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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06797-00

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06797-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales de la señora Clelia Andrea Anaya Benavides, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. Como consecuencia, (i) se deja sin efectos el auto del 7 de diciembre de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, en el incidente de desacato con radicado 68001-33-33-007-2022-00116-00, y (ii) se ordena a dicha autoridad judicial que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, profiera la correspondiente decisión de reemplazo, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06797-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

13 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06797-00
Demandante: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PROFERIDAS EN EL
TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE DESACATO – Ampara / CONFIGURACIÓN DE
DEFECTO FÁCTICO – Defectuosa valoración del material probatorio allegado al proceso/
DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE.

La Sala1 decide la acción de tutela presentada por la señora Clelia Andrea Anaya
Benavides contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Séptimo
Administrativo de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES
1.Demanda

1.1. Pretensiones

El 7 de noviembre de la presente anualidad, la señora Clelia Andrea Anaya
Benavides interpuso acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo de
Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, «al patrimonio» y al buen nombre. Formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio de la suscrita.

SEGUNDO: Se ORDENE al JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, ANALICE / ESTUDIE la solicitud de
inaplicación de la sanción radicada el 01 de septiembre de 2023, y en su lugar
REVOQUE o INAPLIQUE el auto del 14 de septiembre de 2023 que negó la
solicitud de inaplicación de la sanción impuesta a la suscrita a través de auto
del 29 de noviembre de 2022, modificada mediante auto del 07 de diciembre
de 2022 consistente en uno (1) SMMLV, teniendo consideración la sentencia
SU-034 de 2018 y el auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida
que se cumplió con la orden al expedir la Resolución No. 04102019-56889 del
8 de octubre de 2019, que reconoció el derecho a la entrega de la
indemnización a la señora LUZ MILA OTÁLORA RIVERA y dispuso la

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Se advierte que, el 23 de noviembre de 2023, el proceso ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06797-00
Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: sentencia de tutela primera instancia

aplicación del método técnico de priorización al particular con sus respectivos
resultados de los años 2021 y 2022.

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO SÉPTIMO ORAL DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BUCARAMANGA o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER, que comunique a la autoridad encargada de la ejecución de la
sanción pecuniaria, que las mismas se han levantado con ocasión al
cumplimiento de la orden judicial de tutela.

CUARTO: CONMINAR al JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE SANTANDER, a que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales
frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del
cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza persuasiva del incidente
de desacato.

1.2. Hechos

En la demanda se narró que la señora Luz Mila Otálora Rivera interpuso acción de
tutela contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -en
adelante UARIV-, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales
por no haberle entregado a la accionante una fecha, plazo o turno para el pago de
la indemnización administrativo por el hecho victimizante de desplazamiento
forzado, reconocida mediante la Resolución 04102019-56889 del 8 de octubre de
2019.

En sentencia del 10 de mayo de 2022, el Juzgado Séptimo Administrativo de
Bucaramanga amparó el derecho fundamental al debido proceso de la señora Luz
Mila Otálora Rivera y le ordenó a la UARIV que notificara el resultado del método
técnico de priorización aplicado en la vigencia 2021 y, de ser positivo el resultado
conforme a los intereses de la accionante, procediera a priorizar el pago de la
indemnización administrativa y efectuarlo dentro de los 20 días siguientes a la
comunicación del resultado. En caso de ser negativo el resultado, le ordenó que
adelantara un estudio de priorización en el que debía tener en cuenta la información
referente a la situación de precariedad económica y su situación de madre cabeza
de familia.

La anterior decisión fue impugnada por la UARIV y el Tribunal Administrativo de
Santander, en sentencia del 21 de junio de 2022, modificó el fallo de primera
instancia en los siguientes términos:

Primero. MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la sentencia
proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga, el 10 de mayo de 2022; por las razones expuestas en este
proveído, quedando como única orden la siguiente:

Segundo. ORDENAR a la Unidad Administrativo Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas – UARIV que en el término de diez (10) días

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Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: sentencia de tutela primera instancia

siguientes a la notificación de esta providencia, adelante el estudio técnico de
priorización de la señora Luz Mila Otálora Rivera y su núcleo familiar y fije un
término razonable y perentorio para entregar de manera material la
indemnización administrativa reconocida mediante la Resolución No.
04102019-56889 del 8 de octubre de 2019, haciendo un análisis actual de las
condiciones socioeconómicas en las que se encuentra la demandante.

El 24 de junio de 2022, la entidad demandada en aquel proceso de tutela le
comunicó al Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga que el método
técnico de priorización se aplicaría el 31 de julio de 2022 y que el resultado se
notificaría en la última semana de agosto de 2022.

