Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06848-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06848-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06848-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
30 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06848 00
Demandante: José Mario Salinas Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa.
Contabilización del término de caducidad. Decisión sin motivación y violación
directa de la Constitución.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
El señor José Mario Salinas Sánchez, por medio de apoderado, promueve acción de
tutela contra la providencia del 4 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, que confirmó el auto del 5 de mayo
de 2023, dictado por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo.
1.2. Pretensiones
El accionante formula las siguientes súplicas:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06848 00
Demandante: José Mario Salinas Sánchez
[…] PRIMERO: Se ordene al tribunal accionado a revocar su decisión y ajustarla a
derecho conforme al caso concreto que se ventila en autos a favor de mi mandante
[José Mario Salinas] y en disfavor del [Tribunal Administrativo] en procura de la
reivindicación del derecho fundamental irrogado.
[…] SEGUNDO: Se implemente cualquier acción [exoficio] en procura de la
reivindicación del derecho fundamental invocado.
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, el accionante a través de su apoderado señala los
siguientes:
i) En uso del medio de control de reparación directa interpuso demanda contra el
municipio de Tolú (Sucre) al que se le asignó la radicación 70001 33 33 001 2022
00578 00 [01], que fue conocido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo y luego por el Tribunal Administrativo de Sucre, que estimaron
que había operado el fenómeno de la caducidad.
ii) La autoridad de segunda instancia incurrió en una imprecisión respecto al origen
del hecho dañoso que sirve de base a sus pretensiones, en cuanto consideró que se
configuró con la presentación de una demanda de pertenencia en relación con el
inmueble del que fue despojado, asunto de derecho privado en donde inicialmente
nada tenía que ver el ente estatal; por tanto, no estaba en discusión.
iii) No le asiste razón al Tribunal al contar el término de caducidad desde la fecha en
que perdió la posesión según la órbita del derecho privado o de aquella en que se
efectuó la inscripción de la demanda de pertenencia, dado que el hecho dañoso que
da lugar al nacimiento de la responsabilidad del Estado ocurrió el 25 de noviembre de
2019, esto es, cuando la inspectora de policía del municipio de Santiago de Tolú fue
sancionada por extralimitación en sus funciones, que lo llevaron a perder el inmueble
y establecimiento de comercio denominado Hostería Villa Real, ubicado en la calle 17
#3-40 en la ciudad de Santiago de Tolú (Sucre).
iv) Tampoco es computable desde el 26 de agosto de 2013, porque en esa época la
señora Martha Lucía Maya Monsalve, persona de derecho privado era la poseedora,
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Demandante: José Mario Salinas Sánchez
lo que hizo la autoridad pública fue darle firmeza y ratificar la posesión y tenencia física
autorizando la entrega del inmueble y del establecimiento, ocasionando con ello que
la pertenencia no solo tuviera más fuerza, sino que se le privó de la oportunidad de
recibir las utilidades.
v) Comoquiera que para cuando acaecieron esos hechos en 2012 o incluso para los
años siguientes toda la actuación de la inspección de policía se presumía válida y
ajustada a derecho, por ello no se puede confundir las acciones civiles previas que
hayan existido entre las partes y el origen de la falla administrativa, pues la entrega de
los bienes por parte de la funcionaria fue legal, sin que dejará entrever un daño, solo
se conoció el perjuicio cuando otra autoridad le impuso sanción.
1.4. Fundamentos jurídicos
El accionante alega que con la providencia objeto de censura se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y
a la tutela judicial efectiva y se configuran los defectos de decisión sin motivación y
violación directa de la Constitución, por las siguientes razones:
i) Los jueces de instancia indicaron que la caducidad debía contabilizarse desde que
el daño ocurrió en el escenario físico o desde el momento en que la inspectora realizó
la conducta, acción u omisión, pero lo cierto es que para cuando se surtieron las
actuaciones de esa funcionaria estaban revestidas del principio de legalidad, la
operación o actuación administrativa no tenía reproche en la vida jurídica como falla o
culpa y estas según el ordenamiento jurídico no se presumen, sino la buena fe y la
legalidad.
ii) Se tiene entonces que el 12 de abril de 2012, la inspectora de policía Lilibeth
Mercado Bula sin mediar orden judicial alguna entregó el inmueble a la señora Martha
Lucía Maya Monsalve, hechos por los que, mediante providencia del 25 de abril de
2019, la Personería Municipal de Santiago de Tolú (Sucre) dentro del radicado IUS-
2014-454048 profirió fallo disciplinario sancionatorio por extralimitación y abuso de
funciones, actuación disciplinaria que empezó el 28 de agosto de 2014.
