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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-06610-01

Acción de tutela: fallo de Segunda Instancia

Fecha
13 de febrero de 2024
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-06610-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de 23 de noviembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta, en el sentido de negar el amparo solicitado por el señor Jhon Henry Ruiz Ortiz, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. - Por Secretaría, remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 20 Radicado: 11001-03-15-000-2023-06610-01 Demandante: Jhon Henry Ruiz Ortiz Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Fallo Tutela – Segunda Instancia Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-06610-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

13 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06610-01
Actor: Jhon Henry Ruiz Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

ACCION DE TUTELA – Fallo de Segunda Instancia.

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Jhon Henry Ruiz Ortiz,
actuando a través de su apoderada judicial, contra la sentencia de 23 de noviembre
de 2023, proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta, por medio de la cual
se declaró improcedente el amparo de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud y las pretensiones

El señor Jhon Henry Ruiz Ortiz, actuando a través de su representante judicial, en
ejercicio de la acción de tutela, solicitó la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y al trabajo, que estimó
vulnerado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de
Decisión, al proferir la sentencia de 31 de agosto de 2023, que revocó la decisión
de 2 de mayo de 2023, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Cali, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
número 2022-00003-01.

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06610-01
Demandante: Jhon Henry Ruiz Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Fallo Tutela – Segunda Instancia

En el escrito de tutela la parte actora solicita:

“(…) 1. Que se tutele el derecho al DERECHO DE AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD,
A LA SEGURIDAD SOCIAL, DERECHO AL TRABAJO del señor JHON HENRY RUIZ ORTIZ.

2. Que se deje sin efecto la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA-SALA SEGUNDA, el 31 de agosto de 2023 y en su lugar se ordene,
EMITIR una nueva providencia en la que confirme la sentencia No 080 proferida por el JUZGADO
SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI el 02 de mayo de 2023”. (Sic)

2. Hechos

La parte actora expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se resumen
a continuación:

Informó que mediante acto administrativo No. 1197 de fecha 24 marzo de 2009, se
vinculó con la Universidad del Valle, como vigilante de la institución, a partir del 1
de abril de 2009,

Manifestó que ha laborado horas extras, diurnas y nocturnas, dominicales y festivos,
superando la jornada máxima de 44 horas establecida en el Decreto 1042 de 1978.

Expuso que el 21 de junio de 2021, solicitó a la entidad educativa, la reliquidación
de sus salarios y prestaciones sociales con base en las horas efectivamente
laboradas. Sin respuesta alguna.

Aseveró que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Universidad del Valle, con el objeto de (i) que se declare la nulidad del acto
administrativo ficto o presunto proferido por la entidad demandada, que resolvió de
manera negativa la solicitud elevada el 21 de junio de 2021; (ii) la reliquidación del
salario y las prestaciones sociales con base en las horas efectivamente laboradas.
(iii) el reconocimiento y pago de la reliquidación de las horas extra nocturnas,
festivas diurnas, festivas nocturnas, dominicales y/o festivas y el recargo nocturno
tomando como base 190 horas mensuales; (iv) la reliquidación de los factores
salariales percibidos por el accionante desde el momento de su vinculación, las
cesantías e intereses de estas, la prima de servicios y las vacaciones con la debida
indexación y; (iv) a título de restablecimiento del derecho, que se reconociera y

2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06610-01
Demandante: Jhon Henry Ruiz Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Fallo Tutela – Segunda Instancia

pagara la totalidad de las diferencias causadas por concepto de aportes a seguridad
social y los intereses de mora por la totalidad de las sumas debidas desde la fecha
de la ejecutoria de la sentencia, hasta el momento del pago.

Sostuvo que el conocimiento en primera instancia correspondió al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Cali que, mediante sentencia de 2 de mayo
de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Afirmó que la institución educativa interpuso recurso de apelación desatado por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que con sentencia de 31 de agosto de
2023 revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda.

2.1 Consideraciones de la parte actora

Manifestó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y al trabajo al
incurrir en vía de hecho por:

Defecto fáctico: comoquiera que el tribunal afirmó que el extremo activo no
cumplió con la carga probatoria exigida por el artículo 167 de CGP con el propósito
de acreditar el no pago de las horas correspondientes al trabajo complementario y
las inexactitudes invocadas en la liquidación.

