Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06757-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06757-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06757-01
Consejero ponente: Conjuez Luis Felipe Botero Aristizábal
22 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Bogotá, D.C., 22 de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 11001-03-15-000-2023-06757-01
Demandante: JAVIER OSWALDO USCATEGUI ÁVILA
Demandado: SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN SEGUNDA
DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: DECISIÓN
Procede esta Sala de Conjueces a resolver la impugnación de la sentencia del 9
de febrero de 2024, proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo
de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Javier Oswaldo Uzcátegui Ávila formuló solicitud de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad, trabajo y al ejercicio de profesión u oficio; los cuales consideró
vulnerados por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida el 11 de
julio de 2023 dentro de proceso radicado al número 52001-23-33-000-2015-
00172-001.
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2. Según la acción de tutela, Javier Oswaldo Uzcátegui Ávila se vinculó
laboralmente a la Rama Jurisdiccional a partir del 4 de abril de 1988,
primeramente, como secretario de juzgado promiscuo municipal, luego como
oficial mayor de juzgado de instrucción, después, por concurso de méritos,
como juez territorial, promiscuo municipal, penal del circuito y, desde junio de
2006, sin solución de continuidad, como juez administrativo oral del circuito en
la ciudad de Pasto.
3. Advertido de la nivelación salarial dispuesta en la Ley 4ª de 1992, elevó
petición recabando la misma a la Dirección Seccional de la Administración
Judicial en la ciudad de Pasto; solicitud denegada mediante Resolución
número 3158 del 19 de julio de 2013.
4. Inconforme con la decisión negativa, el actor interpuso recursos de reposición y
en subsidio de apelación contra la Resolución 3158, lo cual dio lugar a las
Resoluciones 2236 del 4 de febrero y 2080 del 1° de julio 2014, que
confirmaron el acto impugnado.
5. El Consejo de Estado -Sala de Conjueces-, el 29 de abril de 2014, declaró la
nulidad del aparte de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, respecto de
salario de los funcionarios judiciales; providencia que partió del hecho que la
Rama Judicial estaba omitiendo y faltando al pago real de la prima especial de
servicio, bajo advertencia que no operaba prescripción de la referida
prestación, en cuanto el derecho se consolidaba a partir de la anulación. Esta
circunstancia motivó al actor, en asocio de otros funcionarios judiciales, a
solicitar nueva y conjuntamente de la Dirección Seccional de la Administración
Judicial con sede en San Juan de Pasto, el pago de la prima especial de
servicios causada desde 1993.
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6. Lo pedido le fue negado mediante Resolución 2018 del 1 de julio de 2014, que,
impugnada por reposición y apelación, fue confirmada.
7. En completo disenso con lo decidido por la autoridad administrativa, en
ejercicio del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho, el actor
demandó en sede judicial la anulación de los actos denegatorios, en proceso
ordinario que, radicado bajo el número 52001233300020150017200, fue
despachado parcial y favorablemente por el Tribunal Administrativo de Nariño -
Sala de Conjueces- que, a los 18 días de diciembre de 2018, inaplicó los
decretos dictados en 1993 por el Gobierno Nacional sobre prima especial de
servicios, reconoció el carácter salarial de dicha prestación y dispuso su
reliquidación de prestaciones desde la misma anualidad (1993), con condena
en costas a cargo de la parte vencida.
8. Inconforme con la decisión de primera instancia, la Nación-Rama Jurisdiccional
apeló la sentencia, por lo que el proceso subió al Consejo de Estado que, en
Sala de Conjueces de la Sección Segunda, a 11 de julio de 2023 dispuso: (i)
declarar probada la prescripción trienal de los períodos que anteceden al 28 de
junio de 2010 de las acreencias laborales reclamadas por el señor Javier
Oswaldo Uzcátegui Ávila, en aplicación de la sentencia de unificación de 2 de
septiembre de 2019, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala
Plena de Conjueces, expediente 41001-23-33-000-2016-00041-02; (ii) revocar
la condena en costas y agencias en derecho; (iii) confirmar parcialmente la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de
Conjueces, que accedió a las súplicas de la demanda dentro del proceso
promovido por el señor Javier Oswaldo Uzcátegui Ávila contra la Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
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9. Insatisfecho con la decisión y al dar por violados o desconocidos sus derechos
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al
trabajo y al ejercicio de profesión u oficio, demandó constitucionalmente su
salvaguarda y protección.
10. La acción de tutela en primera instancia fue resuelta desfavorablemente para
el actor por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado,
mediante providencia del 9 de febrero de 2024.
11. El actor impugnó oportunamente la anterior decisión y, por reparto, le
correspondió a los H. Consejeros Fredy Ibarra Martínez, Martín Bermúdez
Muñoz y Alberto Montaña Plata.
12. En escrito del 14 de mayo de 2024 los anteriores Magistrados manifestaron
que se consideraban impedidos para conocer del presente asunto, comoquiera
que el amparo constitucional pretendido tiene relación directa “con la prima
especial de servicios del 30% que devengan los jueces del país, prestación
que tiene como beneficiarios, entre otros funcionarios, a los magistrados de
tribunal, magistrados auxiliares de las altas cortes y procuradores judiciales
delegados ante estas corporaciones”.
13. Así las cosas, se dispuso el sorteo de conjueces, el cual fue realizado el 16 de
mayo de 2024.
