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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06806-00

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06806-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Bismarck Covilla Caña, quien actúa en causa propia, contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06806-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

15 de febrero de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06806-00
Demandante: BISMARCK COVILLA CAÑA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06806-00
Demandante: BISMARCK COVILLA CAÑA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Temas: Acción de tutela contra autoridad judicial. Ausencia de trámite del
recurso de apelación contra el auto que traslada demanda de
reparación directa por el factor de competencia territorial. Buzón de
correo para notificaciones

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Bismarck Covilla Caña, quien actúa en nombre propio,
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, en la que pide el amparo
constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, vulnerados, supuestamente, por la falta de trámite del
recurso de apelación que interpuso contra la decisión que trasladó por
competencia la demanda de reparación directa que interpuso contra la Rama
Judicial, con el fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios soportados por un
supuesto error judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante manifestó que, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, presentó demanda contra la Rama Judicial con el fin de obtener el
resarcimiento de los perjuicios soportados por un supuesto error judicial, la cual
envió al correo electrónico “de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar -
stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co”, el 1° de noviembre de 2022, quien a
través de ese correo expidió “el acta individual de reparto donde consta la fecha
de presentación de la demanda, la fecha de reparto y el número de radicación
como puede observarse en el documento de prueba”.

Afirmó que el 9 de mayo de 2023, el despacho del Tribunal Administrativo de
Bolívar al que fue asignado el conocimiento de la demanda profirió auto por medio
del cual decretó su falta de competencia por razón del territorio y ordenó trasladar
el expediente electrónico para que fuese repartido al Tribunal Administrativo del
Magdalena, actuación procesal que, afirma, le fue notificada “vía electrónica
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Demandante: BISMARCK COVILLA CAÑA

mediante oficio No 114 D004-EAVC de fecha 29 de mayo de 2023 a través de la
funcionaria Denise Auxiliadora Campo Pérez Secretaria General del Tribunal
Administrativo de Bolívar como aparece firmando el oficio remisorio de la demanda
para reparto”.

Indicó que el 30 de mayo de 2023, “estando dentro del término legal”, interpuso
recurso de apelación contra el mencionado auto, en el que argumentó “el
impedimento generalizado de los integrantes del Tribunal Administrativo del
Magdalena para conocer del asunto”, por haber sido quienes conocieron y
decidieron la sentencia de segunda instancia cuyo error jurisdiccional justificó la
interposición de la demanda de reparación directa.

Adujo que el recurso de apelación lo envió al correo electrónico
sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co, desde el correo de su esposa el 30 de mayo
de 2023. No obstante, arguye, el tribunal guardó silencio durante el transcurso de
los días siguientes a su recibido, sin notificar o comunicar si era o no el correo
habilitado para recibir y tramitar el recurso de apelación interpuesto.

Refirió que, posteriormente, el 8 y 9 de agosto de 2023, en ejercicio del derecho
de petición, solicitó al mismo correo, sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co,
información sobre el recurso interpuesto el 30 de mayo de 2023 y una explicación
de los motivos por los cuales no había sido notificado personalmente de la
concesión del recurso, petición que tuvo como respuesta un mensaje en el que se
le indicó “que este correo es para la recepción de memoriales y documentos
dirigidos a la Secretaria General del Tribunal Administrativo de Bolívar y de los
procesos en los cuales el ponente es un Conjuez. Cualquier información ajena al
despacho no se le dará trámite. Favor evitar enviar el mismo correo a varias
direcciones electrónicas, ya que esto genera confusión y el no trámite del mismo”.

Mencionó que el 10 de agosto de 2023, la Secretaría General del Tribunal
Administrativo de Bolívar respondió a su petición, en escrito en el que, en atención
a su solicitud de 8 de agosto, se le comunicó i) que en el correo de notificación del
despacho 04, desta04bol@notificacionesrj.gov.co, dispuesto para el recibo de
memoriales, no se encontró recurso de apelación interpuesto contra la providencia
de 9 de mayo de 2023, ii) que la comunicación recibida el 29 de mayo de 2023 se
trata del oficio No 1147 D004-EAVC, mediante la cual se remitió el expediente por
competencia al Tribunal Administrativo del Magdalena, el cual se efectuó para su
conocimiento, iii) que el auto de 9 de mayo de 2023, mediante el cual se declaró la
falta de competencia del tribunal para conocer de la demanda y se ordenó su
envío para reparto ante los magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena
fue notificado por estado el día 10 de mayo de 2023, tal como se observaba en
documento adjunto, y que iv) la oficina judicial de Santa Marta efectuó el reparto
de su demanda y le asignó el radicado 47001233300020230011700.

