Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06626-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06626-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06626-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
7 de diciembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06626-00
Demandante: William Cediel Cuéllar
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06626-00
Demandante: WILLIAM CEDIEL CUÉLLAR
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y ESCUELA
JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA”
Temas: Tutela contra acto administrativo. Homologación en el IX Curso de
Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de magistrados y
jueces de la República
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor William Cediel Cuéllar contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla”1, con el fin de que se amparen los derechos fundamentales
al debido proceso e igualdad, los cuales considera vulnerados con la negativa de
las accionadas en dar aplicación a la homologación en el IX Curso de Formación
Judicial Inicial para aspirantes a cargos de magistrados y jueces de la República.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El actor manifestó que se inscribió a la Convocatoria No. 27 de 2018 al cargo de
magistrado de Tribunal Superior – Sala Penal, y que por medio de la Resolución No.
CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 fue admitido al concurso de méritos.
Afirmó que solicitó la homologación del IX Curso de Formación Judicial para
aspirantes a cargos de magistrados y jueces de la República, teniendo en cuenta
que se superaron las fases I y II de la Convocatoria No. 27, por encontrarse en la
lista de admitidos, no haber sido funcionario judicial, haber cursado y aprobado el
IV Curso de Formación Judicial correspondiente a la Convocatoria No. 22, en el cual
obtuvo un puntaje total superior a 800.
Indicó que mediante Resolución No. EJR23-C2 de 14 de septiembre de 2023, la
directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” rechazó la solicitud de
homologación con fundamento en que se presentó de manera extemporánea,
puesto que el plazo feneció el 8 de mayo de 2023, conforme a lo dispuesto en el
1 Presentada el 27 de octubre de 2023.
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cronograma que hace parte del Acuerdo PCSJA23-11400 de 18 de septiembre de
2019.
Por último, aseveró que esa decisión fue objeto de recurso de reposición, el cual fue
resuelto por medio de la Resolución No. EJR23-346 de 2 de octubre de 2023, en el
sentido de confirmar en su integridad el acto recurrido.
2. Fundamentos de la acción
El accionante presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso e igualdad, los cuales considera vulnerados con la decisión de no acceder
a la homologación del IX Curso de Formación Judicial inicial. De manera específica,
argumentó lo siguiente:
“(...)
Con fundamento en lo anterior, y en calidad de admitido como aspirante al
concurso de méritos destinado a la provisión de cargos de funcionarios de la
Rama Judicial, Fase III, Convocatoria 27, por la Unidad de Administración de
Carrera Judicial, mediante la Resolución CJR23-0061 del 08 de febrero de 2023,
para el cargo de magistrado Tribunal Superior, Sala Penal, presenté solicitud
para homologar el IX Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces y
Magistrados de todas las especialidades de la Rama Judicial.
Mi pretensión de homologación se sustenta en que adelanté y aprobé el “IV
Curso de Formación Judicial Inicial para Magistrados (as) y Jueces (zas)
Promoción 2009”, con nota superior a 800 puntos, conforme Resolución
PSAR10- 170 del 28 de abril de 2010, expedida por Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, y que no he ocupado cargo en carrera en la
Rama Judicial, para lo cual adjunté en mi petición inicial los documentos
pertinentes para el reconocimiento de esta prerrogativa.
Bajo estos parámetros normativos, se tiene que en mi caso se encuentra
acreditado las exigencias para homologar el IX Curso de Formación Judicial
Inicial, ya que aporté la documentación pertinente cumpliendo el requisito previo
para ingresar por primera vez como funcionario judicial, artículo 160 de la Ley
270 de 1996; curso de la misma especialidad exigida para el cargo al que aspiro
en la Convocatoria 27 y cuya calificación satisfactoria es ampliamente superior
a 800 puntos.
Por tanto, sustancial y materialmente cumplí con la finalidad establecida en la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia (artículos 168 y 172) y la norma
constitucional que regula la carrera judicial (artículo 125 C.P.), esto es que, como
aspirante se cuente con la formación adecuada para el desempeño de la función
judicial, estableciéndose en mi caso que realicé el IV CFJI. De ahí que, no estoy
obligado legalmente a repetirlo, (Parágrafo artículo 160 LEAJ), más aún cuando
se trata de la misma especialidad, superado con suficiencia y alta calificación
como resultado; tal como puede observarse en la Resolución PSAR10-170 del
28 de abril de 2010 “Por medio de la cual se publican los resultados del IV CFJI
para Magistrados (as) y Jueces (zas) Promoción 2009, impartido por la EJRLB”
con puntaje de 971,09” (SIC)
Sostuvo que la finalidad de la figura de homologación es la no realización del curso
de formación judicial a quien ya lo ha cursado, debido a que resulta necesario para
el acceso por primera vez a cualquier cargo o de carrera.
