Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06649-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-06649-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06649-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06649-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
29 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202306649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
Demandada: Presidencia de la República
Tema: Derecho fundamental de petición/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición, ii) igualdad y iii) vivienda digna
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 30 de noviembre de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, por medio de la cual negó la acción de tutela.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación –
Presidencia de la República, porque, a su juicio, con ocasión a la respuesta que se
le dio a su petición de 18 de julio de 2023, mediante la cual solicitó “[…] al señor
presidente de la republica (sic) […] una audiencia de la forma como fuera más fácil
para él […]”, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
2
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que “[…] El pasado 18 de julio del 2023 solicite por medio de un
derecho de petición al señor presidente de la republica Gustavo Petro una audiencia
de la forma como fuera más fácil para él: personal, virtual o telefónica […]”.
4. El actor señaló que “[…] El 19 de julio del 2023 al día siguiente, recibí
respuesta negativa con el argumento que no es posible porque tiene cosas muy
importas (sic) que hacer además de una agenda demasiado ocupada, pero que me
remitían con prosperidad social para ser escuchado, espere (sic) hasta el día de hoy
y nadie me atendió en este asunto de tan gran importancia para mí y mis hijos […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
5. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1-TUTELAR: A MI FAVOR Y ORDENAR AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA […] Y/O QUIEN HAGA SUS VESES PARA QUE ME OTORGUE DE
MANERA IMEDIATA UNA AUDIENCIA DE LA FORMA COMO LE SEA MAS FACIL
[…]”.1
6. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó que:
“[…] La razón de mi solicitud de audiencia es porque en 2018 la empresa pera la cual
laboraba se liquidó Centra Tumaco S.A, me despidieron y se liquidó estando enfermo
con un acuerdo al darme un dinero supuestamente libre de impuestos, compre una
vivienda pero para mi sorpresa la DIAN me tiene embargada la casa y pretenden
desalojarme con el argumento que debo esos impuestos.
Al agotar todos los recurso y buscar todas las formas de solucionar esto, lo único que
me queda es buscar ayuda de nuestro presidente de la república como máxima
autoridad de nuestro país y es esta la razón de la audiencia solicitada […]”.
[…]
1 Transcripción literal del texto.
3
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
“[…] Soy trabajador independiente de oficio “Jardinero” Tengo en la actualidad 48
años de edad cabeza de familia, padre soltero de tres hijos menores y estudiantes de
15, 13 y 8 años de edad y me encuentro desempleado por mi condición de enfermo.
Según dictamen No 94323337-3141. La Junta de Invalidez me califico con una
pérdida de PCL del 44.99% lo cual encuentro en proceso de demanda pero no pude
continuar pagando la seguridad social, también tengo una enfermedad laboral
degenerativa por la cual se me califico una pérdida de PCL de 12.60% en firme por la
Junta Nacional, pero no quisieron calificarlas de manera íntegra por todo esto no me
es posible trabajar, para el sustento digno de mi familia en especial mis niños
pequeños me encuentro en debilidad manifiesta.
Soy discapacitado certificado, otorgado por Min salud en Palmira y también mi hija la
cual requiere cuidados especiales y educación.
Si nos desalojan o perdemos nuestra casa no sé qué pasara con mis hijos y yo.
El Art. 13 C.N. estable que: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan […]”.2
Actuación
7. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante auto de 1.° de noviembre de 2023: i) admitió la acción
de tutela; y ii) ordenó notificar a “[…] la Presidencia de la República como accionado
[…]”, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindiera informe sobre el
particular.
Intervención de la parte demandada
8. La Presidencia de la República solicitó negar las pretensiones de la acción
de la referencia. Al respecto manifestó que:
“[…] mi representada respondió adecuadamente a las solicitudes presentadas por el
accionante. Se le comunicó que, debido a la intensa agenda del Presidente, no fue
2 Idem pie de página núm. 1 supra.
4
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
posible concederle una audiencia. Además, que por la naturaleza de sus solicitudes
se redirigió su solicitud al Departamento para la Prosperidad Social (DPS) […]”.
[…]
“[…] 1. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República verificó su
sistema de gestión documental y encontró que se dio respuesta a las peticiones
elevadas por el accionante bajo el EXT23-00108320, mediante OFI23-00134551 /
GFPU 12000000 del 19 de julio del presente año.
