que al no existir normativa
que previera el derecho al reconocimiento del subsidio familiar y, por contera,
impusiera al soldado profesional la obligación de informar a la autoridad empleadora
sobre el cambio de su estado civil para efectos del reconocimiento del subsidio,
resultaba procedente el reconocimiento, reajuste y pago de la prestación entre la
fecha en que contrajo matrimonio, 12 de diciembre de 2008, y la fecha en que se
retiró del servicio, 29 de agosto de 2011.
La Sala disiente de tal apreciación, pues el juez colegiado advirtió, válidamente, que
la normativa que le era aplicable le imponía la obligación del reporte de su estado
civil ante la autoridad empleadora para efectos de consolidar el derecho y, en el
caso, pese a que el demandante contrajo matrimonio el 12 de diciembre de 2008,
solo reportó su estado civil a la entidad hasta el 27 de febrero de 2019, cuando
realizó la reclamación administrativa.
La situación jurídica del señor Alexander Gutiérrez se consolidó cuando informó al
comando del Ejército Nacional sobre el cambio de su estado civil, esto es, a partir del
27 de febrero de 2019, lo que quiere decir que, no existió discusión sobre la
16 Sentencia del 13 de agosto de 2021. Expediente 66001-33-33-001-2012-00141-01. Mecanismo de
revisión eventual.
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consolidación del derecho, de acuerdo con lo exigido en el artículo 11 del Decreto
1794 del 14 de septiembre de 2000, para efectos de requerir los efectos ex tunc de la
sentencia de nulidad del Decreto 3770 de 2009.
En este contexto, tampoco se advierte desconocida la jurisprudencia traída a
colación, pues aunque es cierto que en ella se establece, diáfanamente, que es a
partir de la ejecutoria de la sentencia anulatoria en que se hace exigible la obligación,
no lo es menos que, para que opere el derecho reclamado se deben cumplir con
todos los presupuestos y/o requisitos dispuestos en la norma y, en el caso, tal como
lo concluyó el Tribunal, el accionante solo cumplió con la obligación de reporte de su
estado civil hasta el 27 de febrero de 2019, para efectos de consolidar el derecho.
De manera que la sentencia estuvo suficientemente argumentada en cuanto a lo
demandado por el señor Alexander Gutiérrez y acató la normativa aplicable, sin que,
de otra parte, se hubiera acreditado un trato discriminatorio ni el desconocimiento de
sus derechos fundamentales, lo que descarta la vulneración alegada.
A su turno, se tiene que los cuestionamientos presentados por el accionante en torno
al defecto sustantivo endilgado se materializan en alegatos de instancia dirigidos a
controvertir la interpretación acogida por el juzgador para analizar el caso, evento
que al juez de tutela no le corresponde definir, pues el mecanismo de amparo no es
una tercera instancia para ello.
Conviene reiterar que la interpretación jurídica y las consideraciones hechas por el
juez natural deben ser respetadas por el juez de tutela, a quien no le es dable
desconocer las decisiones por él adoptadas dentro del ámbito de sus competencias,
salvo que resulte palmaria la vulneración de derechos fundamentales, lo que en el
presente caso no se halló probado.
El Tribunal consideró, de manera diáfana, que si bien el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000, recobró vigencia debido a la declaración de nulidad con efectos ex tunc del
Decreto 3770 de 2009, en la norma se establece que el requisito para el
reconocimiento del subsidio familiar es a partir del momento en que el soldado
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reclamante reporta el cambio de su estado civil, para efectos de consolidar el
derecho, lo cual, se itera, en el caso solo ocurrió hasta el 27 de febrero de 2019.
Se tiene aceptado que no corresponde al juez constitucional establecer a qué
conclusión debió llegar la autoridad judicial accionada, sino señalar si la providencia
atacada presenta un grave déficit de motivación que la deslegitime como tal, 17 razón
por la cual su competencia «se activa únicamente en los casos específicos en que la
falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de
voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad».18
En este estado de cosas, es preciso concluir que la sentencia enjuiciada sustentó
con suficiencia -conforme a la normativa y jurisprudencia aplicable- la pretensión
relacionada con el reconocimiento del subsidio familiar, sin que, de otra parte, se
hubiere demostrado que la actuación estuviera incursa en alguna causal que vulnere
los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, o que el ejercicio de la
autonomía e independencia judicial de las que está investido el juez de la causa,
hubiere sido desbordada.
En ese orden, se encuentra que el Tribunal analizó las particularidades del caso y
presentó conclusiones ajustadas a derecho que no configuran la existencia de los
defectos endilgados; de aquí que la Sala no advierta la vulneración de derechos
fundamentales en el sub judice.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos, la Sala revocará la sentencia impugnada, que
declaró improcedente la acción y denegará el amparo de los derechos
fundamentales invocados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
17 Corte Constitucional, Sentencia T-247 de 2006.
18 Corte Constitucional , Sentencia T-709 de 2010.
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F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 23 de noviembre de 2023, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela.
En su lugar, se dispone:
Segundo. Denegar el amparo solicitado por el señor Alexander Gutiérrez Quezada,
de acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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