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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-06774-00

Fecha
16 de febrero de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-06774-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la sociedad Transgraneles S.A.S., por las razones expuestas. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06774-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

16 de febrero de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06774-00
Demandante: Transgraneles S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06774-00
Demandante: TRANSGRANELES S.A.S.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTRO

Temas: Contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la sociedad Transgraneles S.A.S.
contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Quinto Administrativo de
Valledupar.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 19 de diciembre de 2022, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderada judicial, la sociedad Transgraneles S.A.S. pidió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela
efectiva. A juicio de la sociedad actora, la vulneración se presenta con ocasión de las
sentencias del 7 de febrero de 2020 y del 4 de agosto de 2022, dictadas, en su orden,
por el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del
Cesar. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: CONCEDER el amparo constitucional a los derechos fundamentales al debido proceso
(art. 29 C. P.), al acceso a la administración de justicia y la tutela jurisdiccional efectiva (art. 229 C.
P.) y demás normas concordantes, vulnerados a TRANSGRANELES S.A.S.

SEGUNDA: REVOCAR la sentencia del 07 de febrero de 2020, proferida en primera instancia por
el JUZGADO QUINTO (5°) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR,
dentro del proceso de radicado No. 20001-33-31-005-2016- 00127-00, así́ como la sentencia del
04 de agosto de 2022, emitida en segunda instancia por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
CESAR, dentro del proceso con radicado No. 20001-33-33-005-2016-00127-01.

TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR que, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, emita una nueva
providencia en la que resuelva el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia, proferida por el JUZGADO QUINTO (5°) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE VALLEDUPAR, dentro del proceso con radicado No. 20001-33-31-005-2016-00127-00,
teniendo en cuenta lo expuesto en este escrito y protegiendo los derechos fundamentales de mi
representada. ADECUANDO EL FALLO a los preceptos normativos correctos y vigentes.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. Por Resolución No. 4622 del 19 de septiembre de 2011, el superintendente delegado
de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor dio apertura a la investigación
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Demandante: Transgraneles S.A.S.

sancionatoria administrativa a la empresa Transgraneles S.A. (hoy Transgraneles
S.A.S.), por la presunta trasgresión al literal d) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, en
concordancia con lo normado en al artículo 8º de la Resolución No. 4100 de 2004 –
modificado por el artículo 1º de la Resolución 1782 de 2009– y lo señalado en el artículo
1º, código 560, de la Resolución No. 10800 de 2003. Lo anterior, por cuanto un vehículo
asociado a esa empresa transportaba carga con un peso superior al máximo autorizado.

2.2. Mediante Resolución No. 569 del 1º de febrero de 2012, la Superintendencia de
Puertos y Transporte sancionó a la sociedad Transgraneles S.A.S. con multa de $
5.217.450, al encontrar tipificada la falta de “exceso en los límites permitidos sobre
dimensiones, peso o carga”.

2.3. La sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en
contra de la anterior decisión, resueltos de manera desfavorable por Resoluciones Nos.
2138 del 13 de marzo de 2013 y 7596 del 13 de mayo de 2015.

2.4. La sociedad Transgraneles S.A.S. promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Puertos y Transportes –hoy
Superintendencia de Transporte–, con el objeto de obtener la nulidad de las resoluciones
No. 4622 de 2011, 569 de 2012, 2138 de 2013 y 7596 de 2015. A título de
restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la parte demandada a
exonerarla de cualquier responsabilidad de tipo sancionatorio o pecuniario.

2.4.1. En el concepto de violación, la parte demandante relacionó como normas violadas
el artículo 83 de la Constitución Política, los artículos 42 y 137 del CPACA y los artículos
7, 8 y 9 del Decreto 3366 de 2003. Fundamentó la demanda en que el acto sancionatorio
era violatorio del debido proceso, porque: (i) no se decretaron las pruebas que solicitó la
empresa en el trámite administrativo; (ii) se inaplicó el principio de in dubio pro reo; (iii)
incurrió en falsa motivación por indebida valoración probatoria, (iv) era improcedente la
sanción contra la empresa, en cuanto debió dirigirse al conductor del vehículo.