Mediante auto del 23 de noviembre de 2022, el Juzgado Séptimo Administrativo de
Bucaramanga abrió incidente de desacato en contra de la señora Clelia Andrea
Anaya Benavides, por cuanto actuaba como directora técnica de reparaciones de
la UARIV. El 29 de noviembre siguiente, el referido juzgado sancionó a la aquí
accionante con multa de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por
considerar que no se había dado cumplimiento material a la sentencia de segunda
instancia.

En providencia del 7 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Santander
resolvió el grado jurisdiccional de consulta, en la que modificó el auto del 23 de
noviembre de 2022, así:

Primero. MODIFICAR el numeral primero de la providencia calendada el 29 de
noviembre de 2022, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de
Bucaramanga, objeto de consulta, en el sentido de precisar que se sanciona
por desacato a la Clelia Andrea Anaya Benavides en su condición de Directora
de Reparación Técnica de la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral de las Víctimas, a multa equivalente a un (1) salario
mínimo mensual legal vigente, por las razones expuestas en este proveído

El 12 de diciembre siguiente, se solicitó ante el Juzgado Séptimo
Administrativo de Bucaramanga la inaplicación de la sanción, ante la
imposibilidad material para cumplir el fallo de tutela en lo relacionado con la
indicación de una fecha de pago de la indemnización.

El 14 de diciembre de esa misma anualidad, el Juzgado Séptimo
Administrativo de Bucaramanga negó la solicitud de inaplicación. El 20 de
diciembre de 2022, la aquí accionante dio alcance a la solicitud de
inaplicación, en la que describió la legitimación en la causa para elevar la
respectiva solicitud.

En providencia del 16 de enero de la presente anualidad, el Juzgado Séptimo
Administrativo de Bucaramanga nuevamente negó la solicitud de inaplicación

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Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: sentencia de tutela primera instancia

e indicó que se estaba a lo resuelto mediante auto del 14 de diciembre de
2022.

La accionante, el 17 de enero de 2023, le pidió al juzgado que reconsiderara
su decisión, solicitud que se despachó desfavorablemente el 25 de enero
siguiente. El 27 de enero de 2023, la demandante dio alcance a la solicitud de
reconsideración de la decisión que negó la inaplicación de la sanción, la cual
fue negada otra vez mediante auto del 2 de febrero de 2023.

El 18 de agosto de 2023, la señora Anaya Benavides le pidió al Juzgado
Séptimo Administrativo de Bucaramanga la inaplicación de la sanción
impuesta. El 14 de septiembre siguiente, el referido juzgado no accedió a la
solicitud de inaplicación.

A juicio de la actora, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en
defecto sustantivo, al desconocer el precedente la Corte Constitucional
establecido en la sentencia SU-034 de 2018, que establece las pautas
jurisprudenciales para que los jueces de tutela modulen el cumplimiento del
fallo relacionado con el pago de la indemnización administrativa.

Sostuvo que también incurrió en defecto fáctico por valoración defectuosa del
material probatorio, puesto que no tuvieron en cuenta las explicaciones dadas
por la UARIV en relación con el debido proceso administrativo y lo dispuesto
en la Resolución 01049 de 2019, sobre el procedimiento para la entrega de la
indemnización administrativa a las víctimas del conflicto armado dentro de un
marco de igualdad entre las demás víctimas.

Expuso que se encuentra en imposibilidad material de cumplir el fallo de tutela,
por cuanto no es presupuestalmente viable indemnizar a las 9.555.446
víctimas al mismo tiempo, teniendo en cuenta que la UARIV se encuentra en
una «crisis presupuestal reconocida por la Corte Constitucional en el auto 206
del 28 de abril de 2017».

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 10 de noviembre de la presente anualidad, se admitió la
acción de tutela y se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo de Santander y al juez séptimo administrativo de Bucaramanga,
como parte demandada, y a la señora Luz Mila Otálora Rivera, como tercera con
interés. Asimismo, se negó la medida provisional solicitada.

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Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: sentencia de tutela primera instancia

2.2. El Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga remitió el expediente
digital, pero no emitió pronunciamiento alguno en relación con los hechos de la
tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala deberá analizar si en el caso concreto la solicitud de amparo
cumplió con los requisitos generales de la tutela. Sólo en el evento de cumplirse, la
Sala descenderá al análisis de fondo que corresponde, a fin de establecer si el
Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Séptimo Administrativo de
Bucaramanga vulneraron o no los derechos fundamentales de la señora Clelia
Andrea Anaya Benavides.

