Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-06611-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-06611-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-06611-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
8 de febrero de 2024
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 6 61 1- 0 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06611-01
Accionante: Ruby Ruiz Torregroza
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección
B.
Tema: Acción de tutela contra sentencia de segunda instancia dictada en proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se confirmó la decisión
recurrida consistente en acceder parcialmente a las pretensiones relacionadas con
el reconocimiento de una relación laboral.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 30 de noviembre de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción de tutela.
ANTECEDENTES
La señora Ruby Ruiz Torregroza promovió acción de tutela para que se protejan sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad social, los cuales consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral,
Sección B.
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HECHOS
La actora manifestó que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la E.S.E. Hospital de Repelón, en la que solicitó la nulidad del Oficio
del 21 de julio de 2016, por medio del cual se le negó el pago de las prestaciones
sociales y una pensión sanción, y, en consecuencia, la declaratoria de existencia de
una relación laboral entre ella y el demandado, proceso al cual se le asignó el
radicado 08001-33-33-014-2019-00111-00.
Que el 21 de noviembre de 2022 el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda; sin embargo, le ordenó
acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema General de Seguridad Social en
pensiones durante el tiempo de los vínculos contractuales y, en caso de que no las
hubiere hecho o existiese diferencia en su contra, tendría que cancelar o completar,
según el caso, el porcentaje que le correspondía como trabajadora.
Que ambos extremos procesales interpusieron recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia y el 27 de enero de 2023 el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, la confirmó.
Expuso que cuando fue vinculada mediante contratos de prestación de servicios, no
se le exigió su afiliación a una sociedad administradora de pensiones ni a una de
riesgos, sino únicamente a una EPS, por lo cual es inadmisible que se le obligue a
realizar cotizaciones pensionales por los tiempos en que estuvo vinculada con dicho
Hospital, pues ello va en contra de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en
tanto el trabajador no puede responder por la no afiliación y cotización por parte del
empleador. Agregó que con esa decisión se le obliga a realizar un pago excesivo,
ya que debe intereses a la administradora del fondo de pensiones.
Al respecto, citó las sentencias SU226/19, T541/14, T799/11, T800/99, C055/99,
T149/95 y C479/92 proferidas por el máximo tribunal constitucional, y la dictada en
el año 2019 en el expediente 2003-01651 por el Consejo de Estado.
Refirió que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección
B, desconoció, de un lado, los artículos 22 de la Ley 100 de 1993; 14, 193 y 259 del
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Código Sustantivo del Trabajo; y 230 de la Constitución Política y, de otro, los
argumentos que se plantearon en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia.
PRETENSIONES
Solicitó ordenar al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral,
Sección B, emitir una providencia en la que no la obligue a pagar el porcentaje de
la cotización al Sistema General de Pensiones.
ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO
La acción de tutela de la referencia fue admitida el 27 de octubre de 2023 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto, que se ordenó notificar a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral,
Sección B, como accionado; y al titular del Juzgado Catorce Administrativo Oral de
Barranquilla y a la E.S.E. Hospital de Repelón, como terceros con interés.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, por
conducto del magistrado ponente, adujo que la accionante no describió con
precisión o claridad los hechos que habrían dado lugar a la presunta vulneración de
derechos fundamentales ni mencionó la acción u omisión que generó la instauración
de la tutela, a pesar de que se trata de un presupuesto general para estudiar la
solicitud de amparo; por lo anterior, concluyó que la acción es improcedente, ante
la ausencia de relevancia constitucional.
Añadió que la actora no desarrolló adecuadamente los defectos en que
aparentemente incurrió al dictar la sentencia del 27 de enero de 2023, lo que
evidencia que aquella pretende convertir este mecanismo en una tercera instancia
y desconocer que se trata de un medio excepcional y subsidiario.
Aclaró que tanto la parte demandante como la demandada del proceso ordinario
interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia,
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por lo cual tenía facultad para resolver sin limitaciones, conforme al inciso 2.° del
artículo 328 del Código General del Proceso.
Señaló que es una obligación para el trabajador y para el empleador realizar los
respectivos aportes pensionales, en un porcentaje del 25 % para el primero de los
mencionados y 75 % para el último; acreditar las cotizaciones realizadas; y, en el
evento de no haberse efectuado o existir diferencia, le corresponde al contratista
completar o cancelar el porcentaje que le concierne.