Para terminar, sostuvo que, en ese sentido, en el caso “se desconoce el recibido
vía electrónica del memorial del recurso de apelación, vulnerando este derecho
fundamental y el debido proceso. Se comprueba la incongruencia, porque a este
mismo correo se envió el memorial de la solicitud del derecho de petición que
pertenece al despacho del magistrado ponente, el cual tiene el conocimiento de la
demanda del medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama
Judicial pero que en la respuesta anterior no se me suministro la información

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requerida del derecho de petición porque fue considerada ajena al despacho y no
se le dio el trámite correspondiente al memorial del derecho de petición”.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela con el fin de que protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y de
petición, supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por
la falta de trámite del recurso de apelación que presentó contra el auto de 8 de
mayo de 2023, que ordenó el traslado de la demanda por competencia, en tanto,
alega, en el caso se niega o desconoce el recibido vía electrónica del memorial del
recurso de apelación, “para no dar información completa, precisa y oportuna que
comprenden los elementos del núcleo del derecho de petición referente al trámite
procesal del recurso”.

Indicó que el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró sus derechos
fundamentales invocados, en tanto no dio aplicación “de las TIC por cuanto no se
puso en conocimiento del demandante, el canal oficial de comunicación destinado
y habilitado para recibir memoriales como el derecho de petición interpuesto, en
observancia del artículo 2 de la ley 2213 de 2022”.

Agregó que en el caso se presentó una incongruencia en las respuestas del
tribunal accionado, en tanto en el texto de la notificación por estado a la cual hace
referencia el oficio de 10 de agosto de 2023, se señala que “las respuestas y
solicitudes pueden ser enviadas a través del siguiente correo electrónico
stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co”, lo que, a su juicio, “demuestra que es el
correo de la Secretaria del Tribunal Administrativo de Bolívar habilitado para recibir
memoriales, que antes a través de él se recibió la demanda del medio de defensa
judicial de reparación directa como demuestra el acta individual de reparto, mismo
correo a donde se envió la solicitud del derecho de petición por primera vez, se
comprueba que este correo pertenece a la Secretaria estaba habilitado al
momento del recibido de la petición constitucional para darle tramite y responder
de fondo, de manera precisa y congruente lo solicitado”.

Luego de hacer una extensa relación de sentencias del Consejo de Estado y la
Corte Constitucional relativas al derecho del petición y a la notificación por medios
electrónicos, sostuvo que en el caso se configura un defecto procedimental, en
tanto, afirmó, “el Tribunal administrativo de Bolívar alega en el oficio de fecha 18
de agosto de 2023 de que el actor envió el memorial del recurso de apelación a un
correo electrónico distinto al utilizado para la recepción de memoriales en ese
Tribunal administrativo y por ese motivo no se tramitó a tiempo el recurso, lo cual
no es cierto, por cuanto este argumento sale a relucir por la solicitud de
información del derecho de petición sobre el trámite procesal del recurso
instaurado, y segundo, una vez recibido el memorial del recurso de apelación el
administrador del correo electrónico debió remitir de manera inmediata el
documento a la Secretaria del Tribunal administrativo de Bolívar a efectos de que
se adelantara el trámite correspondiente”.

Sobre el particular, agregó que “no se puede desconocer que el mensaje de datos
del memorial del recurso de apelación fue remitido a un correo o canal digital
electrónico cuyo administrador es el Tribunal administrativo de Bolívar, por lo que