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Demandante: José Mario Salinas Sánchez
iii) Los demandados se detuvieron en aspectos que nada tienen que ver con el proceso
de pertenencia, los hechos tampoco nacen en la fecha que se promovió ese litigio ni
en el momento en que la inspectora autorizó la entrega del inmueble desbordando sus
funciones, porque para ese momento histórico no podían tildarse de temerarios o
contrarios al orden público y a las buenas costumbres.
iv) El reproche jurídico o factor de imputación de culpa que ratifica el daño tiene su
origen en la decisión de la personería, no antes, debido a que estaba cubierta bajo el
principio de legalidad e incluso si se hubiera demandado en esa fecha no había
prosperado, porque no se había podido demostrar «la culpa […] o falla del servicio».
v) La motivación de las providencias de instancia es tangencial, ya que las accionadas
no examinaron el trasfondo de todos los elementos de convicción ni el contexto de lo
acontecido, de lo que se concluye que no existe caducidad del medio de control,
porque el hecho dañoso nace y se conoció a partir de la data en que la autoridad
disciplinaria reafirmó que fue un despropósito jurídico conferirle a la señora Martha
Lucía Maya Monsalve la administración, tenencia y posesión del inmueble y el
establecimiento de comercio, cuando ello solo le correspondía al secuestre.
1.5. Actuación procesal
1.5.1. La acción de tutela se inadmitió por auto del 15 de febrero de 2024, en el que se
requirió al abogado, señor Paul Esteban Hernández para que sustentara con precisión
conceptual y jurídica, la aplicabilidad de las causales especiales de procedibilidad, en
las que incurre la providencia cuestionada, según lo establecido en la Sentencia C-590
de 2005, y ratificada por la Sentencia SU-215 de 2022, emitidas por la Corte
Constitucional. El 26 de febrero de 2024, se allegó memorial de subsanación de la
demanda.
1.5.2. Mediante proveído del 11 de marzo de 2024, se admitió la acción de tutela y
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera
de Decisión, como demandados. Así mismo, se dispuso la notificación al municipio de
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Demandante: José Mario Salinas Sánchez
Santiago de Tolú (Sucre) y al señor Carlos Mauricio Salinas Sánchez, demandado y
demandante, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa con
radicación 70001 33 33 001 2022 00578 00 [01], como terceros interesados en las
resultas de este proceso, para que dentro del término de dos días y en uso de su
derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
1.6. Intervenciones
Tanto la autoridad demandada como los terceros interesados guardaron silencio pese
a que fueron debidamente notificados.
1.7. Manifestación de impedimento
El consejero de Estado, doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez, considera estar incurso en
la causal contemplada en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, que atribuye al hecho de que sostiene una amistad íntima y entrañable con la
magistrada Tulia Isabel Jarava Cárdenas, ponente en la decisión objeto de
cuestionamiento, lo que no le permite conocer sobre la solicitud de amparo.
Por medio de auto del 12 de diciembre de 2023, se declaró fundado el impedimento
manifestado por el doctor Duque Gutiérrez; en consecuencia, se separó del
conocimiento del asunto, en procura de garantizar los principios de independencia e
imparcialidad de la administración de justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley
270 de 1996.
El 25 de abril de 2024, el doctor Luis Eduardo Mesa Nieves manifiesta que sostiene
una relación de amistad íntima con la magistrada Tulia Isabel Jarava Cárdenas, quien
fue ponente en la Sala de Decisión de la providencia censurada, por lo que estima está
incurso en la causal de impedimento prevista en el artículo 56, numeral 5, del Código
de Procedimiento Penal.