2. De igual forma, debido a la falta de competencia de esta cartera para conocer de
las solicitudes elevadas, esta procedió a remitir el EXT23-00108320 ante el
Departamento Administrativo para la prosperidad Social, mediante OFI23-00134581
/ GFPU 12000000 del 19 de julio del presente año […]”.
[…]
“[…] Coherentemente con lo expuesto, se observa que las respuestas a los derechos
de petición deben ser oportunas, notificadas al peticionario, y resueltas de fondo de
manera clara, precisa, congruente y consecuente con lo solicitado. Se subraya que
una respuesta adecuada no implica necesariamente acceder a la solicitud, pero debe
resolver sustancialmente la petición.
Conforme lo anterior, se distingue entre el derecho de petición y el derecho a obtener
lo solicitado, y se menciona que la respuesta debe ser clara, precisa, congruente y
adecuada al procedimiento en cuestión […]”.
[…]
“[…] En consecuencia, para asegurar el adecuado ejercicio del derecho fundamental
de petición, se ha gestionado dicho trámite ante las entidades competentes, DPS, ya
que es la autoridad encontrada como la responsable de atender las solicitudes
presentadas por la accionante, como se evidencia en los documentos OFI23-
00134581 / GFPU 12000000 con fecha del 19 de julio de 2023, donde se evidencia el
traslado realizado por esta cartera […]”.
La sentencia impugnada
9. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
sentencia de 30 de noviembre de 2023, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela formulada por el señor John Jaime
López Belalcázar contra la Presidencia de la República, por las razones expuestas en
precedencia […]”.
9.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] resulta evidente para la Sala que la Presidencia de la República no incurrió en la
vulneración del derecho fundamental de petición, teniendo en cuenta que le indicó al
accionante las razones por las cuales no podía agendarle una cita virtual o presencial
5
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
y dio cumplimiento al deber legal que le asiste de remitir la petición a la autoridad
competente dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción a la luz del artículo
21 del CPACA, por lo que, frente a dicha entidad no es posible predicar la vulneración
del derecho fundamental de petición, en tanto le dio el trámite legal pertinente a la
solicitud radicada el 18 de julio de 2023 […]”.
La impugnación
10. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. En ese orden de ideas señaló lo siguiente3:
“[…] Somos Indígenas, siendo los últimos recursos que tengo para ser escuchados
y solucionar de fondo este problema la presidencia de la república, organismos
internacionales y los medios de comunicación nacionales, internacionales y
alternativos para evitar esta tragedia y acabose de mi familia en especial la
afectación sin precedentes para mis hijos […]”.
[…]
“[…] El problema de fondo ustedes no lo ven ni lo tocan tan siquiera, es que mis
hijos y yo podríamos terminar en la calle, causando con esto una mayor afectación,
aumentando con ello violaciones a derechos fundamentales más graves no solo a
nivel nacional sino también internacional como el derecho a la familia, la vivienda
digna, y los derechos de los niños y niñas los cuales priman por y sobre todo etc
[…]”.
[…]
“[…] Que se ordene de manera inmediata a la Presidencia de la republica de
Colombia y/o a quien haga sus veces o ellos deleguen, atenderme de manera
inmediata Art 123 C.N y dar solución de fondo a la grave situación por la que
atravesamos como familia mono paternal […]”.4
Trámite en segunda instancia
11. El Despacho sustanciador, mediante auto de 5 de febrero de 2024: i) adoptó
una medida de saneamiento consistente en vincular al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social; y ii) ordenó remitirle copia de la solicitud
de tutela, del auto admisorio, de la sentencia proferida, en primera instancia, y de
esta providencia, para que, si a bien lo tenía, se pronunciara sobre el particular,
concediéndole el término de tres (3) días.
3 Transcripción literal del texto.
4 Idem pie de página núm. 1 supra.
6
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
12. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social adujo su falta de
legitimación en la causa por pasiva y solicitó negar las pretensiones de la acción de
la referencia. Al respecto manifestó que:
“[…] La parte accionante argumentó en la tutela instaurada, que la respuesta
generada por la Jefatura de Despacho Presidencial de la Presidencia de la República
mediante Oficio Nº OFI23-00134551 / GFPU 12000000 de 19 de julio de 2023, vulneró
sus derechos fundamentales de petición, a la vivienda y a la igualdad, en la medida
que la dicha respuesta, no satisfizo lo peticionado.
