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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06830-01

Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de

Fecha
6 de mayo de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06830-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia de primera instancia del 26 de enero de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. 15 Radicación: 11001-03-15-000-2023-06830-01 Demandante: José Jhoan Traslaviña Cerquera y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sentencia de tutela de segunda instancia SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06830-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

6 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., seis (6) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06830-01
Demandante: JOSÉ JHOAN TRASLAVIÑA CERQUERA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo, porque no se acreditó el requisito general de relevancia constitucional /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se pretende revivir el debate planteado en el
proceso ordinario, que fue razonablemente zanjado por los jueces naturales.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia del 26 de enero de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 8 de noviembre de 20231, los señores José Jhoan Traslaviña Cerquera, Rosalía
Cerquera Garzón, Yuseby Nayesda Traslaviña Galeano, Espíritu Traslaviña
Verdugo; Gilberto, Lucila, Luz Marina, Cecilia, Dilia, Mariela, Inés, Teresa y Flor
María Traslaviña Ariza interpusieron acción de tutela contra la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la
sentencia del 17 de mayo de 2023 (radicado 11001-33-36-036-2015-00763-01).
Formularon las siguientes pretensiones:

PRIMERO. - Que se amparen los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia del señor JOSÉ
IGNACIO TRASLAVIÑA ARIZA y de las demás personas que, con él,

1
Se advierte que, el 11 de abril de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06830-01
Demandante: José Jhoan Traslaviña Cerquera y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sentencia de tutela de segunda instancia

interpusieron el proceso de reparación directa que derivó en la sentencia de
segunda instancia del 17 de mayo de 2023, proferida por el H. Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.

SEGUNDO.- Que, como consecuencia de lo anterior se ordene al H. Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que vuelva
a expedir sentencia de segunda instancia (i) valorando adecuadamente las
pruebas existentes en el plenario que demuestran la irregularidad,
desproporcionalidad, irracionalidad y ausencia de necesidad de la medida
privativa de la libertad ordenada por la Fiscalía 15 Especializada de la Unidad
Nacional contra el Terrorismo el 20 de junio de 2008; y (ii) acatando para el
caso las subreglas del precedente vertical constitucional y contencioso
administrativo, así como del precedente horizontal del mismo Tribunal en
procesos iguales o sustancialmente parecidos al del señor JOSÉ IGNACIO
TRASLAVIÑA ARIZA.

1.2. Hechos

De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

El señor José Ignacio Traslaviña Ariza, junto con su núcleo familiar, instauró
demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación, para que fueran declaradas responsables de los perjuicios
derivados de la privación de la libertad que soportó entre el 7 de junio de 2008 y el
10 de abril de 2010, por los delitos de rebelión y concierto para delinquir.

La demanda ordinaria se fundamentó en que, el 7 de junio de 2008, la Fiscalía
General de la Nación libró orden de captura contra el señor José Ignacio
Traslaviña Ariza, junto con otras 16 personas. El 20 de junio siguiente, el ente
investigador definió la situación jurídica del señor Traslaviña Ariza y le impuso
medida de aseguramiento de detención preventiva, con base en las declaraciones
de los señores Franklin Pérez Díaz, Juan de Jesús Sarmiento, Gilberto Benavides
y Miller Alexander Cruz.

El 5 de abril de 2010, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado absolvió
al señor Traslaviña Ariza de los delitos de rebelión y concierto para delinquir, por
in dubio pro reo, decisión que fue apelada por el ente investigador.

El 6 de abril de 2010, se concedió la libertad provisional al señor Traslaviña Ariza,
en atención a la sentencia absolutoria emitida a su favor.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06830-01
Demandante: José Jhoan Traslaviña Cerquera y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sentencia de tutela de segunda instancia

En sentencia del 18 de diciembre de 2013, la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de San Gil confirmó la referida decisión, entre otras razones,
porque las declaraciones que sirvieron de sustento a la medida de aseguramiento
eran contradictorias, lo cual impedía adquirir certeza respecto de la comisión de
los hechos punibles.

En ejercicio del medio de control de reparación directa, la parte accionante
demandó a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial. En sentencia del
29 de septiembre de 2021, el Juzgado 36 Administrativo de Bogotá accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, decisión que fue recurrida por el
ente acusador.