2.5. La demanda fue repartida al Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar, que, por
auto del 19 de abril de 2016, la admitió.

2.6. El 4 de julio de 2019, la parte actora presentó los alegatos de conclusión en sede de
primera instancia, oportunidad en la que alegó que había operado el decaimiento del
acto administrativo, como consecuencia de una suspensión provisional y declaratoria de
nulidad posterior de unos artículos del Decreto 3366 de 2003, situación que conllevaba
a la pérdida de la fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 10800 de 2003, fundamento
normativo del acto sancionatorio. Apoyó sus alegaciones en el concepto del 5 de marzo
de 2019, expedido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

2.7. Mediante sentencia del 7 de febrero de 2020, el Juzgado Quinto Administrativo de
Valledupar denegó las pretensiones de la demanda. La autoridad judicial precisó, en
primer lugar, que la Resolución No. 004622 de 2011, que dio apertura a la investigación
administrativa contra la sociedad actora, se trataba de un acto administrativo de trámite,
por lo cual no se pronunciaría sobre su legalidad.

2.7.1. Por otra parte, consideró que la denegación de las pruebas solicitadas por la
empresa durante el trámite administrativo sancionatorio se ajustó a derecho y descartó
la falsa motivación alegada con la revisión del contenido de los actos sancionatorios con
la norma aplicada para imponer la multa, al encontrar correcta la adecuación típica de la
conducta sancionable.

2.7.2. Finalmente, en cuanto al alegato propuesto por la parte demandante en los
alegatos de conclusión, sostuvo que si bien era cierto que el Consejo de Estado anuló
las disposiciones contenidas en la Resolución No. 10800 de 2003, esa declaratoria había
ocurrido con posterioridad a la ejecutoria de la sanción que le fue impuesta a la empresa.
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Demandante: Transgraneles S.A.S.

2.8. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora apeló y el Tribunal Administrativo
del Cesar, por sentencia del 4 de agosto de 2022, la confirmó. En concreto, el tribunal
estimó que: (i) el argumento de alzada relativo al decaimiento o pérdida de fuerza
ejecutoria no podía estudiarse, pues no fue planteado en el concepto de violación de la
demanda, de ahí que no debió analizarse por el juez de primera instancia, y (ii) fue
acertada la valoración probatoria que efectuó la Superintendencia demandada y se
acreditó fehacientemente la existencia de la falta o infracción.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. La parte actora, de manera preliminar, manifestó que la acción de tutela cumplía con
el requisito de relevancia constitucional, por cuanto no se interpuso a manera de
instancia adicional, sino para dirimir una controversia sobre la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a
la tutela efectiva de esa sociedad y al patrimonio.

3.2. En cuanto al fondo del asunto, sostuvo que las sentencias del 7 de febrero de 2020
y del 4 de agosto de 2022, dictadas por el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar
y por el Tribunal Administrativo del Cesar, respectivamente, incurrieron en defecto
sustantivo, por las siguientes razones:

3.2.1. Que desecharon arbitrariamente los argumentos que propuso la sociedad
demandante frente al decaimiento del régimen sancionatorio en el sector transporte y
consecuente pérdida de ejecutoria de los actos administrativos sancionatorios, por
considerar que no fueron expuestos en la demanda, sin tener en cuenta que para ese
momento, la Sala de Consulta y Servicio Civil no había emitido el concepto relativo a
“sanciones administrativas en el transporte público terrestre automotor. Decreto 3366 de
2003 y Resolución 10800 de 2003 del Ministerio de Transporte”, el cual se expidió el 5
de marzo de 2019. Que, por lo anterior, las oportunidades procesales para presentar los
argumentos relativos a la pérdida de ejecutoria de los actos demandados fueron los
alegatos de conclusión de primera instancia (presentados en el mes de julio de 2019), el
recurso de apelación y los alegatos de conclusión de segunda instancia.

3.2.2. Que el tribunal no podía pretender que Transgraneles S.A.S. discrepara sobre
asuntos que generaban confusión para la época de los hechos y que fueron resueltos
hasta el mes de marzo de 2019.

