Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06621-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06621-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06621-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
19 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06621-01
Demandante: LUZ MERY VIZCAÍNO PINILLA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Se pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de
origen.
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 30 de noviembre de 20231, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.
I. AN T ECE DE NT ES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 27 de octubre de 2023, la señora Luz Mery Vizcaíno Pinilla, mediante apoderado,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y el Juzgado 21 Administrativo de Bogotá, con el
objeto de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social y a la igualdad, que estima vulnerados con ocasión de la expedición
de las sentencias del 16 de noviembre de 2022 y del 30 de junio de 2023,
desestimatorias de las pretensiones presentadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-33-35-021-2021-00338-00. Formuló las
siguientes pretensiones:
PRIMERO: Declarar la nulidad de las sentencias de fechas 16 de noviembre del
2022 proferida por el Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Bogotá, y 30 de
junio del 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sección
Segunda Subsección B y todas las demás actuaciones posteriores en el
proceso.
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Se advierte que, el 19 de enero de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06621-01
Demandante: Luz Mery Vizcaíno Pinilla
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
SEGUNDO: Que se ordene dictar una sentencia de fondo para el proceso
11001333502120210033800, donde se aplique las 2 sentencias de unificación
proferidas por el Consejo De Estado en donde se reconoce LA PRIMA DE
RIESGO COMO FACTOR SALARIAL y se estudie de fondo con los
lineamientos jurisprudenciales y constitucionales la figura de la cosa juzgada de
manera correcta al caso que nos ocupa.
1.2. Hechos y argumentos de la tutela
Como fundamento fáctico de la demanda, la actora narró que ejerció el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el fin de
obtener la reliquidación de su pensión con el 75% del promedio de todos los factores
devengados en el último año de servicio, incluida la prima de riesgo, a partir del 7
de julio de 2005.
El conocimiento del proceso con radicado 2021-00338-00 le correspondió por
reparto al Juzgado 21 Administrativo de Bogotá, el que, en sentencia del 16 de
noviembre de 2022, declaró la excepción de cosa juzgada. Apelada la providencia,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, la
confirmó.
A juicio de la señora Luz Mery Vizcaíno Pinilla, las providencias censuradas
desconocieron que en materia pensional el interesado puede pedir la reliquidación
de la prestación en cualquier tiempo y cuantas veces considere necesario, toda vez
que se trata de un derecho de tracto sucesivo. Adicionalmente, debido al cambio de
jurisprudencia, el pensionado puede acudir nuevamente a la administración y al juez
natural de la causa, para que se reliquide su pensión.
En ese entendido, la actora afirmó que como presentó nuevamente la petición ante
la Administración, el 7 de julio de 2005, las mesadas causadas con posterioridad no
se afectan con el fenómeno de la cosa juzgada.
Por lo anterior, en su criterio, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 2004-3302, en la que se ordenó la reliquidación de la
pensión, sólo afectó las mesadas causadas entre el 1º de enero de 2002 y el 7 de
julio de 2005, razón por la cual los periodos posteriores pueden ser objeto de un
nuevo pronunciamiento, tanto en vía administrativa como judicial, sin que se
configure la cosa juzgada.
Adujo que las providencias cuestionadas desconocieron que el artículo 303 del
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06621-01
Demandante: Luz Mery Vizcaíno Pinilla
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
C.G.P. exige el cumplimiento de tres requisitos para que se presente la cosa
juzgada, dado que bastó con la identidad de partes para que declararan probada la
excepción, sin que se corroborara la identidad de objeto y de causa, que, dicho sea
de paso, no se presentan en el caso concreto.
Finalmente, sostuvo que las decisiones objeto de reproche desconocieron la
sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección Segunda, proferida el 3 de
diciembre de 2020, con ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández, dentro
del radicado 13001-23-33-000-2015-00676-01(2618-19).
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 1º de noviembre de 2023, el despacho sustanciador del
proceso en primera instancia admitió la demanda, dispuso que aquel se notificara a
las autoridades accionadas y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, como
tercera con interés.
2.2. El magistrado ponente de la providencia censurada manifestó que la accionante
no precisó los defectos en los que supuestamente incurrió y, además, se limitó a
narrar hechos que no corresponden a la realidad.
Sostuvo que, en la sentencia de segunda instancia, la autoridad accionada hizo un
estudio probatorio y jurídico de fondo, amplio y suficiente, aparte de que aplicó la
jurisprudencia de unificación vinculante en la materia, para concluir que en el caso
analizado concurrían los elementos necesarios para confirmar la cosa juzgada
declarada por el a quo.