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Refirió que el cronograma está sujeto a las modificaciones que se originen en
desarrollo del proceso del curso de formación, en tal sentido, en la III fase se han
efectuado cambios al aprobarse nuevas admisiones, casos en los que no resulta
aplicable los términos inicialmente establecidos, para lo cual sostuvo que:
“Adicionalmente, se pone de presente la modificación en las fechas de inicio y
finalización del CFJI y en consecuencia las demás actividades posteriores en
esta fase, actualización realizada el 06 de octubre de 2023, respecto a las fechas
estipuladas en el cronograma publicado inicialmente el 29 de marzo del presente
año, sin que ello afecte el desarrollo de la Fase III, ni el derecho al debido proceso
o la confianza legitima de los aspirantes o discentes, pues se itera, el cronograma
es objeto de repetidas variaciones para cumplir con la finalidad del curso de
formación que es lo legalmente relevante.
De esta manera, mi solicitud de homologación en nada afecta a los demás
participantes ya que se trata de una situación particular, cursé y aprobé́ el IV
CFJI, hecho que se materializó y consolidó en el tiempo, siendo por tanto
inmodificable los resultados de su evaluación, por lo que aceptar mi pretensión;
no interfiere, modifica o varía la etapa en desarrollo, por el contrario, se garantiza
mi consentimiento y expresa manifestación de voluntad de no adelantarlo
nuevamente, como fue aceptado a otros aspirantes.
(...)
Ahora bien, es oportuno que se considere lo concerniente a la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas en el presente concurso de méritos, en
especial, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
en fallo de tutela del 31 de mayo de 2023, STP284-2023, Radicación: 129939,
en donde se indica que “...Su propósito final es garantizar la realización de los
derechos fundamentales y evitar que las formas obstaculicen su concreción,
especialmente en procesos tan relevantes para la consolidación de los principios
constitucionales de carrera administrativa y mérito como los concursos públicos”.
En igual sentido, se establece por parte de la Corte Constitucional en sentencia
SU-041/22 que “...Si bien las normas procesales han sido instituidas para
garantizar el derecho al debido proceso, no pueden convertirse en un límite
infranqueable para la consecución del derecho subjetivo en discusión. Por
expresa disposición constitucional y legal, el principio de prevalencia de lo
sustancial sobre lo formal es una norma rectora de la ley procesal, y de
obligatoria observancia para las autoridades judiciales.”
Con todo, adujo que los argumentos expuestos corresponden a la interpretación
más razonable y favorable, respecto al reconocimiento de la homologación que fue
negado por extemporáneo.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela el accionante formuló las siguientes:
“PRIMERA: Ordenar a la accionada, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla,
aceptar la solicitud de homologación formulada por el suscrito accionante del IX
curso de Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados de todas las
especialidades de la rama judicial que hace parte de la Convocatoria 27, en sus
dos (2) subfases, con la calificación obtenida en el IV CFJI para Magistrados (as)
y Jueces (zas) Promoción 2009), realizado y aprobado conforme a la Resolución
PSAR10- 170 del 28 de abril de 2010, expedida por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.
SEGUNDA: Dejar sin efecto la Resolución EJR23-C2 del 14 de septiembre de
2023 que niega la solicitud de homologación presentada por el accionante, así
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como la Resolución EJR23-346 del 2 de octubre de 2023, por medio de la cual se
resuelve recurso de reposición interpuesto y confirma la anterior”.
4. Pruebas relevantes
En el expediente reposan los siguientes documentos:
• Copia de la Resolución No. PSAR10-170 de 28 de abril de 2010, “Por medio de la
cual se publican los resultados del IV Curso de Formación Judicial Inicial para
Magistrados (as) y Jueces (zas) Promoción 2009, impartido por la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla” en desarrollo de la Fase II del concurso de méritos convocado
mediante los Acuerdos No. PSAA07-4132 del 23 de agosto de 2007 y PSAA08-4528
del 4 de febrero de 2008”.
• Copia de la Resolución No. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, “Por medio de la
cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado
a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de
16 de agosto de 2018”.
• Copia de la Resolución No. EJR23-C2 de 14 de septiembre de 2023, “Por medio de
la cual se resuelve una solicitud de homologación del IX Curso de Formación Judicial
Inicial”.
• Copia de la solicitud de homologación elevada.
• Copia del recurso de reposición presentado contra la Resolución No. EJR23-C2 de
14 de septiembre de 2023.
• Copia de la Resolución No. EJR23-346 de 2 de octubre de 2023, “Por medio de la
cual se resuelve un recurso de reposición”.
