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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06870-01

Acción de tutela: fallo de Segunda Instancia

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06870-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - REVOCAR la sentencia de 19 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, que amparó los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, por las razones expuestas en esta providencia y, en su lugar, NEGAR, la solicitud de amparo de los derechos deprecados. SEGUNDO. - Por Secretaría remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Esta providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06870-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

20 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06870-01
Actores: Jorge Sigifredo Checa Checa
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro

ACCION DE TUTELA – Fallo de Segunda Instancia.

La Sala decide la impugnación presentada por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, contra la sentencia de 19 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección B, por medio de la cual amparó los
derechos fundamentales invocados por el accionante.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud y las pretensiones

El señor Jorge Sigifredo Checa Checa, en ejercicio de la acción de tutela, actuando
en nombre propio, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital, a la dignidad humana y de acceso
a la administración de justicia, (sic) que estimó lesionados por la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Nariño y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al
proferir la sentencia de 5 de mayo de 2023 y la sentencia de 4 de octubre de 2023,
respectivamente, mediante las cuales se le declaró responsable, de infringir el deber
consagrado en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en
concordancia con el artículo 29 de la Constitución Nacional; el artículo 229 del
Código Penal; el artículo 229 del Código de Procedimiento Penal; el artículo 301
ibidem; el artículo 83 del Código de Policía; y el artículo 413 del Código Penal; en la
modalidad gravísima dolosa; y le impuso la sanción de destitución e inhabilidad

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06870-01
Demandante: Jorge Sigifredo Checa Checa
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Fallo Tutela – Segunda Instancia

general por el término de 10 años, dentro del proceso disciplinario de radicado No.
2016-00482-01.

En el escrito de tutela, el demandante solicitó:

“(…) PRIMERA: TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales, que le han sido
vulnerados a mi patrocinado, por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Nariño y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, accionadas, por cuanto al proferir
las sentencias disciplinarias sancionatorias de fechas 05 de mayo de 2023 y 04 de octubre
de 2023, respectivamente, contienen causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela, contra sentencias judiciales, sentencias disciplinarias sancionatorias, estas, que se
caracterizan por contener tanto defectos sustantivos, como defectos facticos explicados en
el CAPÍTULO TERCERO de la presente demanda de tutela.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior pretensión, y a fin de salvaguardar los
derechos fundamentales de mi patrocinado conculcados por las Corporaciones Disciplinarias
accionadas y antes relacionadas, solicito a Ustedes, H. Magistrados, se sirvan declarar sin
valor y/o eficacia jurídica alguna, las sentencias disciplinarias sancionatorias antes referidas,
por medio de las cuales se IMPUSO a mi asistido, en su condición de Fiscal 51 Seccional de
Orito Putumayo, la sanción de DESTITUCIÓN DEL CARGO COMO FISCAL SECCIONAL E
INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE 10 AÑOS, sanción ésta que fue ejecutada
por la Fiscalía General de la Nación, el pasado 17 de octubre del año en curso, mediante la
Resolución No. 0672 debidamente notificada a mi poderdante el pasado 26 de octubre de
2023.

TERCERA: Sírvanse H. Magistrados del Consejo de Estado, y como consecuencia de las
anteriores pretensiones, ordenar a la Comisiones de Disciplina Judicial accionadas, que
dentro del término razonable de cinco (5) días hábiles, siguientes a la notificación del fallo
de tutela, profieran las correspondientes sentencias disciplinarias absolutorias de mí
representado, con el propósito de evitar que se continúe con la violación de sus derechos
fundamentales antes relacionados, profieran los fallos absolutorios de toda responsabilidad
disciplinaria que en derecho corresponde.

CUARTA: Como consecuencia de las anteriores pretensiones, se sirvan ordenar, a las
Comisiones de Disciplina Judicial accionadas, que concomitantemente, con el fallo
absolutorio se disponga el reintegro del accionante a su actual cargo como FISCAL 01
SECCIONAL DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES, con
el consiguiente reconocimiento, liquidación y pago, sin solución de continuidad, de sus
salarios y prestaciones sociales, y demás derechos laborales, causados y dejados de
percibir, desde la fecha de desvinculación hasta cuando opere su reintegro efectivo (…)”.
(Sic)

2. Los hechos y las consideraciones de la accionante

La parte actora expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se resumen
a continuación1:

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Índice 2 registro del Sistema de Gestión Judicial SAMAI
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06870-01
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Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Fallo Tutela – Segunda Instancia

Expuso que el 10 de junio de 2016, se encontraba ejerciendo sus funciones como
Fiscal 51 Seccional de Orito, Putumayo, en turno de disponibilidad como fiscal URI,
donde conoció de la captura del señor Alexander Calderón, por la presunta comisión
del delito de violencia intrafamiliar.

