Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06842-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-06842-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06842-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06842-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
1 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., primero (01) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06842-01
Accionante: José Erasmo Díaz Guzmán
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
– Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA – Improcedencia
– no se acreditaron los supuestos para su procedencia excepcionalísima
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2023 por la Sección Tercera, Subsección
B del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 8 de noviembre de 2023, José Erasmo Díaz Guzmán instauró demanda de
tutela con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia del 31 de junio de 2023,
proferida por la autoridad accionada en el marco de la acción de tutela1 que promovió
el aquí accionante contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Secretaría
Distrital de Salud de Bogotá.
2.- Dicha acción constitucional fue iniciada con el propósito de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, los cuales consideró
vulnerados por las entidades demandadas ante la negativa de nombrarlo en un cargo
equivalente al empleo para el cual concursó en la modalidad de ascenso, dentro de
la Convocatoria denominada “Distrito Capital 4”, pese a haber ocupado el tercer lugar
de la lista de elegibles.
3.- El Juzgado 61 Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 9 de mayo de
2021, resolvió amparar los derechos fundamentales invocados por el accionante
4.- La anterior decisión fue modificada por la Sección Segunda, Subsección B del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de fallo dictado el 23 de junio de
1
Tramitada con número de radicado: 11001-3343-061-2023-00122-00/01.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06842-01
Accionante: José Erasmo Díaz Guzmán
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
20232, en el sentido de ordenar a la Comisión Nacional del Servicio Civil que, dentro
del término allí indicado: (i) realizara el estudio técnico que determinara la posibilidad
de nombrar al actor, en una de las vacantes definitivas informadas por la Secretaría
Distrital de Salud de Bogotá para proveer el empleo de profesional especializado,
código 222, grado 30 y, una vez cumplido lo anterior; (ii) remitiera dicho estudio a la
Secretaría de Salud de Bogotá para que, en caso de que se encontrara jurídicamente
procedente el uso de la lista, el Secretario Distrital de Salud adelantara las gestiones
necesarias para realizar el nombramiento del demandante en el cargo a proveer.
5.- El 30 de junio de 2023 la parte actora solicitó adicionar a la sentencia de segunda
instancia que el cargo a proveer es el equivalente al de profesional especializado,
código 222 grado 32 y no el que corresponde al grado 30, argumentando que esa
era la única plaza susceptible de nombramiento por equivalencia con el uso de la
lista de elegibles, ya que es la única con perfil de abogado, pues los cargos
reportados por la CNSC no tienen ese perfil, por lo que es obvio que la accionada, al
cumplir la decisión del Ad quem, con fundamento en las plazas que reportó, negaría
el estudio por equivalencia y la pretensión planteada en solicitud de amparo se
quedaría sin resolver de fondo.
6.- Dicha solicitud fue negada por auto del 1º de noviembre de 2023, bajo el
argumento de que el cargo para el cual concursó el accionante fue el de Profesional
Especializado, Código 222, Grado 30 y que, de acuerdo con la información
suministrada por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá en la contestación de la
demanda, el escrito de impugnación y el informe de cumplimiento, para ese entonces
no había una planta de personal vacante que fuera equivalente al cargo por el que
concursó el accionante. En ese escenario, la autoridad judicial consideró que no
había lugar hacer algún pronunciamiento adicional, comoquiera que, al adoptar la
decisión de segunda instancia, tuvo en cuenta todos los hechos, las pretensiones y
las pruebas aportadas en el trámite de tutela.