En dicha respuesta se le mencionó además, que por competencia, envió su derecho
de petición a Prosperidad Social, remisión que se hizo efectiva mediante oficio Nº
OFI23-00134581 / GFPU 12000000 de fecha 19 de julio de 2023 y cuyo trámite se
surtió por esta entidad mediante el radicado de entrada Nº E-2023-0007-289284 de
01 de agosto de 2023, generándose el oficio de respuesta Nº S-2023-3000-2074174
de 02 de agosto de 2024, en donde se le manifestó al señor JHON JAIME LÓPEZ
BELALCÁZAR, entre otros aspectos, lo siguiente:
“…En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, se informa que NO
FUE POSIBLE su inclusión en los listados de potenciales del beneficio de vivienda
gratuita, debido a que no cumple con las condiciones preliminares que se aplicaron
en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al no cumplir con
los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio donde
reporta como residencia en las bases de datos. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015 modificado
parcialmente por el Decreto 2231 de 2017…”
El citado documento de respuesta y el oficio remisorio de la Presidencia de la
República, se adjuntan al presente escrito, junto con la prueba de su remisión a esta
entidad y de entrega de la respuesta generada al peticionario, de los cuales se
relaciona además las siguientes imágenes […]”.
[…]
“[…] Con base en lo anterior, está demostrado que esta entidad no ha vulnerado en
ningún momento el derecho de petición invocado por la parte actora, en la medida
que le notificó al accionante, respuesta de fondo en lo que respecta a la vulneración
de su derecho a tener una vivienda digna […]”.
[…]
“[…] La vinculación a los programas desarrollados por PROSPERIDAD SOCIAL se
realiza a través de un procedimiento regulado por ley, a cuyos trámites y requisitos
debe someterse el accionante. Las hipótesis o afirmaciones planteadas no tienen la
entidad suficiente para desatar por medio de la acción de tutela, la orden de
protección, sin someterse siquiera a los requisitos y trámites de Ley, esto,
desconocería los derechos que le asisten a los miles de personas que si se sujetaron
a los procedimientos y que mantienen la esperanza de ser incluidas en los programas
[…]”.
[…]
“[…] Sobre este particular, cabe señalar la situación del señor JHON JAIME LÓPEZ
BELALCÁZAR frente a nuestros programas, indicando que consultado el PORTAL
7
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
ÚNICO DE INFORMACIÓN, que recopila la información de beneficiarios de nuestros
programas, se observa que fue beneficiario de los programas INGRESO SOLIDARIO
Y FAMILIAS EN ACCIÓN – TRÁNSITO A RENTA CIUDADANA, informando que
desde la entidad, ha sido en su oportunidad cobijado con asistencia para él y su familia
[…] La consulta de Portal único muestra que fue beneficiario de Ingreso Solidario y
luego de Tránsito a Renta que finalizó con el pago de su 5° ciclo.
LIQUIDACIONES: LOS CINCO (5) CICLOS FUERON COBRADOS:
Con base en lo anterior, está demostrado que la entidad que represento no ha
vulnerado ningún derecho fundamental invocado por la parte accionante y al contrario,
recibió en su oportunidad, atención de los programas Ingreso Solidario y Familias en
Acción – Renta Ciudadana […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 7, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
8
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
Generalidades de la acción de tutela
14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
15. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia de segunda instancia.
16. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
17. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20068, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
8 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
9
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[9].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
18. La Sala advierte que el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social solicitó su desvinculación de la solicitud de tutela, al considerar que carece
de legitimación en la causa por pasiva.
19. Al respecto, es preciso indicar que, el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social fue vinculado al proceso de tutela de la referencia como tercero
con interés, en la medida en que de lo expuesto en los antecedentes de la solicitud
de amparo y de conformidad con el informe rendido por la Presidencia de la
República le asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.
20. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, al Departamento
9 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
10
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
Administrativo para la Prosperidad Social le asiste interés en la decisión de tutela
que esta Sala profiera.
21. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social.
Problema jurídico
22. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en determinar si se deben proteger los derechos fundamentales invocados
por el actor, los cuales considera vulnerados con ocasión a la respuesta que se le
dio a su petición de 18 de julio de 2023, mediante la cual solicitó “[…] al señor
presidente de la republica (sic) […] una audiencia de la forma como fuera más fácil
para él […]”.
23. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición; ii)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; iii) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la vivienda digna; iv) análisis
del caso concreto; y finalmente v) las conclusiones de la Sala.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho de petición
24. El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 establece el derecho
fundamental de petición en los siguientes términos:
“[…] Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales […]”.