Mediante sentencia del 17 de mayo de 2023, la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión en
mención y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:

1.3.1. Defecto fáctico, porque el Tribunal valoró erróneamente las pruebas
aportadas al expediente penal, que demostraban que la medida de aseguramiento
fue desproporcional, irracional e innecesaria, pues se fundamentó en testigos que,
con posterioridad, se retractaron.

Que, de hecho, para la formulación de la acusación ya era evidente que las
declaraciones eran «falsas», como ocurrió con la versión del señor Franklin Pérez
Díaz, quien atestiguó en contra del señor Traslaviña Ariza, a cambio de beneficios
económicos.

Concluyó que, al ser esas declaraciones las únicas pruebas en el proceso penal,
se infiere que su absolución no fue por duda, sino por inexistencia del hecho
punible.

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Demandante: José Jhoan Traslaviña Cerquera y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sentencia de tutela de segunda instancia

1.3.2. Desconocimiento del precedente, dado que debieron aplicarse las
sentencias del 1° de octubre de 2018 (exp. 60693), emitida por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y del 20 de enero de 2020 y del 27
de noviembre de 2020, proferidas, en su orden, por la Subsección C y B de la
Sección Tercera del Tribunal administrativo de Cundinamarca, pues estas
decidieron casos que guardan identidad fáctica y jurídica con la controversia bajo
estudio.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 20 de noviembre de 2023, el Despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó que se notificara a los magistrados que integran la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
como parte demandada, y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la
Fiscalía General de la Nación y a los señores José Ignacio Traslaviña Ariza y
Nixon Ignacio Traslaviña Cerquera, en calidad de terceros con interés. Asimismo,
se requirió al apoderado de los solicitantes para que aportara el poder que le
acredita como apoderado de Inés Traslaviña Ariza.

2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó que se declarara
improcedente la solicitud de amparo, dado que la parte accionante pretende
convertir el proceso de tutela en una instancia adicional al proceso de reparación
directa con radicado 11001-33-36-036-2015-00763-01.

2.2. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela (i) por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, dado que no
se argumentó por qué, a pesar de la existencia de otros mecanismos judiciales
—sin especificar cuáles—, no los utilizó y (ii) por falta de sustentación de las
causales específicas de procedibilidad.

2.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mencionó que la medida de
aseguramiento que soportó el señor Traslaviña Ariza fue proporcional y razonable,
pues se decretó con base en indicios graves. Resaltó que la parte accionante
busca convertir la sede de tutela en una instancia adicional del referido proceso
ordinario.

Indicó, además, que la decisión en cuestión no vulneró los derechos
fundamentales invocados, dado que se ajustó al marco normativo aplicable, en

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Demandante: José Jhoan Traslaviña Cerquera y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sentencia de tutela de segunda instancia

virtud de los principios de independencia y autonomía judicial. También adujo que
los solicitantes disponen del recurso extraordinario de revisión.

2.4. De otra parte, los demandantes informaron que los señores José Ignacio
Traslaviña Ariza, Nixon Ignacio Traslaviña Cerquera e Inés Ariza de Traslaviña
fallecieron. También aportaron el poder otorgado por Inés Traslaviña Ariza.

3. Fallo impugnado

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante fallo del
26 de enero de 2024, declaró improcedente la solicitud de amparo, bajo los
siguientes argumentos:

• La parte accionante no expuso argumentos claros que justifiquen la
intervención del juez de tutela. Además, la sentencia en cuestión interpretó
razonablemente las pruebas aportadas al expediente ordinario, así como las
normas y la jurisprudencia aplicables al caso.

• Los demandantes no indicaron cuáles son las reglas jurisprudenciales
supuestamente ignoradas por la autoridad judicial demandada. De hecho, en
virtud de la independencia y autonomía de las que gozan los jueces, el Tribunal
estaba facultado para valorar las pruebas y la normativa aplicable, de acuerdo con
las particularidades del caso, siempre y cuando no incurriera en arbitrariedades,
situación que no ocurrió aquí.

4. Impugnación

En la impugnación, la parte accionante manifestó que la solicitud de amparo sí
cumple con el requisito general de relevancia constitucional, por las siguientes
razones:

La autoridad judicial accionada vulneró el derecho fundamental a la igualdad,
circunstancia que se expuso en la solicitud de amparo, en el sentido de precisar
cuáles eran los elementos esenciales del derecho a la igualdad.

A su juicio, era claro que las providencias citadas como desconocidas tenían
identidad fáctica y jurídica con el caso bajo estudio, al punto que allí se analizaron

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las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo cual permitía concluir que
era procedente acceder a las pretensiones en todos los casos.

