Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06718-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06718-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06718-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
8 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., ocho (08) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06718-01
Demandante: Irene Lorena Basante Noguera
Demandado: Rama Judicial – Unidad de Administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / Confirma – inexistencia de mora judicial.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por Irene Lorena Basante
Noguera en contra de la sentencia proferida el 1 de febrero de 2024 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la
pretensión contra la Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial y se negó el amparo solicitado por la alegada
mora judicial del Tribunal Administrativo de Nariño.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 2 de noviembre de 2023, Irene Lorena Basante Noguera interpuso demanda
de tutela contra la Rama Judicial - Unidad de Administración de Carrera Judicial,
con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso, trabajo, confianza legítima, buen fe, tutela judicial efectiva y acceso a
cargos públicos. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas al existir una
mora judicial injustificada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho1 que adelantó contra la Nación - Rama Judicial – Unidad de Administración
de Carrera Judicial y la Universidad Nacional.
1 Radicado 52001-33-33-000-2023-00229-00.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06718-01
Demandante: Irene Lorena Basante Noguera
Demandado: Rama Judicial – Unidad de Administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
2. Indicó que como aspirante al cargo de Juez Administrativo en el concurso de
méritos para la selección de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria No. 27),
el 3 de agosto de 2023 presentó demanda de nulidad y restablecimiento contra la
Nación - Rama Judicial – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la
Universidad Nacional, con el fin de cuestionar la legalidad de los actos
administrativos que declararon que no aprobó la prueba de conocimientos, y en
consecuencia la excluyeron del concurso.
3.Precisa que el 28 de septiembre de 2023 presentó solicitud de medida cautelar
de urgencia, la cual fue ampliada el 27 de octubre siguiente. Y el 20 de octubre de
esa anualidad, presentó solicitud de impulso procesal. Así mismo, el 27 de octubre
de 2023 solicitó información vía telefónica, y le indicaron que el expediente se
encontraba en sala para decidir un impedimento de la magistrada ponente.
4. En su escrito de tutela, la parte actora sostuvo que el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho interpuesto ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo no ha resultado ser idóneo y eficaz a fin de salvaguardar sus
derechos fundamentales, pues habiéndose radicado la demanda el 3 de agosto de
2023 y la medida cautelar de urgencia el 25 de septiembre del mismo año, existe
una mora judicial, en la media en que a la fecha no ha existido una decisión frente
a la admisión o rechazo del medio de control y en especial la medida cautelar.
Agregó que la presente acción de tutela se ejerce como mecanismo transitorio
mientras se resuelve el proceso ordinario, para así evitar la concreción de un daño
irreparable dado que, conforme al cronograma del concurso, la etapa denominada
curso de formación judicial ya se está surtiendo, y en tanto la misma es eliminatoria,
no podrá ser objeto de subsanación a futuro. Además si el proceso finaliza en su
favor, el mismo podría llegar a ser inocuo y nugatorio.
5. Por lo anterior, ante la existencia de apariencia de buen derecho de sus
pretensiones, solicita que el juez constitucional dicte la medida provisional que
ampare transitoriamente sus derechos fundamentales, hasta tanto se defina el
medio de control. Mencionó que existen casos similares en los que se ha decretado
la medida cautelar en procesos ordinarios.
B. Sentencia de primera instancia
6.Mediante sentencia de 1 de febrero de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la pretensión contra la Rama Judicial - Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial y, negó el
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Demandante: Irene Lorena Basante Noguera
Demandado: Rama Judicial – Unidad de Administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
amparo respecto al Tribunal Administrativo de Nariño por considerar que no incurrió
en mora judicial.
