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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06698-01

Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de

Fecha
8 de abril de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06698-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 11 de enero de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06698-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

8 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06698-01
Demandante: CIRA LUZ SIERRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente y
coherente para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial
accionada; además, se pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de
origen.

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 11 de enero de 20241, proferida por la Sección Tercera, Subsección
C, del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. AN T ECE DE NT ES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 1º de noviembre de 2023, la señora Cira Luz Sierra, mediante apoderado,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y del Juzgado
Cuarto Administrativo de Cartagena, con el objeto de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, de igualdad y de acceso a la administración de
justicia, que estima vulnerados con ocasión de la expedición de las sentencias del
30 de junio de 2022 y del 17 de marzo de 2023, mediante las cuales se negaron las
pretensiones en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
13001333300420200000100/01. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción
textual):

Tutelar mis Derechos Fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD ANTE LA LEY, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
1
Se advierte que, el 14 de marzo de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06698-01
Demandante: Cira Luz Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

JUSTICIA Y A LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL EN LAS
ACTUACIONES JUDICIALES, por la vulneración a lo dispuesto en los artículos
29, 79, 80 y 228 de la Constitución Nacional, en un término no mayor a 48 horas
de haber expedido el fallo, en los términos expuestos en las consideraciones
generales de la presente acción de tutela.

1.- Declarar que la sentencia No. 77 del 30 de junio de 2022, emanada por el
Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cartagena, y la sentencia No. 026 /
2023 de fecha 17 de marzo de 2023, emanada por el Honorable Tribunal
Administrativo de Bolívar sala de decisión No. 7, vulnero lo dispuesto en los
artículos 29 y 228 de la Constitución Nacional.

2.- Revocar el fallo No. No. 77 del 30 de junio de 2022, emanada por el Juzgado
Cuarto Administrativo Oral de Cartagena, en el sentido de tutelar el debido
proceso, el acceso a la administración de justicia y la igualdad de la señora
CIRA LUZ SIERRA.

3.- Revocar el fallo No. 026 / 2023 de fecha 17 de marzo de 2023, emanada
por el Honorable Tribunal Administrativo de Bolívar sala de decisión No. 7, que
confirmó la sentencia No. 77 del 30 de junio de 2022, emanada por el Juzgado
Cuarto Administrativo Oral de Cartagena, en el sentido de tutelar el debido
proceso, el acceso a la administración de justicia y la igualdad de la señora
CIRA LUZ SIERRA.

4.- Como consecuencia de lo anterior DEJAR SIN EFECTOS la sentencia No.
77 del 30 de junio de 2022, emanada por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral
de Cartagena, y la sentencia No. 026 / 2023 de fecha 17 de marzo de 2023,
emanada por el Honorable Tribunal Administrativo de Bolívar sala de decisión
No. 7, que denegaron las pretensiones de la demanda.

5.- ORDENAR al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cartagena y al
Honorable Tribunal Administrativo de Bolívar sala de decisión No. 7, se
pronuncien en una nueva providencia donde se valoren la totalidad de las
pruebas decretadas y obrantes dentro del proceso de manera objetiva y
racional evitando toda valoración tendiente a ser arbitraria, irracional y
caprichosa, garantizando el debido proceso y el acceso a la administración de
justicia y la igualdad de la señora CIRA LUZ SIERRA.

1.2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda, la parte actora narró que la señora Cira
Luz Sierra ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento con el objeto de
obtener el reconocimiento de la pensión gracia, que le fue negada por la UGPP
mediante las Resoluciones RDP 022573 del 29 de julio de 2019 y RDP 030580 del
11 de octubre de 2019, bajo el argumento de que su vinculación como docente
oficial fue del nivel nacional y no territorial o nacionalizada.

Mediante sentencia del 30 de junio de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Cartagena negó las pretensiones de la demanda, por considerar que la accionante
no cumple los requisitos para acceder a la pensión gracia, dado que no acreditó la
vinculación territorial o nacionalizada por 20 años.
La providencia fue impugnada y el Tribunal Administrativo de Bolívar la confirmó

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06698-01
Demandante: Cira Luz Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

con sentencia del 17 de marzo de 2023.