3.2.3. La parte demandante manifestó que en el caso objeto de estudio se estaba frente
a un inminente decaimiento de los supuestos normativos que fundamentaron el acto
administrativo sancionatorio por medio del cual la Superintendencia de Puertos y
Transporte resolvió la investigación adelantada en contra de Transgraneles S.A.S., pues
para ese momento se encontraban suspendidos los artículos 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20,
22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 57 del Decreto 3366 de 21
de noviembre de 2003, en virtud de la suspensión provisional decretada en auto del 22
de mayo de 2008, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso
de nulidad simple No. 2009-00098-00. Que, por lo tanto, también estaba suspendida
Resolución 10800 de 2003 – expedida con base en las facultades otorgadas por dicho
decreto– cuyo artículo 1º, código 560, fue el que se aplicó a la conducta sancionada,
circunstancia que, aduce, deriva en la configuración de una atipicidad y aplicación
irregular de la normatividad.

3.2.4. Por otro lado, manifestó que en la investigación administrativa que dio lugar a los
actos sancionatorios se vulneró el principio de legalidad y la reserva de ley, porque los
criterios de graduación determinados en el memorando interno número 20118100074403
del 10 de octubre de 2011 para sancionar a las empresas de transporte público terrestre
en la modalidad de carga, no se encuentran establecidos en la ley. Que, siendo así, como
la sanción impuesta no se ciñó a los principios orientadores de las actuaciones
administrativas establecidos en el artículo 3 del CPACA, ni bajo los parámetros de
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graduación de la sanción del artículo 50 ibidem, se desvirtuaban los argumentos de la
sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Quinto Administrativo de
Valledupar, en cuanto dijo que los actos administrativos se encontraban revestidos del
principio de legalidad, así como que la imposición y tasación de la sanción era
jurídicamente permitida.

3.2.5. Que las autoridades judiciales demandadas debieron aplicar el principio de
favorabilidad, conforme con el cual “si después de cometido el delito o la falta disciplinaria
entra en vigencia una nueva ley que hace desaparecer el tipo penal o la falta reprochada,
debe aplicarse la norma más favorable, aun cuando el caso se encuentre definitivamente
terminado”.

4. Trámite procesal

4.1. Por auto del 12 de enero de 2023, el despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados
del Tribunal Administrativo del Cesar y al juez quinto administrativo de Valledupar.
Adicionalmente, vinculó en calidad de tercero con interés, a la superintendente de
transporte.

4.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 19 de enero de
20231.

5. Intervenciones

5.1. La magistrada del Tribunal Administrativo del Cesar, ponente de la decisión
acusada, solicitó que se denegaran las pretensiones de la acción de tutela, por cuanto,
a su juicio, la sentencia del 4 de agosto de 2022 no era constitutiva de vía de hecho
judicial y se dictó amparada en las normas jurídicas y en ejercicio de la autonomía del
juez competente.

5.1.1. Explicó que dado que el primer argumento del recurso de apelación que presentó
la sociedad actora no fue esgrimido en la demanda (relativo al decaimiento del acto
administrativo) esa corporación decidió no pronunciarse al respecto, en aras de
salvaguardar los derechos al debido proceso y de defensa de las partes, además del
equilibrio de las cargas procesales que debe imperar en los juicios de nulidad contra los
actos administrativos que profieren las entidades públicas con presunción de legalidad.

5.1.2. Que, por lo tanto, el análisis de la providencia acusada se circunscribió únicamente
a los reparos frente a la valoración probatoria que hizo la Superintendencia demandada
al proferir el acto sancionatorio contra la sociedad demandante y consideró que los
alegatos de la alzada no tenían vocación de prosperidad, razón por la que confirmó la
sentencia de primera instancia en su totalidad.

5.2. A pesar de haber sido notificado, el juez quinto administrativo de Valledupar y la
superintendente de transporte no rindieron informe sobre los hechos que motivaron la
interposición de la presente acción de tutela.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un
mecanismo judicial previsto para la protección de derechos fundamentales, cuando se

1 Índice No. 8 de Samai.

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vean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad, incluidos los jueces de la
República2.