Defecto procedimental (sustantivo)1: porque el demandado concluyó que de
conformidad con el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, la jornada laboral, en el
caso de la labor de vigilancia, permite un margen de 66 horas semanales, por
cuanto ello desconoce el artículo 1° del Decreto 85 de 1986 que establece la
jornada en 44 horas a la semana.

Asimismo, argumentó que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta la
sentencia C-1063 de 2000, que indica que la jornada laboral aplicable a los

1
Aunque la parte actora lo argumentó como defecto procedimental, lo cierto es que se ajusta a los lineamientos del defecto
sustantivo.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06610-01
Demandante: Jhon Henry Ruiz Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Fallo Tutela – Segunda Instancia

empleados públicos del orden territorial es la misma que se aplica en el nivel
nacional.

Desconocimiento del precedente: toda vez que el Tribunal accionado no tuvo en
cuenta las sentencias proferidas por esa autoridad judicial en los procesos
tramitados por casos similares2, en los que señaló que la fórmula que se debe
emplear para determinar el valor de la hora ordinaria es la de 190 horas y no 220
horas, como ocurrió en su caso.

3. Trámite procesal

El Consejo de Estado – Sección Quinta, mediante auto de 31 de octubre de 2023,
admitió la demanda y ordenó la notificación a la autoridad judicial accionada, esto
es, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, ordenó la vinculación del
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali, y la Universidad del Valle del
Cauca.

4. Informe de las entidades accionadas

4.1 La Universidad del Valle, manifestó que la solicitud de amparo de la referencia
es improcedente en atención a que los argumentos expuestos en la demanda tutelar
no plantean una discusión en torno al análisis de derechos fundamentales, sino a
un debate que ya fue zanjado por los jueces del proceso ordinario.

4.2 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Cali, se limitaron a enviar el expediente ordinario
de la referencia sin pronunciarse sobre los hechos y consideraciones de la
demanda.

5. La providencia impugnada

El Consejo de Estado – Sección Quinta, mediante sentencia de 23 de noviembre
de 2023, declaró improcedente la acción de tutela, bajo los siguientes argumentos:

2
19001333100320130032801, 76001333300120220001701, 76001-3333-001-2022- 00222-01 y 76001-33-33-006-2022-
00034-01.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06610-01
Demandante: Jhon Henry Ruiz Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Fallo Tutela – Segunda Instancia

Indicó que el asunto no satisface el requisito de relevancia constitucional, en tanto
que no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-215 de 2022.

Afirmó que el demandante pretende utilizar como instancia adicional al proceso
contencioso administrativo la solicitud de amparo y explicó que no observa que las
inconformidades del señor Jhon Henry Ruiz Ortiz contengan la carga argumentativa
requerida.

Al respecto, señaló que, al tratarse de una tutela contra providencia judicial, es
indispensable que el accionante, además de identificar los yerros de los cuales
adolece la decisión, así como las garantías superiores que considera vulneradas,
exponga con suficiencia las razones del por qué el asunto implica la intervención
del fallador de esta sede.

Concluyó que lo planteado por la parte actora fue zanjado por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en la providencia objeto de reproche, sin que la
simple discrepancia en relación con las conclusiones a las que se llegaron sea
suficiente para justificar la interposición del mecanismo de la referencia.

6. La impugnación

La parte accionante solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia y la
prosperidad de sus pretensiones, reiterando los argumentos expuestos en el escrito
de tutela relacionados con la configuración de una vía de hecho por
desconocimiento del precedente jurisprudencial y los defectos fáctico y sustantivo.

Expresó que no pretende buscar una tercera instancia, pues el objeto es evitar un
perjuicio irremediable frente a sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad social, al trabajo y de acceso a la administración de justicia.

Alegó que la Universidad del Valle, como empleador del accionante, no liquidó en
debida forma las horas extras, lo que conlleva que tampoco se esté liquidando en
debida forma los aportes al Sistema General en Seguridad Social en Pensión

5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06610-01
Demandante: Jhon Henry Ruiz Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Fallo Tutela – Segunda Instancia

afectando a futuro su pensión de vejez.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de
primera instancia en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el artículo 25 del Acuerdo Nº 080 de 12 de marzo de
20193.

