Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06756-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06756-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06756-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
4 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06756-01
Demandante: ELKIN FERNANDO GAÑÁN PULGARÍN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente y
coherente para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial
accionada; además, se pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso
disciplinario.
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 12 de diciembre de 20231, proferida por la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado, que negó la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 3 de noviembre de 2023, el señor Elkin Fernando Gañán Pulgarín, mediante
apoderada, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, que estima
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2023, en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el
Municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), con radicado 76111-33-33-
001-2016-00115-01. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):
1 Se advierte que, el 10 de mayo de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06756-01
Demandante: Elkin Fernando Gañán Pulgarín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de mi representado, al
debido proceso (derecho a la defensa y contradicción), a la igualdad, acceso a
la justicia conculcados por la entidad accionada.
SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia No. 206 de
27 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle, MP
VÍCTOR ADOLFO HERNANDEZ DÍAZ, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicación 2016-00115-01 adelantado
contra el municipio de GUADALAJARA DE BUGA.
TERCERO: Que se ordene la modificación de la correspondiente sentencia
atendiendo los parámetros legales, constitucionales y jurisprudenciales
aplicables al caso.
CUARTO: Que se ordenen las demás acciones, que a bien se tenga a fin de
proteger y restablecer los derechos conculcados.
1.2. Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda, el señor Elkin Fernando Gañán Pulgarín
narró que, el 21 de junio de 2015, cuando estaba ingresando en su motocicleta a la
terminal de transportes de Buga, fue interceptado por agentes de tránsito, dado que
su acompañante no portaba el casco exigido. En la misma oportunidad, se le
requirió para practicarle la prueba de alcoholemia, a lo que se negó. Como sanción,
se le impuso la orden de comparendo por la falta del casco y también por conducir
bajo el influjo del alcohol.
En vista de lo anterior, se inició el proceso contravencional correspondiente, en el
cual la inspectora de Tránsito declaró responsable al señor Gañán Pulgarín y le
impuso una multa equivalente a $30.928.800, más la cancelación de la licencia de
conducción. Contra dicha decisión, interpuso el recurso de apelación, que se
resolvió desfavorablemente con la Resolución STTM-0716 del 5 de febrero de 2016.
Por considerar que en el trámite administrativo no hubo una debida actividad
probatoria, el señor Elkin Fernando Gañán Pulgarín ejerció el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, del cual conoció, en primera instancia, el
Juzgado Primero Administrativo de Buga, que accedió a las pretensiones, mediante
sentencia del 6 de marzo de 2020.
Inconforme con lo resuelto, el Municipio de Guadalajara de Buga, entidad
demandada en el proceso ordinario, interpuso recurso de apelación, que fue
resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en providencia del 27 de
septiembre de 2023, en el sentido de revocar la decisión y, en su lugar, negar las
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06756-01
Demandante: Elkin Fernando Gañán Pulgarín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
pretensiones.
1.3. Argumentos de la tutela
Tras considerar que la tutela cumple los requisitos generales de procedencia
exigidos para censurar providencias judiciales por esta vía, el señor Elkin Fernando
Gañán Pulgarín señaló que el Tribunal accionado incurrió en los siguientes
defectos:
Defecto sustantivo. Se desconoció lo establecido en el parágrafo 3 del artículo
152 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 5 de la Ley 1696 de 2013; en
los artículos 135 y 137 de la Ley 769 de 2002, 3 de la Ley 1437 de 2011 y 29 de la
Constitución Política, dado que consideró que en el trámite administrativo no existió
violación alguna al debido proceso; restó importancia al testimonio del agente de
tránsito que impuso el comparendo y le atribuyó responsabilidad al actor por el sólo
hecho de haberse negado a que se le practicara la prueba de alcoholemia.
Insistió en que la autoridad judicial de segunda instancia realizó una interpretación
alejada de toda razonabilidad (contra legem), que resultó claramente perjudicial
para el accionante, toda vez que no evidenció la vulneración al debido proceso
ocurrida durante la imposición de la orden de comparendo (procedimiento técnico
operativo). En especial, resaltó el hecho de que, ante la negativa de suscribir la
orden de comparendo, la misma fuera suscrita por el agente acompañante en
calidad de testigo; y que no se le informara a cabalidad las consecuencias de su
renuencia para realizarse la prueba de alcoholemia.