Indicó que no incumplió la carga argumentativa para sustentar el desconocimiento
del precedente. En respaldo de lo anterior, citó varios párrafos de la solicitud de
amparo.

Adujo que el juez de tutela de primer grado fue incongruente, porque la parte
accionante nunca hizo referencia a arbitrariedades cometidas por el Tribunal, sino
que su inconformidad apunta al carácter injusto de la privación de la libertad que
soportó el señor José Ignacio Traslaviña Ariza.

Finalmente, pidió que el Tribunal valore nuevamente las pruebas obrantes en el
expediente ordinario.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 26 de enero de 2024 por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado. Para tal efecto, primero se deberá establecer si la solicitud
de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia, en especial, el de
relevancia constitucional. De cumplirse, la Sala abordará el estudio de fondo, con
el fin de determinar si la autoridad judicial demandada vulneró o no los derechos
fundamentales de la parte actora.

3. Análisis del caso

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. Inmediatez: la tutela cumple con este requisito, toda vez que la sentencia
de segunda instancia fue proferida el 17 de mayo de 2023 y notificada el 25 de
mayo del mismo año, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 8 de
noviembre de 2023, esto es, dentro de los seis meses siguientes. Este término
resulta razonable.

3.1.2 La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

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3.1.3 Subsidiariedad: la parte actora interpuso los recursos disponibles dentro
del proceso ordinario, sin que las inconformidades enunciadas en la tutela
encuadren en los supuestos de procedencia de los recursos extraordinarios
establecidos en la Ley 1437 de 2011.

3.1.4. De la relevancia constitucional: la Sala considera necesario referirse
brevemente al requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin
de establecer si se cumple o no en el presente asunto.

El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra
la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera
instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente2 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.

La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el
simple señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino
porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha
desbordado el alcance de un derecho fundamental.

En efecto, el señor José Ignacio Traslaviña Ariza, junto con su núcleo familiar,
presentaron demanda de reparación directa, atribuyéndole a la Rama Judicial y a
la Fiscalía General de la Nación los daños derivados de la privación de la libertad
que soportó.

2
Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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Sentencia de tutela de segunda instancia

En providencia del 29 de septiembre de 2021, el Juzgado 36 Administrativo de
Bogotá accedió a las pretensiones de la demanda. Para arribar a tal conclusión,
analizó el caso bajo el régimen de responsabilidad objetiva, pues, en su criterio,
era claro que la absolución ocurrió por atipicidad de la conducta, razón por la cual
se encontraba demostrado el daño antijuridico consistente en la privación de la
libertad del señor Traslaviña Ariza.

En sentencia del 17 de mayo de 2023, la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó el fallo apelado y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda.

Para ello, analizó las pruebas aportadas tanto en el expediente penal como en el
proceso ordinario, lo cual le permitió concluir que:

• La sentencia penal de segunda instancia absolvió al señor Traslaviña Ariza
por in dubio pro reo, dado que la prueba que fundamentó la medida de
aseguramiento era insuficiente para emitir condena penal.

• El hecho de haberse impuesto medida de aseguramiento en contra del allí
demandante no significa que, en ese caso, se configure por sí solo un daño
antijuridico, pues la parte accionante tiene la carga de probar que la medida de
aseguramiento fue desproporcional, irracional e innecesaria, situación que no
ocurrió.

• La medida de aseguramiento cumplió con los requisitos consagrados en el
artículo 356 de la Ley 600 de 2000, dado que se le impuso la detención preventiva
intramural con base en las declaraciones de los señores Juan de Jesús Sarmiento
Garzón, Gilberto Benavidez, Miller Alexander Cruz y Franklin Pérez Díaz,
testimonios que coincidían en que el señor Traslaviña Ariza era colaborador del
grupo armado ilegal FARC-EP. Además, los delitos imputados superan la pena de
prisión de 4 años.

• Si bien los testigos se retractaron y las pruebas eran insuficientes para
proferir la condena penal, lo cierto es que esa situación no desvirtúa la legalidad
de la medida de aseguramiento, pues esta se decreta cuando existe probabilidad
de responsabilidad, mientras que la condena penal exige certeza respecto a la

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responsabilidad del acusado, razón por la cual la sentencia absolutoria no significa
automáticamente que la privación de la libertad fue injusta.