7.- A la par de lo anterior, el 9 de agosto de 2023 la parte actora solicitó la apertura
de un incidente de desacato en contra de la CNSC, alegando el incumplimiento de
la orden impartida por el juez de tutela. Para tal efecto, sostuvo que a pesar de que
la Secretaría Distrital de Salud, a través del oficio del 10 de mayo de 2023, informó
a la CNSC las vacantes definitivas que consideró equivalentes al cargo por el que
concursó el accionante en el marco de la aludida convocatoria y que, dando alcance
a ese oficio, el 27 de julio de ese mismo año la entidad nominadora precisó que, a la
luz del Decreto 1083 de 2015, la vacante que considera equivalente es la
correspondiente al de Profesional especializado, código 222 grado 32, para ese
entonces la CNSC no había remitido el estudio respectivo a la Secretaría que
determinara la posibilidad de hacer uso de la lista de elegibles para nombrarlo en el
cargo a que se hizo referencia previamente.
2 Notificado el 29 de junio de 2023.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06842-01
Accionante: José Erasmo Díaz Guzmán
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
8.- En virtud de ello, por auto del 11 de agosto de 2023, el Juzgado 61 Administrativo
del Circuito de Bogotá requirió al Presidente de la CNSC para que informara sobre
el cumplimiento de la orden impartida el 9 de mayo anterior, modificada el 23 de junio
de esa misma anualidad.
9.- Una vez rendido el informe respectivo, mediante auto del 14 de noviembre de
2023, se dispuso el cierre del incidente de desacato, tras advertir que la entidad
accionada cumplió con lo ordenado por el juez de tutela.
10.- En el presente asunto, la parte actora sostuvo que la autoridad enjuiciada, al
proferir el fallo de tutela del 23 de junio de 2023 y el auto del 1º de noviembre
siguiente, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, toda vez que incurrió en una cosa juzgada fraudulenta: “(i)
por ERROR INDUCIDO generado por una de las partes, pues fue la información equivocada
reportada inicialmente por la Secretaría Distrital de Salud a la CNSC y al proceso judicial, la
que llevó al Honorable Tribunal a impartir la orden errónea que se dio a la CNSC limitando
el análisis de equivalencia a unos empleos que nada tienen que ver con el que se pide en la
acción de tutela, y (ii) por el ahora desconocimiento en que incurrió el Tribunal al desconocer
la aclaración o alcance que dio la Secretaría Distrital de Salud con el radicado N. 2023-EE-
88669 del 27 de julio de 2023, allegado por el suscrito al Tribunal con anterioridad a su ultimo
pronunciamiento, desconocimiento que lo llevó a incurrir en la falsedad de afirmar que ‘6. De
acuerdo con la respuesta, el escrito de impugnación y el informe de cumplimiento
suministrado por la Secretaría Distrital de Salud no hay un empleo en la planta de personal
vacante que sea equivalente al cargo por el que concurso el actor”.
B. Sentencia de primera instancia
11.- Mediante sentencia del 4 de diciembre de 2023, la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo,
al considerar que no se acreditaron los supuestos jurisprudencialmente establecidos
para la procedencia excepcionalísima de la acción de tutela contra una providencia
de la misma naturaleza, toda vez que: (i) su objeto es reabrir un debate jurídico
procesal que fue debidamente resuelto por el juez natural de la causa, por lo que no
reviste relevancia constitucional y; (ii) el accionante no demostró una situación de
fraude.
C. La impugnación
12.- La parte accionante interpuso impugnación, en la que manifestó que el
propósito de la acción de tutela no está encaminado a revivir una discusión sobre
hechos que ya fueron previamente definidos, sino que en realidad lo que pretende
es que se corrija el yerro en que se incurrió en la sentencia cuestionada al modificar
la orden impartida por el A quo, con fundamento en una información errónea
suministrada por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá “en supuesto
cumplimiento del fallo de primera instancia” lo que conllevo a que la autoridad
accionada adoptara una decisión “equivocada, errónea o fraudulenta”.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06842-01
Accionante: José Erasmo Díaz Guzmán
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
13.- En ese sentido, precisó que su inconformidad radica en que, al momento de
resolver la solicitud de adición de la sentencia, el Tribunal no tuvo en cuenta el oficio
con radicado no. 2023-EE-88559 del 27 de julio de 2023, a través del cual la
Secretaría Distrital de Salud corrigió la información suministrada previamente,
precisando que el único cargo vacante definitivo que resultaba equivalente al empleo
objeto de concurso era el de Profesional Especializado Código 222 Grado 32.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
14.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
D. Análisis del caso concreto
15.- De entrada, esta Subsección debe anticipar que confirmará el fallo impugnado,
pues una revisión de los planteamientos aducidos tanto en el escrito de tutela como
el de impugnación, permite concluir que en el presente asunto no se acreditaron los
supuestos establecidos jurisprudencialmente para que proceda la acción de tutela
interpuesta contra una providencia de la misma naturaleza.
