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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06791-01

Fecha
11 de julio de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06791-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 17 de enero de 2024, dictada por la Sección Segunda, Subsección “B”, del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06791-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

11 de julio de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06791-01
Demandantes: Claudia Elena Gómez Salamanca y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06791-01
Demandantes: CLAUDIA ELENA GÓMEZ SALAMANCA, ELENA
SALAMANCA DE GÓMEZ, CÉSAR GÓMEZ LIZARAZO,
RENÉ FERNANDO GÓMEZ SALAMANCA, ANDREA
CAROLINA GÓMEZ SALAMANCA, JULIO AUGUSTO
GÓMEZ SALAMANCA Y OLIVER CRUZ NOGUERA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN “A”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por lesiones sufridas en ataque terrorista. Defectos fáctico y
sustantivo. Valoración del presupuesto de la inmediatez a partir de
las circunstancias y sujeto involucrado en el caso concreto

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir las impugnaciones
presentadas por ambas partes contra la sentencia de 17 de enero de 2024,
dictada por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, en la que
amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de los accionantes y decidió:

“Primero. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de Claudia Elena Gómez Salamanca, Elena Salamanca
de Gómez, César Gómez Lizarazo, René Fernando Gómez Salamanca, Andrea
Carolina Gómez Salamanca, Julio Augusto Gómez Salamanca y Oliver Cruz
Noguera, de conformidad a la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 31 de marzo de 2023 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en el medio de control de
reparación directa 18001-2331-000-2011-00117-01 (68668).

Tercero. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que, en el
término de 20 días siguientes contados a partir de la notificación de la presente
providencia, emita un pronunciamiento de reemplazo, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. Resaltándose que,
en todo caso, preserva su criterio y autonomía para adoptar la decisión de fondo a
que haya lugar.

Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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Demandantes: Claudia Elena Gómez Salamanca y otros

Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los accionantes manifestaron que la señora Claudia Elena Gómez Salamanca se
desempeñó como contratista independiente de la Organización Internacional para
las Migraciones -OIM-, del 19 de abril de 2006 hasta el 15 de diciembre de 2008,
de conformidad con el contrato especial PS-921 de 19 de abril de 2006 de
prestación de servicios profesionales en el área de trabajo social, contrato en
virtud del cual se desempeñó como trabajadora social en el programa I.D.P.S de
OIM, en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-.

Afirmaron que, en convenio con el ICBF, el día 7 de diciembre de 2008, a solicitud
del Ejército Nacional, coordinaron una misión médica con el personal del Hospital
San Rafael del municipio de San Vicente del Caguán, la cual se desarrollaría en la
vereda de Campo Hermoso del mismo municipio. Agregaron que en el sitio
conocido como Puente Guzmán, el vehículo en el cual se desplazaba el equipo de
la misión humanitaria fue alcanzado por una carga explosiva colocada a un lado
de la vía y, como consecuencia de la explosión, el vehículo se salió de la vía y
rodó 50 metros por un abismo.

Narraron que en el ataque perecieron el psicólogo del ICBF y el conductor del
vehículo, y dejó gravemente heridas a la psicopedagoga Diana Marcela Parra
Pinto, a la trabajadora social Claudia Elena Gómez Salamanca, y a la nutricionista
dietista Lauren Melissa Barrios Meriño.

Sostuvieron que, como consecuencia del atentado, la señora Gómez Salamanca
sufrió varias lesiones, entre estas, cicatrices ostensibles en región frontal
izquierda, antebrazo derecho, brazo derecho, región cervical izquierda, trauma
múltiple en cara, perforación de tímpano derecho del 40% y perforación del
tímpano izquierdo del 70%.

Indicaron que el 23 de febrero de 2011, en ejercicio del medio de control de
reparación directa1, presentaron demanda en contra del Ejercito Nacional, la
Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el
municipio de San Vicente del Caguán, con el fin de que se les declarara
responsables por las lesiones sufridas por la señora Gómez Salamanca el 7 de
diciembre de 2008, en el mencionado ataque terrorista.

Relataron que, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare,
mediante sentencia de 13 de diciembre de 2021, negó las pretensiones de la
demanda, luego de considerar que no se logró demostrar omisión alguna por parte
de las entidades demandadas, así como tampoco el nexo causal que conllevara la
responsabilidad estatal, pues el hecho ocurrió a manos de un grupo armado ilegal.

1 El proceso se tramitó en vigencia del Decreto 01 de 1984.

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Por último, sostuvieron que contra esa decisión interpusieron recurso de apelación
del que conoció el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, que a
través de sentencia de 31 de marzo de 2023 la confirmó2, tras considerar que en el
caso hubo inexistencia de responsabilidad de las demandadas, dado el vínculo
contractual de la demandante, esto es, el contrato de prestación de servicios que
suscribió con la Organización Internacional para las Migraciones.

2. Fundamentos de la acción

Los accionantes presentaron acción de tutela con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales a la igualdad, vida digna, dignidad humana, al trabajo y a
la reparación integral, los cuales consideran vulnerados con la sentencia de 31 de
marzo de 2023, mediante la que la autoridad judicial accionada confirmó la
decisión que negó las pretensiones del medio de control de reparación directa que
promovieron contra el Ejercito Nacional, la Policía Nacional, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el municipio de San Vicente del
Caguán, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios irrogados con ocasión
de las lesiones soportadas por la señora Claudia Elena Gómez Salamanca, con
ocasión de un atentado terrorista perpetrado contra una misión humanitaria de la
Organización Internacional para las Migraciones, de la que ella hacía parte.