2.3. La UGPP solicitó que se declare improcedente la tutela porque no cumple con
los requisitos generales ni específicos, a lo cual agregó que la accionante pretende
revivir la discusión planteada en el proceso ordinario.
Insistió en que las providencias censuradas no incurrieron en vías de hecho,
teniendo en cuenta que existe una sentencia anterior, proferida dentro del proceso
2004-03302, en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió
parcialmente a las pretensiones de la actora y ordenó la reliquidación de su pensión
con el 75% de los factores devengados en el último año de servicios, con excepción
de la prima de riesgo. Y como en el nuevo proceso con radicado 2021-00338-00/01
la accionante pretende que la pensión se reajuste con inclusión de la prima de
riesgo, emolumento que, luego del respectivo estudio, fue excluido en el fallo
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06621-01
Demandante: Luz Mery Vizcaíno Pinilla
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
anterior, es evidente la configuración de la cosa juzgada.
2.4. El Juzgado 21 Administrativo de Bogotá no intervino en esta oportunidad.
3. Fallo impugnado
La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 30 de
noviembre de 2023, declaró improcedente la acción de tutela, porque no cumplió
con el requisito de relevancia constitucional.
Explicó que de la lectura de las providencias cuestionadas se observa que
resolvieron de fondo sobre la excepción de cosa juzgada formulada por la entidad
demandada, realizando un análisis detallado sobre el cumplimiento de los tres
elementos que la configuran, esto es, la identidad de objeto, la identidad de partes
y la identidad de causa.
Determinó que los argumentos planteados por la parte actora en esa oportunidad
coinciden con los que fundamentan la presente acción de tutela y fueron resueltos
de fondo en las sentencias objeto de reproche, en las que, incluso, se hizo
referencia a la providencia de unificación del 1º de agosto de 2013, invocada por la
accionante.
Aunado a ello, advirtió que luego de analizar la variación de la línea jurisprudencial,
el juez de primera instancia acogió la tesis según la cual «los cambios
jurisprudenciales adoptados por el Consejo de Estado en relación con los
regímenes pensionales de ninguna manera constituyen una excepción para
inaplicar la figura de cosa juzgada, institución jurídica procesal que tiene como fin
primordial garantizar la seguridad jurídica de las providencias, a través de la
inmutabilidad de las mismas, sin que sea dable con posterioridad alterar esas
condiciones, como es pretendido en el presente asunto». Como consecuencia,
encontró configurada la excepción.
Por último, señaló que el fallador de segunda instancia se refirió a los argumentos
expuestos en la alzada, según los cuales, en materia de prestaciones periódicas,
es posible demandar y solicitar la reliquidación de las mesadas en cualquier tiempo,
máxime si existe jurisprudencia de unificación posterior, descartando cada una de
esas alegaciones.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
4. Impugnación
El accionante señaló que el a quo no estudió de fondo la controversia planteada,
toda vez que no analizó la variación de la jurisprudencia, que ahora consagra la
prima de riesgo como factor computable en la liquidación pensional de los ex
empleados del DAS.
Insistió en que las sentencias censuradas erraron al declarar la excepción de cosa
juzgada, pues, en su sentir, esta no se configura en el caso concreto, habida
consideración de que no se acreditó la triple identidad exigida por el artículo 303 del
C.G.P.
En efecto, señaló que no existe identidad de objeto entre las demandas porque lo
solicitado en el proceso 2021-00388-00/01, es la reliquidación de la pensión de
jubilación con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios,
incluyendo la prima de riesgo, desde el 7 de julio de 2005 en adelante, es decir, que
no se solicita el reajuste de las mesadas anteriores a esa fecha, frente a las que
considera que sí operó la cosa juzgada, porque, según dijo, la sentencia dictada
dentro del proceso 2004-3302 afectó las mesadas pensionales causadas desde el
1º de enero de 2002 hasta el 7 de julio de 2005.
Tampoco existe identidad de causa, porque se demanda la nulidad de actos
administrativos diferentes y porque en la primera ocasión (proceso 2004-3302) se
solicitó el cambio del IBL, mientras que ahora se reclama únicamente la inclusión
de la prima de riesgo como factor computable.
Reiteró que con la expedición de las sentencias de unificación del 1º de agosto de
2010 y del 4 de mayo de 2017, en las que se determinó que la prima de riesgo es
un factor computable para las pensiones de los ex empleados del DAS, se habilitó
a la accionante a demandar nuevamente para obtener la liquidación de su
prestación.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema Jurídico
En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar el fallo del 30 de noviembre de 2023, proferido por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró improcedente
la solicitud de amparo.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
La Sala, en primer lugar, deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se reúna esta
exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos endilgados y, por ende, vulneraron
los derechos fundamentales invocados por el accionante.
