Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06690-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06690-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06690-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
13 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202306690-00
Actor: Luis Eduardo Mayorga Candia
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia1
Tema: Derecho fundamental a la igualdad/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Trabajo, ii) igualdad, iii) libre desarrollo
de la personalidad y iv) libertad de escoger profesión u oficio
Derecho Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Actor: Luis Eduardo Mayorga Candia
Abogados y Auxiliares de la Justicia, porque, a su juicio, “[…] al no poder obtener mi
tarjeta profesional de abogado definitiva […] por su omisión de reglamentar el
examen ordenado en la Ley 1095 de 2018 (Hace más de 5 años) […]”, vulneró sus
derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Adujo que, inició sus estudios en derecho el 22 de agosto de 2019 en la
Institución Universitaria de Colombia y se graduó como profesional en derecho el
11 de julio de 2023 en dicha institución.
4. Afirmó que, procedió a realizar los respectivos trámites requeridos por el
Consejo Superior de la Judicatura para la expedición de su tarjeta profesional como
abogado, no obstante, una vez cumplidos los mismos, el 25 de agosto de 2023 le
fue entregada una tarjeta profesional de abogado con vigencia temporal.
5. Sostuvo que, para la expedición de su tarjeta profesional definitiva le exigen
como requisito acreditar la certificación de aprobación del Examen de Estado
establecido en la Ley 1905 de 28 de junio de 20182, razón por la cual, el 6 de
septiembre de 2023, procedió, vía correo electrónico, a solicitar al Consejo Superior
de la Judicatura la expedición de dicho documento “[…] en consideración a que a esa
fecha el Consejo Superior de la Judicatura no había establecido ninguna acción efectiva
para el cumplimiento del deber legal de realizar el examen consagrado en la Ley 1905 de
2018. […]”.
6. Señaló que, el 22 de septiembre de 2023 recibió respuesta a su solicitud, en
la cual le manifestaron que, “[…] Así mismo, se precisa que, de acuerdo con el
cronograma para la elaboración e implementación del examen de Estado de la Ley
1905 de 2018 el Consejo Superior de la Judicatura, en coordinación con el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, prevé que la prueba se
2 “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”.
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Actor: Luis Eduardo Mayorga Candia
aplicará a partir del año 2024 (mayo y octubre); posteriormente, los resultados serán
publicados y se expedirán los correspondientes certificados de aprobación. Se
precisa que, toda la información necesaria para presentar la prueba será publicada
oportunamente a los usuarios por lo (sic) canales oficiales de la Corporación. […]”.
7. Manifestó que, a la fecha de interposición de la acción de tutela, no le ha sido
expedida su tarjeta profesional de abogado.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERO: Que se declare que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
• UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA vulneró mis derechos fundamentales al trabajo, igualdad, libre desarrollo a
la personalidad y derecho a escoger profesión u oficio, los cuales se encuentran
consagrados en los artículos 25, 13, 16 y 26 de la Constitución Política de Colombia.
SEGUNDO: Que se ordene a la accionada, proceda a expedirme de manera
inmediata mi tarjeta profesional de abogado definitiva, lo anterior, en virtud a que, por
su deficiencia administrativa de no reglamentar e implementar el examen ordenado
en la mencionada Ley, no estoy en la obligación de soportar dicha omisión
administrativa […]”.
9. Como fundamento de su solicitud, manifestó que:
“[…] Se evidencia que al no poder obtener mi tarjeta profesional de abogado definitiva,
restringe mi imagen como profesional del derecho, poniéndome en desventaja con
los colegas que presentan su tarjeta profesional definitiva, en el acceso a otros
empleos o en su respectivo caso poder litigar como abogado, que desde el mimo (sic)
momento en que inicié mi carrera fue y sigue siendo uno de mis objetivos; aunado a
esto después de un gran esfuerzo a mis 53 años lograr culminar mis estudios para
ver truncado en parte el objetivo para el cual me encaminé en este propósito, edad
que me limita el tiempo y las opciones frente a otros colegas más jóvenes. […]”.
[…]
“[…] Pretende la autoridad administrativa accionada que espere aún más tiempo, para
que se implemente de manera real y efectiva el examen, sin saber y ni siquiera tener
programada la primera fecha del mismo, afectando así mi derecho a escoger
profesión u oficio, lo cual va en contra vía (sic) a lo preceptuado por el constituyente,
con el agravante que según respuesta no brinda esta, respuesta exacta en cuanto a
las fechas de aplicación. […]”.
