Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06802-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06802-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06802-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
8 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06802-00
Demandantes: Manuel Antonio Castillo Fonseca y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06802-00
Demandantes: MANUEL ANTONIO CASTILLO FONSECA Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y EL JUZGADO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE YOPAL
Temas: Contra providencias judicial que declararon la caducidad en proceso de
reparación directa. Delitos de lesa humanidad (ejecución extrajudicial)
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Manuel Antonio Castillo Fonseca, Edilson
Adolfo Castillo Fonseca, Rosalba Castillo Fonseca, María Eugenia Castillo Fonseca,
Segundo Isidro Castillo Fonseca, José Javier Castillo Fonseca, Roque Antonio Castillo
Fonseca, Julio Cesar Castillo Fonseca, Arnulfo Huertas Castillo, Miguel Oswaldo Miranda
Castillo, Wilson Eduardo Castillo Pacheco, José Manuel Castillo Pacheco, Yenny Zuleima
Hurtas Castillo y Sonia Cecilia Miranda Castillo contra el Tribunal Administrativo de
Casanare y el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 7 de noviembre de 2023, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderado
judicial, Manuel Antonio Castillo Fonseca y otros pidieron la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias del 20
de febrero y 27 de julio de 2023, dictadas, en su orden, por el Juzgado Segundo
Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, que declararon la
caducidad del medio de control de reparación directa promovido contra el Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional (expediente 85001-3333-002-2016-00305-01).
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Conceda el amparo a los derechos fundamentales que le fueron vulnerados a mis poderdantes.
2. Que, como consecuencia de ello, deje sin efecto la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo
de Casanare y le ordene emitir la que en derecho corresponda e igualmente con respecto a la emitida
por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal en primera instancia.
3. Las que el honorable Magistrado(s) del Consejo de Estado encuentre probados en la presente acción
de tutela, toda vez que se puede fallar ultra y extra petitamente, siempre y cuando sea favorable a mi
representados, por ser la parte débil dentro de este asunto que nos ocupa.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
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Demandantes: Manuel Antonio Castillo Fonseca y otros
El 2 de mayo de 2007, en la vereda Los Lirios del municipio de Aguazul (Casanare), murió
el señor Alcides Castillo Fonseca. El Ejército Nacional lo reportó como guerrillero dado de
baja en combate.
El 3 de mayo de 2007, fue realizada la diligencia de reconocimiento y entrega del cadáver
del señor Alcides Castillo Fonseca.
El 26 de agosto de 2016, Manuel Antonio Castillo Fonseca y otros promovieron proceso de
reparación directa contra el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por estimarlo
patrimonialmente responsable de la muerte del señor Alcides Castillo Fonseca. En síntesis,
los demandantes adujeron que el señor Castillo Fonseca fue víctima de una ejecución
extrajudicial.
Por sentencia del 20 de febrero de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal
declaró la caducidad del medio de control de reparación directa, toda vez que transcurrieron
más de dos años entre el conocimiento del daño (3 de mayo de 2007) y la presentación de
la demanda de reparación directa. Esa decisión estuvo apoyada en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
La parte actora apeló, pues, a su juicio, en los delitos de lesa humanidad no es aplicable la
caducidad. Agregó que no fue analizado lo relacionado con la imprescriptibilidad de los
crímenes de lesa humanidad, la prevalencia del derecho internacional sobre el interno y la
situación de desprotección de los demandantes, por su condición de campesinos
amenazados.
Mediante sentencia del 27 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó
la declaratoria de caducidad, por las mismas razones expuestas en primera instancia, esto
es, en aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020. Además,
desestimó los argumentos sobre la imposibilidad de ejercer la acción de reparación directa,
pues, en días posteriores a la muerte del señor Alcides Castillo Fonseca, los demandantes
formularon queja y denuncia ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la
Nación.
4. Fundamentos de la acción de tutela
Preliminarmente, la parte actora adujo que la tutela cumple los requisitos generales de
procedibilidad. Que fueron agotados los recursos disponibles en el proceso de reparación
directa. Que la tutela fue interpuesta en los 6 meses siguientes a la notificación de la
sentencia del 27 de junio de 2023. Que se identificaron los motivos de vulneración. Que no
se cuestionan sentencias de tutela.
