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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-06624-01

Fecha
29 de febrero de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-06624-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 27 de noviembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, para declarar improcedente la acción de tutela frente a todas las pretensiones formuladas por el señor Eliécer Gómez Barceló en nombre propio y como apoderado judicial del señor Jorge Aurelio Ardila Ovalle, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-06624-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

29 de febrero de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06624-01
Demandante: Eliécer Gómez Barceló y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-06624-01
Demandante ELIÉCER GÓMEZ BARCELÓ Y OTRO
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas Acción de tutela contra acto administrativo y providencia judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción. La subsidiariedad.
La relevancia constitucional. Modalidad de pago de depósitos judiciales.
Pago con abono a cuenta bancaria.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Eliécer Gómez Barceló
contra la sentencia de 27 de noviembre de 2023, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación del Consejo Superior de la Judicatura,
el Banco Agrario de Colombia y Carbones de la Jagua SA, por las razones dadas.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Eliécer Gómez
Barceló, en relación con los reparos contra la Circular PCSJC21-15 de 8 de julio de 2021,
por los motivos expuestos, y NEGARLA frente a lo demás».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 25 de octubre de 20231, el señor Eliécer Gómez Barceló instauró acción de tutela,
en nombre propio y en representación del señor Jorge Aurelio Ardila Ovalle, contra
el Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Chiriguana (Cesar) y el Banco Agrario de Colombia, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, libre desarrollo de la
personalidad y trabajo.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Que se le tutele los derechos fundamentales a la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y
DEBIDO PROCESO al señor JORGE AURELIO ARDILA OVALLE.
2. Que se me ampare los derechos fundamentales al Debido Proceso, al Mínimo Vital, al
Libre Desarrollo de la Personalidad y al Trabajo.
3. Como consecuencia de lo anterior se le ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la notificación
de este fallo, proceda a expedir otra circular donde se le comunique a todos los actores
responsables del manejo de los depósito judiciales, lo verdaderamente contemplado por
el Acuerdo N° PCSJA21-11731 del 29/01/2021, en el tema al pago de los depósitos

1 Índice 2 en Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06624-01
Demandante: Eliécer Gómez Barceló y otro

judiciales con la figura de “pago con abono de cuenta”, en el sentido de que el acuerdo
mencionado no contempla la obligación de esa forma de pago cuando dichos depósitos
judiciales superen los 15 SMLMV.
4. Así mismo, se le ordene al JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CHIRIGUANA (CESAR), que el término de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la
notificación de este fallo, proceda a revocar la providencia de fecha 27/06/2023 en lo
relativo a la orden de pago del depósito judicial N° 424220000043505 del 23/05/2023 por
valor de $193.434.219, tal como se realizó la solicitud de su entrega y con fundamento a
lo contemplado en el Acuerdo N° PCSJA21-11731 del 29/01/2021.
5. Se le ordene al banco AGRARIO DE COLOMBIA S.A., acatar lo dispuesto en el Acuerdo
N° PCSJA21-11731 DEL 29/01/2023 sobre el pago de los depósitos judiciales».

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Eliécer Gómez Barceló es abogado del señor Jorge Aurelio Ardila
Ovalle en el proceso ordinario laboral de primera instancia contra la sociedad
Carbones de la Jagua SA, tramitado en el Juzgado Laboral del Circuito de
Chiriguana (Cesar), bajo el radicado Nro. 20178-31-05-001-2018-00046-00.

En dicho proceso se dictó sentencia favorable al señor Jorge Aurelio Ardila
Ovalle. Por lo tanto, la sociedad demandada consignó en la cuenta del juzgado
el depósito judicial Nro. 424220000043505 del 23 de mayo de 2023 por valor de
$193.434.219 y Nro. y 424220000043707 del 14 de junio de 2023 por la suma
de $5.543.136.

2.2. El abogado Eliécer Gómez Barceló le solicitó al Juzgado Laboral del Circuito
de Chiriguana (Cesar) la entrega de los depósitos judiciales mencionados.

2.3. Mediante auto de 27 de junio de 2023, el Juzgado Laboral del Circuito de
Chiriguana (Cesar) ordenó la entrega de los depósitos con pago a cuenta
bancaria. Por consiguiente, requirió al abogado a fin de que aportara
certificación de la cuenta bancaria a la cual consignar los dineros.

2.4. El abogado tutelante interpuso recurso de reposición contra el auto de 27 de
junio de 2023. Explicó que de conformidad con el Acuerdo Nro. PCSJA21-
11731 del 29 de enero de 2021 «Por el cual se adopta el reglamento para la
administración, control y manejo eficiente de los depósitos judiciales», expedido por
el Consejo Superior de la Judicatura, el pago de depósitos judiciales bajo la
modalidad de abono a cuenta solo procede a petición de parte. E indicó que
jamás solicitó el pago del depósito bajo la modalidad de abono a cuenta
bancaria ni entregó cuenta bancaria para ello. Por lo que tal forma de pago no
procede en el caso.

2.5. En auto del 1º de agosto de 2023, el Juzgado Laboral del Circuito de
Chiriguana (Cesar) confirmó el auto de 27 de junio de 2023, pues consideró
que la decisión recurrida no era más que el resultado de seguir los
lineamientos dispuestos por el Consejo Superior de la Judicatura para el pago
de depósitos judiciales. Explicó que en las Circulares PCSJC21-15 y
PCSJC20-17 se limitó el pago de depósitos que superen los 15 SMMLV
mediante cheque de gerencia o abono a cuenta bancaria autorizada por el
beneficiario.

