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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06831-00

Fecha
11 de enero de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06831-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Villavicencio, por las razones consignadas en esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Luis Carlos Macías Castañeda en contra del Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. CUARTO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06831-00

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

11 de enero de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06831-00
Accionante: Luis Carlos Macías Castañeda

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., once (11) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2023-06831-00
Accionante: Luis Carlos Macías Castañeda
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y municipio de
Villavicencio
Referencia: Acción de tutela

Tema: acción de tutela contra providencias judiciales.
Subtema 1: requisitos de procedibilidad - relevancia constitucional.
Subtema 2: prima de servicios de empleados del orden territorial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela incoada por Luis Carlos
Macías Castañeda en contra del Tribunal Administrativo del Meta y del municipio de
Villavicencio.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

Luis Carlos Macías Castañeda solicitó la protección de su derecho fundamental al
debido proceso, que consideró vulnerado por el municipio de Villavicencio y el Tribunal
Administrativo del Meta, con ocasión de la sentencia de segunda instancia del 15 de
junio de 2023, dictada en el proceso con radicado núm. 50001-33-33-007-2017-00052-
01.

1.2. Hechos probados

1.2.1. Luis Carlos Macías Castañeda presentó escrito en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra del municipio de Villavicencio, con
las pretensiones de que el juez administrativo declarara la nulidad de los oficios
números 1101-23/033 del 20 de mayo de 2016; 1101-17.12/1850 del 18 de julio de
2016; 1101-23/208 del 6 de diciembre de 2016 y 1101-17.12/0218 del 26 de enero
de 2017 y, en consecuencia, ordenara el reconocimiento, liquidación y pago de la
prima de servicios correspondiente al año 2014 y la indemnización moratoria por pago
tardío de las cesantías.

Como fundamento de sus pretensiones, el señor Macías Castañeda manifestó que la
prima de servicios fue creada por el Concejo Municipal de Villavicencio en los artículos
16 y 17 del Acuerdo 31 de 2002 y 16 del Acuerdo 31 del 8 de diciembre de 2004, que
solicitó a la Secretaría de Desarrollo Institucional el reconocimiento, liquidación y pago
de la prima correspondiente al año 2014, y que la entidad, en oficio núm. 1101-23/0033
del 20 de mayo de 2016 le indicó que, una vez la Administración tuviera certeza de la
viabilidad jurídica y financiera de la prestación, le comunicaría su decisión.

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Además, que en contra de la anterior decisión interpuso reposición y, en subsidio,
apelación, recursos que fueron rechazados en oficio núm. 1101-17.12/1850 del 18 de
julio de 2016 bajo el argumento de que el oficio núm. 1101-23/0033 no era un acto
administrativo.

Sostuvo que, como el municipio otorgó la prima de servicios para las vigencias 2015 y
2016, pidió las diferencias no pagadas de las cesantías del año 2014 que no tuvieron
en cuenta la mencionada prima, que tampoco había sido cancelada; y que la entidad
le contestó en oficio núm. 1101-23/208 del 6 de diciembre de 2016 que su solicitud
había sido atendida en el oficio núm. 1101-23/0033 de 2016, y que el Juzgado Quinto
Administrativo de Villavicencio, en sentencia del 17 de agosto de 2016 emitida dentro
del proceso con radicado núm. 50001-33-33-005-2014-00303-00, declaró la nulidad
de los artículos 16 y 17 del Acuerdo 31 de 2002 y 16 del Acuerdo 31 del 8 de diciembre
de 2004.

Finalmente, adujo que presentó reposición y, en subsidio, apelación, en contra del
oficio núm. 1101-23/208 de 2016, recursos resueltos en oficio núm. 1101-17.12/0218
del 26 de enero de 2017, en el que le informaron que la Administración ya se había
pronunciado sobre la materia en oficio núm. 1101-17.12/1850 de 2016.