Que en el caso la señora Ruby Ruiz Torregroza reconoció no haber efectuado las
cotizaciones pensionales al sistema, por lo que correspondía ordenarle que
cancelara lo que como trabajadora le atañe, de acuerdo con los artículos 15
(numeral 1) y 17 de la Ley 100 de 1993 y la posición del Consejo de Estado.
Coligió que al momento de fallar tuvo en cuenta los supuestos fácticos, la normativa
y la jurisprudencia sobre los aportes pensionales, sin que la carga impuesta a la
parte actora en ese sentido implique una vulneración de sus derechos
fundamentales.
Por consiguiente, solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto,
negar las pretensiones.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La E.S.E Hospital de Repelón, por intermedio de su gerente, indicó que la
sentencia discutida en esta sede se ajusta a la realidad y exigencias normativas,
por cuanto es deber de todo contratista que labora en una entidad estatal cotizar al
Sistema de Seguridad Social en Salud, el cual incluye el régimen pensional,
conforme lo ha determinado el Consejo de Estado.
Afirmó que el Tribunal Administrativo del Atlántico no ha resuelto el recurso de
apelación interpuesto oportunamente por la parte demandada, en el que manifestó
su desacuerdo con la sentencia dictada por el Juzgado Sesenta Administrativo del
Circuito de Bogotá, por lo cual la acción de tutela es improcedente.
Los demás vinculados guardaron silencio.
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SENTENCIA IMPUGNADA
El 30 de noviembre de 2023 la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela, porque consideró que no se superó el requisito de
relevancia constitucional, en tanto la parte accionante se limitó a insistir en los
argumentos que propuso en el recurso de apelación que interpuso en contra de la
sentencia de primera instancia dictada en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, los cuales fueron resueltos por el Tribunal accionado;
estimó que lo anterior denota que lo pretendido es reabrir el debate adelantado en
el proceso ordinario.
IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia de tutela y solicitó revocarla; para el efecto,
expuso que se cumplen los presupuestos señalados en la jurisprudencia para
entender satisfecha la exigencia de la relevancia constitucional, puesto que el
derecho fundamental que está deprecando es la seguridad social, el cual tiene una
relación con el derecho a la vida, pues permite solventar las necesidades de quien
se encuentra en edad de vejez; argumentó de manera suficiente y razonable esa
relevancia; y existe una vulneración al debido proceso, pues no se tuvieron en
cuenta, de un lado, los artículos 22 de la Ley 100 de 1993; 14, 193 y 259 del Código
Sustantivo del Trabajo; ni 1, 2, 29, 48, 53, 229 y 230 de la Constitución y, de otro,
las sentencias SU226/19, T541/14, T799/11, T800/99, C055/99, T149/95 y C479/92
proferidas por el máximo tribunal constitucional, y la dictada el 2019 en el expediente
2003-01651 por el Consejo de Estado.
Sostuvo que al obligársele a efectuar las cotizaciones que no se realizaron por culpa
del empleador, quien escondió una relación laboral mediante contratos de
prestación de servicios, se está premiando la conducta omisiva de aquel consistente
en afiliar y cotizar a la seguridad social del trabajador, por lo cual le correspondía al
empleador asumir el pago de la totalidad del aporte.
Por último, insistió en la falta de resolución de los argumentos que planteó en el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.
I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.
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II. Caso concreto
En síntesis, la señora Ruby Ruiz Torregroza afirmó que el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, en la sentencia del 27 de enero de
2023, al confirmar la decisión del a quo consistente en ordenarle que debía acreditar
las cotizaciones al Sistema General de Pensiones durante el tiempo que duraron
los contratos de prestación de servicios, desconoció los artículos 22 de la Ley 100
de 1993; 14, 193 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo; y 1, 2, 29, 48, 53, 229 y
230 de la Constitución, y las sentencias SU226/19, T541/14, T799/11, T800/99,
C055/99, T149/95 y C479/92 proferidas por el máximo tribunal constitucional, y la
dictada en el año 2019 en el expediente 2003-01651 por el Consejo de Estado.
Igualmente, adujo que el Tribunal precitado omitió pronunciarse sobre los
argumentos que planteó en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
de primera instancia dictada en el proceso ordinario.
En esa medida, a esta Subsección le corresponde, en primer lugar, determinar si se
cumple la exigencia general de procedibilidad de la acción de tutela que dio lugar a
la improcedencia en primera instancia, esto es, la relevancia constitucional, para,
en caso de encontrar superado dicho requisito y los demás exigidos
jurisprudencialmente, analizar si se estructuraron los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución; en
cuanto a estos últimos, se precisa que, si bien la actora no los identificó
expresamente, lo cierto es que de los argumentos que esgrimió se denota que estos
encajan en las causales enunciadas.