1.3. Argumentos de la tutela

El apoderado de la accionante sostuvo que la tutela cumple con los requisitos
generales de procedencia contra providencia judicial, en especial, el de relevancia,
toda vez que el debate planteado es de contenido puramente constitucional.

Manifestó que la providencia cuestionada incurrió en los siguientes defectos:

Defecto fáctico. Las autoridades judiciales accionadas no valoraron debidamente
las pruebas allegadas en su integridad.

Desconocimiento del precedente. Las demandadas no aplicaron la
jurisprudencia que unifica el reconocimiento de la pensión gracia y dispone que el
medio de prueba idóneo para determinar la clase de vinculación del docente es el
acto administrativo de nombramiento, porque allí se determina a qué entidad prestó
el servicio. Contrario a ello, se fiaron de una certificación expedida por una autoridad
territorial, para concluir que la educadora tuvo vinculación nacional, y con
fundamento en ello negaron el derecho pretendido.

Las providencias censuradas desconocieron la sentencia de unificación SUJ-11-S2
proferida por el Consejo de Estado el 21 de junio 2018, que fijó como regla
jurisprudencial que, cuando los docentes son nombrados por autoridades
territoriales, sin importar el tipo de financiación, se les debe categorizar como
territoriales.

Violación directa de la Constitución. En suma, señaló que las autoridades
accionadas vulneraron el artículo 29 Superior, dado que no respetaron las garantías
propias del debido proceso.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 3 de noviembre de 2023, el despacho sustanciador del
proceso en primera instancia admitió la demanda, dispuso que aquel se notificara
al magistrado Luis Miguel Villalobos Álvarez del Tribunal Administrativo de Bolívar
y a la titular del Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena como autoridades
accionadas; también a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06698-01
Demandante: Cira Luz Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, como tercera con
interés.

2.2. El magistrado ponente de la providencia censurada señaló que no le asiste
razón a la accionante, pues se impartió el trámite procesal pertinente y se realizó el
análisis jurídico, fáctico y probatorio de los argumentos esgrimidos por la
demandante. Agregó que se le dio oportunidad de ser escuchada, de controvertir
los alegatos y pruebas en su contra y de solicitar la práctica de pruebas en los
términos establecidos en la ley. Que, por tanto, no se violó el derecho al debido
proceso.

De otra parte, sostuvo que, de conformidad con la certificación contenida en el Oficio
N° AMC-OFI-0139183-2021 del 8 de noviembre de 2021, suscrito por el Subdirector
Técnico de Talento Humano del Distrito de Cartagena de Indias, quedó demostrado
que la vinculación de la docente era nacional.

2.3. El apoderado de la UGPP 2 señaló que las autoridades accionadas no
vulneraron derecho fundamental alguno, dado que la pensión gracia está
consagrada únicamente a favor de los docentes que ostentan vinculación territorial
o nacionalizada, lo cual no fue acreditado por la señora Cira Luz Sierra, según el
análisis de fondo que se realizó en las providencias cuestionadas.

Agregó que la tutela es improcedente, toda vez que no cumple con los requisitos
generales ni específicos para controvertir providencias judiciales, y desconoce la
autonomía de las autoridades judiciales accionadas que profirieron las sentencias
que se encuentran ejecutoriadas y, por ende, son inmodificables, sin que sea
procedente reabrir el debate ya zanjado por el juez natural de la causa.

2.4. El Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena no rindió informe en esta
oportunidad.

3. Fallo impugnado

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del
11 de enero de 2024, declaró improcedente la acción de tutela, por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional, por considerar que la accionante la utilizó

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Abogado Javier Andrés Sosa Pérez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06698-01
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

como un medio para revivir el análisis jurídico efectuado por el juez del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, como si este mecanismo fuera una instancia
adicional al proceso ordinario.

En cuanto al supuesto precedente judicial desconocido, señaló que la parte actora
no identificó cuál era la subregla que estima desconocida, y destacó que, si bien
esta Corporación ha descartado que el origen de los fondos sea un criterio válido
para determinar la naturaleza de la vinculación del docente, lo cierto es que sí ha
estimado adecuado acudir a las certificaciones expedidas por la entidad para ese
propósito (SUJ-11-S213 del 21 de junio 2018).