En cuanto al fondo del asunto, la parte actora adujo que las sentencias cuestionadas
incurrieron en violación directa de la Constitución Política y defecto sustantivo, toda
vez que desconocieron normas internacionales que señalan la imprescriptibilidad frente a
delitos de lesa humanidad, como el asociado a las ejecuciones extrajudiciales. Dijo que el
Estatuto de Roma y las normas del Derecho Internacional Humanitario señalan la
imprescriptibilidad frente a delitos de lesa humanidad. Sostuvo que esas normas de
derecho internacional prevalecen frente a los previsto en el artículo 164 de CPACA.
Indicó que, en últimas, una norma de carácter eminentemente procesal no puede
condicionar el derecho que tienen las víctimas a la reparación integral frente a delitos de
lesa humanidad.
Aludió a un salvamento de voto fijado frente a la sentencia de unificación del 29 de enero
de 20201 y resaltó lo relativo a la imposibilidad de aplicar la caducidad frente a delitos de
lesa humanidad. Hizo énfasis en lo relativo a la sentencia del caso Órdenes Guerra vs
Chile, proferida por la Corte Interamericana, y señaló que resultaba vinculante en el
1 Expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01(61033)
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derecho interno.
Manifestó que «no demandaron en su momento, toda vez que recibieron graves amenazas
de muerte que les impedía demandar en el tiempo correspondiente, dado que las
amenazas eran constantes donde les advertían que en caso de impetrar una acción legal
les pasaría lo mismo que al occiso».
Señaló que, en sentencia T-352 de 2016, la Corte Constitucional hizo un llamado de
atención a los jueces del país y a las entidades del Estado frente al trato dado a las víctimas
de los denominados «falsos positivos» y resaltó que no pueden ser objeto de trabas que
impidan el efectivo acceso a la justicia.
Afirmó que, en sentencia del 17 de septiembre de 2013 (expediente 45092), la Sección
Tercera inaplicó la caducidad frente a un delito de lesa humanidad.
5. Trámite procesal
Por auto del 14 de noviembre de 2023, el Despacho Sustanciador requirió al abogado Jorge
Eduardo Barrera Vargas para que subsanara la demanda de tutela de la referencia, en el
sentido de aportar poder especial para interponer acción de tutela en nombre y
representación de Cecilia Fonseca de Castillo y otros, que actuaron como demandantes en
el proceso de reparación directa con radicado 85001-33-33-002-2016-00305-00.
Mediante memorial del 24 de noviembre de 2023, el abogado Barrera Vargas aportó
poderes de algunos de los demandantes del proceso de reparación directa. Es preciso
señalar que, a pesar de haberse indicado en el escrito de subsanación que se adjuntaban
los poderes de las señoras Cecilia Fonseca de Castillo y Marisol Miranda Castillo, no fueron
incluidos.
Mediante providencia del 4 de diciembre de 2023, el Despacho Sustanciador admitió la
demanda de tutela interpuesta por Manuel Antonio Castillo Fonseca, Edilson Adolfo Castillo
Fonseca, Rosalba Castillo Fonseca, María Eugenia Castillo Fonseca, Segundo Isidro
Castillo Fonseca, José Javier Castillo Fonseca, Roque Antonio Castillo Fonseca, Julio
Cesar Castillo Fonseca, Arnulfo Huertas Castillo, Miguel Oswaldo Miranda Castillo, Wilson
Eduardo Castillo Pacheco, José Manuel Castillo Pacheco, Yenny Zuleima Hurtas Castillo y
Sonia Cecilia Miranda Castillo.
Por consiguiente, se dispuso la notificación, en calidad de demandados, a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Casanare y al juez segundo administrativo de Yopal y, en
calidad de terceros con interés, al Ministerio de Defensa Nacional, al Comando General del
Ejército Nacional, a Cecilia Fonseca de Castillo, a Wilson Orlando Castillo Fonseca, a Marta
Cecilia Castillo Fonseca, a Marisol Miranda Castillo, a Ana Isabel Castillo Fonseca y a
Margarita María Castillo Fonseca.
La Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones correspondientes, por correos
electrónicos del 7 de diciembre de 2023 y 14 de enero de 2024.
6. Intervenciones
El Tribunal Administrativo del Casanare solicitó que se declarara improcedente la tutela,
toda vez que la declaratoria de caducidad estuvo debidamente sustentada en la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020, dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado. Sostuvo que la parte actora simplemente pretende una instancia
adicional del proceso de reparación directa.
El Juzgado Segundo Administrativo de Yopal hizo un recuento del proceso de
reparación directa y adujo que la declaratoria de caducidad estuvo ajustada a lo previsto
en las normas procesales aplicables y en el precedente unificado de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.
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Dijo que no fue acreditada la situación de amenaza que supuestamente impidió ejercer
oportunamente el medio de control de reparación directa.
Sostuvo que resultaba adecuado contar la caducidad desde el 3 de mayo de 2007, por
cuanto desde ese momento hubo conocimiento pleno del hecho dañoso y de la posible
imputabilidad al Ejército Nacional.
Agregó que, en sentencia de tutela del 2 de julio de 20212, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, estudió un caso similar y advirtió que no hubo vulneración de
derechos fundamentales, por haberse aplicado el precedente unificado de esa
Corporación.
El Ministerio de Defensa manifestó que, en sede de tutela, existen múltiples
pronunciamientos del Consejo de Estado sobre la aplicabilidad de la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 y han sido consistentes en señalar su validez y
obligatoriedad3. Que, además, en sentencia SU-312 de 2020 la Corte Constitucional
convalidó la constitucionalidad y convencionalidad de la sentencia de unificación. Que,
siendo así, la unificación resulta vinculante y los demandados debían aplicarla.
Agregó que, en todo caso, las sentencias cuestionadas dieron cuenta de un estudio
razonable de las circunstancias en que ocurrió la muerte del señor Alcides Castillo Fonseca
y concluyó razonablemente que la caducidad debía contarse desde el 3 de mayo de 2007.
El Comando General del Ejército Nacional, Cecilia Fonseca de Castillo, Wilson
Orlando Castillo Fonseca, Marta Cecilia Castillo Fonseca, Marisol Miranda Castillo,
Ana Isabel Castillo Fonseca y Margarita María Castillo Fonseca no intervinieron, pese
a que, como se vio, fueron notificados de la admisión de la tutela de la referencia.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Manuel
Antonio Castillo Fonseca y otros para que se deje sin efectos la sentencia del 27 de julio
de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Casanare, que, en segunda instancia,
confirmó la decisión de declarar la caducidad del medio de control de reparación directa
promovido contra el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
La Sala anticipa que la tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad. Sin
embargo, al estudiar el fondo del asunto, no se advierte que las autoridades judiciales
demandas vulneraran los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. La sentencia cuestionada estuvo razonablemente sustentada en
el precedente fijado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, dictada por la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales (iii) la
2 Expediente 11001-03-15-000-2021-01582-01.
3 El Ministerio de Defensa citó las sentencias de tutela del 3 de septiembre de 2020 (expediente 11001-03-15-000-2020-
03381- 00), del 21 de octubre de 2009 (expediente 11001-03-15-000-2020-03381-01), del 22 de octubre de 2020
(expediente 11001-03-15-000-2020-04069-00), del 7 de diciembre de 2020 (expediente 11001-03-15-000-2020-04069-
00), del 26 de octubre de 2020 (expediente 11001-03-15-000-2020- 04068-00), del 13 de mayo de 2021 (expediente
11001-03-15- 000-2021-01537-00), del 2 de julio de 2021 (expediente 11001-03- 15-000-2021-01582-01), del 26 de
agosto de 2021 (expediente 11001-03-15-000-2021- 04855-00), del 30 de septiembre de 2021 (expediente 11001-03-15-
000- 2021-03582-01), del 7 de diciembre de 2021 (expediente 11001-03- 15-000-2021-05664-01) y del 15 de diciembre
de 2021(expediente 11001-03-15-000- 2021-04991-01).