7.Frente al primer asunto, consideró que la pretensión de la señora Irene Lorena
Basante Noguera, relativa a que se ordene transitoriamente su inscripción en el
Curso de Formación Judicial hasta tanto se decida de fondo la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, no es procedente y carece del requisito de
subsidiariedad, en la medida en que (i) la inconformidad que soporta la pretensión
de la actora, en realidad se sustenta los argumentos de disenso que se presentaron
en el proceso ordinario contra las resoluciones demandadas, y deben ser discutidos
ante el juez natural; (ii) esa pretensión comparte identidad con la segunda petición
de la medida cautelar de urgencia que presentó la señora Basante el 27 de octubre
de 2023 en el proceso ordinario; (iii) no se le está privando a la actora de participar
en el Curso de Formación Judicial, pues de conformidad con el Acuerdo de
Convocatoria al superarse la primera etapa no podía continuar con las otras y
aquello es el eje de la discusión que se presentó en el proceso ordinario y, (iv) no
se advierte que la accionante se encuentre en una situación especial o se configure
un perjuicio irremediable, pues su situación todavía no está consolidada, ya que aún
quedan etapas y momentos en los que aún puede presentar la discusión al juez
natural.
8. Por otra parte, frente a la mora judicial, sostuvo que verificada la página de
consulta de la Rama Judicial, se advierte que el 9 de agosto de 2023 la demanda
ordinaria fue repartida a despacho, el 26 de octubre de la misma anualidad se
presentó la ampliación de la medida cautelar de urgencia, el 27 del mismo mes se
manifestó impedimento y el 1 de diciembre de 2023 el despacho encargado lo
declaró fundado. Por ende, consideró que no existe mora injustificada por parte del
Tribunal Administrativo de Nariño, debido a que no resulta censurable que,
transcurrido un mes y unos días desde que pasó el expediente al despacho para
resolver el impedimento se le haya dado el trámite requerido; sumando a que no se
puede perder de vista la cantidad de procesos que manifestó el Magistrado del
despacho tenía en trámite para resolver, por lo que el proceso en cuestión debía
respetar el turno que le correspondía.
C. La impugnación
9.La parte accionante sostuvo que a la fecha no se le ha notificado decisión alguna
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que cursa ante el Tribunal
Administrativo de Nariño, radicada el 3 de agosto de 2023; es decir hasta ahora no
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Demandante: Irene Lorena Basante Noguera
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
se ha decidido la admisión y, menos aún, la medida cautelar de emergencia, a pesar
de que han transcurrido 6 meses y 1 semana de haberse radicado la demanda, y 4
meses y 3 semanas desde que se radicó la medida cautelar de urgencia.
10. Adujo que tratándose de un medio de control con una medida cautelar de
urgencia, se le debe dar al proceso cierta celeridad. Agregó que en su escrito de
tutela expuso el motivo por el cual el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho no ha resultado ser eficiente y eficaz a fin de salvaguardar sus derechos
fundamentales, considerando que las etapas del concurso de méritos debatido se
siguen surtiendo, generándole una exclusión definitiva de no llegarse a incluir su
nombre en la etapa denominada “IX CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL”. Agregó
que aun cuando obtenga sentencia a favor, ésta sería nugatoria y totalmente
inaplicable, toda vez que al no haber agotado el curso de formación judicial, para el
momento en que el asunto se defina judicialmente, no tendrá opción alguna de
formar parte del registro de elegibles.
11. También resaltó que la solicitud planteada en la acción de tutela y la medida
cautelar de urgencia del medio de control, ya ha sido objeto de decreto en varios
procesos judiciales con iguales o similares pretensiones por parte de juzgados
administrativos en Bogotá, Cúcuta y Pasto2, en donde a los demandantes se les ha
permitido la inscripción en el curso de formación judicial, hasta tanto se define de
fondo su situación en los respectivos procesos ordinarios.
12.
Indicó que los argumentos del juez constitucional de primera instancia no
desvirtúan la procedencia de la acción de tutela como mecanismo subsidiario ante
la ineficacia del medio de control de nulidad y restablecimiento, y menos aún frente
al perjuicio irremediable que ya se le está ocasionando. Pues, en efecto en el medio
de control se demanda la legalidad de los actos administrativos referidos y será una
decisión que la instancia de conocimiento tomará en algún momento, sin embargo
hasta tanto, el concurso sigue agotando etapas. Señaló que justamente la acción
de tutela se interpuso ante la inactividad del Tribunal frente al medio de control, el
cual a la fecha no ha sido resuelto.
