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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06767-00

Fecha
29 de febrero de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06767-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del requisito general de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06767-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

29 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06767-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: EFRAÍN VANEGAS GALEANO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR CARENCIA DEL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD.
ACTOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE LOS CUALES SE NEGÓ
CONCEPTO FAVORABLE PARA TRASLADO DE PERSONAL.
REITERACIÓN.

DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
SEGURIDAD SOCIAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE

SANTANDER1 y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -

UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL2.

1
En adelante el Consejo Seccional.
2
En adelante la Unidad de Carrera Judicial.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06767-00
Actor: EFRAÍN VANEGAS GALEANO

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor EFRAÍN VANEGAS GALEANO, actuando en nombre propio,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad

social, los cuales estima vulnerados por el CONSEJO SECCIONAL y

la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL al haber proferido las

resoluciones núms. CSJSA 023-1094 de 13 de julio y CSJSAR23-473

de 26 de julio, respectivamente, a través de las cuales se resolvió de

manera desfavorable su solicitud de traslado como servidor de

carrera judicial.

I.2. Hechos

Manifestó que se encuentra vinculado en propiedad a la RAMA

JUDICIAL, en el cargo de secretario nominado en el JUZGADO

TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA3 desde

el 15 de julio de 2022.

3
En adelante el Juzgado.

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Actor: EFRAÍN VANEGAS GALEANO

Indicó que el 10 de julio de 2023, solicitó al CONSEJO SECCIONAL

traslado como servidor de carrera judicial al JUZGADO TERCERO

PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES DE

BUCARAMANGA.

Afirmó que el CONSEJO SECCIONAL mediante oficio núm. CSJSA

023-1094 de 13 de julio de 2023, resolvió no rendir concepto

favorable respecto a su solicitud de traslado, toda vez que: i) no se

cumplió el presupuesto de compatibilidad entre el cargo que ostenta

en propiedad y el cargo al cual aspira ser trasladado y, ii) no se

aportó junto con la petición la última calificación integral de servicios.

Sostuvo que inconforme con lo anterior, el 18 de julio de 2023

presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación ante el

CONSEJO SECCIONAL que, mediante Resolución núm. CSJSAR23-

473 de 26 de julio de 2023, confirmó el concepto desfavorable de

traslado y concedió el recurso de apelación.

Señaló que para la fecha de presentación de la acción de tutela no

se había resuelto el recurso de apelación.

I.3 Fundamentos de la solicitud

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Actor: EFRAÍN VANEGAS GALEANO

Aseveró que la acción de tutela es procedente, por cuanto el estudio

de legalidad de los actos administrativos a través del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho no resulta ser un

mecanismo judicial idóneo, ni eficaz para impedir el perjuicio

irremediable que se le está ocasionando a sus derechos como

servidor judicial en carrera.

Sostuvo que las peticiones de traslado constituyen un derecho

legítimo del personal vinculado en propiedad, sin embargo, el

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA excedió sus facultades

reglamentarias al incorporar nuevos requisitos que limitan las

posibilidades para acceder al traslado.

Manifestó que en las convocatorias para acceder al cargo de

secretario de circuito y equivalentes para cualquiera de las

especialidades, no se exigía la experiencia especifica sino

relacionada, razón por la cual cuestionó que el requisito de afinidad

o compatibilidad sea exigido al momento de solicitar el traslado, pues

no es un requerimiento previsto en la ley.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

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como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. Que se amparen mis derechos fundamentales al derecho al
debido proceso, la igualdad y de la Carrera Administrativa (Ser
beneficiario de las prerrogativas consagradas a para los servidores
judiciales vinculados en propiedad), que han sido vulnerados por
las entidades accionadas.
2. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO las resoluciones
CSJSAO23-1094 de fecha 13 de julio de 2023 y la No. CSJSAR23-
1094 de fecha 26 de julio de 2023, expedidas por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander
3. Que se ordene al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
SANTANDER, que en el término improrrogable de CUARENTA Y
OCHO (48) horas, se pronuncie nuevamente frente a mi petición
de traslado, teniendo en cuenta únicamente los requisitos
establecidos en la Ley 771 de 2002 esto es, sin exigencia de la
condición dispuesta en el Acuerdo PCSJA 17-10754 del 18 de
septiembre de 2017, en cuanto a la especialidad, ni la exigencia de
la última calificación integral de servicios en firme del cargo y
despacho desde el cual solicita el traslado […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El CONSEJO SECCIONAL afirmó que en ejercicio de las

funciones asignadas en la Ley 270 de 19964 y en el Acuerdo

PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 20175, mediante oficio

núm. CSJAO23-1094 de 13 de julio de 2023 resolvió

desfavorablemente la petición de traslado formulada por el actor, en

atención a que, la solicitud de traslado no respetó la especialidad del

cargo que ostenta en propiedad con el cargo al que pretende ser

trasladado, esto, de conformidad con lo estipulado en el artículo

4
“Estatutaria de la Administración de Justicia”.
5
“Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se dictan otras
disposiciones en la materia”.