2. Análisis de la Sala

2.1. De la acción de tutela contra providencias dictadas en el marco de otra
acción de tutela, incluidas aquellas proferidas en el trámite del incidente de
desacato

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 del 1° de octubre 2015, unificó el
criterio en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
sentencias o actuaciones adelantadas en una acción de tutela. Al respecto, dijo lo
siguiente:

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra
la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a
ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es
la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del proceso
de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

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4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional.

De lo anterior, se pueden puntualizar las tres excepciones en las que la acción de
tutela procede contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de tutela:

1. Contra la sentencia de tutela proferida por un juez, diferente a la Corte
Constitucional, siempre y cuando se demuestre que la nueva tutela no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la decisión adoptada
fue producto de una situación de fraude, y que no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

2. Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia, que puede
consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o vinculado a los terceros
que serían afectados con la decisión.

3. Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se trate de
proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato.

Sin embargo, para la Corte, en cualquiera de los anteriores escenarios, sigue
siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Con respecto a la procedencia específica de la acción de tutela contra decisiones
proferidas en el trámite incidental de desacato, la Corte Constitucional, en
sentencia de unificación 034 del 3 de mayo de 2018, manifestó que:

En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene
que para enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un
incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone
antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es
del caso–.

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ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la
configuración una de las causales específicas (defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser
consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de
manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de
expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía
que practicar de oficio.

2.2. Requisitos generales de procedibilidad

2.2.1. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez
que, si bien la sanción por desacato se impuso a la actora en providencias del 29
de noviembre y del 7 de diciembre de 2022, lo cierto es que, mediante auto del 14
de septiembre de la presente anualidad, al resolver la solicitud de inaplicación
presentada por la accionante, el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga
volvió a pronunciarse en el sentido de no levantar dicha sanción por desacato, en
consideración a que durante el tiempo que la señora Anaya Benavides fungió como
directora técnica de reparación de la UARIV pudo adelantar el estudio técnico de
priorización de la señora Luz Mila Otálora Rivera e indicarle un término razonable
y perentorio para hacer entrega de la indemnización administrativa que le fue
reconocida y, a su juicio, no se evidencia la imposibilidad material de cumplimiento
de la orden judicial.

Adicionalmente, el juzgado descartó el argumento según el cual no era procedente
la sanción por desacato porque ya no se desempeñaba en el cargo de directora
técnica desde el 12 de mayo de 2023. En su criterio, la señora Anaya Benavides
se mantuvo en el cargo varios meses después de quedar en firme la sanción y,
pese a ello, no dio cumplimiento a la orden de tutela.

Para la Sala, entonces, el término de inmediatez se debe contabilizar a partir de la
notificación de la providencia del 14 de septiembre de 2023, y como la tutela se
radicó el 7 de noviembre siguiente, es claro que no habían transcurrido ni siquiera
dos meses, por lo que se concluye que fue interpuesta en un término razonable.

2.2.2. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima
que este requisito está acreditado porque se agotaron los recursos disponibles en
el proceso de tutela y en el trámite del incidente de desacato, pues, precisamente,
lo que se está discutiendo es la inaplicación de una sanción proferida en el marco
de un incidente de desacato que ya surtió el grado jurisdiccional de consulta ante
el Tribunal Administrativo de Santander.

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2.2.3. De la relevancia constitucional: la cuestión que aquí se discute sí tiene
relevancia constitucional, toda vez que la parte demandante alegó que con las
providencias que se abstuvieron de levantar la sanción impuesta en el incidente de
desacato, vulneraron sus derechos fundamentales, al no tener en cuenta la
imposibilidad material para dar cumplimiento al fallo de tutela y el desconocimiento
del precedente unificado de la Corte Constitucional, cuestiones que revisten una
marcada importancia desde la óptica de las prerrogativas iusfundamentales.

2.2.4. No se advierte que la parte actora hubiera planteado argumentos
nuevos y no se solicitaron nuevas pruebas, pues los motivos de reproche contra
las providencias que la sancionaron y en el escrito de tutela, son consistentes en
afirmar que le es imposible dar cumplimiento material a la orden de tutela, toda vez
que, de conformidad con el procedimiento administrativo contemplado en la
Resolución 1049 de 2019, al aplicar el método de priorización diseñado por la
UARIV, la accionante en el proceso de tutela objeto de desacato no obtuvo el
puntaje necesario para ser incluida dentro del universo de víctimas priorizadas que
accedieron a la indemnización administrativa con los recursos asignados, en la
disponibilidad presupuestal del año 2022.