5. Trámite procesal
Por auto de 1° de noviembre de 2023, el Despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a las autoridades demandadas, así
como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a quienes se les remitió
copia de la solicitud de amparo.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 126276 a 126280
de 3 de noviembre de 2023, con el fin de notificar a las partes2.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura
La directora de la Unidad manifestó que su representada carece de legitimación en
la causa por pasiva, al considerar que los actos administrativos que negaron la
homologación en el curso de formación judicial fueron expedidos por la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, trámite sobre el cual no tiene injerencia. Aunado a
ello, solicitó denegar la solicitud de amparo por la ausencia en la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
6.2. Respuesta de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”
La directora de la Escuela solicitó que se declare improcedente la acción de tutela
por no cumplir el requisito de subsidiariedad o en su defecto, se niegue la solicitud
2 Notificado a los correos electrónicos: williamcedielcuellar@gmail.com;
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co; carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co;
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; escujud@cendoj.ramajudicial.gov.co;
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co
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de amparo, esto por cuanto los actos administrativos que negaron lo pretendido por
el demandante pueden ser objeto de contradicción a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual puede solicitar las medidas
cautelares que considere necesarias para la salvaguarda de sus derechos.
Refirió que en el caso no existe la configuración de un perjuicio irremediable ni una
flagrante vulneración de los derechos fundamentales del aspirante, pues se
encuentra inscrito para adelantar el IX Curso de Formación Judicial. Agregó que el
accionante “debió acudir al medio de control judicial idóneo y eficaz para controvertir los
actos administrativos y, de considerarlo pertinente, solicitar las medidas cautelares
necesarias en caso advertir que los acuerdos de la convocatoria estaban amenazando sus
derechos”.
Señaló que las disposiciones normativas consagradas en el Acuerdo PCSJA19-
11400 de 19 de septiembre de 2019, rigen el IX Curso de Formación Judicial inicial
para aspirantes a cargos de magistrados y jueces de la República en todas las
especialidades, por lo que materializan la potestad reglamentaria que la propia
Constitución Política le ha conferido al Consejo Superior de la Judicatura. Adicional
a ello, sostuvo que el acto administrativo cuenta con presunción de legalidad, goza
de fuerza vinculante y es de obligatorio cumplimiento, tanto para la institución como
para los participantes.
Sostuvo que, aunque el accionante cumplía con los requisitos para ser homologado
del curso de formación judicial, el término para radicar la solicitud en el aplicativo
web inició el 24 de abril de 2023 y concluyó el 8 de mayo de la presente anualidad,
en tanto, la manifestación del actor se realizó hasta el 5 de septiembre de 2023,
esto es, fuera del plazo establecido. De manera concreta anunció lo siguiente:
“constituye un falso dilema creer que la aplicación rigurosa de los requisitos
contemplados para optar por la homologación junto con el cumplimiento del
cronograma en el que los aspirantes debieron solicitar dicho beneficio, configura
un trato desigual como argumenta el accionante. Pretermitir u obviar la aplicación
del cronograma, en su integralidad, implica desconocer principios de raigambre
constitucional que rigen esta convocatoria, como lo son los de legalidad, debido
proceso y confianza legítima, pues de forma intempestiva se modificarían las
reglas indicadas en el Acuerdo Pedagógico que fundamentan el desarrollo del
curso-concurso.
En tal sentido, los requerimientos previstos en el Acuerdo de convocatoria se
aplican de forma general y uniforme a todos los concursantes que presentaron
solicitud de homologación o de exoneración del IX Curso de Formación Judicial
Inicial, en cumplimiento de los principios de igualdad y debido proceso.
En resumen, no se evidencia la vulneración a los derechos al debido proceso o
un desconocimiento de la ley 270 de 1996, puesto que en los actos acusados
por vía de tutela se estableció que la solicitud se hizo de manera extemporánea,
de manera que reconocer la homologación que solicitó el demandante, iría en
contra de la Convocatoria 27 la cual, se ha desarrollado con base al cumplimiento
estricto del principio de legalidad y el debido proceso”.
En relación con la vulneración del principio de igualdad indicó que “está obligada a
dispensar igual tratamiento para todos los aspirantes siendo de obligatorio cumplimiento
para la administración la aplicación de las reglas que fueron establecidas y aceptadas al
momento de su inscripción, como se estableció́ en el artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-
11077 de 2018. Por lo tanto, se vulneran los principios de legalidad, igualdad y confianza
legítima a los demás aspirantes, al realizar algún tipo de excepción para aceptar la solicitud
extemporánea del aspirante la cual fue presentada 3 meses y 27 días después del
vencimiento del término definido para ello”.
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Por último, precisó que las modificaciones se dieron con ocasión a un fallo judicial,
en el cual se habían excluido de la II fase del concurso a las personas que no habían
presentado la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades en el proceso de inscripción, situación que consideró resulta
ajena al caso del demandante y no se puede predicar alguna similitud.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión previa
De la legitimación en la causa por pasiva
El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera
Judicial, solicitó la desvinculación del asunto por carecer de legitimación en la causa
por pasiva, debido a que la vulneración alegada gira en torno a que se deje sin
efectos los actos administrativos expedidos por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la Corte
Constitucional en la sentencia T-005 de 20223 señaló que dicho requisito “hace
referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada
a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la
transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.
