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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06776-00

Fecha
16 de febrero de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06776-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el doctor Oswaldo Giraldo López, magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado y, como consecuencia de ello, se dispone separarlo del conocimiento de la presente acción de tutela. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación promovida por el Ministerio de Transporte. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. QUINTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06776-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

16 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-6776-00
Accionantes: ALLIANZ SEGUROS S.A.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –
DECLARA IMPROCEDENTE ACCIÓN DE TUTELA - No se
cumple con el requisito de la subsidiariedad - el accionante cuenta
con otro medio de defensa judical

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada, a través de apoderado judicial, por
la sociedad Allianz Seguros S.A., en contra de la sentencia de 6 de julio de 2022,
proferida por el Consejo de Estado - Sección Tercera – Subsección A.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Lasociedad Allianz Seguros S.A., a través de apoderado judicial, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia
de 6 de julio de 2022, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A, en el interior de la acción de controversias contractuales número
25000-23-26-000-2001-00061-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos y razones que
motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestóque el Ministerio de Transporte y el municipio de Ponedera
celebraron el Convenio Interadministrativo N° 134 de 19 de agosto de 1997 y cuyo
objeto estaba asociado a la ejecución de «[…] la segunda etapa del muelle fluvial
en ese municipio, la estabilización y canalización de caños en la cabecera
municipal y en el corregimiento de Puerto Giraldo […]».

2.2. Señaló que, con base en lo anterior, la aseguradora Colseguros S.A. expidió la
póliza de cumplimiento N° 128450-2 de 21 de agosto de 1997 para garantizar «[…]
el buen manejo y correcta inversión de fondos del convenio interadministrativo
[…]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-6776-00
Accionante: Allianz Seguros S.A.

2.3. Sostuvoque, mediante Resolución No. 0000522 de 12 de julio de 1999,
confirmada a través de la Resolución No. 001352 de 29 de mayo de 2000, el
Ministerio de Transporte declaró la ocurrencia del siniestro por el mal manejo de
los recursos públicos e hizo efectiva la póliza de seguro por la suma de
$293’280.051,35.

2.4. Indicóque, con base en lo anterior, promovió demanda de controversias
contractuales, para que se declara la nulidad de la Resolución No. 0000522 de 12
de julio de 1999, confirmada a través de la Resolución N° 001352 de 29 de mayo
de 2000, actos administrativos mediante los cuales se declaró la ocurrencia del
siniestro.

2.5. Comentó que, mediante sentencia de 5 de marzo de 2009, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A negó las
pretensiones de la demanda.

2.6. Señaló que en contra de la citada providencia interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado la que, mediante sentencia de 6 de julio de 2022, confirmó el fallo de
primera instancia.

2.7. Con base en lo anterior, sostiene que en el fallo de 6 de julio de 2022 se
incurrió en un defecto procedimental absoluto, en un defecto sustantivo, en
una violación directa de la Constitución y en un desconocimiento del
precedente contenido en la sentencia T-619 de 2009. Lo anterior debido a que
la autoridad judicial accionada se abstuvo, injustificadamente, de proferir una
decisión de fondo que resolviera los argumentos que fueron esbozados en el
recurso de apelación contra la sentencia de 5 de marzo de 2009, contrariando con
ello el artículo 212 del Código Contencioso Administrativo.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERO: Que se tutelen los derechos fundamentales de mi
representada Colseguros S.A. hoy Allianz Seguros S.A. y se respeten los
principios señalados al inicio de esta solicitud y que fueron vulnerados con
motivo de la sentencia del 06 de julio de 2022, proferida por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección
A.

SEGUNDO: Que se declare sin ningún valor y efecto la sentencia del 06 de
julio de 2022, expedida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera – Subsección A por la cual se confirmó la
sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A en fecha 05 de marzo de
2009 […].

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-6776-00
Accionante: Allianz Seguros S.A.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Esta Sección, a través del consejero sustanciador del proceso, mediante auto de
12 de enero de 2023 admitió la acción de tutela promovida en contra de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

5. En la misma providencia, como terceras con interés directo en los resultados del
proceso, fueron vinculadas: «[…] la Nación – Ministerio de Transporte (el)
municipio de Ponedera (Atlántico) y … la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca […]».