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al recibirse y al aceptarse el hecho de la remisión del recibo del memorial del
recurso de apelación en el oficio de fecha 18 de agosto de 2023 que emite el
mismo Tribunal administrativo de Bolívar se tiene que se presentó a tiempo y por
consiguiente no puede ser obstáculo para no tramitarse el recurso porque el uso
de las herramientas de la tecnología constituye un medio para garantizar y facilitar
el acceso a la administración de justicia como derecho fundamental. Por lo tanto la
remisión del memorial a un canal digital distinto para la recepción del memorial del
recurso de apelación no es impedimento para la efectividad de aplicar el
procedimiento para el trámite, lo omite, se aparta, lo cual conlleva a un defecto
procedimental absoluto como requisito específico de procedibilidad del amparo
constitucional por apartarse por completo el Tribunal administrativo de Bolívar del
procedimiento para el trámite del recurso de apelación en primera instancia, una
vez fue recepcionado el memorial del recurso por uno de los correos a su cargo
(…)”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“Primero: Que se tutelen los derechos fundamentales al actor que consisten en la
vulneración de los derechos fundamentales de petición, al debido proceso y el
acceso a la administración de justicia, pues los mismos están siendo vulnerados
por el Tribunal Administrativo de Bolívar demandado por la demora injustificada
en pronunciarse, inicialmente acerca del trámite procesal del recurso de
apelación contra el auto de fecha 9 de mayo de 2023 del Tribunal administrativo
accionado y que se decida la concesión del mismo en cuanto a su efecto y se
remita el expediente al Consejo de Estado para su trámite procedimental para su
admisión y decisión por competencia del recurso de apelación.

Segundo: Que se ordene al Tribunal administrativo de Bolívar que un término
perentorio e improrrogable, tramita y decida lo pertinente al recurso”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital del expediente del medio de control de reparación directa
radicada con el Nº 2022-00612-00, actor: Bismarck Covilla Caña.

5. Trámite procesal

Por auto de 16 de noviembre de 2023, el despacho de la magistrada
sustanciadora admitió la demanda y ordenó notificar al accionante y a la autoridad
judicial demandada. Igualmente, a la Secretaría General del Tribunal
Administrativo de Bolívar, a la Rama Judicial y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
135120 a 135125, todos de 20 de noviembre de 2023, con el fin de poner en
conocimiento la referida decisión1.

1
La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: yepeher67@hotmail.com;
sectradmbol@cendoj.ramajudicial.gov.co;, sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co, ,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co, stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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6. Oposición

6.1. Respuesta de la Secretaría General del Tribunal Administrativo de
Bolívar

La secretaria general del Tribunal Administrativo de Bolívar rindió informe en el
que solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, en tanto,
declaró, en el caso no se han vulnerado los derechos invocados por el accionante.

Sostuvo que mediante providencia de 9 de mayo de 2023, el despacho 04 de esa
Corporación declaró la falta de competencia para conocer de la demanda y
ordenó, a través de la Secretaría, el envío de esta a la Oficina Judicial del
Magdalena para su reparto entre los magistrados del Tribunal Administrativo del
Magdalena, providencia que fue notificada por estado el 10 de mayo de 2023.

Afirmó que una vez ejecutoriada la misma se elaboró el oficio No. 1147-D004-
EAVC de 29 de mayo de 2023 a la Oficina Judicial de Santa Marta, Magdalena,
informándole a su vez a la parte demandante de tal actuación, y que el 8 de
agosto de 2023 el demandante presentó petición dirigida al correo
desta04bol@notificacionesrj.gov.co, solicitando información sobre el recurso de
apelación interpuesto contra la providencia que declaró la falta de competencia.

Refirió que el derecho de petición fue respondido el 10 de agosto de 2023 por esa
secretaría, y se le informó al demandante que una vez revisado el correo de
recepción de memoriales dispuesto por la Corporación para los expedientes que
cursan en el Despacho 04, desta04bol@notificacionesrj.gov.co, no se encontró
recurso de apelación contra el auto de 9 de mayo de 2023, y que la demanda
había sido enviada al Tribunal Administrativo del Magdalena, la cual fue radicada
bajo el Nº 47001233300020230011700.

Señaló que el peticionario nunca remitió constancia de la radicación del recurso de
apelación, pues solo se refirió a que lo había remitido al correo de la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Bolívar, donde en todo caso tampoco se encontró el
recurso.

Adujo que, posteriormente, el 15 de agosto de 2023 se recibió en el correo
desta04bol@notificacionesrj.gov.co constancia de la radicación del recurso de
apelación presentado por el demandante, por lo que se indagó acerca de la
presentación del mismo y se verificó que este había sido enviado a la cuenta de
correo de notificaciones de la corporación sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co, el
30 de mayo de 2023.