Al respecto, la Sala advierte que no se accederá a dicha solicitud debido a que la
vulneración alegada radica en la falta de aplicación de la figura de homologación
del IX Curso de Formación Judicial, asunto que es de competencia de la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, empero, como quiera que la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura es la
encargada de administrar la carrera judicial, le asiste interés como demandada en
el asunto bajo examen.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad
de Administración de Carrera Judicial y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”
vulneraron los derechos fundamentales del accionante al debido proceso e
igualdad, por la negativa en dar aplicación a la homologación del IX Curso de
Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de magistrados y jueces de la
República.
3 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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4. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos
en el marco de los concursos de méritos
4.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado
dispone de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo
constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin de
evitar un perjuicio irremediable.
En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para evitar
un perjuicio irremediable.
En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de la
subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.
En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”,
toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes
medios de control en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que se presumen
idóneos para restablecer el derecho conculcado.
No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso.
4.2. En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los
concursos públicos de méritos, la jurisprudencia de esta Sala ha identificado dos
supuestos de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos
dictados en el marco de los concursos de méritos. El primero, hace relación con los
actos de trámite en cuyo caso ha considerado que el medio de defensa judicial
idóneo es la acción de tutela porque los mismos no son susceptibles de control
judicial4. El segundo, se refiere a la improcedencia de la acción de tutela cuando ha
sido publicada la lista de elegibles, teniendo en cuenta que es contra ese acto
administrativo que se debe dirigir el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Empero, ha considerado que en aquellos casos en los que se expidan
actos en desarrollo del concurso de méritos, antes de la lista de elegibles, es
procedente la acción de tutela para analizar, por ejemplo, que una decisión de
exclusión de un aspirante por no haber cumplido determinado requisito se encuentre
4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-00372-
01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 9 de diciembre de 2020, exp Nº 11001-03-15-000-2020-
04643-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 12 de noviembre de 2020, exp. Nº 11001-03-15-
000-2020-03787-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E); sentencia de 6 de agosto de 2020, exp. Nº 23001-
23-33-000-2020-00050-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 22 de abril de 2020, exp. Nº 11001-
03-15-000-2019-04821-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 6 de junio de 2019, exp. Nº 11001-
03-15-000-2019-00727-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 29 de abril de 2019, exp. Nº
11001-03-15-000-2019-01111-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; sentencia de 14 de junio de 2018, exp.
Nº 68001-23-33-000-2017-01321-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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o no ajustada a la convocatoria que es donde se fijan las reglas aplicables en el
proceso de selección5.
Sobre este particular, la Corte Constitucional en la sentencia T-049 de 20196 indicó
que la acción de tutela es procedente en los concursos de méritos: (i) contra los
actos de trámite, es decir, aquellos que se expiden para impulsar y dar continuidad
a las convocatorias, postura que ha reforzado con jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y (ii) para resolver controversias suscitadas en el
desarrollo de un concurso de méritos, respecto de lo cual precisó que “la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática al señalar que la acción de tutela es
procedente frente a controversias originadas en concursos de méritos para la provisión de
empleos públicos si el proceso de selección se encuentra en curso”.
Así mismo, de conformidad con la jurisprudencia de las diferentes Secciones del
Consejo de Estado, la acción de tutela es improcedente cuando la lista de elegibles
se encuentra en firme y ha creado situaciones jurídicas particulares y derechos
ciertos porque se podrían afectar derechos subjetivos, sin embargo, en algunos
casos aun existiendo la lista de elegibles es procedente la acción de tutela cuando
se evidencia que los mecanismos de defensa ordinarios no son idóneos y eficaces
(T-551 de 2017 y T-160 de 2018).
4.3. En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los concursos
públicos de méritos, la Corte Constitucional en la sentencia T-081 de 20227 señaló
que si bien la regla general indica la improcedencia de la acción de tutela para
resolver los conflictos que se enmarcan en los concursos de méritos cuando existen
actos susceptibles de control judicial, lo cierto es que la jurisprudencia ha fijado
algunas subreglas para los eventos en los cuales el medio de control no resulta
eficaz. En tal sentido que el mecanismo constitucional es procedente de forma
definitiva en los siguientes casos: (i) el empleo ofertado se encuentra con un periodo
fijo; (ii) se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer puesto
en la lista de elegibles; (iii) presenta elementos que podrían escapar del control del
juez de lo contencioso administrativo por su relevancia constitucional y, (iv) cuando
por las condiciones particulares del demandante resulta desproporcionado acudir al
mecanismo.
En suma, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se dicten en
un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite, bajo los supuestos
que ha identificado la jurisprudencia constitucional. No obstante, cuando se
controvierte una decisión definitiva (como el acto que contiene el registro de
elegibles o el acto que excluye a un participante de un concurso), la acción de tutela,
en principio, es improcedente, porque existen otros medios de defensa judicial,
como los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en
los que se puede hacer uso de las medidas cautelares, para lo cual se han precisado
unas subreglas jurisprudenciales que habilitan, excepcionalmente, el ejercicio de la
acción de tutela.
