Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06733-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06733-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06733-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de noviembre de 2023
Ra d ic a d o : 11001-03-15-000-2023-06733-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06733-00
Accionante: Diana Stella Garrido Henao
Accionado: Tribunal Administrativo del Antioquia- Sala Quinta de decisión
Temas: Acción de tutela contra sentencia de segunda instancia que revocó el fallo de
primera instancia y concedió las pretensiones de la demanda de repetición.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La señora Diana Stella Garrido Henao, en su propio nombre, solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso judicial y al acceso a la
Administración de Justicia en igualdad de condiciones, que considera vulnerados
por el Tribunal Administrativo del Antioquia, con la expedición de la Sentencia del
17 de julio de 2023 dentro del proceso de repetición con radicado No. 05837-33-
33002-2017-00605-01
ANTECEDENTES
Hechos
Narra la accionante que la Sala Quinta de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia, dentro del proceso de repetición promovido por el Municipio de
Arboletes – Antioquia en contra de la señora Diana Stella Garrido Henao, el 15
de mayo de 2023, profirió auto de mejor proveer el cual decretó la práctica de las
siguientes pruebas: (i) solicitud de pago de la condena, (ii) acta 001 de 2016 y/o
el acto administrativo de cumplimiento a la sentencia No. 064 de 21/4/2014 a
favor de John Jairo Torres Suarez, (iii) liquidación administrativa de la condena
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correspondiente a la sentencia No. 064 de 21/4/2014 y (iv) el acuerdo de pago
pactado con el beneficiario o su apoderado y sus modificaciones, si las hubo”.
Que por otra parte, mediante sentencia de 17 de julio de 2023 revocó la sentencia
apelada, declaró que Diana Stella Garrido Henao “incurrió en una conducta
dolosa al declarar la insubsistencia del nombramiento de John Jairo Torres
Suarez ocasionando un detrimento al municipio de Arboletes”, y, por ende, le
ordenó pagar a dicho Municipio la suma de ciento cuarenta y dos millones
novecientos noventa y seis mil ochocientos nueve pesos ($142.996.809 COP)”.
Que para ello, la Sala de decisión expresó que “no le asiste razón al juzgado de
primera instancia en los argumentos que apuntan a desconocer la acreditación del
elemento objetivo del pago realizado por el Estado, pues el certificado emitido por la
Secretaría de Hacienda municipal el 4/10/2017, en el que se consigna el valor de
$144.198.247 como suma cancelada por concepto de liquidación de la sentencia 064 de
21/4/2014 a favor del señor John Jairo Torres Suarez…, sumada al acuerdo de pago y
a los comprobantes de egreso de 0000133 de 21/2/2017, 0000784 de 10/7/2017 y
0001174 de 4/10/2017, en cuanto reconocen el pago a favor del mismo beneficiario pero
solo por $102.998.748, razón por la cual, para la Sala es claro que se cumple este
requisito”.
Que en cuanto al requisito del dolo en el actuar de la demandada en acción de
repetición, estableció el fallador que: “la señora Diana Stella Garrido, como máxima
autoridad municipal, quiso a todas luces con su actuar la realización de una conducta
contraria a la realidad que ella misma evidenció al interior del municipio y aun así expidió
el acto administrativo ocasionando un detrimento patrimonial a la entidad” y que “al
expedir el Decreto 009/3/2012 que declaró insubsistente a John Jairo Torres Suarez,
incurrió en falta de motivación, conducta dolosa que encaja perfectamente en el
artículo 5 de la ley 678 de 2001”. (Resaltos de la accionante)
PRETENSIONES
Solicita la accionante que “se declare que la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, con las decisiones de 15 de mayo y 17 de julio de
2023 (…), vulneró mis derechos fundamentales al debido proceso judicial y al
acceso a la Administración de Justicia en condiciones de igualdad.