Aclaró que el correo sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co es una cuenta exclusiva
que usa ese tribunal únicamente para la práctica de las comunicaciones de las
providencias notificadas por estado, proferidas por cada uno de los despachos de
la Corporación, distinta a las usadas para la recepción de los memoriales y
documentos con las que cuenta cada despacho, que para el caso en particular es
desta04bol@notificacionesrj.gov.co, por lo que el recurso presentado por la parte
demandante nunca fue visualizado, ya que no fue remitido al correo destinado
para ello.

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Finalmente, señaló que el 18 de agosto de 2023 se ofició al Tribunal
Administrativo del Magdalena narrando lo acontecido, y solicitando, si fuera el
caso, que devolvieran el expediente radicado bajo el No. 13001-23-33-000-2022-
00612-00, repartido en esa corporación con el No. 47001233300020230011700,
sin que a la fecha se le haya dado cumplimiento a la solicitud.

6.2. Los demás vinculados al trámite constitucional, aun cuando fueron
debidamente notificados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

Aun cuando en los fundamentos de la solicitud de tutela la parte actora invoca el
derecho fundamental de petición como supuestamente vulnerado, las
pretensiones y la argumentación de la acción se orientan al amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, invocados como normas constitucionales transgredidas, por la falta de
trámite del recurso de apelación que presentó contra el auto que declaró la falta de
competencia para conocer de una demanda de reparación directa y remitió el
expediente al Tribunal Administrativo del Magdalena, enviado por parte del actor a
un buzón de correo electrónico que no está habilitado para ese trámite judicial.

De igual forma, en tanto en la solicitud no se cuestiona una providencia judicial,
sino la supuesta omisión en el trámite de un recurso de apelación, aun cuando el
demandante invocó la configuración de un defecto procedimental, propio del
análisis cuando se cuestiona una providencia judicial, el estudio constitucional se
abordará bajo la perspectiva de la eventual vulneración del derecho fundamental
al debido proceso.

En ese sentido, corresponde a la Sala determinar si la falta de trámite del recurso
de apelación por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar, que el accionante
interpuso contra la decisión que declaró la falta de competencia y remitió el
expediente al Tribunal Administrativo del Magdalena, allegado por el actor a un
buzón de correo electrónico que no está habilitado para ese trámite judicial,
vulnera el derecho fundamental al debido proceso, en tanto, “el administrador del
correo electrónico debió remitir de manera inmediata el documento a la Secretaria
del Tribunal Administrativo de Bolívar a efectos de que se adelantara el trámite
correspondiente”, y en tanto “el uso de las herramientas de la tecnología
constituye un medio para garantizar y facilitar el acceso a la administración de
justicia como derecho fundamental, por lo tanto la remisión del memorial a un
canal digital distinto para la recepción del memorial del recurso de apelación no es
impedimento para la efectividad de aplicar el procedimiento para el trámite”.

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3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.”

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

4. El derecho fundamental al debido proceso

El artículo 29 de la Constitución Política establece que “el debido proceso se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativa”, y agrega que
“nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio”.

La Corte Constitucional2 ha dicho que este derecho fundamental comprende “un
conjunto de garantías destinadas a la protección del ciudadano vinculado o
eventualmente sujeto a una actuación judicial o administrativa, para que durante
su trámite se respeten las formalidades propias de cada juicio”3, por lo que se
desenvuelve en el principio de legalidad, en la medida que representa un límite al
poder del Estado que impide a las autoridades estatales actuar arbitrariamente, y
solo lo permite dentro de estrictas reglas procedimentales y de contenido
sustancial definidas en la ley4.

En su relación con el derecho de defensa, se ha establecido que con su ejercicio
se busca “impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena
injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o
representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten
sobre la base de lo actuado. Acorde con ello, (…) es una garantía del debido
proceso de aplicación general y universal, que ´constituyen un presupuesto para la
realización de la justicia como valor superior´”5.