1.2. La Corte Constitucional ha determinado dos tipos de requisitos para la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. En primer lugar, están los requisitos
generales de procedibilidad que son de naturaleza procesal y, por lo tanto, deben
estudiarse de manera previa a cualquier análisis de fondo. Esos requisitos fueron fijados
en la sentencia C-590 de 2005, así: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez;
el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la
identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del
derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.

1.3. En segundo lugar, están los requisitos específicos o vicios de fondo que son de
naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.
Esos vicios de fondo se han clasificado en defecto orgánico3, defecto sustantivo4,
procedimental5, fáctico6, error inducido7, decisión sin motivación8, desconocimiento del
precedente judicial9 o violación directa de la Constitución10.

1.4. Solo cuando se superen los requisitos generales y, al menos uno de los requisitos
específicos, el juez constitucional puede conceder un amparo y dejar sin efectos una
decisión judicial.

2. Planteamiento del problema jurídico

2.1. La Sala considera que la demanda de tutela cumple los requisitos generales para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En consecuencia, se
resolverá el asunto de fondo.

2.2. De manera preliminar, la Sala precisa que las inconformidades de la parte actora
respecto de la decisión del Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar fueron resueltas
por el Tribunal Administrativo del Cesar, que, como juez de segunda instancia, estaba
habilitado para el efecto. Por lo tanto, la Sala se ocupará únicamente de resolver los
cuestionamientos contra la decisión del tribunal, que, en últimas, fue la que puso fin al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la sociedad
Transgraneles S.A.S.

2.3. Ahora, la parte actora alega la presunta configuración de un defecto sustantivo, por
la rigurosidad de la autoridad demandada al no estudiar un argumento propuesto en los
alegatos de conclusión de primera instancia, en el recurso de apelación y en los alegatos
de segunda instancia. Sin embargo, la Sala advierte que esos argumentos no
corresponden propiamente a un defecto sustantivo, sino que encajan en un posible
defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto. En consecuencia, se abordará el
análisis de fondo a partir de ese defecto.

2.4. En los términos de la acción de tutela, corresponde a la Sala determinar si la
sentencia del 4 de agosto de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar,
incurrió en defecto procedimental al no resolver los argumentos relativos al decaimiento

2 Sentencia C-543 de 1992.
3 Sentencias SU-388 de 2021, SU-355 de 2020, SU-373 de 2019, SU-309 de 2019, SU-072 de 2018, SU-050 de 2018,

SU-041 de 2018.
4 Sentencias SU-424 de 2021, SU-260 de 2021, SU-116 de 2018, SU-055 de 2018, SU-050 de 2018, SU-041 de 2018,

SU-035 de 2018, SU-395 de 2017, SU-050 de 2017, SU-556 de 2016.
5 Sentencia SU-061 de 2018.
6 Sentencias SU-424 de 2021, SU-405 de 2021, SU-226 de 2019, SU-355 de 2017, SU-448 de 2016.
7 Sentencia SU-261 de 2021.
8 Sentencia SU-489 de 2016.
9 Sentencias SU-317 de 2021, SU-228 de 2021, SU-053 de 2015.
10 Sentencias SU-228 de 2021, SU-201 de 2021, SU-516 de 2019, SU-069 de 2018.

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del régimen sancionatorio en el sector transporte y la consecuente pérdida de ejecutoria
de los actos administrativos sancionatorios.

3. Solución al problema jurídico planteado

3.1. Para determinar si la sentencia del 4 de agosto de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar, incurrió en el defecto procedimental endilgado por la parte
actora, conviene traer, en lo pertinente, las consideraciones de dicha decisión.

3.2. En la sentencia objeto de tutela, el tribunal demandado advirtió que en el recurso de
apelación la parte actora alegó el decaimiento o pérdida de la fuerza de ejecutoria de la
Resolución No. 10800 de 2003 y que al estar suspendido provisionalmente no podía
servir de sustento a la sanción por no estar vigente. Ese argumento, sostuvo, no podía
estudiarse en esa oportunidad, debido a que tal censura no se planteó en el concepto de
violación expuesto en la demanda, por lo que “claramente los cuestionamientos en ese
sentido dirigidos contra el acto acusado no podían ser debatidos en sede jurisdiccional
ya que ello conllevaría a una vulneración al debido proceso de la parte demandada”.