25. El derecho de petición fue reglamentado, en un principio, en el Decreto 01 de
2 de enero de 198410, el cual fue derogado y regulado nuevamente en los artículos
10 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
11
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
13 a 33 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
26. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 1.º de
noviembre de 201111, declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 y
señaló que los efectos de la declaración de inexequibilidad quedarían diferidos
hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso de la República expidiera
la ley estatutaria correspondiente.
27. En razón a lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria
1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental
de petición y se sustituye un Título del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo”, norma que establece los términos y procedimientos
para resolver las distintas modalidades de peticiones.
28. Dicha ley entró a regir a partir de la fecha de su promulgación, esto es, el 30
de junio de 2015.
29. Con miras a examinar el caso sub examine, en primer orden, la Sala realizará
una breve síntesis de la Ley 1755 de 30 de junio de 201512 y, en segundo orden, se
enunciarán las reglas jurisprudenciales del derecho de petición.
Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
30. A través de la Ley Estatutaria 1755 se regula el derecho de petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
11 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 1° de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
12 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”.
12
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
31. Esta norma reguló los siguientes aspectos del derecho de petición: i) Derecho
de petición ante las autoridades-Reglas Generales, ii) Derecho de petición ante
autoridades - Reglas especiales y, iii) Derecho de petición ante organizaciones e
instituciones privadas.
32. El artículo 13 de la Ley 1755 establece que el objeto de esta ley, es regular
el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma.
33. Respecto a los términos para resolver las distintas modalidades de
peticiones, el artículo 14 de dicha norma, hace énfasis en que toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. El numeral
1.º dispone que las peticiones de documentos y de información deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. El numeral 2.º del artículo 14
ibidem establece que las peticiones mediante las cuales se presenta una consulta
a las autoridades deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción.
34. Ahora bien, el artículo 15 ibidem prevé que las peticiones podrán presentarse
verbalmente o por escrito a través de cualquier medio idóneo, donde la petición
contenga al menos: i) la designación de la autoridad a la que se dirige, ii) los
nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado
con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá la
correspondencia, iii) el objeto de la petición, iv) las razones en las que fundamenta
su petición, v) la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el
trámite y vi) la firma del peticionario cuando fuere el caso. Asimismo, los interesados
podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones.
35. A su turno, el artículo 24 de la Ley 1755 dispone que solo tendrán carácter
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por
la Constitución Política o la ley.
13
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
36. Los artículos 32 y 33 ibidem establecen que toda persona podrá ejercer el
derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante
organizaciones privadas con o sin personería jurídica, salvo norma legal especial.
Las peticiones ante empresas o personas que administren archivos y bases de
datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de
terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria del Hábeas Data.
37. Por último, es importante resaltar que conforme con los artículos 14 y 21 de
la norma ejusdem, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad tiene el deber de informar esa circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
38. Asimismo, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente,
esta deberá informar al interesado dentro de los cinco días siguientes al de la
recepción de la solicitud, si obró por escrito y, dentro del término señalado, remitirá
la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.
Reglas jurisprudenciales del derecho de petición
39. La Corte Constitucional en desarrollo del artículo 23 de la Constitución
Política ha precisado que la satisfacción del derecho de petición implica una
respuesta de fondo a la solicitud que resuelva sobre lo planteado. En sentencia T-
146 de 201213, se consignaron las reglas que ha reiterado la Corte Constitucional
respecto del derecho de petición:
“[…] a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
13 Corte Constitucional. Sentencia de 2 de marzo de 2012. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El extracto citado
fue extraído de la sentencia T- 377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ambas sentencias atienden el
problema jurídico del alcance y condiciones en que se debe dar respuesta al derecho de petición, lo que resulta
aplicable al presente caso que conoce la Sala. Se considera pertinente hacer mención a esta línea
jurisprudencial por cuanto se señalan las principales características constitucionales sobre el derecho de
petición, sin perjuicio de otras subreglas que pueden encontrarse en los siguientes fallos: T-578 de 1992, T-572
de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415
de 1999, T-306 de 20003, T-1889 de 2001, T-1160 A de 2001, C-818 de 2011, T-490 de 2005, T-1130 de
2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006, T-108 de 2006, T- 147 de 2006, T-567 de 1992, T-1100 de 2004, T-137
de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006 y T-431 de 2007.
14
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta
no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición
se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental,
puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental
solamente cuando el Legislador lo reglamente.
g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene
la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude
al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver.
De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación
de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-
294 de 1997 y T-457 de 1994 […]”.