Desconocimiento del precedente. Se presenta de manera concurrente con el
defecto sustantivo, por omitirse el alcance que la sentencia C-633 de 2014 da al
parágrafo 3 del artículo 152 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 5 de
la Ley 1696 de 2013, en tanto explica la expresión «plenitud de garantías»
contenida en la norma, y determina el debido proceso que se debe observar en el
trámite contravencional, dentro del cual se encuentra informar al supuesto infractor
las consecuencias de no permitir la práctica de la alcoholimetría.
Defecto fáctico. De la declaración rendida por el agente Diego Fernando Castillo
-quien impuso el comparendo-, se colige sin dificultad que no se le ofrecieron las
garantías informativas a las que tenía derecho en condición de conductor requerido.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06756-01
Demandante: Elkin Fernando Gañán Pulgarín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Decisión sin motivación. La decisión reprochada carece de sustento fáctico y
jurídico, pues, al revocar la sentencia favorable, no determinó con claridad cuáles
son las razones que le permiten inferir que los argumentos del a quo eran errados.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 15 de noviembre de 2023, el despacho sustanciador del
proceso en primera instancia admitió la demanda y dispuso que se notificara a la
autoridad judicial accionada, para que se pronunciara al respecto. También ordenó
que se notificara, como tercero interesado, al Municipio de Guadalajara de Buga.
2.2. El magistrado ponente de la providencia censurada manifestó que con la
sentencia objeto de reproche no se vulneró derecho fundamental alguno, por cuanto
fue expedida con la argumentación suficiente y de forma unánime por la Sala de
Decisión.
Insistió en que la Corporación llegó a la conclusión de que «(…) la intervención en
calidad de testigo del procedimiento del agente de tránsito, no tiene la entidad
suficiente para enervar la actuación administrativa y tornarla ilegal, pues lo cierto es
que la misma parte accionante, (…) aceptó que se rehusó a la práctica de la prueba
de alcoholemia y además que se retiró del lugar (…)».
Aunado a ello, en la sentencia censurada se dejó plasmado que siempre que la
autoridad lo requiera, el ciudadano debe prestar su colaboración para que las
autoridades realicen su labor.
Por lo anterior, considera que el caso se resolvió en derecho y, por ende, se arribó
a la conclusión de que los actos acusados debían permanecer en el ordenamiento
jurídico.
2.3. El municipio vinculado no se pronunció en esta oportunidad.
3. Fallo impugnado
La Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, en sentencia proferida
el 12 de diciembre de 2023, negó el amparo solicitado por el señor Elkin Fernando
Gañán Pulgarín.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06756-01
Demandante: Elkin Fernando Gañán Pulgarín
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
El a quo consideró que la decisión cuestionada fue debidamente motivada y
sustentada con argumentos razonables y ajustados a derecho. Adujo que se aviene
a la normativa aplicable que invoca la parte actora, así como a la jurisprudencia
vigente en la materia, de conformidad con las circunstancias específicas del caso
concreto.
4. Impugnación
El accionante insistió en que la providencia censurada incurrió en defecto
sustantivo, porque no dio aplicación expresa al artículo 152 (parágrafo 3) de la Ley
769 de 2002, modificado por el artículo 5 de la Ley 1696 de 2013, según el cual, al
momento de imponer el comparendo debe existir «plenitud de garantías», lo que,
en su sentir, no ocurrió en este caso, pues se le impuso sanción solo por el hecho
de negarse a la práctica de la prueba de alcoholimetría, sin detenerse a analizar el
contexto de lo sucedido, esto es, si el procedimiento se ejecutó con el lleno de las
garantías fundamentales, entre ellas, el derecho a ser informado en forma clara y
precisa sobre la infracción cometida.
Citó las sentencias C-530 de 2003 y C-633 de 2014, en las cuales la Corte
Constitucional estableció unos parámetros y requisitos a fin de entender el
significado y alcance de la expresión «plenitud de garantías».
Adujo que la sentencia cuestionada está viciada por un defecto fáctico, toda vez que
omitió la valoración de las pruebas, en especial de la declaración juramentada del
agente de tránsito que elaboró el comparendo, de la cual se colige que este no
cumplió con el deber de informarle al ciudadano las consecuencias de negarse a la
práctica de la prueba de alcoholemia, lo que implica que el requerimiento para
realizar dicho examen no se efectuó con la «plenitud de garantías» exigidas por la
ley y la jurisprudencia.
