Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06689-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06689-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06689-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
13 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202306689-00
Actor: José Beltonio Hurtado Nery
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) igualdad, ii) acceso a la administración
de justicia, iii) debido proceso y iv) seguridad social
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra el Tribunal
Administrativo del Cauca.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1.El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Cauca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 31 de agosto
de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
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Actor: José Beltonio Hurtado Nery
190013333001201900058-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, presentó demanda contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara “[…] la nulidad
de las resoluciones NO. RDP 047757 del 18 de noviembre de 2015 y RDP 000966
del 15 de enero del 2016, así como del acto ficto producto del recurso de apelación
presentado frente al acto de 18 de noviembre de 2015 […]” y, a título de
restablecimiento del derecho, “[…] se reconozca una pensión de vejez, conforme
las leyes 71 de 1988 o 33 de 1985, en su calidad de servidor público. Asimismo, se
indexe la primera mesada pensional, se ordene la inclusión en nómina desde la
fecha que cumplió la edad para obtener la pensión y se realice el pago de las
mesadas pensionales adeudadas desde la fecha en que cumplió los requisitos para
hacerse acreedor a la prestación hasta cuando se haga efectivo el reconocimiento;
sumas que deben ser indexadas conforme el IPC […]”.
4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán, mediante sentencia
de 19 de marzo de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
5. El Tribunal Administrativo del Cauca, profirió sentencia el 31 de agosto de 2023,
en la cual, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO.- REVOCAR la Sentencia No. 034 de 19 de marzo de 2021, proferida
por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán, por los motivos
señalados; y en consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO.- CONDENAR en costas a la parte demandante, por lo indicado. […]”.
5.1. Al respecto consideró lo siguiente:
“[…] La demanda se interpuso con el objeto de obtener el reconocimiento y pago de
una pensión de vejez, al considerar que el demandante se encuentra inmerso en el
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Actor: José Beltonio Hurtado Nery
régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993. La entidad demandada
negó el reconocimiento de la pensión, al considerar que el actor no se encuentra
amparado por este, y tampoco acredita las semanas necesarias establecidas en el
régimen general de pensiones para el reconocimiento de la prestación.
La Juez de conocimiento accedió a las pretensiones de la demanda, al encontrar que
el demandante cumplía con los requisitos que lo hacían acreedor del régimen de
transición.
La UGPP insiste que el señor José Beltonio Hurtado Nery no acreditó los requisitos
de 15 años de servicio y 40 años de edad al 1º de abril de 1994, y por tanto, no es
beneficiario del régimen de transición consagrado en dicha normatividad para que le
sean aplicables las normas anteriores. Asimismo alega que el tiempo que cotizó al
ISS no es posible contabilizarlo cuando el reconocimiento se hace bajo la Ley 33 de
1985.
Sobre el particular, es necesario señalar que la Ley 100 de 1993 derogó los
regímenes pensionales existentes para ese momento y los integró en un sistema
general. Como consecuencia, los requisitos de la edad para acceder a la pensión de
vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la
pensión de vejez, sufrieron una modificación […]”.
[…]
“[…] dichos regímenes anteriores siguen produciendo efectos de manera ultraactiva,
siempre y cuando se cumplan las previsiones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
el Acto Legislativo 01 de 2005, los cuales pueden ser sintetizados así: i) las personas
que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más
años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o más años de servicios cotizados; ii) los trabajadores que estando en
dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en
tiempo de servicios a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, esto es, el 25 de julio
de 2005, a los cuales se les mantendría dicho régimen hasta el 31 de diciembre de
2014. Entonces, se tiene acreditado que el señor Hurtado Nery, nació el 24 de mayo
de 1955 e ingresó a laborar a la Dirección Departamental de Salud del Cauca, desde
el 23 de diciembre de 1987, donde prestó sus servicios de manera ininterrumpida
hasta el 12 de diciembre de 2007.
Tal como lo consideró la a quo, dado que el demandante prestó sus servicios a una
entidad del orden departamental, debe observarse lo dispuesto en el artículo 151 de
la Ley 100 de 1993 y el artículo 2º del Decreto 691 de 1994, donde se dispuso que
para los servidores públicos del orden territorial, el Sistema General de Pensiones
entraría a regir a más tardar el 30 de junio de 1995.