14. Mediante auto de 27 de mayo de 2024 el impedimento fue declarado fundado
por la Sala de Conjueces, por lo que corresponde entonces a esta Sala
resolver la impugnación presentada contra la sentencia del 9 de febrero de
2024.
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II. LA SENTENCIA IMPUGNADA
La Sala de Subsección C consideró que la acción de tutela formulada por el actor
no superó los requisitos de procedencia. En concreto, estimó que no tenía
relevancia constitucional y no cumplió la condición de subsidiariedad exigida por la
Constitución y, en consecuencia, la declaró improcedente.
En cuanto al requisito de relevancia constitucional concluyó que la tutela se
trataba de un asunto meramente legal y de contenido patrimonial o económico, ya
que no explicó cómo la declaración de prescripción de algunos de sus derechos
laborales y la revocación de la condena en costas, afectó sus derechos
fundamentales. Dijo la Sala que no se probó ni justificó razonablemente la
existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental. Lo
pretendido por el tutelante era reabrir una controversia ya zanjada, en la que la
autoridad judicial realizó el correspondiente análisis, el cual no resulta arbitrario,
irrazonable o caprichoso.
Por su parte, desestimó -por no cumplir el requisito de subsidiariedad- el
argumento del accionante quien alegó una violación a su debido proceso por: “la
falta de congruencia de la sentencia que desató la apelación (Art. 281 CGP) en
tanto no abarcó los temas planteados al momento de descorrer traslado del
recurso de apelación, reiterados y complementados en alegatos de segunda
instancia, en donde se cuestiona, incluso la competencia de LA SALA DE
CONJUECES –SECCION SEGUNDA, para modificar jurisprudencia del
CONSEJO DE ESTADO en punto de la prescripción cuando está de por medio un
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acto administrativo de carácter general o en su defecto la pretensión de
inaplicación de una norma por ser inconstitucional o ilegal en el caso concreto”.
Sostuvo la Sala que cuando el funcionario judicial no se pronuncia de manera
expresa sobre un punto debatido en el proceso, el interesado tiene a su alcance la
solicitud de complementación y el recurso extraordinario de revisión por
vulneración del principio de congruencia.
III. LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con la anterior decisión, el actor la impugnó, en síntesis, de la
siguiente manera:
1. Propuso que la acción si tiene relevancia constitucional, pues se está en
presencia de un órgano de cierre que se ha apartado del precedente
jurisprudencial sin argumentos que lo soporten.
2. Los derechos conculcados, por ser de rango laboral son imprescriptibles y,
por ende, tienen categoría constitucional.
3. No se podía reclamar del actor acudir a la complementación de la
providencia o al recurso extraordinario de revisión, por lo que sí se cumplió con el
requisito de subsidiariedad de la tutela.
IV. CONSIDERACIONES
La providencia impugnada será confirmada por las siguientes razones:
1. En sede de impugnación corresponde a la Sala revisar los argumentos
concretos de reparo que se han hecho a la sentencia de primera instancia.
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2. De primera mano la Sala de Conjueces no encuentra que las conclusiones
vertidas en dicha sentencia ameriten su revocatoria. En primer lugar, viene siendo
objeto de línea jurisprudencial el concepto de “relevancia constitucional” y, al
menos de la descripción contenida en la misma, es acertado concluir que la
oposición de la tutela a la providencia atacada corresponde a una divergencia
interpretativa sobre el alcance de los derechos reclamados. Los mismos
claramente tienen un tinte económico individual que no suponen -ni el actor lo
alega- una violación a su mínimo vital. Por ende, no encuentra posible la Sala de
Conjueces afincar un elemento que trastoque la sentencia impugnada por estos
motivos.
3. Por su lado, no puede acompañarse la teoría de la impugnación según la
cual la imprescriptibilidad de un derecho automáticamente eleva la disputa o su
naturaleza a condición de relevancia constitucional, pues ello implicaría lisa y
llanamente el paralelismo competencial entre la justicia constitucional y la laboral,
desquiciando con ello la estructura burocrática judicial y la especialidad que
orienta a la justicia laboral.
4. La misma suerte corre la idea del elemento de la subsidiariedad. Para evitar
convertir a la acción de tutela en una tercera instancia que haga interminables las
controversias jurídicas, es razonable constitucionalmente exigir del actor un
despliegue concreto para que en el foro ordinario del proceso matriz cumpla con
una serie de cargas encaminadas a impedir la materialización de cualquier defecto
atributivo del actuar judicial. La sentencia del 9 de febrero de 2024, proferida por la
Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado precisamente enfatiza esta
consideración exigiendo el agotamiento de la complementación y del recurso de
revisión ante las supuestas patologías que el actor sindica a la sentencia del Sala
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de Conjueces de la Sección Segunda, a 11 de julio de 2023. Al no advertirlas
satisfechas, deviene incuestionable concluir que no se superó el test de
subsidiariedad constitucionalmente impuesto a la herramienta de tutela.
V. RESUELVE:
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia del del 9 de febrero de 2024, proferida por
la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado.
SEGUNDO. - NOTIFÍQUESE a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. - ENVÍESE dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, inciso 2º del Decreto 2591 de
1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS FELIPE BOTERO ARISTIZÁBAL JUAN PABLO CARDENAS MEJÍA
Conjuez Ponente Conjuez
JESÚS MARINO OSPINA MENA
Conjuez
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