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A su vez, hizo alusión a la sentencia de radicación Nro. 95419, en la cual la
Corte Suprema de Justicia se refirió a los esfuerzos realizados desde el
Consejo Superior de la Judicatura, en conjunto con el Banco Agrario, para
reforzar los protocolos de seguridad frente al pago de depósitos judiciales. Allí
se explicó que el pago con abono a cuenta bancaria evita « que se continúen
presentando intentos de suplantación de identidad en el cobro de los depósitos judiciales,
aun mas cuando el Banco todavía no cuenta con un sistema biométrico que permita
minimizar este tipo de riesgos que se dan más frecuentemente en el cobro por ventanilla;
es así que, a través de esta funcionalidad, se permite corroborar la identidad del
beneficiario a quien se le realiza el pago del depósito, asegurando que la cuenta le
pertenece, con la confirmación del banco donde éste la tiene abierta y activa, y por ende,
tener la certeza de que corresponde al definido por el juez».

Por último, el juzgado indicó que se podrá entregar sin abono a cuenta
bancaria el depósito judicial 424220000043707 del 14 de junio de 2023 por
valor de $5.543.136, «habida cuenta su procedencia».

3. Fundamentos de la acción

3.1. La parte actora explicó que el Acuerdo Nro. PCSJA21-11731 del 29 de enero
de 2021 «Por el cual se adopta el reglamento para la administración, control y manejo
eficiente de los depósitos judiciales», expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, establece el pago de depósitos judiciales bajo la modalidad de
abono a cuenta. Esta alternativa requiere que el beneficiario tenga cuenta
bancaria y que solicite el pago de esa manera. Expresamente, la norma
dispone lo siguiente:
«Artículo 13. Orden y autorización de pago. (…) Parágrafo segundo. Orden de pago con
abono a cuenta. Los titulares de las cuentas únicas judiciales y los responsables de la
administración de los depósitos pueden hacer uso de la funcionalidad “pago con abono a cuenta”,
disponible en el Portal Web, siempre que el beneficiario tenga cuenta bancaria y haya
solicitado el pago de su depósito por ese medio».

Explicó que posteriormente el Consejo Superior de la Judicatura expidió la
Circular Nro. PCSJC21-15 de 8 de julio de 2021, la cual establece que los
depósitos judiciales que superen los 15 salarios mínimos legales mensuales
vigentes (SMLMV) se pagarán mediante la modalidad de abono a cuenta
bancaria.

En esa medida, la parte actora argumentó que existe una contradicción entre
el acuerdo y la circular mencionados, puesto que en el primero el pago de
depósitos judiciales con abono a cuenta es optativo a petición de parte,
mientras que en la circular se dispuso que esa modalidad de pago procede en
todos los casos en los cuales el depósito sea mayor a los 15 SMLMV.

Asimismo, sostuvo que el ordenamiento jurídico colombiano tiene una
jerarquía en la cual la Constitución se encuentra en la cabeza; en segundo
lugar están las leyes emanadas del Congreso de la República; en tercer puesto
se encuentran los decretos con fuerza de ley y los decretos reglamentarios
expedidos por el Gobierno Nacional; en el cuarto lugar están las resoluciones
de gobierno, ordenanzas y acuerdos; y en el quinto lugar las resoluciones.

En ese orden de ideas, afirmó que el Consejo Superior de la Judicatura no
podía a través de la Circular Nro. PCSJC21-15 modificar el Acuerdo Nro.
PCSJA21- 11731, en el tema del pago de depósito judicial con abono a cuenta,
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máxime cuando la circular mencionada no es una norma. De ahí que no exista
una norma vinculante que prohíba el pago de los depósitos judiciales
superiores a 15 SMLMV por ventanilla o en efectivo.

Por otra parte, el señor Eliécer Gómez Barceló manifestó que en virtud de sus
convicciones filosóficas no tiene cuenta bancaria y que en Colombia no existe
una norma que obligue a los profesionales del derecho a tener una. Al
respecto, explicó: «disiento de la banca colombiana, porque es un servicio muy
deficiente, son usureros, no ofrecen ningún beneficio para el cliente, todos los servicios
los cobran, la seguridad bancaria es precaria, a cada rato clonar las cuentas bancarias y
el banco nunca quiere responder, por lo tanto, no utilizo ese servicio para no tener dolor
de cabeza».

Sostuvo que efectuar el pago del depósito a través de la modalidad de abono
a cuenta bancaria atenta contra sus derechos fundamentales al trabajo y
mínimo vital, pues no podrá terminar el mandato conferido por el poderdante,
cobrar el depósito, pagar a su cliente lo dispuesto en la sentencia a su favor y
recaudar sus honorarios profesionales a fin de satisfacer sus necesidades
básicas y las de su núcleo familiar. Asimismo, tal circunstancia denota la
vulneración a su derecho al libre desarrollo de la personalidad, ya que sus
creencias filosóficas, culturales y personales no le permiten creer en la
bancarización.

En la misma línea argumentó que a su poderdante, el señor Jorge Aurelio
Ardila Ovalle, se le viola su derecho a la tutela judicial efectiva, ya que la
limitación frente al pago del depósito judicial trunca su reparación y
compensación por el daño sufrido; así como su derecho al debido proceso,
pues «se le está aplicando una norma inexistente en el tema del pago de los depósitos
judiciales».

También mencionó que no existe otro medio de defensa al cual acudir, porque
la Circular Nro. PCSJC21-15 de 8 de julio de 2021 no es un acto administrativo
que sea susceptible de ser demandado por la vía de lo contencioso
administrativo.

