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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06780-01

Acción de tutela contra providencia judicial: auto que rechazó de plano

Fecha
24 de abril de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06780-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Confirmar la sentencia 23 de febrero de 2023, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. Radicación: 11001-03-15-000-2023-06780-01 Demandante: Jairo Ariel Rincón Castañeda Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06780-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

24 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06780-01
Demandante: JAIRO ARIEL RINCÓN CASTAÑEDA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – auto que rechazó de plano
trámite de extensión de jurisprudencia / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – tutela como instancia adicional del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y del trámite de extensión de jurisprudencia /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD – respecto de los cargos
endilgados a la sentencia dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

La Sala decide la impugnación presentada por el demandante contra la sentencia
proferida el 23 de febrero de 2023 por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
que negó las pretensiones de la tutela.

I. ANTECEDENTES
1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 16 de diciembre de 20221, el señor Jairo Ariel Rincón Castañeda, por medio de
apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado, con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social, supuestamente
vulnerados con la expedición del auto interlocutorio del 8 de junio de 2022,
dictado en el proceso radicado 11001-03-25-000-2022-00344-00 (2758-2022), por
medio del cual se rechazó de plano la solicitud de extensión de la jurisprudencia
contenida en la sentencia de unificación del 17 de mayo de 2017. Formuló la
siguiente pretensión:

Solicito a ese Honorable Despacho declarar para el presente caso la
excepción de inconstitucionalidad a la causal no. 1 de Rechazo aquí
transcrita, contemplada en el inciso 4º del artículo 269 de CPACA […].

1Se advierte que, el 10 de abril de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06780-01
Demandante: Jairo Ariel Rincón Castañeda
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente digital se extraen los siguientes hechos:

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Jairo
Ariel Rincón Castañeda demandó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -
CREMIL, con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio 31890 del 18 de
diciembre de 2006, que negó la solicitud del accionante de reajuste de la
asignación de retiro con inclusión del porcentaje del IPC para los años 1997 a
2005.

En sentencia del 15 de septiembre de 2008, el Juzgado Primero Administrativo de
Arauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de
ordenar los reajustes causados desde el 5 de octubre de 2002, «hasta la fecha de
entrada en vigencia del artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, esto es, hasta
diciembre 31 de 2004».

Contra la anterior decisión no se interpuso recurso alguno, por lo que CREMIL dio
cumplimiento a lo allí ordenado, mediante la Resolución 1652 del 17 de junio de
2009.
Inconforme con el reajuste ordenado por el juzgado y efectuado por CREMIL, el
señor Rincón Castañeda solicitó su corrección ante esta última entidad, lo cual fue
negado en Oficio 2015-90727 del 22 de diciembre de 2015, en el que, además, se
le indicó al hoy accionante que tenía la posibilidad de «pedir la reconsideración»
en la Procuraduría General de la Nación.

Manifiesta el accionante que, el 17 de abril de 2017, solicitó la intervención de la
Procuraduría Delegada para la Vigilancia de Asuntos Administrativos para que
convocara a conciliación a CREMIL y así se realizara la corrección del reajuste de
su asignación de retiro, desde el año 1997 hasta la fecha en que se hiciera
efectivo el pago.

Señaló que, en la audiencia de conciliación celebrada el 4 de julio de 2017,
CREMIL aceptó conciliar las diferencias para el periodo comprendido entre el 1°
de enero de 1997 y el 3 de octubre de 2002. Sin embargo, mediante auto del 1° de
agosto de 2017, el Juzgado 48 Administrativo de Bogotá improbó la conciliación
por haberse configurado la cosa juzgada.

Ante la negativa del juzgado, el señor Rincón Castañeda solicitó la extensión de
jurisprudencia contenida en la sentencia de unificación del 17 de mayo de 2017, a
lo cual se negó la entidad entonces demandada, por lo que el demandante acudió

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06780-01
Demandante: Jairo Ariel Rincón Castañeda
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

ante la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, la que, en
providencia del 8 de junio de 2022, rechazó de plano la solicitud, ante la
configuración de la primera causal establecida en el artículo 269 del CPACA2.

1.3. Argumentos de la tutela

A juicio del señor Rincón Castañeda, la providencia atacada desconoció el
precedente fijado por esta Corporación en la sentencia de unificación del 17 de
mayo de 2017 (radicado 8464-2005) y en el fallo de tutela de del 12 de marzo de
2020 (radicado 11001-03-15-000-2020-00476-00), este último en el cual se
manifestó expresamente que «la cosa juzgada en materia pensional, no puede
estar por encima de la realización del derecho sustancial».