La parte actora comenzó por referirse a algunos de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial,
sobre la inmediatez, sostuvo que la acción fue presentada en tiempo, en tanto “en
el caso en concreto, hay que tener muy presente que quienes fungen como
accionantes son sujetos de especial protección constitucional y convencional.
Víctimas de la absurda acción terrorista dirigida contra el Estado como forma de
organización política en el marco del conflicto armado interno”.

Agregó que “antes de que se profiriera la sentencia del Honorable Consejo de
Estado objeto de esta Solicitud de Tutela, los accionantes, ya se encontraba en
una condición especial de vulnerabilidad. Por una parte, dada la situación de
indefensión y de vulnerabilidad en que se encuentran como consecuencia del acto
terrorista que fue perpetrado, el día 07 de diciembre de 2008 en zona rural del
municipio de San Vicente [del] Caguán y que causó lesiones psicofísicas a la
señora CLAUDIA ELENA GÓMEZ SALAMANCA. Por otra parte, la ocurrencia del
acto terrorista del cual fue víctima CLAUDIA ELENA GÓMEZ SALAMANCA se dio
cuando estaba ejerciendo las labores encomendadas por la OIM y el ICBF.
Insistimos, se trató de una acción terrorista dirigida contra el Estado colombiano.
Además, la situación de orden público del municipio de San Vicente del Caguán
para el año 2008, hecho notorio y altamente difundido por los medios de
comunicación de aquel momento. Finalmente, es fundamental insistir en que la
señora CLAUDIA ELENA GÓMEZ SALAMANCA, presenta graves quebrantos de
salud dadas las secuelas que le dejo el hecho terrorista”.

2 Adujeron que la decisión contó con un salvamento votó, en el que un integrante de la Sala de

Decisión consideró que “mal podría concluirse que, en este caso, la demandante, por ser
contratista de la OIM, se encuentra imposibilitada para acudir a esta jurisdicción en sede de
reparación directa para debatir la responsabilidad de las demandadas, máxime si se considera que
en el escrito inicial su responsabilidad se estructuró a partir de lo dispuesto en el artículo 90 de la
Constitución Política, pues se indicó que el daño alegado estuvo determinado por las omisiones en
las que incurrieron las autoridades públicas que conforman el extremo pasivo de la litis”.
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Sostuvieron que la providencia objetada incurre en i) defecto fáctico, en tanto
desconoce el arsenal probatorio que obra en el expediente y que demuestra que el
acto terrorista era previsible para las autoridades públicas demandadas y que, a
pesar de ello, estas no hicieron lo necesario y posible para evitarlo. Agregaron que
la sentencia desconoce el valor probatorio de los testimonios que obran en el
expediente, “pruebas testimoniales a las cuales se les otorgó pertinencia y valor
probatorio por los operadores judiciales de primera y segunda instancia. Pero, de
manera incomprensible, no fueron valoradas o no lo fueron en debida forma (…)”.

En específico, indicaron que en el caso frente a los testimonios rendidos por las
señoras Mabel Alexandra Mafla, Paula Andrea Galicia Álvarez, y Diana Marcela
Parra Pinto, “la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, no
corrige las graves irregularidades en que, en materia probatoria, incurre la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Casanare. El Órgano de Cierre en materia
Contencioso Administrativa no reconoce ni le da valor y pertinencia probatoria a
los testimonios que vienen de ser evocados y transcritos, en los cuales los
declarantes son muy claros acerca de los problemas de seguridad en que se
encontraban, al hecho de que ellos habían alertado de tal situación a las
autoridades públicas, y a la falta de protección de parte de éstas para con ellos,
sujetos de especial protección constitucional y convencional”.

Refirieron que el defecto fáctico se configura, en tanto en el caso se desconoció el
valor probatorio de las pruebas documentales que obran en el expediente que
demuestran el carácter previsible de la acción terrorista para las autoridades
públicas demandadas “debido a las previas y graves alteraciones del orden
público en el municipio de San Vicente del Caguán, particularmente en lo
relacionado con las misiones médicas y (…) a los riesgos inherentes a los
programas de salud, por ende, a todo lo relacionado con las misiones médicas en
el Departamento del Caquetá y en San Vicente del Caguán. Las misiones médicas
eran objetivo militar de las FARC -EP”.

Agregaron que “se equivoca la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado. No resulta jurídicamente correcto afirmar, como lo hace el Órgano de
Cierre, que el régimen objetivo de Riesgo Excepcional no es aplicable al caso
concreto, porque no quedó así establecido en el proceso penal que se adelantó
por el atentado terrorista perpetrado en contra de la misión médica en la cual se
encontraba la señora Claudia Elena Gómez. Contrario a lo afirmado por el
operador judicial, como se observó en el proceso contencioso administrativo, la
acción terrorista sí se dirigió contra bienes y personas que representaban al
Estado. con ello se desconoce, además, la calidad de colaboradora del Estado
colombiano de la señora Claudia Elena Gómez”.