4. Impugnación

La accionante insistió en que las sentencias objeto de reproche vulneraron sus
derechos fundamentales, con lo cual se satisface el requisito de relevancia
constitucional, puesto que se cumplió con la carga argumentativa de los requisitos
específicos de procedencia de la tutela: el defecto fáctico y el desconocimiento del
precedente.

Afirmó que, pese a que en la demanda se indicó cuál es la regla jurisprudencial que
se considera desconocida, el a quo no analizó debidamente ese cargo.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar el fallo del 11 de enero de 2024, proferido por la
Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró
improcedente la solicitud de amparo.

La Sala, en primer lugar, deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se reúna esta
exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos endilgados y, por ende, vulneraron
los derechos fundamentales invocados por la accionante.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2. Análisis de la Sala

2.1. El requisito general de relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 2014 3, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a
otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela
tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen
sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota
al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos
contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera
instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 4 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios,
ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o
la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en

3
Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4 Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103

de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.

3. Caso concreto y solución del problema jurídico

De entrada, tal como lo planteó el juez de tutela de primera instancia, la Sala
advierte que la presente tutela deviene improcedente porque no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, dada su falta de carga argumentativa mínima.

En efecto, si bien la parte actora manifestó su desacuerdo con las decisiones
proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena y el Tribunal
Administrativo de Bolívar, e incluso identificó como causales específicas de
procedibilidad el defecto fáctico, el desconocimiento del precedente y la violación
directa de la Constitución, lo cierto es que no explicó con claridad suficiente en qué
consiste la transgresión invocada.

En cuanto al defecto fáctico, se alega que la autoridad judicial incurrió en indebida
valoración probatoria, sin embargo, a juicio de la Sala, no bastaba con señalar en
abstracto que se presentó una equivocación en dicho análisis, sino que lo
determinante era precisar cuáles fueron los medios de prueba valorados, explicar
cómo esa valoración arrojó un resultado distinto y por qué la conclusión de los
jueces estaba desprovista de cualquier rigor o fundamento, pero, en este caso, lo
que se advierte es un descontento genérico con la decisión tomada en la sentencia
cuestionada.

Así mismo, es menester mencionar que la valoración probatoria en nuestro sistema
se encuentra gobernada por el principio de la sana crítica o de la apreciación
razonada de las pruebas, actividad en la cual el fallador es libre de formarse su
convencimiento sobre la verificación de los enunciados fácticos, a partir de un
análisis conjunto e integral de los elementos probatorios, pero sujeto a las reglas de
la lógica y de la experiencia, y no a una convicción arbitraria, caprichosa o al margen
de lo que revelen los medios de prueba.

Esa tarea se logra cuando se motiva la decisión de manera racional con las pruebas
que obran en el proceso e incluso, a partir de las deficiencias que en esa carga
procesal de las partes advierta el sentenciador. Con todo, esa situación no exige el
estudio individual o detallado de cada uno de los medios suasorios, salvo que se

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echen de menos aquellos que incidan directamente en el sentido de la decisión, al
punto que den lugar a una resolución distinta a la emitida, circunstancia que, como
se vio, no se presenta en este caso.

Respecto del desconocimiento del precedente, lo expuesto en la demanda no
cumple con la carga argumentativa exigida, pues la parte actora se limitó a
identificar la providencia, sin precisar cuáles fueron los fundamentos fácticos que
dieron lugar a la misma, ni identificar cuáles son las subreglas jurisprudenciales que
se derivan de ella. Tampoco se ocupó de explicar por qué en este caso las
autoridades judiciales accionadas estaban obligadas a aplicarlas para dar solución
a la controversia planteada.

Lo mismo sucede con la violación a la Constitución alegada, dado que la parte
actora se limitó a señalar que no se respetaron las garantías del debido proceso,
pero no especificó en qué consistían las transgresiones invocadas.