16.- La Corte Constitucional ha indicado que, por regla general, este tipo de
amparos son improcedentes, pues admitir lo contrario implicaría prolongar
indefinidamente los procesos de tutela, en desmedro tanto de la seguridad jurídica
como del goce efectivo, cierto y oportuno de los derechos fundamentales.
17.- No obstante, el Alto Tribunal Constitucional ha admitido su procedencia
excepcionalísima, siempre que: (i) se acrediten los requisitos genéricos de
procedencia del amparo constitucional interpuesto en contra de una providencia
judicial, (ii) la demanda de tutela no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo que pretende cuestionar; (iii) se demuestre a través de una exigente carga
argumentativa que la providencia acusada fue producto de una situación de fraude
y; (iv) no exista otro mecanismo ordinario o extraordinario para resolver la
controversia planteada3.
18.- Como se anticipó, la solicitud de amparo se torna improcedente, en tanto no
acredita el cumplimiento del requisito general de procedencia de tutela contra
providencia judicial atinente a la relevancia constitucional, y tampoco se demostró
que las decisiones adoptadas por la autoridad judicial accionada fueran el resultado
de una situación fraudulenta.
3 Al respecto, ver sentencia SU-627 de 2015.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06842-01
Accionante: José Erasmo Díaz Guzmán
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
19.- En lo que se refiere al primero de tales presupuestos, es necesario examinar4
que el actor motive con suficiencia argumentativa las razones por las que la decisión
judicial objetada se presenta o proyecta como una afectación a un derecho o
garantía fundamental, pues de la rigurosidad en ese ejercicio dependerá que la
tutela no sea utilizada como una suerte de instancia adicional al proceso en el cual
fue proferida la providencia cuestionada.
20.- En su escrito de tutela, el accionante alegó que el Tribunal accionado incurrió
en un error inducido, porque la decisión de modificar la orden impartida por el A
quo, fue adoptada con fundamento en un documento expedido por la Secretaría
Distrital de Salud de Bogotá en cumplimiento del fallo de tutela de primera instancia,
que contiene información errada. Por ello, considera que la autoridad judicial fue
inducida al error por terceros y que esa actuación, que considera fraudulenta,
condujo al juez de tutela adoptar una decisión transgresora de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
21.- Además, reprochó que durante el trámite de la tutela se allegó el oficio con
radicado no. 2023-EE-88559, expedido el 27 de julio de 2023 por la misma
Secretaría, que corrobora que la información suministrada previamente por la
entidad fue errónea y, pese a ello, el juez constitucional, al resolver la solicitud de
adición de la sentencia de segunda instancia, no lo tuvo en cuenta.
22.- Según la jurisprudencia constitucional, para establecer la existencia de un error
inducido, el juez de tutela debe descartar una actuación arbitraria de la autoridad
judicial y verificar la existencia de factores externos al proceso que determinan o
influencian al fallador a adoptar una decisión que resulta contraria a derecho o a la
realidad fáctica del caso5.