Por lo que a esa fecha, el demandante contaba con 40 años, 1 mes y 6 días de edad,
y si bien solo tenía 07 años, 06 meses y 07 días de servicio, es necesario recordar
que para ser beneficiario del régimen de transición pensional, no se requiere cumplir
los dos requisitos, de edad y de tiempo de servicios cotizados, sino que basta con
que se cumpla uno solo de ellos, como ocurre en el presente caso donde cumple con
el requisito de edad.
Igualmente, continuó beneficiándose del régimen de transición pues cumple con el
requisito establecido por el Acto Legislativo 01 de 2005, al tener más de 750 semanas
cotizadas –14 años-, dado que a su entrada en vigencia -29 de julio de 2005, la
demandante había laborado en esa entidad territorial por 17 años, 07 meses y 09
días.
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Actor: José Beltonio Hurtado Nery
[…]
“[…] contrario a lo afirmado por la a quo, el señor José Beltonio Hurtado Nery, durante
el tiempo que laboró para el Banco del Estado, no ostentaba la calidad de servidor
público sino de empleado particular. En ese entendido, le asiste razón a la UGGP (sic)
al afirmar que el lapso trabajado en esta entidad financiera no pudiere contabilizarse
a efectos del reconocimiento pensional de la Ley 33 de 1985, pues el «tiempo de
servicios» previsto en esta norma es calificado, en atención a que su origen debe
corresponder a labores desempeñadas en calidad de servidor público y no a tiempos
servidos en calidad de trabajador particular.
Así, debe acudirse a lo establecido por la Ley 71 de 1988 creó la «pensión de
jubilación por aportes», concebida como un respaldo para que las personas que
hubieran efectuado cotizaciones durante el tiempo laborado como empleados
públicos y privados, pudieran obtener la pensión de jubilación sumando tiempos del
uno y otro, dado que, el demandante estuvo vinculado a la Dirección Departamental
de Salud del Cauca por espacio de 19 años, 11 meses y 19 días, esto es, faltando 11
días para el cumplimiento de los 20 años de que trata la Ley 33 de 1989.
En ese orden, resulta claro que el demandante es beneficiario al régimen de transición
consagrado en la Ley 100 de 1993, por lo que es procedente la aplicación de las
normas anteriores, que para el caso sería la Ley 71 de 1988, según la cual, “los
empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes
sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de
previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal,
intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán
derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad
o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.”
Así, al sumar los tiempos laborados en el Banco del Estado y en la Dirección
Departamental de Salud del Cauca, se tiene que, a 12 de diciembre de 2007, fecha
en la que finalizó el vínculo con esta última entidad, tenía un total de 22 años, 8 meses
y 28 días. No obstante, solo fue hasta el 24 de mayo de 2015 cuando cumplió los
requisitos para hacerse acreedor a la pensión consagrada en la Ley 71 de 1989, pues
en esta fecha cumplió los 60 años de edad, que exige esa norma.
Recuérdese que el Acto Legislativo 01 de 2005, impuso como fecha máxima del
régimen de transición el 31 de diciembre de 2014, y comoquiera que el demandante
consagró su estatus pensional en 2015, para esta Corporación, perdió el beneficio en
cuestión. […]”.
[…]
“[…] En ese orden de ideas, lo cierto es que, pese a que tenía una expectativa
legítima, esta se extinguió el 31 de diciembre de 2014, pues a esa fecha, no había
acreditado el requisito de edad que exige la Ley 71 de 1985 y por tal motivo, no tiene
derecho al reconocimiento pensional en los términos solicitados en la demanda.
Por lo anterior, deberá revocarse la sentencia de instancia comoquiera que el señor
José Beltonio Hurtado Nery no es beneficiario del régimen de transición previsto en
la Ley 100 de 1993; y, por tanto, no le asiste el derecho a pensionarse con las normas
anteriores al Régimen General de Pensional, sin que sea posible estudiar en esta
instancia procesal si el demandante cumple o no los requisitos previstos en la Ley
797 de 2003, comoquiera que este punto no ha sido objeto de controversia a lo largo
de proceso […]”.