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Actor: Luis Eduardo Mayorga Candia
[…]
“[…] El suscrito como ciudadano y profesional no puede estar obligado a lo imposible,
pues si una corporación como el Consejo Superior de la Judicatura en más de 5 años
no ha podido ni siquiera implementar los pilotos de examen a que se comprometió
públicamente, se deduce una negligencia de este ente, al no implementar el examen
de estado; dicho examen que al no existir pues (es imposible de cumplir) y así mismo
(sic) me perjudica personal y laboralmente. […]”.
[…]
“[…] Así mismo, me permito poner en conocimiento de su honorable despacho, que
personas que ingresaron a cursar programas de derecho en diferentes universidades,
en fecha posterior a la publicación de la Ley 1905 de 2018, ya cuentan con su tarjeta
profesional de abogado, evidenciándose vulneración al derecho a la igualdad. […]”.
9.1. Señaló que, en un caso similar, el Consejo de Estado resolvió amparar los
derechos fundamentales de los tutelantes, a saber, “[…] ACCIÓN DE TUTELA,
impetrada por la ciudadana Elizabeth Jaramillo Rodríguez, con número de
radicación 11001-03-15-000-2022-03847-00 […] Sección Quinta del Consejo de
Estado […]”.
Actuación
10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 7 de noviembre de 2023: i)
admitió la acción de tutela; y ii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior
de la Judicatura y al Director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, concediéndoles el término de tres (3) días para rendir
informe sobre el particular.
Intervención de la demandada
11. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura solicitó negar la acción de tutela, al considerar
que se configuró un “[…] hecho superado […]”. Para tal efecto, manifestó lo
siguiente:
“[…] Con el propósito de dar cumplimiento a lo preceptuado en la referida Ley, el
Consejo Superior de la Judicatura autorizó al Director Ejecutivo de Administración
Judicial, la suscripción de un Convenio Interadministrativo con el Instituto Colombiano
para la Evaluación de la Educación – ICFES, con el objeto de definir, construir y
validar el marco de referencia para la implementación del examen para ejercer la
profesión de abogado. […]”.
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Actor: Luis Eduardo Mayorga Candia
[…]
“[…] El Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo No. PCSJA22-11985 del
29 de agosto de 2022, “por medio del cual se establecen normas para la expedición
de tarjetas profesionales de abogados y se dictan otras disposiciones”, dentro de las
cuales, para los graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018 que aún no
presentan el examen de Estado, podrán solicitar sin la acreditación del certificado de
aprobación del examen, su inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la
expedición de una Tarjeta Profesional de Abogado, que tendrá carácter provisional
con vigencia hasta la publicación de los resultados de la primera prueba. […]”.
[…]
“[…] Para el caso en estudio, el Dr. Luis Eduardo Mayorga Candia, (…), solicitó a
través del correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, su inscripción como
Abogado y la expedición de la Tarjeta Profesional, como titulado por la Institución
Universitaria De Colombia.
La Institución Universitaria de Colombia, mediante correo electrónico del 17 de julio
de 2023, suscrito por la Sra. Laura Camila Larrotta Guio, de Registro y Control
Académico, informó que el accionante inició la carrera de derecho el “22/08/2019”, es
decir, después de haber sido promulgada la Ley 1905, y finalizó el “11 DE JULIO DE
2023”, indicando adicionalmente que no fue homologado en la carrera cursada, cuyo
soporte se adjunta.
Teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con el Acuerdo No. PCSJA22-11985
del 29 de agosto de 2022, esta Unidad lo inscribió en el Registro Nacional de
Abogados y le expidió la Tarjeta Profesional de Abogado con Vigencia Provisional No.
412.392, mediante el Acta No. 16620 del 16 de agosto de 2023, la cual fue enviada
bajo la guía No. RA439531473CO, el día 24 de agosto de 2023 a través del servicio
de correo certificado de la Empresa 4-72 Servicios Postales Nacionales de Colombia
S.A, y entregada el 26 de agosto del año en curso, en el domicilio (residencia)
registrado por el accionante al momento de realizar la preinscripción del trámite
requerido. […]”.