Aseveró que en la noticia criminal se informaba que oficiales de policía ingresaron
al inmueble del capturado tras el llamado que se les hizo por radio, por una riña al
interior de la casa.

Señaló que los elementos recaudados permitían inferir que los captores llegaron
cuando la agresión había cesado y por ello no se configuraba la flagrancia, de
manera que la captura había sido ilegal, pues no se contó con la autorización de los
moradores o propietarios de la vivienda y dispuso la libertad del capturado.

Aseguró que el Subdirector Seccional de Fiscalías y Seguridad Ciudadana del
Putumayo remitió copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño,
para que investigara si la decisión adoptada por el accionante constituía una falta
disciplinaria.

Informó que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño conoció el
proceso disciplinario en primera instancia y, que, mediante sentencia de 5 de mayo
de 2023, declaró responsable al accionante en su condición de Fiscal 51 Seccional
de Orito, de infringir el deber consagrado en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley
270 de 1996, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Nacional; el
artículo 229 del Código Penal; el artículo 229 del Código de Procedimiento Penal;
el artículo 301 ibidem; el artículo 83 del Código de Policía6 ; la sentencia C - 176 de
2007 de la Corte Constitucional; el numeral 1° del artículo 48 del C.D.U y el artículo
413 del Código Penal; en la modalidad gravísima dolosa. En consecuencia, le
impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años.

Relató que recurrió dicha decisión ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
que, a través de sentencia de 4 de octubre de 2023, confirmó la sanción impuesta
por al A Quo, al considerar que la captura si fue en flagrancia y como el agresor era

3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06870-01
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Fallo Tutela – Segunda Instancia

esposo de la víctima, era factible que se le capturara como posible autor del delito
de violencia intrafamiliar.

2.1 Consideraciones de la parte actora

La parte demandante aseveró que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al
mínimo vital, a la dignidad humana y de acceso a la administración de justicia (Sic),
alegando que, en la sentencia de 4 de octubre de 2023, se incurrió en vía de hecho
por defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues no se tuvo en cuenta
los testimonios de los señores Alex Mauricio Orozco Cuartas y Yeison Trejos
Chávez.

Asimismo, alegó la configuración de una vía de hecho por desconocimiento del
precedente judicial, donde invocó jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia2 referente al delito de prevaricato por acción.

Agregó que la autoridad judicial accionada no realizó un juicio de antijuridicidad
material y culpabilidad ya que su actuar no fue de forma dolosa.

3. Trámite procesal

El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, mediante auto de 15 de
noviembre de 2023, admitió la demanda y ordenó la notificación a las autoridades
accionadas, esto es; a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Nariño y vinculó, como tercero con interés en las
resultas del proceso, a la Subdirección Seccional de Fiscalías de Putumayo.

4. Informe de las entidades accionadas

4.1. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, aseguró que lo que

2
Sentencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de 11 de marzo de 2003, rad. 18.031; 15 de
septiembre de 2004, rad. 21.543; 25 de mayo de 2005, rad. 22.855; 23 de febrero de 2006, rad. 23.901; 14 septiembre de
2011, rad. 36.107; 21 de septiembre de 2011, rad. 37.205; 23 de junio de 2021, rad. 57.002; 23 de junio de 2021, rad. 53.660
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pretende la parte actora es que el Juez Constitucional realice una nueva valoración
probatoria y que reconsidere los argumentos defensivos que ya fueron estudiados,
evaluados y desechados en el curso del proceso disciplinario.

Argumentó que los supuestos en los que el accionante funda sus reclamos, ya
fueron objeto de estudio y análisis, en el marco del debido proceso previsto para el
efecto, por lo que no pueden generar una nueva controversia en una instancia
extraordinaria, subsidiaria y residual como la tutela.

Explicó que en la parte motiva de la sentencia de primera instancia, sí se hizo un
análisis detallado y pormenorizado de la decisión adoptada por el abogado Jorge
Sigifredo Checa, concluyendo que la misma resultaba abiertamente contraria a
derecho, podía apreciarse objetivamente como un prevaricato y, por lo tanto, no
estaba amparada por los principios de autonomía e independencia judiciales.