V. INTERVENCIONES

6. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas, se
advierte que se allegaron los siguientes informes:

6.1. El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, a través de la
consejera ponente de la decisión tutelada, se opuso a la prosperidad de la
presente acción de amparo por las siguientes razones:

[…] De la revisión del contenido del escrito de tutela se observa con claridad
que la intención del recurrente no es otra que, por vía de la acción
constitucional, reabrir el debate como si se tratara de una tercera instancia, en
tanto su oposición se centra en controvertir las razones que llevaron a esta
corporación a confirmar la sentencia de primer grado por ausencia de razones
de disenso frente a la decisión controvertida, cuestión que, además, ya fue
puesta de presente por esta subsección en el auto del 12 de septiembre de
2022, en el que se negó la solicitud de aclaración de la sentencia que hoy es
objeto de impugnación.

Se llama la atención sobre el hecho de que los ejes temáticos en que se
sustentó la petición de aclaración de sentencia, elevada por la aseguradora
demandante, coinciden con los que ahora sirven de apoyo para la pretensión
de este amparo constitucional, con lo que se revela que, en realidad, no está
en entredicho la supuesta vulneración de derechos fundamentales. Lo que
subyace es el propósito del libelista de sacar avante las pretensiones de la
demanda a través del uso conveniente y acomodado de distintos
instrumentos legales, al margen de que el mecanismo impetrado no sea el
procedente para ese cometido.

Así, en el auto del 12 de septiembre de 2022, esta Subsección negó la
solicitud de aclaración de sentencia de cara a la circunstancia de que los
argumentos base de la petición que hoy son los mismos que se ventilan, pero
esta vez en sede de tutela, no se identificaban con los supuestos legales de
procedencia de la figura procesal invocada. […].

6.2. El Ministerio de Transporte, a través de apoderada judicial, se opuso a las
pretensiones de la presente acción de amparo ya que, en su criterio, no existía
vulneración de sus derechos fundamentales y, además, dicha entidad carecía de
legitimación en la causa por pasiva.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-6776-00
Accionante: Allianz Seguros S.A.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20213.

VI.2. Cuestiones previas

VI.2.1. Del impedimento manifestado en el sub judice

8. El
doctor Oswaldo Giraldo López, mediante escrito de 8 de febrero de 2023,
manifestó encontrarse incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral
1° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, dado que, su cónyuge es
miembro suplente de la Junta Directiva de la sociedad Allianz Seguros S.A.

9. Para resolver lo pertinente, es necesario poner de relieve que la causal de
impedimento prevista en el numeral 1° de artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, aplicable al trámite de las acciones de tutela por remisión expresa del
artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, dispone lo siguiente:

[…] 1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera
permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad
o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal […]
(resaltado fuera del texto original)

10. De acuerdo con lo arriba expuesto, esta Sala de Decisión advierte que,
efectivamente, la circunstancia expuesta por el doctor Oswaldo Giraldo López se
enmarca en la causal de impedimento invocada, toda vez que su cónyuge hace
parte de la Junta Directiva de la sociedad accionante en este proceso, por lo que
tendría interés en el presente proceso.

11. Porlo anteriormente expuesto resulta procedente declarar fundado el
impedimento manifestado por el doctor Oswaldo Giraldo López.

VI.2.2. De la solicitud de desvinculación

12. ElMinisterio de Transporte solicitó la desvinculación del presente trámite
constitucional por cuanto, a su juicio, carecía de legitimación en la causa por
pasiva.

1 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-6776-00
Accionante: Allianz Seguros S.A.

13. Sobre el particular, la Sala considera que no tiene vocación de prosperidad la
solicitud de desvinculación formulada porque el ministerio auspició como parte
demandada en el interior del proceso de controversias contractuales N° 25000-23-
26-000-2001-00061-01, en cual se profirió la sentencia que motivó la interposición
de la presente acción de tutela.

VI.3. Problemas jurídicos

14. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá determinar:

b) Si la sentencia de 6 de julio de 2022, proferida por el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección A, vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de
la sociedad accionante en tanto se abstuvo de estudiar de fondo el recurso
de apelación promovido contra la sentencia de 5 de marzo de 2009.

15. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

16. En sentencia de 31 de julio de 20124, la Sala Plena del Consejo de Estado
cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de
tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos
fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y
su propia jurisprudencia.

17. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

18. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta

4 Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-6776-00
Accionante: Allianz Seguros S.A.

tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.

19. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial5, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución6.

20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión7” que se encaje en
dichos parámetros.

21. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

22. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

5 Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
6 «Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera

absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento
establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o
da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o
inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes
y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y
jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance
dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de
manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política»
7 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio

González Cuervo.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-6776-00
Accionante: Allianz Seguros S.A.

VI.5. El caso concreto

23. La sociedad Allianz Seguros S.A., a través de apoderado judicial, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia, cuya vulneración atribuyó a la sentencia de
6 de julio de 2022, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A en el interior de la acción de controversias contractuales número
25000-23-26-000-2001-00061-01.

VI.5.1. Subsidiariedad y/o agotamiento de todos los medios de defensa
judicial en el caso sub examine

24. Sobre el particular, cabe recordar que dado el carácter subsidiario, excepcional y
residual de la acción de tutela consignada en el artículo 86 de la Carta Política, la
regla general es que tal mecanismo de protección de derechos fundamentales no
puede reemplazar a los medios ordinarios de defensa judicial. Este carácter
excepcional y residual está previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de
19918, que expresamente prescribe: «[…] La acción de tutela no procederá: 1.
Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]».

25. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo, el interesado
debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza9); lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

26. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:

[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber
agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un

8 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
9 Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-6776-00
Accionante: Allianz Seguros S.A.

camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]10.

27. En igual sentido se pronunció esta Sala de Decisión cuando en sentencia de 25
de abril de 2019 expuso lo siguiente: «[…] la tutela no puede ser utilizada como
acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que estos
medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]»11.

28. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Ello se traduce en que, no es necesario, bajo
este supuesto excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con
la acción de tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

29. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

30. La jurisprudencia ha expuesto el alcance interpretativo del concepto de perjuicio
irremediable en los términos siguientes:

[…] En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este
exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo
lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un
bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea
susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva:
como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como
respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las
medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a
criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño
antijurídico irreparable […].12

31. En esta oportunidad, se observa que la sociedad Allianz Seguro S.A. plantea
en su escrito de tutela que presentó en término el recurso de apelación en contra
de la sentencia de 5 de marzo de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, en el que expuso las
siguientes inconformidades contra el fallo de primera instancia:

[…] PRIMERA RAZON QUE SUSTENTA EL RECURSO:

10 Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencia T-890-11 y T-580-06.
11 Consejo de Estado, Sección Primera, Radicación 11001-03-15-000-2018-04033-01(AC), Sentencia de 25

de abril de 2019. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
12 Sentencia T-1316 de 2001.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-6776-00
Accionante: Allianz Seguros S.A.

El “siniestro” declarado por el ministerio de transporte no es el amparado por
la póliza que expidió Colseguros S.A., ni corresponde al “riesgo asegurable”
por la misma lo que determina un hecho o circunstancia excluyente de su
responsabilidad.

Frente a este cargo se plantearon de forma detallada, las razones por las
cuales la conclusión a que llegó el Tribunal no correspondía a la realidad del
asunto, pues, se hizo evidente que: El H. Tribunal al no interpretar el contrato
interadministrativo, deduce unas obligaciones a cargo del Municipio y
consecuencialmente a cargo de la Aseguradora, las cuales no estaban
consagradas en el convenio y mucho menos cubierta por la Póliza expedida,
con la cual se varió el riesgo cubierto.
(…)
SEGUNDA RAZON QUE SUSTENTA EL RECURSO

Los demandados incumplieron las obligaciones a su cargo derivadas del
contrato de seguro lo cual a más de hacer inexistentes el riesgo y el siniestro
constituye hecho o circunstancia excluyente de la responsabilidad de
Colseguros S.A.
(…)
TERCERA RAZON QUE SUSTENTA EL RECURSO

La declaración de ocurrencia de siniestro carece de valor y efecto
constituyendo así un hecho o circunstancia excluyente de responsabilidad de
Colseguros S.A.
(…)
CUARTA RAZON QUE SUSTENTA EL RECURSO

La liquidación unilateral del convenio interadministrativo carece de valor y
efecto constituyendo así hecho o circunstancia excluyente de la
responsabilidad de Colseguros S.A […]

32. Asimismo, destacó que dicho recurso fue admitido por el ad quem mediante el
auto de 21 de agosto de 2009, por haber sido promovido en el término procesal
previsto por el legislador y por haber sido sustentado oportuna y exhaustivamente.