3. Caso concreto y solución del problema jurídico 2

En el caso bajo estudio, la señora Clelia Andrea Anaya Benavides alegó que el
Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Séptimo Administrativo de
Bucaramanga incurrieron en defecto fáctico y desconocimiento del precedente, al
no atender favorablemente las solicitudes de inaplicación de las sanciones por
desacato al fallo de tutela del 21 de julio de 2022, que se le impusieron mediante
providencias del 29 de noviembre y del 7 de diciembre 2022.

En la sentencia SU-034 de 2018, la Corte Constitucional analizó la validez de las
providencias mediante las cuales el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios negó
el levantamiento de las sanciones por desacato impuesta a la antigua directora
general y a otras funcionarias de la UARIV por no entregar la indemnización
administrativa reclamada por tres víctimas de desplazamiento forzado en los
términos fijados en los fallos de tutela que ordenaron el pago de dicha medida de
reparación.

2
Por tratarse de asuntos con circunstancias fácticas y jurídicas similares, la Sala incorporará a este
fallo las consideraciones expuestas en las sentencias del 20 de mayo de 2022, expediente 2022-
02006-00, y del 31 de mayo de 2023, expediente 2023-00973-00, ambos con ponencia del magistrado
José Roberto Sáchica Méndez.

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En aquella oportunidad, la autoridad jurisdiccional accionada se rehusó a inaplicar
las sanciones impuestas, por cuanto la entidad no había demostrado el pago a los
interesados tal y como había sido dispuesto en las sentencias de tutela que
ampararon los derechos por ellos invocados.

Por su parte, la UARIV explicó que no era posible realizar el desembolso inmediato
de los respectivos recursos, por cuanto era necesario establecer los criterios de
priorización que resultaran aplicables en cada caso y agotar el procedimiento
previsto legalmente para el efecto, debido a que la política de reparación integral a
las víctimas del conflicto del conflicto se ejecuta de acuerdo con los principios de
igualdad, gradualidad y progresividad en vista de la masiva cantidad de afectados
por la violencia y las limitaciones presupuestales.

La Sala Plena de la Corte analizó específicamente los requisitos para enervar
providencias que ponen fin a los incidentes de desacato y estudió la jurisprudencia,
con especial énfasis en su naturaleza y finalidad «que no es otra que propiciar el
cumplimiento efectivo de las órdenes de tutela como medio para asegurar el
restablecimiento de los derechos amparados». Sostuvo que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente, por cuanto omitieron la complejidad que implicaba la ejecución
inmediata de las órdenes de tutela -por estar inmersa en un estado de cosas
inconstitucional-, y se debía atender a las facultades del juez para modular las
órdenes impartidas en la sentencia -pago de la indemnización administrativa- en
consideración al contexto y los informes allegados por la UARIV.

La Corte concluyó que se trataba de órdenes complejas y, por tanto, el precedente
constitucional habilitaba al juez del desacato para modular la orden de pago en uno
de sus aspectos accidentales (tiempo, modo y lugar), con el propósito de hacer
posible y real su cumplimiento, pues la entidad obligada se allanó a su
cumplimiento, pero que debía contrastarse con la problemática estructura asociada
al estado de cosas inconstitucional en materia de víctimas de desplazamiento
forzado.

Adicionalmente, precisó que la omisión en el estudio de la responsabilidad subjetiva
condujo al desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la finalidad del
incidente de desacato, pues pasaron por alto que el no pago inmediato de las
medidas de reparación no era imputable a la negligencia de las funcionarias, sino
a la situación coyuntural ocasionada por la violación masiva de derechos en el
marco del conflicto, y esa omisión condujo a una desnaturalización de las sanciones

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de arresto y multa como mecanismos para propiciar la efectividad de la salvaguarda
en los fallos de tutela.

Finalmente, concluyó lo siguiente:

Al momento de resolver un incidente de desacato, la autoridad judicial debe
tomar en consideración si concurren factores objetivos y/o subjetivos
determinantes para valorar el cumplimiento de una orden de tutela por parte de
su destinatario. Entre los factores objetivos, pueden tomarse en cuenta
variables como (i) la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, (ii) el
contexto que rodea la ejecución de la orden impartida, (iii) la presencia de un
estado de cosas inconstitucional, (iv) la complejidad de las órdenes, (v) la
capacidad funcional de la persona o institucional del órgano obligado para
hacer efectivo lo dispuesto en el fallo, (vi) la competencia funcional directa para
la ejecución de las órdenes de amparo, y (vii) el plazo otorgado para su
cumplimiento. Por otro lado, entre los factores subjetivos el juez debe verificar
circunstancias como (i) la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado,
(ii) si existió allanamiento a las órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones
positivas orientadas al cumplimiento. Vale anotar que los factores señalados
son enunciativos, pues, en el ejercicio de la función de verificación del
cumplimiento, el juez puede apreciar otras circunstancias que le permitan
evaluar la conducta del obligado en relación con las medidas protectoras
dispuestas en el fallo de tutela.