23.- En ese sentido, la Corte Constitucional ha indicado que el mencionado vicio se
configura debido a la actuación de un tercero que induce a error a la autoridad
judicial: (i) a través de engaños o información falsa o (ii) como resultado de otro error
que es atribuible a su falta de diligencia, por lo que se aporta al proceso información
equivocada o imprecisa6. En estos casos, si bien el error tiene lugar debido a las
actuaciones u omisiones de otro sujeto, la decisión adoptada desconoce los
derechos fundamentales de una de las partes vinculadas al proceso. De manera
que, la ocurrencia de un yerro de este tipo genera una violación al debido proceso a
causa de la imposibilidad del funcionario judicial de identificar la actuación
inconstitucional de otros actores, que no es atribuible a este7.
24.- En síntesis, la Sala concluye que para comprobar la existencia de un defecto
por error inducido el juez constitucional debe verificar la confluencia de las siguientes
condiciones:
4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
5 Sentencias: T-844 de 2011 y T-018 de 2023.
6
Sentencia T-177 de 2012.
7 Sentencias: T- 031 de 2016, T-586 de 2006, T-093 de 2019, T-145 de 2014 y SU-261 de 2021.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06842-01
Accionante: José Erasmo Díaz Guzmán
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
(i) La providencia judicial atacada debió emitirse: respetando el debido proceso, de
manera razonada, en apego y con fundamento en una interpretación razonable de
las normas (sustanciales y procesales) que establece el ordenamiento jurídico, y de
conformidad con una valoración plausible del material probatorio que obra en el
expediente, enmarcada en el principio de la sana crítica.
(ii) La sentencia se fundamenta en elementos adecuadamente aportados al proceso,
pero con información falsa, equivocada o imprecisa, por lo que el error debe ser
producto de aspectos exógenos a la actuación.
(iii) El material que genera el error debe ser determinante en la decisión objeto del
recurso de amparo.
(iv) La decisión judicial no solo afecta los intereses de una de las partes vinculadas
al proceso, sino que tiene como consecuencia un perjuicio iusfundamental, por lo
que la procedencia de la tutela en contra de la decisión judicial está condicionada a
la existencia de una violación actual y comprobada de un derecho fundamental.
25.- En las condiciones anotadas, la Sala encuentra que los argumentos esgrimidos
para sustentar la configuración del yerro endilgado a las providencias acusadas
carecen de relevancia constitucional, pues más allá de dirigirse a reabrir un debate
ya zanjado por el juez de instancia, lo que se avizora es que adolecen de una carga
argumentativa suficiente que permita evidenciar, a primera vista, que el supuesto
error al que fue inducido la autoridad accionada conllevara a que esta adoptara unas
determinaciones que comporten una vulneración a los derechos fundamentales que
invoca la parte actora.
26.- Revisado el expediente de tutela cuestionado, se observa que la decisión
adoptada por el A quo de amparar los derechos fundamentales al debido proceso
administrativo e igualdad del señor Diaz Guzmán, tuvo como fundamento que la
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá le negara al accionante la solicitud de hacer
uso de la lista de elegibles en la que ocupó el tercer puesto, para proveer por
equivalencia el empleo de Profesional Especializado 222, grado 32 de la planta de
personal de la entidad, bajo el argumento de que las listas de elegibles conformadas
en la modalidad de ascenso no podían ser utilizadas para la provisión de vacantes
definitivas de cargos equivalentes que surjan con posterioridad a la convocatoria del
concurso en la misma entidad, cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo
68 de la Ley 1960 de 2019, ello sí es posible.
27.- Así las cosas, la orden de amparo obedeció a que la respuesta dada por la
entidad accionada desconoció el mandato legal según el cual las listas de elegibles
8 “El numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, quedará así: (…) Con los resultados de las pruebas la
Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto
orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de
mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos
equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma Entidad.”
6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06842-01
Accionante: José Erasmo Díaz Guzmán
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
conformadas para un cargo podrán ser utilizadas para el nombramiento en cargos
similares o equivalentes, lo que conllevó a una vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante. Sin embargo, respecto a la equivalencia
de cargos, el A quo únicamente indicó que esta se determina a partir del
procedimiento que la misma Comisión Nacional del Servicio Civil diseñó para tal fin,
a través del criterio unificado del 22 de septiembre de 2020.