En la sentencia C-210 de 2021 señaló que el debido proceso comporta al menos
los derechos “i) a la jurisdicción, que a su vez conlleva las garantías a un acceso

2
Sentencia C-210 de 2021.
3
Sentencia C-163 de 2019. Cfr. C-173 de 2019. En la sentencia C-131 de 2002 se sostuvo: “[E]l constitucionalismo ha
rescatado las garantías centenariamente elaboradas como contenidos del derecho procesal para vincularlas
inescindiblemente a la realización de las normas sustanciales. (…). Las ha redimensionado para darles ahora el carácter de
facultades irrenunciables, históricamente consolidadas y positivizadas; esto es, para advertir en ellas derechos
fundamentales”.
4
Sentencia C-980 de 2010.
5
Sentencia C-799 de 2005. Cfr. C-315 de 2012.

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igualitario de los jueces, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las
decisiones ante autoridades de jerarquía superior y al cumplimiento de lo decidido
en el fallo; (ii) al juez natural (…), de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la
ley; y (iii) al derecho a la defensa. (…) [T]ambién hacen parte, los derechos a (iv)
las garantías mínimas de presentación, controversia y valoración probatoria 6; (v) a
un proceso público, llevado a cabo en un tiempo razonable y sin dilaciones
injustificadas; (vi) y a la independencia e imparcialidad del juez”7”.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1.1 El señor Bismarck Covilla Caña, en ejercicio de la acción de tutela, considera
que la falta de trámite por parte de la autoridad judicial accionada del recurso de
apelación que interpuso contra la decisión que declaró la falta de competencia y
remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Magdalena, allegado por este a
un buzón de correo electrónico que no está habilitado para ese trámite judicial,
vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, y vulnera el derecho fundamental al debido proceso, en
tanto, considera, “el administrador del correo electrónico debió remitir de manera
inmediata el documento a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar a
efectos de que se adelantara el trámite correspondiente”.

En el escrito de contestación de la solicitud, la Secretaría General del Tribunal
Administrativo de Bolívar indicó que el accionante remitió el memorial que contiene
el recurso de apelación contra el auto de 9 de mayo de 2023 el día 30 de mayo de
esa anualidad al correo electrónico de notificaciones de la secretaría del tribunal,
sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co, correo que, señaló, no está habilitado para
recibir ni tramitar recursos que se interpongan contra los procesos que cursan en
los despachos de esa Corporación, por lo que en el caso no hubo vulneración
alguna al derecho de acceso a la administración de justicia, ni al debido proceso,
en tanto el recurso nunca fue recibido por el despacho de conocimiento del
proceso en dicho tribunal.

5.1.2. Del expediente allegado como prueba al trámite constitucional, se observa
que el accionante, en nombre propio y en su calidad de abogado, promovió acción
de reparación directa contra la Rama Judicial, con el fin de obtener el
resarcimiento de los perjuicios soportados por un supuesto error judicial,
ocasionado por la declaratoria de caducidad de la acción en otra demanda de
reparación directa que presentó.

Por auto de 9 de mayo de 2023, la autoridad judicial accionada declaró su falta de
competencia para conocer del asunto por razón del territorio y ordenó trasladar el
expediente para que fuese repartido al Tribunal Administrativo del Magdalena.

Dicha decisión se notificó mediante estado de 10 de mayo de 2023, y contra esta
no se interpuso recurso alguno. Posteriormente, el 29 de mayo de 2023, por
Secretaría General, se efectuó el traslado del expediente al Tribunal Administrativo
6
En la sentencia C-496 de 2015, (…) la Corte expresó: “[a]un cuando el artículo 29 de la Constitución confiere al legislador
la facultad de diseñar las reglas del debido proceso y, por consiguiente, la estructura probatoria de los procesos, dicha
norma impone a aquél la necesidad de observar y regular ciertas garantías mínimas en materia probatoria…”.
7
Sentencia C-163 de 2019.

8
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del Magdalena para su reparto, actuación que fue informada al demandante
mediante correo electrónico enviado el mismo día desde la cuenta de correo de
notificaciones del despacho 04 del tribunal accionado
desta04bol@notificacionesrj.gov.co, al que había sido repartido.

El 8 de agosto de 2023, el demandante presentó petición dirigida al correo
sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co, en la que solicitaba información sobre el
recurso de apelación que afirmaba haber interpuesto contra el auto de 9 de mayo
de 2023, por lo que la Secretaría General del Tribunal reenvió la petición al correo
del despacho 04 del Tribunal Administrativo del Bolívar,
desta04bol@notificacionesrj.gov.co.