No obstante lo anterior, se precisó que la alternativa de acción adoptada por la
UARIV (consistente en la asignación de un turno para la entrega efectiva de la
indemnización) está inserta en una estructura general de cumplimiento, por
tratarse de un estado de cosas inconstitucional, en este caso, en materia de
atención a víctimas de desplazamiento forzado. Se subrayó que la Corte
Constitucional no puede promover ni aceptar el uso estratégico del incidente
de desacato, de modo que se convierta en un mecanismo que les permita a los
accionados dilatar el cumplimiento de las órdenes de tutela en procesos que
no estén dentro de un escenario como el que aquí se observa, esto es, un
estado de cosas inconstitucional.

A partir de los anteriores hallazgos, se concluyó que deben tutelarse los
derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso invocados por la
actora y, como consecuencia de ello, se debe dejar sin efectos aquellas
providencias que negaron el levantamiento de las sanciones por desacato
impuestas a las funcionarias de la UARIV, para proceder a levantarlas, de
conformidad con el precedente fijado por la Corte Constitucional en la materia.

En el presente asunto, se advierte que, a partir de los lineamientos establecidos por
la Corte Constitucional en el Auto 206 de 2017, la UARIV profirió la Resolución
01049 del 25 de marzo de 2019, por la cual se estableció el procedimiento para
acceder al componente de indemnización administrativa y se fijaron los parámetros
de aplicación del método técnico de priorización para su desembolso. Allí se
dispuso que las víctimas se encuentran en situación de urgencia manifiesta o
extrema vulnerabilidad cuando se acredita tener una edad igual o superior a los 68
años, o tener enfermedades huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo,
o tener una discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e
instrumentos pertinentes que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social
o la Superintendencia Nacional de Salud.

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Asimismo, se estableció que los formularios de solicitud de indemnización
administrativa debían ser clasificados en dos grupos (prioritarios y generales), y
para la materialización de la medida se tendría en cuenta la disponibilidad
presupuestal que tuviera la UARIV.

Se dispuso, además, que en los casos no priorizados el orden para la entrega se
define a través de la aplicación del método técnico de priorización y este se realiza
siempre que haya disponibilidad presupuestal.

Pues bien, se tiene que la señora Luz Mila Otálora Rivera promovió incidente de
desacato contra la UARIV por el supuesto incumplimiento del fallo de tutela
proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga, el 10 de mayo
de 2022, que fue modificado por el Tribunal Administrativo de Santander, el 21 de
junio siguiente. Mediante auto del 16 de noviembre de 2022, el referido juzgado
abrió el correspondiente trámite incidental y requirió a la señora Clelia Andrea
Anaya Benavides, directora técnica de reparación de la UARIV, con el fin de que
rindiera informe de cumplimiento del fallo de tutela.

La UARIV, a través de representante judicial, manifestó que a la accionante se le
había realizado el estudio técnico de priorización, pero no salió favorecida para la
entrega de la indemnización administrativa a la que tenía derecho. Además, señaló
que no resultaba posible jurídicamente dar cumplimiento al fallo, por cuanto al no
aprobar el estudio técnico de priorización, no podía asegurarle a la señora Otálora
Rivera una fecha estimada para el pago de la indemnización. Asimismo, sostuvo
que le informó a la accionante los resultados de los estudios y le precisó que de
contar con elementos probatorios para el estudio de la siguiente vigencia, los
presentara en debida forma con el fin de que sirvieran de soporte para el análisis
correspondiente.

El Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga, en providencia del 29 de
noviembre de 2022, sancionó a la señora Clelia Andrea Anaya Benavides con multa
por valor de tres (3) smmlv, por cuanto no se acreditó el cumplimiento de la orden
de tutela del 20 de mayo de 2022, modificada el 21 de junio siguiente, pues, si bien
se aplicó el método técnico de priorización a la accionante, no se determinó una
fecha estimada para el pago de la indemnización administrativa, tal y como fue
ordenado en el fallo de segunda instancia en sede de tutela. Sostuvo que también
se cumplía el requisito subjetivo, dado que la señora Anaya Benavides «ni siquiera
dio respuesta al incidente luego de ser vinculada. Dada la omisión de respuesta, es
claro que no se acreditaron gestiones por parte de la responsable del cumplimiento
del fallo de tutela».