Hizo alusión a una petición que presentó ante el Consejo Superior de la
Judicatura, en virtud del cual la directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico de dicha autoridad indicó que «la finalidad de la Circular PCSJC21-15,
es la manera en la que se le comunica la implementación y aplicación para la
administración, control y manejo eficiente de los depósitos judiciales establecidos en el
acto administrativo PCSJA21- 11731 del 29 de enero de 2021».

Por lo tanto, aseguró que la circular «se limitó a reproducir (…) el acto
administrativo». De ahí que no exista mecanismo de defensa al cual acudir,
diferente a la acción de tutela.

3.2. De otro lado, sostuvo que al proferir el auto de 27 de junio de 2023, en el cual
se ordenó efectuar el pago del depósito judicial mediante la figura de pago con
abono a cuenta, el Juzgado Laboral del Circuito de Chiriguana (Cesar) incurrió
en defecto sustantivo.

Argumentó que la Circular Nro. PCSJC21-15 de 8 de julio de 2021 no tiene la
fuerza de ley para obligar a esa forma de pago, más aún cuando la norma que
regula el pago de los depósitos judiciales, es decir el Acuerdo Nro. PCSJA21-

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11731, no contempla esa figura de pago como obligatoria. En suma, consideró
que el juzgado fundamentó su decisión en una norma inexistente.

3.3. Finalmente, solicitó como medida provisional se le ordene «al Consejo Superior
de la Judicatura, que el término de veinticuatro (24) horas a la notificación de esta medida,
le comunique al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Chiriguana (Cesar) y al banco
Agrario de Colombia S.A., que abstenga de aplicar el inciso tercero del numeral 5° de la
Circular N° PCSJC21-15 del 08/07/2021».

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Mediante auto de 31 de octubre de 2023, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Eliécer Gómez Barceló, en nombre propio y como
apoderado judicial del señor Jorge Aurelio Ardila Ovalle, contra el Consejo
Superior de la Judicatura, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Chiriguaná y el Banco Agrario de Colombia; se ordenó notificar en calidad de
tercero con interés a la sociedad Carbones de la Jagua SA; se negó la solicitud
de medida provisional; se reconoció al abogado Eliécer Gómez Barceló como
apoderado del señor Jorge Aurelio Ardila Ovalle; y se dispuso efectuar las
notificaciones pertinentes.

4.2. El Consejo Superior de la Judicatura manifestó que carece de legitimación
en la causa por pasiva, debido a que «las acciones u omisiones que atribuye el
accionante como vulneradoras, recaen exclusivamente sobre el Grupo de Fondos
Especiales de la Unidad Presupuesto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
entidad que actúa como ordenador del gasto de conformidad con los numerales 2 y 6 del
artículo 103 de la Ley 270 de 1996 y que tiene a cargo expedir el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal (CDP) para designar los reemplazos de los funcionarios y
empleados judiciales que pretenden el disfrute de sus vacaciones».

4.3. El Banco Agrario de Colombia sostuvo que no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados, ya que su obligación como entidad financiera es, en
primera medida, actuar como receptor de las consignaciones realizadas para
la constitución de los depósitos judiciales; y en segundo lugar, realizar el pago
de tales dineros, previa orden por parte del funcionario competente.

En esa medida, subrayó que su labor se limita a fungir como ejecutor de las
órdenes impartidas por los funcionarios judiciales.

Consideró que la tutela interpuesta no está llamada a prosperar, ya que ha
actuado en cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la
administración y pago de los depósitos judiciales.

Por otra parte, aseguró que la Circular Nro. PCSJC21-15 del 8 de julio de 2021
del Consejo Superior de la Judicatura, en su numeral 5, establece que los
depósitos con valor superior a 15 SMLMV ($17.400.000 para el año 2023)
deben ser pagados exclusivamente a través del Portal Web Transaccional de
Depósitos Judiciales por el despacho judicial. Se excluye, entonces, el pago
en efectivo de los dineros superiores a ese valor.

El banco transcribió el contenido de la circular en lo referente al pago con
abono a cuenta bancaria:
«5. Pago con abono a cuenta Todas las órdenes y autorizaciones de pago de cualquier
concepto de depósitos judiciales, en procesos judiciales de todas las especialidades y
jurisdicciones, se harán únicamente a través del acceso seguro dual al Portal Web
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Transaccional de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia, por los administradores
de las cuentas judiciales y en los horarios laborales hábiles.
En este entendido, los titulares de las cuentas únicas judiciales y los responsables de la
administración de los depósitos deben hacer uso de la funcionalidad "pago con abono a
cuenta", disponible en el Portal Web, siempre que el beneficiario tenga cuenta bancaria y haya
solicitado el pago de su depósito por ese medio.
De todas maneras, sin excepción, las sumas iguales o superiores a quince (15) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, deberán siempre ser tramitadas a través de la
funcionalidad de pago con abono a cuenta; la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y el Banco Agrario de Colombia generarán un procedimiento para establecer los
requisitos. protocolos y mecanismos que aseguren que los pagos por este medio sean
seguros, eficaces y viables».

Informó que los depósitos judiciales se pueden pagar de dos formas: (i)
directamente por parte del juzgado, a través del Portal Web Transaccional de
Depósitos Judiciales del Banco Agrario de Colombia, mediante la modalidad
de pago con abono a cuenta del respectivo beneficiario, bien sea a cuentas
Banco Agrario o a otras entidades, lo cual debe ser solicitado por el beneficiario
anexando la certificación de la cuenta bancaria; y (ii) en oficina, mediante
expedición de cheque de gerencia o nota de crédito a cuentas corrientes o de
ahorros del Banco Agrario de Colombia y que estén a nombre del beneficiario
del pago de los depósitos judiciales.