En criterio de esta Sala, el caso sí reviste una marcada relevancia constitucional, en
tanto a través de esta acción de tutela se persigue la protección de los derechos
fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad social, los cuales la
solicitante de la protección ius fundamental estimó vulnerados con ocasión de la
estructuración de algunas de las causales específicas de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.
Lo anterior permite evidenciar que no se trata de un asunto de mera legalidad y el
propósito de la parte accionante no es crear una instancia adicional al proceso
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ordinario, sino demostrar los defectos en que, a su juicio, incurrieron las autoridades
judiciales accionadas.
Aclarado ello, esta Subsección advierte, de otra parte, que no está satisfecho el
requisito de subsidiariedad en relación con el disenso de la accionante consistente
en que no se resolvieron los argumentos que expuso en el recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, puesto que ese planteamiento lo que denota es una
presunta incongruencia de la sentencia, irregularidad que es susceptible de ser
alegada a través de otro mecanismo judicial, como lo es el recurso extraordinario
de revisión con fundamento en la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011, esto es, la existencia de una nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
Ciertamente, la Corte Constitucional, en la sentencia SU026/21, luego de referirse
a las causales del recurso extraordinario de revisión, la finalidad de este y las
irregularidades que apunta a corregir; expresó que ello erige, en materia
contencioso-administrativa, al mencionado recurso en un medio de defensa idóneo
y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen en un fallo
judicial que se encuentra ejecutoriado. Al respecto, señaló:
«De hecho la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable
semejanza entre la acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca
proteger este derecho:
“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de revisión] se
plantearía la controversia sobre el debido proceso en términos idénticos a los
que constituyen el presupuesto para resolver la acción de tutela, al punto que
un pronunciamiento del juez constitucional dejaría sin oficio al juez
competente. Los dos procesos, el extraordinario especial de revisión y el de
tutela, tendrían identidad de causa petendi y de petitum, y resulta claro que no
puede haber, sobre la misma causa, dos pronunciamientos judiciales
concurrentes».
De tal manera que, ante la existencia de otro mecanismo judicial para reclamar la
protección del derecho que se invoca como vulnerado, la acción de tutela resulta
improcedente en relación con el argumento referido y así será declarado por esta
Subsección, pues el problema aquí planteado debe ser resuelto por el juez natural
y no le está dado a este juez constitucional intervenir en el asunto, máxime cuando
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no se observa la inminente configuración de un perjuicio irremediable.
Aclarado lo anterior, se tiene que en cuanto a los demás reparos expuestos se
supera el requisito de subsidiariedad, por lo cual se continuará con el estudio de
fondo. Revisadas las pruebas obrantes en el plenario, se observa que el desacuerdo
esgrimido en esta acción de tutela fue analizado minuciosamente por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B.
En efecto, esa autoridad judicial examinó tanto los artículos 15 (numeral 1) y 17 de
la Ley 100 de 1993 como la sentencia del 7 de diciembre de 2022 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, radicado 0088-2015,
lo cual le permitió colegir que el monto de cotización al Sistema General de
Pensiones corresponde al 16 % del salario o ingreso percibido, frente al cual el 75
% concierne al empleador y el 25 % al trabajador, mientras que al tratarse de
trabajadores independientes dicho monto está a cargo de estos en su totalidad.
Así mismo, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección
B, precisó que en el evento de no haberse efectuado o existir una diferencia, le
corresponde al contratista completar o pagar el porcentaje que le atañe en su
calidad de trabajador.
Esclarecido el razonamiento del Tribunal aquí accionado, para confirmar la
sentencia de primera instancia en cuanto al aspecto debatido en esta sede, se
advierte que le asiste razón a la autoridad judicial accionada al confirmar la orden
de acreditación de las cotizaciones realizadas por la señora Ruby Ruiz Torregroza
en su condición de trabajadora, puesto que durante la vigencia de los contratos de
prestación de servicios aquella estaba en la obligación de efectuar las cotizaciones
al Sistema General de Pensiones, conforme al artículo 17 de la Ley 100 de 1993, y,
en caso de que no lo hubiere hecho o existiera diferencia en su contra, debe pagar
o completar el porcentaje que le corresponde.