Agregó que, tratándose de prestaciones periódicas de tracto sucesivo, la cosa
juzgada es relativa y que, en su caso particular, se profirió «un fallo equivocado
que no hace tránsito a cosa juzgada material», toda vez que el juez omitió ordenar
la reliquidación de las bases pensionales desde el mes de enero de 1997 hasta el
4 de octubre de 2002.

De otra parte, sostuvo que en este caso procede la excepción de
inconstitucionalidad, para inaplicar la causal primera de rechazo de la solicitud del
mecanismo de extensión de jurisprudencia, contenida en el artículo 269 del
CPACA.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 20 de enero de 2023, el despacho sustanciador de la
Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo y ordenó
que aquel se notificara a la autoridad judicial demandada y, en calidad de tercero
con interés, a la Caja de Retiro de la Fuerzas Militares – CREMIL. Asimismo,
dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. CREMIL, por conducto de apoderada judicial, rindió el informe respectivo y

2 ARTÍCULO 269. PROCEDIMIENTO PARA LA EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL
CONSEJO DE ESTADO A TERCEROS. Si se niega la extensión de los efectos de una sentencia
de unificación o la autoridad hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 de este
código, el interesado, a través de apoderado, podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante
escrito razonado en el que evidencie que se encuentra en similar situación de hecho y de derecho
del demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada […].

La petición de extensión se rechazará de plano por el ponente cuando:

1. El peticionario ya hubiere acudido a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el fin
de obtener el reconocimiento del derecho que se pretende en la solicitud de extensión […].

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06780-01
Demandante: Jairo Ariel Rincón Castañeda
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

manifestó que en la tutela no se logró demostrar vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados por el accionante ni tampoco la configuración
de una vía de hecho en la providencia atacada, por lo que solicitó que se declarara
la improcedencia de la tutela, toda vez que pretende ser usada como una instancia
adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Expuso que el tema objeto de estudio ya tuvo pronunciamiento de fondo por parte
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante sentencia dictada el
15 de septiembre de 2008, por el Juzgado Primero Administrativo de Arauca, en el
proceso radicado 81001-33-31-001-2007-00080-00, sin que exista causal o
justificación alguna para desestimar la configuración de la cosa juzgada.

2.3. La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

3. Fallo Impugnado

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante providencia del 23 de febrero
de 2023, declaró improcedente la tutela, por considerar que no cumplía con el
requisito de la relevancia constitucional, por cuanto «(i) el debate planteado no
está relacionado con la afectación de un derecho fundamental; (ii) la solicitud de
amparo se pretende utilizar como una instancia adicional del proceso de extensión
de la jurisprudencia; y (iii) los cuestionamientos formulados se erigen sobre una
cuestión meramente legal, concretamente, que no se aplique la causal 1ª, artículo
269 de la Ley 1437 de 2011».

Señaló que los argumentos planteados en sede de amparo no configuran la
vulneración de algún derecho fundamental y que, además, plantean una discusión
similar a la que se ha llevado ante el juez ordinario en tres oportunidades, para
que se ordene el reajuste de la asignación de retiro, entre 1997 y 2004, por lo que
resulta evidente que la acción de tutela pretende usarse como una instancia
adicional.

En cuanto al rechazo de la solicitud de la extensión de la jurisprudencia, expuso
que es una discusión meramente legal que no le corresponde al juez
constitucional determinar cómo se debe aplicar e interpretar una disposición legal
o reglamentaria, a menos que se evidencie razonablemente que se lesionó una
garantía de orden superior, lo cual no ocurre en el presente asunto.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06780-01
Demandante: Jairo Ariel Rincón Castañeda
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

4. Impugnación

El señor Jairo Ariel Rincón Castañeda impugnó la anterior decisión, para lo cual
insistió en que en materia de derechos pensionales no hay cosa juzgada, por lo
que el interesado puede volver a demandar el reajuste pretendido, con mayor
razón en su caso, en el que el juez que resolvió de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho «omitió ordenar la reliquidación de las bases
pensionales desde el mes de enero de 1997 hasta el 4 de octubre de 2002».

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar
a confirmar, revocar o modificar el fallo del 23 de febrero de 2023, proferido por la
Sección Quinta del Consejo de Estado. Para el efecto, lo primero que la Sala
deberá determinar es si la solicitud de amparo cumple con el requisito de la
relevancia constitucional, caso en el cual se establecerá si la autoridad judicial
accionada, al proferir el auto del 8 de junio de 2022, incurrió el desconocimiento
del precedente alegado por la parte actora.