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Actor: José Beltonio Hurtado Nery
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1. Con fundamento lo expuesto, con todo comedimiento se solicita al despacho,
tutelar los mis derechos fundamentales DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL,
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, DESCONOCIMIENTO DE LOS
DERECHOS ADQUIRIDOS, DERECHO A ACCEDER A UNA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA PRONTA Y EFICAZ, DERECHO A LA IGUALDAD, vulnerados por las
entidades accionadas, y se ordene que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contabilizadas a partir de la fecha de notificación de la sentencia, se REVOQUE la
sentencia del 31 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, en cuanto negó el reconocimiento de la pensión del actor con ley 33 de 1985.
2. En su lugar se ordene a la accionada, proferir una sentencia donde se incluyan la
interpretación fáctica, probatoria y normativa progresiva con la cual se conceda el
derecho a la pensión del actor. […]”.
6.1. El actor en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo del Cauca
incurrió en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable de una norma
jurídica y en la causal de violación directa de la constitución.
Actuación
7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 7 de noviembre de 2023; i) admitió
la acción de tutela, ii) ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Cauca; y iii)
vinculó al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán, a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP y a la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el
término de tres (3) días para rendir informe.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
8. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán solicitó declarar
improcedente la solicitud de amparo, en la medida que, “[…] no se acreditó el
cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial […]”.
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Actor: José Beltonio Hurtado Nery
9. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, solicitó declarar
improcedente la solicitud de amparo. Al respecto manifestó lo siguiente:
“[…] por cuanto no se ha materializado ningún vicio, defecto o vulneración de
derechos fundamentales por parte del Tribunal Administrativo De Cauca, así como
por la abierta improcedencia de la tutela contra sentencias judiciales, teniendo en
cuenta que nuestra legislación ha dispuesto mecanismos tales como los recursos
judiciales para debatir lo allí determinado, sin que esta pueda constituirse en una
tercera instancia […]”.
10. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, para lo cual, adujo lo siguiente:
“[…] En la decisión adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN, no
se incurrió en defecto material o sustantivo ni en desconocimiento del precedente,
pues de su lectura se observa que la misma se ajustó al ordenamiento legal, donde
se evidenció que no cumplió con los requisitos de Ley para ser acreedor de la pensión
de Vejez.
La parte actora no puede pretender usar la acción de tutela como una tercera
instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la causa,
después de haberse agotado un procedimiento establecido en la Ley para el efecto.
El señor JOSÉ BELTONIO HURTADO NERY, no demuestra la existencia de un
perjuicio irremediable que deba ser subsanado a través de la presente acción de
tutela.
En este caso existe cosa juzgada, la cual está siendo desconocida por la parte
tutelante con la invocación de esta tutela, pasando por alto que en la actuación hoy
cuestionada ya se resolvió por el juez natural de la causa.
En este caso no se cumplen el requisito de subsidiariedad, toda vez que no se probó
que se hubiera acudido al recurso extraordinario de revisión que procedía contra la
misma […]”.
11. El Tribunal Administrativo del Cauca guardó silencio en esta oportunidad
procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
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Actor: José Beltonio Hurtado Nery
Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20211 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección
el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
13. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
14. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.
15. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la seguridad social; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia; procediendo posteriormente
a vii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
16. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
1 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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Actor: José Beltonio Hurtado Nery
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena2, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
17. Esta Sección adoptó3 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20054, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
18. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
4 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Actor: José Beltonio Hurtado Nery
“dejar sin efecto o modular la decisión”5 que encaje en dichos parámetros.
20. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20146.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
22. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional
23. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
20147, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
5 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
7 Ut supra página 6.
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El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
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Actor: José Beltonio Hurtado Nery
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [14]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).
24. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado15:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”16
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
15 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
16Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”17
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
25. En ese orden de ideas, el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales,
y esa presunta afectación no tiene su origen en un debate estrictamente legal y
económico, ii) cuando la actora en su escrito de tutela cumple con satisfacer una
carga argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y iii) cuando se
demuestra que el amparo presentado no se utiliza como una instancia procesal
adicional.
26. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202218
precisó, en relación con el alcance del requisito general de la relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
17 Ibidem.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
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de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
27. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
28. Atendiendo a que, la Corte Constitucional19 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
19 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
29.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
30.Atendiendo a que la Corte Constitucional20 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social
31.Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
20 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.