2. Consideraciones de la Sala
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Demandante: José Mario Salinas Sánchez
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, de acuerdo
con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el
Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los
Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada» y conforme al
inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 que dispone que «las tutelas
que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual
haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
2.2. Cuestión previa
El consejero doctor Luis Eduardo Mesa Nieves manifiesta encontrarse inmerso en la
causal de impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, comoquiera que sostiene una relación de amistad íntima con la
magistrada Tulia Isabel Jarava Cárdenas, quien suscribió la decisión objeto de
cuestionamiento, lo que no le permite conocer sobre el asunto de la referencia.
El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la integridad
moral del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho que pueden
comprometer su criterio en la decisión y, de otra parte, constituye una garantía de
imparcialidad y transparencia de la administración de justicia en los juicios que emite
en los casos puestos a su conocimiento.
Ahora bien, las causales de impedimento establecidas en la ley poseen el carácter de
taxativas y de aplicación restrictiva, son una excepción al cumplimiento de la función
jurisdiccional, se encuentran debidamente delimitadas, y no pueden ampliarse
discrecionalmente al criterio del juez o de las partes.
1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Demandante: José Mario Salinas Sánchez
En materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales del Código
de Procedimiento Penal por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, el cual
prevé lo siguiente:
Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez
deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del
Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá
adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario,
si fuere el caso.
Conforme con los anteriores lineamientos, para que sea posible que el juez
constitucional se aparte del conocimiento de determinado asunto, debe producirse la
manifestación por parte del propio funcionario judicial, esto es, por la vía del
impedimento, con fundamento en las causales establecidas en el Código de
Procedimiento Penal.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional2 ha especificado que el atributo de
imparcialidad de los funcionarios judiciales forma parte del debido proceso y, por ende,
el régimen de impedimentos y recusaciones tiene como fundamento el artículo 29 de
la Constitución, en cuanto deben procurar la protección de tal garantía constitucional.
También ha sostenido que la imparcialidad judicial, debe ser considerada desde la
propia administración de justicia, pues solo así se garantizaría que las actuaciones en
esta sede «estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y
moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública (art. 209 C.P.)».3
La Corte Constitucional ha explicado claramente la definición del atributo de
imparcialidad: «esta se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la
ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien
administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la
honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la
2 Sentencia C-496 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa.
3 Ibidem.
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Demandante: José Mario Salinas Sánchez
sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la
vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial».4
En el presente caso, el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves manifiesta su
impedimento para conocer de la acción de tutela y, para tal efecto, invoca la causal
contemplada en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que
establece lo siguiente:
Art. 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:
[…]
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.
[…]
Lo anterior, al sostener una relación de amistad íntima con la doctora Tulia Isabel
Jarava Cárdenas, quien suscribió la decisión objeto de la litis, esto es, la providencia
del 4 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Tercera de Decisión, dentro del proceso de reparación directa con radicación 70001
33 33 001 2022 00578 00 [01].
En ese escenario, la Sala declarará fundado el impedimento bajo análisis, puesto que,
una vez confrontada la causal invocada con la razón que expuso el magistrado Luis
Eduardo Mesa Nieves, es dable colegir que el debate que llegue a darse en la acción
de tutela puede comprometer la decisión del consejero.
Así las cosas, se le separará del conocimiento del asunto de la referencia, en procura
de garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la administración de
justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
4 Sentencia 365 de 2000, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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Demandante: José Mario Salinas Sánchez
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea el señor
José Mario Salinas Sánchez contra el auto del 4 de octubre de 2023, que profirió el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, dentro del medio de
control de reparación directa con radicación 70001 33 33 001 2022 00578 01.
2.4. Marco normativo y jurisprudencial
2.4.1. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.
No obstante, lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».
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Demandante: José Mario Salinas Sánchez
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional5 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 20056, donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,7 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
5T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
6Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
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Demandante: José Mario Salinas Sánchez
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,8 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4.2 De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra autos
interlocutorios
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional9 el concepto de providencia judicial
comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades
judiciales.