1.2.2. El asunto correspondió conocerlo, en primera instancia bajo el radicado núm.
50001-33-33-007-2017-00052-00, al Juzgado Séptimo Administrativo de Villavicencio,
autoridad que, en sentencia del 30 de septiembre de 2019, negó las pretensiones de
la demanda porque encontró que los Acuerdos 031 de 2002 y 2004 fueron expedidos
por el Concejo Municipal de Villavicencio con extralimitación de sus funciones. Esta
decisión fue apelada por la parte demandante, pues consideró que no se observó el
principio de congruencia y que se desconoció su derecho a recibir la prima de servicios.

1.2.3. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Meta emitió fallo el 15 de
junio de 20231, en el que declaró probada de oficio la excepción previa de inepta
demanda frente a las pretensiones de nulidad de los oficios números 1101-23/0033 y
1101-17.12/1850 de 2016 y 1101-17.12/0218 de 2017 y confirmó la sentencia del 30 de
septiembre de 2019. Como fundamento de su providencia, el tribunal presentó las
consideraciones que esta Sala resume a continuación:

El Juzgado Séptimo Administrativo de Villavicencio no desconoció el principio de
congruencia, pues resolvió que al actor no se le debía reconocer la prima de servicios
prevista en los Acuerdos municipales 031 de 2002 y 2004, que era el objeto de las
pretensiones de la demanda.

Por otro lado, los oficios números 1101-23/0033 y 1101-17.12/1850 de 2016 y 1101-
17.12/0218 de 2017 no contenían decisiones de fondo que crearan, modificaran o
extinguieran una situación jurídica concreta, pues el primero se limitó a informar que
la administración estaba revisando la procedencia de la prestación pedida, el segundo
indicó que el anterior no era un acto administrativo, y el tercero sostuvo que la solicitud
del señor Macías Castañeda fue resuelta en el oficio núm. 1101-17.12/1850 de 2016.

Cuestión distinta ocurrió con el oficio núm. 1101-23/208 de 2016, que sí contenía un
pronunciamiento de fondo, por cuanto en este se argumentó que los Acuerdos
municipales 031 de 2002 y 2004, que cimentaron la petición de reconocimiento de la
prima, fueron declarados nulos por vía judicial. El anterior alcance interpretativo de los
oficios demandados radicó en garantizar el derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia, puesto que, de aceptarse el cargo de la parte demandante
1 Documento visible en Samai en el índice 2 del expediente digital de tutela, con certificado
08C376CD8A499241 F1B8800B48A8DCA0 3FC5504A93C33AF1 E749881AA4B15D3B.

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Accionante: Luis Carlos Macías Castañeda

de que ningún oficio era un acto definitivo, no procedía un juicio de fondo, o, habría
sido necesario controvertir el acto negativo ficto o presunto derivado de la falta de
respuesta definitiva.

Ahora bien, el artículo 150, numeral 19, literal e, de la Constitución Política2 estableció
que el Congreso de la República podía dictar normas generales para establecer los
objetivos y criterios a los cuales debía sujetarse el Gobierno Nacional para regular,
entre otros asuntos, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

Además, de acuerdo con los artículos 12 de la Ley 4 de 19923, el régimen prestacional
de los servidores públicos de las entidades territoriales sería fijado por el Gobierno
Nacional con base en los criterios y objetivos de esa ley, quien marcaría el límite
máximo salarial; y 10 ibidem4, cualquier régimen que sea establecido contraviniendo
tales parámetros carecería de efectos y no crearía derechos adquiridos.

Asimismo, según los artículos Constitucionales 300, numeral 7, 313, numeral 6, 305,
numeral 7 y 315, numeral 7, corresponde a las asambleas departamentales, a los
concejos municipales, a los gobernadores y a los alcaldes, respectivamente, fijar la
escala salarial de remuneración de las distintas categorías de empleo dentro de su
jurisdicción, competencia que debe estar desarrollada con sujeción a la Ley 4 de 1992.