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Que en consecuencia se ordena “a la autoridad judicial accionada que (…)
declare la nulidad de lo actuado en la acción de repetición radicada con el número
05837-33-33- 002-2017-00604-01, promovida por el Municipio de Arboletes -
Antioquia en contra de Diana Stella Garrido Henao, a partir del auto de mejor
proveer de 15 de mayo de 2023 y pronuncie fallo de segundo grado sin considerar
las pruebas decretadas mediante la señalada providencia, así como con sujeción
a las pruebas obrantes en el plenario y a lo dispuesto en el numeral 3º del artículo
5º de la Ley 678 de 2001 en su versión original, aplicable al presente caso,
conforme al cual: “La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la
realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado”,
añadiendo que: “Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes
causas: (…) 3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por
desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a
la decisión de la administración”. (Resaltos textuales)
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue admitida el 7 de noviembre de 2023 mediante proveído
que ordenó notificar a la autoridad accionada y como tercero interesado en las
resultas de este proceso, al municipio de Arboletes.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Administrativo de Antioquia. La Magistrada ponente de la
sentencia cuestionada dio respuesta a la demanda, expresando que el
15/5/2023, conforme con lo previsto en el artículo 213 del CPACA, la Sala de
decisión dictó auto de mejor proveer y requirió a la parte demandante copia de
los siguientes documentos: (i) solicitud de pago de la condena, (ii) el acto
administrativo de cumplimiento a la sentencia No. 064 de 21/4/2014 a favor de
John Jairo Torres Suárez, (iii) liquidación administrativa de la condena
correspondiente a la sentencia No. 064 de 21/4/2014 y (iv) el acuerdo de pago
pactado con el beneficiario o su apoderado y sus modificaciones, si las hubo.
Que el 6/6/2023, el ente territorial aportó las piezas procesales solicitadas y el
17/7/2023, la Sala de Decisión dictó sentencia de segunda instancia que revocó
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la sentencia de 4/10/2019, al considerar configurados los presupuestos
subjetivos y objetivos de la repetición.
Que en el auto que decretó pruebas para mejor proveer se explicaron las razones
fácticas, normativas y jurisprudenciales de la decisión de la Sala y; por su parte,
la sentencia revocó la de primera instancia y condenó en repetición a Diana Stella
Garrido Henao, con fundamento en las normas aplicables, la ley 678 de 2001, el
CPACA y el antecedente reiterado del Consejo de Estado en cuanto a los
presupuestos subjetivos y objetivos de la repetición.
Que el tribunal ha actuado conforme a las normas procesales aplicables al caso,
ha expuesto en forma argumentada sus decisiones en relación con la
jurisprudencia vigente y acata la decisión que adopte el Honorable Consejo de
Estado.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a
la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para
sustituir el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable
y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir,
que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre
sobre las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad
constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los
mismos se genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo
tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de
imputarse como crimen de lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de
la vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia
al interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que
no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de
los derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un
riguroso proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las
providencias excluidas de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial,
la Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
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“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten
providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura
algún defecto que habilite el amparo constitucional.
II. Caso concreto
En primer lugar, debe verificarse si la acción de tutela presentada supera los
presupuestos generales de procedencia, para entrar a analizar las censuras
contra la sentencia del 17 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.
El asunto presenta una clara y marcada relevancia constitucional, pues se trata
de verificar la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso y
acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad, al decretar
pruebas de oficio, rompiendo la igualdad entre las partes del proceso y luego
fundando la sentencia en dichas pruebas; se satisface el requisito de inmediatez,
como quiera que no transcurrieron seis meses entre la notificación de la decisión
que se cuestiona y la presentación de la acción de tutela; se agotaron los
recursos procedentes en tanto la tutela se dirige contra una sentencia de segunda
instancia a la cual no le caben recursos; se expusieron con claridad el presuntos
errores señalando que estos fueron determinantes en la decisión y no se
cuestiona una sentencia de tutela.