En materia de decisiones adoptadas en autos interlocutorios, la Corte Constitucional
ha señalado que estos, por regla general, deben ser discutidos por medio de los
recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto, a excepción de que
en el caso objeto de estudio: (i) se evidencie una vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales de las partes, que no puede ser reprochada mediante otros
medios de defensa judicial. En este evento, la acción constitucional no será procedente
cuando han vencido los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte
afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; (ii)
a pesar de que existen otros medios, no resultan idóneos para proteger los derechos
afectados o amenazados; o (iii) cuando la protección constitucional es urgente para
evitar un perjuicio irremediable10
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9 Ver sentencias T 125 de 2010 y SU-817 de 2010, entre otras.
10 Ver al respecto la sentencia T-489 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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Demandante: José Mario Salinas Sánchez
En todo caso, para que proceda, deberán reunirse los «requisitos generales de
procedencia» de la acción de tutela y al menos uno de los «requisitos especiales de
procedibilidad» de la tutela fijados por la Corte Constitucional.
2.5. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
2.5.1. El 14 de septiembre de 2022, los señores José Mario Salinas Sánchez y Carlos
Mauricio Salinas Sánchez, por medio de apoderado, impetraron medio de control de
reparación directa para que se declarara administrativa y patrimonialmente
responsable al municipio de Santiago de Tolú (Sucre) «por falla o culpa del servicio»;
en consecuencia, se ordenara pagar a su favor el daño emergente, el lucro cesante y
perjuicios morales.11
2.5.2. El 5 de mayo de 2023, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Sincelejo dictó auto dentro del proceso con radicación 70001 33 33 001
2022 00578 00, en el que resolvió lo siguiente:12
1º.- Rechazar la presente demanda instaurada en ejercicio del medio de control de
[r]eparación [d]irecta por los señores José Mario Salinas Sánchez y Carlos
Mauricio Salinas Sánchez contra el [m]unicipio Santiago de Tolú-Sucre, por
haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad.
[…]
3º.- En consecuencia, una vez en firme esta providencia, archívese el expediente
previa devolución de la demanda y los anexos que obran en el mismo.
2.5.3. El 4 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de
Decisión, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
decisión anterior, dispuso lo siguiente:13
PRIMERO: CONFÍRMASE la decisión contenida en el Auto adiado 5 de mayo de 2023
11 Índice 36, del expediente electrónico.
12 Índice 36, del expediente electrónico.
13 Índice 36, del expediente electrónico.
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Demandante: José Mario Salinas Sánchez
proferido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo,
en el cual rechazó la demanda por caducidad del medio de control de [reparación
directa], por las razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO: Ejecutoriado este auto, regrese el expediente al Juzgado de Origen.
2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala
2.6.1. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia
2.6.1.1. El asunto en estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez
que el debate planteado por el accionante gira en torno a la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva.
2.6.1.2. En el presente caso se «cumple con el requisito de subsidiariedad» en cuanto
se censura la providencia que resolvió el recurso de apelación que se interpuso contra
el auto que declaró la caducidad en el medio de control de reparación directa con
radicación 70001 33 33 001 2022 00578 01.
2.6.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», por cuanto la decisión objeto de
reproche constitucional data del 4 de octubre de 2023, se notificó por estado el 23 de
octubre de 2023,14 quedó ejecutoriada el 30 de octubre de 2023 y la presente acción
de tutela se radicó en la Secretaría General de esta corporación el 9 de noviembre de
2023,15 es decir, dentro del término de los seis meses que señaló esta corporación
como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.
2.6.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».
2.6.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los hechos
y argumentos frente a los que se alega vulneración».
14 Índice 6, del expediente electrónico 70001 33 33 001 2022 00578 01.
15 Índice 1, del expediente electrónico.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06848 00
Demandante: José Mario Salinas Sánchez
2.6.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la providencia
que se cuestiona es aquella que rechazó el medio de control de reparación directa.
Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se
presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que se cumplen las exigencias que
habilitan el uso de la acción de tutela para rebatir el proveído del 4 de octubre de 2023,
que emitió el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión.
2.6.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela
2.6.2.1. Criterios para determinar la existencia de un defecto por decisión sin
motivación
Ha referido la Corte Constitucional que la «ausencia de motivación» no se estructura
ante cualquier divergencia con el razonamiento del juez, sino, únicamente, «cuando
su argumentación fue decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o
inexistente». Ello, porque el respeto del principio de autonomía judicial impide al juez
de tutela inmiscuirse en controversias interpretativas.
Así, ha determinado que no corresponde al juez constitucional establecer a qué
conclusión debió llegar la autoridad judicial accionada, sino señalar que la providencia
atacada presenta un grave déficit de motivación que la deslegitima como tal,16 y que,
por tanto, su competencia «se activa únicamente en los casos específicos en que la
falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad
del juez, es decir, en una arbitrariedad».17
De esta forma, al examinar un cargo por ausencia de motivación de una decisión
judicial, el juez de tutela debe tener presente que la obligación de presentar las razones
fácticas y jurídicas que sustentan un fallo es un principio de la función judicial que, de
transgredirse, supone una clara vulneración del debido proceso.18
16 Sentencia T-247 de 2006
17 Sentencia T-709 de 2010.
18 Sentencia T-041 de 2018.
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Demandante: José Mario Salinas Sánchez
2.6.2.2. De la violación directa de la Constitución Política
La Corte Constitucional ha precisado que el defecto por la violación directa de la
Constitución se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades judiciales
de velar por el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 4.º de la
Constitución Política: «la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales».
La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por violación
directa a la Constitución, en principio fue concebida como un defecto sustantivo.
Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-1722 de 2000,19 en la que se estudiaron acciones
de tutela interpuestas contra providencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en las cuales se les agravó la pena a los apelantes únicos argumentando que
concurrían el grado jurisdiccional de consulta y el recurso de apelación, la Corte
Constitucional señaló que desconocer la disposición constitucional que expresamente
prohíbe al superior funcional «agravar la pena impuesta cuando el condenado sea
apelante único», suponía la materialización del defecto sustantivo.20 Al respecto la
Corte manifestó:
[…] En los casos que son objeto de revisión, la Corte aprecia un defecto sustantivo,
en la medida en que las decisiones impugnadas se fundan en la sumisión de la no
reforma en peor frente al principio de legalidad, lo cual resulta evidente inaplicable.
En este sentido, el error superlativo en que incurrieron las autoridades
demandadas consistió en el desconocimiento del principio constitucional
consagrado en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución […].
Con posterioridad, en la Sentencia T-949 de 2003, la Corte incluyó la violación directa
de la Constitución como una causal de procedibilidad de la acción de tutela de carácter
independiente y autónomo. En esa oportunidad se pronunció así:
«[…] todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la
eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales)
19 Sentencia de 12 de diciembre de 2000.
20 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, radicación 2014 00861 00
magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso.
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Demandante: José Mario Salinas Sánchez
es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de
manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir,
una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos
suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico
o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación,
(v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución […].
Finalmente, la anterior interpretación se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005, en
la que la Corte al estudiar una acción pública de inconstitucionalidad contra la
disposición del Código de Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la
acción de tutela contra fallos dictados por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, incluyó definitivamente a la violación directa de la Constitución
como un defecto autónomo que justifica la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:
« […] la violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i),
cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, dos
(ii), al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constitución […].
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional21 ha estimado que procede la tutela contra
providencias judiciales por violación directa de la Constitución cuando: (i) en la solución
del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (iii) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
En conclusión, es factible que una providencia judicial sea susceptible de cuestionarse
por medio de la acción de tutela cuando desconozca o aplique indebida e
irrazonablemente los postulados previstos por la Constitución, pues a las autoridades
judiciales no les es dable en su labor apartarse de las disposiciones previstas en ella,
dado que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce un valor normativo
superior a los preceptos contenidos en la Carta Política.22
21 Sentencias T-809 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-747 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-071 de 2012. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, entre otras.