[…]
“[…] Dicha precisión avala tanto la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado
con Vigencia Provisional como la certificación de vigencia de la misma, ya que,
conforme a lo información suministrada por la Universidad, el accionante es
destinatario de la Ley 1905 de 2018.
De otra parte, se aclara que, no existe ninguna limitación en el ejercicio jurídico-
procesal de la profesión de Abogado, dado que la asignación de una Tarjeta
Profesional de Abogado con Vigencia Provisional no limita el ejercicio integral de la
profesión, únicamente condiciona la vigencia de la misma al cumplimiento de lo
dispuesto por la Ley 1905 de 2018, de presentar el Examen de Estado, siempre que
el inicio de la carrera de derecho se haya dado con posterioridad a la entrada en
vigencia de la citada Ley, esto es el 28 de junio de 2018, como es el caso del
accionante. […]”.
[…]
“[…] teniendo en cuenta que la principal pretensión del accionante recae sobre la
expedición de la tarjeta profesional de abogado y esta se encuentra subsanada con
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Actor: Luis Eduardo Mayorga Candia
la expedición de la tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional en los
términos del Acuerdo No. PSCJA22- 11985 del 29 de agosto de 2022, frente a esta
acción de tutela se configura la carencia actual de objeto por encontrarnos frente a un
hecho superado al tenor de lo citado.
Finalmente, se considera que no existe vulneración a ningún derecho fundamental en
la actuación realizada por parte de esta Unidad, considerando que la solicitud del
accionante ha sido resuelta de conformidad a la Ley 1905 de 2018, al Acuerdo No.
PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022 y a la información suministrada por la
Institución Universitaria de Colombia, por lo que se solicita de manera respetuosa
negar el amparo solicitado. […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20214 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema Jurídico
14. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer si se deben
proteger los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, al libre desarrollo de
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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la personalidad y a la libertad de escoger profesión u oficio invocados por el actor,
los cuales considera vulnerados por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia, al no expedirle la tarjeta profesional de abogado definitiva.
15. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo, ii)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad, iii) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al libre desarrollo de la
personalidad, iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la
libertad de escoger profesión u oficio; v) análisis del caso concreto, y finalmente vi)
las conclusiones de la Sala.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo
16. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.
17. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente6:
“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de derecho
y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental el derecho
al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la personalidad
jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a
través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su
perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría existir
dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios indispensables
para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial creativo y de servicio
a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo pone en contacto
productivo con su entorno.
El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
6 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
18. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
19. Atendiendo a que la Corte Constitucional7 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al libre desarrollo
de la personalidad
20. Visto el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
7 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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“[…] Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin
más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden
jurídico. […]”.
21. Atendiendo a que la Corte Constitucional8 ha definido que el derecho al libre
desarrollo de la personalidad “[…] como la posibilidad que tiene cada persona de
escoger su propia opción de vida, limitada únicamente por los derechos de los
demás y por el ordenamiento jurídico. […]”.
22. En ese sentido, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al libre
desarrollo de la personalidad ha dicho lo siguiente9:
“[…] El derecho al libre desarrollo de la personalidad, conocido también como
derecho a la autonomía e identidad personal, busca proteger la potestad del
individuo para autodeterminarse; esto es, la posibilidad de adoptar, sin
intromisiones ni presiones de ninguna clase, un modelo de vida acorde con sus
propios intereses, convicciones, inclinaciones y deseos, siempre, claro está, que
se respeten los derechos ajenos y el orden constitucional. Así, puede afirmarse
que este derecho de opción comporta la libertad e independencia del individuo
para gobernar su propia existencia y para diseñar un modelo de personalidad
conforme a los dictados de su conciencia, con la única limitante de no causar un
perjuicio social. Se configura una vulneración del derecho al libre desarrollo de la
personalidad cuando a la persona se le impide, de forma arbitraria, alcanzar o
perseguir aspiraciones legítimas de vida o valorar y escoger libremente las
circunstancias que dan sentido a su existencia. Así, para que una limitación al
derecho individual al libre desarrollo de la personalidad sea legítima y, por lo mismo
no arbitraria, se requiere que goce de un fundamento jurídico constitucional. No
basta que el derecho de otras personas o la facultad de la autoridad se basen en
normas jurídicas válidas, sino que en la necesaria ponderación valorativa se
respete la jerarquía constitucional del derecho fundamental mencionado. […]”
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la libertad de
escoger profesión u oficio
23. Visto el artículo 26 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley
podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y
vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no
exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un
riesgo social.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-595 de 25 de septiembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
9 Corte Constitucional, sentencia C-336 de 16 de abril de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
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Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La
estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos.