28.- Por esa razón, la orden impartida por el juez de primera instancia únicamente
se encaminó a que la Secretaría Distrital de Salud informara a la CNSC las vacantes
definitivas que pudieran considerarse equivalentes al cargo ofertado dentro de la
convocatoria en la cual concursó el accionante, para que, con base en un estudio
técnico, esta última en el marco de sus competencias, determinara la posibilidad de
hacer uso o no de referida lista de elegibles para proveer un cargo similar o
equivalente, conforme al procedimiento previsto por la entidad para esos efectos.
29.- Entonces es claro que la decisión adoptada por el juez de tutela se fundó en la
posibilidad establecida por el legislador de hacer uso de la lista de elegibles
conformadas bajo la modalidad de ascenso para la provisión de vacantes definitivas
de cargos equivalentes que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso
de méritos, sin que la misma se centrara en determinar la equivalencia del cargo
pretendido por el accionante, pues ello es de competencia de la CNSC.
30.- Es decir, en últimas el amparo estuvo orientado a que las entidades vinculadas
a la controversia adelantaran el trámite que legalmente les correspondía, para
establecer la equivalencia de los cargos.
31.- Por lo tanto, aunque el Ad quem modificó la decisión de primera instancia con
base en la información suministrada por la Secretaría Distrital en el oficio del 10 de
mayo de 2023, delimitando el estudio únicamente a los tres cargos reportados en
vacancia definitiva por la entidad accionada correspondientes al de Profesional
Especializado Código 222 grado 30; información que fue corregida con posterioridad
a través del oficio del 27 de julio siguiente, a través del cual la misma entidad le
informó a la CNSC que el cargo que consideraba equivalente al ofertado en la
referida convocatoria y que para esa fecha se encontraba vacante de forma definitiva
en realidad era el de Profesional Especializado Código 222 grado 32, lo cierto es
que ese supuesto error inducido no impidió la efectiva protección de los derechos
fundamentales objeto del amparo, por las razones que se exponen a continuación.
32.- En el curso de dicho proceso, el A quo aperturó un incidente de desacato, con
el fin de verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas en ese asunto. En
consecuencia, requirió a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que rindiera el
informe respectivo. En respuesta a dicho requerimiento, la entidad informó que, a
través de oficio del 15 de agosto de 2023, efectuó el estudio técnico de equivalencia
entre el cargo por el que concursó el accionante y los reportados por la Secretaría
Distrital de Salud, el 10 de mayo anterior, a partir del cual concluyó que no resultaban
equivalentes, en tanto no cumplían con el criterio unificado para el uso de la lista de
7
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06842-01
Accionante: José Erasmo Díaz Guzmán
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
elegibles para empleos equivalentes proferido por esa entidad el 22 de septiembre
de 2020.
33.- También, expuso que, mediante oficio expedido por la Secretaría Distrital de
Salud el 27 de julio de 2023, dando alcance al oficio del 10 de mayo anterior, la
entidad le informó que el cargo que consideraba equivalente al ofertado en la
referida convocatoria y que para esa fecha se encontraba vacante de forma definitiva
era el de Profesional Especializado Código 222 grado 32. Lo anterior, para el análisis
técnico respectivo, en cumplimiento del fallo de tutela del 9 de mayo de esa misma
anualidad.