2. Análisis de la Sala
2.1. De la relevancia constitucional
En sentencia del 5 de agosto de 2014 2, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a
otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela
tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen
sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota
al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos
contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera
instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 3 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios,
ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o
2 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3 Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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Demandante: Luz Mery Vizcaíno Pinilla
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
● Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
De entrada, tal como lo determinó el a quo, la Sala advierte que la presente tutela
deviene improcedente porque se está ejerciendo para convertir este valioso
mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia
adicional del proceso ordinario.
Concretamente, la parte actora considera que las sentencias del 16 de noviembre
de 2022 y del 30 de junio de 2023, dictadas por el Juzgado 21 Administrativo de
Bogotá y la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, respectivamente, desconocieron sus derechos fundamentales
porque declararon probada la excepción de cosa juzgada, pese a que no se
presenta la triple identidad exigida en el artículo 303 del C.G.P., argumento que,
aunque no se precisa en la demanda, correspondería al defecto sustantivo.
Ahora bien, de la simple comparación entre lo analizado a lo largo del proceso
ordinario y los argumentos propuestos en la solicitud de amparo, se evidencia que
estos fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya fue decidido por
la autoridad judicial, consistente en que, desde la óptica particular de la parte
accionante, no se configura la excepción de cosa juzgada porque el debate
planteado en el proceso 2021-00338-00/01 es sustancialmente distinto al resuelto
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en el proceso 2004-3302.
En efecto, tanto en el proceso ordinario como en la acción de tutela la referencia la
señora Luz Mery Vizcaíno Pinilla planteó que, en relación con la reliquidación de la
pensión con inclusión de la prima de riesgo, no se configuró la cosa juzgada porque
no existe identidad de objeto, habida cuenta de que demandó la nulidad de actos
administrativos diferentes.
De hecho, en ambas oportunidades señaló que, al tratarse de una prestación
periódica, la reliquidación puede solicitarse en sede administrativa y judicial cuantas
veces quiera y en cualquier tiempo, en razón a que la decisión contenida en una
sentencia sólo afecta las mesadas causadas y no las futuras. Aunado a ello, alegó
que sobrevino un cambio en la jurisprudencia (sentencia de unificación del 01 de
agosto de 2013).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06621-01
Demandante: Luz Mery Vizcaíno Pinilla
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
En el fallo del 16 de noviembre de 2022, proferido por el Juzgado 21 Administrativo
de Bogotá, después de realizar un análisis fáctico y jurisprudencial en el que se
refirió puntualmente a cada uno de los elementos que caracterizan la cosa juzgada,
se concluyó que dicho fenómeno procesal se configuró en el caso concreto. En la
providencia se lee:
En el presente proceso se estudiará la Cosa Juzgada respecto a la decisión
proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección “D”, el 7 de julio de 2005, dentro del proceso
identificado con el número 2004-3302, en donde actuó como demandante la
señora LUZ MERY VIZCAINO PINILLA, en contra de la Caja Nacional de
Previsión Social – CAJANAL E.I.C.E., (fls. 211 al 227 del archivo 18 del
expediente digital). Para los efectos correspondientes, se analizarán los
elementos de i) Identidad de partes, ii) Identidad de causa petendi e iii)
Identidad de objeto.
7.4.1. Frente a la Identidad de las Partes: Se encuentra probado en el
expediente que en ambos procesos existe identidad de partes, como pasa a
explicarse a continuación: (…)
De esta manera, se evidencia que existe una identidad de partes, entre el
proceso radicado y que conoció en primera instancia el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que se identificó con el número 2004-3302,
donde actuó como demandante la señora LUZ MERY VIZCAINO PINILLA,
identificada con la C.C. 21.235.435 de Villavicencio y como entidad
demandada la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL y, el proceso
que ahora nos ocupa, en donde la parte actora es la señora LUZ MERY
VIZCAINO PINILLA, y la entidad demandada es la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, pues esta última fue quien sustituyó a la CAJANAL EN
LIQUIDACION.
7.4.2. Frente a la Identidad de Objeto o Pretensiones: Se encuentra probado
dentro del expediente que los dos procesos planteados ante la jurisdicción
contencioso administrativa, tienen la misma pretensión material, esto es: la
reliquidación de la pensión de vejez de la señora Luz Mery Vizcaino Pinilla,
con el 75% del valor promedio devengado durante el último año laborado,
teniendo en cuenta para ello LA TOTALIDAD de factores salariales
(asignación básica, reajuste salarial, prima de servicios, prima de navidad,
prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, indemnización
vacaciones, reajuste vacaciones y PRIMA DE RIESGO).
