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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06851-00

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06851-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo solicitado por los señores Marco Aurelio Meléndez Bastos, Rosa Filomena Molina Rojas, María José Meléndez Molina y Cristina Rosa Rojas de Molina, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06851-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

30 de noviembre de 2023

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 6 85 1- 0 0

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06851-00
Accionante: Marco Aurelio Meléndez Bastos y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, y otro

Temas: Acción de tutela contra autos en los que se rechazó la demanda de
reparación directa instaurada, por caducidad del medio de control.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por los señores Marco Aurelio
Meléndez Bastos, Rosa Filomena Molina Rojas, María José Meléndez Molina y
Cristina Rosa Rojas de Molina contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, y el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, por la expedición de las providencias del 13 de febrero
y 14 de septiembre de 2023, en el proceso de reparación directa con radicado
11001-33-36-038-2022-00327-00 [01].

ANTECEDENTES

Los señores Marco Aurelio Meléndez Bastos, Rosa Filomena Molina Rojas, María
José Meléndez Molina y Cristina Rosa Rojas de Molina promovieron acción de tutela
para que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, los cuales consideraron vulnerados por las autoridades
judiciales accionadas.

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HECHOS

Los accionantes manifestaron que elevaron solicitud de conciliación extrajudicial
ante la Procuraduría para Asuntos Administrativos, la cual se llevó a cabo el 17 de
junio de 2022 y se declaró fallida por no existir ánimo conciliatorio por parte de las
convocadas.

Que el 25 de octubre de 2022 instauraron demanda de reparación directa contra la
Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional y la Policía Nacional, para
que se les declarara administrativa y solidariamente responsables por la omisión en
sus funciones de protección, lo que generó el desplazamiento forzado del que
fueron víctimas por parte de grupos armados al margen de la ley en hechos
ocurridos en noviembre de 2001.

Que el 13 de febrero de 2023 el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito
de Bogotá rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad,
por lo cual interpusieron recurso de apelación en contra de esa decisión.

Que el 14 de septiembre de 2023 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, confirmó la providencia recurrida.

Consideran que las autoridades judiciales incurrieron en un defecto fáctico, porque
no valoraron las pruebas, y en un desconocimiento del precedente judicial, puesto
que la misma Sala del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en dos asuntos
similares, mediante autos del 26 de octubre de 2023, en los procesos con radicados
11001-33-36-033-2023-00091-01 y 11001-33-36-033-2023-00099-01,
respectivamente, revocó una declaratoria de caducidad.

En esa medida, sin haber transcurrido más de un mes, esta última modificó su
posición y acogió la jurisprudencia del Consejo de Estado. Agregó que también
existen decisiones del Tribunal Administrativo del Chocó, en las que se ha accedido
a las súplicas de la demanda presentada por personas desplazadas forzosamente.

Que los antecedentes legislativos de la Ley 1437 de 2011, la evolución de la
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado y las normas del bloque

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de constitucionalidad permiten evidenciar que no existe un término para solicitar la
reparación derivada de los delitos de lesa humanidad.

Específicamente, hicieron referencia a la aclaración efectuada en la ponencia del
proyecto que concluyó con la promulgación de la Ley mencionada, sobre la
caducidad en esos casos, y a las sentencias del 17 de septiembre de 2013,
expediente 45092; de unificación del 29 de enero de 2020, radicado 61033; y del 23
de noviembre de 2022, radicado 2014-02100-01 (63777), y el auto del 30 de marzo
de 2017, en la acción de grupo 2014-01449-01, dictadas en el Consejo de Estado,
y la T352/16 de la Corte Constitucional.

Así mismo, aludió a las siguientes decisiones adoptadas por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos: Medidas Provisionales. Asunto Pueblo Kankuamo respecto
de Colombia. Resolución del 5 de julio de 2004; Sentencia del 15 de junio de 2005
en el Caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam; Sentencia del 15 de septiembre
de 2005 en el Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia; y Sentencia del 22
de noviembre de 2016 en el Caso Yarce y otras vs. Colombia.