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06797-00
Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: sentencia de tutela primera instancia

La anterior providencia surtió el grado jurisdiccional de consulta ante el Tribunal
Administrativo de Santander, el que, mediante auto del 7 de diciembre de 2022,
modificó la sanción y la redujo a un (1) smmlv. Para tal efecto, argumentó que no
se había acreditado el cumplimiento de la orden judicial, pues la aplicación del
método de priorización se realizó con anterioridad a la presentación de la solicitud
de amparo, y la sentencia de tutela dispuso que debía realizarse dicho estudio
atendiendo a las condiciones socioeconómicas actuales de la señora Luz Mila, y se
debía definir un turno razonable para la entrega de la referida indemnización.
Agregó que el elemento subjetivo estaba acreditado por cuanto la falta de
cumplimiento de la orden de tutela deviene de la conducta renuente de la señora
Anaya Benavides de aceptar las razones dadas por el juez constitucional para
acceder al amparo de los derechos fundamentales de la accionante, quien tiene la
calidad de sujeto de especial protección constitucional al ser víctima de
desplazamiento forzado.

El 13 de diciembre siguiente, se solicitó la inaplicación de la sanción por desacato
ante el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga. Indicó que se encontraba
en imposibilidad material para el cumplimiento del fallo de tutela, pues no resultaba
posible fijar un término razonable y perentorio para entregar de manera material la
indemnización administrativa reconocida, por cuanto la entrega de ese tipo de
medidas debe cumplir los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad
fiscal, ya que no es viable indemnizar a todas las víctimas al mismo tiempo.

El Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga, en providencia del 14 de
diciembre de 2022, no dio trámite a la solicitud de inaplicación de la sanción, por
cuanto la abogada Gina Marcela Duarte Fonseca, quien presentó el memorial del
13 de diciembre, no aportó el poder que la facultara para representar a la señora
Clelia Andrea Anaya Benavides, quien era la directamente afectada por la sanción
cuya inaplicación se solicitó.

El 17 de enero de 2023, la accionante Clelia Anaya Benavides pidió el
levantamiento de la sanción por desacato, con fundamento en que luego de aplicar
el método técnico de priorización, la señora Otálora Rivera no acreditó alguna
características que la hiciera sobresalir sobre las demás personas víctimas del
conflicto armado, pues el puntaje obtenido para 2022 fue de 24.3882 y el mínimo
requerido para ordenar el reembolso en esa vigencia era de 46.6053, de ahí que
no resultara procedente asignar una fecha cierta de pago. Agregó que esa entidad
no otorgaba turnos ni listados, pues dicha indemnización se entrega en el marco de
priorización que introdujo la Resolución 1049 de 2019, que privilegia a aquellas

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06797-00
Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: sentencia de tutela primera instancia

personas que presentan una condición de urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad.

Mediante auto del 25 de enero de 2023, el Juzgado Séptimo Administrativo de
Bucaramanga concluyó que no se había dado cumplimiento a la orden de tutela por
cuanto la imposibilidad alegada por la demandante implicaría revivir una
controversia que ya fue definida por el Tribunal Administrativo de Santander en el
fallo de segunda instancia, y lo que debía acreditarse en sede de desacato eran las
gestiones para dar cumplimiento al fallo judicial, acreditación que, a su juicio «no
se dio ni se da en la solicitud objeto de estudio». Por lo anterior, no accedió a la
solicitud de inaplicación de la sanción.

El 27 de enero siguiente, la aquí accionante pidió que se reconsiderara la decisión
adoptada. En auto del 2 de febrero de la presente anualidad, el Juzgado Séptimo
Administrativo de Bucaramanga dispuso «estarse a lo resuelto en la providencia
calendada del 27 de enero de 2023».

En memorial del 4 de septiembre de 2023, la señora Anaya Benavides nuevamente
le pidió al juzgado accionado que inaplicara la sanción por desacato, por cuanto
desde mayo de la presente anualidad no trabaja en la UARIV y porque existe
imposibilidad material para dar cumplimiento a la orden judicial.