De otra parte, afirmaron que la providencia objetada incurre en ii) defecto
sustantivo, en tanto “se desconoce el contenido, alcance y campo de aplicación
del primer inciso del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, y, con
ello, de la Cláusula General de Responsabilidad Patrimonial del Estado
Colombiano que le impone al Estado la obligación de responder por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las
autoridades públicas. En el caso concreto, está debidamente probado en el
proceso surtido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que la señora
Claudia Elena Gómez Salamanca y mis otros representados sufrieron daños
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antijurídicos imputables al Estado por la acción y omisión de las autoridades allí
demandadas. A pesar de ello, el Consejo de Estado, Sección Tercera, con la
sentencia objeto de esta solicitud, desconoce el contenido, alcance y campo de
aplicación de la cláusula evocada, así como del derecho constitucional
fundamental a la reparación integral y, con ello, incurre en un defecto sustancial”.

Refirieron que el defecto sustantivo se configura en razón a que desconoce el
contenido, alcance y campo de aplicación de la figura de los sujetos de especial
protección constitucional y convencional, “en este caso, de la señora Claudia
Elena Gómez Salamanca, persona al servicio del Estado, en calidad de
colaboradora del Estado Colombiano en el marco del Convenio Interinstitucional
entre la OIM y el ICBF”.

Adujeron que lo relevante no es la calidad de la señora Gómez Salamanca, sino
el hecho de que una falla del servicio imputable al Estado la sometió a un riesgo
creado de manera ilícita por el Estado colombiano, el cual no estaba obligada
jurídicamente a soportar, y que le generó un daño antijurídico. Añadieron que “el
razonamiento jurídico de la Subsección A de la Sección Tercera del Honorable
Consejo de Estado en la sentencia que es objeto de esta solicitud de tutela es
peligrosamente contrario a derecho en este punto. Equívocamente considera el
juez de segunda instancia que la relación contractual de la señora Claudia Elena
Gómez Salamanca con la Organización Internacional para las Migraciones -
O.I.M. excluye cualquier posibilidad de que se estructure la responsabilidad
extracontractual del Estado Colombiano por falla de servicio”.

Indicaron que en el caso se incurrió igualmente en iii) desconocimiento del
precedente judicial aplicable del Consejo de Estado, relativo a la responsabilidad
del Estado colombiano por actos de terrorismo ejecutados por terceros, el cual se
ha edificado en torno a la falla de servicio y, excepcionalmente, al daño especial y
al riesgo excepcional.

Adujeron que en la sentencia objetada el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “C”, desconoce sin una justificación jurídica sólida, en el caso
concreto, el precedente jurisprudencial edificado por el propio órgano de cierre, en
el régimen subjetivo de responsabilidad estatal (falla de servicio), como en el
régimen objetivo (daño especial y riesgo excepcional).

Finalmente, sostuvieron que el fallo objetado incurre en iv) violación directa de
la Constitución, en específico del artículo 90 superior, primer inciso, pues le
impone a la señora Gómez Salamanca el deber de soportar los daños
antijurídicos sufridos e imputables al Estado colombiano por la acción y omisión
de las autoridades públicas demandadas en sede de reparación directa, y el
artículo 93 de la Carta “en el escenario de la convencionalidad, particularmente en
materia de responsabilidad internacional del Estado Colombiano. La sentencia
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado excluye a la señora
Claudia Elena Gómez Salamanca y mis demás Representados del escenario de
la convencionalidad consagrado en los dos primeros incisos del artículo 93
constitucional. Y, con ello, modifica vía jurisprudencial el contenido y alcance de
los dos primeros incisos del artículo 93 constitucional”.

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3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“1. Que, de conformidad con los argumentos expuestos en la presente Acción se Tutela
se AMPAREN los Derechos Constitucionales Fundamentales de mis Poderdante, entre
otros, al DEBIDO PROCESO, al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, a la
IGUALDAD ANTE LA LEY Y ANTE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS, a la VIDA
DIGNA, a la DIGNIDAD HUMANA, AL TRABAJO, y a la REPARACIÓN INTEGRAL EN
EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, consagrados
por los artículos 29, 229, 13, Preámbulo, 1, 2,11, 23, 53, 42, 70, 90 y 93, de la
Constitución Política de Colombia, que están siendo amenazados y vulnerados por LA
SENTENCIA PROFERIDA POR LA SUBSECCIÓN “A” DE LA SECCIÓN TERCERA
DEL CONSEJO DE ESTADO DE FECHA TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS
MIL VEINTITRÉS (2023), DENTRO DEL PROCESO CON RADICACIÓN 18001-2331-
000-2011- 00117-01 (68668), NOTIFICADA POR CORREO ELECTRONICO EL DÍA
VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023), Y POR EDICTO
ELECTRÓNICO FIJADO EL VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS
(2023) Y DESFIJADO EL DÍA CUATRO (04) DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS
(2023), al “CONFIRMAR” la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare el 25 de noviembre de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. QUE SE REVOQUE LA SENTENCIA PROFERIDA POR LA SUBSECCIÓN “A” DE
LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO DE FECHA TREINTA Y UNO
(31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023), DENTRO DEL PROCESO CON
RADICACIÓN 18001-2331-000-2011-00117-01 (68668), NOTIFICADA POR CORREO
ELECTRONICO EL DÍA VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS
(2023), Y POR EDICTO ELECTRÓNICO FIJADO EL VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE
DOS MIL VEINTITRÉS (2023) Y DESFIJADO EL DÍA CUATRO (04) DE MAYO DE
DOS MIL VEINTITRÉS (2023), al “CONFIRMAR” la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare el 25 de noviembre de 2021, por las razones expuestas en
la parte motiva”.