Así, una vez valoradas las pruebas allegadas al proceso de reparación directa, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que la privación de la libertad
del señor José Ignacio Traslaviña Ariza estuvo ajustada a derecho, por cuanto en
ese momento se contaba con los elementos de juicio suficientes para colegir
razonablemente que aquel podía haber sido autor o partícipe de la conducta
punible.

Sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos
de privación injusta de la libertad, en la sentencia de unificación SU 72 de 20183,
la Corte Constitucional precisó que ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni
el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que establece la privación injusta de la
libertad como un evento resarcible, así como tampoco la sentencia C-037 de
1996, que determinó la exequibilidad condicionada de ese artículo, determinan un
régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable a los
eventos de privación injusta de la libertad4.

En esa oportunidad, la Corte Constitucional reiteró que en materia de reparación
directa se acepta la aplicación del principio iura novit curia, de acuerdo con las
particularidades de cada caso. Por tanto, definir de manera rigurosa el título de
imputación en estos eventos, como lo pretende la parte actora, contraviene la
interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y, de contera, el régimen
general de responsabilidad estatal del artículo 90 de la Constitución Política5.

De conformidad con la referida providencia de unificación, el juez puede escoger
entre un régimen de responsabilidad subjetivo u objetivo, de acuerdo con el
carácter demostrativo de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la
misma y agrega que las causales de privación injusta de la libertad no se agotan
en las que prescribía el derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 19916.

3
Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes
Cuartas.
4
Ibidem. Acápite 117 y 118.
5
Ibidem, Acápites 119 y 120.
6
Ver sentencia del 3 de octubre de 2019, radicado 50001-23-31-000-2006-10260-01(54095),
Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado.

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También el alto tribunal constitucional7 ha dicho que es importante valorar, entre
otros, los siguientes elementos de responsabilidad estatal: (i) identificar la
existencia del daño; (ii) verificar la legalidad de la medida de aseguramiento bajo
una óptica subjetiva y (iii) en el caso de no probarse una falla en el servicio, se
analizará el respectivo caso bajo el régimen objetivo.

En ese sentido, se tiene que la autoridad judicial accionada, luego de analizar la
sentencia penal de segunda instancia y los elementos probatorios aportados en el
expediente ordinario, concluyó que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de San Gil, explícitamente mencionó que la absolución del señor
Traslaviña Ariza fue por duda, razón por la cual el caso sub lite se debía analizar
bajo el título de imputación de falla en el servicio.

En consecuencia, la autoridad judicial accionada negó las pretensiones de la
demanda, bajo el análisis de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la
medida de aseguramiento que se le impuso al señor Traslaviña Ariza.

En efecto, los argumentos expuestos en la providencia del 17 de mayo de 2023 se
muestran suficientes y razonables, dado que allí se consideró que la medida de
aseguramiento cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 600 del 2000
para su imposición, pues se verificó que había por lo menos dos indicios graves
que inferían la autoría del señor Traslaviña Ariza, cuyo fundamento eran las
declaraciones de cuatro personas que coincidían con la supuesta colaboración de
este con las FARC-EP, lo cual no merece reproche alguno desde el punto de vista
constitucional.

De igual modo, la parte demandante no revela ni acredita que las conclusiones de
la autoridad judicial accionada sean abiertamente antagónicas, contrastadas
objetivamente con los elementos de prueba valorados, sino que hace una
interpretación propia para considerar una teoría y una conclusión diferentes a la
del fallo atacado, pero sin demostrar que la decisión se adoptó con total
desconocimiento del material probatorio. Las pruebas que consideró desconocidas
fueron valoradas, pero no en la forma en que se pretende en la solicitud de
amparo.

7
Ver, entre otras, la sentencia T-171 del 2023.

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De hecho, quedó demostrado que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí
valoró las retractaciones de los referidos testigos, pues, como se vio, determinó
que el ente investigador decretó la medida de aseguramiento, con base en
declaraciones que, en ese momento, ofrecían credibilidad.

Además, la Sala observa que la parte accionante no analizó los presupuestos
necesarios para catalogar la medida de aseguramiento como injusta, pues se
limitó a inferir una responsabilidad automática a partir de la constatación del daño,
lo cual resulta insuficiente para concluir que el Estado debe responder. Así se
pudo ver en la demanda ordinaria:

(…)
La privación injusta de la libertad, de la que fue víctima el señor José Ignacio
Traslaviña Ariza, desde el 7 de junio de 2008 y hasta por 660 días, al
habérsele dictado medida de aseguramiento por los delitos de rebelión y
concierto para delinquir agravado, ocasionó una serie de perjuicios en su
persona y en sus familiares.