2. Problema jurídico

La Sala debe decidir si revoca la decisión de primera instancia proferida por el
Consejo de Estado – Sección Quinta, mediante la cual declaró improcedente la
solicitud de tutela promovida por el señor Jhon Henry Ruiz Ortiz; en tanto, como lo
alega la parte demandante, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al emitir
la sentencia del 31 de agosto de 2023, vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y al trabajo, al incurrir en vía de
hecho por desconocimiento del precedente judicial en que debería fundarse,
defecto fáctico y sustantivo.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada
y uniforme de la Corte Constitucional4 y el Consejo de Estado5 ha sido admitir su
procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de

3
Reglamento Interno del Consejo de Estado
4
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-
852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001,
T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de
2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889
de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014,
T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
5
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso A dministrativo el 5 de agosto
de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos
Alimenticios S.A.
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Fallo Tutela – Segunda Instancia

procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia
(defectos).

Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de
1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los
eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue
redefinida por la misma Corporación a través de la sentencia C-590 de 2005,
decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo
constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia del Doctor Jorge Octavio Ramírez,
precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y
cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los
requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional. Así:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la
acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute
tiene relevancia constitucional; (ii) Se agotaron todos los medios de defensa judicial
con los que cuenta la persona afectada; (iii) Se cumple el requisito de inmediatez;
(iv) no se argumentó una irregularidad procesal; (v) Se expresaron de manera clara
los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y; (vi) La
providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de
tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede
incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes6: a) Defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de competencia; b) Defecto procedimental, el cual
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido;
c) Defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio
obrante en el expediente para proferir decisión; d) Defecto material o sustantivo, el
cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas

6
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
7

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inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) Error inducido, cuando
la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) Decisión sin motivación; g)
Desconocimiento del precedente judicial y h) Violación directa de la Constitución
Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas, podrá ser razón suficiente para conceder el amparo
constitucional.

3.1 El desconocimiento del precedente

Para la Corte Constitucional el desconocimiento del precedente consiste en que
una autoridad judicial modifique su posición frente a determinado asunto, o se
separe del criterio establecido por su superior jerárquico, haciendo caso omiso al
precedente en la materia, y aún más, que a pesar de reconocer la existencia de
éste, se aparte total o parcialmente del mismo sin cumplir con la carga
argumentativa que le corresponde en esos casos, toda vez que con ese proceder
se desconocen principios de relevancia constitucional como la igualdad, la
seguridad jurídica, la confianza legítima, entre otros, que están directamente
relacionados con el respeto del precedente.

Sobre el particular, en la sentencia T-446 de 2013 la Corte Constitucional señaló :

[…] es la ratio decidendi que es la base jurídica directa de la sentencia, el precedente judicial
que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes y debe ser aplicado para
resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el conjunto de argumentos jurídicos
que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar la decisión adoptada a la
luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi expresada en el
precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no puede ser
desconocido por los jueces.

Ahora bien, es importante resaltar que la jurisprudencia ha distinguido entre precedente
horizontal y precedente vertical para explicar, a partir de la estructura orgánica del poder
judicial, los efectos vinculantes del precedente y su contundencia en la valoración que debe
realizar el fallador en su sentencia. En este sentido, mientras el precedente horizontal supone
que, en principio, un juez –individual o colegiado- no puede separarse del precedente fijado
en sus propias sentencias; el precedente vertical implica que los jueces no se pueden apartar
del precedente establecido por las autoridades judiciales con atribuciones superiores,
particularmente por las altas cortes.

8

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En esta óptica, la Corte ha reconocido que es preciso hacer efectivo el derecho a la igualdad,
sin perder de vista que el juez goza de autonomía e independencia en su actividad, al punto
que si bien está obligado a respetar el precedente fijado por él mismo y por sus superiores
funcionales, también es responsable de adaptarse a las nuevas exigencias que la realidad
le impone y asumir los desafíos propios de la evolución del derecho.

En consecuencia, un juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o vertical
si (i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme al cual sus
superiores funcionales o su propio despacho han resuelto casos análogos, pues “sólo puede
admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia” (requisito de
transparencia); y (ii) expone razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico
y los supuestos fácticos del caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que
significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta
necesario demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente para
resolver el caso nuevo (requisito de suficiencia). Satisfechos estos requisitos por parte del
juez, en criterio de la Corte, se entiende protegido el derecho a la igualdad de trato ante las
autoridades y garantizada la autonomía e independencia de los operadores judiciales […]”7.

Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio
de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Y en caso de
que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación
a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia
y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela.

