Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06700-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06700-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06700-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
7 de diciembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06700-00
Demandante: Manuel Alberto Rosero Caguasango
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Paipa (Boyacá), siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06700-00
Demandante: MANUEL ALBERTO ROSERO CAGUASANGO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Temas: Derecho de petición – carencia actual de objeto por hecho
superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver en primera instancia, la acción de tutela elevada por el señor
Manuel Alberto Rosero Caguasango, a través de apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Nariño1.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El apoderado del accionante, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Nariño, por considerar que le han sido vulnerado el derecho fundamental de petición
de su representado.
Ello por cuanto, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se
adelanta en dicha corporación, bajo el número de radicado 52001-23-33-000-2017-
00023-00, en el que funge como demandante su poderdante, solicitó en tres
oportunidades2 copias auténticas de la sentencia de primera instancia, con constancia
de ejecutoria, así como del primer poder con su vigencia, sin que hubieran sido
atendidas a la fecha de presentación de la presente acción constitucional.
1 Sala de Conjueces
2 Junio 5, junio 21 y julio 5 de 2023
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Demandante: Manuel Alberto Rosero Caguasango
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Así mismo refirió que el señor Rosero Caguasango, el 25 de julio de 2023, acudió de
forma presencial al Tribunal, en aras de establecer el estado de las peticiones, sin
obtener información por parte de la accionada.
Indicó que el 1 de agosto siguiente, presentó otra solicitud en la que puso de presente
las efectuadas con anterioridad, respecto de la cual el Tribunal Administrativo de
Nariño le respondió que tal como le habían manifestado, se pronunciaría una vez se
resolviera respecto del recurso de apelación.
Señaló que el 28 de septiembre de 2023, presentó una nueva petición en la que advirtió
sobre los 50 días transcurridos, sin obtener respuesta a las efectuadas con
anterioridad.
Para el apoderado del señor Rosero Caguasango, el actuar del Tribunal demuestra la
omisión en que incurrió, y con la que generó la vulneración del derecho de su
poderdante.
Con sustento en los referidos hechos, pidió «TUTELAR mi derecho fundamental de
PETICIÓN, y conforme a ello, ORDENAR la contestación de forma inmediata al
derecho de petición radicado el 21 de junio de 2023, cumpliendo con los requisitos de
la contestación del derecho de petición, como son; RESOLVER DE MANERA CLARA
COMPLETA Y DE FONDO»
1.2. Hechos probados y/o admitidos
En el Tribunal Administrativo de Nariño, se adelantó el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que fungió como demandante el señor Manuel
Alberto Rosero Cagusango, contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, identificado con el número de radicado 52001-23-33-000-2017-00023-00.
Actuación en la que se dictó sentencia de primera instancia el 28 de marzo de 2023,
con ponencia de la conjuez Ruth Amalfi Ramírez Muñoz.
Los días 5 y 21 de junio y 5 de julio de 2023, el hoy apoderado del actor en esta acción
constitucional, presentó por correo electrónico petición accionada requiriendo:
1. Sentencia de primera instancia proferida por su despacho, dentro del proceso
de la referencia.
2. Constancia de ejecutoria de la sentencia y que es primera copia y presta mérito
ejecutivo.
3. Copia auténtica del primer poder otorgado en el proceso, junto con el certificado
de vigencia.
El 16 de noviembre de 2023, la secretaria general del Tribunal Administrativo de
Nariño, certificó electrónicamente i) la autenticidad de las copias del fallo de primera
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instancia ii) la fecha de notificación de la sentencia y su ejecutoria iii) quien fungió en
el proceso como abogado y la fecha del ejercicio profesional en el proceso,
comunicando al apoderado del actor por correo electrónico del día siguiente.
1.3. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 8 de noviembre de 2023, se admitió la acción de tutela, se notificó
al Tribunal accionado y se reconoció personería para actuar al abogado del actor.
1.5. Intervención
Realizada la notificación ordenada de manera electrónica, de conformidad con las
constancias que obran en el expediente digital, se obtuvo la siguiente:
1.5.1. Tribunal Administrativo de Nariño
A través de la secretaria general, se informó a esta Colegiatura que los asuntos
relacionados con las constancias son tramitados por esa dependencia. En relación
con la petición del accionante, señaló que el 17 de noviembre de 2023, se dio
respuesta a la misma, enviando vía digital copia auténtica de la sentencia con
constancia de notificación y ejecutoria3 al solicitante.