5. Estudio y solución del caso en concreto
5.1. En el asunto bajo examen, el actor interpuso acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la
5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de mayo de 2018, exp. Nº 25000-23-42-000-2017-05555-
01, C.P. Milton Chaves García; sentencia de 13 de agosto de 2017, exp. Nº 11001-03-15-000-2017-00928-00,
C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (E).
6 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
7 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, al considerar que vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad. Lo anterior, al encontrarse inconforme
con lo resuelto en la Resolución No. EJR23-C2 de 14 de septiembre de 2023, “Por
medio de la cual se resuelve una solicitud de homologación del IX Curso de
Formación Judicial Inicial”, a través de la cual se negó una petición de homologación
del curso de formación judicial en el marco de la Convocatoria No. 27 y, su
confirmatoria, la Resolución No. EJR23-346 de 2 de octubre de 2023.
De las pruebas documentales aportadas al trámite constitucional, se evidencia que,
el demandante no ocupa un cargo en propiedad en la Rama Judicial y, cursó y
aprobó el IV Curso de Formación Judicial para Jueces y Magistrados de la
República en todas las especialidades, convocado mediante los Acuerdos No.
PSAA07-4132 del 23 de agosto de 2007 y PSAA08-4528 del 4 de febrero de 2008
en el cual obtuvo como puntaje final 971,09.
Con posterioridad, el demandante se inscribió al concurso de méritos para
conformar los registros de elegibles de los cargos de funcionarios del sistema de
carrera judicial, adelantado mediante Convocatoria No. 27 al que fue admitido
mediante Resolución CRJ23-0061 de 8 de febrero de 2023.
Así mismo, que el 5 de septiembre de 2023 solicitó la homologación ante la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, la cual fue decidida de manera negativa por medio
de la Resolución No. EJR23-C2 de 14 de septiembre de 2023.
Contra dicha decisión, el accionante el 25 de septiembre de 2023 presentó recurso
de reposición en el que señaló lo siguiente:
“En primer lugar, se verifica que fui admitido como aspirante al concurso de
méritos destinado a la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
Fase III, convocatoria 27, por la Unidad de Administración de Carrera Judicial
mediante la Resolución CJR23-0061 del 08 de febrero de 2023, modificada por
la Resolución CJR23-0117 del 29 de marzo de 2023, para el cargo de magistrado
Tribunal Superior, Sala Penal, y que presenté solicitud para homologar el IX
Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados de todas las
especialidades de la Rama Judicial.
Mi pretensión de homologación se sustenta en que adelanté y aprobé el “IV
Curso de Formación Judicial Inicial para Magistrados (as) y Jueces (zas)
Promoción 2009, con nota superior a 800 puntos, conforme Resolución PSAR10-
170 del 28 de abril de 2010 expedida por Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, y que no he ocupado el cargo en carrera en la rama
judicial, para lo cual adjunté en mi petición inicial los documentos pertinentes
para el reconocimiento de esta prerrogativa.
(…)
Bajo estos parámetros normativos, se tiene que en mi caso particular se
encuentra acreditado los requisitos para homologar el IX Curso de Formación
Judicial Inicial, aspecto que no fue analizado y reconocido en la decisión objeto
de recurso, ya que aporté documentación sobre haber adelantado un curso de
formación judicial anterior; cumpliendo con el requisito previo para ingresar como
funcionario judicial por primera vez, artículo 160 de la Ley 270 de 1996; curso de
la misma especialidad exigida para cargo al que aspiro en la convocatoria 27 y
cuya calificación satisfactoria es ampliamente superior a 800 puntos.
Por tanto, sustancial y materialmente cumplo con lo establecido en la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia (Artículo 168 y 172) y de la norma
constitucional que regula la carrera judicial (Articulo 125 C.P.) De ahí que la
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finalidad de la normatividad, es que como aspirante cuente con la formación
adecuada para desempeño de la función judicial, estableciéndose en mi caso
que realicé el IV curso de formación Judicial. De ahí que no estoy obligado
legalmente repetirlo, (Parágrafo artículo 160 LEAJ), más aún cuando se trata de
la misma especialidad, superado con suficiencia y alta calificación como
resultado”.
Dicho recurso fue desatado por medio de la Resolución No. EJR23-346 de 2 de
octubre de 2023, que confirmó la decisión de no acceder a la petición de
homologación, en los siguientes términos:
“En relación con lo alegado por el recurrente, en el sentido de que el cronograma
de la Fase III de la etapa de selección de la convocatoria No. 27, publicado el 29
de marzo de 2023, no puede limitar la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PCSJA18-
11077 del 16 de agosto de 2018, debemos señalar que el cronograma en
comento justamente hace parte del Acuerdo PCSJA23-11400 del 19 de
septiembre de 2019 “Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el
“IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de
Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción
2020-2021”.