32.De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:21
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado22.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”23. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”24 […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
33.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
21 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
22 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
23 Sentencia T-173 de 2016.
24 Ibídem.
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“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
34.Atendiendo a que, la Corte Constitucional25 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Análisis del caso concreto
35. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Cauca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 31 de agosto
de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
190013333001201900058-01, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad,
al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la seguridad social.
36.Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
37. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
25 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
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planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
38. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
38.1. Copia del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento identificado con número único de radicación
190013333001201900058-01.
Solución del caso concreto
Análisis del presunto defecto sustantivo por interpretación irrazonable y del
defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas
39. El actor en su escrito de tutela señaló lo siguiente:
“[…] El tribunal administrativo del cauca, al decidir el asunto sometido a
consideración negó las pretensiones de la demanda, vulnerando el ordenamiento
jurídico, aplicando una interpretación regresiva, e indebida a una situación fáctica
en relación con la calidad de trabajador oficial de mi poderdante durante el periodo
comprendido entre el 19 de mayo de 1978, hasta el 28 de febrero de 1981, es decir,
145,29 semanas cotizadas, argumenta que como lo indica la corte suprema de
justicia, aun después de la nacionalización de esta entidad (Banco del Estado), la
norma que se le aplicaba a sus trabajadores era el código sustantivo de trabajo, por
eso, ellos no adquiría (sic) la calidad de trabajadores oficiales, desconociendo que
aun de ser una entidad de economía mixta, la mayor participación económica estaba
a cargo de estado, esto es, que era una entidad con dineros públicos, por lo tanto
adquieren la facultad de trabajadores oficiales a pesar que se apliquen las norma
laborales del derecho privado. Ello es tan así que el artículo segundo numeral
primero del Código procesal del trabajo y de la seguridad social, manifiesta
claramente que es de su jurisdicción cualquier tipo de vinculación realizada
mediante un contrato de trabajo, aun a los trabajadores oficiales, y esta tesis se
refuerza con lo ordenado en el artículo 105, numeral cuarto (4º), de la ley 1437 de
2011, que establece que no hace parte de su jurisdicción la relación de los
trabajadores oficiales con las entidades públicas, por lo tanto, a este tipo de
trabajadores (Trabajadores oficiales), se les aplican las normas privadas del derecho
laboral.
Ahora, para la jurisprudencia del Consejo de Estado, es claro, que la ley 33 de 1985,
se aplica a los trabajadores oficiales, por lo tanto, es errada y regresiva la
interpretación del Tribunal Administrativo del Cauca, de no tener en cuenta las
semanas cotizadas por el actor en el Banco del Estado, para aplicar la ley 33 de
1985 y reconocer su pensión […]”.
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40. Para la Sala, el actor no cumplió con la carga argumentativa mínima de exponer
las razones jurídicas de como la autoridad judicial accionada interpretó de manera
arbitraria o irrazonable el “[…] artículo 105, numeral cuarto (4º), de la ley 1437 de
2011 […]” y, además, tampoco argumentó por qué dichas normas jurídicas eran
relevantes para cambiar el sentido de la decisión judicial.
41. La Corte Constitucional frente a la configuración del defecto sustantivo por
interpretación irrazonable de las normas jurídicas, ha dicho lo siguiente:
“[…] Sobre la última hipótesis, relativa a la interpretación irrazonable de las
disposiciones jurídicas, la Corte ha dicho que se trata de la causal de
procedencia de la tutela por defecto sustantivo más restringida. Esto tiene que
ver con que la interpretación de la ley sea un campo en el que se manifiestan
con especial intensidad los principios de independencia y autonomía judicial
que, en el marco del Estado Constitucional de Derecho, protegen a los jueces
de injerencias indebidas en su labor de resolver las controversias jurídicas
que se sometan a su conocimiento a partir de la interpretación que estimen
más ajustada al ordenamiento jurídico y a los criterios auxiliares de la
actividad judicial: la equidad, la jurisprudencia, la doctrina y los principios
generales del derecho.26
La preeminencia de esos principios de autonomía e independencia judicial cobra
sentido ante la complejidad propia del proceso de aplicación del derecho. Dado que
tal actividad exige la participación activa de la autoridad judicial en la interpretación
del ordenamiento jurídico, es lógico que existan diversas posiciones sobre la norma
jurídica aplicable a determinada situación de hecho y sobre las consecuencias que
se derivan de ella.27
La independencia y la autonomía que se reconoce a los jueces a la hora de
interpretar la legalidad infraconstitucional no son, sin embargo, absolutas28. El
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º C.P.), la obligación de dar eficacia
a los derechos fundamentales (artículo 2º C.P.), la primacía de los derechos
humanos (artículo 5º C.P.), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.) y la garantía de acceso a la
administración de justicia (artículo 228 C.P.) exigen que todos los poderes y
autoridades públicas adopten decisiones acordes a los cánones superiores29 y
justifican, además, la intervención del juez constitucional, cuando los preceptos de
la norma superior sean amenazados o menoscabados por cuenta de una
interpretación judicial abiertamente irrazonable.