40. De estas reglas se desprende que toda respuesta a un derecho de petición
se convierte en un instrumento idóneo para garantizar otros derechos y libertades.
15
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
41. Así lo consideró esta Corporación en sentencia de 24 de mayo de 2012,
Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, al señalar que, por un
lado, el derecho fundamental de petición busca garantizar el acceso de las personas
a las instancias del Estado; y, por otro, que el ciudadano obtenga respuesta de
fondo, de manera clara, precisa, congruente con lo solicitado y que sea puesta en
conocimiento del peticionario en un plazo oportuno.
42. Finalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia previamente citada,
consideró que el estudio del derecho de petición puede realizarse desde dos
perspectivas, a saber: “[…] En una parte inicial, el derecho de petición busca
garantizar el acceso a las instancias del Estado, lo que de forma indirecta será la
posibilidad democrática de participar en la gestión de la autoridad, donde el
ciudadano conserva la soberanía y titularidad de los derechos, que se complementa
mediante el correcto y eficiente desarrollo de la función pública que debe atender
los fines constitucionales hacia los cuales se dirige el Estado. En la otra parte, que
es complementaria a la primera, el ciudadano espera obtener una respuesta por
parte del peticionado, sea este de naturaleza particular o pública, en donde se dé
solución a su interrogante de forma concreta y definitiva, para así, garantizar la
finalidad y efectividad inmediata del derecho de petición, ante quien posee una
información que debe y puede ser suministrada a quienes estén interesados […]”14.
43. Por último, dentro del marco del derecho fundamental de petición, la Corte
Constitucional ha establecido que se vulnera en aquellos eventos en que el
peticionario no es debidamente notificado de la respectiva respuesta a su solicitud
de petición.
44. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional15:
“[…] las autoridades tienen el deber de poner en conocimiento del peticionario la
respuesta que emitan acerca de una solicitud o sea, notificar la respuesta al
interesado.
Esta obligación genera para la administración la responsabilidad de actuar con
diligencia en aras de que su respuesta sea conocida. De esta manera fue reconocido
en la sentencia T-372 de 1995 y reiterado por la sentencia T-477 de 2002, en donde
14 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2012. C.P: María Claudia Rojas Lasso,
número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-00017-01.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería.
16
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
se determinó que el derecho de petición se concreta en dos momentos sucesivos,
ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la
solicitud: “(i) el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso
de la persona a la administración para que esta considere el asunto que se le plantea,
y (ii) el de la respuesta, cuyo ámbito trasciende el campo de la simple adopción de
decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante
[…]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
45. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
46. Atendiendo a que la Corte Constitucional16 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
16 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
17
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la vivienda
digna
47. El artículo 51 de la Constitución establece, que: “Todos los colombianos tienen
derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer
efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas
adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos
programas de vivienda”. (Subraya fuera de texto original)
48. Lo anterior significa que el Estado, mediante diferentes políticas de desarrollo
social debe establecer los requisitos y condiciones especiales dirigidas a posibilitar
la adquisición de vivienda, de modo que mediante actos positivos se concrete el
derecho a gozar de un hogar digno con la garantía de acceso de los postulantes en
condiciones de igualdad17.
49. Sobre el objeto y condiciones de la política de vivienda, ha señalado el máximo
tribunal de lo constitucional, que:
“[...] “El derecho a la vivienda digna es un derecho de carácter asistencial que requiere
un desarrollo legal previo y que debe ser prestado directamente por la administración
o por las entidades asociativas que sean creadas para tal fin, sin olvidar que su
aplicación exige cargas recíprocas para el Estado y para los asociados que pretendan
beneficiarse de los programas y subsidios. Así, las autoridades deben facilitar la
adquisición de vivienda, especialmente en los sectores inferiores y medios de la
sociedad, donde aparece detectado un déficit del servicio; para tal efecto los
particulares deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
Así entonces, este derecho de contenido social no le otorga a la persona un derecho
subjetivo para exigir en forma inmediata y directa del Estado su plena satisfacción,
pues se requiere del cumplimiento de condiciones jurídico - materiales que lo hagan
posible. De manera que una vez dadas dichas condiciones, el derecho toma fuerza
vinculante y sobre el mismo se extenderá la protección constitucional, a través de las
acciones establecidas para tal fin”18 [...]”.