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décimo tercero del Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de

2017 modificado por el Acuerdo PCSJA22-11956 del 17 de junio de

2022.

Igualmente, aseguró que junto con la petición de traslado el actor no

aportó la última calificación integral de servicios en firme del cargo y

despacho desde el cual solicita el traslado, razón por la que no se

logró rendir el concepto favorable.

Finalmente, señaló que la acción de tutela es improcedente por

cuanto el actor cuenta con otro medio de defensa judicial para

satisfacer los derechos fundamentales invocados.

I.5.2.- La UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL manifestó que no se

ha vulnerado los derechos fundamentales del actor, por cuanto

mediante la Resolución núm. CJR23-0410 de 31 de octubre de 2023

resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el concepto

desfavorable de traslado.

Indicó que las razones que fundamentaron el concepto desfavorable

de traslado y que dieron lugar a confirmar dicha decisión, se ciñen al

incumplimiento de los requisitos de “[…] i) afinidad entre el cargo de

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origen y de destino y ii) la calificación integral de servicios en firme

del cargo y despacho del cual solicita el traslado […]”.

Recalcó que el requisito de afinidad de funciones está determinado

por las normas procesales en las que se definen las reglas de

jurisdicción y competencia y, por lo tanto, en atención a lo señalado

en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996 el único criterio de valoración

para la procedencia de los traslados es la afinidad de funciones.

Del mismo modo, señaló que la exigencia del requisito de la última

calificación integral de servicios se encuentra acorde a lo dispuesto

en la Sentencia C- 295 de 2002 en la que al estudiar la exequibilidad

de la Ley 771 de 2002 que modificó y adicionó el artículo 134 de la

Ley 270 de 1996 determinó que, entre los elementos objetivos a

tener en cuenta al evaluar las solicitudes de traslado, era menester

verificar las condiciones de ingreso a la carrera judicial y los

resultados de las evaluaciones de desempeño.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO señaló que el despacho judicial solamente está

obligado a efectuar una eventual calificación de los servicios del actor

con el fin de adelantar la autorización de un traslado, razón por la

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que no podría endilgársele el quebrantamiento o vulneración de los

derechos fundamentales invocados como vulnerados en el escrito de

la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

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2591 de 19 de noviembre de 19916. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efecto las resoluciones núms. CSJSA 023-1094 de 13 de

julio de 2023 y CSJSAR23-473 de 26 de julio de 2023, proferidas el

CONSEJO SECCIONAL y la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL,

respectivamente, por medio de las cuales se resolvió de manera

desfavorable la solicitud de traslado como servidor de carrera

judicial.

El actor cuestionó los requisitos implementados por el CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA para proveer las solicitudes de

traslado de los empleados de carrera judicial.

Sostuvo que las peticiones de traslado constituyen un derecho

legítimo del personal vinculado en propiedad, sin embargo, la entidad

6
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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excedió sus facultades reglamentarias al incorporar nuevos requisitos

que limitan las posibilidades para acceder al traslado.

Manifestó que en las convocatorias para acceder al cargo de

secretario de circuito y equivalentes para cualquiera de las

especialidades, no se exigía la experiencia especifica sino relacionada

y, por lo tanto, cuestionó que el requisito de afinidad o compatibilidad

sea exigido al momento de solicitar el traslado, pues no es un

requerimiento previsto en la ley.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, establecer si el CONSEJO SECCIONAL y la UNIDAD DE

CARRERA JUDICIAL vulneraron las garantías fundamentales

deprecadas por el actor, al expedir los actos administrativos que

resolvieron de manera desfavorable su petición de traslado.

Cabe señalar que revisando el nuevo material probatorio obrante en

el expediente, la Sala advierte que durante el trámite de la presente

acción constitucional la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL profirió

la Resolución núm. CJR23-410 de 31 de octubre de 2023, por medio

de la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó el concepto

desfavorable de traslado.