Se aduce defecto fáctico, al dar el tribunal accionado un alcance distinto a la
facultad probatoria otorgada al juez administrativo de segunda instancia por el
artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo, excedió sus facultades probatorias y rompió el equilibrio procesal
a favor del municipio demandante. Lo anterior, por cuanto no se acreditó en el
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proceso de repetición que el pago de la indemnización a cargo del municipio
demandante por la condena que se originó en su actuación administrativa como
alcaldesa del municipio de Arboletes, haya sido efectivamente recibido por el
beneficiario de la misma y; a criterio suyo, el auto de mejor proveer proferido
dentro de la acción de repetición, lejos de aclarar aspectos probatorios oscuros
o dudosos, reabrió el debate probatorio excediendo la facultad otorgada al juez
administrativo de segunda instancia por el artículo 213 del Código de
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, para subsanar
defectos probatorios en la gestión adelantada por el municipio demandante.
Acusa también defecto material o sustantivo de la sentencia, que la aquí
accionante incurrió en una conducta dolosa al desvincular al señor John Jairo
Torres Suarez ocasionando un detrimento al municipio de Arboletes. En este
punto, asegura que no se demostró dolo de su parte al desplegar la conducta que
originó la condena del Municipio de Arboletes, “habida consideración de que, en
la sentencia de 17 de julio de 2023 proferida por la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia, se estableció que actué con falta de
motivación, mientras que el numeral 3º del artículo 5º de la Ley 678 de 2001, en
su versión original, en estos casos, presumía el dolo del sujeto agente en los
actos administrativos que produjera con falsa motivación.”
Para sustentar el presunto error en el decreto oficioso de pruebas, citó las
siguientes sentencias del Consejo de Estado, sección tercera, del 25 de octubre
de 2019 y 24 de abril de 2020 con ponencia de la Dra. María Adriana Marín, en
procesos con radicación número: 05001-23-31-000-2002-01100-01 (56821) y
05001-23-31-000-2012-00599-02(62186), referidas a la facultad oficiosa
otorgada en el artículo 212 de la ley 1437 de 2011 y los límites relativos a ella.
En relación con el elemento subjetivo de la conducta que dio lugar a la demanda
de repetición, dijo citar la sentencia de 24 de septiembre de 2021 con ponencia
de la Dra. MARTHA NUBIA VELÁSQUEZ RICO en proceso con Rad.
“218780125269-33-31-001-2007-00315-0166429; donde se señala que la Corte
Constitucional en sentencia SU-354 de 2020 advirtió que la procedencia de la
acción de repetición está sujeta a la efectiva sustentación y demostración por
parte de la entidad convocante de la actuación dolosa o gravemente culposa de
su agente; además, que los jueces de lo contencioso administrativo debían
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garantizar de (sic) la administración cumpliera con dichas cargas, para así
salvaguardar el derecho al debido proceso de los agentes del Estado sometidos
a una causa de repetición” (subrayó la accionante)
En relación con el auto que decretó pruebas para mejor proveer, se observa que
este se fundamentó en el artículo 213 de la ley 1437 de 2011 y en lo expresado
por la jurisprudencia, en el sentido de que se requería clarificar un punto oscuro,
referido a la cuantía del pago; por lo que partió de los elementos que sí se
encontraban acreditados en el expediente; es decir, no constituyó dicho auto una
reapertura del proceso probatorio como lo expresa la accionante, ni un exceso
de la facultad oficiosa de la autoridad judicial que rompiera el equilibrio entre las
partes.
Es que el elemento objetivo ya se encontraba acreditado en la primera instancia,
pues la documentación aportada allí daba cuenta de la condena al municipio en
la demanda de nulidad y restablecimiento y de que se habían efectuado unos
pagos, sin embargo, la demanda se había presentado por una suma mayor a la
de los pagos acreditados; de tal manera que la autoridad judicial consideró
necesario aclarar este punto.
Conforme a lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección acreditado el error
fáctico aludido; pues el decreto de la prueba para mejor proveer se ciñó a la
facultad establecida en la norma, además, contrario a lo afirmado por la parte
actora, la condena en segunda instancia no tuvo como fundamento las pruebas
ordenadas en dicho auto, sino la determinación de la existencia del elemento
subjetivo en la conducta de la señora exalcaldesa del municipio de Arboletes, que
dio lugar a la condena al municipio, por la cual resultó demandada en repetición.