22 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, radicado 2014 00861 00
magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06848 00
Demandante: José Mario Salinas Sánchez
2.6.3. Los defectos alegados
El señor José Mario Salinas Sánchez alega la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela
judicial efectiva con la providencia proferida el 4 de octubre de 2023, por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, en cuanto confirmó la declaración
de caducidad del medio de control de reparación directa que interpuso contra el
municipio de Santiago de Tolú (Sucre) para que fuera declarado responsable
administrativa y patrimonialmente por la pérdida de un inmueble y establecimiento de
comercio de su propiedad a consecuencia de las presuntas actuaciones irregulares de
la señora Lilibeth Mercado Bula, inspectora central de policía de ese ente territorial.
Así mismo, señala que se incurrió en los defectos de decisión sin motivación y violación
directa de la Constitución.
El Tribunal confirmó la decisión adoptada el 5 de mayo de 2023 por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo que rechazó la demanda impetrada
por el accionante, por haber operado el fenómeno de la caducidad, toda vez que de
conformidad con el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo (CPACA) la oportunidad para demandar en reparación directa vence al
cabo de los dos años siguientes al de la ocurrencia de la acción u omisión causante
del daño; no obstante, explicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado23 ha
establecido los siguientes parámetros para examinar su configuración, así:
[…] respecto del análisis de caducidad del medio de control de Reparación Directa,
ha sostenido «que debe efectuarse de acuerdo con las condiciones particulares de
cada caso, en tanto que el juez bien puede enfrentar situaciones en las que: (i)
ocurrido el hecho dañoso, inmediatamente se conoce el daño, por su evidente
notoriedad. En este escenario, el daño y el conocimiento de éste por parte del
lesionado son concomitantes, de lo cual se sigue que es ese único momento a
partir del cual se debe contar el término de caducidad, o (ii) cuando se causa un
daño, pero el lesionado no tuvo la oportunidad de conocerlo en el momento de su
23«Entre otras: CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá D.C., cuatro (04) de
septiembre de dos mil veintitrés (2023) Radicación: 47001-23-33-000-2013-10029-01 (60.440)
Demandante: Joaquín Israel Gutiérrez Galvis y otros Demandados: Nación – Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros Medio de control: Reparación directa».
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06848 00
Demandante: José Mario Salinas Sánchez
ocurrencia, sino con posterioridad. En este evento será el momento del
conocimiento a partir del cual comenzará a computar el referido término».24
Al efecto y con fundamento en el material probatorio allegado al expediente señaló que
la parte actora tuvo conocimiento del daño, «al menos» desde el 11 de abril de 2012,
fecha en la que según el «Acta emanada de la Inspección Central de Policía de Tolú
[…] se hace entrega del inmueble ubicado en la calle 17 #03-40 de esa municipalidad,
a la señora Martha Maya Monsalve por parte del señor Alcides Campo Tous, este
último en calidad de secuestre ordenado por el Juzgado 17 Civil del Circuito de
Medellín, con radicado 2011-00257»; por consiguiente, tenía plazo para ejercer la
acción de reparación directa hasta el 12 de abril de 2014.
La autoridad demandada también indicó que el término podía contarse desde el 22
abril de 2013, momento en que se realizó la inscripción de la medida cautelar en el
folio de tradición del inmueble identificado con matrícula 340-9243, decretada dentro
del proceso de pertenencia con radicado 2013 00053 que promovió la señora Martha
Lucía Maya Monsalve contra los señores José Mario Salinas Sánchez y Carlos
Mauricio Salinas Sánchez, como lo concluyó la primera instancia, «caso en el cual la
caducidad iría hasta el 23 de abril de 2015».
Así mismo el Tribunal señaló que si se tomará como fecha el 26 de agosto de 2013,
esto es, cuando el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo certificó la existencia
del proceso de pertenencia en contra del aquí accionante, el plazo para impetrar el
medio de control de reparación directa hubiera vencido el 27 de agosto de 2015.