En esa medida, no resultaba factible, como lo pretende la actora, exigir al empleador
asumir el porcentaje que le incumbía mientras estaban vigentes los contratos
mencionados ni aplicar la obligación prevista en el parágrafo del artículo 22 de la
Ley 100 de 1993, en el cual se consagró el deber del empleador de realizar el pago
de su aporte y de sus trabajadores y de responder por la totalidad, aun si no realiza
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el descuento del porcentaje que le corresponde a su empleado, puesto que, se
reitera, era su obligación como contratista realizar los aportes durante la ejecución
de los contratos de prestación de servicios.
Igualmente, se aclara que las demás normas referidas por la señora Ruby Ruiz
Torregroza como inaplicadas no regulan la situación específica aquí examinada,
esto es, la obligación de realizar los aportes al Sistema General de Pensiones en el
marco de contratos de prestación de servicio y, por ende, no puede entenderse que
fueron desconocidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión
Oral, Sección B, lo cual demuestra la ausencia de un defecto sustantivo.
Ahora, en cuanto a los artículos 1 (estructura del Estado), 2 (fines esenciales del
Estado), 29 (debido proceso), 48 (seguridad social), 53 (estatuto del trabajo), 229
(acceso a la administración de justicia) y 230 (sometimiento de los jueces al imperio
de la ley) de la Constitución no se advierte su transgresión o inaplicación por parte
de la autoridad judicial, puesto la decisión adoptada por el Tribunal aquí accionado
estuvo soportada en la normativa que regula la materia y los supuestos fácticos del
caso. Por consiguiente, no se encuentra acreditada una violación directa de la
Constitución.
Por último, en relación con el desconocimiento de las sentencias SU226/19,
T541/14, T799/11, T800/99, C055/99, T149/95 y C479/92 proferidas por el máximo
tribunal constitucional, y la dictada en el expediente 2003-01651 por el Consejo de
Estado, se aprecia que los asuntos allí analizados no guardan similitud fáctica ni
jurídica con el caso que hoy ocupa la atención de la Sala.
En la sentencia SU226/19 la Corte Constitucional examinó un caso en el que se
discutía la falta de reconocimiento de una pensión de invalidez, al no tenerse en
cuenta el tiempo de servicios que prestó el actor en el marco de una relación laboral
durante el cual no fue afiliado en el Sistema General de Pensiones; en el proveído
T541/14 el asunto versó acerca de una acusación pública por incurrir en conductas
inapropiadas; en la providencia T799/11 se analizó una controversia en el marco de
un contrato de concesión; en la sentencia T800/99 se examinó el despido de un
trabajador directivo de un sindicato; en el proveído C055/99 se estudió la
constitucionalidad del artículo 3.° del Código Sustantivo del Trabajo, en el que se
previó las relaciones que allí se regulaban; en la sentencia T149/95 el caso giró en
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torno a una transgresión al derecho de asociación sindical; y en el proveído C479/92
se examinó la constitucionalidad del artículo 2.° de la Ley 60 de 1990, mediante la
cual se adoptaron algunas medidas en relación con los empleados del sector público
del orden nacional.
Igualmente, en cuanto a la providencia alegada como desconocida dictada por el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se advierte que
se trata de la sentencia del 28 de febrero de 2019, expediente con radicado 05001-
23-31-000-2003-01651-01(0152-14), en la que la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado determinó si, en un asunto en el que se pretendía
un reconocimiento de una relación laboral encubierta, procedía incluir en el
restablecimiento del derecho el reintegro y el pago de salarios solicitados por el allí
demandante, pero no se analizó el deber de realizar las cotizaciones al Sistema
General de Pensiones.
Aunado a ello, se resalta que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral, Sección B, fundamentó su decisión en la sentencia del 7 de diciembre
de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, radicado 0088-2015, en la que sí se analizó la materia que ahora es objeto
de debate.
En ese orden de ideas, no se observa la estructuración de un desconocimiento del
precedente judicial que haga procedente el amparo deprecado en esta acción
constitucional.
Por lo tanto, al haberse encontrado incumplido el requisito general de subsidiariedad
en relación con el desacuerdo por la presunta transgresión del principio de
congruencia, pero no estar configurado alguno de los defectos analizados en esta
acción de tutela frente a los demás reparos, se confirmará la sentencia del 30 de
noviembre del 2023, mediante la cual se declaró improcedente este mecanismo,
pero únicamente en cuanto al principio mencionado, y se adicionará para negar el
amparo deprecado en lo demás.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 6 61 1- 0 1
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 30 de noviembre del 2023, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela, pero únicamente en cuanto al argumento
tendiente a demostrar la transgresión al principio de congruencia, y adicionarla para
negar el amparo deprecado en lo demás, de acuerdo con la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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