(…)
En consecuencia que el objeto o pretensión principal en los dos procesos,
siempre fue el mismo, que no es otro que obtener la reliquidación de la
pensión con el 75% de todos los factores salariales devengados en el último
año de servicios, con la inclusión de la prima de riesgo, pretensiones que si
bien pueden ser planteadas en forma distinta, siempre tendrán el mismo
objetivo, que no será otro que la reliquidación pensional.
Por lo que, se ha precisado con certeza la relación jurídica objeto de litigio,
imposibilitando a otro operador judicial a rebatir asuntos ya resueltos. Es del
caso señalar, que aunque los actos administrativos demandados sean
distintos y hayan presentado una motivación distinta, responden al mismo
derecho reclamado por el accionante en distintos periodos de tiempo, por lo
que materialmente comparte identidad de pretensiones. Con mayor razón si
se discuten prestaciones periódicas que pueden ser reclamadas en cualquier
momento, cuya activación de la actuación administrativa a través de derechos
de petición puede generar actos administrativos que formalmente son
distintos, pero que materialmente responden a la misma reclamación.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06621-01
Demandante: Luz Mery Vizcaíno Pinilla
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
7.4.2. Frente a la Identidad de Causa: Se encuentra probado en el expediente
que ambas demandas comparten los mismos supuestos de hecho, pues en
los dos escritos se pretende la revisión de la pensión de jubilación reconocida
a la parte actora, en cuanto no fue tenida en cuenta para su reliquidación, el
75% de los factores salariales devengados en el último año de prestación de
servicios, con la inclusión de la prima de riesgo, lo anterior en su condición de
ex funcionaria del extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS.
No obstante al ser analizadas los dos procesos radicados, sería dable concluir
que existe una identidad parcial en la causa, debido a que en la segunda
demanda, para justificar el derecho que dice la parte actora le asiste, cual es,
la reliquidación de la pensión con el 75% de la totalidad de factores salariales
devengado en el último año con la inclusión de la prima de riesgo, esta última
negada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia que
puso fin a la instancia dentro del proceso 2004-3302, la parte plantea que
existe un cambio de posición jurisprudencial del Consejo de Estado, frente al
reconocimiento e inclusión de la prima de riesgo en la pensión de los
exservidores del DAS y de otros factores salariales, que se dio con la
sentencia del Consejo de Estado – Sección Segunda de fecha 1 de agosto de
2013, en donde actuó como Consejero Ponente el Dr. GERARDO ARENAS
MONSALVE, dentro del proceso 2011-00070 y, de la que se obtiene que la
norma aplicable es la Ley 4 de 1966 y la Ley 100 de 1993, en cuanto al
aumento del porcentaje de la base de liquidación.
Para los efectos anteriores, es preciso establecer que existe una línea
jurisprudencial trazada por el Consejo de Estado, en los eventos cuando se
haya demandado una determinada pretensión con anterioridad y exista una
variación jurisprudencial frente al tema con posterioridad; así en primer
término se tiene la sentencia proferida por el Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección A, de fecha 25
de septiembre de 20134 , en donde se sentó la siguiente posición frente al
tema: (…)
Atendiendo las pautas dadas en la providencia del Consejo de Estado antes
citada y al ser analizado el caso en concreto, se pudo establecer que el
cambio jurisprudencial que permite incluir la prima de riesgo y otros factores
en la liquidación pensional, data del año 2013, lo que significa que el mismo
no fue anterior, concomitante, ni contemporáneo con la sentencia proferida el
7 de julio de 2005 (fls. 211 al 227 del archivo 18 del expediente digital) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso 2004-3302, que
definió la situación planteada por la parte actora, pues como se evidencia el
fallo del Consejo de Estado se expidió 8 años después.
Luego en esa misma línea jurisprudencial fue proferido el concepto de la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con fecha 23 de
noviembre de 2011, en donde se dejó claro que los asuntos dirimidos
judicialmente con anterioridad, hacen tránsito a cosa juzgada, no siendo dable
reabrir el debate en torno a tales asuntos, como es pretendido por la parte
actora en este caso.
Siguiendo con esta línea jurisprudencia, el Consejo de Estado en sentencia
de tutela de fecha 17 de marzo de 2016, definió en forma clara como opera la
institución de cosa juzgada, ante un cambio jurisprudencial posterior, siendo
enfático en afirmar, que esa institución jurídica procesal “…busca otorgar a
las sentencias un carácter definitivo, inmutable y vinculante, lo que impide a
los jueces decidir sobre una discusión que ya ha sido resuelta en sede judicial.