3.2 El defecto fáctico

Conforme a la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico, en una dimensión
negativa, se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria ejercida por
el juez se presenta la omisión de la “(…) valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez (…)”8. En esta situación
se incurre “(…) cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración,
o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente (…)”9.

En una dimensión positiva, el defecto fáctico ocurre cuando el juez, por ejemplo,
“(…) aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas (…)”10, de conformidad con el artículo 29 de la

7
Sentencia de 11 de julio de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
8
Corte Constitucional Sentencia T-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
9
Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán
Sierra).
10
Sentencia T-538 de 1994.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06610-01
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Fallo Tutela – Segunda Instancia

Carta Política. En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de
tutela por vía de hecho cuando ostensiblemente aparece arbitraria la valoración
probatoria realizada por el Juez. Por tanto, el error en el juicio valorativo de la
prueba:

“(…) Debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener
una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce
de un asunto, según las reglas generales de competencia. (…)” 11.

En lo que respecta al supuesto fáctico por indebida valoración probatoria, ha dicho
la Corte que este se configura, entre otros, en los siguientes casos:

“(…) (i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico
debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base
en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo
probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia
probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas
manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un
proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido
en el proceso; (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan
con soporte probatorio dentro del proceso y (vi) cuando no valore pruebas debidamente
aportadas en el proceso. (…) 12.

Como se observa, el defecto fáctico por indebida valoración probatoria no solo se
ocupa del examen que realiza el juez sobre el material probatorio aportado con el
proceso, sino que además abarca toda la actividad probatoria que aquél despliega
para intentar acreditar o desacreditar los hechos de la demanda.

Sin embargo, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo probatorio
dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. En
primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez
natural, impiden que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del
material probatorio.

Así, la Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo que
hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor

11
Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo
Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
12
Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 7 de marzo de 2013. MP. Alexei Julio Estrada.
10

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06610-01
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y trascendencia. Por tal razón, tampoco es procedente la acción constitucional,
cuando se encamina a obtener una evaluación de la actividad de valoración
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.3 El defecto sustantivo

La jurisprudencia Constitucional ha considerado que el funcionario judicial incurre
en defecto sustantivo cuando: “(…) (i) la decisión impugnada se funda en una
disposición que ha sido derogada, subrogada o declarada inexequible; (ii) la
aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto
desconoce la sentencia con efectos erga omnes que ha definido su alcance; (iii) la
decisión impugnada se funda en una disposición que indiscutiblemente no es
aplicable al caso; (iv) cuando la norma pertinente para el asunto en concreto es
desatendida y, por ende, inaplicada; (v) se interpreta una disposición normativa
desbordando el sentido de la misma; y (vi) la interpretación de ésta se hace sin tener
en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar
una interpretación sistemática (…)”.

La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 2006 al referirse a la limitación del
principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas,
consideró:

“[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios
judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e
interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de
autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta
a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la
autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso
concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de
interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse
de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con
sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de
forzosa aplicación […]”.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06610-01
Demandante: Jhon Henry Ruiz Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Fallo Tutela – Segunda Instancia

En las sentencias T- 092 de 2008 y T-686 de 2007 la Corte Constitucional, indicó:

“[…] una decisión judicial adolece de un defecto material o sustantivo en los
siguientes eventos (…) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo
que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o perjudicial
para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada) […]”.

4. Caso concreto

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

Contrario a lo señalado por el a quo, la Sala advierte que la cuestión que se discute
reviste relevancia constitucional, toda vez que los defectos alegados pueden llevar
consigo una violación de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad social y al trabajo, los cuales constituyen bienes jurídicos
constitucionalmente amparados.

No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los cuales
el accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados, pues se
adelantaron las correspondientes instancias dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y no se configura ninguna de las causales del recurso
extraordinario de revisión.

La Sala observa que la solicitud de amparo cumple con el requisito de inmediatez,
pues la Sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y que hoy se cuestiona en tutela, esto es, la providencia de 31 de
agosto de 2023, se notificó a las partes por correo electrónico el 22 de septiembre
de 2023 y la demanda de tutela se presentó el 26 de octubre de 2023, es decir, en
un término prudencial.

