Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06722-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06722-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06722-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
30 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-06722-01
Accionante: IVÁN DANILO CISNEROS BARBOSA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y
OTROS
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado – Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de procedencia de inmediatez.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
28 de noviembre de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Elseñor Iván Danilo Cisneros Barbosa solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, la
igualdad y la vida en condiciones dignas, cuya vulneración le atribuyó a la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL y a las sentencias de 11 de marzo de 2013
y 13 de enero de 2015, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión del Circuito de Facatativá y la Subsección E de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 25269-
33-31-001-2011-00355-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Informó que mediante la Resolución núm. 3252 de 2004, expedida por la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, le fue reconocido a su favor asignación
mensual de retiro en calidad de suboficial técnico jefe (r) de la Fuerza Aérea, con
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Iván Danilo Cisneros Barbosa
una cuantía equivalente al 95% del sueldo básico de la actividad correspondiente a
su grado, según lo previsto en el Decreto 1211 de 8 de junio de 19901.
2.2. Indicó que el 8 de agosto de 2011 solicitó a la Dirección de Prestaciones Sociales
de las Fuerzas Militares el reajuste de la prestación reconocida con base en la nueva
asignación básica del grado de general de la República, la cual le negaron mediante
el Oficio núm. 20113460128851 de 2011.
2.3. Precisóque, con base en lo anterior, presentó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 25269-33-31-001-2011-00355-00/01 contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea, con el propósito de obtener
la nulidad del acto mencionado.
2.4. Refirió que el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de
Facatativá, negó mediante sentencia de 11 de marzo de 2013, las pretensiones de
la demanda argumentando que el juez no tenía la facultad de modificar las escalas
salariales de los miembros de la Fuerza Pública.
2.5. Adujó que apeló la anterior decisión y que la Subsección E de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió, a través de sentencia de 13
de enero de 2015 confirmar la decisión del a quo, al considerar que la actualización
no era posible hacerla con base en las razones alegadas por el accionante.
2.6. Indicó que las sentencias antes referidas incurrieron en una vía de hecho por error
inducido, aclarando que el medio de control que presentó “[…] no se trata
simplemente de una acción normal de nulidad y restablecimiento del derecho
si no que se trata del [sic] la desigualdad en el reconocimiento de un factor
salarial el cual venia [sic] devengando en actividad como trabajador activo y
que debió quedar en la misma forma en el sueldo de retiro y/o pensión el cual
no prescribe ni caduca por tratarse de reclamaciones sobre derechos de trato
sucesivo […]”. [Negrilla del texto].
2.7. Manifestó que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta el
análisis de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la igualdad de los
derechos que existe entre los pensionados y los trabajadores.
2.8. Igualmente, señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un
defecto sustantivo porque: “[…] [e]l Señor Juez no tuvo en cuenta este precepto
sobre la fecha de retiro, con el fin de no desconocer las normas de carácter legal o
infra legal aplicables a mi caso. Ya que la norma que se me aplico [sic] es claramente
inadvertida y no tenida en cuenta por el fallador […]”.
2.9. Finalmente sostuvo que lo justo, al igual que se hizo con otros ciudadanos, es que
le reconocieran “[…] un factor salarial el cual venia [sic] devengando en actividad
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“Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”.
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Accionante: Iván Danilo Cisneros Barbosa
como trabajador activo y que debió quedar en la misma forma en el sueldo de retiro
[…]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: Declarar la indebida Valoración de la jurisprudencia
invocada, El actor Concilio el reajuste del IPC en su asignación de retiro
VIOLADO POR CAJA DE RETIRO DE LAS FF MM. Y CONSECUENTEMENTE
LA APROBACION DE LA CONCILACION QUE SE LLEVO A CABO EN
DERECHO. Y LA OBSERVACION DEL JUZGADO ADMINISTRACTIVO DE
FACATATIVA DEL ARTÍCULO 269 DE LA LEY 1437.
LAS RELACIONADAS EN EL ACAPITE
De oficio:
Solicito al Honorable Consejo se sirva oficiar a la accionada ministerio de
defensa para que certifique las sentencias pagadas por concepto de
reconocimiento de prima de actividad no solo en prestaciones sociales si no las
de cremil casur ya que son centenares de reconocimientos lo que se da por una
jurisprudencia reiterativa y hace parte del derecho constitucional a la igualdad, y
al tribunal administrativo para lo relativo al expediente.
Este aspecto es fundamental para la discusión en comento, razón por la cual las
personas respecto las cuales nos sentimos discriminados por parte de la
accionada, son las siguientes:
PETICION DE AMPARO:
Por lo anterior solicitamos al Honorable Consejo de Estado amparar nuestros
derechos fundamentales invocados y se ordene a la accionada lo siguiente:
• Se ordene a la accionada dar un trato igualitario a los aquí accionantes respecto
las personas que se citan en el Numeral NOVENO y demás, del acápite de la
situación fáctica de la presente acción de tutela donde si fue posible que
acatando la ley y la jurisprudencia emitieran resolución de cumplimiento.