Análisis del caso concreto
50. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación –
Presidencia de la República, porque, a su juicio, con ocasión a la respuesta que se
17 Sentencia T-831 de 2004 M.P. Jaime Araújo Rentería
18 Sentencia T - 495 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
18
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
le dio a su petición de 18 de julio de 2023, mediante la cual solicitó “[…] al señor
presidente de la republica (sic) […] una audiencia de la forma como fuera más fácil
para él […]”, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
51. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
52. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
53. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
53.1. Documentos allegados con el escrito de tutela.
53.2. Informes rendidos por la autoridad demandada y el tercero con interés
legítimo, junto con sus anexos.
Solución del caso concreto
Análisis de la presunta vulneración al derecho de petición del actor
54. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la petición elevada por el actor
ha sido contestada.
19
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
55. La sala advierte que, el 18 de julio de 2023, el actor presentó la siguiente
petición ante el Presidente de la República:
“[…]Cordial saludo:
Por medio de la presente es mi deseo expresarles mis felicitaciones y apoyo por su
gran desempeño como presidencia en funciones lo cual es muy notorio, en especial
su interés en fortalecer la familia como núcleo esencial de la sociedad, los pobres,
discapacitados y ancianos etc. Con los diversos programas encaminados a ello,
aunado a su gran esfuerzo de la misma forma con nuestra juventud, en manos de
quienes se encuentra nuestros futuros líderes y por ende el de nuestro país. Siendo
también este mí propósito, continuare apoyándoles como lo vengo haciendo desde el
inicio de sus campañas hasta hoy, es mi deseo proponer a ustedes la siguiente
solicitud:
Yo JOHN JAIME LOPEZ BELALCAZAR. Palmirano mayor de edad y portador de la
cédula de ciudadanía No. […] de Palmira obrando en mi nombre y representación en
el ejercicio del Art.23 C.N. “Derecho de petición”, por medio del presente escrito me
dirijo ante usted respetuosamente y con fundamento en el Art.123 C.N. “Derecho a
ser atendido por nuestros servidores públicos”, Art.51 C.N. “Derecho a la vivienda”
Art.13 C.N. “Debilidad manifiesta” Artículo 151 del Código General del Proceso para
solicitarle comedidamente:
1 -Se sirva otorgarme una Cita o audiencia virtual para ser atendido por ustedes, en
el menor tiempo posible.
Consideraciones:
-El estado colombiano me embargo la vivienda, y piensan desalojarnos.
-Soy discapacitado certificado.
-Soy trabajador discapacitado independiente enfermo y no puedo trabajar desde
2017.
-Soy padre soltero cabeza de familia de tres hermosos niños, 7,13, y 15 años.
-Tengo una hija discapacitada.
Muchas gracias por su atención y en espera de una pronta respuesta […]”.19
56. Al respecto, la Jefatura de Despacho Presidencial de la Presidencia de la
República, mediante Oficio núm. OFI23-00134551 / GFPU 12000000 de 19 de julio
de 2023, dio la siguiente respuesta a la petición del actor:
“[…] Respetado señor López:
Con atento saludo, hemos recibido su comunicación solicitando agendar una
audiencia con el Presidente de la República, para tratar temas relacionados con la
situación que está atravesando junto con sus hijos menores.
Desafortunadamente, por razones de agenda y de encuentros de trabajo
programados, el Primer Mandatario no podrá atenderlo. Por lo anterior, le ofrecemos
disculpas y le reiteramos nuestros sentimientos de aprecio.
19 Transcripción literal del texto.
20
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
Así mismo, valoramos sus palabras y su amable gesto; ya que nos motiva a continuar
trabajando de manera incansable para llevar paz y tranquilidad a cada rincón del país.
No obstante, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo", modificado por la Ley 1755 de 2015, estamos remitiendo al
Departamento Administrativo de Prosperidad Social, para su consideración y
fines pertinentes […]”. (Resaltado por la Sala)
57. Frente a dicha respuesta, la Sala precisa que, conforme al artículo 1.° de la
Resolución núm. 0987 de 15 de diciembre de 201620, expedida por el Director del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, es competencia
dicha entidad, a través de sus dependencias, de atender y resolver “[…] 1. Las
peticiones respetuosas en interés general y en interés particular que toda
persona dirija al Presidente de la República o a cualquier funcionario del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de acuerdo con el
artículo 23 de la Constitución Política y sus desarrollos legales y reglamentarios.
[…]”. (Resaltado por la Sala).
58. Igualmente, se observa que dicha respuesta le fue notificada al actor, tal
como se advierte del documento PDF que allegó la Presidencia de la República
denominado “[…] trazabilidad […]”21.