En providencia del 14 de septiembre de 2023, el Juzgado Séptimo Administrativo
de Bucaramanga no accedió a la solicitud de inaplicación con fundamento en las
siguientes consideraciones:

De lo trascrito se sigue que la UARIV contaba, desde la notificación del fallo de
segunda instancia, con el conocimiento y todas las atribuciones y capacidades
legales y logísticas necesarias para hacer efectivo su cumplimiento, esto es,
durante el tiempo en que la Dra. CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES fungió
como Directora Técnica de Reparación de la entidad. Es decir, la entidad
tutelada podía, en efecto, adelantar el estudio técnico de priorización de la
señora LUZ MILA OTÁLORA RIVERA e indicarle un término razonable y
perentorio para hacer entrega de la indemnización que le fue reconocida. Con
todo, no se evidencia la imposibilidad material de cumplimiento de la orden
judicial.

Ahora bien, no es de recibo para el despacho el argumento expuesto por la
Dra. ANAYA BENAVIDES, en el sentido de que es necesario cesar los efectos
de la sanción impuesta en su contra, dado que no desempeña el cargo de
Directora Técnica de Reparación de la UARIV, desde el 12 de mayo de 2023,
por cuanto es claro que contó con varios meses adicionales a la firmeza de la
sanción que se alcanzó al resolverse el grado de consulta, en auto del 07 de
diciembre de 2022, proferido por el H. Tribunal Administrativo de Santander.

Lo anterior lleva a concluir que, al momento de imposición de la sanción, la Dra.
CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES desempeñaba el cargo de Directora
Técnica de Reparación de la UARIV y lo siguió desempeñando por varios

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Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: sentencia de tutela primera instancia

meses más, en cuya virtud era la competente para dar cumplimiento al fallo de
tutela, a pesar de lo cual, omitió hacerlo.

Visto lo anterior, la aquí accionante le comunicó en múltiples ocasiones a las
autoridades judiciales demandadas la imposibilidad material de cumplir con la orden
proferida en la acción de tutela con radicado 68001-33-33-007-2022-00116-01,
debido al agotamiento del procedimiento administrativo establecido en la
Resolución 01049 de 2019 y a la imposibilidad de asignar una fecha de entrega
debido a que agotaron los recursos dispuestos para cubrir el componente de
indemnización administrativa para la vigencia del año 2022.

A pesar de los anteriores argumentos, se observa que el Tribunal Administrativo de
Santander, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, contrario a las reglas
establecidas por la Corte Constitucional, consideró que:

La Sala encuentra que las acciones adelantadas por la accionada no acreditan
el cumplimiento de la orden judicial, por cuanto la aplicación del método de
priorización en el caso de la accionante se realizó con anterioridad a la
presentación de la acción de tutela. En segunda medida, la sentencia de tutela
dispuso que la entidad debía realizar el método de priorización a la actora
atendiendo a sus condiciones socioeconómicas actuales de la señora Luz Mila
Otálora y, definir un turno razonable para la entrega de la indemnización
administrativa, parámetros que no se atendieron por la autoridad incidentada,
porque en la respuesta(y su anexo) dada a la interesada se limitó a exponer los
fundamentos jurídicos sin un análisis concreto de la situación de la actora para
negar la entrega de la medida de reparación y, adicionalmente no concretó un
plazo razonable hacer efectiva la misma.

Ahora, la parte incidentada arguyó en su defensa la imposibilidad de establecer
un turno para la entrega de la indemnización administrativa en favor de la parte
actora atendiendo al procedimiento definido para aplicar el método técnico de
priorización; con lo cual se evidencia que está reviviendo una controversia
zanjada por este Tribunal en sentencia del 10 de junio de 2022, en la cual se
determinó con apoyo a la jurisprudencia constitucional, que la no priorización
de las víctimas para recibir la indemnización no impide que se les informe un
plazo aproximado y orden en el que accederán a la misma en garantía de los
derechos al debido proceso y petición.

Bajo el anterior análisis, se considera configurado el elemento subjetivo, porque
la falta de cumplimiento de la orden de tutela deviene de la conducta renuente
de la accionada de aceptar las razones dadas por el juez constitucional para
acceder al amparo de los derechos fundamentales de la señora Luz Mila
Otálora, quien tiene la calidad de sujeto de especial protección constitucional
por ser víctima de desplazamiento forzoso, haciendo más gravosa su situación
al dilatar en el tiempo el análisis acucioso de la precaria situación
socioeconómica que fue informada en el trámite de la acción de tutela -como
se ordenó en la sentencia- para determinar el plazo y turno razonable para la
entrega de la medida de reparación.

Así las cosas, se concluye que se configuró los elementos objetivo y subjetivo
del desacato, de manera que, concuerda con el juez de instancia que la
autoridad llamada al incidente incurrió en desacato a orden judicial.