Además, la autoridad demandada consideró que se llegaría a igual conclusión de
aceptarse que el término de caducidad empezó a correr desde el 28 de agosto de
2014, cuando la Personería Municipal de Santiago de Tolú (Sucre) dio apertura a la
indagación preliminar dentro del proceso disciplinario seguido en contra de la señora
Lilibeth Mercado Bula, inspectora central de policía, en razón de la queja interpuesta
por el aquí accionante; por tanto, la oportunidad para incoar la demanda fenecería el
24 «Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2021, exp. 48671, MP José
Roberto Sáchica Méndez, ver también sentencia del 6 de febrero de 2020, exp. 64877, MP Marta Nubia
Velásquez Rico (E), sentencia del 1 de junio de 2020, exp. 49079, MP Ramiro Pazos Guerrero».
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06848 00
Demandante: José Mario Salinas Sánchez
29 de agosto de 2016.
Y, respecto a la alegación del accionante en el sentido de que se debía tener como
fecha para la contabilización de la caducidad el 25 de noviembre de 2019, esto es,
cuando la Personería Municipal de Santiago de Tolú profirió fallo contra la señora
Lilibeth Mercado Bula dentro del proceso disciplinario con radicación IUS-2014-454048,
el Tribunal resolvió lo siguiente:
Lo que carece de asidero es que el tan anunciado término de caducidad comience
a contabilizarse desde el fallo disciplinario proferido en contra de la Inspectora
Central de Policía de Santiago de Tolú – Sucre; toda vez que la fuente del perjuicio
que se reclama se fundamenta en el despejo (sic) de la posesión de su inmueble
cuyo conocimiento tuvieron los demandantes desde el año 2012 cuando se hizo
entrega del inmueble a la señora Martha Maya Monsalve.
En palabras del A quo –que comparte esta Colegiatura- «Aceptar lo contrario, sería
admitir que aun cuando los demandantes comparecieron mediante apoderado
judicial al proceso de pertenencia N° 2013-00053-00 del Juzgado Primero Civil del
Circuito de Sincelejo, desconocían que el bien era explotado por Martha Maya
desde años anteriores, por acción irregular de la inspectora de policía municipal,
que estando embargado y secuestrado se lo entregó de manera irregular».
Con fundamento en lo anterior, estimó el Tribunal que si tenía como derrotero las
fechas anotadas, esto es, el 12 de abril de 2014, el 23 de abril de 2015, el 27 de agosto
de 2015 o el 29 de agosto de 2016, inclusive el 16 de noviembre de 2021, cuando se
elevó solicitud de conciliación extrajudicial, ya había vencido el término de dos años
para el ejercicio válido de la acción de reparación directa, ya que la demanda fue
presentada el 14 de septiembre de 2022, sin que en el proceso se hubiera acreditado
la existencia de circunstancia alguna que hubiera impedido el inicio del medio de
control.
Así las cosas, para la Sala, contrario a lo que aduce el accionante el Tribunal luego de
un amplio análisis, concluyó como lo hizo el a quo, que en las acciones de reparación
directa en las que se persigue la declaración de responsabilidad patrimonial por acción
u omisión del Estado, resulta exigible el término para demandar previsto por el
legislador, —artículo 164, numeral 2, literal i)— y que ese plazo, según el criterio
jurisprudencial de esta corporación, se computa desde cuando el afectado conoció o
debió conocer del daño; por consiguiente, el juez administrativo debe determinar, como
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Demandante: José Mario Salinas Sánchez
ocurrió en el presente asunto, la fecha en que se enteraron del hecho dañoso o
advirtieron la posibilidad de atribuirle responsabilidad a la administración para acudir a
la jurisdicción contencioso-administrativa para plantear la controversia.