59. Por otro lado, la Jefatura de Despacho Presidencial de la Presidencia de la
República, mediante Oficio núm. OFI23-00134581 / GFPU 12000000 de 19 de julio
de 2023, trasladó la petición del actor al Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social:
“[…] De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por
la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo", modificado por la Ley 1755 de 2015, remitimos para su
consideración y fines pertinentes, la comunicación suscrita por Jhon Jaime López
Belalcazar, en la que solicita agendar una audiencia con el Presidente de la
20 “Por la cual se reglamenta el trámite interno del Derecho de Petición, y se dictan otras disposiciones en el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”.
21 Cfr. Índice núm. 8 de Samai. Documento denominado
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RV_APL1(.zip) NroActua 8”. Archivo aportado en
medio digital.
Al respecto, se advierte que dicho documento obra como constancia de que en efecto se envió el oficio de la
referencia al Ministerio de Defensa Nacional, en la medida en que corresponde a la información extraída del
software de la Presidencia de la República denominado “ESCRIBE”, en el cual quedan registradas todas las
actuaciones surtidas respecto de la correspondencia que recibe la entidad.
21
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
República, para tratar temas relacionados con la situación que está atravesando junto
con sus hijos menores.
De otra parte, respecto a la solicitud de audiencia, esta Jefatura emitió respuesta […]”.
(Resaltado por la Sala)
60. Igualmente, se observa que dicha decisión le fue notificada a la autoridad a
la cual se le remitió por competencia la petición del actor, tal como se advierte del
documento PDF que allegó la Presidencia de la República denominado “[…]
trazabilidad […]”22.
61. Al respecto, la Sala precisa que, el artículo 21 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que:
“[…] ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por
el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a
quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes
al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en
caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos
para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la
Petición por la autoridad competente […]”. (Resaltado por la Sala)
62. Igualmente, la Sala advierte que, en relación con la remisión por competencia
de una petición, esta Corporación ha señalado lo siguiente:
62.1. En la sentencia de 19 de abril de 202123, se indicó que:
“[…] Al respecto, la Sala considera que con ocasión de la remisión que hizo dicha
Dirección Ejecutiva no se vulneró el derecho fundamental de petición del actor,
toda vez que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 30 de junio de
2015, si la autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir la
petición a la autoridad competente e informar al actor, lo cual aconteció en el caso
sub examine […]”. (Resaltado por la Sala)
62.2. En la sentencia de 30 de junio de 202024, se expresó que:
22 Cfr. Índice núm. 8 de Samai. Documento denominado
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RV_APL1(.zip) NroActua 8”. Archivo aportado en
medio digital.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de
2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-00816-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección Segunda, sentencia
de 30 de junio de 2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-00520-00, C.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
22
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
“[…] Con base en lo expuesto, en el asunto sub examine la Sala evidencia que le
asiste razón al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, al afirmar que no le concierne expedir la constancia de ejecutoria del laudo
de 6 de agosto de 2015, porque, se reitera, dicha actuación involucra una actividad
judicial, por consiguiente, carece de la competencia para realizarla.
No obstante, pese a que al señor director del mencionado Centro de Arbitraje y
Conciliación, en efecto, no le corresponde decidir sobre la entrega del documento
enunciado en el párrafo precedente, se debe tener en cuenta lo previsto en el
artículo 21 del CPACA, según el cual «[…] Si la autoridad a quien se dirige la petición
no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por
escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia
del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así
se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente».
La anterior norma es clara en determinar que cuando una autoridad se declara
carente de competencia para conocer de una solicitud deberá enviarla a la que
corresponde, mandato que no cumplió el señor director del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el sub lite, omisión que
quebranta el derecho constitucional fundamental de petición de la actora […]”.
(Resaltado por la Sala)
63. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que, si bien no le fue
concedida la cita que el actor solicitó con el Presidente de la República, lo cierto es
que la Presidencia de la República le explicó al actor las razones de ello, a saber,
“[…] por razones de agenda y de encuentros de trabajo programados […]”, a lo cual
se suma que dicha entidad, pese al tema de la agenda del Presidente de la
República, le remitió por competencia el caso del actor al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, por considerar que aquello debía ser
objeto de su conocimiento.