13. Respecto del análisis de la mora judicial realizado en el fallo de primera instancia,
cuestionó que el A quo contabilizó el tiempo de manera fraccionada, verificando lo
2 Juzgados 3º Administrativo de Cúcuta en el proceso número 54001-33-33-001-2023-00309-00, Juzgado 67
Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, en el proceso 11001-33-42-057-2023-00240-00, y el 52001-33-33-
005-2023-00202-00 ante el Juzgado Quinto Administrativo de Nariño.
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que ha tardado cada Magistrado con el asunto, y no en forma continua desde la
presentación de la demanda.
14. Finalmente indicó que conforme a la sentencia SU-394 de 2016, se cumplen los
presupuestos para configuración de mora judicial injustificada, toda vez que: (i)
existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, ya que ha superado
ampliamente el término de 30 días para definirse la admisión, inadmisión o rechazo
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y, (ii) no existe un motivo
razonable que justifique la dilación. Arguyó que la mora judicial debió valorarse en
contexto, considerando que las actuaciones surtidas en el medio de control por ella
impetrado no han definido en absoluto su situación jurídica.
15. Por último, resaltó que el fallo de tutela debatido en la presente impugnación
igualmente incurrió en mora, toda vez que se profirió el 1º de febrero de 2024, siendo
notificado el 8 de febrero de 2024, es decir, se resolvió transcurridos más de 3
meses desde la radicación de la acción constitucional, superando ampliamente el
término establecido en el Decreto 2591 de 1991, artículo 28.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
16. La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19913.
E. Análisis del caso concreto
17. Revisados en su totalidad los escritos y piezas procesales allegadas al plenario,
la Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, pues se coincide con lo indicado
en el fallo de primera instancia, y esa apreciación no varía de cara a lo expuesto en
la impugnación.
18. En relación con la mora judicial alegada por la accionante, es necesario traer a
colación que esta Corporación ha sido categórica en advertir que el juez de tutela
en cada caso específico deberá valorar si la conducta del funcionario o de la
corporación judicial es injustificada y negligente, toda vez que “no toda dilación en
3 “[P]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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proferir una decisión judicial genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos
fundamentales”4.
19. Así pues, se advierte que para determinar si la autoridad judicial demandada ha
incurrido en una mora judicial injustificada, y previo a verificar si tal mora se proyecta
como afrenta a un derecho constitucional iusfundamental, se debe analizar: (i) la
complejidad del asunto; (ii) la actividad procesal del interesado; (iii) la conducta de
la autoridad judicial competente; (iv) el análisis global de procedimiento; y (iv) el
turno en el que el expediente pasó al despacho, de conformidad con lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998. En ese contexto, esta Corporación ha
considerado que la acción de tutela se abre paso por mora judicial cuando se trate
de una dilación injustificada como resultado de la falta de diligencia en el actuar del
funcionario judicial, lo que significa que “no existe mora judicial por el solo transcurso
del tiempo, sino que ésta debe ser injustificada y estar probada la negligencia de la
autoridad judicial accionada”5.
20. Descendiendo al caso concreto, la Sala considera que la mora no se ha
configurado, en la medida en que las autoridades judiciales que han conocido el
asunto han adelantado todas las actuaciones pertinentes para resolver en un tiempo
razonable el proceso puesto a su consideración.
21. Así,la revisión del expediente ordinario, permite evidenciar que6: (i) el 9 de
agosto de 2023 la señora Basante Noguera radicó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, (ii) el 10 de agosto siguiente pasó al despacho por
reparto, (iii) el 27 de octubre la magistrada7 a la cual se le asignó el asunto presentó
impedimento para conocer del caso, (iv) por auto de 1 de diciembre de 2023 se
aceptó el impedimento8, (v) el 22 de febrero se profirió auto que ordena remitir el
asunto por competencia y, (vi) el 26 siguiente se devolvió el proceso para reparto.
22.