La accionante alega que el Tribunal incurrió en error sustantivo al tener por
acreditado el elemento subjetivo de la conducta para acceder a las pretensiones
de la demanda de repetición.
En la sentencia aquí cuestionada, la autoridad judicial se refirió a la sentencia del
21/4/2014 en la que el Juzgado concluyó que la hoy accionante incurrió en falsa
motivación en la expedición del acto administrativo que declaró insubsistente al
señor John Jairo Torres Suarez; por lo que declaró su nulidad y, como
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restablecimiento, ordenó el reintegro y el pago de prestaciones sociales dejadas
de percibir. Refirió que la decisión fue confirmada en segunda instancia
señalando que en la expedición del acto administrativo demandado se incurrió en
el vicio, pues el actor no ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción
como erradamente lo señaló el acto administrativo y que tampoco es aceptable
invocar como causal de retiro el no cumplir con los requisitos exigidos en el Acto
Legislativo 004 de 2011 para gozar de estabilidad laboral.
Seguidamente el Tribunal expresó:
“59. La Sala no comparte los argumentos del juez de primera instancia al
asegurar que la mandataria estaba asesorada por un profesional del derecho
que desconocía la jurisprudencia del alto tribunal para la época y que si el
asesor no la previno frente a las consecuencias jurídicas al tomar la decisión
que hoy nos convoca, ello no es indicativo de un actuar doloso dado que era
su labor, por cuanto la mandataria conocía o debía conocer las consecuencias
que le acarreaba el hecho de despedir a una empleada sin consignar en el acto
administrativo las razones reales y justificadas de su desvinculación, pues la
misma Constitución y la ley han definido la forma y el contenido de los actos
administrativos y es apenas lógico que desatender ese mandato conlleva un vicio
de expedición irregular del acto, además, el desconocimiento de la ley no exime
de responsabilidad a un servidor público.
60. También se logró demostrar que, si bien el municipio afrontaba una crisis
administrativa y financiera, las acciones adoptadas por la mandataria de turno
para menguar la supuesta crisis no fueron coherentes con tal situación, pues
como lo señalaron los testigos que comparecieron a la audiencia de pruebas del
proceso de repetición, los cargos en provisionalidad que ocupaban las personas
declaradas insubsistentes, entre ellas ellos el señor Torrez Suarez, fueron
reemplazados con otras personas, lo que denota claramente la divergencia con
la realidad fáctica y jurídica que atravesaba el ente territorial.
61. Quiere significar lo anterior que, la señora Diana Stella Garrido, como máxima
autoridad municipal, quiso a todas luces con su actuar la realización de una
conducta contraria a la realidad que ella misma evidenció al interior del municipio
y aun así expidió el acto administrativo ocasionando un detrimento patrimonial a
la entidad.
62. Conforme a los anteriores argumentos, concluye la Sala que la señora Diana
Stella Garrido Henao como mandataria del municipio de Arboletes para el período
2012-2015, al expedir el Decreto 009/3/2012 que declaró insubsistente al señor
John Jairo Torres Suarez, incurrió en falsa motivación, conducta dolosa que
encaja perfectamente en el artículo 5 de la ley 678 de 2001.”
Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que la accionante alega que se
incurrió en error al aplicar una presunción que no era aplicable, obsérvese que la
sentencia no se fundamenta en alguna presunción, sino en la acreditación plena
del dolo en la conducta de la exfuncionaria.
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En conclusión, al no encontrarse configurados los defectos alegados contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Antioquia el 17 de julio de
2023 dentro del proceso de repetición con radicado No. 05837-33-33002-2017-
00605-01; se negarán la tutela solicitada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la tutela solicitada por la señora Diana Stella Garrido Henao,
conforme a lo expresado con precedencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada oportunamente, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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