No obstante lo anterior, la Secretaría General del Tribunal Administrativo del
Bolívar, mediante oficio de 10 de agosto de 2023, dio respuesta a la petición del
actor, en la que le informó que en el buzón de correo del despacho 04 del tribunal
no se encontró ningún recurso interpuesto contra el auto de 9 de mayo de 2023, y
se le aclaró i) que dicho auto se había notificado por estado de 10 de mayo de
2023, ii) que la comunicación que recibió el día 29 del mismo mes y año no era la
notificación de dicha providencia sino el oficio que informaba del traslado del
proceso por competencia, y iii) se adjuntó el acta de reparto en el Tribunal
Administrativo del Magdalena.

El 11 de agosto de 2023, el demandante adjuntó prueba del envío del escrito
enviado el 30 de mayo de 2023 al correo sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co,
buzón de notificaciones de la Secretaría General del Tribunal Administrativo de
Bolívar, contentivo del “recurso de apelación” que presentó contra el auto de 9 de
mayo de 2023, el cual sustentó en la tesis de que el traslado por falta de
competencia territorial efectuado por el despacho de conocimiento era equivalente
a la terminación del proceso, lo que habilitaría el recurso de apelación contra esa
decisión.

Por último, a petición del despacho 04 del tribunal accionado, el técnico de
sistemas de la Corporación, mediante oficio de 15 de agosto de 2023, certificó que
el buzón de correo sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co es el buzón de
notificaciones de la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Bolívar, por
lo que no es una cuenta habilitada para la recepción de memoriales de los
procesos, que los correos dirigidos a esa cuenta no entran a la bandeja de lectura
y no son visualizados, y listó los correos de cada despacho para la recepción de
memoriales de los procesos, entre los que se encuentra el correo
desta04bol@notificacionesrj.gov.co del despacho 04, que conocía de la acción de
reparación directa.

5.1.3. En este sentido, conforme fue señalado por la autoridad judicial accionada,
la falta de trámite del recurso de apelación contra la decisión que ordenó el
traslado por falta de competencia de la acción de reparación directa impetrada por
el actor no vulnera en ninguna forma los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia invocados, en tanto la misma
obedeció únicamente al actuar del demandante, quien envió el recurso de
apelación contra dicha decisión al buzón sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co
dirección electrónica destinada exclusivamente a las notificaciones emanadas de
la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Bolívar, hecho del que no

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Demandante: BISMARCK COVILLA CAÑA

puede endilgarse responsabilidad a la autoridad judicial accionada, como lo ha
sostenido la Sala mayoritaria en casos análogos8.

Una vez establecido lo anterior, la Sala debe aclarar que la circunstancia de que
el accionante, quien es abogado de profesión, hubiese enviado el recurso que
formuló a la dirección equivocada de correo electrónico, no implica que en el caso
se presente una vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia,
ni que se comprometa el núcleo esencial del debido proceso, endilgable al
Despacho 04 del Tribunal Administrativo de Bolívar o a la Secretaría General de
esa Corporación, pues conocer los canales adecuados para la presentación de
una demanda o de los recursos se enmarca entre los deberes de cuidado y
diligencia mínimos de un profesional del derecho, calidad en la que acudió el
accionante al medio de control de reparación directa que originó la controversia.

En efecto, la Ley 1123 de 2007 consagra entre los deberes profesionales de los
abogados, los siguientes:

“ARTÍCULO 28. DEBERES PROFESIONALES DEL ABOGADO. Son deberes del
abogado:

(…)

4. Actualizar los conocimientos inherentes al ejercicio de la profesión.

(…)

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende
al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la
firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de
servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo”.

Dado lo anterior, para la Sala es claro que la vulneración de derechos
fundamentales que se alega por la falta de trámite del recurso de apelación que el
accionante presentó contra el auto que declaró la falta de competencia no puede
ser atribuida al Tribunal Administrativo de Bolívar, pues dicha autoridad judicial no
tiene el deber legal de dar trámite a escritos enviados a un buzón de correo
electrónico destinado a generar notificaciones que, por demás, tiene unos
bloqueos de documentos predeterminados, lo que en modo alguno compromete
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia. Por el contrario, le correspondía al accionante, en su calidad de abogado,
adelantar las gestiones previas necesarias con el fin de presentar el recurso de
apelación que elevó a través del canal virtual dispuesto para el efecto.