2. Análisis de la Sala

2.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales

De entrada, la Sala anticipa que, tal como lo advirtió el a quo, la presente tutela
deviene improcedente porque se está ejerciendo para convertir este valioso
mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia
adicional del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho y del
trámite de extensión de jurisprudencia, como se pasa a explicar:

Concretamente, la parte actora considera que en su caso particular se debe
aplicar la excepción por inconstitucionalidad sobre la causal primera de rechazo de
la petición de extensión de jurisprudencia, contenida en el artículo 269 del CPACA,
para que se vuelva a discutir el derecho al reajuste de su asignación de retiro con
inclusión del porcentaje del IPC para los años 1997 a 2005, asunto que justamente
fue el objeto del debate jurídico planteado en la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 81001-33-31-001-2007-00080-00, resuelto
por el Juzgado Primero Administrativo de Arauca, en sentencia del 15 de
septiembre de 2008, que accedió parcialmente a las pretensiones del actor.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06780-01
Demandante: Jairo Ariel Rincón Castañeda
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Aunado a lo anterior, se precisa que, respecto del argumento planteado por el
accionante, según el cual en materia pensional no opera el fenómeno de la cosa
juzgada, debido a que existían errores en la sentencia de nulidad y
restablecimiento del derecho, la Sala considera que tampoco se cumple con el
requisito de la subsidiariedad. Como se sabe, dicha consecuencia emerge cuando
el interesado deja de ejercer o tiene a su disposición otros mecanismos que el
ordenamiento jurídico ha previsto para proteger eficazmente los derechos
fundamentales.

En efecto, si el señor Rincón Castañeda estaba inconforme con el reajuste de la
asignación de retiro ordenada por el juez de primera instancia en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, debió interponer el recurso de apelación
con ese propósito3, pero no lo hizo, de ahí que no puede ahora ejercer la acción
de tutela para subsanar esa falencia.

No resulta lógico que, si la parte actora consideraba que el juez se había
equivocado en el reajuste de su asignación de retiro, hubiera guardado silencio
frente a esa decisión. Justamente esa era la oportunidad de para poner de
presente sus inconformidades, a fin de que el Tribunal Administrativo de Arauca se
pronunciara sobre ese punto, pero eso no ocurrió.

Cabe decir que el fundamento de la subsidiariedad consiste en impedir que la
acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un
mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues la
Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales que tienen
como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

De modo que las inconformidades que ahora ventila mediante la acción de tutela,
relativas al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pudieron ser
expuestas en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera
instancia, lo que impone declarar improcedente la solicitud de amparo por carencia
del requisito de subsidiariedad.

Ahora bien, en cuanto a la solicitud de excepción de inconstitucionalidad, se tiene
que esta es una herramienta establecida en el artículo 4° de la Constitución, cuya
aplicación se invoca para que, en caso de existir contradicción entre una norma de
categoría legal y otra constitucional, se aplique esta última, con el fin de
salvaguardar las garantías fundamentales. Sin embargo, en el caso propuesto, el

3 Artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 320 de la Ley 1564 de 2012.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06780-01
Demandante: Jairo Ariel Rincón Castañeda
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

actor no planteó ningún conflicto entre la Constitución y el numeral primero del
artículo 269 del CPACA, sino que se limitó a argumentar que, en su criterio, se
justificaba el trámite de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado
porque en la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el juez se había equivocado
en la forma en que ordenó el reajuste de su asignación de retiro, lo cual, como se
dijo, bien hubiera podido ser objeto de la apelación.

Bajo este contexto, se evidencia que la solicitud de excepción de
inconstitucionalidad no versa sobre la real afectación de un derecho fundamental,
sino respecto de la posibilidad de que se dé trámite a su solicitud de extensión
jurisprudencia, planteamiento que ya fue razonablemente decidido por la Sección
Segunda, Subsección A, de esta Corporación, en la providencia del 8 de junio de
2022, mediante la cual se rechazó de plano con fundamento en la causal primera
del artículo 269 del CPACA, esto es, porque el señor Jairo Ariel Rincón Castañeda
ya había acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de
obtener el reconocimiento del derecho pretendido en la solicitud de extensión.

Es evidente, entonces, que lo que busca el aquí demandante con la acción de
tutela es revivir todo el debate planteado ante los jueces naturales sobre el
reajuste de su asignación de retiro y la procedencia de la solicitud de extensión
jurisprudencial, todo lo cual desborda el ámbito de competencia del juez de tutela,
cuya intervención debe circunscribirse a aquellos casos en los que se advierta una
afectación real de los derechos fundamentales.

Así las cosas, no cabe duda de que la acción de tutela promovida por el señor
Rincón Castañeda resulta improcedente por incumplimiento de los requisitos de
relevancia constitucional y de subsidiariedad, razón por la cual se impone
confirmar la decisión de primera instancia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Confirmar la sentencia 23 de febrero de 2023, dictada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06780-01
Demandante: Jairo Ariel Rincón Castañeda
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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