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sentencia del 27 de julio de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Casanare y,
(iv) el análisis del caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos
generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera
previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos 5 o vicios
de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los
requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por Manuel Antonio Castillo
Fonseca y otros cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que el asunto
tiene relación directa con la presunta comisión de violaciones graves a los derechos
humanos. En últimas, la relevancia constitucional se sustenta en el interés por garantizar
el derecho de acceso a la administración de justicia a las personas que dicen ser víctimas
de graves violaciones de derechos humanos.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez, porque, de acuerdo con
la verificación del expediente ordinario, la sentencia del 27 de julio de 2023, dictada por el
Tribunal Administrativo del Casanare, fue notificada por estado del 31 de julio de 2023 y la
demanda de tutela fue radicada el 7 de noviembre de 2023. Es decir, no fenecieron los 6
meses jurisprudencialmente reconocidos para formular la acción de tutela contra
providencias judiciales.
La demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado que
promovió el medio de control de reparación directa y cuestiona la sentencia de segunda
instancia dictada en dicho proceso. Además, tampoco se evidencia la viabilidad del recurso
extraordinario de revisión en contra de la providencia atacada, puesto que los errores
endilgados no pueden encuadrarse en las causales de procedibilidad previstas en el
artículo 2506 del CPACA.
Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es,
4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la
identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se
cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
6 ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito
o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su
expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal
necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su
pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue
dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
rechazada.
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expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
proviene de la existencia de un defecto sustantivo y la violación directa de la Constitución
Política.
3.1. Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
sentencias dictadas en un proceso de reparación directa.
4. La sentencia del 27 de julio de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del
Casanare
La sentencia del 27 de julio de 2023 inició con un estudio de convencionalidad, sustentado
en la sentencia C-146 de 2021 de la Corte Constitucional, la Convención Interamericana
de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma. A partir de ese estudio, el tribunal
demandado concluyó que «no encuentra que la legislación interna sea menos garantista
que la internacional», puesto que «dentro del proceso penal las víctimas pueden reclamar
la indemnización de perjuicios que consideren les fueron causados por esas conductas,
para lo cual deben constituirse en parte civil con todas las garantías de sujeto procesal
(artículos 94 y siguientes del Código Penal) y de acuerdo a las formas, requisitos y términos
previstos en el Código de Procedimiento Penal».
En cuanto al medio de control de reparación directa, el tribunal demandado resaltó que es
independiente de la acción penal y busca que el Estado responda patrimonialmente por los
daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las
autoridades.
Seguidamente, el Tribunal Administrativo del Casanare aludió a la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020, dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, y explicó que «unificó jurisprudencia sobre el tema de caducidad por la importancia
jurídica del tema y por la necesidad de unificar jurisprudencia sobre la caducidad respecto
de la exigibilidad del término para demandar cuando se invoca un delito de lesa humanidad
o un crimen de guerra, ya que a su juicio no existían reglas claras y precisas sobre ese
asunto y para ello desarrolló el siguiente temario: i) el alcance de las reglas establecidas
por el legislador frente a la caducidad de la reparación directa; y ii) los supuestos en los
que estas resultan inaplicables mientras subsistan las respectivas situaciones. Precisado
lo anterior, analizó de manera específica lo relacionado con la imprescriptibilidad en materia
penal de los delitos de lesa humanidad y, luego, estudió si esta figura jurídica tiene o no la
suficiencia para alterar el cómputo del término de caducidad de las pretensiones de
reparación directa».
Asimismo, la autoridad judicial demandada citó la respectiva regla de unificación y resaltó
que, en sentencia T-044 de 2022 y T-210 de 2022, la Corte Constitucional fijó los efectos
temporales de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, en el sentido de indicar
que aplica a partir de su expedición, incluso en los casos iniciados con anterioridad.
También puso de presente que dichas sentencias señalaron la posibilidad de matizar la
regla de unificación, con el fin de garantizar que el afectado argumente por qué no debe
aplicarse la regla de unificación y permitirle explicar los motivos por los que no acudió a la
justicia en los términos legales, esto es, la imposibilidad material de demandar
oportunamente.
En ese contexto, el Tribunal Administrativo de Casanare procedió a estudiar el caso
concreto. Para tal fin, hizo un recuento de los hechos probados en el proceso de reparación
directa y consideró que «el término de caducidad debe contarse a partir del 3 de mayo de
2007, que fue la fecha del reconocimiento y entrega del cadáver», toda vez que desde ese
momento hubo certeza del daño y la posible imputabilidad a agentes del Estado.