33. Porotra parte, en el escrito de tutela se señalaron, como razones para la
interposición de esta acción constitucional, los siguientes argumentos:

[…] En el presente caso se observa que el H. Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A no llevó a
cabo un análisis detallado y profundo del recurso de apelación
interpuesto por COLSEGUROS S.A., hoy ALLIANZ SEGUROS S.A. por el
contrario, la sala basó su sentencia en un argumento que no es aplicable
al establecerse requisitos adicionales que no consagraban las normas
prexistentes para la fecha de interposición del recurso de la siguiente
manera:

“Esta Subsección, de manera reiterada, ha considerado que el marco
fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen
los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual no
basta con la simple interposición del recurso por la parte interesada, así como
tampoco es suficiente la manifestación general de no estar conforme con la
decisión impugnada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea
analizado de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles fueron los

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-6776-00
Accionante: Allianz Seguros S.A.

yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver
la litis planteada”.

Tales manifestaciones dejan entrever que la Sala ni siquiera se molesto
[sic] en plantear una discusión que estuviera acorde con los puntos de
discusión que se presentaron en el escrito de apelación, máxime cuando
este último cumplió cabalmente los requisitos dispuestos en el artículo
212 y 250 del CCA, codificación vigente para la época en la cual se
presentó el escrito y con la cual el H Consejo de Estado debió haber
tomado una decisión que se ajustara al caso (…)
(…)
Como se observa en la providencia tutelada, el H. Consejo de Estado a
no analizar de manera detallada el recurso interpuesto, llego [sic] a la
conclusión errada de que los argumentos presentados no cuestionaban
los puntos de disenso frente a la sentencia de primera instancia, lo cual
constituye un desacierto ya que el recurso cumplía con todos los
requisitos que establecía el legislador para la fecha de su interposición y
además enjuiciaba de manera clara los puntos de controversia por los
cuales la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca debió
ser contraria.

Adicionalmente, al no proferir sentencia de fondo de manera evidente se
están vulnerando los derechos fundamentales de mi representada, como
son: el derecho al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia al presentarse un error sobresaliente en la
decisión asumida por la sala, pues, fue esta misma la que admitió el
recurso de apelación sin reparo alguno y después de más de trece años
llegó a la conclusión de que en el recurso no se planteaban los yerros
contra la sentencia impugnada.
(…)
En el presente caso es evidente que la decisión adoptada por el
accionado fue completamente proporcional y errónea, pues generó un
perjuicio grave a mi representada COLSEGUROS S.A., al haber hecho,
un estudio vago y arbitrario del caso que le fue presentado en segunda
instancia, violando así sus derechos fundamentales al acceso a la justicia, a
la igualdad y el debido proceso, consagrados en la Carta Magna.
(…)
Conforme a lo anterior es evidente que el Consejo de Estado no tuvo en
cuenta ninguna de las razones que se expusieron en el recurso de
apelación y las cuales sustentaban ampliamente cada uno de los cargos
objeto de inconformidad […]. (Negrillas por fuera del texto)

34. De acuerdo con la cita anterior, la Sala puede inferir que la inconformidad
planteada por la parte actora consiste en que la sentencia proferida por la
autoridad judicial accionada se había abstenido de resolver el recurso de alzada,
alegando que el hoy actor no había efectuado reparos concretos sobre el fallo de 5
de marzo de 2009, apelado en el marco del proceso de controversias
contractuales No. 25000-23-26-000-2001-00061-01.

35. En ese sentido, la discusión en cuestión está encaminada a demostrar que en la
sentencia objeto de esta acción constitucional se desconoció el principio de
congruencia del fallo de segunda instancia debido a que el ad quem en el proceso
contencioso no resolvió los cargos planteados en el escrito de apelación,
desconociendo con ello los artículos 212 y 250 del CCA.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-6776-00
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36. Por otro lado, la Sala observa que en la decisión objeto de esta acción
constitucional, la autoridad judicial accionada sostuvo lo siguiente:

[…] Sentado el anterior marco conceptual, como el contenido y alcance de la
carga de sustentación del recurso de apelación y de la observancia al
principio de congruencia, la Sala advierte que el escrito de impugnación
presentado por la parte actora adolece, en unos eventos de ausencia de
argumentos concretos de disenso frente a la decisión apelada y, en otros,
introduce fundamentos fácticos nuevos que no fueron ventilados en sede de
primera instancia.