Concluyeron que con las providencias discutidas se les revictimizó, pues, a pesar
del desplazamiento forzado que vivieron, a la fecha el Estado no les ha garantizado
su retorno al lugar de donde fueron desplazados, y no se tuvieron en cuenta la
jurisprudencia, el bloque de constitucionalidad y las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó dejar sin efectos los autos del 13 de febrero y del 14 de
septiembre de 2023 proferidos por el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, respectivamente.

ACTUACIÓN PROCESAL

La acción de tutela de la referencia fue admitida el 10 de noviembre de 2023,
mediante proveído, en el que se ordenó notificar al Juzgado Treinta y Ocho

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Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, como accionados.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
por conducto de la magistrada ponente de la decisión cuestionada, indicó que el
auto en el que se confirmó el rechazo de la demanda se profirió conforme al
ordenamiento jurídico, a la situación fáctica y a las sentencias de unificación
SU312/20 de la Corte Constitucional y del 22 de octubre de 2020, radicado 61767,
del Consejo de Estado, según las cuales resulta aplicable el término para demandar
establecido en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 cuando se pretenda la
indemnización en casos de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y
cualquier otro asunto en el que se solicite la declaratoria de responsabilidad, salvo
que existan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del
derecho de acción.

Que también tuvo en cuenta la sentencia del 13 de agosto de 2021 proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, radicado 73001-23-33-000-2015-00652-
02, en la que se precisaron los parámetros que deben analizarse cuando se trate
de desplazamiento forzado, entre ellos, que el hecho de que las personas se hayan
podido reasentar o arraigado en otro lugar posibilita el acceso a la administración
de justicia, por lo que no se desconoció la jurisprudencia sobre la materia.

Que se pudo establecer que para el 13 de abril de 2009 los demandantes se
encontraban reasentados en la ciudad de Cúcuta y que por lo menos estuvieron ahí
hasta el 22 de octubre de 2013, esto es, por más de doce años, lo que demostraba
arraigo o algún tipo de asentamiento, independientemente de que no hubieran
podido volver al municipio de Tibú, sin que estuviera acreditado algún tipo de
imposibilidad para acudir a la administración.

Que la conciliación extrajudicial se presentó el 5 de octubre de 2022 y la demanda
se radicó el 25 de ese mes y año mientras que el término de dos años de caducidad
venció el 14 de abril de 2011. En consecuencia, solicitó negar las pretensiones de
la acción.

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El Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

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II. Caso concreto

En síntesis, los señores Marco Aurelio Meléndez Bastos, Rosa Filomena Molina
Rojas, María José Meléndez Molina y Cristina Rosa Rojas de Molina consideran
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y
el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá incurrieron
en defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial, al rechazar la
demanda de reparación directa que instauraron por caducidad del medio de control,
a pesar de que pretendían la declaratoria de responsabilidad por el desplazamiento
forzado del que fueron víctimas.

A esta Subsección le corresponde analizar, inicialmente, si se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela para discutir providencias
judiciales y, luego, de ser así, si se configura algún defecto que haga procedente el
amparo deprecado.

Sin embargo, previo a ello se aclara que el estudio que aquí se efectuará recaerá
en el auto del 14 de septiembre de 2023 dictado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, al ser el que puso fin al proceso, y
se centrará en el desconocimiento del precedente judicial invocado, en tanto la parte
actora no especificó las razones por las cuales a su juicio se configuró un defecto
fáctico, sino que se limitó a señalar que no se valoraron las pruebas, sin precisar
cuáles.

En primer lugar, la Sala encuentra superados los requisitos generales de
procedibilidad de la presente acción de tutela para discutir la providencia censurada
en esta sede, puesto que 1) el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial
controvertida se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección;
2) la parte accionante no cuenta con otros medios de defensa judicial que sean
idóneos y eficaces para discutir lo aquí expuesto; 3) la acción se presentó dentro de
los seis meses siguientes a la ejecutoria de aquella; 4) la irregularidad procesal
alegada podría tener afectación en la decisión; 5) los solicitantes identificaron
claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos
y 6) no se trata de una sentencia de tutela.

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Revisado el proveído discutido en esta sede, esta Subsección advierte que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en el
auto del 14 de septiembre de 2023, aplicó la jurisprudencia vigente sobre la materia
para decidir si debía o no confirmar el auto recurrido, en el que se rechazó la
demanda por caducidad.