Con lo anterior se pretende dotar de seguridad jurídica al ordenamiento
jurídico, así como a las partes (sentencia inter partes) o a la comunidad en
general (fallos con efectos erga omnes…”, aclarando que cuando exista un
cambio jurisprudencial, ello no constituye <<una nueva situación que permita
quebrantar la institución de cosa juzgada… se advierte que la actora antes de
promover la demanda que dio lugar a la expedición de la sentencia que ahora
se discute, ya había presentado acción de nulidad y restablecimiento del
derecho en la que solicitó la inclusión de todos los factores salariales para la
reliquidación de la pensión… igualmente, se observa que el hecho que se
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06621-01
Demandante: Luz Mery Vizcaíno Pinilla
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
alegó como nuevo para la procedencia del estudio de fondo del caso fue la
sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010. Sin embargo, como quedó
expuesto, la misma no afecta la cosa juzgada y en esa medida no puede
examinarse nuevamente un asunto que ya fue discutido en sede judicial>>
(Subrayado y negrilla fuera de texto).
Aspectos que fueron reiterados por el Consejo de Estado en sentencia de
tutela de fecha 12 de septiembre de 2019, sentencia T-923 de 2011 (…)
Conforme a lo expuesto, este Despacho Judicial acoge la tesis del Consejo
de Estado, que fue reiterada en varias oportunidades por esa Corporación,
según la cual, los cambios jurisprudenciales adoptados por el Consejo de
Estado en relación con los regímenes pensionales de ninguna manera
constituyen una excepción para inaplicar la figura de cosa juzgada, institución
jurídica procesal que tiene como fin primordial garantizar la seguridad jurídica
de las providencias, a través de la inmutabilidad de las mismas, sin que sea
dable con posterioridad alterar esas condiciones, como es pretendido en el
presente asunto. (…)
Contra la anterior decisión, la señora Vizcaíno Pinilla interpuso recurso de
apelación, basado en razones que posteriormente reprodujo en el escrito de tutela,
ante la decisión del Tribunal demandado de desestimarlo. En el siguiente cuadro
se cotejarán los argumentos expuestos en el mencionado recurso de alzada y las
razones que se esgrimieron en la solicitud de amparo, a fin de ilustrar de mejor
manera cómo la parte demandante está utilizando la tutela como instancia
adicional:
Argumentos presentados en el proceso Argumentos de la demanda de tutela
ordinario (recurso de apelación)
La sentencia recurrida niega las Según lo prevé el artículo 303 del Código
pretensiones de la demanda manifestando General del Proceso, los elementos
cosa juzgada. Cosa que no es cierto ya que constitutivos de la cosa juzgada, son: (i)
las pretensiones incoadas en la demanda identidad de objeto; (ii) identidad de causa
son: (…) y, (iii) identidad jurídica de partes.
Son absolutamente diferentes a las 1. Las partes del proceso son LUZ MERY
señaladas por el Despacho de primera VIZCAINO PINILLA Y LA U.G.P.P. 2.
instancia dentro del proceso Tribunal IDENTIDAD DE OBJETO: en el caso que
Administrativo de Cundinamarca – Sección nos ocupa el objeto del proceso es: (…)
Segunda – Subsección “D”, el 7 de julio de
2005, dentro del proceso identificado con el Que tanto las pretensiones de la demanda
número 2004-3302, ya que como queda como el agotamiento de vía gubernativa es
demostrado se solicitó la reliquidación de claro en precisar que se reliquide la pensión
las mesadas pensionales a partir del 01 DE de vejez de mi representada desde 07 de
JULIO DEL 2001 EN ADELANTE esto julio del 2005. Por ser la pensión de vejez
quiere decir que el fallo dictado dentro del un derecho de tracto sucesivo se puede
proceso que curso en el Tribunal solicitar su reliquidación en cualquier
Administrativo de Cundinamarca – Sección tiempo o cuantas veces el pensionado
Segunda – Subsección “D”, el 7 de julio de considere justa su pretensión, en el caso
2005, dentro del proceso identificado con el que nos ocupa para el año 2020 se solicita
número 2004-3302 no puede cobijar la reliquidación por existir un cambio
mesadas futuras ya desde el 0 de julio del jurisprudencial entorno a la prima de riesgo
2001 no existe la cosa juzgada sobre de los exfuncionarios del DAS.