64. La Sala advierte que con ocasión de la remisión que hizo la Presidencia de
la República, dicha entidad no vulneró el derecho fundamental de petición invocado
por el actor, toda vez que, conforme con el artículo 21 del Código de procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, si la autoridad no tiene
competencia para responder, deberá remitir la petición a la autoridad competente e
informar al actor, lo cual aconteció en el caso sub examine.
23
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
65. Ahora bien, de conformidad con el acervo probatorio, en lo que concierne al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Sala observa lo
siguiente:
66. El Subdirector General para la Superación de la Pobreza del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, mediante Oficio núm. S-2023-3000-
2074174 de 2 de agosto de 2023, dio respuesta a la petición del actor en los
siguientes términos:
“[…] En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, se informa que
NO FUE POSIBLE su inclusión en los listados de potenciales del beneficio de
vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones preliminares
que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales
beneficiarios, al no cumplir con los criterios de priorización aplicados para el
proyecto de vivienda del municipio donde reporta como residencia en las
bases de datos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de
2012 y el Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de
2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta
clara, congruente y de fondo a su petición, en el presente oficio de respuesta se
hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para
finalizar se dará una explicación general del programa sobre cómo se ejecutan los
procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la
competencia de estas frente a cada una de las actividades que se desarrollan en
el programa de Vivienda Gratuita.
• Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda
en Especie - SFVE, se encuentra que el señor John Jaime López Belalcázar,
identificado con cédula de ciudadanía […], cuenta con las siguientes condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
Al estar registrado en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita
como municipio de residencia Pradera – Valle del Cauca, se indica que para este
municipio FONVIVIENDA reportó el siguiente proyecto:
24
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el
listado de potenciales beneficiarios del SFVE para el proyecto de vivienda gratuita
en Pradera – Valle del Cauca, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en el componente Desplazado – Unidos […]”.
[…]
“[…] De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las
condiciones descritas en cada ítem de las gráficas de priorización que se señalan,
no resultaron identificados como potenciales del SFVE. Adicionalmente, es de
señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al
lugar donde se desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería
incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el parágrafo 2, Artículo
2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones
establecidas en la normatividad para estar incluido en los listados de potenciales
beneficiarios del SFVE para el proyecto de vivienda en Pradera – Valle del Cauca,
antes descrito […]”.
[…]
“[…] De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad
Social desarrolla funciones de apoyo técnico en la identificación de potenciales y
selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida
por las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la
normatividad […]”. (Resaltado por la Sala)
67. Al respecto, obra constancia de envío al actor a través de correo electrónico
enviado el 3 de agosto de 2023, tal como se advierte a continuación25:
25 Cfr. Índice núm. 9 de Samai. Documento denominado
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_PRUEBASYANEXOS(.pdf) NroActua 9”. Archivo
aportado en medio digital.
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
68. De conformidad con lo expuesto supra, corresponde a la Sala establecer si
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social cumplió con los
requisitos de i) oportunidad ii) que la respuesta sea de fondo, clara, precisa y de
manera congruente con lo solicitado y ii) que haya sido puesta en conocimiento del
peticionario; pues, de lo contrario se incurriría en una vulneración del derecho
fundamental de petición.
69. La Sala encuentra que i) la respuesta otorgada fue puesta en conocimiento
del actor en debida forma; y ii) en cuanto a la oportunidad para dar respuesta a la
petición, la Sala encuentra que se cumplió con el término establecido por el artículo
14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
70. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara, precisa
y congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que se cumple con dicha exigencia
en la medida en que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social le
explicó con suficiencia al actor que su hogar no cumplía con las condiciones
establecidas en la normatividad para estar incluido en los listados de potenciales
beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para el proyecto de
vivienda en Pradera – Valle del Cauca; respecto de lo cual, la Sala precisa que “[…]
la acción de tutela no puede ser utilizada para pretermitir los trámites administrativos
que las respectivas autoridades han establecido y que tienen una finalidad
justificada en el mismo ordenamiento constitucional […]”.26
71. La Sala considera que, en relación con la respuesta del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, se garantizó el núcleo esencial del
derecho fundamental de petición y, teniendo en cuenta que la respuesta se dio con
anterioridad al trámite de la acción de tutela, habrá lugar a negar la solicitud de
amparo.
Conclusiones de la Sala
72. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 30 de
26 Corte Constitucional, sentencia T-293 de 23 de abril de 2009, M.P. Clara Elena Reales Gutiérrez.
26
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
noviembre de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por medio de la cual negó la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 30 de noviembre de 2023
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
27
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06649-01
Actor: John Jaime López Belalcázar
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.