Reiteró que, en su concepto, contrario a lo señalado en la sentencia objeto de
reproche, el hecho de que el compañero del agente de tránsito que impuso el
comparendo, haya sido quien lo suscribió en calidad de testigo, es suficiente para
que dicho procedimiento técnico operativo esté viciado de ilegalidad, toda vez que
no se cumple con el objetivo de la norma que permite la firma del comparendo por
parte de un tercero -sin interés-, cuando el amonestado se niega a plasmar la suya
en la orden de comparendo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06756-01
Demandante: Elkin Fernando Gañán Pulgarín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
II. CONSIDERACIONES
1. Problema Jurídico
En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar el fallo del 12 de diciembre de 2023, proferido por la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante el cual se negó
el amparo solicitado.
La Sala, en primer lugar, deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de que se reúna esta
exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos alegados y, por ende, vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante.
2. Análisis de la Sala
2.1. El requisito general de relevancia constitucional
En sentencia del 5 de agosto de 20142, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a
otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela
tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen
sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
2
Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06756-01
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota
al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos
contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera
instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 3 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios,
ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o
la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
3. Caso concreto y solución del problema jurídico
En este caso, la Sala advierte que la presente tutela deviene improcedente porque
no cumple el requisito de relevancia constitucional, dada la falta de carga
argumentativa mínima.
Si bien el señor Elkin Fernando Gañán Pulgarín manifestó su desacuerdo con la
decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, e incluso
identificó como causales específicas de procedibilidad los defectos sustantivo,
fáctico, falta de motivación y desconocimiento del precedente, lo cierto es que no
explicó con claridad suficiente en qué consiste la transgresión invocada.
Como se sabe, el defecto material o sustantivo se caracteriza, principalmente, por
la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, que tiene origen
en el proceso de interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas que
gobiernan el asunto puesto en conocimiento del juez. Sin embargo, para que esa
falencia dé lugar a la procedencia del mecanismo de amparo constitucional, debe
evidenciarse una irregularidad de tal entidad, que indiscutiblemente lleve a que se
profiera una decisión que obstaculice o lesione la efectividad de prerrogativas
iusfundamentales4.
3
Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
4 Cfr. Sentencias SU-950 de 2014, SU-241 de 2015, SU-217 de 2016 y SU-395 de 2017 de la Corte
Constitucional.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
No basta, pues, con que la parte demandante alegue que se le vulneraron los
derechos fundamentales, para considerar que se cumple con el primer elemento del
requisito de relevancia constitucional. Para ello, es necesario sustentar amplia y
razonablemente el vicio endilgado a la decisión censurada, a fin de que el juez
constitucional cuente con suficientes elementos para decidir si una providencia
judicial vulnera o no derechos fundamentales.
De otra parte, se alega que la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico porque
no valoró en debida forma el material probatorio, en este caso el testimonio del
agente que impuso el comparendo; sin embargo, a juicio de la Sala, no bastaba con
señalar en abstracto que se presentó una falencia en la valoración probatoria, sino
que lo determinante era, además de precisar cuáles fueron los medios de prueba
que no se analizaron, explicar cómo la falta de valoración arrojó un resultado distinto
y por qué la conclusión del operador judicial estuvo desprovista de cualquier rigor o
fundamento.
Sin embargo, en este caso, lo que se advierte es un descontento genérico con la
decisión tomada en la providencia cuestionada, inconformidad a la que el señor
Gañán Pulgarín intenta darle el cariz de vicio o defecto respecto de la valoración
probatoria, simplemente porque no fue favorable a sus intereses.
Recuérdese que esta Corporación ha señalado que en la demanda de tutela el actor
no puede conformarse con identificar de manera escueta alguna de las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sino que es
necesario que tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente, que sea
producto de un discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso concreto.
Como se sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la
Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y
desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales5.
Así mismo, es menester mencionar que la valoración probatoria en nuestro sistema
se encuentra gobernada por el principio de la sana crítica o de la apreciación
razonada de las pruebas, actividad en la cual el fallador es libre de formarse su
convencimiento sobre la verificación de los enunciados fácticos, a partir de un
análisis conjunto e integral de los elementos probatorios, pero sujeto a las reglas de
5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-00380-
00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
la lógica y de la experiencia, y no a una convicción arbitraria, caprichosa o al margen
de lo que revelen los medios de prueba.
Esa tarea se logra cuando se motiva la decisión de manera racional con las pruebas
que obran en el proceso e incluso, a partir de las deficiencias que en esa carga
procesal de las partes advierta el sentenciador. Con todo, esa situación no exige el
estudio individual o detallado de cada uno de los medios suasorios, salvo que se
echen de menos aquellos que incidan directamente en el sentido de la decisión, al
punto que den lugar a una resolución distinta a la emitida, circunstancia que, como
se vio, no se presenta en este caso.