mesadas pensionales futuras ya que ni (…)
siquiera existían y ahora bien la Que como se solcito en vía gubernativa la
jurisprudencia constitucional y reliquidación de la pensión de vejez a mi
administrativa ha señalada la posibilidad de representada desde el 07 DE JULIO DEL
demandar y solicitar la reliquidación de las 2005, las mesadas pensionales futuras no
mesadas pensionales en cualquier tiempo, están cobijadas por el principio legal de
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06621-01
Demandante: Luz Mery Vizcaíno Pinilla
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
ya que esta prestación por ser de carácter cosa juzgada dentro del proceso con el
sucesivo hacia el futuro tiene una radicado 2004- 3302 dte LUZ MERY
connotación diferente, ahora bien existe un VIZCAINO PINILLA DDO: CAJANAL QUE
cambio en la línea de la jurisprudencia en CURSDO EN EL TRIBUNAL
materia administrativa ya que en sentencia ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
del CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO porque esta sentencia solo tiene efectos
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO dentro de los periodos pensionales del 01
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A de enero del 2002 al 07 de julio del 2005
Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO fecha en que se dictó sentencia dentro del
GOMEZ ARANGUREN Bogotá, D.C, proceso 2004-3302.
veintidós (22) de abril de dos mil quince
(2015) Radicación número: 25000-23-25- AHORA BIEN DENTRO DE LA DEMANDA
000-2009-00175-01(1520-13) Actor: DE NULIDAD Y RESTEBLECIMEINTO
ANCÍZAR MARTÍNEZ OSPINA DEL DERECHO NUMERO
Demandado: CAJA NACIONAL DE 11001333502120210033800 CURSANTE
PREVISIÓN SOCIAL EICE EN EL JUZGADO 21 ADMINSITRATIVO DE
LIQUIDACIÓN (ACTUALMENTE UNIDAD BOGOTA, NO SE SOLICITO EL CAMBIO
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DE IBL POR EL CONTRARIO LO QUE SE
GESTIÓN PENSIONAL Y PRETENDIO CON ESTA DEMANDA ES
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA INCLUSION DE LA PRIMA DE RIESGO
LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP) y DESDE EL 07 DE JULIO DEL 2005 EN
sentencia del CONSEJO DE ESTADO ADELANTE, POR LO TANTO NO EXISTE
SALA DE LO CONTENCIOSO IDENTIDAD DEL OBJETO DENTRO DE
ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA LOS PROCESOS CON RADICACION
MAGISTRADO PONENTE: Dr. GERARDO 2004-3302 y 2021-00338 YA QUE AMBOS
ARENAS MONSALVE Bogotá D.C., SON DISTINTOS EN SU OBJETO.
primero (1) de agosto de dos mil trece
(2013). Expediente: EL PROCESO CON EL RADICADO 2004-
440012331000200800150 01 Referencia: 3302 DECLARO LA NULIDAD DE ACTOS
0070-2011 Actor: HÉCTOR ENRIQUE ADMINISTRATIVOS COMO LO ES LA
DUQUE BLANCO AUTORIDADES REOLUCION NUMERO 3162 DEL 15 DE
NACIONALES. ABRIL DEL 2004 Y EL PROCESO 2021-
00338 SE SOCLITO LA DECLARACION
DE LA NULIDAD la resolución No. RDP
004503 DEL 24 DE FEBRERO DEL 2021,
POR cambio de línea jurisprudencial
entorno a la prima de riesgo y su
reconocimiento hecho en 2 sentencias de
unificación del CONSEJO DE ESTADO.
AL EXISTIR CAMBIO DE
JURISPRUDENCIA Y SENTENCIA DE
UNIFICACION LOS PENSIONADOS
PUEDEN DEMANDAR LA
RELIQUIDACION DE SU DERECHO
PENSIONAL EN CUALQUIER TIEMPO.
3. (ii) identidad de causa: Se alude a
ella cuando la pretensión ha sido también
aducida en otro juicio. COMO SE PUEDE
VER TANTO EL PROCESO NUMERO
2004-3302 COMO EN EL PROCESO
2021-00338, LAS PRETENSIONES SON
ABSOLUTAMENTE DIFERENTES,
PRIMERO PORQUE SE DEMANDAN
ACTOS ADMINISTRATIVOS
DIFERENTES UNO ES LA RESOLUCION
3162 Y EL OTRO LA RESOLUCION
004503. SEGUNDO LAS
AGOTAMIENTOS DE VIA GUBERNATIVA
SON DIFERENTES YA QUE EN UNO SE
SOLICITA CAMBIAR EL IBL Y EN EL
OTRO PROCESO NO SE SOLCITA
CAMBIAR EL IBL LO QUE SE SOLICITA
ES LA INCLUSION DE LA PRIMA DE
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06621-01
Demandante: Luz Mery Vizcaíno Pinilla
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
RIESGO RECONOCIDA POR UN CAMBIO
JURISPRUDENCIAL DEL CONSEJO DE
ESTADO. Ahora bien, con lo anterior
demuestro que para aplicar el fenómeno de
cosa juzgada dentro del proceso numero
2021-00338 cursante en el juzgado 21
Administrativo de Bogotá, debían cumplirse
los 3 requisitos exigidos por el artículo 303
del C.G.P. y no solo como fue lo que paso
en las sentencias de fechas 30 de junio del
2023 y 16 de noviembre del 2022, que en
su parte considerativa solo porque las
partes son las mismas o sea la señora LUZ
MERY VIZCAINO PINILLA y LA U.G.P.P.,
y porque lo que se pide es la reliquidación
de la pensión de vejez se aplicó el
fenómeno de cosa juzgada y porque lo que
se pide es la reliquidación de la pensión de
vejez.