3.2.1. Sostuvo que, de la lectura cuidadosa del concepto de violación planteado en la
demanda, no se observaba ningún reparo contra el acto administrativo cuestionado
respecto de la vigencia de la norma en que se fundamentó. Que, por el contrario, los
argumentos solo reprocharon que el acto administrativo acusado era violatorio del debido
proceso por no haberse decretado las pruebas solicitadas por la empresa investigada en
el trámite administrativo interno; la inaplicación del principio in dubio pro reo; la presunta
falsa motivación por indebida valoración de las pruebas, y la improcedencia de la sanción
en contra de la empresa por cuanto debió dirigirse contra el conductor del vehículo.

3.2.2. La autoridad judicial demandada advirtió que el argumento relativo a la anulación
de la Resolución No. 10800 de 2003 contentiva de la tipificación de la conducta, apareció
en el debate procesal sólo hasta el momento en que la empresa la propuso en sus
alegatos de conclusión de primera instancia y que sobre ello se pronunció el a quo
desestimando el planteamiento. No obstante, consideró que ese argumento no debió
analizarse por el a quo, dado que se planteó en una etapa procesal que no era idónea y,
por lo tanto, en sede de segunda instancia no emitiría ningún pronunciamiento sobre el
tema. Así lo expuso:

Para la Sala, dicho argumento no debió analizarse en el fallo por cuanto fue planteado en una etapa
procesal inidónea, esto es, los alegatos de conclusión en la primera instancia, fase procesal en la
que no es posible formular nuevos cargos de nulidad contra el acto administrativo demandado toda
vez que ello implicaría un desconocimiento del derecho de defensa de la contraparte al verse
sorprendida con un nuevo ataque contra el acto administrativo por razones que no fueron aducidas
en el concepto de violación.

Así, como lo ha sostenido reiteradamente el Consejo de Estado en su jurisprudencia, la congruencia
que debe existir entre la demanda, su contestación y la sentencia, consagrada en el artículo 187
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se constituye como
una garantía del derecho de defensa y debido proceso de todas las partes que intervienen en el
juicio, quienes desde el principio deben conocer cuáles son los cargos de nulidad para que hacia
ello enfoquen su defensa, pero no ser sorprendidos por nuevos motivos de nulidad o razones
distintas que fundamenten la pretensión anulatoria en etapas posteriores al concepto de la violación
(…).

La imposibilidad de estudiar el fondo de argumentos y cuestiones no debatidas en el concepto de
la violación de la demanda y que luego las partes hacen aparecer en etapas procesales posteriores,
como los alegatos de conclusión, permanece durante el trámite y decisión de la segunda instancia,
así dichas razones se hayan planteado en el recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia. (…)

Por tanto, dado que el primer argumento de alzada invocado por la empresa demandante al
sustentar el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado gira en torno a la vigencia o
pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 10800 del 2003 que sirvió de fundamento a la
sanción impuesta, aspecto que no fue esgrimido en la demanda, la Sala no emitirá pronunciamiento

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alguno sobre ello, en aras de salvaguardar el derecho al debido proceso de las partes y de defensa,
además del equilibrio de las cargas procesales que debe imperar en los juicios de nulidad contra
los actos administrativos que profieren las entidades públicas con presunción de legalidad.

3.3. A partir de lo anterior, la Sala considera que la decisión objeto de tutela se dictó en
el marco de la razonabilidad, al concluir que no era dable estudiar un argumento no
propuesto en el concepto de violación de la demanda. Esa posición no constituye un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Por el contrario, se acompasa con la
jurisprudencia de esta Corporación, en la que se ha señalado que, en atención al
principio de congruencia de la sentencia y de justicia rogada, “las normas invocadas
como violadas en el concepto de violación, así como en los argumentos desarrollados
para sustentar los cargos planteados para fundamentar las causales de nulidad de los
actos demandados, entre otros aspectos, delimitan la acción del fallador, habida cuenta
del carácter rogado de la jurisdicción contencioso administrativa”11.