La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles […]”.
24. La Corte Constitucional10 ha señalado que “[…] el régimen constitucional le
permite a toda persona escoger la actividad lícita, profesional o no, a la que habrá
de dedicarse teniendo en cuenta su vocación, capacidades, tendencias y
perspectivas, con el fin de que pueda cumplir el rol que desea en sociedad, al tiempo
que obtiene lo necesario para su sostenimiento y para realizarse como individuo
[…]”. Igualmente, ha indicado que:
“[…] El derecho a escoger libremente profesión u oficio goza de una garantía
constitucional que opera en dos direcciones: la primera, proyectada hacia la sociedad
• es decir, que delimita las fronteras del derecho -, adscribe de manera exclusiva al
legislador, de un lado, la competencia para regular los requisitos que deben cumplir
los aspirantes a ejercer actividades que requieran capacitación técnica o científica si
es su deseo obtener el título correspondiente, así como las condiciones en que el
ejercicio de la misma puede ser sometido a inspección y vigilancia por las autoridades
competentes. La segunda, de orden interno, se dirige expresamente a proteger el
núcleo esencial del derecho a la escogencia, de tal manera que no puede el
legislador, sin lesionarlo, restringir, limitar o cancelar ese ámbito de inmunidad en el
que no es posible injerencia alguna. Mientras la segunda de las garantías -la interna-
es absoluta, es decir, opera igualmente para las profesiones y los oficios, la primera
sólo se predica de las profesiones y de las ocupaciones, artes u oficios que requieran
formación académica e impliquen un riesgo social […]”.11
Análisis del caso concreto
25. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, porque, a su juicio, “[…] al no poder obtener mi
tarjeta profesional de abogado definitiva […] por su omisión de reglamentar el
examen ordenado en la Ley 1095 de 2018 (Hace más de 5 años) […]”, vulneró sus
derechos fundamentales invocados supra.
26. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
10 Corte Constitucional, Sentencia T-282 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
11 Corte Constitucional, Sentencia C-568 de 14 de julio de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
27. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas
jurídicos planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
28. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentran los
siguientes documentos:
28.1. Informes rendidos por las partes, junto con sus anexos.
Solución del caso concreto
29. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, si la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura están en el deber
legal de expedirle la tarjeta profesional definitiva de abogado solicitada por el actor.
30. En el escrito de tutela el actor señaló que, a la fecha de la interposición de la
solicitud de amparo, no le ha sido expedida su tarjeta profesional de abogado
definitiva, por cuanto le exigen como requisito acreditar la certificación de
aprobación del Examen de Estado establecido en la Ley 1905 de 28 de junio de
2018, el cual, sostuvo ni siquiera está implementado. Al respecto, advirtió su
desacuerdo, al considerar que “[…] Se evidencia que al no poder obtener mi tarjeta
profesional de abogado definitiva, restringe mi imagen como profesional del
derecho, poniéndome en desventaja con los colegas que presentan su tarjeta
profesional definitiva, en el acceso a otros empleos o en su respectivo caso poder
litigar como abogado […]”.
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31. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura manifestó que, con el propósito de dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1905 de 28 de junio de 2018, se suscribió
un Convenio Interadministrativo con el Instituto Colombiano para la Evaluación de
la Educación – ICFES, con el objeto de definir, construir y validar el marco de
referencia para la implementación del examen para ejercer la profesión de abogado;
proceso que consta de 3 fases para que su implementación se realice en el año
2024.
32. Al respecto, la Unidad precisó que “[…] El Consejo Superior de la Judicatura,
expidió el Acuerdo No. PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, “por medio del
cual se establecen normas para la expedición de tarjetas profesionales de abogados
y se dictan otras disposiciones”, dentro de las cuales, para los graduados
destinatarios de la Ley 1905 de 2018 que aún no presentan el examen de
Estado, podrán solicitar sin la acreditación del certificado de aprobación del
examen, su inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición
de una Tarjeta Profesional de Abogado, que tendrá carácter provisional con
vigencia hasta la publicación de los resultados de la primera prueba […]”.