Por consiguiente, lo manifestado por la solicitante no basta para considerar que se
cumpla con el primer elemento del requisito de relevancia constitucional, puesto que
resulta necesario que los señalamientos que se hagan en la demanda de tutela se
sustenten razonablemente, a fin de que el juez cuente con los parámetros
suficientes para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos
fundamentales.

Conviene recordar que esta Corporación ha señalado que en la demanda de tutela
el actor no puede conformarse con identificar de manera escueta alguna de las
causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sino
que es necesario que tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente, que
sea producto de un discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso concreto.
Como se sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la
Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y
desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales 5.

De otra parte, la Sala coincide con el a quo, en que el accionante pretende convertir
este valioso mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una
instancia adicional del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

5
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-00380-
00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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En efecto, de la lectura de la demanda se colige que la parte actora tiene un
descontento general con las providencias objeto de reproche, porque en ellas se
llegó a la conclusión de que la señora Cira Luz Sierra estuvo vinculada al servicio
docente como educadora del nivel nacional, dado que así lo certificó la autoridad
nominadora. En contraste, la demandante considera que la prueba idónea para
acreditar el tipo de vinculación es el acto administrativo de nombramiento expedido
por la autoridad distrital, el cual, según su dicho, concede a la servidora la categoría
de docente territorial.

Sin embargo, del razonamiento efectuado por el juez natural de la causa de primera
instancia, se encuentra con claridad la explicación de por qué la autoridad valoró el
certificado contenido en el Oficio N° AMC-OFI-0139183-2021 del 08 de noviembre
de 2021, suscrito por el Subdirector Técnico de Talento Humano del Distrito de
Cartagena de Indias, que hace constar que la vinculación de la educadora fue como
docente nacional. Así lo explicó:

En este contexto, quien pretende el reconocimiento y pago de la pensión gracia
deberá demostrar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos
en la Ley, entre los cuales se encuentra la prestación del servicio en planteles
o instituciones educativas departamentales, distritales, municipales o
nacionalizados. (…)

Ahora bien, en lo que respecta al tiempo de servicio y a la naturaleza del vínculo
para acceder a la prestación graciosa, el Consejo de Estado ha precisado que
las certificaciones que se emitan con tal fin, deben ser claras, completas y aptas
para determinar el tiempo total trabajado, el cargo desempeñado por el
docente, la jornada laboral, la clase de plantel donde se prestó el servicio y la
vinculación del establecimiento educativo con la Nación o con una entidad
territorial. Así señaló la mencionada Corporación:

«En principio, para efectos de la PENSIÓN DE JUBILACIÓN GRACIA
(DOCENTE) se deben analizar los tiempos de servicio que acrediten los
educadores teniendo en cuenta varios datos trascendentales, año por año
(porque es posible que un tiempo le sirva para la prestación y otro no), a saber:
EL CARGO DESEMPEÑADO (maestro de primaria, profesor de Normal,
inspector de primaria, etc.) LA DEDICACIÓN (tiempo completo, medio tiempo,
hora cátedra, etc.), LA CLASE DE PLANTEL donde desempeñó su labor
(Normal, Industrial, Bachillerato, etc.), así como EL NIVEL DE VINCULACIÓN
DEL CENTRO EDUCATIVO A LAS ENTIDADES POLÍTICAS (Nacional,
nacionalizado -a partir de cuándo- Departamental, Distrital, Municipal, etc.). La
época del trabajo realizado (año, con determinación clara y precisa de la
iniciación y terminación de la labor) es fundamental de conformidad con las
leyes especiales que rigen esta clase de pensión y la Ley 91 de 1989. La sola
mención de la fecha de nombramiento no es prueba de la iniciación –desde ese
momento- del servicio y la cita de la fecha de un acto de aceptación de renuncia
debe ir acompañado del dato desde cuando produjo efectos, para poder tener
en cuenta realmente el tiempo de servicio. Los certificados que se expidan para
acreditar estos requisitos deben ser precisos en los datos fundamentales que
exigen las leyes especiales que regulan esta clase de pensión» (Resaltado
fuera del texto).