Informó que, de igual manera, en el acápite destinado a verificar la tipicidad y
antijuridicidad de la conducta y, particularmente, en aquel encaminado a examinar
la culpabilidad, se efectuó un extenso estudio sobre la concurrencia del dolo en el
comportamiento reprochado; que fue dicha evaluación la que permitió establecer
que el ahora accionante actuó a sabiendas de la ilicitud de su comportamiento,
estando en la posibilidad de actuar de acuerdo a derecho.

Agregó que en el fallo cuestionado se hizo alusión a los perjuicios que causa una
decisión en la que se contraría la perspectiva de género, se desconoce la gravedad
del delito de violencia intrafamiliar y se intenta atribuir la responsabilidad de una
agresión a la víctima de este tipo de reatos; que, siendo así, es claro que en el
referido fallo se hizo un análisis de la ilicitud sustancial del comportamiento del
accionante.

Por último, en cuanto a los supuestos derechos fundamentales vulnerados,
consideró que, no puede predicarse la transgresión de las garantías al trabajo y al
mínimo vital, cuando su afectación se produce en virtud de una sanción disciplinaria
impuesta de conformidad con el debido proceso normativamente previsto para el

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efecto, luego de adelantar una investigación disciplinaria en la que se respetó el
debido proceso y el derecho de defensa; y se corroboró la comisión de una
infracción disciplinaria, por parte del accionante.

4.2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se opuso a la prosperidad de
la presente acción de tutela, argumentando lo siguiente:

Sobre el defecto por desconocimiento del precedente, aseguró que no le asiste
razón al accionante, en tanto contrario a lo dicho, la Comisión no ha definido una
regla para apartarse del estudio del caso en concreto, porque no era necesario, toda
vez que el legislador definió los elementos constitutivos de falta disciplinaria, basado
en el incumplimiento de los deberes y prohibiciones previstas en la Constitución, en
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes, específicamente
la 734 de 2002.

Aseveró que no se desconocieron precedentes jurisprudenciales como lo pretende
hacer ver el accionante, pues los criterios establecidos por esta Corporación,
concluyeron en el incumplimiento del deber contenido en el numeral 1° del artículo
153 de la Ley 270 de 1996 y específicamente respecto al hecho de conceder la
libertad de un indiciado sin que se reunieran los requisitos para hacerlo, los cuales
también han sido acogidos en decisiones aprobadas por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial3 con las cuales se demuestra que no se apartó esta colectividad
de sus propias decisiones.

En el mismo sentido, el juicio que debía realizar el Fiscal para dejar libre a quien fue
capturado en flagrancia, antes de someterlo al control del juez de control de
garantías (juicio ex ante), es meramente objetivo para verificar si, con los elementos
puestos hasta ese momento, el delito comportaba la necesidad de imponer medida
de aseguramiento de detención preventiva o, si la captura en flagrancia fue ilegal
(por vulneración de derechos fundamentales o vencimiento de términos).

3
Al interior de los procesos número: Radicado No. 41001110200020150032001 M.P. Juan Carlos Granados Becerra,
aprobada según acta de Sala No. 034 del 17 de mayo de 2023, Radicado No. 050011102000201502253 01 M.P. Dra. Magda
Victoria Acosta Walteros, aprobado según acta N.º 65 del 13 de octubre de 2021.
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Sobre el defecto fáctico, resaltó que contrario a lo afirmado por el accionante, se
valoraron todas las pruebas, incluidos dichos testimonios, junto con la orden de
libertad proferida por el accionante, en la cual no se hizo referencia alguna, a la
inexistencia de la constancia de allanamiento, como motivo para declarar ilegal la
actuación de la Policía.

Explicó que, en atención a la validez que se otorgó a los mencionados testimonios,
sí fueron tenidos en cuenta por la primera instancia y de manera adicional por la
segunda, sin que de los mismos se desprendiera que el disciplinado actuaba en
cumplimiento de sus deberes funcionales con los que se materializó la falta
disciplinaria, de modo que no existe vulneración a derecho fundamental alguno.

Por último, frente al argumento del desconocimiento de la autonomía judicial sobre
la decisión del Fiscal de otorgar la libertad del capturado, precisó que la función
jurisdiccional requiere interpretar la ley, como lo son las condiciones que al respecto
estableció el legislador en los artículos 229 del Código Penal; el artículo 229 del
Código de Procedimiento Penal; el artículo 301 ibidem; el artículo 83 del Código de
Policía4; la sentencia C - 176 de 2007 de la Corte Constitucional; el numeral 1° del
artículo 48 del C.D.U y el artículo 413 del Código Penal, para capturas en flagrancia
por el delito de violencia intrafamiliar.