3. Que se ORDENE a la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado que, en su calidad de
Juez Natural, dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la decisión de
tutela, profiera una nueva Sentencia, favorable a las pretensiones de la Demanda, de
conformidad con los lineamientos establecidos por el Juez de esta Tutela y, por ende,
respetuosa de los Derechos Constitucionales fundamentales de mis Representados.

4. Que se adopten todas las demás medidas necesarias para tutelar y reivindicar los
Derechos Constitucionales Fundamentales de mis Representados, que fueron
vulnerados con la Sentencia proferida el 27 de abril de 2023 por la Subsección A de la
Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital de las actuaciones surtidas en el proceso de reparación
directa radicado con el Nº 2011-00117-01, actor: Claudia Elena Gómez
Salamanca y otros.

5. Trámite procesal

Por auto de 23 de noviembre de 2023, la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado dispuso la admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar
a la parte demandante y a la autoridad judicial demandada. Además, se ordenó
vincular al Tribunal Administrativo de Casanare, a la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, al Instituto colombiano de
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Bienestar Familiar y al municipio de San José del Caguán, como terceros
interesados en el resultado del proceso.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

El magistrado encargado del despacho ponente de la decisión objetada rindió
informe en el que solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, por
cuanto, sostuvo, la misma incumple con el requisito de inmediatez, en tanto la
parte actora pretende que se revoque en sede de tutela una sentencia dictada por
la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 31 de marzo de
2023, la cual se notificó por correo enviado el 27 de abril de 2023, y la demanda
de tutela se radicó el 7 de noviembre de 2023, es decir, pasado el término de seis
(6) meses jurisprudencialmente desarrollado para ese efecto, sin que el proceso
hubiera tenido algún trámite posterior que justificara la desatención de dicho plazo
que se considera oportuno para incoar la acción de tutela contra providencias
judiciales.

Adicionalmente, indicó que no existe vulneración alguna a los derechos
fundamentales invocados, pues, sostuvo, se valoraron todos los fundamentos
fácticos y jurídicos, lo cual permitió concluir “que el daño invocado por la parte
actora tenía como fuente la ejecución de un contrato civil de prestación de
servicios independientes celebrado entre la señora Claudia Elena Gómez
Salamanca y la OIM, organismo que goza de inmunidad, razón por la cual le
correspondía accionar contra el Congreso de la República por el daño especial
causado por la aprobación de dicho privilegio a esa entidad, de acuerdo con las
normas y jurisprudencia explicados en la providencia”.

Para finalizar, sostuvo que lo que se observa en los argumentos de la tutela es
una inconformidad de los demandantes con el sentido de la decisión, sin que
resulte procedente que por esta vía de amparo constitucional se pretenda revivir
una discusión agotada en el proceso ordinario.

6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Casanare

La ponente de la decisión de primera instancia en el proceso que originó la
controversia rindió informe en el que solicitó que se denegaran las pretensiones de
la tutela, por cuanto, señaló, en la providencia emitida por esa Corporación el 25
de noviembre de 2021, que fue confirmada por el Consejo de Estado mediante
providencia que es objeto de esta tutela, no se vulneran los derechos
fundamentales a que hace referencia el tutelante, pues se valoraron las pruebas
que fueron recaudadas y efectuado el análisis correspondiente, se concluyó que
no se configuró la responsabilidad de las demandadas ya que no se acreditó que
hayan sido informadas sobre las situaciones de riesgo y peligro relacionados con
hechos delictuales, por lo cual no se pudo advertir la inminencia del ataque
acaecido el 7 de diciembre de 2008.
6.3. Respuesta de la Policía Nacional

El apoderado de la institución rindió informe en el que solicitó que se denegaran
las pretensiones, por cuanto, adujo, la decisión adoptada en el medio de control
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reparación directa frente a las pretensiones de la accionante no fueron
despachadas desfavorablemente por simple capricho o voluntad de los
magistrados, sino atendiendo criterios razonables y objetivos con total apego a las
normas, “por lo que la decisión de segunda instancia proferida por esa alta
corporación estuvo alineada a los parámetros legales, de esta forma y como
argumento de entrada, honorable consejero es importante señalar, que no le
asistiría razón a la accionante frente a las pretensiones de la tutela para cuestionar
la decisión adoptada por el despacho judicial”.

Indicó que de los fundamentos de hecho y de derecho argumentados por la
accionante se evidencia con facilidad que en su gran mayoría se limitan a debatir
aspectos procesales y probatorios que fueron examinados por las dos instancias,
por lo que, “para los fines de la presente acción, su señoría resultaría
insustanciales si se tiene en cuenta la naturaleza de este mecanismo
constitucional no consiste en plantear aspectos que ya fueron debatidos en sede
del proceso judicial”.