Para aplicar el fenómeno de la cosa
juzgada se deben cumplir a cabalidad los 3
requisitos del artículo 303 del C.G.P. y no
solo 1 como fue lo que paso con las
sentencias aquí denunciadas con la tutela.
Estos argumentos fueron examinados y resueltos por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en la sentencia del 30 de junio de
2023, así:
Ello significa que, para que opere la cosa juzgada, es necesario que se
cumplan los presupuestos de identidad de las partes, que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto y la misma causa y así lo sostuvo el Consejo de
Estado en sentencia de 17 de mayo de 2018, al señalar lo siguiente: (…)
En esta línea expuesta, se resalta además, que el Consejo de Estado en
sentencia de 2 de diciembre de 2021, emitida dentro del radicado No. 11001-
03-24-000-2011-00290-00(6322- 19), y con ponencia del Consejero Dr.
Rafael Francisco Suárez Vargas, en cuanto a los efectos procesales y
sustanciales, puntualizó: “De esta manera, cuando en el nuevo proceso se
pueda corroborar la existencia de una sentencia ejecutoriada que resolvió el
asunto en anterior oportunidad y, además, que concurran los elementos
enunciados, deberá declararse la configuración de la cosa juzgada y, en
consecuencia, al juez no le será permitido pronunciarse sobre la prosperidad
o no de las pretensiones, en tanto que no puede volver a decidir acerca de
asuntos ya juzgados, so pena de quebrantar el principio de seguridad jurídica
de las decisiones judiciales.”
Tal como lo ha reiterado la sentencia de la Corte Constitucional, la cosa
juzgada “…es una cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la
cual aquellas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace
que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el
futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes
y que persiga igual objeto.” (Énfasis del texto).
La importancia de esta propiedad o atributo de las sentencias judiciales,
tienen como fin conferir estabilidad, firmeza y certeza a las decisiones
judiciales, evitando que un mismo asunto pueda ser debatido indefinidamente
ante la jurisdicción.
(…)
Pues bien, en el caso bajo estudio, se advierte que la presente demanda si
bien se halla encaminada en contra de la U.G.P.P., como se indicó en primera
instancia y dadas las razones allí expuestas, esta es la sucesora de la
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06621-01
Demandante: Luz Mery Vizcaíno Pinilla
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
entonces Caja Nacional de Previsión Social guardando la identidad de sujeto
procesal similar a los efectos jurisdiccionales actuales; en consecuencia, la
Sala concluye que a todas luces las partes objeto de litigio concurren en igual
forma, y si bien el objeto (la nulidad de los actos administrativos en cuestión)
difieren nominalmente, en ese esencia, resulta en una identidad de causa,
esto es, la reliquidación de la prestación en los términos ya resueltos por esta
Corporación.
En suma, es admisible declarar probado que se configuró la cosa juzgada
judicial, pues hubo una decisión de fondo que involucró las mismas partes y
existe identidad de causa y objeto, con relación a la controversia traída
nuevamente a conocimiento de esta jurisdicción, aun cuando se pretendió,
con un nuevo pronunciamiento de la entidad, incoar un nuevo estudio que
persigue la misma finalidad, la cual es una reliquidación de la prestación. Todo
lo anterior, independiente del estudio de fondo el cual se hubiere centrado en
los derechos adquiridos.
Así las cosas, al estimar la Sala que se reúnen los presupuestos dispuestos
en la ley para que se configure el fenómeno de la cosa juzgada y de manera
oficiosa la inepta demanda, se declararán probada las mismas ordenándose
dar por terminado el presente proceso.