En consecuencia, explicó que el acreedor del dinero debe decidir si prefiere
acudir al juzgado para que se efectúe el pago del depósito mediante abono a
cuenta; o acudir a la oficina del Banco Agrario y solicitar la expedición del
cheque de gerencia o nota crédito a cuentas corrientes o de ahorros del Banco
Agrario y que estén a nombre del beneficiario del pago de los depósitos
judiciales.

Por otra parte, adujo que la Circular Nro. PCSJC21-15 del 8 de julio de 2021,
además de ser posterior, desarrolla la implementación y aplicación del
Acuerdo Nro. PCSJA21-11731 del 29 de enero de 2021.

Finalmente, manifestó que de su parte no ha existido vulneración a los
derechos fundamentales de la parte actora y que carece de legitimación en la
causa por pasiva.

4.4. La sociedad Carbones de la Jagua S.A. manifestó que en el escrito de tutela
no se explicaron los motivos que justifiquen su vinculación y que la acción de
tutela no se dirige en contra suya. Motivos por los cuales consideró que no
tiene legitimación en la causa por pasiva y que de su parte no existe ninguna
vulneración de derechos fundamentales.

También mencionó que en el caso no existe perjuicio irremediable alguno y
que la tutela no es el mecanismo procedente para reclamaciones relacionadas
con el pago de acreencias laborales, según lo ha explicado la Corte
Constitucional.

4.5. La parte actora presentó memoriales solicitando proferir fallo.

4.6. El Juzgado Laboral del Circuito de Chiriguaná remitió el expediente del
proceso laboral.

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5. Providencia impugnada

Mediante sentencia de 27 de noviembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B declaró improcedente la tutela en lo relativo a las
inconformidades sobre la Circular Nro. PCSJC21-15 de 8 de julio de 2021.

Fundamentó tal decisión en que la parte actora cuenta con el medio de control de
simple nulidad para controvertir el acto administrativo de carácter general y
abstracto contenido en dicha circular.

Explicó que esta última «no se limita a reproducir el contenido de otra norma, en este caso,
el Acuerdo No. PCSJA21-11731 de 29 de enero de 2023, sino que denota la manifestación de
la voluntad del Consejo Superior de la Judicatura tendiente a producir efectos jurídicos de
carácter general, pues, la mencionada circular contiene la decisión de que se tramite a través
de la funcionalidad de pago con abono a cuenta todas las sumas iguales o superiores a 15
SMLMV».

Por otra parte, negó el amparó en lo relacionado con dejar sin efectos el auto de
27 de junio de 2023, en el cual el Juzgado Laboral del Circuito de Chiriguana
(Cesar) ordenó la entrega del depósito bajo la modalidad de pago a cuenta
bancaria. La autoridad judicial explicó que el juzgado no decidió con base en una
norma inconstitucional o inaplicable ni tampoco efectuó una interpretación
irrazonable de la circular. Por ende, sostuvo que no se incurrió en defecto
sustantivo.

Recalcó que la Circular Nro. PCSJC21-15 de 8 de julio de 2021 se presume legal
mientras no haya sido anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Por ende, no hay razones para que el juzgado hubiera optado por no acatar lo allí
establecido, máxime cuando el valor del depósito judicial Nro. 424220000043505
de 23 de mayo de 2023 ($193.434.219) superaba los 15 SMLMV y, en los términos
de la circular, debía ser tramitado a través de la modalidad de pago con abono a
cuenta bancaria.

Asimismo, consideró que en el caso no se trasgredieron los derechos
fundamentales del abogado Gómez Barceló ni de su poderdante el señor Ardila
Ovalle, pues el dinero para cubrir los honorarios del primero y para reparar y
compensar al segundo está contenido en depósitos judiciales. Distinto es que el
apoderado no esté de acuerdo en tener una cuenta bancaria.

Finalmente, consideró que no existía vulneración de derechos de parte del Banco
Agrario de Colombia y resaltó que la parte actora no acreditó alguna acción u
omisión de parte de la entidad financiera.

En conclusión, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de un lado,
declaró improcedente la acción de tutela respecto del reparo formulado contra la
Circular Nro. PCSJC21-15 de 8 de julio de 2021, por tratarse de un acto de carácter
general, impersonal y abstracto; y por el otro, negó el amparo en todo lo demás,
por no configurarse el defecto sustantivo alegado y por ausencia de vulneración de
derechos.

6. Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia. No especificó las
razones de su inconformidad.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades,
o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es
subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De los antecedentes expuestos, y particularmente de las pretensiones formuladas
en el escrito de tutela, la Sala advierte que la parte actora controvierte, por una
parte, la Circular Nro. PCSJC21-15 de 8 de julio de 2021 en la que se dispuso que
los depósitos judiciales superiores a los 15 SMLMV deben pagarse a través de
abono a cuenta bancaria; y por la otra, el auto de 27 de junio de 2023 mediante el
cual el Juzgado Laboral del Circuito de Chiriguana (Cesar) ordenó la entrega del
depósito con pago a cuenta bancaria.

Así las cosas, en primer lugar la Sala establecerá si se cumple con el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela, en relación a los reproches expuestos frente
a la Circular Nro. PCSJC21-15 de 8 de julio de 2021.