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Esa misma corporación, en una decisión posterior señala:

“Es necesario precisar respecto de los certificados docentes para la pensión
gracia, como ya se ha dicho por esta Subsección, estos pueden ser expedidos
por los mismos directivos de los centros educativos donde trabajaron los
educadores y en ellos deben establecerse con claridad el cargo desempeñado,
la dedicación, la clase de plantel y el nivel de vinculación del centro educativo
a las entidades públicas; dichos certificados servirán de base para expedir otros
en forma correcta, tal como se verifica que ocurrió en el caso del demandante
pues el Secretario General de la Alcaldía municipal de La Cruz (Nariño) certificó
el lapso de trabajo incluyendo el periodo comprendido del 19 de enero de 1981
al 13 de julio de 1983 en el que el docente estuvo vinculado como interino en
la Escuela Rural Mita de la Laguna7 ”. (Subrayado fuera del texto).

De lo anterior se colige, que las certificaciones que se expidan para acreditar
el cumplimento de los requisitos para obtener una pensión gracia deben ser
precisas en cuanto a los datos fundamentales que deban ser acreditados por
el interesado.

Frente al caso concreto, el Juzgado sostuvo:

Por un lado, afirma la actora que si bien el certificado de historia laboral
expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
señala que el régimen de vinculación fue como docente NACIONAL, lo cierto
es que debe tenerse en cuenta la naturaleza de la plaza ocupada que es de
carácter distrital, ya que su nombramiento en ningún momento fue efectuado
por el Ministerio de Educación Nacional sino por la misma entidad territorial
Distrito de Cartagena.

Por su parte, la demandada UGPP, considera que a lo largo del proceso, se
probó suficientemente, con los certificados emitidos por la Secretaría de
Educación del Distrito de Cartagena, que la vinculación de la docente actora es
de carácter NACIONAL y que en el mismo acto administrativo de
nombramiento, a pesar de que fue emitido por la autoridad del ente territorial,
se especificó que el mismo se realizó por voluntad del delegado del Ministerio
de Educación Nacional, de manera que, al provenir los recursos para el pago
de la docente, directamente de la Nación y no del ente territorial, no cabe duda
de que se trata de una docente con la calidad de vinculación NACIONAL, y por
lo tanto, a su juicio, no tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión
gracia que solicita.

Pues bien, para definir esta controversia, el Despacho acogerá las reglas
establecidas en la sentencia de unificación SUJ-011 del 21 de junio de 2018,
proferida por el Consejo de Estado, y al respecto, debe indicarse de entrada
que los argumentos expuestos por la UGPP no son de recibo, como quiera que,
tal como se expuso en la citada jurisprudencia no es dable inferir que los
docentes adquieran la calidad de docentes nacionales por el simple hecho de
que en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de
la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación
Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo
educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la
disponibilidad presupuestal; y tampoco por el argumento de que los recursos
destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

En efecto, la línea jurisprudencial traída por el Consejo de Estado en su
sentencia de unificación, menciona que la prueba por excelencia para acreditar
la calidad de docente territorial, es la copia de los actos administrativos donde
conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente
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claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca
que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de
carácter territorial.

En orden a resolver sobre el particular el despacho realizó un minucioso estudio
de los documentos que se encuentran incorporados en el plenario, lo cual
permitió concluir, que la vinculación que tenía la actora durante el periodo que
estuvo laborando con el Distrito de Cartagena, era de carácter nacional.

Lo anterior, se puede extraer del Oficio N° AMC-OFI-0139183-2021 del 08 de
noviembre de 2021, suscrito por el Subdirector Técnico de Talento Humano del
Distrito de Cartagena de Indias, en el cual certificó que el régimen de la docente
Cira Luz Sierra es de carácter Nacional y manifestó que la naturaleza de dicha
plaza docente no ha sido mutada sino que continúa igual.

Así mismo, dicha calidad se acreditó con el Formato Único para la Expedición
de Certificado de Historial Laboral de la señora Cira Luz Sierra, emitido por la
Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, en el que se observa que el
régimen de pensiones de la docente es NACIONAL.