Adicionalmente, se tiene que el accionante plantea de forma clara los hechos por
los cuales considera que se vulneraron sus derechos fundamentales; y que la
providencia que se cuestiona en el asunto de la referencia no fue proferida dentro
12

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06610-01
Demandante: Jhon Henry Ruiz Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Fallo Tutela – Segunda Instancia

de una acción de tutela, sino que se dictó dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

4.2 Análisis de las causales específicas de procedibilidad

El señor Jhon Henry Ruiz Ortiz, plantea la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y al trabajo,
porque considera que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la
sentencia de 31 de agosto de 2023, que revocó la decisión de 2 de mayo de 2023,
proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Cali, incurrió en vía de hecho por
desconocimiento del precedente judicial en que debería fundarse, defecto
sustantivo y fáctico.

Argumentó que el Tribunal accionado no tuvo en cuenta las sentencias proferidas
por esa autoridad judicial en los procesos tramitados por casos similares 13, en los
que señaló que la fórmula que se debe emplear para determinar el valor de la hora
ordinaria es la de 190 horas y no 220 horas, como ocurrió en su caso.

Asimismo, alegó la configuración de un defecto fáctico comoquiera que el tribunal
afirmó que el extremo activo no cumplió con la carga probatoria exigida por el
artículo 167 de CGP con el propósito de acreditar el no pago de las horas
correspondientes al trabajo complementario y las inexactitudes invocadas en la
liquidación.

Finalmente, planteó un defecto sustantivo al considerar que la autoridad judicial
accionada desconoció que la norma contenida en el artículo 1 del Decreto 85 de
1986, establece que la jornada laboral es de 44 horas semanales. En el mismo
sentido, que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta la sentencia C-1063
de 2000, que indica que la jornada laboral aplicable a los empleados públicos del
orden territorial es la misma que se aplica en el nivel nacional.

13
19001333100320130032801, 76001333300120220001701, 76001-3333-001-2022- 00222-01 y 76001-33-33-006-2022-
00034-01.
13

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06610-01
Demandante: Jhon Henry Ruiz Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Fallo Tutela – Segunda Instancia

Como ya se puso de presente, para la Sala, este asunto supera el requisito de
relevancia constitucional, por cuanto que de manera efectiva, los hechos relatados
en la solicitud de amparo podrían comprometer los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y al trabajo de la parte actora,
de suerte que, con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera
pertinente revisar los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, en la decisión de 31 de agosto de 2023, en la que consideró lo siguiente:

“(…) En el caso concreto, la discusión se centra en determinar la forma legal en que
la entidad demandada, debe liquidar el valor de la hora laboral ordinaria para efectos
del pago de trabajo suplementario.

Para dicho efecto como quedó reseñado en líneas precedentes, se debe tener en
cuenta, que el salario está compuesto por diferentes factores más allá de la simple
retribución por los servicios prestados.

Aunado a lo anterior, ciertamente para determinar el valor de la hora laboral no es
posible desconocer que, el valor de los días de descanso obligatorio, son pagados
por el empleador, aunque no sean contabilizados dentro de los limites legales de la
jornada laboral.

Deviene entonces, que como lo refiere la defensa de la Universidad del Valle, el
salario o asignación básica mensual en Colombia se encuentra compuesta para
efectos de contabilización de las horas de trabajo y los días de descanso
remunerados, y en tal dirección, el tener solo en cuenta las horas máximas legales
para liquidar el valor de la hora de trabajo desconoce los componentes adicionales
del salario o asignación básica, en detrimento del empleador.

Ahora bien, como vimos en líneas anteriores, el artículo 33 del Decreto 1042 de
1978, precisa para las actividades de vigilancia una jornada máxima de 12 horas
diarias, sin que exceda un límite de 66 horas a la semana.

Encontrándose vigente la regulación de una jornada de trabajo de doce (12) horas
diarias sin que en la semana exceda un límite de sesenta y seis (66) horas para los
empleados cuyas funciones impliquen actividades de simple vigilancia como los
Celadores de la Universidad del Valle, quienes desempeñan funciones de
empleados públicos del orden territorial; se tiene entonces que existe en la
actualidad regulación especial de aplicación obligatoria.

