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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06836-01

Fecha
29 de febrero de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06836-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 13 de diciembre de 2023 proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Saúl Antonio Arce y otros, para en su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Saúl Antonio Arce y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-06836-01 CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06836-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

29 de febrero de 2024

Demandantes: Saúl Antonio Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2023-06836-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06836-01
Demandantes: SAÚL ANTONIO ARCE Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial – revoca la improcedencia
para negar – caducidad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia del 13 de diciembre de 2023 proferida por la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción
de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Con escrito presentado el 8 de noviembre de 20231, los señores Saúl Antonio
Arce; Lina Silvana, Paulo César, César Augusto y Jonathan James Arce Celis, y
Myriam Celis Camacho, actuando por medio de apoderada judicial, ejercieron
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, a la seguridad jurídica y a la reparación integral de las víctimas.

La parte accionante consideró vulneradas las referidas garantías

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Acción de tutela promovida ante el buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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Demandantes: Saúl Antonio Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2023-06836-01

constitucionales, con ocasión de la providencia del 26 de abril de 2023, proferida
por la autoridad judicial accionada, que confirmó la decisión de primera instancia,
adoptada por el Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el 26
de marzo de 2021, en la que se declaró probada la excepción de caducidad, al
interior del medio de control de reparación directa, identificado con el radicado
11001-33-43-058-2019-00048-00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 26 de abril de 2023, donde confirmó la
sentencia de primera instancia y, en consecuencia, negó las pretensiones
incoadas a través del medio de control de Reparación Directa, dentro del proceso
identificado con el Radicado N° 11001-33-43-058-2019-00048-01.

TERCERO: En concordancia con lo anterior, ORDENAR al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, dentro de los 20 días siguientes a la
notificación de la respectiva sentencia de tutela, expida una nueva decisión en
reemplazo en la que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en este
escrito de tutela y en la sentencia que proteja los derechos fundamentales
alegados, en relación con la caducidad del medio de control2.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:

El 27 de febrero de 2019, los señores Saúl Antonio Arce; Lina Silvana, Paulo
César, César Augusto y Jonathan James Arce Celis, y Myriam Celis Camacho
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
contra la Nación, Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional y
Ejército Nacional, con la que pretendían que (i) se declarara
extracontractualmente responsables a los accionados y, en consecuencia, (ii) se
les condenara a la reparación de los perjuicios causados por la detención
arbitraria y tratos crueles de los que fue víctima el señor Saúl Antonio Arce, en
los hechos acaecidos entre el 6 y 9 de noviembre de1985, durante la toma y
retoma del Palacio de Justicia.

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Transcripción literal que puede contener errores.

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Demandantes: Saúl Antonio Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2023-06836-01

En primera instancia, el Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
dictó sentencia anticipada el 26 de marzo de 2021, en la cual declaró probada la
excepción de caducidad.

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, confirmó la decisión del a quo, tras considerar que:

De forma y reitera que en tesis de la activa, para el precitado 09 de noviembre
de 1985, la víctima directa y demás accionantes, conocían del evento dañoso y
su aducida imputabilidad a miembros del Ejército Nacional y, en consecuencia,
desde el 10 siguiente, inició la contabilización del término de dos (2) años, de
que disponían para promover su pretensión de reparación directa frente a la
Nación - Ministerio de Defensa - Ejército. Conjugado, además, que no invocan,
ni emerge de los medios de prueba allegados, que durante lapso alguno de los
aproximadamente treinta y cuatro (34) [años] transcurrido para la fecha de la
demanda, su ejercicio del derecho de acción encontró impedido u obstaculizado,
y que su motivo, asuma como circunstancia que objetiva y materialmente
justifique, la no oportuna formulación de la demanda3.