(Resaltado del texto original)
33. Frente al caso concreto, la Unidad señaló que al actor le es exigible acreditar
el examen establecido en la Ley 1905 de 2018 para la expedición de su tarjeta
profesional de abogado, en la medida en que, según informó la Institución
Universitaria de Colombia, el actor inició la carrera de derecho el 22 de agosto de
2019.
34. La unidad señaló y acreditó que expidió la Tarjeta Profesional Provisional
núm. 412.392, con fecha de expedición el 16 de agosto de 2023 y vigente hasta la
publicación de los resultados de la primera prueba.
35. Ahora bien, corresponde a la Sala determinar si el hecho de que la Unidad
haya expedido una tarjeta profesional con carácter provisional y no definitiva vulnera
los derechos fundamentales del actor, puesto que, a juicio del tutelante, “[…] Se
evidencia que al no poder obtener mi tarjeta profesional de abogado definitiva,
restringe mi imagen como profesional del derecho, poniéndome en desventaja con
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Actor: Luis Eduardo Mayorga Candia
los colegas que presentan su tarjeta profesional definitiva, en el acceso a otros
empleos o en su respectivo caso poder litigar como abogado […]”.
36. Al respecto, la Sala precisa que, teniendo en cuenta que dentro de los
argumentos expuestos por el actor se encuentra aquel según el cual en un caso
similar al suyo la Sección Quinta del Consejo de Estado12 resolvió amparar los
derechos de la tutelante y ordenó a la Unidad que expidiera su tarjeta profesional
con carácter definitivo; la Sala considera que el caso del tutelante y al cual hizo
referencia no comparten identidad fáctica y jurídica, en la medida en que, i) a la
fecha en que se resuelve el caso objeto de estudio, la Unidad ya adoptó medidas
para que la falta de implementación del Examen de Estado establecido en la Ley
1905 de 28 de junio de 2018 no implique la vulneración de los derechos
fundamentales de quienes solicitan su tarjeta profesional de abogado y les es
exigible el examen previsto en dicha ley, ii) mientras que en el caso que adujo el
tutelante la Unidad no había adoptado medida alguna al respecto, por lo que se
concluyó que la exigencia de un Examen de Estado que no existía implicaba una
barrera para el ejercicio de la profesión.
37. En efecto, de conformidad con el informe rendido por la Unidad, la Sala
advierte que el Consejo Superior de la Judicatura, expidió el Acuerdo núm.
PSCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022, “por medio del cual se establecen
normas para la expedición de tarjetas profesionales de abogados y se dictan otras
disposiciones”, dentro de las cuales, para los graduados destinatarios de la Ley
1905 de 2018 que aún no presentan el examen de Estado, se previó que pueden
solicitar, sin la acreditación del certificado de aprobación de dicho examen, su
inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de una Tarjeta
Profesional de Abogado, que tendrá carácter provisional con vigencia hasta que se
publiquen los resultados de la primera prueba que se haga del examen que se está
implementando.
38. La Unidad mediante Acuerdo núm. PSCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022
reguló lo siguiente para los graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018:
12 Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 4 de agosto de 2022,
número de radicación 110010315000202203847-00, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Núm. único de radicación: 110010315000202306690-00
Actor: Luis Eduardo Mayorga Candia
“[…] Que en tanto se desarrollan las fases previstas para la implementación de la
Ley 1905 de 2018 y se materializa la presentación del Examen de Estado, los
destinatarios de la mencionada ley, podrán tramitar la solicitud de inscripción y
expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado, con vigencia provisional hasta
la publicación de los resultados de la primera prueba realizada.
Que de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 1905 de 2018, el
Examen de Estado es una exigencia razonable fijada por el legislador para aquellas
personas que pretendan ejercer la representación de una persona natural o jurídica;
sin embargo, como a la fecha no es posible acreditar el certificado de aprobación del
examen consagrado en la citada ley, se expedirá la Tarjeta Profesional de Abogado
con vigencia provisional […]”.
[…]
“[…] PARÁGRAFO TRANSITORIO 1°. Mientras se desarrollan las fases necesarias
para la implementación del Examen de Estado, los destinatarios de la Ley 1905 de
2018, podrán solicitar, sin la acreditación del certificado de aprobación del examen,
sub inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de la Tarjeta
Profesional de Abogado que tendrá vigencia provisional hasta la publicación de
los resultados de la primera prueba.