Así las cosas, la ley expresamente permite a los Celadores una jornada semanal de
hasta 66 horas, y, por ende, cuando la Universidad demandada ha aplicado la
fórmula aritmética para la liquidación y pago de horas extras, dividendo el valor del
salario sobre 220 horas, lo ha hecho ajustada a la norma y en cumplimiento de los
preceptos aplicables, sin que ello haya indicado vulneración legal alguna dentro del
marco de la autonomía universitaria.
14

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06610-01
Demandante: Jhon Henry Ruiz Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Fallo Tutela – Segunda Instancia

En efecto, el material probatorio previamente descrito, muestra que la Universidad
del Valle, cumplió con la regulación de la jornada laboral dentro de un límite de 190
horas, aun cuando la ley la faculta para ampliar ese tiempo y a cada empleado le ha
asignado hasta el límite de horas extras establecido en la norma, por tanto, no se
avizora que la Universidad tenga pagos en dinero o días compensatorios pendientes
de cancelar al actor, porque la Universidad le remuneró al demandante las horas
ordinarias, extras y sus respectivos recargos de forma correcta.

Además, ciertamente la parte demandante, no presentó un detalle pormenorizado
de las presuntas horas que reclama como impagadas, ni acreditó las supuestas
inexactitudes invocadas para la pretendida reliquidación.

Recuérdese que de conformidad con el artículo 167 del C.G.P. “incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen”, carga que no se cumplió por el demandante.

Por todo lo hasta aquí discurrido, se revocará la sentencia de primera instancia que
accedió parcialmente a las súplicas del libelo. En su lugar, se despacharán
negativamente las pretensiones de la demanda (…)”

Revisado el contenido de la providencia acusada, la Sala observa que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de determinar si el señor Jhon Henry
Ruiz Ortiz, tiene derecho a la reliquidación de las horas extras y de los recargos
nocturnos, dominicales y festivos, devengados como consecuencia de su
desempeño en el cargo de celador de la Universidad del Valle, tomando como base
para el cálculo del valor de la hora laboral una jornada mensual equivalente a 190
horas, realizó un análisis normativo, probatorio y jurisprudencial, con el que logró
concluir que la Universidad del Valle no tiene pagos en dinero o en días
compensatorios pendientes por cancelar al actor, pues la institución educativa le
remuneró al accionante las horas ordinarias, extras y sus respectivos recargos de
forma correcta.

Pues bien, como la discusión en el proceso ordinario se centró en determinar la
forma legal en que la institución demandada debía liquidar el valor de la hora laboral
ordinaria para efectos del pago de trabajo suplementario, explicó que debe tenerse
de presente que el salario se compone de varios factores que no se limitan en la
simple retribución por los servicios prestados.

15

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06610-01
Demandante: Jhon Henry Ruiz Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Fallo Tutela – Segunda Instancia

En ese sentido, refirió que para determinar el valor de la hora laboral deben tenerse
presente que los días de descanso obligatorio se pagan por el empleador, aun
cuando no se contabilizan dentro de los límites legales de la jornada laboral.

Mencionó que la norma contenida en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978,
precisó que las actividades de vigilancia pueden tener una jornada que no supere
las 12 horas diarias, sin exceder un límite de 66 horas a la semana. Al respecto, la
disposición señala:

“(…) ARTÍCULO 33. De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las escalas
de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de cuarenta
y cuatro horas semanales. A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de
actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podrá señalárseles una
jornada de trabajo de doce horas diarias, sin que en la semana excedan un límite de 66
horas.

Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo podrá
establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario
adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo
suplementario o de horas extras.

El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo cuando
exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para las horas
extras (…)”

Argumentó que dicha regulación se encuentra vigente, por lo que se tiene que la
jornada de trabajo es de 12 horas diarias, sin que en la semana se exceda de un
límite de 66 horas, en los casos de los empleados cuyas funciones impliquen
actividades de simple vigilancia, como en el caso del accionante, quien se
desempeña como celador de la Universidad del Valle, cuya naturaleza del empleo
es la de empleado público del orden territorial.

Por lo tanto, señaló que como la ley permite explícitamente a los celadores una
jornada semanal de hasta 66 horas, la institución educativa, al aplicar la fórmula
para la liquidación y pago de horas extras, dividiendo el valor del salario entre 220
horas, ha actuado conforme con la normativa vigente y en estricto cumplimiento de
los preceptos aplicables. Por lo tanto, concluyó que no se ha infringido ninguna
disposición legal dentro del ámbito de la autonomía universitaria

16

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06610-01
Demandante: Jhon Henry Ruiz Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Fallo Tutela – Segunda Instancia

En efecto, aseveró que del estudio del material probatorio allegado al plenario14,
observó que la Universidad del Valle, cumplió con la regulación de la jornada laboral
dentro de un límite de 190 horas, aun cuando la ley la faculta para ampliar ese
tiempo, asignándole una jornada a cada empleado que cumpla labores de
vigilancia, hasta el límite de horas extras establecido en la norma; de manera que,
bajo esa lógica, concluyó que la Universidad demandada le remuneró al accionante
las horas ordinarias, extras y sus respectivos recargos de forma correcta.