A continuación, la Sala desarrollará las anteriores premisas:

i) En consonancia con lo sostenido en la demanda, el fallo de primera
instancia se refirió al cargo de nulidad según el cual el Ministerio de
Transporte había desconocido el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de
1993, por haber girado los fondos del convenio en un solo contado.
(…)
Como se advierte, el reparo expresado en contra de la decisión del a quo no
atacó directamente la fundamentación de sus conclusiones, en las que, de la
revisión del clausulado contractual, coligió que existía la obligación del
ministerio del trasladar el 100% de los fondos al municipio, pues el argumento
expuesto por el recurrente se basó en afirmar lo contrario, sin ofrecer
razones de su desacuerdo ni indicar hechos o circunstancias
acreditadas en el proceso que permitieran arribar al aserto que sugería.

Tampoco brindó ningún tipo de razonamiento encaminado a cuestionar
el dicho del fallador de primer grado, con arreglo al cual en el convenio
interadministrativo no resultaba aplicable lo dispuesto en el parágrafo
del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, por cuanto, dada la naturaleza de
esa especie de consenso entre entidades públicas, la prestación
económica no recaía en la entrega de un anticipo o de un pago
anticipado sobre los que versaba esa disposición legal, sino sobre la
transferencia de fondos dispuestos para el cumplimiento conjunto de un
fin estatal.

Contra lo anterior, simplemente se limitó a reiterar, en idénticos
términos a los esbozados en el escrito inicial, que el ministerio
desconoció la norma en comento, dinámica argumentativa que devela la
inexistencia de cargos concretos de inconformidad frente a los
argumentos expuestos por el a quo en el fallo apelado en ese preciso
aspecto.

ii) Frente al cargo de la demanda, según el cual el asegurado ocultó
información que agravaba el estado del riesgo y no notificó a Colseguros S.A.
sobre los hechos que lo aumentaban, los que, en su criterio, consistieron en
la consignación de los recursos en la cuenta corriente del municipio de
Ponedera, el a quo consideró que no era cierto que la aseguradora
desconociera que el Ministerio de Transporte tenía la facultad contractual
para transferir al municipio la totalidad de los fondos del convenio, según se
había pactado en su cláusula quinta, traslado que estaba supeditado a la
expedición de la póliza de cumplimiento por parte de la aseguradora.
(…)
En el recurso se alegó que, al haber consignado el 100% de los fondos del
convenio sin informarlo a la aseguradora, el ministerio vulneró los artículos
1058 y 1060 del Código de Comercio, por encubrir hechos que determinaron

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el estado del riesgo y no haber notificado a la aseguradora las circunstancias
sobrevinientes que lo agravaron.

Nuevamente la Sala echa de menos cargos concretos de inconformidad
respecto de este aspecto puntual de la decisión de primera instancia.

El demandante simplemente insiste en que el ministerio encubrió
hechos constitutivos del riesgo y agravó la ocurrencia del siniestro, pero
nada manifestó acerca de los argumentos del Tribunal de primer grado,
con base en los cuales despachó desfavorablemente esos mismos
cargos.

En efecto, no refutó la conclusión del a quo consistente en que el giro de
los fondos -supuesto que, con apego a lo sostenido por Colseguros, fue
oculto y agravó el riesgo amparado- no era una circunstancia
desconocida por la aseguradora, puesto que era una obligación
expresamente pactada en el convenio, al extremo de que solo procedía
su desembolso una vez se hubiera otorgado la póliza de cumplimiento,
por lo que era carga del garante revisar su clausulado, en el que se
hallaba esa precisa obligación, antes de extender el seguro.
(…)
iii) Frente al cargo del concepto de violación expuesto en la demanda,
estructurado sobre la base de que el ministerio no ejerció directamente o a
través del interventor o del comité asesor de evaluación y calificación de las
propuestas las funciones de vigilancia sobre la inversión de los fondos
entregados, por lo que su indebida inversión fue consecuencia de la culpa del
asegurado, la primera instancia adujo que el hecho de que el ministerio no
hubiera controlado la ejecución del convenio a través de la interventoría o
hubiera desembolsado el 100% de los fondos pactados en nada influyó en el
aumento del estado del riesgo, menos aun cuando en el convenio se estipuló
que la aseguradora tenía la obligación de vigilar la correcta inversión y
manejo de esos recursos, carga que no fue debidamente satisfecha.
(…)
Sentado lo anterior, la aseguradora reprochó la falta del cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Ministerio para controlar y vigilar la inversión de los
recursos, que el riesgo se produjo por la culpa del ministerio y que en tal
virtud se tornaba imposible de asegurar.