En segundo lugar, por controvertir el auto de 27 de junio de 2023, la Sala estudiará
si se cumple a cabalidad con los requisitos generales de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial, particularmente el de la relevancia constitucional. Solo
en caso de superar dicho análisis, se determinará si al proferir auto de 27 de junio
de 2023, en el marco del proceso de radicado Nro. 20178-31-05-001-2018-00046-00,
el Juzgado Laboral del Circuito de Chiriguana (Cesar) incurrió en el defecto alegado
por la parte actora.

3. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela y su análisis en el
caso

3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Esa norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». A su turno, el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es
improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Según esas normas, la subsidiariedad hace referencia a que la acción de tutela
solo procede cuando no existen otros medios de defensa idóneos para
amparar los derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea
necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual
procederá como mecanismo transitorio de protección. De esta forma, se busca
que los mecanismos ordinarios de defensa para la protección de los derechos
no sean desplazados o suplantados por la acción de tutela.
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Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción
de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se
definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las
que se encuentra el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la
existencia o no de un perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.

En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos
fundamentales del actor.

Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha manifestado lo
siguiente:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección
del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción
de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para
alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales (…)»2.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe
probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

Ahora bien, con fundamento en el requisito de la subsidiariedad, la
jurisprudencia de las altas cortes ha concluido que, por regla general, esta
acción es improcedente cuando se pretende controvertir actos administrativos,
puesto que el interesado puede o pudo discutir su contenido a través de
distintos medios de control, dependiendo de la naturaleza del acto, sea general
o particular.

3.2. Explicado lo anterior, la Sala considera que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, porque en el caso existe un mecanismo de defensa ordinario
a través del cual la parte actora puede controvertir la Circular Nro. PCSJC21-
15 de 8 de julio de 2021. Este es el medio de control de nulidad consagrado
en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, según el cual «Toda persona podrá
solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos
administrativos de carácter general. (…) También puede pedirse que se declare la nulidad de
las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro».

Es posible acudir a dicho mecanismo judicial por tratarse de una decisión de
la administración capaz de producir efectos jurídicos y por no limitarse

2 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.
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únicamente a reproducir el Acuerdo Nro. PCSJA21-11731 de 29 de enero de
2021 «Por el cual se adopta el reglamento para la administración, control y manejo eficiente
de los depósitos judiciales»3.

Al respecto, en sentencia de 15 de septiembre de 20234, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado explicó que las circulares son demandables ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo siempre que contengan una
decisión capaz de producir efectos jurídicos vinculantes. Por ende, aquellas
circulares que se limiten exclusivamente a replicar los preceptos de una norma
no constituyen actos administrativos y, consecuentemente, no son
demandables judicialmente. Tal postura fue desarrollada en la providencia
mencionada en los siguientes términos:
«Esta Corporación5 ha señalado que las circulares son susceptibles de ser demandadas ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo siempre y cuando tengan el carácter de actos
administrativos, es decir, cuando contienen una decisión emanada de una entidad pública,
capaz de producir efectos jurídicos vinculantes y obligatorios para las personas. En ese
sentido, en los eventos en los que las circulares no contienen una decisión, sino que se limitan
a reproducir el contenido de otras normas o las decisiones de otras instancias, o a brindar
orientaciones e instrucciones a sus destinatarios, no pueden calificarse como actos
administrativos y, en consecuencia, no pueden ser susceptibles de control judicial.
En consonancia con lo anterior, esta Sección ha concluido que “el debate judicial de las circulares
de servicio depende de que posean el contenido decisorio propio de los actos administrativos y por el
cual detentan fuerza vinculante frente a los administrados, de modo que cuando aquellas carecen de
ese contenido y sólo tienen un alcance instructivo o meramente orientador, quedan excluidas de dicho
control judicial”6».

3.3. Ahora bien, es preciso observar que se pueden presentar casos excepcionales
en los que a pesar de la existencia de otro medio de defensa judicial es posible
que la tutela proceda como mecanismo transitorio. Y esto obedece a que la
existencia de un medio judicial ordinario no necesariamente significa la
improcedencia de la acción de tutela.

Sin embargo, en el caso de la parte actora no se configuran los eventos
excepcionales que habiliten la intervención del juez de tutela, debido a que el
medio de control de nulidad es idóneo y eficaz para controvertir actos de
carácter general. Y es así porque el legislador, justamente, creó esa vía
procesal para cuestionar la legalidad de esa clase de actos administrativos.

El medio de control de nulidad, además, posibilita el empleo de medidas
cautelares que, gracias a los cambios introducidos en la Ley 1437 de 2011,

3 En la Sentencia de 20 de marzo de 2013, radicado: 08001-23-31-000-2010-00135-01(1575-12) Actor: Edgar
Enrique Gil Mora, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B Bogotá se refirió a la naturaleza jurídica de las circulares administrativas en los siguientes
términos: «Ha precisado esta Corporación que las instrucciones o circulares administrativas son
susceptibles de ser demandadas ante la Jurisdicción Contenciosa si contienen una decisión de la
Administración capaz de producir efectos jurídicos frente a los administrados, esto es, si son actos
administrativos, pues si se limitan a reproducir el contenido de otras normas o las decisiones de
otras instancias o a brindar orientaciones e instrucciones a sus destinatarios sin que contengan
decisiones, no serán susceptibles de control judicial».
4 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Radicado: 11001-03-27-000-2018-00030-00 (23837). Sentencia de 15
de septiembre de 2023. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Actor: SURBTC S.A.S.
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Proceso: 11001-03-25-000-
2005-00285-00. Sentencia del 19 de marzo de 2009 C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Proceso: 11001-03-24-000-2010-00317-
00. Sentencia de 20 de febrero de 2020. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 11001-03-27-000-
2016-00027-00 (22465). Sentencia del 26 de septiembre de 2018. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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garantizan celeridad y mayor campo de valoración para el juez contencioso
administrativo. De manera que en el supuesto de que existiera un perjuicio de
vasta magnitud las medidas cautelares garantizan la idoneidad y celeridad del
medio de control referido.