(…)

Es evidente que si no se hubiese procedido a capturar irregularmente a José
Ignacio Traslaviña Ariza, propiciándole maltratos psicológicos, y si no se
hubiese emitido las decisiones de fondo que se tomaron en el curso de la
investigación, tendientes a mantenerlo privado de su libertad careciendo de
indicios y de pruebas que ameritan tal limitación a un derecho de orden
fundamental como lo es la libertad, no se hubiesen causado los perjuicios
anteriormente mencionados, que responden a la violación directa de
Derechos Fundamentales cuya salvaguarda y garantía se le confía
especialmente a las autoridades estatales, embestidas constitucionalmente de
tal función.

(…)

También se pudo observar que, en la demanda de tutela, el accionante manifestó
su inconformidad con respecto al régimen de responsabilidad que optó por aplicar
la autoridad judicial accionada para resolver el caso bajo estudio:

En resumen, si se llegase a considerar legítima la actuación de la Fiscalía,
esa medida de aseguramiento de igual forma fracturó el principio de igualdad
ante las cargas públicas, y como afirma la citada providencia, no tiene sentido
que “deba una persona inocente soportar dos años en prisión y que sea
posible aducirle, válidamente, que lo ocurrido es una cuestión ‘normal’,
inherente al hecho de ser un buen ciudadano y que su padecimiento no va
más allá de lo que es habitualmente exigible a todo individuo, como carga
pública derivada del hecho de vivir en sociedad”. Sería, entonces, un daño
especial.

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La Sala advierte que la providencia cuestionada no es arbitraria, ni caprichosa,
sino que estuvo precedida de un análisis integral, razonado y conjunto de las
pruebas que obraban en el expediente.

Se reitera que la acción de tutela no puede convertirse en el único y el preferido
medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus
intereses, para que se revise la decisión como si se tratara de una instancia
adicional. Ello atenta contra las reglas previstas por el legislador quien dentro de
su margen de configuración normativa elige y decide las instancias ordinarias que
debe impartirse a un proceso. Pretender que la acción de tutela se convierta en la
instancia adicional de todos los procesos judiciales no solo le resta vigor a este
mecanismo de amparo constitucional, sino que termina por desconocer los
principios de autonomía judicial y del juez natural8.

Que la parte actora esté inconforme con el raciocinio utilizado por la autoridad
judicial accionada no es un hecho que concierna al juez constitucional, pues por la
forma en que se presentaron los argumentos queda claro que la demanda se
contrae a un desacuerdo con el razonamiento de la autoridad judicial accionada,
circunstancia que no justifica la intervención del juez de tutela, porque lo
pretendido, se insiste, es revivir un debate que ya se clausuró, a fin de obtener a
toda costa una alternativa de decisión en la que se resuelva favorablemente su
visión del litigio y, compártase o no la decisión de los jueces naturales, la Sala no
advierte que sus conclusiones se tornen irracionales, absurdas o caprichosas.

3.2. Desconocimiento del precedente

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas9:

a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció10.

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de
febrero de 2016, expediente No. 2016-03419-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
9 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
10 Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del

hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se
estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso,
para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de
las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a

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b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.

c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se
dejó de aplicar.

d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares,
tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio
jurisprudencial supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse
(principios de transparencia y razón suficiente11).

e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la
razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge
de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto12.

f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia13.

En la demanda de tutela y en el escrito de impugnación del fallo de primera
instancia, la parte accionante alegó que el Tribunal vulneró su derecho
fundamental a la igualdad, dado que tanto esa Corporación como el Consejo de
Estado han fallado casos con identidad fáctica y jurídica, en los que se ha

situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada
en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía
analógica».
11 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente,

ver, entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte
Constitucional.
12 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las

particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base
de la decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
13 La accionante también consideró vulnerados los principios de seguridad jurídica, «norma más

favorable» y «perpetuatio jurisdictionis».

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06830-01
Demandante: José Jhoan Traslaviña Cerquera y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sentencia de tutela de segunda instancia

declarado responsable al Estado por los daños derivados de la privación injusta de
la libertad.