Dicha providencia fue notificada electrónicamente el 9 de mayo de 2023.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La apoderada judicial de la parte actora señaló que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en los siguientes yerros:

Defecto sustantivo: Argumentó que el tribunal debió inaplicar el contenido del
artículo 164 del CPACA, es decir, lo relativo al conteo del término de caducidad
por tratarse de un caso de graves violaciones a los derechos humanos, en
atención a la retención ilegal, tortura y tratos crueles a los que fue sometido el
señor Saúl Antonio Arce.

Lo anterior, a su juicio, se debió hacer ejerciendo la excepción de
inconstitucionalidad, dado que la aplicación de la norma era contraria al
ordenamiento jurídico, en la medida que violaba las disposiciones
internacionales y el artículo 90 Superior.

Desconocimiento del precedente: Sostuvo que en varios procesos de
reparación directa con situaciones fácticas similares en la que se vulneraron los
derechos humanos al tratarse de crímenes de lesa humanidad, no se aplicó la

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Transcripción literal que puede contener errores.

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tesis sobre el fenómeno de la caducidad, ni mucho menos la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado.

Además, indicó que el tribunal no tuvo en cuenta que la demanda ordinaria se
radicó con anterioridad a la expedición de la sentencia de unificación
mencionada, razón por la cual tampoco debió haber sido aplicada.

Asimismo, refirió que la autoridad judicial accionada debió utilizar las reglas
fijadas en las decisiones tomadas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos4, específicamente en los casos de toma y retoma del Palacio de
Justicia, en donde se adoptaron medidas de investigación, juzgamiento y
sanción de los responsables por las conductas señaladas.

Violación directa de la Constitución: Expuso que el legislador no estableció
una regla particular para el conteo de la caducidad en el medio de control de
reparación directa, cuando se discutieran hechos provenientes de delitos de lesa
humanidad o crímenes de guerra, sin embargo, adujo que el Consejo de Estado
decidió unificar su jurisprudencia en torno al fenómeno jurídico, por lo cual no
resultaba aplicable la regla, pues sacrificaba valores constitucionales superiores
a cambio de formalidades.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El magistrado ponente de la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado, en auto del 10 de noviembre de 2023: i) admitió la demanda; ii) ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés, a la
Presidencia de la República, al Ejército Nacional y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

Asimismo, se le reconoció personería a la abogada María del Pilar Silva Garay,
como apoderada de la parte accionante.

4
Citó los siguientes casos: Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Almonacid
Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006; CIDH. Caso 10.738:
Carlos Augusto Rodríguez Vera y otros (Palacio de Justicia) vs. Colombia. Informe de
Admisibilidad y Fondo No. 137/11 del 31 de octubre de 2011; Comisión IDH. Caso 10.738:
Carlos Augusto Rodríguez Vera y otros (Palacio de Justicia) vs. Colombia. Escrito de
sometimiento a la jurisdicción de la Corte IDH del 9 de febrero de 2012. Entre otros.

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Demandantes: Saúl Antonio Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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En providencia del 6 de febrero de 2024, el magistrado ponente del presente fallo
puso en conocimiento la nulidad saneable existente en el proceso y, por ende,
ordenó notificar al Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y al
Ministerio de Defensa Nacional, en calidad de terceros con interés.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Por medio de correo electrónico enviado el 20 de noviembre de 2023, la
apoderada judicial manifestó que la acción de tutela resultaba improcedente en
tanto la Presidencia de la República no tenía competencia para contravenir y/o
intervenir en lo referente a las sentencias judiciales, por lo tanto, solicitó su
desvinculación del presente trámite, por carecer de legitimación en la causa por
pasiva.

Asimismo, explicó que no existió vulneración de parte de la entidad de los
derechos fundamentales del actor.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C

La magistrada ponente de la decisión de segunda instancia dictada al interior del
medio de control de reparación directa señaló que el mecanismo constitucional
presentado era improcedente, por carecer de relevancia constitucional, al no
esbozar argumentos que determinen la afectación de los bienes ius
fundamentales. Por el contrario, el accionante busca que el juez constitucional
asuma una tercera instancia.