Respecto del cargo de decisión sin motivación, tampoco encuentra la Sala que se
cumpla la carga argumentativa mínima necesaria para tener por satisfecho el
requisito de relevancia constitucional, habida consideración de que el actor se limitó
a señalar que la providencia cuestionada carece de razones fácticas y jurídicas que
la sustenten.
En relación con el desconocimiento del precedente, lo expuesto en la demanda no
cumple con la carga argumentativa exigida, pues la parte actora se limitó a
identificar unas providencias de control de constitucionalidad6 que, si bien orientan
la interpretación de las normas revisadas en esa oportunidad7, no constituyen un
precedente que seguir a la hora de solucionar el caso concreto, dado que no ofrecen
subreglas jurisprudenciales que aplicar, ni contienen supuestos fácticos frente a los
cuales hacer comparación de algún tipo, al punto que hubieran llevado al Tribunal
demandado a proferir una decisión distinta.
Por consiguiente, lo manifestado por la solicitante no basta para considerar que se
cumpla con el primer elemento del requisito de relevancia constitucional, puesto que
resulta necesario que los señalamientos que se hagan en la demanda de tutela se
sustenten razonablemente, a fin de que el juez cuente con los parámetros
suficientes para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos
fundamentales.
6 C-530 de 2003 y C-633 de 2014.
7 Artículos 4, inciso primero; 129, inciso primero, parte final y parágrafo 2; 130, 131 (parcial), 133
aparte final, 135, inciso tercero, 136 (parcial) y 137 de la Ley 769 de 2002 «Por la cual se expide el
Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones»; y artículo 5 (parcial) de la
Ley 1696 de 2013 «Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para
sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas».
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06756-01
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Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Ahora bien, es cierto que en impugnación la parte actora amplió los argumentos
esgrimidos en la demanda original para cimentar los supuestos defectos alegados;
sin embargo, la Sala advierte que ese mecanismo no puede utilizarse para mejorar
los cargos inicialmente planteados y, por ende, mal haría en emitir pronunciamiento
de fondo al respecto, porque ello supondría desconocer las garantías de defensa y
contradicción de la contraparte, cuya intervención se circunscribió a los defectos y
argumentos expuestos en la solicitud de amparo.
Con todo, es evidente que la parte actora pretende revivir la controversia zanjada
por el juez natural de la causa y con ello convertir este valioso mecanismo
constitucional en una tercera instancia del proceso ordinario.
En efecto, de la lectura detenida de la sentencia objeto de reproche, se advierte que
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca analizó íntegramente el caudal
probatorio y desató cada uno de los argumentos que ahora el actor propone en la
tutela, sin encontrar en ellos causa alguna para atender favorablemente sus
súplicas.
En efecto, en la sentencia del 27 de septiembre de 2023, se expuso (transcripción
textual):
5. Caso concreto.
Visible en la página 17 del expediente digitalizado se encuentra orden de
comparendo No 76111000000606752 del 21 de junio de 2015. Del cual se
extrae:
“Observaciones del agente de tránsito Conductor se niega a hacer prueba de
embriaguez, abandona el lugar de la infracción dejando los documentos en
poder del agente de tránsito”
De los informes presentados en el curso del procedimiento administrativo
sancionatorio se extraen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
ocurrieron los hechos motivo de la imposición de la sanción así:
El 21 de junio de 2015 el señor ELKIN GAÑAN se encontraba en la terminal
de transporte de Buga cuando fue requerido por dos agentes de tránsito
debido a que su acompañante no portaba el casco reglamentario, que en ese
momento se elaboró la orden de comparendo por la codificación C.24 (Pág.
19 expediente digitalizado).
Se tiene que, al momento de estar realizando el respectivo comparendo por
el transporte de acompañante sin el uso de las medidas de seguridad
reglamentarias, se requirió al conductor para la realización de prueba de
embriaguez, a lo cual se negó y huyó del lugar, dejando en poder del
funcionario de tránsito los documentos que le fueron requeridos, esto es,
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06756-01
Demandante: Elkin Fernando Gañán Pulgarín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
licencia de conducción, licencia de tránsito del vehículo motocicleta de placas
BEW44C, SOAT y revisión tecnicomecanica.