En ese orden de ideas, como quedó señalado anteriormente, al ser el
certificado expedido por la autoridad territorial nominadora, la prueba por
excelencia que acredita el tipo de vinculación, no existe duda para el Despacho
de que la señora Cira Liz Sierra estuvo vinculada al Distrito de Cartagena como
docente NACIONAL en la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper-
Sede Ana María Pérez de Otero desde el 25 de junio de 1994 hasta su fecha
de retiro ocurrida el 02 de febrero de 2020, para un total de 15 años, 4 meses
y 25 días.

En esa medida, si bien le fue certificado por el Departamento de Sucre como
Docente NACIONALIZADA un tiempo de 04 años, 01 mes y 14 días, tenemos
que el mismo no resulta suficiente para acceder a la pensión gracia deprecada.
Lo que conduce al despacho a arribar a la conclusión de que debe negarse las
pretensiones de la demanda, pues la docente demandante no logró acreditar
el cumplimiento de uno de los requisitos exigidos para acceder a la pensión
gracia, como lo es haber tenido una relación laboral de carácter territorial o
nacionalizada por veinte (20) años.

Como puede verse, el Juzgado accionado aplicó la sentencia de unificación SUJ-
011 del 21 de junio de 2018 y determinó que, si bien es cierto la prueba por
excelencia para acreditar la calidad de docente territorial, es la copia de los actos
administrativos en los que conste el vínculo, también lo es que, según esa
jurisprudencia, dicha condición igualmente se puede demostrar con un certificado
expedido por la autoridad nominadora, que dé cuenta de manera inequívoca del tipo
de vinculación del docente oficial.

Contra la anterior decisión la accionante interpuso el recurso de apelación,
insistiendo en que tiene derecho a la pensión gracia, por cuanto su vinculación
durante el tiempo que estuvo al servicio de la Institución Educativa Soledad Acosta

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06698-01
Demandante: Cira Luz Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

de Samper -Sede Ana María Pérez de Otero- fue como docente municipal, dado
que su nombramiento se efectuó por el alcalde mayor de Cartagena.
En segunda instancia, el Tribunal accionado apoyado en jurisprudencia del órgano
de cierre de esta jurisdicción, al analizar el caso concreto, expuso:

En el presente caso, pretende la accionante el reconocimiento y pago de una
pensión gracia, al haber acreditado los requisitos de procedencia consagrados
en la Ley 114 de 1913, y demás normas que rigen dicha prestación.

El A quo negó las pretensiones de la demanda, en razón a que la demandante
no cumplió con uno de los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia,
pues no acreditó tener una vinculación territorial o nacionalizada por veinte (20)
años, toda vez que, del certificado expedido por el Distrito de Cartagena y del
Formato de Historia Laboral de la actora expedido por el FOMAG, se pudo
establecer que su vinculación con esa entidad territorial fue como docente de
carácter nacional.

En este contexto, procede la Sala a resolver el problema jurídico planteado,
teniendo en cuenta el marco normativo y jurisprudencial expuesto, así como los
hechos probados y el objeto de la apelación.

Como lo indicó el A quo, en el sub examine no existe controversia en cuanto al
cumplimiento del requisito de la edad para adquirir el derecho a la pensión
gracia -50 años de edad-, ni respecto a la buena conducta de la accionante,
quedando acreditado que la demandante, nació el 20 de noviembre de 1953,
por lo que en la actualidad cuenta con 68 años y según el certificado de
antecedentes disciplinarios, observó buena conducta en su desempeño como
maestra.

La discusión objeto de estudio radica en el requisito de los 20 años de servicios
como docente nacionalizado, departamental o municipal; concluyendo el A quo
que, al ser el certificado expedido por la autoridad territorial nominadora, la
prueba por excelencia que acredita el tipo de vinculación, no existe duda que
la señora Cira Liz Sierra estuvo vinculada al Distrito de Cartagena como
docente NACIONAL en la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper-
Sede Ana María Pérez de Otero desde el 25 de junio de 1994 hasta su fecha
de retiro ocurrida el 02 de febrero de 2020, para un total de 15 años, 4 meses
y 25 días; y como docente nacionalizada solo acreditó un período de 4 años, 1
mes y 14 días.