Refirió que la decisión objetada centró su tesis argumentativa en identificar la
vinculación laboral de la víctima del atentado, lo que evidenciaba un aspecto
netamente contractual con una entidad sujeto a derecho internacional que ha sido
considerada como excepta de ser accionada en sede de la justicia interna
colombiana, como textualmente se lee en la sentencia, “de modo que, por regla
general, la OIM es inmune a toda acción judicial, incluidos los contratos de
prestación de servicios como el que suscribió la actora”, por otra parte se lee en
párrafos siguientes de la sentencia lo siguiente: “...De ahí que la actora no podía
demandar a la OIM por las lesiones sufridas en ejecución de su contrato y, ante
dicha imposibilidad, lo que le correspondía era accionar contra el Congreso de la
República, por el daño especial causado por la aprobación de dicho privilegio a
esa entidad (…)”.

Finalmente, indicó que es claro que la decisión adoptada por la autoridad judicial
accionada no habilita este mecanismo establecido en la Constitución Política para
acudir ante el juez de tutela a cuestionar una decisión que tuvo una litis con todas
las garantías procesales, y agregó que si bien la decisión del ad quem no
favoreció a los intereses de la parte accionante, también lo es que este hecho por
sí mismo no es suficiente para que transcurridos un poco más de seis meses
posterior a la ejecutoriedad de la providencia la ciudadana cuestione la decisión
que tuvo a lugar en derecho.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado por medio de
sentencia de 17 de enero de 2024, amparó los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de los accionantes, dejó sin
efectos la sentencia de 31 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “A”, y ordenó a esta que emitiera un
pronunciamiento de reemplazo, de conformidad con los argumentos expuestos.

Luego de manifestar que “encontraba superados los requisitos de procedibilidad”,
manifestó que en el caso, si bien uno de los cargos referidos en el escrito del
recurso de apelación tuvo que ver con la posible responsabilidad del Instituto
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Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, al momento del ataque terrorista del que
fue víctima la demandante dada su condición de contratista, el cual fue desatado
desfavorablemente en la decisión acusada, lo cierto es que la motivación del daño
endilgado a las demás entidades demandadas no tenía que ver con ello, salvo que
era parte de una misión humanitaria, es decir, las causas de las imputaciones
devenían de fuentes jurídicas distintas.

Conforme con lo anterior, afirmó que el defecto sustantivo alegado se configuró,
en tanto la decisión objeto de tutela desconoció el derecho de los demandantes de
acudir a la administración de justicia en los términos del artículo 90 de la
Constitución Política, “al negarle las pretensiones bajo argumentos ajenos a la
controversia realmente planteada en la demanda y reiterada en el recurso de
apelación de cara a la responsabilidad extracontractual endilgada a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército y Policía Nacional; y al municipio de San
Vicente del Caguán”.

Por último, sostuvo que el defecto fáctico también se configuró, pues, señaló, “al
no desatarse los argumentos puntuales traídos en el recurso de apelación no se
realizó ninguna valoración respecto de las pruebas echadas de menos por la parte
demandante”.

8. Escritos de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, los
demandantes y la autoridad judicial accionada presentaron escrito de
impugnación, los cuales se sustentan en los siguientes argumentos:

8.1. Impugnación de la parte actora

Los accionantes impugnaron el fallo de primera instancia, en específico “algunos
aspectos de la parte motiva de la sentencia que tienen importantes consecuencias
en lo relacionado con la sentencia de remplazo que deberá proferir el juez natural
y, por ende, en la protección de los derechos constitucionales y convencionales
fundamentales de mis Representados”.

En primer lugar, manifestó que el defecto fáctico alegado no se circunscribe
únicamente a las pruebas documentales relacionadas con noticias de la prensa
hablada y escrita y a que los testimonios que obran en el expediente no fueron
valorados en el proceso de reparación directa, sino que tiene múltiples
dimensiones, “lo cual hace necesaria una nueva e integral valoración de TODAS
las pruebas testimoniales, documentales y periciales que obran en el expediente
del proceso con pretensiones de reparación directa. Tales como, por ejemplo, el
proceso penal adelantado con ocasión al atentado terrorista perpetrado el día 07
de diciembre de 2008 y, el contrato de prestación de servicios suscrito entre la
Dra. Claudia Gómez y la OIM, entre muchas otras”.

Sostuvo que una nueva e integral valoración de todas las pruebas que obran en el
expediente es requisito fundamental para la protección de sus derechos
fundamentales en sede de lo contencioso administrativo.