Por tanto, consideró que se resolvieron las pretensiones invocadas con la acción
constitucional, por lo que se presenta la carencia actual de objeto por hecho superado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la tutela presentada por el
apoderado del señor Manuel Alberto Rosero Caguasango, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de
1991 y el numeral 5.° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, como quiera que la misma se dirige contra el Tribunal
Administrativo de Nariño.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, el Tribunal Administrativo de Nariño vulneró el
derecho fundamental de petición del señor Manuel Alberto Rosero Caguasango, con
ocasión de la falta de respuesta a las solicitudes elevadas desde el 5 de junio de 2023,
tendientes a obtener copias auténticas de la decisión adoptada dentro del proceso de
3 Proferida dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2017-00023
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nulidad y restablecimiento del derecho, así como su constancia de ejecutoria y de
quien fungió como apoderado en el mismo.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) la carencia actual de objeto; (iii) el derecho
de petición y; (iv) el caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable4.
2.5. De la carencia actual de objeto
La Sala ha explicado en varias ocasiones5 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.
No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez constitucional
tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos
fundamentales.
En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del
proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i)
hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii) una situación sobreviniente.
4 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
5 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.
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Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 20166, señaló que:
“La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación
actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer
el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional,
cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que
se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue
especialmente previsto para esta acción.7
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya
sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado
un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)
“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género
que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii)
de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada
como el acaecimiento de una “situación sobreviniente8” (Negrita propia del texto).
Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha sostenido que
el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de
1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de
los derechos fundamentales.9
6 Corte Constitucional, Sentencia T-481 1.09.2016, M.P. Carlos Bernal Pulido
7 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se
transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
8 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se
transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
9 Corte Constitucional. Sentencia T-038 del 01.02.19. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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En palabras de la Corte Constitucional, la “(…) primera de estas figuras [hecho superado],
regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de hecho en el
que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que,
como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos
fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o
abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención
que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, la accionada ha dejado de desconocer (…)”10.
En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta
Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la
autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos
fundamentales.
En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese Tribunal.11
En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se supere
antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha destacado
que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la conducta
desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de reproche, en caso
de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los
derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:
“En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte
en sede de Revisión,12 incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la
vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo
puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de
los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”.13
Según la jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la
providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento
10 Sentencia T-481 del 1.09.16 M.P. Carlos Bernal Pulido
11 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 del 29.11.16. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
12 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual
se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima jerarquía
de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales
cuya protección se solicita».
13 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual
se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009».
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del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado14”.15” (Negrita y subrayado fuera de
texto).
Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para formular
un juicio de reproche, si ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta Corporación en cita
ha dicho lo siguiente:
“Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las acciones u
omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción de la
pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a impartir por parte del juez
constitucional pierde su razón de ser, pues que el derecho ya no se encuentra en riesgo16.
No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar el estudio
del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en sede de revisión,
determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita17,
pronunciarse sobre la vulneración invocada en la demanda conforme al artículo 24 del Decreto
2591 de 199118 y determinar si, con atención de las particularidades del caso, procede el
amparo de la dimensión objetiva de los derechos conculcados19. Dicho análisis puede
comprender: i) observaciones sobre los hechos del caso estudiado; ii) llamados de atención
sobre la situación que originó la tutela; iii) el reproche sobre su ocurrencia y la advertencia
sobre la garantía de no repetición20; y iv) la posibilidad de adoptar las medidas de protección
objetiva21”.22 (Negrita y subrayado fuera del texto)
El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental
que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la interposición de la
acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal Constitucional: “la segunda de
las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-
fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción
de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración
o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al
respecto”.23
14 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual
se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09».
15 «Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo».
16 «Sentencia T-311 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva».
17 «Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
18 «ARTICULO 24. PREVENCIÓN A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado los
efectos del acto impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso
vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si
procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.
El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar
la repetición de la misma acción u omisión».
19 «Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
20 «Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada».
21 «Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
22 «Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2016».
23 «Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
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Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela,
pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño
consumado y hecho superado.
La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho para
declarar la carencia actual de objeto:
“El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas
de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el concepto
de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no se enmarcan en
los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho
sobreviniente remite a cualquier ‘otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden
del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por
lo tanto caiga en el vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente
delimitada”24 (Negrita y subrayado fuera del texto).
2.6. El derecho de petición
La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de “presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución”25. El mismo artículo superior precisa que el Legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos
parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho : “El núcleo esencial
del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el
sentido de lo decidido”.26
Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala 15 días para resolver la misma, de no
ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.
Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente
con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición debe versar sobre
24 «Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».
25 Corte Constitucional. C-510-04. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis
26 Sentencia T-332-15, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos.
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aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal
de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre
de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin
que ello implique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de
manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional
relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una
aclaración plena de la respuesta dada.”27
Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la
notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que
la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante.”28
En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:
“i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a
la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar,
en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la
respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre
en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose
de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre
la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta
comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido
sea positivo o negativo”29.
Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye
la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para
entender satisfecho el derecho que se invoca30.
Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo
pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,
cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.