Para ello, indicó que se desconoció el precedente fijado por el Consejo de Estado
en la sentencia del 1º de octubre de 2018, dictada por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de estado (exp. 60693), debido a que la parte allí
accionante también soportó una medida de aseguramiento como la que le impuso
el ente investigador al señor Traslaviña Ariza.

Sin embargo, la Sala advierte que allí se analizó una situación distinta a la aquí
planteada, pues, en esa oportunidad, la parte accionante probó la
desproporcionalidad de la medida de aseguramiento, en el sentido de que la
detención preventiva que le impuso el ente acusador se fundamentó en las
declaraciones de dos testigos que, antes de la formulación de la respectiva
acusación, se retractaron, por lo que la parte allí accionante solicitó la revocatoria
de dicha medida, la cual se resolvió desfavorablemente, pero al final la Fiscalía
General de la Nación precluyó la investigación en favor del señor Ramiro
Rodríguez Ortiz. Esto se dijo en aquella oportunidad:

En cuanto a la procedencia de la medida restrictiva de la libertad, el delito de
rebelión contemplaba una pena mínima de 6 años, razón por la cual se
cumplía el requisito previsto en el artículo 357 de la Ley 600 de 2000.

No obstante lo anterior, considera la Sala que la restricción de la libertad del
señor Ramiro Rodríguez Ortiz, comprendida desde el 9 de octubre hasta el 9
de diciembre de 2008, no respetó el criterio de proporcionalidad, por cuanto,
pese a que los testigos de cargo se retractaron, la Fiscalía Quince
Especializada de la Unidad Nacional contra el Terrorismo mantuvo vigente la
medida de aseguramiento hasta la preclusión de la investigación, con el
argumento de que tales retractaciones resultaban sospechosas y, por tanto,
no desvirtuaban los medios probatorios tenidos en cuenta para la adopción de
dicha determinación, los cuales gozaban de credibilidad; además, porque en
el expediente reposaban otros testimonios que confirmaban lo sostenido
inicialmente por los testigos de cargo.

Pues bien, al revisar la providencia del 9 de octubre de 2005, mediante la cual
se resolvió la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, la Sala
no encuentra que, además de los señores Jhon Gerardo Reyes Jiménez y
Franklin Pérez Díaz, otros testigos hubieren acusado al señor Ramiro
Rodríguez Ortiz de ser colaborador de grupos organizados al margen de la
ley, es decir, que estos últimos eran las únicas personas que sindicaban al
hoy actor de la conducta punible.

Circunstancia que es muy diferente al caso bajo estudio, pues aquí el ente
investigador le impuso la medida de aseguramiento al señor Traslaviña Ariza, con
fundamento en cuatro declaraciones, de las cuales sólo dos se retractaron, lo que
significa que, hasta antes de la formulación de la acusación, la medida de

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06830-01
Demandante: José Jhoan Traslaviña Cerquera y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sentencia de tutela de segunda instancia

aseguramiento cumplía con los requisitos previstos en la Ley 600 de 2000.
Además, se reitera, la parte accionante está inconforme porque supuestamente la
Fiscalía General de la Nación decretó esa medida, con base en declaraciones
«falsas», situación que es muy diferente a la allí planteada, pues una cosa es
alegar genéricamente el carácter injusto de la privación y otra es argumentar y
probar la desproporcionalidad de la medida después de ese acontecimiento, lo
cual no pasó aquí.

Ahora, si bien la parte accionante citó las sentencias del 20 de enero de 2020 y del
27 de noviembre de 2020, proferidas por la Subsección C y B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo cierto es que únicamente
se limitó a comparar los hechos de los tres casos, sin identificar reglas o subreglas
supuestamente ignoradas, que permitan colegir el supuesto desconocimiento del
precedente horizontal.

En suma, se concluye que lo que existe en el presente caso es una discrepancia
de criterio de la parte actora con la providencia demandada, diferencia que, en
sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de
tutela intervenga.

Finalmente, conviene reiterar que la acción de tutela sigue siendo un mecanismo
subsidiario y excepcional y, por ende, no puede convertirse en el único y el
preferido medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a
sus intereses, menos aun cuando la providencia que se cuestiona contiene una
justificación razonable del sentido de la decisión.

Por todo lo anterior, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia de primera instancia del 26 de enero de 2024,
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por lo
razonado en la parte motiva de esta providencia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06830-01
Demandante: José Jhoan Traslaviña Cerquera y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sentencia de tutela de segunda instancia

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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