De acuerdo con lo anterior, resulta claro que si bien hasta el momento no se ha
resuelto sobre la admisión, inadmisión o rechazo de la demanda, así como la
medida cautelar de urgencia, aquello tiene un fundamento y justificación razonable,
y es que se han tenido que surtir una serie de actuaciones necesarias e
4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de octubre de 2020, radicado: Expediente 11001-03-15-
000-2020-04601-00. M.P. Milton Chaves García.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 18 de febrero de
2009, exp. 25000-23-15-000-2008-01246-01 (AC), M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
6 Información obtenida del aplicativo SAMAI.
7 Doctora Beatriz Isabel Melodelgado.
8 Lo aceptó el doctor Álvaro Montenegro Calvachy.
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indispensables que los administradores de justicia no pueden pretermitir. Tanto los
impedimentos como la determinación de la competencia son asuntos que deben
ser debidamente definidos antes de adoptar una decisión, pues los mismos están
instituidos para salvaguardar garantías imprescindibles en todo proceso, como lo
son la imparcialidad y el principio de legalidad.
23.
En razón a lo anterior, esta Sala de Subsección considera que no resulta
razonable reprocharle al Tribunal Administrativo de Nariño los trámites que ha
surtido dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho,
cuando es claro que los mismos resultan necesarios e indispensables, sumando a
que el trámite se ha surtido conforme a las etapas establecidas en la ley. En la
misma línea, es necesario aclarar que cuando se alega una mora judicial, aquella
no se declara por el simple paso del tiempo, sino que debe ser injustificada, es
decir, debe estar probada la negligencia de la autoridad judicial accionada o la
inactividad del operador judicial, situación que como se vio en el presente caso no
se ha dado, pues los jueces que han conocido del asunto han adelantado las
gestiones a su cargo para brindar de forma oportuna una solución al asunto puesto
a su consideración, en un tiempo hasta el momento razonable.
24.
Ahora, si bien es apenas comprensible la molestia de la accionante porque no
se haya resuelto sobre la admisión, y más aún sobre la medida cautelar, es
importante precisar que en los casos en los que se encuentra acreditada la
configuración de la mora judicial injustificada, y se verifica que la misma comporta
una vulneración a derechos fundamentales que hace imperiosa la intervención del
juez de tutela, el amparo suele estar limitado a impartir una orden concreta al juez
ordinario para que impulse el proceso, en los términos que correspondan, no a
sustituirlo en sus competencias y adoptar la decisión que el tutelante espera. En el
caso actual, como ya se indicó no se constata la mora judicial porque el proceso ha
seguido avanzando, al punto que luego de presentada la demanda se han
registrado las actuaciones que antes se detallaron. De manera que no hay lugar a
que el juez constitucional intervenga, y aún si esto último fuese necesario no se
podría entrar a resolver sobre la medida cautelar, ni siquiera se le podría ordenar al
juez ordinario que en un término perentorio resuelva sobre la misma, si es que se
evidencia que se deben resolver impedimentos o asuntos relativos a la
competencia. Ello configuraría una intromisión no admitida en términos
constitucionales, que por demás afectaría no sólo los principios que deben regir el
proceso, sino también los derechos fundamentales de las partes y del mismo
operador judicial ordinario.
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25.
Aunque ese tiempo que ha tomado el juez natural para resolver sobre los
asuntos que reclama la accionante, la lleve a cuestionar la idoneidad y eficacia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para ejercer la defensa
efectiva de sus derechos fundamentales, en tanto el curso de formación judicial
avanza y aún no se le indica si puede o no acceder al mismo como medida
preventiva; la Sala considera que ese argumento no es suficiente para calificar el
mecanismo ordinario como inidóneo e ineficaz, pues el tiempo no puede ser el único
elemento para evaluar estas exigencias. Menos aún, en un proceso como este en
el que es apenas lógico que se puedan presentar impedimentos o incidencias como
la discusión sobre la competencia, cuyo margen de espera para su resolución hace
parte de las cargas ordinarias que debe asumir quien acude a la administración de
justicia.
26.
Tampoco puede ser un parámetro para deslegitimar el actuar de los jueces
ordinarios, una situación externa como el avance de un curso concurso. Es lógico
que a la accionante le preocupe que si el mismo finaliza, y se accede a sus súplicas,
no contará con ese requisito; pero llegado el momento de resolver sobre la medida
cautelar deberá ser el juez ordinario quien defina en el estado de cosas en que se
encuentre si hay lugar a decretar alguna orden cautelar, y en qué términos habrá
de proferirse la misma para que sea efectiva. No se puede partir de la hipótesis de
que la única alternativa que existe para salvaguardar los derechos es que la misma
se imparta en determinado tiempo, ya sea antes de que inicie el curso, durante el
mismo o antes de que finalice una u otra fase.