Aseveró que cada uno de los tópicos alegados habían sido analizados
debidamente en el fallo ordinario, conforme a las disposiciones legales
contenidas particularmente en el artículo 164 del CPACA y el criterio de
unificación jurisprudencial del Consejo de Estado, que abarcó los postulados
internacionales, de los que se derivó la operancia de la caducidad de la
demanda.

Pese a que el Ejército Nacional, la Agencial Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, el Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y

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el Ministerio de Defensa Nacional, fueron debidamente notificados, estos no
allegaron contestación alguna5.

1.7. Fallo impugnado

La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado en sentencia del 13
de diciembre de 2023, declaró la improcedencia de la solicitud de tutela, al
considerar que no revestía de relevancia constitucional.

Indicó que era evidente que la parte actora acudía al mecanismo constitucional
con el propósito de que se estudiara nuevamente el asunto, de la manera en que
fue analizado por los jueces naturales de la causa, reabriendo en su integralidad
el debate suscitado.

Luego de transcribir apartes de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en la que se estudió la
caducidad de la demanda y su falta de justificación de circunstancias objetivas
que le hubieran impedido a los accionantes ejercer el medio de control dentro de
la oportunidad correspondiente, el a quo constitucional manifestó que los mismos
argumentos expuestos en el escrito de tutela fueron resueltos razonablemente
por la autoridad judicial.

1.8. Impugnación

Con escrito enviado por correo electrónico el 16 de enero de 20246, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia.

La apoderada judicial de la parte tutelante manifestó que la acción de tutela
presentada sí superaba el requisito de procedibilidad de la relevancia
constitucional, no solo por la evidente vulneración de los derechos
fundamentales, sino porque fue sustentada en clave de las causales específicas
de procedibilidad. Además, mencionó que se trataba de un caso de aplicación
de una regla jurisprudencial regresiva.

Asimismo, reiteró la argumentación realizada en el escrito de tutela en torno a
los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.

5
Índice 7 y 8 de Samai en el radicado 11001-03-15-000-2023-06836-00 e índice 7 y 8 de Samai
en el radicado 11001-03-15-000-2023-06836-01.
6
La sentencia de primera instancia fue notificada el 11 de enero de 2024.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sección Quinta es competente para conocer de la impugnación presentada
por la parte actora contra la sentencia del 13 de diciembre de 2023 proferida por
la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de
2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado 080 de
12 de marzo de 2019.

2.2. Solicitud de desvinculación

Si bien el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó
su desvinculación en la contestación que allegó al juez de primera instancia, este
no se pronunció sobre ella, por lo cual, a continuación, será resuelta.

La entidad consideró que carecía de legitimación en la causa por pasiva, sin
embargo, su vinculación al proceso se realizó en calidad de tercero, y no como
la autoridad contra la cual se encuentra dirigido el reparo señalado por la parte
actora, en atención al interés que le asiste en las resultas del presente trámite,
por haber participado en el medio de control que reprochan los actores a través
de este mecanismo de amparo. Así las cosas, será negada.

2.3. Problemas jurídicos

Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del
13 de diciembre de 2023 de la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial, en especial el relacionado con la relevancia
constitucional?

De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente
problema:

• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C vulneró los derechos fundamentales invocados con ocasión
de la sentencia del 26 de abril de 2023, en la que confirmó la decisión del

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a quo de declarar probada la excepción de caducidad en el medio de
control de reparación directa?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizará: i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; iii) las
generalidades de los defectos alegados, y (iv) el caso en concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20127
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema8 y declaró
su procedencia9.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
9
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

8
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Sección Tercera, Subsección C
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Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

Para la Sala es necesario precisar que, este requisito10 se encuentra superado
por cuanto, la parte actora adujo que se le vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, a la seguridad jurídica y a la reparación integral de las víctimas, ya que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
confirmó la decisión del a quo que declaró probada la excepción de caducidad.