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En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, en

especial, el requisito de subsidiariedad.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el

cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la

Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que

«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que

aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio

irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto,

en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra

el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues sólo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

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Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de amparo

y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se dirijan ante el

juez ordinario que de manera preferente debe conocer del fondo del

asunto.»7 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Con todo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 8 en reiteradas

oportunidades ha reconocido que cuando se controviertan actos

administrativos referentes al traslado de servidores judiciales, el juez

constitucional de manera excepcional podrá analizar el asunto de

fondo, siempre que tal pronunciamiento resulta ostensiblemente

arbitrario, que fuera adoptado de forma intempestiva o que se vean

7 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.
8
Sentencias T-060 de 13 de febrero de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-302 de 10 de
julio de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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afectados directamente los derechos fundamentales invocados. En

efecto, el Alto Tribunal Constitucional ha discurrido sobre el particular

de la siguiente manera:

«[…] La Corte Constitucional ha sostenido que, en principio,
la acción procedente para controvertir actos relacionados con
el traslado, es la acción ordinaria respectiva, no obstante, de
manera excepcional ha señalado que podrá hacerlo el juez de
tutela cuando el traslado: «[…] (i) sea ostensiblemente
arbitrario, es decir, carezca de fundamento alguno en su
expedición, (ii) fuere adoptado en forma intempestiva y, (iii)
afecte en forma clara, grave y directa los derechos
fundamentales del actor o de su núcleo familiar […] »9.

Esto último sucede cuando la decisión de la administración
amenace de manera grave la situación del trabajador o de su
núcleo familiar, porque «[…] (i) el traslado tenga como
consecuencia necesaria la afectación de la salud del servidor
público o de alguno de los miembros de su núcleo familiar,
especialmente porque en la localidad de destino no existan
condiciones adecuadas para brindarle el cuidado médico
requerido; (ii) cuando la decisión de trasladar al trabajador es
intempestiva y arbitraria y tiene como consecuencia necesaria
la ruptura del núcleo familiar, siempre que no suponga
simplemente una separación transitoria u originada en
factores distintos al traslado o a circunstancias superables;
(iii) cuando quede demostrado que el traslado pone en serio
peligro la vida o la integridad personal del servidor púbico o
de su familia. En los anteriores eventos, la Corte ha enfatizado
que no toda implicación de orden familiar y económico del
trabajador causada por el traslado, tiene relevancia
constitucional y amerita la procedencia del amparo
transitorio. Las circunstancias completas deben revestir
particular gravedad, de manera tal que sea necesario el
concurso del juez constitucional para conjurar un perjuicio
irremediable […] »10

En el presente asunto la Sala advierte que, en efecto, la presente

acción de tutela es improcedente por carecer del requisito general de

9
Corte Constitucional, sentencia T-109 de 2007.
10
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2005.

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la subsidiariedad comoquiera que, en la medida en que el CONSEJO

SECCIONAL y la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL negaron al

actor el concepto favorable para su traslado a través de las

resoluciones núms. CSJSA 023-1094 de 13 de julio de 2023,

CSJSAR23-473 de 26 de julio de 2023 y CJR23-410 de 31 de octubre

de 2023, inclusive, actos administrativos que son susceptibles de ser

controvertidos a través del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, mecanismo en el cual puede solicitar

la adopción de medidas cautelares incluso de urgencia conforme con

los artículos 229 y subsiguientes del CPACA.

Al respecto cabe anotar que, en relación con la improcedencia de

la acción de tutela para controvertir actos administrativos

relativos a traslados de personal, en sentencia de 7 de julio de

202311, esta Sala reiteró la posición sobre el tema y señaló lo

siguiente:

“[…] 34. Descendiendo al caso de la referencia, se advierte que
la parte actora aduce que las autoridades accionadas vulneraron
sus derechos fundamentales con ocasión de la expedición del
Oficio núm. 110 de 22 de noviembre de 2022, elaborado por la
funcionaria Claudia María Granados Rodríguez, proferido por
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, y de la
Resolución CJR23-0087 1° de marzo de 2023, proferida por
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial. Mediante los actos administrativos citados con

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de junio
de 2023, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 1001-03-15-000-2023-
01317-01.

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antelación, las accionadas emitieron concepto desfavorable a la
solicitud de traslado elevada por la señora Cardona Vega.