En efecto, se observa que aquel tuvo en cuenta las sentencias de unificación tanto
de la Sección Tercera del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional
relacionadas con el término de caducidad en los casos de responsabilidad estatal,
especialmente, en eventos de desplazamiento forzado, concretamente la proferida
el 29 de enero de 2020, expediente 2014-00144-01 (61033) por el primero de los
mencionados, en el proceso con radicado 61.676, y la SU312/2020 dictada por la
Corte Constitucional. Igualmente, aplicó la sentencia del 13 de agosto de 2021,
radicado 2015-00652-02, proferida por la Subsección A de la Sección referida.

A partir de lo anterior y de la valoración de las pruebas obrantes en el expediente el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, pudo
colegir que los demandantes se arraigaron en la ciudad de Cúcuta desde el 13 de
abril de 2009 y permanecieron allí hasta el 2013, lo que evidenciaba que a partir de
ese asentamiento podían acudir a la administración de justicia, sin que existiera
algún impedimento para ello, razón por la cual el término de caducidad debía
contabilizarse a partir de ese momento.

En ese orden de ideas, esta Subsección denota que la decisión adoptada por la
autoridad judicial atendió a la posición jurisprudencial actual tanto de esta
corporación como del máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, según la cual
el término de caducidad del medio de control de reparación directa de que trata el
literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 es aplicable a todos
los casos en que se pretenda la declaratoria de responsabilidad patrimonial del
Estado, incluidos aquellos que versen sobre delitos de lesa humanidad o crímenes
de guerra (salvo el de desaparición forzada), siempre y cuando no existan
situaciones que impidan materialmente el ejercicio del derecho de acción, pues en
ese caso el plazo comienza desde que se superan.

Ahora bien, la parte accionante estima que la misma Sala del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca que decidió su caso, en dos asuntos similares, esto es, en los

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medios de control 11001-33-36-033-2023-00091-01 y 11001-33-36-033-2023-
00099-01, revocó la declaratoria de caducidad, con fundamento en una postura
distinta a la aplicada en su caso.

Al respecto, debe aclararse que los supuestos fácticos de los dos procesos
mencionados son distintos al que ahora ocupa la atención de esta Subsección; en
efecto, en aquellos se observó que no era posible determinar cómo ocurrieron los
hechos y si los demandantes pudieron demandar con antelación, por lo cual el
análisis se efectuaría con posterioridad, en atención a los principios pro actione y
pro damato¸ lo cual dista de lo ocurrido en este asunto en el que el material
probatorio permitía evidenciar desde qué momento debía contarse el término de
caducidad.

Los accionantes también señalaron que existen decisiones del Tribunal
Administrativo del Chocó, en las que se ha accedido a las súplicas de las demandas
presentadas por personas que han sido desplazadas forzosamente; sin embargo,
no identificaron las providencias alegadas ni se conocen los pormenores de esos
procesos, lo que impide un estudio minucioso sobre el particular.

De otro lado, en cuanto a la interpretación de la Ley 1437 de 2011, la evolución de
la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la posición fijada
en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se advierte
que estos aspectos fueron analizados en las sentencias de unificación mencionadas
previamente y se concluyó que resultaba aplicable el término de caducidad a casos
como el presente.

En todo caso, se precisa que las providencias a las que hizo referencia la parte
actora como desatendidas fueron proferidas en su mayoría antes de la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 por la Sección Tercera del Consejo de Estado,
expediente 61.033, con excepción de la sentencia del 23 de noviembre de 2022,
radicado 2014-02100-01 (63777), dictada por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, pero en esta los supuestos fácticos son distintos al del
presente asunto, pues se trató de una demanda presentada en ejercicio de una
acción de grupo.

En consecuencia, al no encontrarse demostrado el desconocimiento del precedente

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judicial invocado, se negará el amparo solicitado por los señores Marco Aurelio
Meléndez Bastos, Rosa Filomena Molina Rojas, María José Meléndez Molina y
Cristina Rosa Rojas de Molina.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar el amparo solicitado por los señores Marco Aurelio Meléndez
Bastos, Rosa Filomena Molina Rojas, María José Meléndez Molina y Cristina Rosa
Rojas de Molina, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la

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186 del CPACA.

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