En ese contexto, se advierte que las autoridades judiciales accionadas
desconocieron el precedente sentado en la sentencia SU-034 de 2018, al no tener

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Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
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Referencia: sentencia de tutela primera instancia

en cuenta que los pronunciamientos de los jueces de tutela deben respetar los
procedimientos establecidos por las entidades que hacen parte del sistema integral
de reparación y que al imponer las sanciones en desarrollo del trámite incidental de
desacato al juez constitucional le corresponde valorar la responsabilidad subjetiva
de la parte obligada a acatar la orden.

Igualmente, la Sala considera que también incurrieron las autoridades demandadas
en el defecto fáctico alegado, puesto que, mediante la Resolución 04102019-56889
del 8 de octubre de 2019, la UARIV le reconoció el derecho a la medida de
indemnización por el hecho victimizante de desplazamiento forzado a la señora Luz
Mila Otálora Rivera. Asimismo, en el trámite incidental, la parte demandante informó
que la UARIV aplicó el método técnico de priorización el 18 de octubre de 2022 y
le comunicó a la accionante, el 22 de noviembre de 2022, que el puntaje obtenido
fue de 24.3882 y la estadística de ese método determinó que puntaje mínimo para
acceder a la medida era de 46.6053, de conformidad con la disponibilidad
presupuestal para la vigencia 2022, pero que procedería a aplicar nuevamente el
método en la vigencia de 2023, con el fin de verificar si se cumplían los requisitos
para ordenar el pago de la medida indemnizatoria.

Asimismo, le explicó que, si llegara a contar con uno de los tres criterios de urgencia
manifiesta o extrema vulnerabilidad, podría adjuntar en cualquier tiempo la
certificación y los documentos necesarios que acrediten esa circunstancia para
priorizar la entrega de la medida.

En virtud de lo anterior, le indicó que era imposible otorgar una fecha de pago
específica a la señora Otálora Rivera, pues por su puntaje no se ubicó dentro del
universo de víctimas que accederán a la indemnización administrativa, conforme a
la disponibilidad presupuestal asignada a la entidad para el año 2022.

Así las cosas, se puede observar que al confirmar la sanción impuesta a la
accionante en el incidente de desacato, el Tribunal Administrativo de Santander no
valoró adecuadamente el material probatorio que obraba en el expediente, pues del
mismo resulta posible concluir que la asignación de fechas para el pago de la
indemnización administrativa dentro de determinada vigencia fiscal, está
determinada por dos factores, que no dependen de la voluntad de la señora Anaya
Benavides, esto es, la disponibilidad de recursos, pues la misma está ligada al
presupuesto que le asigne cada año a la UARIV y, de otra parte, el puntaje obtenido
a partir del método de priorización, el cual se establece a partir de unos criterios
objetivos definidos por la entidad para clasificar a la población desplazada de
acuerdo a su nivel de vulnerabilidad.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06797-00
Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: sentencia de tutela primera instancia

Entonces, si la señora Otálora no se encuentra dentro de la población priorizada y
se agotan los recursos destinados para el pago de las indemnizaciones, debía ser
reclasificada a partir del método de priorización, no por la omisión en el
cumplimiento del fallo de tutela por parte de la señora Anaya Benavides, sino por
cuanto el puntaje obtenido por la solicitante no es acumulable entre vigencias
fiscales anuales.

Por todo lo anterior, la Sala concederá el amparo solicitado por la accionante, al
encontrar acreditado que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto sustantivo, por desconocer el precedente fijado en la sentencia SU-034 de
2018, y en defecto fáctico, al incurrir en una valoración inadecuada del material
probatorio que obra en el proceso. Lo anterior, tal como lo ha considerado esta
Subsección en reciente pronunciamiento3, no es impedimento para que se recuerde
el deber que tiene el Estado de cumplir con el compromiso de reparar a las víctimas
del conflicto armado.

En esas condiciones, se dejará sin efectos el auto del 7 de diciembre de 2022,
proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, para que resuelva
nuevamente el grado jurisdiccional de consulta, de conformidad con las
consideraciones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales de la señora Clelia Andrea Anaya
Benavides, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. Como
consecuencia, (i) se deja sin efectos el auto del 7 de diciembre de 2022, proferido
por el Tribunal Administrativo de Santander, en el incidente de desacato con
radicado 68001-33-33-007-2022-00116-00, y (ii) se ordena a dicha autoridad
judicial que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la
presente providencia, profiera la correspondiente decisión de reemplazo, en los
términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.

3
Sentencia del 31 de marzo de 2023, expediente 2023-00973-00, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06797-00
Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: sentencia de tutela primera instancia

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto

VF

Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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