35. En los actos administrativos aquí enjuiciados, se puso
de presente que no era posible emitir concepto favorable
de la solicitud de traslado elevada teniendo en cuenta que
el ahora accionante no allegó la última calificación de
servicios del cargo y despacho del que solicita el traslado,
tal como lo exige el artículo 13 del Acuerdo PCSJA17-
10754 de 2017.

36. Precisado lo anterior, y tal como se explicó en el acápite
VIII.3. de esta providencia, la acción de tutela, por regla
general, resulta improcedente cuando pretenda controvertir la
legalidad de los actos administrativos de contenido particular, en
razón a que los asociados cuentan con un medio de defensa
ordinario como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual es el mecanismo idóneo
para solicitar la anulación y la suspensión de los actos de la
administración que lesionan el ordenamiento jurídico y, debido
a esto, afectan derechos fundamentales.

37. Cabe mencionar que en este mismo sentido ya se ha
pronunciado esta Sala de Decisión, tal y como ocurrió en
recientes decisiones de fecha 12 de mayo de 2022, del 21
de octubre de 2022 y del 20 de enero de 2023; en donde
se planteó que los actos administrativos de carácter
particular que emiten concepto desfavorable a la solicitud
de traslado son susceptibles de demandarse y/o
cuestionarse ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, vía medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

38. Significa lo anterior que la aquí accionante cuenta con
un medio de defensa judicial, como lo es el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, a
través del cual puede discutir la legalidad de los actos
administrativos en cuestión, en el que, además, podrá
solicitar medidas cautelares.

39. Siguiendo esa misma línea argumentativa, debe resaltarse
que la jurisprudencia tanto de esta Corporación como de la Corte
Constitucional han sido enfáticas en sostener que las medidas
cautelares previstas en los artículos 229 y s.s. de la Ley 1437 de
2011 resultan ser un medio de defensa idóneo y eficaz para
obtener la suspensión provisional de los actos administrativos
que se cuestionen ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, por lo que ya no es de recibo el argumento según
el cual los medios de control no son eficaces ni oportunos para
la salvaguarda de las garantías fundamentales.

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40. Adicionalmente, debe resaltarse que en el presente caso no
se observa la vulneración de los derechos fundamentales del
extremo actor, porque el concepto desfavorable de la solicitud
de traslado estuvo fundamentado en que no se aportó el formato
de calificación. A ello se agrega que dicha exigencia se encuentra
prevista en el artículo 13 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017,
disposición que se encuentra vigente y goza de presunción de
legalidad, porque no ha sido declarada nula ni suspendida
provisionalmente por esta jurisdicción.

41. De allí que la decisión de la entidad accionada no se aprecia
arbitraria ni caprichosa y, por tanto, no se evidencia por parte
del juez constitucional la afectación de las garantías que se
aducen transgredidas […]” (Destacado fuera de texto).

En la providencia en cita, esta Sala estudió un caso en el que una

servidora también alegaba que la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL

había exigido requisitos no previstos en la normatividad para emitir

un concepto favorable de traslado.

En la referida oportunidad, se declaró improcedente la acción de

tutela, por cuanto la actora contaba con otro medio de defensa

judicial para controvertir las actuaciones administrativas que

denegaron el concepto favorable de traslado, en razón a que la

interesada no aportó la última calificación de servicios respecto del

cargo del cual solicitaba el traslado, conforme con el artículo 1312 del

Acuerdo PCSJA17- 10754 de 2017.

12
“[…]ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Evaluación y concepto. Presentada la solicitud, la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial, o el Consejo Seccional de la Judicatura, según sea la competencia,
efectuará la evaluación sobre la situación del solicitante, teniendo en cuenta entre otros criterios la
última evaluación de servicios en firme respecto del cargo y despacho desde el cual solicita el traslado
[…]”.

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Actor: EFRAÍN VANEGAS GALEANO

En ese sentido, la Sala itera que la presente acción de tutela es

improcedente por no cumplir el requisito general de la

subsidiariedad, toda vez que el actor cuenta con otro medio de

defensa judicial, esto es, el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, a través del cual puede cuestionar

la legalidad de los actos administrativos que resolvieron de manera

desfavorable la solicitud de traslado.

Asimismo, en el caso bajo estudio, la Sala no advierte la existencia

de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela

de la referencia como mecanismo transitorio, dado que de los

elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible

establecer dicha circunstancia.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la

solicitud de amparo por incumplimiento del requisito general de la

subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06767-00
Actor: EFRAÍN VANEGAS GALEANO

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por

carecer del requisito general de subsidiariedad, de conformidad con

lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de febrero de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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