34.- Frente a esto, la CNSC indicó que, por medio del oficio 2023RE143408 del 15
de agosto de 2023, dio respuesta a la solicitud de viabilidad del uso de la lista de
elegibles para la provisión del cargo reportado por la Secretaría el 27 de julio
anterior, en los siguientes términos:
<< En atención a su solicitud de realizar estudio de equivalencia de la OPEC 137345
denominado Profesional Especializado, Código 222, Grado 30, frente al empleo
reportado por la entidad denominado Profesional Especializado, Código 222, Grado
32, de conformidad a lo señalado por el artículo 2.2.11.2.3 del decreto 1083 de 2015,
el cual señala:
“ARTÍCULO 2.2.11.2.3 Empleos equivalentes. Se entiende que un cargo es equivalente a otro
cuando tienen asignadas funciones iguales o similares, para su desempeño se exijan requisitos
de estudio, experiencia y competencias laborales iguales o similares y tengan una asignación
básica mensual igual o superior, sin que en ningún caso la diferencia salarial supere los dos
grados siguientes de la respectiva escala cuando se trata de empleos que se rijan por la misma
nomenclatura, o el 10% de la asignación básica cuando a los empleos se les aplique
nomenclatura diferente”
Es necesario aclarar que el artículo relacionado se encuentra dentro del capítulo 2 del
citado decreto, el cual desarrolla Derechos de los Empleados de Carrera por
Supresión del Empleo, esto es, aplicable a los empleados quienes, siendo titulares
de un empleo de carrera, su cargo es suprimido y deben ser incorporados en
empleos iguales o equivalentes al suprimido. Situación que no ha ocurrido con el
señor Díaz Guzmán, por el contrario, se trata de una situación completamente
diferente, toda vez que, si bien ostenta derechos de carrera, su empleo no ha sido
suprimido, sino lo que busca es que se autorice el uso de la lista del empleo para el
cual concurso en modalidad de ascenso.
Por lo anterior es importante resaltar que la normatividad aplicable a los estudios
técnicos de equivalencia para usos de listas es la Ley 909 en su artículo 4 y el Criterio
Unificado del “uso de listas de elegibles para empleos equivalentes” proferido por la
Sala Plena de Comisionados el 22 de septiembre de 2020, el cual señala que se tendrá
por “empleos equivalentes” aquellos que pertenezcan al mismo nivel jerárquico,
tengan grado salarial igual, posean el mismo requisito de experiencia, sean iguales
o similares en cuanto al propósito principal o funciones, requisitos de estudio y
competencias comportamentales y mismo grupo de referencia de los empleos de las
listas de elegibles.”
En virtud de lo reseñado, podemos observar que no se cumple con el postulado
dispuesto en el artículo 2.2.11.2.3 del Capítulo 2 del Decreto 1083 de 2015, para que
se efectúe un nuevo estudio técnico de equivalencias incluyéndose grados superiores
al cual se presentó en el Concurso de Méritos.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06842-01
Accionante: José Erasmo Díaz Guzmán
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Lo anterior teniendo de presente que el cargo frente al cual el señor Díaz Guzmán
ostenta derechos de carrera administrativa NO FUE SUPRIMIDO, por ende, no hay
lugar a aplicarse dicho artículo para su caso en concreto. Por lo expuesto, no es
procedente realizar el estudio de equivalencia entre empleos incluyéndose grados
superiores al de la lista de elegibles objeto de litigio.>>
35.- A partir de lo anterior, aun cuando el Tribunal modificó la decisión de primera
instancia delimitando el estudio únicamente a los tres cargos reportados inicialmente
por la Secretaría Distrital de Salud en el oficio del 10 de mayo de 2023, dicha
información fue corregida por la entidad y una vez la CNSC tuvo conocimiento sobre
el cargo reportado con posterioridad también efectuó el análisis respectivo, pese a
que ello no fue plasmado de forma concreta en la orden de segunda instancia, lo
que, en últimas, condujo materialmente a que se garantizaran los derechos
fundamentales objeto de protección por el juez de tutela.