En consonancia con lo anterior, la parte actora cumplió con el deber de
evidenciar suficientemente una tensión entre la providencia censurada y el
núcleo esencial de las garantías constitucionales alegadas. Esto, al exponer los
motivos por los cuales considera que sus garantías se han vulnerado ante la
configuración de los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución, los cuales se sintetizan en que no se podía
aplicar el término de caducidad porque el asunto se trataba sobre un delito de
lesa humanidad.

Así, se reitera que este asunto tiene relevancia constitucional ya que el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia está consagrado en el
artículo 229 Superior y en palabras de la Corte Constitucional «es la posibilidad
que tienen todas las personas, naturales o jurídicas, de acudir a las autoridades
judiciales para obtener la protección o el restablecimiento de sus derechos y la
preservación del orden jurídico»11.

10
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-
03-15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00;
Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-
03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00;
Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-
03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
11
Sentencia C-410 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos.

9
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Sección Tercera, Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2023-06836-01

En consecuencia, esta Sección no percibe este mecanismo de amparo como un
medio dirigido a reabrir el debate jurídico frente a la calificación efectuada por la
autoridad judicial accionada de los hechos y las pretensiones que dieron lugar al
ejercicio del medio de control contencioso por parte de los demandantes.

Bajo esta línea argumentativa, la sala reitera que el asunto sí reviste de
relevancia constitucional, pues se advierte que los reparos contra la providencia
bajo cuestionamiento pretenden poner de presente las irregularidades en que
presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada que además
comprometen una serie de garantías de orden superior. Esto, más allá del debate
legal surtido en las instancias del caso, por lo que es la evidente tensión entre
los derechos fundamentales invocados y la decisión judicial que controvierte.

2.5.2. Inmediatez

También se acredita el cumplimiento del requisito de la inmediatez. Lo anterior,
por cuanto la sentencia del tribunal que se acusa como vulneradora fue proferida
el 26 de abril de 2023 y notificada electrónicamente el 9 de mayo siguiente. Por
su parte, la acción de tutela fue radicada el 8 de noviembre de 2023.

Así, sin que sea necesario establecer su fecha de de ejecutoria, se advierte que
la acción de tutela se radicó dentro del término razonable de 6 meses señalado
por la jurisprudencia12.

2.5.3. Tutela contra tutela

La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues la providencia judicial reprochada fue proferida al interior
del proceso de reparación directa identificado con el radicado 11001-33-43-058-
2019-00048-01.

2.5.4. Agotamiento de todos los medios de defensa judicial

En consideración a dicho requisito, por tratarse de una providencia que resolvió
en segunda instancia el proceso de reparación directa, es evidente el
agotamiento de los recursos ordinarios. Asimismo, no proceden los recursos
extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia, comoquiera que las

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez, Sentencia 05.09.14, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
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inconformidades señaladas por la parte actora no se adecúan a las causales
establecidas en los artículos 250 y 257 de la Ley 1437 de 2011.

2.6. De las generalidades del defecto sustantivo

Acerca del defecto sustantivo, en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional13,
ha sentado criterios para el reconocimiento de este, delimitando su aparición
cuando las autoridades judiciales entran a desconocer las disposiciones de
rango legal o infralegal aplicadas a un determinado caso. Específicamente, una
providencia adolece de un defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional:

(i) aplica una disposición en el caso, que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica
un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el
supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una
interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o claramente
irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –
horizontal o vertical- sin justificación suficiente; (v) omite motivar su
decisión o la motiva de manera insuficiente; o (vi) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la
Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de
las partes en el proceso14. (negrilla propia).

Es importante recalcar que la interpretación del juez de tutela se circunscribe a
evitar la arbitrariedad que se presenta, cuando sin motivación alguna, el juez de
conocimiento decide en los términos expuestos en líneas atrás.

Desde esta óptica, quien alegue que una providencia ha incurrido en defecto
sustantivo o material susceptible de tutela no puede limitarse a expresar su parecer
sobre la norma que debe ser aplicada, o sobre el significado y el sentido que a ella
deba dársele, pues tiene la carga de demostrar la arbitrariedad en que ha incurrido
la sentencia que ataca.