En este orden de ideas, la Sala concluye que la parte demandante no le cabe
razón en su decir en la alzada incoada, pues no existe si quiera jurisprudencia
novedosa que permita realizar un análisis diferencial de la dada de manera
prístina en la sentencia que reconoció la reliquidación en su momento; por lo
tanto, procede la operación del fenómeno de la cosa juzgada, en ese sentido,
como se expresó en el problema jurídico, no hay lugar a estudiar de fondo lo
pretendido. En consecuencia, se confirmará la decisión adoptada por el a quo
en la providencia proferida en primera instancia.
Visto lo anterior, tal como lo advirtió el juez de tutela de primera instancia, es claro
que la presente solicitud de amparo deviene en improcedente, justamente porque
busca revivir la discusión del proceso 2021-00338-00/01, en torno a si se configuró
o no la cosa juzgada, lo cual fue analizado y decidido razonablemente en las
providencias aquí cuestionadas, en las que se concluyó que dicho proceso presenta
identidad de partes, de objeto y de causa con el 2004-3302, toda vez que en ambos
casos se solicitó la reliquidación de la pensión de la actora con el 75% de todos los
factores salariales devengados en el último año de servicios, con la inclusión de la
prima de riesgo, pretensiones que, si bien pueden ser planteadas en forma distinta,
siempre tendrán el mismo objeto y la misma causa.
A esto se suma que las autoridades accionadas citaron varios pronunciamientos del
Consejo de Estado, para respaldar la tesis que acogieron, según la cual, aún en
tratándose de reclamaciones sobre prestaciones periódicas, en las que el
pensionado puede elevar peticiones de reliquidación en cualquier momento, el juez
se encuentra imposibilitado para reabrir el debate ya resuelto en una sentencia
ejecutoriada, aunque los actos administrativos demandados sean distintos, o se
refieran a periodos de tiempo (mesadas) diferentes, toda vez que lo determinante
es que se trata del mismo derecho (o factor) reclamado y, por ende, se presenta la
identidad de objeto y de causa.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06621-01
Demandante: Luz Mery Vizcaíno Pinilla
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Asimismo, resolvieron el argumento elevado por la parte actora referente a la
variación de la jurisprudencia, pues el Juzgado accionado fue claro al sentar su
posición conforme a la línea jurisprudencial que desarrolló, según la cual «los
cambios jurisprudenciales adoptados por el Consejo de Estado en relación con los
regímenes pensionales de ninguna manera constituyen una excepción para
inaplicar la figura de cosa juzgada (…)». Por su parte, el Tribunal demandado
sostuvo que no existe jurisprudencia novedosa que permita realizar un análisis
diferencial del realizado en la sentencia que reconoció la reliquidación en el primer
proceso.
En todo caso, vale la pena señalar que la sentencia de unificación del 1º de agosto
de 2013, invocada por la actora, debe analizarse a la luz de la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018 (exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01), que
recogió el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado contenido en la sentencia
del 4 de agosto de 2010 (expediente 0112-09), por considerar que desconocía el
principio de solidaridad en materia de seguridad social, así como la voluntad del
legislador de delimitar los factores salariales que conforman la base de liquidación.
En criterio de la Sala, las consideraciones que sirvieron de fundamento a las
decisiones censuradas resultan razonables y no merecen reproche alguno desde el
punto de vista constitucional. El hecho de que la parte demandante no las comparta,
no significa que por ese motivo el Juzgado 21 Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, hubieran
incurrido en los vicios alegados, ni habilita al juez constitucional para reabrir el
debate, convirtiendo la acción de tutela en una instancia adicional.
Finalmente, frente al supuesto desconocimiento de la sentencia de unificación del
Consejo de Estado, Sección Segunda, proferida el 3 de diciembre de 2020 con
ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández, dentro del radicado 13001-
23-33-000-2015-00676-01(2618-19), basta con señalar que el defecto no cumple
con la carga argumentativa exigida, pues la parte actora se limitó a identificar la
providencia, sin precisar cuáles fueron los fundamentos fácticos que dieron lugar a
la misma, ni identificar cuáles son las subreglas jurisprudenciales que se derivan de
ella, amén de que tampoco explicó por qué las autoridades judiciales accionadas
estaban obligadas a aplicarlas para dar solución a la controversia planteada por la
actora.
En suma, la solicitud de amparo no satisface el requisito general de relevancia
constitucional, porque busca revivir la discusión planteada en el proceso ordinario
y, además, carece de la carga argumentativa necesaria, respecto del supuesto
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06621-01
Demandante: Luz Mery Vizcaíno Pinilla
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
desconocimiento de la sentencia dictada el 3 de diciembre de 2020 por la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
Por todo lo anterior, la Sala confirmará la decisión impugnada, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 30 de noviembre de 2023, proferida por la
Sección Quinta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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