Así, en atención a las sentencias C-510 de 1999 de la Corte Constitucional y del 1 de
agosto de 20195 y 13 de febrero de 20206 de la Subsecciones B y A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, el tribunal indicó:

“Conforme todo lo expuesto, se concluye que, las ASAMBLEAS y los CONCEJOS,
dentro del sistema de remuneración de cargos territoriales tienen autonomía para
establecer y definir las correspondientes escalas salariales, esto es, para fijar los
sueldos correspondientes a cada una de las diferentes categorías ocupacionales,
siempre respetando el límite máximo fijado por el GOBIERNO NACIONAL, el cual
busca establecer el equilibrio y unificación del sistema con miras a la preservación de
las finanzas y del presupuesto. No obstante, esa facultad constitucional no implica la
autorización de la creación de factores salariales, pues, esto es una competencia
exclusiva del CONGRESO DE LA REPÚBLICA y del GOBIERNO NACIONAL”.

Ahora bien, en el caso concreto el tribunal observó que los Acuerdos 031 de 2002 y
2004 expedidos por el Consejo de Villavicencio crearon la prima de servicios para los
empleados de la administración municipal equivalente a 15 días de remuneración. En
ese orden, indicó que el demandante sustentó su derecho al reconocimiento de la
2 “ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes

funciones:
[…]
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse
el Gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y la Fuerza Pública;
[…]”
3 “ARTÍCULO 12. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> El régimen prestacional de los

servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las
normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.
En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad.
PARÁGRAFO. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando
equivalencias con cargos similares en el orden nacional”.
4 “ARTÍCULO 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las

disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en
desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos”.
5 Radicado No 62001-23-33-000-2017-00305-01.
6 Radicado No 13001-23-31-000-2008-00545-01.

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Accionante: Luis Carlos Macías Castañeda

prima en los mencionados acuerdos que fueron emitidos sin competencia
constitucional o legal y con desconocimiento de lo previsto en la Ley 4 de 1992. Por lo
anterior, concluyó:

“Es así, que al no tener ningún tipo de competencia el CONCEJO para la creación
de factores salariales, como lo es la PRIMA DE SERVICIOS, no resulte
determinante mirar si los artículos de los ACUERDOS antes señalados fueron
anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues aun de estar
vigentes, saltaría a la vista la inconstitucionalidad e ilegalidad para que no proceda
el reconocimiento del derecho pretendido, ya que, se repite, no es viable el otorgar
un factor salarial creado por autoridades territoriales, al carecer de total
competencia para hacerlo”.

Finalmente, el tribunal indicó que la prima de servicios fue establecida en el artículo 58
del Decreto 1042 de 1978, únicamente para los empleados públicos del orden nacional
según el artículo 1 ibidem, norma última que fue declarada constitucional en la
sentencia C-402 de 2013 a partir de la cual el Consejo de Estado forjó su línea
jurisprudencial7 consistente en que los empleados del nivel territorial no eran
beneficiarios de dicha prima.

También aclaró que, si bien por disposición expresa del Decreto 1919 de 2002 los
empleados públicos de los entes territoriales tienen derecho a que se les reconozca
las prestaciones sociales que rigen para los del nivel nacional, lo cierto es que no
quedó incluida en esa homologación la prima de servicios, dado que fue creada de
manera exclusiva para estos últimos. En conclusión, estimó que, como el demandante
laboró como empleado del municipio de Villavicencio:

“[…] no es posible reconocerle y pagarle la PRIMA DE SERVICIOS contemplada (sic)
en el Decreto Ley 1042 de 1978, pues si bien es cierto el Decreto 1919 de 2002,
extendió el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos de la RAMA
EJECUTIVA del orden nacional a los del orden territorial, también lo es que el Decreto
1042 de 1978, determinó que la PRIMA DE SERVICIOS es un factor salarial aplicable
a empleados nacionales, lo que significa que no tiene sustento alguno el
reconocimiento y pago de estos factores salariales a empleados públicos del nivel
territorial, como es el caso del accionante.
No sobra precisar que, a través del Decreto 2351 de 2014 se estableció el derecho a
la PRIMA DE SERVICIOS consagrada (sic) en el Decreto Ley 1042 de 1978, en los
mismos términos y condiciones allí señalados para todos los «empleados públicos
vinculados o que se vinculen a las Entidades del sector central y descentralizado de la
RAMA EJECUTIVA del Orden Territorial, a las ASAMBLEAS, a los CONCEJOS
Distritales y Municipales, a las Contralorías Territoriales, a las Personerías Distritales y
Municipales y el personal administrativo del sector educación», no obstante, la misma
disposición consagró tal derecho «a partir de, 2015»”.

1.3. Pretensiones y argumentos de la tutela

La parte accionante presentó escrito de tutela en el que pidió al juez constitucional
que: i) ampare el derecho fundamental vulnerado al debido proceso, ii) deje sin efecto
la sentencia del 15 de junio de 2023 y, en consecuencia, iii) ordene al Tribunal
Administrativo del Meta que emita una nueva decisión en la que resuelva el recurso de
apelación interpuesto en contra del fallo del 30 de septiembre de 2019.

Como argumentos de sus pretensiones, el tutelante sostuvo que la autoridad judicial
cuestionada incurrió en un defecto procedimental absoluto por violación del principio
no reformatio in pejus, dado que encontró probada de oficio la excepción previa de
inepta demanda frente a las pretensiones de nulidad de los oficios núm. 1101-23/0033
7 Ver sentencia del 25 de enero de 2018, radicado núm. 52001-23-31-000-2011-00148-01.

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y 1101-17.12/1850 de 2016 y 1101-17.12/0218 de 2017, pese a que dicha excepción
no fue formulada por la parte demandada ni declarada por el juez de primera instancia.

Además, consideró que la sentencia del 15 de junio de 2023 incurrió en
desconocimiento del precedente, pues no observó la teoría del acto integrador, según
la cual los actos de ejecución, como los de comunicación, constituyen una tercera
categoría de decisiones administrativas que dan eficacia a la definitiva, motivo por el
que todos los oficios que demandó en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho eran objeto de control judicial.

Sostuvo que, al momento en que realizó la petición de reconocimiento y pago de la
prima de servicios, los actos administrativos se encontraban vigentes, gozaban de
legalidad y tenían plenos efectos jurídicos y, por lo tanto, había adquirido el derecho y
formaba parte de su patrimonio; que la entidad demandada negó la solicitud y que no
quedó probado que los Acuerdos 31 de 2002 y 2004 habían sido declarados nulos o
suspendidos.

Reiteró los hechos y reparos jurídicos en que fundamentó la demanda ordinaria,
abordó el marco legal de la prima de servicios y de las cesantías y la sanción moratoria
por su pago tardío, sintetizó las sentencias del 30 de septiembre de 2019 y del 15 de
junio de 2023, insistió en que tenía derecho al pago de la prestación y afirmó que no
fue acertada la conclusión del tribunal referente al acto negativo ficto o presunto.

1.4. Trámite de tutela e intervenciones

1.4.1. El Despacho del magistrado ponente, con auto del 9 de noviembre de 20238,
admitió la acción, vinculó como terceros con interés, al Juzgado Séptimo
Administrativo de Villavicencio y a las personas que integraron las partes demandante,
demandada y terceros dentro del proceso ordinario; ordenó notificar a los sujetos
procesales y suspendió los términos del trámite constitucional.

1.4.2. El Tribunal Administrativo del Meta solicitó que se rechace por improcedente
la tutela formulada por el señor Macías Castañeda por no superar el requisito de
relevancia constitucional en atención a su falta de carga argumentativa. Expresó que
el accionante no identificó con claridad los derechos vulnerados y se limitó a insistir los
reparos de la demanda ordinaria. Explicó que no resultó quebrantado el principio de
no reformatio in pejus porque no hizo más gravosa la situación del apelante único.
Finalmente, sintetizó el fundamento de la sentencia del 15 de junio de 20239.