27 Sentencia T-149-13, Magistrado Ponente Luis Guillermo Pérez Pérez.
28 Ibidem.
29 Corte Constitucional, sentencia T-161 de 10 de marzo de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
30 Sobre el tema, ver sentencia de 22.03.2012., Radicación: 25000-23-25-000-2012-00150-01, Actor:
Robert Wilson Molina Sambony M.P. Susana Buitrago Valencia.
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2.7. Caso concreto
Se reitera que la acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y
sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados o
amenazados de una manera actual e inminente. No obstante, existen eventos en los
que la amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción
de tutela, o la vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el
curso del proceso, como sucede en el caso concreto, de suerte que el instrumento
pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez constitucional tendiente a
impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.
Frente al punto, se reitera que la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por
una situación sobreviniente.
En el sub lite, la parte actora consideró que el Tribunal Administrativo de Nariño vulneró
sus derecho fundamental de petición ante la falta de respuesta a las solicitudes
elevadas el 5, 21 de junio y 5 de julio de 2023, por medio de las cuales requirió copia
auténtica de la decisión proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que actuó como demandante, radicado con el número 52001-23-33-000-
2017-00023-00, constancia de ejecutoria31, así como del poder otorgado a su
apoderado con certificado de vigencia.
Ahora, en este punto es importante precisar que si bien la expedición de copias es un
procedimiento que se encuentra establecido en el artículo 114 32 del Código General
del Proceso, este no contempla un término para efectuarlo. Es por ello que, en casos
como el que se analiza, la Sala ha determinado que el estudio de la acción de tutela
procede a la luz del derecho fundamental de petición de solicitud de documentos, toda
vez que se trata de una función administrativa, que es ajena a la litis o impulsos
procesales.33
31 Que es primera copia y presta mérito ejecutivo
32 “ARTÍCULO 114. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. Salvo que exista reserva, del
expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas
siguientes:
1. A petición verbal el secretario expedirá copias sin necesidad de auto que las autorice.
2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia
de su ejecutoria.
3. Las copias que expida el secretario se autenticarán cuando lo exija la ley o lo pida el interesado.
4. Siempre que sea necesario reproducir todo o parte del expediente para el trámite de un recurso o de
cualquiera otra actuación, se utilizarán los medios técnicos disponibles. Si careciere de ellos, será de
cargo de la parte interesada pagar el valor de la reproducción dentro de los cinco (5) días siguientes a
la notificación de la providencia que lo ordene, so pena de que se declare desierto el recurso o terminada
la respectiva actuación.
5. Cuando deban expedirse copias por solicitud de otra autoridad, podrán ser adicionadas de oficio o a
solicitud de parte”.
33 Ver las siguientes sentencias proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado: (i) 20 de enero
de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicado 11001-03-15-000-2021-10797-00; (ii) 24 de
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06700-00
Demandante: Manuel Alberto Rosero Caguasango
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Del informe allegado por parte de la autoridad judicial accionada a la contestación de
la demanda, se tiene que el Tribunal, durante el trámite de esta acción, ofreció
respuesta al peticionario y remitió al correo electrónico señalado para el efecto, las
copias y constancias requeridas.
En ese orden, y siguiendo el marco normativo y jurisprudencial expuesto en el acápite
anterior, para esta Sección es evidente que, cuando se presenta dicho escenario en el
trámite del mecanismo de amparo, lo que el juez debe hacer es declarar la carencia
actual de objeto en el proceso del que está conociendo.
En el caso concreto y de las pruebas allegadas a este trámite, se observa que el
Tribunal Administrativo de Nariño dio respuesta de fondo a la referida petición, tal como
lo demuestra la certificación electrónica signada por la secretaria general de esa
corporación, en la que textualmente se indica:
febrero de 2022 M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicado 11001-03-15-000-2022-00551-00; (iii) 13 de
mayo de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicado 11001-03-15-000-2021- 01752-00i (iv) 30
de junio de 2022, M.P Luis Alberto Álvarez Parra, radicado 11001-03-15-000-2022-02890-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06700-00
Demandante: Manuel Alberto Rosero Caguasango
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Lo anterior, a través del correo electrónico suministrado para tal efecto, el 17 siguiente,
como da cuenta la siguiente imagen:
De lo expuesto se concluye que la entidad dio respuesta en forma clara y de fondo a
la solicitud presentada.Situación que si bien no ocurrió de manera oportuna, si se
presentó en el curso de la presente acción constitucional, circunstancia que hace
evidente la existencia de una carencia actual de objeto por hecho superado, razón por
la que no hay lugar a estudiar los argumentos esgrimidos por la parte actora
La circunstancia descrita conlleva naturalmente a que la Sala se abstenga de hacer un
pronunciamiento al respecto, dado que cualquier orden que se llegue a impartir
carecería de efecto alguno, motivo por el cual declarará la carencia actual de objeto
por hecho superado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, de la acción
de tutela incoada por el señor Manuel Alberto Rosero Caguasango, por las razones
expuestas en esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
……………………………….
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