En efecto, en diversos acápites del referido Acuerdo Pedagógico se hace
referencia al mencionado cronograma, en aspectos como el inicio o duración del
curso concurso; en este orden, no puede considerarse al cronograma con un
elemento ajeno o apenas circunstancial del proceso meritocrático, pues como se
indicó en precedencia el propio Acuerdo Pedagógico impone la necesidad de
ese cronograma para dar orden, planeación, certeza, inicio y cierre a las
diferentes etapas del IX Curso de Formación Judicial Inicial. Precisamente el
numeral 3.1. de ese reglamento, al establecer los Requisitos de la etapa que se
adelanta, establece que “El discente que solicite la homologación o exoneración
del IX Curso de Formación Judicial Inicial, deberá presentar su petición a través
del aplicativo web o el medio que se señale para tal fin, dentro del plazo indicado
en el cronograma de la Fase III de la Etapa de Selección, que se publicará en la
página web de la Rama Judicial y de la Escuela Judicial, aportando la siguiente
documentación en formato PDF (…)”
Además, pretermitir u obviar la aplicación del cronograma, en su integralidad,
implica desconocer principios de raigambre constitucional que rigen esta
convocatoria, como lo son los de legalidad, debido proceso y confianza legítima,
pues de forma intempestiva se modificarían las reglas indicadas en el Acuerdo
Pedagógico que fundamentan el desarrollo del curso-concurso. (…).
En ese sentido, se anota que el término para radicar las solicitudes de
homologaciones o exoneraciones en el aplicativo web dispuesto, inició el 24 de
abril de 2023 y concluyó el 8 de mayo de 2023, de donde se establece que el
aspirante William Cediel Cuellar presentó solicitud de homologación del IX CFJI,
3 meses y 27 días después de vencido el plazo con que contaba para ello, pues
la radicó el 5 de septiembre de 2023. Por consiguiente, no resulta admisible el
estudio de la solicitud de homologación del IX Curso de Formación Judicial Inicial
presentada por el aspirante, en razón a que, debió elevar tal pedimento dentro
del término de presentación de las solicitudes de exoneraciones u
homologaciones, en igualdad de condiciones con los demás participantes.
(…)
Por otra parte, en lo concerniente al otro motivo de disenso del recurrente que
se sustenta en el hecho de que se expidieron “resoluciones posteriores que
reconocen la admisión de aspirantes a esta fase, concediendo un nuevo plazo
para adelantar el trámite de homologación y/o exoneración”, se precisa que la
admisión de esos nuevos aspirantes junto con un nuevo cronograma para
presentar solicitudes de exoneración u homologación, correspondió a una orden
judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia, así como también, a
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decisiones administrativas de cumplimiento a ese mandato, expedidas por la
Unidad de Administración de Carrera Judicial. Lo anterior evidencia que el
ingreso de aquellos aspirantes no obedeció a una función discrecional de la
Escuela Judicial, pues, de ser así, se estaría vulnerando el principio de confianza
legítima y los postulados jurisprudenciales dictados por la Corte Constitucional”.
En ese orden de ideas, el accionante sustentó sus inconformidades en que debió
efectuarse la homologación del curso de formación judicial, por considerar que
cumple con los requisitos establecidos para ello, pues sostiene que no puede
exigirse un requisito formal como lo es la fecha y basar su negativa en la
extemporaneidad, pasando por alto lo sustancial, que es haber cursado un curso de
formación judicial inicial previo, en el cual obtuvo un puntaje superior a 800 puntos.
Ante esa situación relató que de no accederse a lo pretendido debe tomar un curso
que ya realizó, sin que sea necesario.
Al respecto, cabe resaltar que el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de
2019, se expidió en el marco de la actuación administrativa desarrollada por la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
en la Convocatoria No. 27 para adoptar el Acuerdo Pedagógico que regirá el IX
Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a magistrados y jueces de la
República en todas las especialidades. En relación con la homologación y la
exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial, el referido acuerdo señala
lo siguiente:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la ley 270 de 1996, el
acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera requerirá de
la previa aprobación del Curso de Formación Judicial Inicial en los términos que
señala la ley.
Por lo tanto, los discentes que sean o hayan sido funcionarios/as judiciales de
carrera, podrán solicitar la exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial
y en tal caso se tomará la última calificación de servicio como sustitutiva de
evaluación para las dos (2) subfases, siempre que sea superior a 80 puntos.
Así mismo, los discentes que, sin haber ocupado un cargo de funcionario en
carrera, hubiesen cursado y aprobado un curso de formación judicial inicial como
etapa de procesos de selección o convocatorias anteriores, podrán solicitar la
homologación y se tomará la calificación obtenida en el curso de formación
judicial inicial cursado como sustituta de las dos (2) subfases, siempre que la
calificación sea superior a 800 puntos. De haber cursado y aprobado más de un
curso de formación judicial inicial se tomará como sustitutiva la mayor calificación
obtenida.