26 Constitución Política, Artículo 230.
27 La Corte ha distinguido entre las disposiciones jurídicas (texto legal o enunciado normativo) y el producto de
su interpretación (norma jurídica o contenido normativo) y, sobre la base de esa distinción, ha entendido que
una misma disposición puede contener diversas normas jurídicas y que una misma norma jurídica puede estar
contenida, a su vez, en diversas disposiciones. (Corte Constitucional, Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
28 Corte Constitucional, Sentencias T-1031 de 27 de septiembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y
T-1001 de 18 de septiembre de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
29 Cfr. Además, ha sostenido este Tribunal que entender la Constitución como un cuerpo armónico, supone
concebir la estructura del Estado (parte orgánica), en función de la eficacia de los derechos constitucionales,
los principios y los fines del estado (parte dogmática).
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17. El hecho de que las autoridades judiciales estén sometidas a las restricciones
derivadas del diseño constitucional adoptado por la Carta de 1991 supone,
entonces, que su labor interpretativa encuentre como límite infranqueable el
principio de legalidad, entendido en su acepción amplia, es decir, como un precepto
que alude a la totalidad de las fuentes del derecho, en cuya cúspide se encuentra la
Constitución como norma superior que aspira a otorgarle unidad y coherencia al
ordenamiento jurídico.30
Bajo tales supuestos, esta Corporación ha señalado que una autoridad judicial
puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable en al menos dos
circunstancias: i) cuando le otorga a una disposición jurídica un sentido y alcance
que no tiene, es decir, que la interpreta de forma contraevidente, o ii) cuando le
confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio
resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en
realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados
desproporcionados.
18. La interpretación contraevidente como causa generadora del defecto
sustantivo por interpretación irrazonable se presenta cuando el juez deriva
interpretativamente una norma jurídica que no se desprende del marco
normativo que ofrece la disposición aplicable al caso, en contravía del
principio de legalidad. Sin embargo, el defecto sustantivo no se presenta ante
cualquier discrepancia dogmática respecto de la opción interpretativa acogida
por la autoridad judicial, sino, solamente, cuando la misma es manifiestamente
irracional, sin sentido, consecuencia de una desviación notoria del derecho.
En palabras de la Corte, las fallas originadas en el proceso hermenéutico “han
de ser protuberantes para que sea factible predicar que a la ley se le ha
otorgado un sentido contraevidente”.31[…]”32 (Resaltado por la Sala).
42. En ese orden de ideas, el defecto sustantivo por interpretación irrazonable de
normas jurídicas no se configura ante “[…] cualquier discrepancia dogmática
respecto de la opción interpretativa acogida por la autoridad judicial […]” sino,
solamente, cuando la misma es irracional, por lo que el actor en el caso sub examine
no cumplió con la carga argumentativa de indicar como el Tribunal Administrativo
del Cauca al resolver el caso concreto efectuó una interpretación arbitraria del “[…]
artículo 105, numeral cuarto (4º), de la ley 1437 de 2011 […]”.
30 Al respecto, esta Corporación en sentencia C-1026 de 26 de septiembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre
Lynett indicó que “Si los jueces, por una parte, son los encargados de hacer efectivos los derechos y libertades
individuales, y por otra, son los que realizan la labor de aplicación del derecho positivo a la realidad social,
entonces puede afirmarse que, respecto de ellos, el principio de legalidad cobra una dimensión hermenéutica
de gran importancia, en la medida en que durante el desarrollo cabal de sus funciones deben realizar varios
ejercicios interpretativos, tanto de la ley, como de las circunstancias fácticas sobre las cuales habrán de decidir.