Lo anterior es compartido por la Sala de Decisión en razón a que, como se
indicó en el marco normativo expuesto, la prueba del tiempo de servicios y de
la vinculación, debe contener datos puntuales sobre el tipo de nombramiento,
la autoridad que lo hace, la institución educativa a la que prestó los servicios,
su naturaleza, y los extremos temporales; a efecto de esclarecer el
cumplimiento de los requisitos especiales de que trata la Ley 114 de 1913 en
los términos analizados

Así las cosas, obra en el plenario Oficio N° AMC-OFI-0139183-2021 del 8 de
noviembre de 2021, suscrito por el Subdirector Técnico de Talento Humano del
Distrito de Cartagena de Indias, en el cual certifica que el régimen de la docente
Cira Luz Sierra es de carácter Nacional y manifiesta que la naturaleza de dicha
plaza docente no ha sido mutada sino que continúa igual; información que
guarda congruencia con los certificados laborales aportados por la demandante
al plenario.

Por lo expuesto, esta Magistratura confirmará la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda, en razón a que la demandante solo

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06698-01
Demandante: Cira Luz Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

logró acreditar como servicio docente nacionalizado un tiempo de 4 años, 1
mes y 14 días; no siendo posible tener en cuenta en el cómputo de este
requisito los 15 años, 4 meses y 25 días laborados a partir del 25 de junio de
1994, porque como quedó plenamente demostrado, dicho tiempo fue laborado
como docente de carácter nacional, incumpliendo el lleno de los requisitos
exigidos por la ley para acceder a dicha prestación periódica.

Advierte la Sala que para resolver los argumentos del recurso de apelación
interpuesto por la señora Cira Luz Sierra, el Tribunal accionado se basó en las
providencias proferidas por esta Corporación 6, según las cuales «(…) lo importante
de la prueba del tiempo de servicios y de la vinculación, no es la denominación que
se le dé, ni la forma que adopte, sino el contenido de los datos puntuales que ofrezca
alrededor del tipo de nombramiento, la autoridad que lo hace, la institución educativa
a la que prestó los servicios, su naturaleza, y por supuesto los extremos temporales;
a efecto de esclarecer el cumplimiento de los requisitos especiales de que trata la
Ley 114 de 1913 en los términos analizados».

Esto lo llevó a avalar la tesis acogida por el a quo, particularmente el hecho de tomar
el Oficio N° AMC-OFI-0139183-2021 del 8 de noviembre de 2021 como el medio de
prueba determinante para establecer el tipo de vinculación que sostuvo la docente
mientras fungió como educadora oficial.

Visto lo anterior, es claro que la presente solicitud de amparo deviene en
improcedente, justamente porque busca revivir la discusión del proceso ordinario,
en torno a si la señora Cira Luz Sierra cumple o no los requisitos exigidos por la ley
para acceder a la pensión de jubilación gracia, en especial, si acredita el tiempo de
servicios exigido (20 años) como docente oficial del nivel territorial o nacionalizado.

Aunado a ello, en criterio de la Sala, las consideraciones que sirvieron de
fundamento a las decisiones censuradas resultan razonables y no merecen
reproche alguno desde el punto de vista constitucional. El hecho de que la parte
demandante no las comparta no significa que por ese motivo las autoridades
hubieran incurrido en los defectos alegados, ni habilita al juez constitucional para
reabrir el debate, convirtiendo la acción de tutela en una instancia adicional.

En suma, la solicitud de amparo deviene en improcedente, porque no satisface la
exigencia de relevancia constitucional. La señora Cira Luz Sierra no cumplió con la
carga argumentativa mínima y, además, busca revivir una discusión que ya fue

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Sentencias del 19 de enero de 2006, radicado 6024-05, y del 25 de noviembre de 2021, radicado
76001- 23-33-000-2016-01786-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06698-01
Demandante: Cira Luz Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

razonablemente decidida en las providencias censuradas, con el claro propósito de
crear una instancia adicional. Por tanto, la Sala confirmará la decisión impugnada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 11 de enero de 2024, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
o dirigiéndose el siguiente enlace:

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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