Ya sea indicando de manera contundente la razón por la cual tal providencia se
funda en norma indiscutiblemente aplicable al caso concreto, o poniendo de
presente la sentencia con efecto erga omnes que definió el alcance de la norma
aplicable de manera distinta a como lo hace la sentencia cuestionada; o detallando
las disposiciones que fueron desatendidas y que eran necesarias para efectuar una

13
Entre ellas la Sentencia T-781 de 2011.
14
Sentencia SU-635 de 2015.

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Sección Tercera, Subsección C
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interpretación sistemática; o exponiendo de manera inobjetable las razones por las
cuales la norma indiscutiblemente pertinente fue inobservada y por ende
inaplicada, o finalmente, los efectos que el legislador expresamente ha dado a la
norma y que son distintos a la situación fáctica planteada15.

2.7. De las generalidades del defecto por desconocimiento del precedente

La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta Corte
para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un
número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera que constituyen
precedente las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas
tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.

Sin embargo, resulta necesario advertir que «[…] debe aceptarse que no todas
las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes generan una regla o
subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma
que viene al caso, sin una actividad creadora del juez16».

2.8. De las generalidad del defecto de violación directa de la Constitución

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que este defecto se configura
cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la Constitución
en los dos casos que se señalan a continuación.

El primero, tiene lugar cuando el juez «deja de aplicar una disposición
fundamental a un caso concreto17». En este caso, procede la tutela contra
providencia judicial por el defecto referido cuando: (i) el juez no interpreta y aplica
una disposición legal orientado por el precedente constitucional; (ii) la
controversia versa sobre un derecho de aplicación inmediata y (iii) cuando en la
providencia se vulnera un derecho fundamental sin tener en cuenta el principio
de interpretación conforme a la Constitución18.

El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando el juez
«aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución19», y se fundamenta

15
Sentencia T-781 de 2011.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, Sentencia 19.02.15, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01.
17
Ibídem
18
Ibídem
19
Ibídem

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en el artículo 4° de la Constitución Política que establece que la Carta es norma
de normas y, por tanto, en todo caso que el juez deduzca que una norma es
incompatible con la Constitución, es deber del mismo «aplicar las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad20».

2.9. Caso concreto

Los señores Saúl Antonio Arce, Lina Silvana, Paulo César, César Augusto y
Jonathan James Arce Celis y Myriam Celis Camacho presentaron acción de
tutela contra la sentencia del 26 de abril de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, con la cual se
confirmó la decisión del a quo, en la que se declaró probada la excepción de
caducidad en el medio de control de reparación directa.

Los actores indicaron que la providencia acusada incurrió en los defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.

A su juicio, el primero de ellos se configuró al aplicar al caso concreto el artículo
164 del CPACA, en lo relativo al conteo del término de caducidad, dado que, por
tratarse de un asunto de lesa humanidad, se debió ejercer la excepción de
inconstitucionalidad para evitar la vulneración de disposiciones internacionales y
el artículo 90 Superior.

En lo referente al segundo yerro, sostuvieron que en varios procesos de
reparación directa con situaciones fácticas similares – sin mencionar cuáles – no
se dio aplicación al conteo de la caducidad ni se utilizó el contenido de la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, dictada por la Sección Tercera
del Consejo de Estado.

Además, señalaron que el tribunal no tuvo en cuenta que la demanda ordinaria
fue radicada con anterioridad a la expedición de la sentencia de unificación en
mención, por lo cual no debió ser aplicada y, por el contrario, se debieron seguir
las reglas fijadas en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre el tema.

En cuanto al último defecto, reiteraron que no se debió aplicar el término de
caducidad ni mucho menos la sentencia de unificación por tratarse de un delito

20
Ibídem

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de lesa humanidad, como lo fue el propiciado en la toma y retoma del Palacio de
Justicia, lo cual atentaba contra los valores constitucionales superiores.