Agregó que, el demandante no presentó un detalle pormenorizado de las presuntas
horas que reclama como impagadas, ni acreditó las supuestas inexactitudes
invocadas para la pretendida reliquidación.

Por tanto, si bien el señor Jhon Henry Ruiz Ortiz, labora al servicio de la Universidad
190 horas mensuales, lo cierto es que la liquidación debe hacerse sobre 220 horas
remuneradas; toda vez que el salario base no se compone solamente por las horas
laboradas, sino también por las remuneradas correspondientes al día de descanso.
En ese orden, si a las 190 horas mensuales laboradas, se le agregan las horas
remuneradas relacionadas con los días de descanso, se obtienen 220 horas, sobre
las cuales la entidad demandada debía liquidar, tal como ocurrió en este caso.

 14
Copia de la programación de turnos de septiembre de 2021
 Copia de tabulados de pago de marzo, mayo a agosto de 2021
 Copia del oficio VRAD.D.499.2007 del 14 de septiembre de 2007 dirigido a la presidenta de SINTRAEMPUV,
relacionada con la petición de liquidación y pago de horas extras, indicando que será contestada una vez se
adelante el estudio jurídico, así como oficio remisorio al Coordinador del Comité de Conciliación
 Copia de la hoja de vida del demandante con sus anexos
 Copia de la Resolución No. 2535 del 29 de agosto de 2008 “Por la cual se efectúan unos Nombramientos
Provisionales” con su respectiva acta de posesión a partir del 01 de octubre de 2008
 Copia de la Resolución No. 1197 del 24 de marzo de 2009 “Por la cual se efectúan unos Nombramientos” entre
ellos el actor como Celador, con su acta de posesión a partir del 01 de abril de 2009
 Copia de la Resolución No. 1723 del 27 de mayo de 2011 “Por la cual se autorizan Nivelaciones de Empleados
Públicos no Docentes y se dictan otras disposiciones”
 Copia de la Resolución No. 2093 del 27 de junio de 2012 “Por la cual se autorizan Nivelaciones de Empleados
Públicos no Docentes y se dictan otras disposiciones”
 Copia de la Resolución No. 3548 del 10 de octubre de 2014 “Por la cual se autorizan Nivelaciones de Empleados
Públicos no Docentes y se dictan otras disposiciones”
 Copia de la Resolución No. 2957 del 21 de agosto de 2015 “Por la cual se autorizan Nivelaciones de Empleados
Públicos no Docentes y se dictan otras disposiciones”
 Copia de la Resolución No. 2535 del 19 de junio de 2016 “Por la cual se autorizan Nivelaciones de Empleados
Públicos no Docentes y se dictan otras disposiciones”
 Copia del oficio interno No. 0030.0031-704-2017 fechado del 24 de enero de 2017, que informa que el actor labora
como celador con nombramiento como empleado público no docente, se afiliará al servicio médico universitario
desde el 01 de marzo de 2017
 Copia de la Resolución No. 2481 del 29 de agosto de 2017 “Por la cual se autorizan Nivelaciones de Empleados
Públicos no Docentes y se dictan otras disposiciones”
 Copia de la cédula de ciudadanía del demandante
 Copia del derecho de petición elevado por el actor junto a otros el 21 de junio de 2021, para la reliquidación del
pago del trabajo suplementario desde junio de 2018
17

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06610-01
Demandante: Jhon Henry Ruiz Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Fallo Tutela – Segunda Instancia

Por tanto, no se observa que el Tribunal Administrativo accionado hubiere
interpretado de manera errónea, ni arbitraria, la normativa relacionada con la
liquidación de horas extra y trabajo suplementario de un empleado público del orden
territorial que ejerce labores de vigilancia, toda vez que las conclusiones a las que
arribó se sustentaron suficientemente, teniendo, además, como respaldo, las
pruebas allegadas al proceso.