Con fundamento en la orden de comparendo, la Secretaría de Tránsito y
Transporte del Municipio de Buga inicio el procedimiento sancionatorio en
contra del hoy demandante, surtidas las etapas de pruebas, emitió fallo en el
que resolvió declarar la responsabilidad contravencional de tránsito del señor
ELKIN FERNANDO GAÑAN impuso sanción pecuniaria equivalente a 1440
smlmv y canceló su licencia de conducción.
La decisión fue apelada y el recurso se desató mediante acto administrativo
STTM00716 del 06 de febrero de 2016, resolviendo desfavorablemente el
recurso de apelación presentado contra la decisión primigenia.
Analizadas las pruebas recaudadas en el expediente, para la Sala es claro
que la conducta desplegada por el hoy accionante en el momento en que se
impuso el comparendo No 76111000000606752 del 21 de junio de 2015
encuadra en el supuesto de hecho previsto en el parágrafo 3° del artículo 150
de la Ley 769 de 2002. El cual, tal como se dejó visto, prevé una fuerte sanción
en contra del conductor que se rehúse a la práctica de la prueba de
embriaguez.
Contrario a lo considerado por el juzgado, esta judicatura encuentra que la
decisión caprichosa del señor GAÑAN PULGARIN de negarse a la práctica
de la prueba de embriaguez y retirarse del lugar fue la única causa que dio
lugar a la imposición de la sanción y que no existió en el procedimiento
vulneración alguna a las garantías del debido proceso.
Para la Sala, la intervención en calidad de testigo del procedimiento del
agente de tránsito, no tiene la entidad suficiente para enervar la actuación
administrativa y tornarla ilegal, pues lo cierto es que la misma parte
accionante, tanto en el escrito de demanda como en sus intervenciones ante
la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Buga, aceptó que se
rehusó a la práctica de la prueba de alcoholemia y además que se retiró del
lugar, aduciendo razones tales como “considerar que el procedimiento era
injusto y arbitrario” (…)
Como se observa, la autoridad accionada analizó el testimonio del agente que
ofreció claridad sobre lo sucedido el día en que se emitió la orden de comparendo,
especialmente porque de allí se desprende que el ciudadano se negó a realizar la
prueba de alcoholemia y se fue del lugar de los hechos, incluso, dejando sus
documentos en manos del agente de tránsito, lo que indica que no dio tiempo para
mayores explicaciones ni le suministró a la autoridad la información requerida.
Asimismo, se observa que el Tribunal accionado, luego de realizar una valoración
íntegra del material probatorio, bajo el principio de la sana crítica y de la apreciación
razonada de las pruebas, llegó al convencimiento de que la sola «(…) intervención
en calidad de testigo del procedimiento del agente de tránsito, no tiene la entidad
suficiente para enervar la actuación administrativa», afirmación que no se advierte
como caprichosa o lejana a la realidad, toda vez que, como lo señaló la autoridad
judicial, el mismo señor Gañán Pulgarín reafirmó lo sucedido, al aceptar que se negó
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06756-01
Demandante: Elkin Fernando Gañán Pulgarín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
a practicarse la prueba de alcoholemia y se retiró del lugar sin culminar el
procedimiento con su propia rúbrica. De ahí que el operador judicial no le restara
valor al testimonio rendido por el compañero del agente que impuso el comparendo,
dado que no encontró en su dicho contradicción alguna con lo narrado por el propio
ciudadano demandante.
Las consideraciones que sirvieron de fundamento a la decisión censurada, en
criterio de la Sala, resultan razonables y no merecen reproche alguno desde el punto
de vista constitucional. El hecho de que la parte demandante no las comparta, no
significa que por ese motivo la autoridad judicial haya incurrido en los defectos
alegados, ni habilita al juez constitucional para reabrir el debate, convirtiendo la
acción de tutela en una instancia adicional.
En suma, la solicitud de amparo deviene en improcedente, porque no satisface la
exigencia de relevancia constitucional, en la medida en que el señor Gañán Pulgarín
no cumplió con la carga argumentativa mínima y, además, busca revivir la discusión
planteada, que ya fue razonablemente decidida en la providencia censurada, con el
claro propósito de crear una instancia adicional.
Por todo lo anterior, la Sala modificará la decisión impugnada, para declarar
improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Modificar la sentencia del 12 de diciembre de 2023, proferida por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, la cual quedará así:
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Elkin Fernando Gañán Pulgarín contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06756-01
Demandante: Elkin Fernando Gañán Pulgarín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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