Por último, el tribunal demandado advirtió lo siguiente: «en el recurso se indica que la
demanda de reparación directa no se incoó anteriormente porque los demandantes temían
por su seguridad al estar desprotegidos por el Estado, lo cual no tiene sustento fáctico, si
se tiene en cuenta que en el proceso obra la denuncia interpuesta en mayo de 2007 por la
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esposa de la víctima ante la Fiscalía General de la Nación y la queja presentada en la
misma época ante la Defensoría del Pueblo».
5. Análisis del caso concreto
La Sala considera que la sentencia del 27 de julio de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo del Casanare, no incurrió en violación directa de la Constitución Política o
defecto sustantivo, pues, contra lo alegado por la parte actora, sí hubo un estudio de
convencionalidad. Como se vio, el tribunal demandado acudió al estudio de
convencionalidad realizado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y
concluyó que la caducidad sí era aplicable.
La Sala estima pertinente citar las reglas de unificación fijadas en la sentencia del 29 de
enero de 2020, así: «UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto
en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo
las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar
establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que
tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o
debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad
de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se
observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de
acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley».
También por resultar relevante, la Sala transcribe apartes del estudio de convencionalidad
realizado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, así:
En conclusión, en nuestro ordenamiento, frente a la caducidad de la pretensión de reparación directa,
se encuentra consagrado un supuesto que aplica a todos los eventos, incluidos aquellos en los que se
invocan delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, relacionado con el conocimiento de las
situaciones que permiten deducir la participación y responsabilidad del Estado, como supuesto
habilitante para exigir el plazo para demandar, regla que fue analizada en el numeral 3.1. de la parte
considerativa de esta providencia.
Así las cosas, la Sección Tercera concluye que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la
imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra se
encuentran previstas en materia de lo contencioso administrativo al amparo de la hipótesis del
conocimiento del hecho dañoso y en virtud de lo cual el término de caducidad sí debe exigirse en estos
eventos, pero a partir de que se advierta que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que
el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos
del artículo 90 de la Constitución Política.
[...]
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 29 de noviembre de 2018, caso
Órdenes Guerra y otros vs. Chile, concluyó que el Estado, previa aceptación de su responsabilidad,
vulneró el derecho de acceso a administración de justicia, en los términos de los derechos a las
garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención
Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma normativa.
La Corte precisó que el recurso judicial disponible en la jurisdicción chilena para recibir una
indemnización por violaciones a los derechos humanos por parte del Estado era la acción civil de
indemnización y que las demandas presentadas para tal fin fueron rechazadas en aplicación del
instituto de la prescripción consagrado en los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil Chileno, según el
cual el término pertinente es de 5 años.
La CIDH compartió el argumento de la Comisión, según el cual no existen razones que justifiquen que
en el derecho chileno la acción penal sea imprescriptible y la civil no; además, aclaró que compartía la
jurisprudencia de los últimos años de la Corte Suprema de Justicia de Chile, a través de la cual se
declaró en numerosos casos la imprescriptibilidad de la acción civil indemnizatoria por daños derivados
de delitos de lesa humanidad.
[...]
Adicionalmente, esta Sala precisa que el ordenamiento jurídico chileno contiene preceptos distintos a
las establecidos en el derecho colombiano, en cuanto no prevén la posibilidad de contar el plazo
pertinente a partir del conocimiento de la participación del Estado, lo cual, como antes se explicó, es
una regla que tiene los mismos efectos que la imprescriptibilidad en materia penal.
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Demandantes: Manuel Antonio Castillo Fonseca y otros
En las condiciones analizadas, la Sala concluye que, como en el caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile
no se interpretó la Convención Americana de Derechos Humanos a la luz de reglas con contenido
material similar a las que prevé nuestro Código Contencioso Administrativo y la Ley 1437 de 2011, tal
pronunciamiento no resulta vinculante para resolver el presente asunto.