Sobre el tema, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado sostuvo lo siguiente:
«i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo el
proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que
la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede
para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para
suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea
ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo» 7.

Además de tratarse de un mecanismo eficaz e idóneo, en el cual se pueden
solicitar medidas cautelares, en el caso no existe un perjuicio irremediable en
los términos dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es decir una
afectación grave, inminente y que requiera medidas impostergables. Esto
obedece a que la circular controvertida por la parte actora no impide la
reparación del señor Jorge Aurelio Ardila Ovalle ni atenta contra los derechos
al trabajo y mínimo vital del señor Eliécer Gómez Barceló pues,
independientemente de sus concepciones frente a la banca, basta la creación
de una cuenta bancaria, así sea temporalmente, para obtener el pago de los
depósitos judiciales.

Explicado lo anterior, se considera que en el caso no se configuran las
condiciones necesarias para que la tutela proceda como mecanismo
transitorio. Ni existe un perjuicio que cumpla con las características dispuestas
por la jurisprudencia constitucional para ser considerado como irremediable ni
se advierte la falta de idoneidad o ineficacia del medio de control de nulidad. A
causa de lo anterior, se debe concluir que no existe razón válida que permita
la procedencia excepcional de la tutela en el caso.

3.4. Adicional a las razones expuestas previamente, el artículo 6 del Decreto 2591
de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente «Cuando se trate de
actos de carácter general, impersonal y abstracto». Esta limitación responde a la
naturaleza de la acción de tutela, ya que esta fue concebida como un
mecanismo subsidiario que únicamente procede ante la inexistencia de otros
medios de defensa judicial.

Por ende, como existen otros mecanismos que el ordenamiento jurídico prevé
para cuestionar la legalidad de actos generales, tal como el medio de control
de nulidad simple, por regla general la acción de tutela contra estos no
procede. Y es que al considerar que la acción de tutela busca evitar un daño
concreto sobre los derechos fundamentales de una persona, no tiene sentido
admitir la procedencia de esta acción para debatir aspectos sobre actos
generales, ya que estos no se dirigen hacia alguien particular.

7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de marzo de 2014.
Radicado 25000-23-42-000-2013-06871-01. Actor: Gustavo Francisco Petro Urrego. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
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4. Requisito de relevancia constitucional de la tutela contra providencia
judicial y su análisis en el caso

4.1. La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias
judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie
de requisitos generales8 y especiales9 que deben cumplirse de forma estricta,
para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos
uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional10 ha indicado
que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el
examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con
especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e
independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como
elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia
de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la
fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela
y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

4.2. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.

Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.

8 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
9 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»11. Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con argumentos suficientes contra las decisiones de los jueces, que
se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con
una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de
los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural12.

De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a
consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración
de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido
en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para
adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante
el juez de la causa.

En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la

11 Ibidem.
12 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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presente acción, tiene su justificación en la medida en que “sí es menester que
el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa
a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos”13.

Con base en el último criterio expuesto, hay lugar a afirmar que la relevancia
constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las
inconformidades ya resueltas en el proceso ordinario. Es deber del juez de
tutela, entonces, verificar que la acción no se esté utilizando como una
instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para
tal propósito, se estudia si los cargos expuestos en el proceso en que se
profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela
son iguales. En caso de que se trate de los mismos argumentos es factible que
el juez de tutela concluya que el mecanismo constitucional se está empleando
como una instancia adicional.

En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es insistir en
los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de que el
juez de tutela, a diferencia del primero, sí acceda a sus pretensiones.

4.3. Justamente, la Sala considera que la acción de tutela analizada se está
empleando como una instancia adicional, pues esta última es una reiteración
de los argumentos presentados en el proceso ordinario laboral,
específicamente en el recurso de reposición interpuesto contra el auto
mediante el cual el Juzgado Laboral del Circuito de Chiriguana (Cesar) ordenó
la entrega del depósito con pago a cuenta bancaria.

Así, en esa oportunidad procesal la parte actora argumentó que el pago de los
depósitos bajo la modalidad de abono a cuenta, regulado en el Acuerdo Nro.
PCSJA21-11731 del 29 de enero de 2021, solo procede a petición de parte e
indicó que en el caso jamás solicitó el pago del depósito bajo dicha modalidad
ni entregó cuenta bancaria para ello. A lo cual agregó que la Circular Nro.
PCSJC21-15 de 8 de julio de 2021 debía ceñirse a lo dispuesto en el Acuerdo
Nro. PCSJA21-11731 del 29 de enero de 2021 y que en este último no se
dispuso que los depósitos mayores a 15 SMLMV debían pagarse con abono a
cuenta bancaria. Motivos por los cuales consideró que no hay lugar a exigirle
certificación bancaria para efectuar el pago de esa manera.