En ese sentido, y para examinar si la parte actora ejerció en forma oportuna el medio
de control de reparación directa según la regla general de caducidad prevista en el
literal i) del numeral 2 del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), tomó como fechas en las que empezó a correr el
plazo de dos años con los que contaba para incoar la acción, el 11 de abril de 2012, el
22 de abril de 2013, el 26 de agosto de 2013 y el 28 de agosto de 2014; el que expiró
el 12 de abril de 2014, el 23 de abril de 2015, el 27 de agosto de 2015 y el 29 de agosto
de 2016, respectivamente, inclusive el 16 de noviembre de 2021, cuando se formuló
la solicitud de conciliación extrajudicial, toda vez que se acreditó que el señor Salinas
Sánchez tuvo conocimiento de la ocurrencia del hecho dañoso en esas oportunidades
como se estableció en párrafos precedentes; sin embargo, como impetró la demanda
el 14 de septiembre de 2022, operó el fenómeno procesal de la caducidad.
Conforme con lo expuesto, considera la Sala que en el sub examine no se configura
el defecto por «ausencia de motivación o decisión sin motivación», ya que este no se
estructura ante cualquier discrepancia con el razonamiento del juez, sino, únicamente,
«cuando su argumentación fue decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o
inexistente», evento que no se advierte en el asunto.
En el caso, bien puede evidenciarse que la inconformidad de la accionante se justifica
sobre una exclusiva «divergencia con el razonamiento del juzgador», pues el Tribunal
se encargó de presentar las razones fácticas y jurídicas con las cuales sustentó porque
se debía confirmar la providencia que rechazó la demanda por caducidad de la acción.
Así, el alegato de la parte demandante lo que persigue es llevar al juez de tutela a
efectos de que se reabra la discusión planteada en torno al asunto, de aquí que la Sala
no evidencie la existencia de un defecto por ausencia de motivación, sino un
argumento distractor para que por esta vía se surta la discusión planteada en el asunto,
de manera que no se encuentra superado el cargo.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06848 00
Demandante: José Mario Salinas Sánchez
Así las cosas, la Sala estima que la actuación del Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Tercera de Decisión, no está incursa en una vía de hecho que vulnere los
derechos fundamentales del accionante, pues resolvió el asunto que se sometió a su
examen con fundamento en la normativa en relación con el fenómeno jurídico de la
caducidad, y en ejercicio de las facultades de autonomía e independencia judicial de
las que está investido el juez de la causa, para decidir los asuntos que se someten a
su arbitrio.
Igualmente, la Sala encuentra que en la providencia enjuiciada no se incurrió en
violación directa de la Constitución como lo alega la parte actora, pues se repite,
precisamente en obedecimiento a la norma que establece la caducidad del medio de
control de reparación directa y en atención a los parámetros fijados por la
jurisprudencia de esta corporación, rechazó la demanda, lo que por ningún motivo
desconoce los artículos 29 y 229 de la Constitución; además, la providencia se profirió
por el juez competente, el trámite se surtió mediante el procedimiento establecido en
el ordenamiento jurídico y en el que pudo hacer uso del recurso de apelación para
discutir lo resuelto por el a quo.
3. Conclusión
La Sala concluye, entonces, que en la providencia del 4 de octubre de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, mediante la cual
confirmó el auto del 5 de mayo de 2023, dictado por el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Sincelejo, que rechazó el medio de control de reparación directa
porque había operado el fenómeno jurídico de caducidad, no se incurrió en los defectos
alegados por el accionante.
En tal sentido, la Sala procederá a denegar el amparo deprecado por el señor José
Mario Salinas Sánchez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06848 00
Demandante: José Mario Salinas Sánchez
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero doctor Luis
Eduardo Mesa Nieves para conocer la acción de tutela de la referencia, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión y, en consecuencia,
separarlo del conocimiento del asunto.
Segundo. Denegar el amparo que solicita el señor José Mario Salinas Sánchez,
conforme a la parte considerativa que antecede.
Tercero. En caso de que no fuere impugnada la presente providencia, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIERREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con impedimento Con impedimento
RAFAEL FRANCISCO VARGAS SUÁREZ
Firmado electrónicamente
BERTHA LUCÍA DEL SOCORRO GONZÁLEZ ZÚÑIGA
Conjuez
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
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