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De otra parte, señaló que el problema jurídico formulado parte de una premisa
equívoca, pues se estructura a partir de una situación jurídica errónea, esto es,
que la señora Gómez Salamanca fue “víctima de un ataque terrorista mientras
ejercía sus labores como contratista, pues, como lo abordamos y demostramos
rigurosamente en el proceso contencioso administrativo con pretensiones de
reparación directa y en la solicitud de tutela del proceso de la referencia, la doctora
Claudia Elena Gómez Salamanca no tuvo ninguna relación contractual con las
autoridades públicas demandadas en sede de reparación directa, incluido, por
supuesto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La única relación
contractual de la doctora Claudia Elena Gómez Salamanca fue con la
Organización Internacional para las Migraciones – O.I.M. -. El daño antijurídico
sufrido por mi Representada se dio en el marco de una acción terrorista dirigida
contra una Unidad Móvil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es decir,
en un escenario extracontractual en lo que respecta a la relación entre mi
Representada y las autoridades públicas demandadas ante lo Contencioso
Administrativo. Además, el convenio celebrado por la O.I.M. y el I.C.B.F. no crea,
en ningún caso, una relación contractual entre el I.C.B.F. y la doctora Claudia
Elena Gómez Salamanca”.

Indicó que, en ese sentido, frente a ese argumento la responsabilidad contractual
que erróneamente se intenta esbozar en el problema jurídico desconoce los
principios de la responsabilidad contractual, “pues tratadistas como Alessandri
Rodríguez ha expresado que la responsabilidad contractual es aquella que
proviene de la violación de un contrato y se traduce en la obligación de indemnizar
al acreedor el perjuicio que le causa el incumplimiento del contrato o su
cumplimiento tardío o imperfecto, debe necesariamente pensarse que si todo
contrato legalmente celebrado es una ley para las partes, justo es que quien lo
viole sufra las consecuencias de su acción y repare el daño que se cause”.

Refirió que tampoco es de recibo el argumento de que la señora Gómez
Salamanca no era servidora pública del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
-ICBF- y, por lo tanto, en calidad de contratista de la OIM lo que “se diseñaba era
un escenario de responsabilidad contractual”, ajeno por completo a la institución
de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Reiteró que una nueva e integral valoración de todas las pruebas que obran en el
expediente permitiría demostrar que las autoridades públicas demandadas
incumplieron, en un escenario extracontractual, con el contenido obligacional que
tenían a su cargo en el momento en que sucedieron los hechos generadores del
daño antijurídico sufrido e imputable al Estado colombiano por la acción y omisión
de las autoridades públicas demandadas.

Para finalizar, sostuvo que esa nueva e integral valoración de las pruebas permite
también demostrar que la acción terrorista de que fue víctima la señora Gómez
Salamanca “fue dirigida contra el Estado colombiano y, por lo tanto, aún en
ausencia de falla de servicio – que sí se configuró en el caso concreto –
compromete su responsabilidad extracontractual tanto por riesgo excepcional
como por daño especial”.

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8.2. Impugnación del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

La autoridad judicial accionada manifestó que una de las razones de defensa
expresadas en la contestación consistía en que la acción era improcedente, por
cuanto no cumplía con el requisito general de inmediatez, argumentó que no fue
estudiado por el a quo.

Reiteró que, una vez consultado el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI, se
advirtió que la sentencia infirmada fue notificada a las partes el 27 de abril de
2023, mientras que la demanda de tutela fue instaurada el 7 de noviembre del
mismo año, por lo que transcurrieron un total seis (6) meses y diez (10) días,
término que en criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado es indicativo de que la acción constitucional
no fue ejercida oportunamente, por lo que solicita que se revise si la acción fue
ejercida dentro de un plazo prudencial, de acuerdo a los criterios establecidos para
es efecto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación
presentado por la autoridad judicial accionada, si debe revocar la sentencia 17 de
enero de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de
Estado, en la que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de los accionantes, en tanto la solicitud
incumple con el requisito general de procedencia que debe observar contra
providencias judiciales, consistente en la inmediatez u oportunidad en su
presentación.

De encontrarse superado dicho presupuesto general, conforme con la apelación
presentada por la parte actora, corresponde a la Sala determinar si la sentencia de
primera instancia debe revocarse, en específico en cuanto a i) que el defecto
fáctico alegado no se circunscribe únicamente a las pruebas documentales
relacionadas con noticias de la prensa hablada y escrita y a que los testimonios
que obran en el expediente no fueron valorados en el proceso de reparación
directa, sino que tiene múltiples dimensiones, lo cual hace necesaria una nueva e
integral valoración de todas las pruebas testimoniales, documentales y periciales
que obran en el expediente del proceso con pretensiones de reparación directa, ii)
que el problema jurídico formulado parte de una premisa equívoca, pues se
estructura a partir de una situación jurídica errónea, esto es, que la señora Gómez
Salamanca fue víctima de un ataque terrorista mientras ejercía sus labores como
contratista, y iii) que no es acertado el argumento conforme con el cual la señora
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Gómez Salamanca no era servidora pública del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -ICBF- y, por lo tanto, en calidad de contratista de la OIM lo que se
presentó fue un escenario de responsabilidad contractual.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20146, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los

3 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 M. P. Jaime Córdoba Triviño.

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siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
Constitución15.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte
Constitucional17.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La acción de tutela fue presentada dentro de un plazo razonable,
contrario a lo sostenido por la autoridad judicial accionada en el escrito de
impugnación

4.1.1. En la sentencia de tutela de primera instancia de 17 de enero de 2024, el
juzgador indicó que encontraba superados los requisitos generales de

8 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
9 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto

legal en el que se sustenta la decisión.
11 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o

que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese

engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
13 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos

fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa
la legitimidad de su órbita funcional.
14 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el

juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
15 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias

SU-114 de 2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
16 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016

00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº
2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P.

Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de
2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre
otras.
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procedencia. En el escrito de impugnación, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección “A”, manifestó que una de las razones de la defensa
expresadas en la contestación de la solicitud de amparo constitucional consistía
en que la acción era improcedente, por cuanto no cumplía con el requisito general
de inmediatez, argumento que, señaló, no fue estudiado por el a quo, por lo que lo
reiteró.

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que “toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora
bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo momento y
lugar”, lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en
cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos
vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en
cada caso concreto.

Si bien la Sala Plena de esta Corporación mediante sentencia de unificación de 5
de agosto de 201418 estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo
debe promoverse en un término indicativo de seis (6) meses contados a partir de
la notificación o ejecutoria de la sentencia o providencia objeto de reproche
constitucional, este no se debe entender como un término inamovible, sino que se
debe analizar en cada caso concreto las circunstancias, la calidad del sujeto y los
derechos fundamentales que están en juego.

De igual forma, la jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios
orientadores para que el juez de tutela pueda determinar19, en cada caso, si se ha
cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la
sentencia SU-391 de 201620, así: “(i) La situación personal del peticionario: debe
analizarse la situación personal del peticionario, pues en determinados casos esta
hace desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término
breve; (ii) El momento en el que se produce la vulneración: pueden existir casos de
vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales. En estos casos, para
analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el momento
en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela,
sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó; (iii) La
naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de los
interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la
presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos
fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la
tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez
puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los
derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis
debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales

18 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
19 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo,

sentencia T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P.
Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-
1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
20 Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.

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y (v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un
motivo que justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en
cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara
procedente”21.

4.1.2. En el caso bajo análisis, si bien transcurrieron seis (6) meses y diez (10)
días entre la notificación del fallo objeto de tutela, 27 de abril de 2023, y el
momento en que la demanda de tutela fue instaurada -7 de noviembre de 2023-,
para la Sala, las circunstancias fácticas que rodean el caso del que se reclama la
vulneración iusfundamental alegada, justifican que el requisito de procedencia de
la inmediatez se flexibilice y que la acción se entienda presentada dentro de un
término razonable.

Uno de los supuestos que ha precisado la jurisprudencia constitucional para
efectuar el análisis del presupuesto de la inmediatez es la situación personal del
peticionario, para lo cual se deben tener en consideración determinadas
circunstancias particulares que hacen desproporcionado exigir la presentación de
la acción de tutela dentro de un término breve.

En el asunto bajo examen, la parte actora solicita la protección de los derechos
fundamentales invocados, supuestamente vulnerados por la decisión judicial
objetada, en la que se estudió el caso de la señora Claudia Elena Gómez
Salamanca, quien en el marco de una misión humanitaria de personal médico y
de apoyo para un programa de asistencia social en una zona de conflicto, fue
víctima de un ataque terrorista que le causó graves afectaciones a su salud y
consecuencias a mediano y largo plazo. Para la Sala, esas circunstancias
justifican que el conteo de la inmediatez se flexibilice con el fin de acceder al
estudio de fondo del caso, en virtud del derecho de acceso a la administración de
justicia y de cara a los alegatos que justifican la interposición de la acción.

De ello da cuenta el informe técnico medico legal de lesiones no fatales expedido
por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que se allegó con
la demanda de reparación directa, en el que se indica que, de conformidad con la
historia clínica, la señora Gómez Salamanca “sufrió traumas múltiples en cara,
región cervical y miembro superior derecho. Perforación tímpano derecho 40% y
perforación tímpano izquierdo 70%”. Así mismo, en el expediente ordinario consta
que entre las consecuncias del atentado se encuentran “ruptura traumática de
membrana timpánica bilateral y heridas múltiples en cuerpo por esquirlas de
bomba”, así como la desfiguración parcial de su rostro y extremidades.

Esta circunstancia particular y concreta, permite concluir que la señora Claudia
Elena es un sujeto de especial protección constitucional en circunstancia de
debilidad manifiesta, a quien se le debe garantizar el acceso a la administración de
justicia, lo que justifica un análisis flexible del presupuesto de la oportunidad en la
acción de tutela.

Así las cosas, la Sala concluye que en este caso se debe privilegiar el acceso a la
administración de justicia, razón por la cual el ejercicio de la acción de tutela no
puede supeditarse a la verificación irrestricta del plazo razonable de los seis

21 Ibídem.

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meses que ha precisado esta Corporación, sino que se debe partir de las
circunstancias particulares del caso22.

En efecto, como se anotó, en el caso, como consecuencia del atentado del que
fue víctima, la señora Gómez Salamanca sufrió lesiones físicas y sicológicas que
incluyen la pérdida de su capacidad auditiva y secuelas permanentes en su rostro
y cuerpo, por lo que la Sala dará por cumplido el requisito de la inmediatez.

En ese sentido, la solicitud de tutela fue interpuesta dentro de un plazo razonable
desde la notificación del fallo que se objeta y, por esta razón, confirmará el fallo
impugnado que declaró el cumplimiento de este presupuesto general de
procedencia.