De igual forma cabe aclarar que, si bien en la solicitud el accionante utiliza de
manera genérica la expresión “Tribunal Administrativo de Bolívar” para referirse
indistintamente tanto a la Secretaría General de esa Corporación como al
despacho al que fue inicialmente repartida la demanda que impetró, para la Sala
es claro que se trata de dependencias totalmente independientes, con funciones
diferentes y con canales de comunicación distintos, por lo que no puede pretender
la parte actora que se dé trámite a las solicitudes procesales que interponga sin

8
Sentencias de 30 de octubre de 2019, expediente 2019-02420-01, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y de 14 de
diciembre de 2022, rad. 2022-04316-01, M.P. Milton Chaves García.

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tener en cuenta esa diferenciación, lo que no puede usarse como sustento de la
vulneración de derechos que alega.

En el mismo sentido, además de la errada escogencia del buzón electrónico para
el envío del recurso, la Sala no puede dejar pasar el hecho de que este se
presentó por fuera del término de ejecutoria del auto de 9 de mayo de 2023, esto
es, el 30 de mayo siguiente, a pesar de que la notificación de dicha providencia se
hizo por estado de 10 de mayo de 2023, es decir, de la forma prevista en el
artículo 201 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA9-, norma especial que prevé que la
notificación de los autos que no deba hacerse de manera personal se hará por
estado.

5.1.4. En todo caso, en gracia de discusión, la Sala advierte que, conforme con el
artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, el auto de 9 de mayo de 2023 que
ordenó el traslado del proceso por falta de competencia no es susceptible del
recurso de apelación, por lo que se trata de un recurso improcedente de cara a las
normas aplicables.

De lo anterior se concluye que en el caso la autoridad judicial accionada, conforme
con las normas aplicables, notificó por estado al accionante el auto que declaró la
falta de competencia y ordenó el traslado del expediente, y que el 30 de mayo de
2023 el accionante envió el recurso de apelación a una dirección de correo
electrónica de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar no habilitada
para recibir oficios o memoriales de los procesos que se adelantan en los
despachos de la Corporación, lo que determinó que su memorial de apelación no
fuese recibido y, por ende, no tramitado, por el juez de conocimiento.

En este sentido, el recurso cuya falta de trámite sustenta la vulneración
iusfundamental que soporta la presente solicitud no fue allegado debidamente
conforme lo prevén las normas aplicables, pues si bien es cierto que el actor
acreditó que envió al correo electrónico sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co un
escrito con ese propósito el 30 de mayo de 2023, lo cierto es que en tanto ese
buzón electrónico solamente se utiliza para realizar envíos de información o
documentación de la secretaría del tribunal accionado, no se recibió por parte de
esa autoridad judicial recurso alguno en el canal digital habilitado para ese efecto,
lo que descarta la vulneración de derechos alegada por la falta de trámite del
mismo.

La Sala considera importante recalcar que, conforme con el artículo 109 del
Código General del Proceso, los “memoriales podrán [adosarse] y las
comunicaciones transmitirse por cualquier medio idóneo”, y estos se entenderán
radicados en tiempo si se reciben de manera satisfactoria antes del cierre del
despacho del día en que vence el término, lo que no ocurrió en el presente caso,
en el que el actor envió el recurso propuesto a una dirección electrónica diferente
a la habilitada para ese efecto por el despacho de conocimiento de la demanda,

9
ARTÍCULO 201. NOTIFICACIONES POR ESTADO. Los autos no sujetos al requisito de la notificación personal se
notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para consulta en línea bajo la responsabilidad del Secretario. La
inserción en el estado se hará el día siguiente al de la fecha del auto y en ella ha de constar: 1. La identificación del
proceso. 2. Los nombres del demandante y el demandado. 3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla. 4. La fecha
del estado y la firma del Secretario. El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama Judicial y permanecerá allí
en calidad de medio notificador durante el respectivo día.

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por lo que la vulneración alegada no se configuró, ni puede atribuírsele al tribunal
accionado.

Por las anteriores razones, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela
promovida por el señor Bismarck Covilla Caña, quien actúa en nombre propio,
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela presentada por el
señor Bismarck Covilla Caña, quien actúa en causa propia, contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
ACLARA EL VOTO

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