3.4. Además, la jurisprudencia de esta Corporación también ha señalado que los
alegatos de conclusión constituyen una oportunidad procesal otorgada a las partes para
precisar los argumentos esgrimidos en los cargos y expresar al juez cual debe ser, a su
juicio, la conclusión a la que debe llegar luego de analizar los fundamentos de hecho, de
derecho y el acervo probatorio, pero en ningún momento “habilita la posibilidad de
adicionar nuevos cargos, pues ello atentaría contra el debido proceso y el principio de
igualdad como quiera que la contraparte no tuvo oportunidad de oponerse a estos nuevos
argumentos”12.

3.5. Es importante señalar que en el concepto de violación la parte actora debe exponer
de manera clara los cargos contra el acto acusado, a partir de los que se delimita el
campo de acción del juez, que tendrá que resolver en los precisos términos expuestos
en la demanda, de ahí que, para el caso objeto de estudio, no estuviera obligado a
pronunciarse respecto del reproche relativo al decaimiento y pérdida de fuerza ejecutoria
de los actos sancionatorios, por tratarse de un argumento que tan solo trajo hasta los
alegatos de conclusión de primera instancia, como bien estimó el tribunal.

3.6. Ahora bien, la parte actora alega que solo después de emitido el concepto del 5 de
marzo de 2019 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado podía
presentar los argumentos relativos a la pérdida de ejecutoria de los actos demandados
y que por ese motivo fueron propuestos en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho.

3.7. Sin embargo, la Sala advierte que para el momento en que la actora radicó la
demanda, esto es, el 9 de octubre de 201513, la Sección Primera del Consejo de Estado
ya había dictado el auto del 22 de mayo de 2008, que suspendió provisionalmente
algunos artículos del Decreto 3366 de 2003. Luego, desde la presentación de la
demanda, la parte actora pudo proponer como uno de los cargos del concepto de
violación que el fundamento normativo de los actos sancionatorios habría perdido fuerza
de ejecutoria en virtud de la suspensión provisional.

3.7.1. No era necesario que la sociedad actora esperara el concepto del 5 de marzo de
2019 para proponer ese cargo de violación, toda vez que el presunto decaimiento de los
actos administrativos sancionatorios no provenía de ese concepto, sino del auto de

11 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 9 de febrero de 2017. Radicado: 66001-2333-000-2016-00080-

01 (PI). M. P. (Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicación: 11001032400020110000300 de 23
de abril de 2020.
En ese mismo sentido se ha pronunciado la Sección Cuarta de esta Corporación, que, en sentencia del 12 de agosto
de 2021, dictada en el proceso No. 25000-23-37-000-2014-01133-01, señaló: “Este nuevo cargo no puede ser
estudiado en virtud del principio de justicia rogada, que impone al interesado la carga de exponer los argumentos que
sustentan su pretensión de nulidad en la demanda y le impide proponer nuevos cargos de nulidad durante el trámite
judicial”.
12 Ibidem.
13 Según acta de reparto que consta en el expediente digital.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06774-00
Demandante: Transgraneles S.A.S.

suspensión provisional. Al margen de las interpretaciones jurídicas que pudieron darse
al respecto, nada impedía a la sociedad demandante que lo propusiera desde la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

3.8. Justamente por lo anterior, es razonable la decisión del Tribunal Administrativo del
Cesar de no estudiar los argumentos por decaimiento y pérdida de ejecutoria de los actos
sancionatorios. Por esa misma razón, esta Sala, como juez de tutela, tampoco está
habilitada para efectuar ese estudio. De aceptarse lo contrario, se desconocería que la
acción de tutela no puede usarse para suplir las omisiones en que incurrieron las partes
en el proceso ordinario.

3.9. Se resuelve, entonces, el problema jurídico planteado: la sentencia del 4 de agosto
de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar, no incurrió en defecto
procedimental al no resolver los argumentos relativos al decaimiento del régimen
sancionatorio en el sector transporte y consecuente pérdida de ejecutoria de los actos
administrativos sancionatorios.

3.10. En consecuencia, se denegarán las pretensiones de la demanda de tutela
presentada por la sociedad Transgraneles S.A.S.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la sociedad
Transgraneles S.A.S., por las razones expuestas.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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