La identidad entre los cargos se corrobora del siguiente aparte del recurso de
reposición mencionado:
«2. Es menester acotar que, las peticiones que se elevaron nunca se le solicitó la orden de
pago con abono de cuenta, ni mucho menos se entregó cuenta bancaria para ello. (…)
4. Pues bien, existe un acuerdo expedido por el Presidente del Consejo Superior de la
Judicatura que se encuentra vigente y sin modificaciones, el acuerdo es el N° PCSJA21-
11731 del 29/01/2021, “Por el cual se adopta el reglamento para la administración, control y
manejo eficiente de los depósitos judiciales y se dictan otras disposiciones”, este acuerdo en su
capítulo II (Operaciones de Depósitos Judiciales) del Título II (Régimen Reglamentario
de la Administración de Depósitos Judiciales), contiene el artículo 13 denominado
“ORDEN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO”, y en este se establece en su parágrafo segundo, la
facultad de la orden de pago con abono a cuenta, siempre y cuando el beneficiario tenga
cuenta bancaria y haya solicitado el pago de su depósito por este medio; es decir, que
para ello, se debe solicitar de esta manera y aportar la cuenta bancaria para tal efecto,
cosa que no ha sucedido en el caso de marras, pues en las peticiones que se elevaron

13 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
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se solicitando la entrega de los dos depósitos judiciales consignados al proceso de la
referencia, no se ha rogado por ese tipo de pago, ni mucho menos se ha aportado cuenta
bancaria.
5. Ahora bien, la manera de comunicar o de que se conozca este o los acuerdos, son las
circulares también expedidas por el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, las
cuales se definen como una comunicación emitida por una autoridad superior a una
inferior sobre un tema y con un propósito específico, pero estas circulares tienen unos
principios, como son entre otros, “que deben sujetarse a la ley y sus reglamentos (acuerdo)”;
“No deben crear normas legales o reglamentarias” ; y “su fundamento no es la potestad
reglamentaria, sino la potestad jerárquica”, que para el caso que nos ocupa la atención, si
existe una circular informando lo establecido por el Presidente del Consejo Superior de
la Judicatura, en aspecto de cómo deben hacerse los pagos de los depósitos judiciales,
esta circular debe ceñirse a lo preceptuado en el acuerdo N° PCSJA21- 11731 del
29/01/2021.
6. Luego entonces, el auto que hoy se recurre necesariamente debe sujetarse a lo diserto
en el acuerdo N° PCSJA21-11731 del 29/01/2021, y por ende, no puede para la entrega
de los depósitos judiciales arriba referenciados, conminar al suscrito a aportar
certificación de cuenta bancaria, para el cobro de los mismos, puesto que, no se hecho
petición de parte en ese sentido, y esa es la condición que se establece en el acuerdo
mencionado para que proceda el pago de los depósitos judiciales con abono a cuenta, y
tampoco dispone ese acuerdo que los depósitos judiciales que superen los 15 salarios
mínimo legales mensuales, deben hacerse su pago con abono a cuenta, se repite, la
única forma que proceda el pago de esta manera, es con la petición de pago con abono
a cuenta, por parte del beneficiario del depósito judicial».

Con base en los apartes transcritos, la Sala observa que los reparos expuestos
en el recurso de reposición interpuesto contra el auto de 27 de junio de 2023
son una reproducción de los argumentos desarrollados en el escrito de tutela.
De manera que la parte actora está empleando la acción como si fuera una
instancia adicional, pues los mismos cargos ya fueron objeto de debate en el
proceso laboral.

Así se desprende del contenido del auto de 1º de agosto de 2023 mediante el
cual se resolvió el recurso:
«La decisión recurrida es el resultado de seguir los lineamientos dispuestos por el Consejo
superior de la Judicatura para el pago de depósitos judiciales, más exactamente las circulares
PCSJC21-15 y PCSJC20-17, a través de las cuales se limitó́ el pago de depósitos mediante
cheque de gerencia o abono a cuenta autorizada por el beneficiario, para pagos que superen
15 SMMLV, y el valor a entregar al accionante es de $193.434.219,00 M/Cte. Es decir, sólo
se le podría entregar sin abono a cuenta el depósito judicial 424220000043707 del 14/06/2023
por valor de $5.543.136,00, habida cuenta su procedencia.
En sentencia de radicación N.º 95419 la Corte Suprema de Justicia, citó una respuesta dada
sobre este asunto por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con ocasión a una
acción de tutela, en donde el Grupo de Fondos Especiales, informó:
“El numeral 3 del artículo 257 de la Constitución Política y el numeral 13 del artículo 85 de la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia, facultan al Consejo Superior de la Judicatura
para dictar los reglamentos necesarios para el funcionamiento eficaz de la administración de
justicia y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los
despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.
En uso de esas facultades reglamentarias, el Consejo Superior de la Judicatura, con ocasión
de los avances tecnológicos y ante la coyuntura ocasionada por la pandemia del Covid-19,
emitió la Circular PCSJC20-17 del29 de abril de 2020, mediante la cual estableció las medidas
excepcionales para el pago por medios virtuales, a través del Portal Web Transaccional del
Banco Agrario, de los depósitos judiciales constituidos por cualquier concepto, en procesos
de todas las especialidades y jurisdicciones; medida que con la expedición del Acuerdo
PCSJA21-11731 del 29 de enero de 2021, por medio del cual se compiló, actualizó y unificó
la reglamentación de la administración, control y manejo eficiente de los depósitos judiciales,
se dejaron de forma permanente.
15