Se delega en la Directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” la
competencia para tramitar y resolver las solicitudes de exoneración y
homologación incluidos los recursos contra los actos administrativos que las
decidan, que sean presentados por los discentes que hayan aprobado las fases
I y II de la etapa de selección de la convocatoria 27, de acuerdo con el listado
que remita la Unidad de Administración de Carrera Judicial.
3.1. Requisitos
El discente que solicite la homologación o exoneración del IX Curso de
Formación Judicial Inicial, deberá presentar su petición a través del aplicativo
web o el medio que se señale para tal fin, dentro del plazo indicado en el
cronograma de la Fase III de la Etapa de Selección, que se publicará en la página
web de la Rama Judicial y de la Escuela Judicial, aportando la siguiente
documentación en formato PDF:
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1 Solicitud de exoneración debidamente firmada, con indicación de nombres
completos y cargo que desempeña en la actualidad o que desempeñó; en este
último evento, deberá adjuntar prueba idónea sobre su vinculación y el periodo
en que ejerció como funcionario judicial de carrera. En caso que se solicite la
homologación, deberá indicarse el Curso de Formación Judicial Inicial que cursó
y aprobó el discente.
2 Copia legible del documento de identidad.
3 Copia de la última calificación integral de servicios, cuyo resultado no será
inferior a ochenta (80) puntos para los discentes que soliciten la exoneración;
resolución y puntaje del Curso de Formación Judicial Inicial en el que participó y
que pretende hacer valer en caso de solicitar la homologación, cuya calificación
no sea inferior a 800 puntos.
El trámite para dar respuesta a las solicitudes de homologación y
exoneración y la resolución de recursos, de ser necesario, se verificará
dentro del plazo indicado en el cronograma de la Fase III de la etapa de
selección de la convocatoria 27.
Contra la decisión que niegue la homologación o exoneración procede
únicamente el recurso de reposición” (Negrita fuera del texto).
Del citado Acuerdo se concluye que, para efectos de obtener la homologación del
curso de formación judicial, el accionante debía acreditar (i) haber cursado y
aprobado un curso de formación judicial y (ii) elevar la solicitud a través del aplicativo
web dentro del plazo indicado en el cronograma de la fase III junto con los
correspondientes documentos.
5.2. Descendiendo al caso bajo examen, la Sala encuentra que la acción de tutela
supera el requisito de subsidiariedad, en tanto el debate propuesto por el
demandante recae en la negativa de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, para
dar aplicación a la figura de homologación del curso de formación judicial que por
medio de las resoluciones No. EJR23-C2 de 14 de septiembre de 2023 y EJR23-
346 de 2 de octubre de la misma anualidad, resolvieron que su presentación fue
extemporánea; se precisa que, contra dichos actos administrativos se podría
interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
embargo, como lo ha sostenido esta Sala en asuntos de características similares “la
decisión cuestionada fue dictada en el marco de un concurso de méritos que aún no ha
concluido”8.
En el presente asunto, la urgencia de la intervención del juez de tutela tiene como
fundamento que, según el cronograma, el 3 de diciembre de 2023 inició el proceso
formativo del IX Curso de Formación Judicial, correspondiente a la fase III de la
Convocatoria 27. De ahí que la intervención se torne esencial para verificar si la
decisión de denegar la homologación del curso de magistrados y jueces de la
Convocatoria No. 27, garantizó los derechos fundamentales del concursante.
5.3. Ahora bien, conforme lo dispone el cronograma de la Convocatoria No. 27 -fase
III etapa de selección para el IX Curso de Formación Judicial Inicial-, publicado por
la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla9”, las solicitudes de homologación u
exoneración, así como los correspondientes recursos podían ser presentados y
debían ser resueltos en las siguientes fechas:
8 Sentencia de 19 de octubre de 2023. Exp. 2023-05108-00, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
9 Información tomada de la página web de la accionada:
https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/noticia/cronograma-convocatoria-27-fase-iii-etapa-de-seleccion-ix-
curso-de-formacion-judicial
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Bajo ese escenario, según se evidenció el demandante solicitó la aplicación de la
figura de homologación del curso de formación judicial el 5 de septiembre de 2023,
esto es, fuera del plazo establecido en el cronograma antes relacionado.
Al respecto, la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” resolvió negarle la solicitud
de homologación luego de considerar que “(…) el término para radicar las solicitudes
de homologaciones o exoneraciones en el aplicativo web dispuesto, inició el 24 de abril de
2023 y concluyó el 8 de mayo de 2023, de donde se establece que el aspirante William
Cediel Cuellar presentó solicitud de homologación del IX CFJI, 3 meses y 27 días después
de vencido el plazo con que contaba para ello, pues la radicó el 5 de septiembre de 2023.