Así las cosas, se evidencia que los argumentos presentados por la parte actora
van íntegramente dirigidos a un mismo cuestionamiento, es decir, reprochar la
aplicación del término de caducidad establecido en el numeral 2º del artículo 164
de la Ley 1437 de 2011 y unificado como criterio para la resolución de casos de
responsabilidad estatal en la sentencia del 29 de enero de 2020, que fueron
utilizados en su caso.

Recientemente, la Corte Constitucional21 se ha referido sobre los efectos
temporales de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, atendiendo
a la variación del precedente que surgió con esta. Por ello, el máximo tribunal
constitucional indicó que «[…] a los demandantes en los proceso de reparación
directa se les debe permitir contar con una oportunidad procesal para
manifestarse frente al cambio de precedente, para proteger su derecho al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, de manera que cuenten con
la posibilidad material de argüir en el proceso contencioso administrativo las
razones por las cuales consideran que su caso se enmarca en los estándares o
reglas fijadas en la sentencia de unificación respecto de la configuración de la
caducidad, particularmente, para argumentar si existían “(…) situaciones que
hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción (…)22”».

Teniendo en cuenta, que uno de los reproches aducidos por los actores en el
presente trámite fue que no se les debió aplicar el precedente por no existir para
el momento de la radicación de su demanda ordinaria, se evidencia que desde
los alegatos de conclusión de primera instancia, los cuales transcurrieron con
posterioridad a la sentencia de unificación del 2020, la apoderada judicial de los
demandantes se refirió sobre el conteo de caducidad, la oportunidad para
pronunciarse sobre esta y la aplicación de la sentencia de unificación al caso
concreto, denotando así que la autoridad judicial en ningún momento vulneró los
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los
ahora tutelantes.

Seguido de ello, se observa que el tribunal le explicó a los actores que la
imprescriptibilidad que ellos pretendían sobre el medio de control por tratarse de
delitos de lesa humanidad, «[…] no aplica en pretensión indemnizatoria frente al
Estado, sino la flexibilización en la determinación del momento en que inicia el

21
Corte Constitucional, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera, Sentencia T-024 de 06.02.24.
22
Transcripción literal que puede contener errores.

14
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conteo del término legal para su caducidad, y en doctrina anterior a la Sentencia
de Unificación del 29 de enero de 2020, del Consejo de Estado, asumía como
una de las dos tesis, mayoritarias al interior del órgano de cierre de esta
jurisdicción, y de contera no existía doctrina vinculante o que amparara al usuario
de la administración de justicia, para invocar respecto de su aplicación confianza
legitima o buena fe».

Asimismo, la autoridad judicial accionada comentó que los criterios orientadores
para el caso era los siguientes: «i) resulta aplicable el término para demandar
establecido por el legislador, hoy en el literal i) del numeral 2) del artículo 164 de
la Ley 1437 de 2011; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que
tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado
y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el
término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley».

En consecuencia, el tribunal accionado relató que el 6 de noviembre de 1985 se
dio la toma y retoma del Palacio de Justicia, situación en la que se encontró
involucrado el señor Saúl Antonio Arce, el cual fue sometido a tratos crueles e
inhumanos por parte del Ejercito Nacional y liberado el 9 de noviembre de 1985.

Por consiguiente, adujo que a partir del día en que fue liberado el ciudadano, la
víctima directa y los demás accionantes pudieron conocer del hecho dañoso y
de la imputabilidad del Estado. Así, desde el 10 de diciembre siguiente, inició la
contabilización del término de los 2 años con los que disponían para promover
el medio de control.

Además, el tribunal señaló que no se aportó ningún medio de prueba que
permitiera evidenciar que, en el lapso de esos 34 años transcurridos hasta la
fecha de presentación de la demanda, surgió un obstáculo que les impidió ejercer
de manera oportuna la acción.