Para la Sala, basta con leer el cargo que se describe y cotejarlo con aquel
expuesto de entrada en la demanda para concluir que se trata de una
reproducción automática de lo esbozado en aquella oportunidad sin
comprender o adicionar reparos específicos de discrepancia frente a las
consideraciones de la sentencia que se impugna.

Emerge con nitidez que nada replicó el censor respecto de la aseveración del
tribunal, según la cual la vigilancia y control de la inversión y manejo de los
fondos objeto del convenio interadministrativo recaían en la aseguradora, la
que no podía excusarse de satisfacer esos compromisos con el pretexto de
que era una carga del ente ministerial.

Tampoco rebatió la suficiencia de las gestiones que, según concluyó el a quo,
desplegó el Ministerio de Transporte en orden a realizar el seguimiento y
control de la inversión y manejo de los recursos girados, lo que, en criterio de
aquel, lo exoneraba de la culpa que se le imputaba en la producción del
riesgo […] (negrillas fuera del texto)

37. Resumidos los argumentos del actor en el sub examine y teniendo en cuenta lo

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señalado por la autoridad judicial accionada en la sentencia de 6 de julio de 2022,
esta Sala considera que el presente conflicto devela una inconformidad que es
posible que sea planteada a través de del recurso extraordinario de revisión.

38. Ello es así porque de la revisión del contenido de los argumentos planteados en
esta acción de amparo es dable inferir que la inconformidad del actor se concreta
en que la sentencia de 6 de julio de 2022 violó el principio de congruencia y la
garantía constitucional de doble instancia porque no resolvió de fondo los
planteamientos que se efectuaron contra la decisión de primera instancia.

39. En ese sentido, para esta Sección el debate propuesto en el escrito de tutela
está encaminado a demostrar que el fallo judicial incurrió en una nulidad por
desconocer el principio de congruencia de la sentencia, en tanto que el juez
contencioso se abstuvo injustificadamente de analizar los argumentos señalados
en el recurso de apelación.

40. En relación con el desconocimiento principio de congruencia como causal de
nulidad de la sentencia, cabe traer a colación el siguiente pronunciamiento de la
Sala Octava Especial de Revisión de esta Corporación:

[…] La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y se
traduce en la armonía que deber estar presente en su estructura interna, esto
es, la parte motiva y resolutiva del fallo, como en la externa, entendida como
la coherencia entre la decisión y lo pedido por las partes. Este principio es
una garantía de que gozan las partes para exigir del fallador una decisión que
resuelva la controversia formulada, no solo frente a las pretensiones que
formula el actor, sino respecto del pronunciamiento que el juez debe realizar
de la defensa de quien funge como parte accionada y que, generalmente, se
propone a título de excepciones. Ahora, la congruencia en la decisión de
segunda instancia está atada a la competencia del superior funcional y
al examen que le corresponde realizar como consecuencia de la revisión
de la providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para
que, según su análisis, la revoque, modifique o si lo encuentra
pertinente, la confirme, de acuerdo con el artículo 320 armonizado con el
281, ambos del CGP […]13.

41. En consecuencia, esta Sección debe concluir que la supuesta omisión que se
atribuye por la parte actora a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es susceptible de ser invocada como causal de revisión,
motivo por el cual la acción de amparo resulta improcedente ante el
desconocimiento del principio de subsidiariedad, a lo que se agrega que en el
asunto de la referencia no se demostró la configuración de un perjuicio
irremediable que habilite que la solicitud de amparo proceda como mecanismo
transitorio14.

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala 8° Especial de Revisión. Sentencia de 24

de octubre de 2022. Exp. N° 11001031500020220072600. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.
14 Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como

consecuencia de acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez
producido, es irreversible y por tanto no puede ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio
irremediable cuando concurran los siguientes requisitos: (1) el perjuicio es inminente, es decir, que se
producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las medidas que se requieren para

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-6776-00
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el doctor
Oswaldo Giraldo López, magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado
y, como consecuencia de ello, se dispone separarlo del conocimiento de la
presente acción de tutela.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación promovida por el Ministerio de
Transporte.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de la providencia

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.

QUINTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria, de conformidad con el Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley. P (15)

conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de ser grave, esto es, que una vez que
aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).

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