Por consiguiente, no resulta admisible el estudio de la solicitud de homologación del IX
Curso de Formación Judicial Inicial presentada por el aspirante, en razón a que, debió
elevar tal pedimento dentro del término de presentación de las solicitudes de exoneraciones
u homologaciones, en igualdad de condiciones con los demás participantes.”
En ese orden de ideas, la decisión adoptada por la Escuela Judicial en la Resolución
No. EJR23-C2 de 14 de septiembre de 2023, confirmada mediante Resolución No.
EJR23-346 de 2 de octubre del mismo año, fue acorde con lo establecido en el
Acuerdo Pedagógico PCSJA19-114 de 2019, que dispone que la figura de la
homologación procede para los participantes que no ostentan un cargo de carrera
en la Rama Judicial, para lo cual se debe además de acreditar la aprobación de un
curso de formación judicial previo, el cumplimiento de los requisitos establecidos
para ello, tales como, presentar la solicitud a través del aplicativo web en el plazo
indicado en el cronograma de la fase III de selección, junto con los documentos
requeridos.
En este punto se reitera que, el cronograma de la fase III en el cual se establecieron
las fechas en las que los participantes podían hacer uso de la figura de la
homologación u exoneración del respectivo curso de formación hace parte integral
del Acuerdo Pedagógico PCSJA19-114 de 2019, que contempló que para efectos
de dicho trámite se debía verificar el “plazo indicado en el cronograma”, en esos
términos, no resulta factible, como lo pretende el accionante que se pasen por alto
los parámetros fijados para el desarrollo de la referida etapa, con el único argumento
de que ya presentó el curso y no resulta lógico volverlo a realizar, aun cuando el
demandante conoció desde un inicio que no podían hacerse modificaciones a los
plazos fijados. Esto porque, además, pudo ejercer oposición a las disposiciones
contenidas en el acuerdo dentro del término establecido para ello que, por el
contrario, al no realizarse se entiende que se ciñó al mismo.
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Si bien de las documentales aportadas por las partes, se logró evidenciar que en el
curso de la fase III la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, amplió el término para
que algunos concursantes presentaran la solicitud de homologación u exoneración,
derivado de una orden judicial en la cual se analizó los casos concretos de los
participantes que no habían sido admitidos al concurso por la falta de remisión de
la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades en el
proceso de inscripción, dentro de la cual no se encontró que hiciera parte el
accionante, así como tampoco que dicha situación le resultara aplicable a su caso
en particular.
Así las cosas, la Sala resalta que el plazo máximo para presentar la solicitud de
homologación era hasta el 8 de mayo de 2023, como lo prevén las reglas de
convocatoria y los plazos contemplados en el cronograma de la fase III, conforme
lo dispuesto por el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-114 de 2019. Empero, el
accionante presentó la referida petición de manera extemporánea, esto es, el 5 de
septiembre de 2023, motivo por el cual la decisión adoptada por la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla”, fue acorde a los lineamientos y reglas establecidas para el
desarrollo de dicha etapa.
En ese sentido, se precisa que la aplicación de la figura de homologación requería
el cumplimiento de unos requisitos, dentro de los cuales se encontraba la
presentación de la solicitud en oportunidad, por lo que validar que el accionante
puede ejercer la misma en cualquier momento, desconoce el derecho a la igualdad
de los demás aspirantes que se ciñeron a los parámetros del concurso y a las fechas
estipuladas en el cronograma.
Bajo ese contexto, la Sala observa que las accionadas no vulneraron los derechos
fundamentales alegados por el accionante, pues si bien demostró cursar y aprobar
un curso de formación judicial con el puntaje requerido para su homologación, lo
cierto es que, la solicitud se presentó fuera del plazo establecido en el cronograma
de la fase III, lo que permite establecer que los actos administrativos no
desconocieron los derechos al debido proceso e igualdad del señor William Cediel
Cuéllar, toda vez que, el desarrollo de las etapas del concurso fue comunicado, y
los lineamientos de su ejecución fueron puestos en conocimiento del actor, quien
dejó vencer el término establecido por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”
para la correspondiente homologación y controvertir lo establecido en el Acuerdo
Pedagógico PCSJA19-114 de 2019.
Aunado a lo anterior, debe resaltarse que, según lo expresado por la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” en su escrito de contestación, el accionante se
encuentra inscrito al curso de formación, por lo que continúa en el proceso de
selección. Es así que, la decisión adoptada por dicha entidad, no incurre en la
vulneración de las garantías ius fundamentales del actor.
Por consiguiente, se negarán las pretensiones de la acción de tutela promovida por
el señor William Cediel Cuéllar contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad
de Administración de la Carrera Judicial y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
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Demandante: William Cediel Cuéllar
Primero.- NIÉGASE la petición de desvinculación formulada por el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial.
Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el
señor William Cediel Cuéllar, contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad
de Administración de la Carrera Judicial y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”,
por las razones aquí expuestas.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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