1.4.3. El municipio de Villavicencio contestó que el escrito de amparo no tiene
relevancia constitucional, citó los argumentos del fallo cuestionado que negaron las
pretensiones de reconocimiento y pago de la prima de servicios y solicitó su
desvinculación del trámite constitucional por no estar probada alguna omisión o acción
en la que incurrió que vulnerara derechos fundamentales10.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

8 Documento visible en Samai en el índice 4 del expediente digital de tutela, con certificado
B3FD1C3B4FB9DC57 1B8679B29483B364 D6D87F6C236288BD 58B19FEA1E48EE34.
9 Documento visible en Samai en el índice 10 del expediente digital de tutela, con certificado

01321741536EDF85 097D0BFE1A6FB10E 5AC3AAE1509FFF5F ABE1D4785A55C3A5.
10 Documento visible en Samai en el índice 12 del expediente digital de tutela, con certificado

EECE6E256B2E354A C0E1F66BB7A83EE0 08741CC520AF8C06 65B3EFA51EDAC2F0.

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La Sala tiene competencia para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591
de 1991, y lo previsto en el reglamento interno de la Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa por activa de Luis Carlos Macías Castañeda se
encuentra acreditada, puesto que fue el demandante dentro del proceso ordinario con
radicado núm. 50001-33-33-007-2017-00052-01 en el que se profirió la sentencia
objeto de tutela, y, por ende, es el titular de los derechos fundamentales cuyo amparo
pretende.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Meta, en la medida en que fue la autoridad que emitió la sentencia
del 15 de junio de 2023 que, según la parte tutelante, vulneró sus derechos
fundamentales. Cuestión distinta ocurre con el municipio de Villavicencio, pues en su
contra no se dirigió algún reparo concreto, motivo por el que no tiene legitimación por
pasiva.

2.3. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción; pues, solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el actor plantea en función de los defectos que
reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales11.

2.3.1. Relevancia constitucional

En las acciones de tutela contra providencias judiciales, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.

Quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que
el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada, trasciende de la

11 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en
una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el
amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de
competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del
procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de
prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina
en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía
de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece
el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de
la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone
de manera preferente la aplicación de sus postulados.
12 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

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controversia litigiosa propia de la causa ordinaria13, a una cuestión con relevancia
constitucional, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia como
únicas causales que habilitan el control constitucional concreto14.

2.4. Caso concreto

En el asunto bajo estudio, Luis Carlos Macías Castañeda formuló solicitud de amparo
de su derecho fundamental al debido proceso, pues consideró que el Tribunal
Administrativo del Meta incurrió en la sentencia del 15 de junio de 2023, en los defectos
procedimental absoluto y de desconocimiento del precedente.

2.4.1. En concreto, argumentó que la autoridad accionada no podía dar por acreditada
de oficio la excepción de inepta demanda, al tener en cuenta que no fue invocada en
el escrito de contestación, que el Juzgado Séptimo Administrativo de Villavicencio no
la declaró en el fallo del 30 de septiembre de 2019 y que el ámbito de competencia en
segunda instancia estaba limitado a los cargos de apelación so pena de desconocer
el principio de la no reformatio in pejus y la teoría del acto integrador.

Al respecto, es preciso indicar que, al margen de lo dispuesto en el artículo 187 de la
Ley 1437 de 2011 atinente a la competencia del juez de segunda instancia para decidir
en la sentencia excepciones de oficio, para esta Sala el reparo no contiene relevancia
constitucional, porque el Tribunal Administrativo del Meta, al decidir sobre la legalidad
del oficio núm. 1101-23/208 de 2016, resolvió de fondo sobre la procedencia o no del
reconocimiento de la prima de servicios, asunto que era el objeto de discusión
propuesto en la demanda ordinaria de nulidad y restablecimiento del derecho.