27.
De hecho, los ejemplos que trae a colación la accionante sobre personas que
han ingresado al curso de formación judicial, en diferentes fechas durante el
transcurso del mismo, por cuenta de órdenes impartidas por jueces administrativos
como medida cautelar en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho 9,
antes que sustentar la viabilidad de que el juez constitucional acceda a lo
pretendido, evidencia que el mecanismo ordinario es idóneo y eficaz. Sin entrar a
revisar a detalle tales expedientes, porque no se tiene acceso a los mismos, la
consulta de sus actuaciones en los aplicativos virtuales permite advertir que por lo
menos en dos de ellos se presentaron impedimentos que tuvieron que ser
resueltos; y aunque se evidencian registros de que se decretaron medidas
cautelares, lo cierto es que se desconoce el alcance de las mismas, pero lo que sí
9 Juzgados 3º Administrativo de Cúcuta en el proceso número 54001-33-33-001-2023-00309-00, Juzgado 67
Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, en el proceso 11001-33-42-057-2023-00240-00, y el 52001-33-33-
005-2023-00202-00 ante el Juzgado Quinto Administrativo de Nariño.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06718-01
Demandante: Irene Lorena Basante Noguera
Demandado: Rama Judicial – Unidad de Administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
queda claro es que fueron procesos iniciados unos meses antes que el de la
accionante, y los mismos se presentaron ante jueces administrativos, no como el
caso que nos ocupa que se presentó ante un Tribunal, cuya última decisión fue
justamente declarar la falta de competencia.
28.
La Sala aclara que aunque los argumentos de la accionante se centraron en
acreditar la configuración de una mora judicial en el proceso ordinario, se formuló
una pretensión asociada a la misma relativa a que el juez constitucional resuelva la
medida y ordene su ingreso al curso de formación judicial. Los argumentos
expuestos hasta este punto son suficientes para explicar por qué ello no es
procedente, pero además debe ponerse de presente que, tal como lo dijo el juez
constitucional de primera instancia, esta pretensión comparte identidad con la
segunda petición de la medida cautelar de urgencia que presentó la señora Basante
el 27 de octubre de 2023 en el proceso ordinario, la cual será objeto de análisis por
el juez natural al momento de resolver la medida cautelar; sumado a que esta
acción constitucional está instituida para proteger derechos fundamentales
vulnerados, no para dar órdenes que corresponde a los jueces ordinarios proveer
dentro del trámite del asunto, pues el juez constitucional no puede desconocer las
competencias del juez natural ni soslayar el escenario en el que debe surtirse ese
debate, máxime si se tiene en cuenta que, como ya se explicó, no existe mora
judicial injustificada alguna, y lo que pretende la señora Irene Lorena es obtener a
través de la acción de tutela una decisión pronta, ante la “demora” del asunto
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.
29.
Finalmente, frente a la presunta mora del juez constitucional de primera instancia
en proferir la decisión de 1 de febrero de 2024; la Sala advierte que dicho reproche
escapa del objeto de la acción, por lo que si la señora Basanta Noguera considera
que se configuró tal situación, debe acudir a las instancias judiciales respectivas y
promover los mecanismos idóneos para debatir allí dicho cuestionamiento. Por
ende, no se hará ningún análisis al respecto.
30.
En los términos precedentes, la Sala estima que el debate propuesto en la
demanda de tutela no se proyecta de manera directa como una afectación a algún
derecho fundamental; máxime si se tiene en cuenta la inexistencia de la mora
judicial alegada.
31.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala confirmará la sentencia de 1 de febrero de
2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06718-01
Demandante: Irene Lorena Basante Noguera
Demandado: Rama Judicial – Unidad de Administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
32.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 1 de febrero de 2024 por el
Consejo de Estado – Sección Cuarta.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
10 VF
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