Ahora, es claro que a partir del tránsito constitucional de 1991, con el reconocimiento (en el artículo 4 Superior)
del valor normativo intrínseco de la Carta, esa labor de interpretación se debe conducir según los cauces que
ha trazado la doctrina constitucional, especialmente en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales;
en efecto, sólo en la medida en que la labor hermenéutica del juez se ajuste a los dictados constitucionales,
puede afirmarse que respeta el principio de legalidad”.
31 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1045 de 24 de octubre de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
32 Corte Constitucional, Sentencia T-629 de 2 de octubre de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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43. De igual manera, para la Sala el actor no cumplió con la carga argumentativa
mínima de indicar específicamente cuáles fueron los i) artículos de la “[…] ley 33 de
1985 […]” que la autoridad judicial accionada dejó de aplicar en el caso sub
examine, y en ese orden de ideas, ii) argumentar que dicha falta de aplicación, trajo
como consecuencia que el Tribunal Administrativo del Cauca adoptara una decisión
judicial contraria al ordenamiento jurídico.
44. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura el
defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica:
“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial
emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma
adecuada, o interpreta las normas de tal
manera que contraría la razonabilidad jurídica33.
En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:
a. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente34 o porque ha sido derogada35, es inexistente36,
inexequible37 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador38.
b. No se hace una interpretación razonable de la norma39.
c. Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos
erga omnes40.
d. La disposición aplicada es regresiva41 o contraria a la Constitución42.
e. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición43.
f. La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma44.
33 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743 de
24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de enero
de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra,
Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte
Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con ponencia
del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
34Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
35Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
36Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería
37Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
38Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
39Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101
de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
40Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de 9
de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera Carbonell.
41Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
42Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
43Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
44Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.
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Actor: José Beltonio Hurtado Nery
g. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente […]”. (Subrayado por la Sala).
45. La Corte Constitucional de igual manera ha señalado que45:
“[…] Resumiendo, la Corte ha determinado que el defecto material o sustantivo es
una falencia o yerro en una providencia judicial originado en el proceso de
interpretación o aplicación de las normas jurídicas por parte del juez natural. Sin
embargo, para que se configure esta causal de procedencia, debe tratarse de
una irregularidad de alta trascendencia, que signifique que el fallo emitido
obstaculiza o lesiona la efectividad de los derechos fundamentales del
accionante […]”. (Resaltado por la Sala).
46. En ese orden de ideas, advierte la Sala que el actor no cumplió con la carga
argumentativa mínima para estructurar el defecto sustantivo por falta de aplicación
de normas jurídicas, toda vez que no señaló cuales artículos de la “[…] ley 33 de
1985 […]” no fueron aplicados para resolver el caso concreto, ni mucho menos
argumentó que dicha falta de aplicación por parte del Tribunal Administrativo del
Cauca, implicara una irregularidad ostensible, que trajera como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales del actor.
Análisis de la causal por violación directa de la Constitución
47. El actor en su escrito de tutela indicó que la autoridad judicial accionada incurrió
en la causal de violación directa de la Constitución, no obstante no estableció las
razones jurídicas que en el caso concreto acreditaran que el juez colegiado vulneró
sus derechos fundamentales por haber efectuado una i) interpretación de las normas
jurídicas contrarias a la Constitución o iii) en la solución del caso se dejó de
interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional.
45
Corte Constitucional, sentencia T-521 de 18 de agosto de 2015, M.P. Myriam Ávila Roldán.
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48. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la
acción de tutela no puede considerarse absoluto , pues es necesario satisfacer
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ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos
como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o
amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor
de la amenaza o del agravio , el señalamiento de las causales especiales de
47
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con
la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre
otros aspectos48.
Conclusiones de la Sala
49. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala declarará improcedente el amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela que presentó el actor
contra la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
46 Sobre el principio de informalidad, ver Corte Constitucional, Auto A165 de 21 de julio
2011, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio
47 Decreto 2591 de 1991, artículo 14.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de julio de 2017,
C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2017-00725-00.
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Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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