En ese orden, cabe denotar que el tutelante no explicó qué componentes aportaba al
debate del proceso ordinario el estudio de fondo de los oficios números 1101-23/0033
y 1101-17.12/1850 de 2016 y 1101-17.12/0218 de 2017 frente a los cuales el tribunal
declaró probada de oficio la excepción de ineptitud de la demanda, que tuvieran la
entidad suficiente de modificar la decisión del 15 de junio de 2023.

Lo anterior, más aún, al tener en cuenta que la providencia objeto de tutela determinó
que el señor Macías Castañeda no era beneficiario de la prima de servicios
correspondiente al año 2014, en la medida en que los Acuerdos 031 de 2002 y 2004
fueron emitidos por el Concejo Municipal de Villavicencio sin competencia legal ni
constitucional, fundamento que no dependía del contenido de los oficios números
1101-23/0033 y 1101-17.12/1850 de 2016 y 1101-17.12/0218 de 2017.

En consecuencia, la Sala observa que el reparo de tutela se circunscribe a una simple
inconformidad que, además de que no tiene la entidad suficiente para justificar la
intervención del juez de tutela –que debe ser excepcional–, pretende continuar con el
debate del proceso ordinario.

2.4.1. Por otro lado, la parte tutelante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Meta
vulneró su derecho fundamental al debido proceso, porque desconoció que es
beneficiario del reconocimiento y pago de la prima de servicios, en particular, por
cuanto los Acuerdos 031 de 2002 y 2004, que la crearon para los empleados públicos
13 “No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable

para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego,
al controvertir una providencia judicial”. Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019.
Por supuesto, el fallador de tutela requiere examinar que, de esos asuntos legales, no se desprendan
violaciones a los derechos y deberes constitucionales, pues, de ser así, adquieren relevancia
constitucional inmediata. Corte Constitucional. Sentencia T-1031 de 2001, citada por la Corte
Constitucional en las sentencias T-114 de 2002 y T-136 de 2015.
14 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06831-00
Accionante: Luis Carlos Macías Castañeda

del orden territorial en Villavicencio, gozaban de legalidad y tenía efectos jurídicos al
momento en que presentó la petición ante la administración.

Pues bien, el cargo de tutela desconoce las razones por las cuales el Tribunal
Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y se limita a reiterar inconformidades que fueron
debatidas y resueltas en el proceso ordinario en primera y segunda instancia.

En tal sentido, el accionante no explicó por qué a pesar de que es competencia
constitucional exclusiva y compartida del Congreso de la República y el Gobierno
Nacional fijar el régimen salarial de los empleados públicos del orden territorial de
acuerdo con el literal e del numeral 19 del artículo 150 Superior, procedía el
reconocimiento de la prima de servicios creada en los Acuerdos 031 de 2002 y 2004
que emitió el Concejo Municipal de Villavicencio, incluso, en desacato de lo previsto
en el artículo 10 de la Ley 4 de 1992.

En ese orden, los reparos de la acción buscan suplantar el proceso ordinario para
obtener el reconocimiento y pago de la prima de servicios, con desconocimiento de los
argumentos con los cuales el Tribunal Administrativo del Meta sustentó la decisión de
segunda instancia. En conclusión, ante la inexistencia de cargos en contra de la
sentencia del 15 de junio de 2023 que impliquen un defecto específico de procedencia,
la Sala concluye que el escrito de amparo no supera el requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional, motivo por el que se declarará su
improcedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio
de Villavicencio, por las razones consignadas en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Luis
Carlos Macías Castañeda en contra del Tribunal Administrativo del Meta, por las
razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

CUARTO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

Notifíquese y cúmplase,

NICOLAS YEPES CORRALES
Presidente de Sala

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
DACJ

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