Por su parte, en cuanto la aplicación de los lineamientos contenidos en la sentencia
de la Corte Constitucional C-1063 del 2000, relacionados con que la jornada laboral
aplicable a los empleados públicos del orden territorial es la misma que se aplica
en el nivel nacional, concluyendo, en ese sentido, que para el accionante la jornada
laboral es de 44 horas semanales; debe ponerse de presente que dicha disposición
contenida en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, determina que la jornada
laboral, está sujeta a ser distribuida por el jefe del Organismo, de acuerdo con las
necesidades del servicio. Por tanto, sobre el particular, se observa que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca no desconoció dicho precepto normativo en la
solución ofrecida al caso concreto.

Al respecto, se observa que el Tribunal accionado reconoció que la jornada laboral
de los funcionarios públicos cuyas funciones se ciñan a la simple vigilancia, podrá
ser de máximo 12 horas diarias y no más de 66 horas semanales, como prevé la
norma; sin embargo, el objeto de la Litis no se limitó al análisis de cuántas horas a
la semana laboraba el accionante, que en este caso son 44 horas semanales; sino,
que recabó sobre en cuántas horas mensuales debe hacerse su liquidación.

Es decir, si bien el accionante no labora más de las 66 horas permitidas por la
norma especial para personal de vigilancia; lo cierto es que, para efectos de
contabilización de las horas de trabajo, debe tenerse en cuenta también la
remuneración por los días de descanso, que como se explicó en líneas anteriores,
suman 220 horas mensuales.

Ahora, frente al desconocimiento del precedente judicial, el demandante también
alegó que la autoridad judicial accionada desconoció las decisiones proferidas por
el Tribunal acusado, a manera de precedente horizontal, en casos similares a los
18

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06610-01
Demandante: Jhon Henry Ruiz Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Fallo Tutela – Segunda Instancia

del actor. Al respecto, se avizora que las sentencias referidas por el accionante no
fijan reglas atinentes con la liquidación de las horas extra, por lo que el Tribunal
demandado no estaba compelido a fundar su decisión con base en la solución dada
a los casos en estas providencias. Máxime, como quiera que no desarrolló con
suficiencia su argumento; en tanto que los radicados de los expedientes
relacionados contienen posibles errores, pues al verificar la información con el
Sistema de Gestión Judicial SAMAI, no se obtuvo resultados.

En este orden de ideas, la Sala considera que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, al proferir la sentencia de 31 de agosto de 2023, no incurrió en vía de
hecho por defecto fáctico, sustantivo ni desconocimiento del precedente judicial;
pues la decisión de negar las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, interpuesta por el aquí tutelante, estuvo soportada en
un estudio razonable de las pruebas documentales allegadas al trámite judicial, así
como la jurisprudencia y la normativa vigente aplicable al caso.

Bajo estas consideraciones, la Sala advierte que la autoridad judicial demandada,
en ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica,
efectuó un alcance probatorio coherente y válido de las pruebas allegadas al
proceso, la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso que, a pesar de no resultar
satisfactorias en su integridad al accionante, no permiten colegir que su actuación
fuere contraria a derecho.

En este orden, se debe señalar que los argumentos alegados por el demandante en
el escrito de tutela, demuestran su inconformidad con la actuación y decisión
adoptada por la autoridad judicial demandada, sin acreditar irregularidades de orden
constitucional en las que presuntamente incurrió.

Así las cosas, se concluye que la providencia del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, no
vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, por cuanto
no se evidencia en su contenido, un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno
a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya vía de hecho

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Fallo Tutela – Segunda Instancia

alguna capaz de enervar el derecho fundamental al debido proceso que amerite la
intervención del juez de tutela.

III. DECISIÓN

Aunque en este caso el análisis efectuado supera el requisito de relevancia
constitucional, siendo lo procedente revocar la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la solicitud, para en su lugar negar el amparo; debido a que
en tal caso los efectos prácticos son los mismos; la Sala confirmará la sentencia de
23 de noviembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta; en
el entendido que se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de 23 de noviembre de 2023, proferida por
el Consejo de Estado – Sección Quinta, en el sentido de negar el amparo solicitado
por el señor Jhon Henry Ruiz Ortiz, contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. - Por Secretaría, remitir a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06610-01
Demandante: Jhon Henry Ruiz Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Fallo Tutela – Segunda Instancia

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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