• Se ordene a la accionada abstenerse de seguir violando el principio de
legalidad, la confianza legítima, la igualdad y la buena fe en actuaciones
posteriores y similares a la presente, hasta tanto nazca a la vida jurídica una
disposición que de forma clara y expresa exija que para el cumplimiento (distinto
al cumplimiento de una sentencia) […]”. [Sic en toda la cita].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 9 de noviembre de 2023, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso de la Sección Quinta del Consejo de Estado inadmitió la
presente acción de tutela.
5. Através de auto de 23 de noviembre de 2023, remitió por competencia el
expediente de la referencia a los Juzgados Administrativos de Facatativá.
6. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Facatativá declaró, en auto
de 29 de noviembre de 2023, que no tenía competencia para conocer del proceso
de la referencia por no ser el superior jerárquico del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
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Accionante: Iván Danilo Cisneros Barbosa
7. La Corte Constitucional resolvió, mediante Auto 251 de 7 de febrero de 2024,
declarar sin efectos el auto de 23 de noviembre de 2023 de la Sección Quinta del
Consejo de Estado y ordenó remitirle a ese despacho la acción de tutela de la
referencia, para que adoptara la decisión a la que hubiera lugar.
8. En ese sentido, a través de auto de 18 de octubre de 2024 el magistrado a cargo
de la sustanciación del proceso de la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió
la presente acción de tutela contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –
CREMIL, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Facatativá –
Cundinamarca y la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
9. Por auto de 31 de octubre de 2024 la Sección Quinta del Consejo de Estado ordenó
vincular en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso al
Ministerio de Defensa Nacional y al Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.
V. INTERVENCIONES
10. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
10.1. La Juez Tercero Administrativo del Circuito de Facatativá informó que el
proceso se adelantó respetando las normas y jurisprudencia aplicable al caso en
concreto.
10.2. Agregó que el accionante no explicó o demostró en que consistió la vía de hecho
de las providencias cuestionadas mediante la presente acción de tutela.
10.3. Por lo que solicitó que se negara el amparo, teniendo en cuenta que ninguna de
las actuaciones adelantadas constituye una violación a las garantías
constitucionales de las partes.
10.4. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL solicitó, a través de
apoderada judicial, que se decretara “[…] la improcedencia de la acción de tutela
contra sentencias judiciales en las que no han sido falladas en forma caprichosa ni
arbitraria, sino con sujeción al ordenamiento jurídico para el caso y la legalidad de
las actuaciones de la Caja de Retiro […]”.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
11. Mediante sentencia de tutela de 28 de noviembre de 2024, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró improcedente la presente acción de tutela por
incumplimiento del requisito de inmediatez, en tanto encontró que la tutela se
presentó transcurridos 8 años luego del fallo de segunda instancia objeto de
reproche, y que “[…] aquel no es un término que se considere razonable para acudir
al juez constitucional, dado que el paso prolongado del tiempo permite deducir que
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Accionante: Iván Danilo Cisneros Barbosa
se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada,
desvirtuándose así la inminencia de la afectación […]”.
12. Precisó que el accionante no presentó un motivo por el cual se justificara la
presentación tardía del mecanismo constitucional, que únicamente reiteró la
discusión que se sometió a las autoridades judiciales accionadas, por lo que no era
posible aplicar los criterios de flexibilidad propuestos por la Corte Constitucional.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
13. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia al considerar que
“[…] [l]a situación denunciada sigue vigente y afecta directamente mis derechos
fundamentales, ya que la omisión de un trato igualitario en la reliquidación de la
asignación de retiro perpetúa una situación desfavorable que no ha sido subsanada.
Según la Corte Constitucional (T-256/15), cuando la vulneración de derechos es
permanente, la acción de tutela puede proceder pese al tiempo transcurrido […]”.
14. Puntualizóque “[…] [l]a falta de recursos y la complejidad del procedimiento
judicial han sido factores determinantes que retrasaron la presentación de esta
acción. Estos aspectos deben ser valorados en el análisis del requisito de […]”
inmediatez.
15. Refirió que las decisiones judiciales objeto de la presente acción de tutela no
analizaron los precedentes judiciales que demuestran que en casos similares los
resultaron fueron favorables a los ciudadanos, esto es que se han reconocido
reajustes salariales de acuerdo con la modificación en la escala salarial de quienes
se encuentran aun prestando servicio.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
16. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195.
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06722-01
Accionante: Iván Danilo Cisneros Barbosa
VIII.2. Problemas jurídicos
17. Previamente a la definición de los problemas jurídicos a resolver, se debe precisar
que el extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 11 de marzo de 2013 y 13 de enero de 2015, proferidas por el
Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Facatativá y la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la sentencia de 13 de enero
de 2015, proferida por el Tribunal vulneró los derechos fundamentales de la parte
accionante porque esta decisión fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa
juzgada.
18. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado6, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto sustantivo y en una vía de hecho por error
inducido.
19. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
20. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
21. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que
proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
6
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de
2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06722-01
Accionante: Iván Danilo Cisneros Barbosa
22. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
23. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto,
fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.
24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.
25. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento
excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores
constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica
e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
26. El
criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que
presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06722-01
Accionante: Iván Danilo Cisneros Barbosa
VIII.4. El caso concreto
27. Elseñor Iván Danilo Cisneros Barbosa solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, la
igualdad y la vida en condiciones dignas, cuya vulneración le atribuyó a la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL y a las sentencias de 11 de marzo de 2013
y 13 de enero de 2015, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión del Circuito de Facatativá y la Subsección E de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 25269-
33-31-001-2011-00355-00/01.
28. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el
requisito de inmediatez.
VIII.4.1. Del cumplimiento del requisito general de procedencia de la
inmediatez
29. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración11. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos […]”12.
30. Al respecto, la jurisprudencia constitucional13, ha señalado lo siguiente:
“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito
de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente, pues
el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la necesidad
que existe de conciliar la protección de derechos fundamentales con los
principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial, que
podrían comprometerse si la tutela contra providencias judiciales se
convierte en práctica generalizada. De ahí que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional haya sido particularmente reiterativa en considerar que el
principio de inmediatez es particularmente importante cuando se trata de
examinar la procedencia de tutelas contra providencias judiciales. En la
citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que “de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
11
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
12
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06722-01
Accionante: Iván Danilo Cisneros Barbosa
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos” […]”14. [Negrilla
fuera del texto].
31. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla jurisprudencial según
la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6) meses, contados a partir
de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela. Ello con sustento en el
siguiente raciocinio:
“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.
Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del
acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge,
además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como
razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de
una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”15. [Negrilla
fuera del texto].
32. La jurisprudencia constitucional16 ha establecido excepciones a la aplicación del
requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular17, así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”18.
14
Ibidem.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-
15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16
Sentencia T-584 de 2011.
17
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
18
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
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Accionante: Iván Danilo Cisneros Barbosa
33. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que el juez de primera
instancia declaró improcedente el presente mecanismo de amparo, luego de
considerar que no cumplía con el requisito de la inmediatez.
34. El accionante en el escrito
de impugnación enfatizó que la vulneración a sus
derechos fundamentales continúa porque con las sentencias de 11 de marzo de 2013
y 13 de enero de 2015 se omitió aplicar un trato igualitario en la reliquidación de la
asignación de retiro.
35. Con fundamento en lo anterior, la Sala pone de relieve que el fallo que finiquitó la
litis y que motivó la interposición de la presente acción de tutela fue notificado por
Edicto núm. S2-EF-20 de 20 de enero de 201519. Por su parte, la presente solicitud
de amparo se radicó al correo electrónico habilitado por la Secretaría General de
esta Corporación el día 2 de noviembre de 202320.
36. Así las cosas, y comoquiera que la solicitud de amparo fue radicada el 2 de
noviembre de 2023, se observa que la misma se ejerció después de transcurridos 8
años desde la notificación del fallo objeto de esta acción.
37. Por otra parte, si bien el accionante aduce en su escrito de impugnación que aún
persiste la vulneración a sus derechos fundamentales por la decisión de las
autoridades judiciales accionadas y que no fue fácil acceder a la administración de
justicia para presentar la acción de tutela; lo cierto es que no especificó las razones
por las que afirma esto y únicamente alega un trato desigual frente a otras personas
que supuestamente tenían su misma situación.
38. De allí que la Sala considera que los motivos de inactividad expuestos por el
accionante no son válidos para que se flexibilice el estudio del requisito general de
procedencia de inmediatez.
39. Por lo anterior, y al no observar otra causal adicional que justifique la demora en
la interposición de la presente acción constitucional, la Sala considera que no se
satisfizo el requisito general de procedibilidad atinente a la inmediatez, resaltándose
que tampoco se cumplen los presupuestos para acceder a la aplicación de la
sentencia SU-354 de 2017, dictada por la Corte Constitucional.
40. Por lo expuesto, se confirmará el fallo impugnado que declaró la improcedencia
de la solicitud de amparo por no cumplir el requisito general de procedencia de
inmediatez.
19
Índice 00027 de SAMAI, expediente con radicado núm. 25269-33-31-001-2011-00355-00/01 remitido por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Facatativá.
20
Índice 00002 de SAMAI, Expediente Digital, "ED_2ESCRITOCORREOELE", radicado núm. 11001031500020230672200.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06722-01
Accionante: Iván Danilo Cisneros Barbosa
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de noviembre de 2024, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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