4.2. Los aspectos que soportan la impugnación de la parte actora son
propios del debate ordinario, por lo que el amparo constitucional en los
términos concedidos por el a quo debe confirmarse

4.2.1. En la sentencia de tutela de primera instancia se accedió al amparó los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de los accionantes.

Para sustentar esa decisión, sostuvo que si bien uno de los cargos referidos en el
recurso de apelación en el proceso ordinario tuvo que ver con la posible
responsabilidad del ICBF al momento del ataque terrorista del cual fue víctima la
demandante dada su condición de contratista, el cual fue desatado
desfavorablemente en la decisión acusada, lo cierto es que la motivación del daño
endilgado a las demás entidades demandadas no tenía que ver con ello, salvo que
era parte de una misión humanitaria, es decir, las causas de las imputaciones
devenían de fuentes jurídicas distintas.

Conforme con lo anterior, afirmó que el defecto sustantivo alegado se configuró,
en tanto la decisión objeto de tutela desconoció el derecho de los demandantes de
acudir a la administración de justicia en los términos del artículo 90 de la
Constitución Política, “al negarle las pretensiones bajo argumentos ajenos a la
controversia realmente planteada en la demanda y reiterada en el recurso de
apelación de cara a la responsabilidad extracontractual endilgada a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército y Policía Nacional; y al municipio de San
Vicente del Caguán”. Agregó que el defecto fáctico también se configuró, pues,
señaló, “al no desatarse los argumentos puntuales traídos en el recurso de
apelación no se realizó ninguna valoración respecto de las pruebas echadas de
menos por la parte demandante”.

En el escrito de impugnación, los accionantes señalaron que la decisión de
primera instancia debe modificarse, en específico en cuanto a i) que el defecto
fáctico alegado no se circunscribe únicamente a las pruebas documentales

22 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer -
CEDAW-, garantiza el derecho a la justicia para las mujeres como una forma de garantizar la
efectividad de sus derechos, lo que se reafirma en la Convención de Belém do Pará en la que en
su artículo 4 literal g) garantiza el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos.
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relacionadas con noticias de la prensa hablada y escrita y a que los testimonios
que obran en el expediente no fueron valorados en el proceso de reparación
directa, sino que tiene múltiples dimensiones, lo cual hace necesaria una nueva e
integral valoración de todas las pruebas testimoniales, documentales y periciales
que obran en el expediente del proceso con pretensiones de reparación directa, ii)
que el problema jurídico formulado parte de una premisa equívocada, pues se
estructura a partir de una situación jurídica errónea, esto es, que la señora Gómez
Salamanca fue víctima de un ataque terrorista mientras ejercía sus labores como
contratista, y iii) que no es acertado el argumento conforme con el cual la señora
Gómez Salamanca no era servidora pública del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -ICBF- y, por lo tanto, en calidad de contratista de la OIM lo que se
presentó fue un escenario de responsabilidad contractual.

4.2.2. De los argumentos que sustentan la impugnación presentada por los
accionantes, la Sala observa que si bien los mismos se presentan frente a
“algunos aspectos de la parte motiva de la sentencia del juez constitucional que
tienen importantes consecuencias en lo relacionado con la sentencia de remplazo
que deberá proferir el juez natural”, lo cierto es que estos se encuentran dirigidos a
dirimir aspectos del debate propio del juicio de responsabilidad del Estado que
habrá de definir el juez natural de la causa, con ocasión de la orden emanada del
a quo, por lo que su definición en esta instancia constitucional desborda el ámbito
de la impugnación.

En efecto, en el fallo impugnado el a quo encontró configurado el defecto
sustantivo al considerar que en el caso se desconoció el derecho de los
demandantes de acudir a la administración de justicia en los términos del artículo
90 de la Constitución Política, al negarle las pretensiones bajo argumentos ajenos
a la controversia realmente planteada en la demanda, esto es, que el daño
reclamado lo era únicamente por la responsabilidad del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -ICBF, lo que, consideró, igualmente configuraba el defecto
fáctico por la falta de valoración de las pruebas a la luz de la verdadera
reclamación.

En este sentido, en el fallo de primera instancia se ordenó proferir una nueva
sentencia en la que se tengan en cuenta “las pruebas echadas de menos por la
parte demandante”, esto es, las que justificaron el amparo otorgado por encontrar
configurado el defecto fáctico alegado, por lo que no corresponde al juez de tutela
precisar las demás pruebas sobre las que la autoridad judicial accionada debe
edificar el análisis del fallo de reemplazo, pues esto supondría invadir la
autonomía con la que cuenta el juez natural de la causa en la formación de sus
decisiones.

De igual forma, el aspecto relativo a la calidad de la vinculación de la señora
Gómez Salamanca al momento del atentado es un asunto que corresponde definir
únicamente al juez natural y por las particularidades del caso, en el que el amparo
de los derechos invocados ya fue concedido, será el juez especializado en
asuntos de responsabilidad extracontractual del Estado el que, de considerarlo,
realice esa valoración y análisis.

Conforme con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de 17 de enero de 2024,
dictada por la Sección Segunda, Subsección “B”, del Consejo de Estado, en la
17

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que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de los accionantes.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 17 de enero de 2024, dictada por la
Sección Segunda, Subsección “B”, del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta SALVA EL VOTO

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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