36.- En efecto, como se expuso anteriormente, la finalidad del amparo siempre
estuvo encaminada a que se realizara un estudio sobre los cargos con vacancia
definitiva que reportara la Secretaría y que se consideraban equivalentes al ofertado
en la referida convocatoria, para que la CNSC definiera sobre la equivalencia de los
mismos y, de encontrarse procedente, efectuara el respectivo nombramiento, en el
marco de sus competencias y conforme al procedimiento establecido por la misma
entidad para esos efectos, tal como ocurrió en el caso que nos ocupa, pues la CNSC
no solo efectuó el análisis respectivo sobre los cargos reportados inicialmente por la
Secretaría en el oficio del 10 de mayo de 2023, correspondientes al Profesional
Especializado Código 222 Grado 30, sino que también se pronunció sobre el empleo
de Profesional Especializado Código 222 Grado 32, reportado posteriormente.
37.- En ese contexto, resulta claro que a pesar de que la decisión de modificar la
orden impartida por el A quo, se fundamentó en una información suministrada por
un tercero que podría decirse resultó imprecisa, pues como se vio, fue
complementada con posterioridad por la misma entidad, ese error no tuvo la
potencialidad de incidir en la situación de los derechos fundamentales del accionante
que fueron objeto de protección, porque sustancialmente se cumplió con el propósito
del amparo, esto es que conforme al procedimiento establecido por la CNSC se
efectuara un análisis sobre las vacantes definitivas que reportara la entidad
empleadora, para que, en el marco de sus competencias, definiera sobre su
equivalencia y la eventual posibilidad de hacer uso de la lista de elegibles para la
provisión de ese empleo.
38.- En todo caso, tampoco se puede reprochar a la autoridad judicial accionada
que no hubiere tenido en cuenta el oficio del 27 de julio de 2023, para resolver la
solicitud de adición de la sentencia de segunda instancia, pues aunque ese
documento reposaba en el expediente para la fecha en que resolvió la petición en
cuestión, lo cierto es que la solicitud de adición no se sustentó a partir de ese
documento, precisamente porque no existía para la fecha en que la misma se
presentó.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06842-01
Accionante: José Erasmo Díaz Guzmán
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
39.- Lo expuesto también permite evidenciar que la parte accionante no demostró
a partir de un ejercicio argumentativo suficiente la situación de fraude alegada, pues
no logró acreditar alguna intención dolosa por parte de la Secretaría Distrital de
Salud de Bogotá para hacer incurrir en error al juez de tutela. Incluso, dicha entidad,
al advertir que la información que suministró previamente fue desacertada, decidió
complementarla e informar de ello a la CNSC, con el fin de dar cumplimiento a la
orden impartida en fallo de tutela de primera instancia, por lo que, aunque
eventualmente ese actuar pudiera llegar a reprocharse desde el punto de vista de la
falta de diligencia, no es posible inferir a partir de un error involuntario que la entidad
hubiese obrado de mala fe. Lo anterior, más aun si se tiene en cuenta que esa
situación no derivó en una afectación significativa y trascendental a los derechos
fundamentales objeto del amparo, tal como se expuso anteriormente.
40.- De hecho, justamente en virtud de la precisión que oficiosamente hizo la
mencionada Secretaría fue que la CNSC pudo adelantar el estudio de equivalencia,
que finalmente era el objeto del amparo. Pues ni el juzgado ni el tribunal accionado
asumieron la labor de establecer ellos la equivalencia, sino que sus decisiones
estuvieron orientadas a que las autoridades definieran ese asunto, en el marco de
sus competencias.
41.- En las condiciones anotadas, no se avizora alguna situación de fraude que
amerite la intervención del juez constitucional, máxime considerando que, mediante
auto del 30 de enero de 2024 notificado el 13 de febrero siguiente, la Corte
Constitucional decidió no seleccionar ese asunto9 para revisión, y dentro del término
respectivo tampoco se insistió en su selección, por lo que ya hizo tránsito a cosa
juzgada.
42.- Por lo reseñado anteriormente, esta Sala confirmará la sentencia del 4 de
diciembre de 2023 proferida por la Sección Tercera, Subsección B de esta
Corporación.
43.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 4 de diciembre de 2023, por la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
9 Expediente T9881843.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06842-01
Accionante: José Erasmo Díaz Guzmán
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
10 VF
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.