Por otro lado, para la sala es evidente que la ahora parte tutelante tuvo la
oportunidad de discutir su inconformidad frente a la aplicación del numeral 2º del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, de la sentencia de unificación y la falta de
referencia a los fallos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, frente
a lo cual el tribunal le reiteró que si bien anteriormente existían decisiones

15
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encaminadas a señalar que no operaba la caducidad en caso de delitos de lesa
humanidad y que el SIDH reconocía la imprescriptibilidad de este tipo de delitos:

[…] no tienen entidad suficiente para acoger el argumento de la activa recurrente,
debido a que las posiciones disímiles, en la actualidad se encuentran con un
criterio unificado, aunado a que la imprescriptibilidad en los términos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos está dirigida a ser aplicable, pero
respecto a la competencia de la Corte Penal Internacional frente a los Estados a
ser investigados, y su investigación por las autoridades penales y disciplinarias
internas, de los Estado miembros, en esquema que difiere del medio de control
de reparación directa, advertido además que es autónomo.

Por demás, la aplicación de la sentencia de unificación, no desconoce la
normativa y criterios jurisprudenciales de los organismos internacionales de
derechos humanos, contrastado que aquella les retoma, para determinar las
reglas y criterios que se deben adoptar en materia del cómputo de caducidad en
los delitos de lesa humanidad33, en consecuencia el precedente de unificación
del 29 de enero de 2020, resulta aplicable desde el momento en que fue proferido
para los casos que se encontraban en curso y a los iniciados con posterioridad
–efectos retrospectivos–, y no limita su aplicación a estos últimos–efectos
prospectivos–”.

Incluso, frente a precedentes jurisprudenciales llevados al plenario por los
actores en casos donde el Consejo de Estado había fallado con tesis diferentes
a la aplicada por el a quo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C sostuvo que «[…] la Sala no tendrá en cuenta los
precedentes jurisprudenciales traídos a colación por la activa apelante, en
atención a que aquellos fueron proferidos por el Alto Tribunal de lo contencioso
administrativo antes de la sentencia de unificación y las tesis jurisprudencial allí
planteada, no resulta vinculante para la Sala de decisión en tanto, i) no constituye
precedente judicial vigente y vinculante para el momento de la expedición de la
presente decisión, además ii) independientemente de si se trata o no de
crímenes de lesa humanidad o de guerra, el término previsto por el legislador en
el artículo 164 del CPACA sigue teniendo aplicación en el medio de control de lo
contencioso administrativo23».

Por último, en atención a que la parte actora argumentó que el tribunal
desconoció fallos con supuestos fácticos similares, donde se accedió a inaplicar
el término de caducidad, se debe advertir que, aunque algunos de estos fueron
proferidos con posterioridad a la sentencia de unificación, la Sala destaca que
estos se tratan de providencias de tutela, las cuales a lo sumo se consideran un

23
Transcripción literal que puede contener errores.

16
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criterio auxiliar, sin embargo, no se señala una regla o subregla aplicable al caso
concreto.

Así las cosas, la Sección Quinta del Consejo de Estado no encuentra configurado
ninguno de los defectos argumentados por los accionantes, dado que como fue
expuesto, cada uno de los temas alegados al interior de la acción constitucional
fueron objeto de pronunciamiento por parte de la autoridad judicial accionada en
el medio de control, evidenciando que sí se debía aplicar el término del conteo
de la caducidad y la sentencia de unificación al caso concreto, dado que atiende
a la obligatoriedad del uso del precedente, lo que implica que el proveído aquí
cuestionado es razonado, acertado y dentro de su autonomía judicial.

2.10. Conclusión

Con fundamento en los argumentos referidos en los párrafos precedentes, se
revocará la sentencia del 13 de diciembre de 2023 que declaró la improcedencia
de la tutela promovida por el señor Saúl Antonio Arce y otros, para en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda, por no encontrar configurados los
defectos alegados.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 13 de diciembre de 2023 proferida por
la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Saúl Antonio Arce
y otros, para en su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales
invocados.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

17
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CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de
1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado (E1)

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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