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Dentro de las novedades en materia de depósitos, se dispuso la “orden de pago con abono a
cuenta”, a través de la cual, los titulares de las cuentas judiciales y los responsables de la
administración de los depósitos pueden hacer uso de la funcionalidad, disponible en el Portal
Web, “siempre que el beneficiario tenga cuenta bancaria y haya solicitado el pago de su
depósito por ese medio”; sin embargo, con la Circular PCSJC21-15, se dispuso igualmente
que “sin excepción, las sumas iguales o superiores a quince (15) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, deberán siempre ser tramitadas a través de la funcionalidad de pago con
abono a cuenta (...)”.
Lo anterior encuentra sustento, en los esfuerzos que se han realizado desde el Consejo
Superior de la Judicatura, en conjunto con el Banco Agrario, para promover el manejo eficiente
de los depósitos judiciales, a través de la implementación de mecanismos y estrategias que
permitan reforzar los protocolos de seguridad con las transacciones en línea, específicamente
con el pago con abono a cuenta, y de esta manera evitar que se continúen presentando
intentos de suplantación de identidad en el cobro de los depósitos judiciales, aun mas cuando
el Banco todavía no cuenta con un sistema biométrico que permita minimizar este tipo de
riesgos que se dan más frecuentemente en el cobro por ventanilla; es así́ que, a través de
esta funcionalidad, se permite corroborar la identidad del beneficiario a quien se le realiza el
pago del depósito, asegurando que la cuenta le pertenece, con la confirmación del banco
donde éste la tiene abierta y activa, y por ende, tener la certeza de que corresponde al definido
por el juez”.
Se destaca entonces, que los trámites exigidos por esta agencia judicial para el desembolso
del dinero que reposa en la orden de pago se ajustan a las pautas establecidas en la Circular
PCSJC21-15 que deriva del Acuerdo PCSJA21-11731 de 2021 del Consejo Superior de la
Judicatura; luego, no es posible endilgar una indebida aplicación o interpretación a dicho acto
administrativo.
Así las cosas, el Despacho no repondrá el auto objeto de censura y en su lugar dispondrá la
continuación del trámite procesal correspondiente. Haciéndose la salvedad, que para la
entrega del depósito judicial 424220000043707 del 14/06/2023 por valor de $5.543.136,00, no
se requerirá el abono a cuenta refutado».

Así entonces, el cotejo entre el recurso de reposición, el escrito de tutela y el
auto de 1º de agosto de 2023 mediante el cual se dispuso no reponer la
decisión controvertida dan cuenta de que los argumentos expuestos en el
escrito de tutela ya fueron desestimados en el proceso laboral.

De ahí que no quede duda que la acción carece de la relevancia constitucional
necesaria cuando la tutela se interpone frente a una providencia judicial, pues
se está empleando como si la tutela fuera una instancia adicional del proceso.

Adicionalmente, otra razón por la cual no se cumple con el requisito de
relevancia constitucional radica en que el debate planteado se limita a una
controversia de índole legal. No trasciende, entonces, al plano constitucional
al versar tan solo sobre la forma de pago sobre depósitos judiciales.

En este punto conviene citar uno de los argumentos expuestos sobre este asunto en
las sentencias SU573 de 2019 y SU128 de 2021. En la primera, la Corte
Constitucional manifestó:

«(…) el asunto carece de relevancia constitucional (…) (i) cuando la discusión se limita a la
mera determinación de aspectos legales de derecho, como la correcta interpretación o
aplicación de una norma de rango reglamentario o legal salvo que de esta se “desprendan
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su naturaleza
o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general».

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06624-01
Demandante: Eliécer Gómez Barceló y otro

De otra parte, el Tribunal Constitucional determinó el alcance de la causal de
improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se
discuten cuestiones de mera legalidad, en los siguientes términos:
«Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no meramente legal
y/o económico. Las discusiones de orden legales o aquellas relativas exclusivamente a un
derecho económico deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para
su trámite, toda vez que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter
netamente legal o reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones
correspondientes” (...).
Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental” La jurisprudencia constitucional ha reiterado
que la cuestión debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.
Dado que el único objeto de la acción tutela es la protección efectiva de los derechos
fundamentales, es necesario que el asunto que origina la presentación de la acción contra una
providencia judicial tenga trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de la
Constitución Política, así como para la determinación del contenido y alcance de un derecho
fundamental. Por tal razón, los asuntos en los que se invoca la protección de derechos
fundamentales, pero cuya solución se limita a la interpretación y aplicación de normas de
rango legal, no tienen, en principio, relevancia constitucional.»

4.4. Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye
en sí misma una vulneración de derechos fundamentales.

De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra
providencias judiciales, como mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que
de manera reiterada se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.

Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de independencia, autonomía funcional y juez natural.

Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.

En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo.

Es condición imprescindible para analizar los defectos propuestos por la parte
actora que todos los presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así
será procedente, proseguir al segundo estadio de análisis consistente en
determinar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
planteados por el tutelante.

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Demandante: Eliécer Gómez Barceló y otro

5. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela por interponerse contra un acto de carácter
general y abstracto. A su vez, se encontró que la acción tampoco es de relevancia
constitucional, requisito indispensable cuando se controvierte una providencia
judicial, como lo hizo la parte actora con el auto de 27 de junio de 2023 mediante el
cual se ordenó la entrega del depósito con pago a cuenta bancaria. Lo anterior
obedece a que los reproches expuestos en el escrito de tutela frente a dicha decisión
son una reproducción de los cargos presentados en el proceso laboral.

En ese orden de ideas, la Sala modificará el numeral segundo de la parte resolutiva
de la decisión impugnada, proferida el 27 de noviembre de 2023, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, para declarar la improcedencia
de la acción de tutela frente a todas las pretensiones formuladas por Eliécer Gómez
Barceló en nombre propio y como apoderado judicial del señor Jorge Aurelio Ardila
Ovalle.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 27 de
noviembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, para declarar improcedente la acción de tutela frente a todas
las pretensiones formuladas por el señor Eliécer Gómez Barceló en nombre
propio y como apoderado judicial del señor Jorge Aurelio Ardila Ovalle, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA

Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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