Debe decirse que, en sentencia de unificación SU-312 de 2020, la Corte Constitucional
estimó que la posición fijada por la Sección Tercera del Consejo de Estado resultaba
«razonable y proporcional desde una perspectiva constitucional y convencional, incluso en
casos en los que el daño que se pretenda reparar sea causado por un delito de lesa
humanidad, un crimen de guerra o genocidio».
La Corte Constitucional también indicó que «el referido plazo es razonable para que las
víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan la oportunidad de acceder a la
administración de justicia con el fin de obtener la declaración de responsabilidad de la
administración y gestionar el resarcimiento de los menoscabos padecidos, porque el
término respectivo sólo empieza a contabilizarse cuando exista claridad en torno a lo
sucedido, incluso sin han trascurrido lustros o décadas desde el instante en el que ocurrió
el delito de lesa humanidad, el crimen de guerra o el genocidio que causó el perjuicio. Lo
anterior, comoquiera que no es determinante la fecha de ocurrencia de la conducta, sino la
posibilidad del interesado de identificar la participación en la misma de sujetos vinculados
a una autoridad pública y de acudir al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación
respectiva».
A juicio de la Sala, el precedente de unificación fue debidamente aplicado por el Tribunal
Administrativo del Casanare, pues, en efecto, sí fueron tenidas en cuenta normas y
pronunciamientos del derecho internacional, esto es, hubo un estudio de convencionalidad.
De manera razonable, el tribunal demandado acudió al restudio de convencionalidad
realizado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, dictada por la Sala Plena
de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
A partir de las pruebas obrantes en el expediente de reparación directa, desde el 3 de mayo
de 2007, los demandantes tuvieron conocimiento del hecho dañoso y estaban en capacidad
de inferir la posible responsabilidad de agentes estatales y ejercer la acción de reparación
directa.
El tribunal demandado desestimó de manera razonable la justificación formulada por los
demandantes en el recurso de apelación, en el sentido de la supuesta existencia de
amenazas que impidieron ejercer el medio de control de reparación directa. El 7 de mayo
de 2007 se formuló queja y denuncia contra personal del Ejército Nacional y, por ende, era
válido concluir que así como acudieron a dichas autoridades también tuvieron la posibilidad
de ejercer el medio de control de reparación directa.
El tribunal demandado no podía desconocer la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, toda vez que se trataba de la interpretación vigente y vinculante para cuando fue
dictada la sentencia cuestionada (27 de julio de 2023). En dicha sentencia de unificación,
se reitera, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó los criterios
en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión
de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que
se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado7.
En sentencia SU-611 de 2017, la Corte Constitucional señaló que «la obligatoriedad de la
jurisprudencia de las altas cortes es una exigencia orientada a que las decisiones judiciales
estén guiadas por un parámetro de igualdad, lo que, a su vez, confiere seguridad jurídica a
la aplicación del Derecho y permite que los usuarios de la administración de justicia puedan
tener confianza legítima sobre las normas que regulan sus relaciones jurídicas».
Justamente, las sentencias de unificación dictadas por el Consejo de Estado buscan hacer
efectivos los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica.
7 Ibidem.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06802-00
Demandantes: Manuel Antonio Castillo Fonseca y otros
La parte actora aludió a la sentencia del 17 de septiembre de 2013 (expediente 45092),
dictada también por la Sección Tercera, que inaplicó la caducidad frente a un delito de lesa
humanidad. Sin embargo, dicho pronunciamiento es anterior a la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020 y no sería aplicable a la situación decidida en la sentencia del 27
de julio de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Casanare.
En realidad, la Sala advierte que el desacuerdo de la parte actora es frente al estudio de
convencionalidad realizado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, pues
insiste en la inaplicación de la caducidad. Ese estudio de convencionalidad fue el que
concluyó que en el derecho colombiano resulta aplicable la caducidad frente a la
responsabilidad del Estado por violaciones graves de derechos humanos.
Queda resuelto el problema jurídico: la sentencia del 27 de julio de 2023, dictada por el
Tribunal Administrativo del Casanare, no incurrió en violación directa de la Constitución
política o defecto sustantivo. En consecuencia, se denegarán las pretensiones de la acción
de tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA
1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, conforme con las
razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Con aclaración de voto
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