PARÁGRAFO TRANSITORIO 2°. Las Tarjetas Profesionales de Abogados que se
expidan bajo las condiciones del parágrafo anterior, contendrán la denominación
"Provisional".
PARÁGRAFO TRANSITORIO 3.° Quienes obtengan la Tarjeta Profesional de
Abogado con vigencia provisional, en los términos del presente Acuerdo, una vez
sea dispuesta la aplicación del Examen del Estado, deberán presentarlo y acreditar
su aprobación, para efectos de que les sean expedidas las respectivas tarjetas
profesionales de abogado […]”. (Resaltado por la Sala)
39. Nótese que la vigencia de esas tarjetas profesionales previstas para los
graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018, tienen una vigencia condicionada
a la publicación de los resultados de la primera prueba, que según el mismo Acuerdo
tiene fecha de implementación en el año 2024; es decir que, se entiende que para
la fecha de vencimiento de la tarjeta profesional del actor13, ya debe estar disponible
el acceso al Examen de Estado, el cual el actor requiere acreditar para que le sea
expedida su tarjeta profesional de abogado con carácter definitivo.
40. Ahora bien, atendiendo a que i) la Unidad adoptó como medida la expedición
de una tarjeta profesional con carácter provisional mientras se implementa el
examen al cual hace referencia la Ley 1905 de 2018, y ii) dicha medida fue aplicada
al caso de la solicitud presentada por el actor; la Sala considera que el hecho de
que no se expida una tarjeta profesional con carácter definitivo no implica la
13 Hasta la publicación de los resultados de la primera prueba.
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Núm. único de radicación: 110010315000202306690-00
Actor: Luis Eduardo Mayorga Candia
vulneración de los derechos fundamentales del actor, puesto que para que el
tutelante acceda a esa tipología de tarjeta debe cumplir con el requisito exigido en
la Ley 1905 de 2018, el cual corresponde a un mandato legal cuyos destinatarios
no pueden evadir su cumplimiento.
41. Al respecto, la Sala precisa que, como lo ha considerado en otras
oportunidades14, esta tarjeta profesional con carácter provisional no se asimila a la
licencia temporal regulada en el Decreto 196 de 12 de febrero de 197115, puesto
que, mientras la primera de ellas se otorga a quienes ya obtuvieron el título de
abogado y solo tiene una limitación temporal que corresponde a la vigencia
establecida por la Unidad, la segunda si tiene limitaciones para el ejercicio de la
profesión y se otorga a “[…] La persona que haya terminado y aprobado los estudios
reglamentarios de derecho en universidad oficialmente reconocida podrá ejercer la
profesión de abogado, sin haber obtenido el título respectivo, hasta por dos años
improrrogables, a partir de la fecha de terminación de sus estudios […]”. (Resaltado
por la Sala)
42. Al respecto, la Sala advierte que, de conformidad con el Acuerdo mencionado
supra, la tarjeta profesional provisional no establece limitación alguna para el
ejercicio de la profesión, puesto que no se condiciona de manera alguna la facultad
de representación que con fundamento en dicho documento le asiste al actor, sin
que se advierta vulneración alguna de sus derechos fundamentales, en la medida
en que, se insiste, el tutelante ya puede ejercer su profesión.
43. En ese orden de ideas, en tanto que se desarrolla, implementa la prueba (Ley
1905 de 2018) y se materializa la presentación de dicho Examen de Estado, la
Unidad expedirá la tarjeta profesional de abogado con fecha de vigencia hasta la
publicación de los resultados de la primera prueba; la cual, teniendo en cuenta que
en el acuerdo estudiado no establece limitación alguna, salvo el factor temporal,
tendrá un campo de acción igual que al de la tarjeta profesional de abogado
definitiva.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de septiembre
de 2022, núm. único de radicación 110010315000202204543-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
15 “Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202306690-00
Actor: Luis Eduardo Mayorga Candia
44. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que con ocasión del
trámite que le dio la Unidad a la petición del actor y las razones en las cuales
fundamentó lo resuelto, dicha entidad no vulneró los derechos fundamentales
invocados por el actor.
Conclusiones de la Sala
45. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala negará la solicitud de amparo presentada por Luis
Eduardo Mayorga Candia contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de
la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por Luis Eduardo Mayorga
Candia contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
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Núm. único de radicación: 110010315000202306690-00
Actor: Luis Eduardo Mayorga Candia
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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