Explicó que dicho escenario en el que, si el fiscal se aparta de aquellas reglas,
amparado en la independencia y la autonomía judicial para proferir su propia
decisión, generaría una conducta contraria a derecho al apartarse del contenido de
la ley, de tal manera que sería arbitraria y omitiría los fines esenciales del Estado.

Aseveró que, por lo anterior, la labor del juez disciplinario está sometida al imperio
de la Constitución y la ley, siendo ese el límite otorgado al principio de autonomía
judicial. Igualmente, el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado está
determinada por la infracción de los deberes funcionales de los servidores judiciales,
en acatamiento de los fines de la administración de justicia.

4
Vigente para la época de ocurrencia de los hechos.
7

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4.3. El Director de la Seccional de Fiscalías Putumayo, allegó el expediente
penal de la referencia.

4. La providencia impugnada

El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, mediante sentencia de
26 de abril de 20245, accedió al amparo de los derechos fundamentales del
accionante, argumentando lo siguiente:

Adujo que la autoridad judicial demandada, en el curso del proceso disciplinario,
desconoció los principios de autonomía e independencia de las autoridades
judiciales consagrados en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política,
conforme con los cuales, las decisiones de esas autoridades deben ajustarse a la
ley y solo pueden ser controvertidas por las partes en el proceso mediante los
recursos ordinarios y extraordinarios y, de ser el caso, mediante la acción de tutela.

Aseveró que la forma como la autoridad judicial (el Fiscal) interprete y aplique el
derecho no puede ser objeto de juzgamiento disciplinario y que la acción
disciplinaria no es idónea para discutir la legalidad de una decisión de una autoridad
judicial proferida en ejercicio de la función constitucional de esa autoridad.

Concluyó que las autoridades judiciales no realizaron un estudio adecuado de la
culpabilidad, que es un elemento necesario para declarar la responsabilidad
disciplinaria.

Al respecto, aseveró que no puede decirse que el accionante obró con dolo por
adoptar una decisión que era contraria a la ley, simplemente por el hecho de que la
adoptó y que la decisión fue contraria a la ley porque así lo considera la autoridad
disciplinaria.

5
Índice 19 registro del Sistema de Gestión Judicial SAMAI radicado No. 2022-02615-00
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5. La impugnación

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, impugnó la sentencia de primera
instancia proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B,
solicitando su revocatoria, señalando lo siguiente:

Aseveró que contrario a lo que se afirma en la decisión objeto de impugnación, las
providencias que adopten los funcionarios judiciales, como regla general, no pueden
ser cuestionadas en el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria, salvo en
aquellas circunstancias en que la autonomía judicial se transforme en un acto
arbitrario, o que la interpretación y aplicación de la norma al caso concreto realizada
por el funcionario desatienda o contraríe el ordenamiento jurídico, suponga una
extralimitación de funciones6, lo cual puede constituirse en una vía de hecho7
situación que amerita la intervención del juez disciplinario, ello en garantía del
derecho al debido proceso de los afectados.

Expuso que encontró que la decisión adoptada por el aquí accionante supuso una
interpretación contraria al ordenamiento jurídico en la medida en que, atendiendo
que se trataba del delito de violencia intrafamiliar cuya pena mínima es de 4 años y
por ello, conforme al numeral 2º del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, tiene prevista
como medida de aseguramiento la detención preventiva; máxime, si se tiene en
cuenta que la conducta lesiva del bien jurídico derivaba de la cohabitación y
permanencia de la pareja, lo cual suponía que el Fiscal debía realizar un examen
meramente objetivo previo a poner a disposición del juez de control de garantías al
capturado y no lo hizo, sino que optó por realizar un examen propio de otro
funcionario, en este caso, el juez de garantías.

Indicó que al Fiscal, aquí accionante, solo le correspondía verificar si, con los
elementos puestos hasta ese momento, el delito comportaba medida de

6
Al respecto ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional T-238 de 2011, T-319 A de 2012 y T-345 de 2014.
7
La Corte Constitucional en la sentencia T-518 de 1995 definió la vía de hecho como aquella «decisión judicial contraria a la
Constitución y a la Ley, que desconoce los obligación del Juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del
proceso y según las pruebas aportadas al mismo. Los servidores públicos y específicamente los funcionarios judiciales, no
pueden interpretar y aplicar las normas en forma arbitraria, pues ello implica abandonar el ámbito de la legalidad y pasar a
formar parte de las actuaciones de hecho contrarias al Estado de derecho».
9

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aseguramiento de detención preventiva o si la captura en flagrancia era ilegal (por
vulneración de derechos fundamentales o vencimiento de términos), y “cualquier
discusión que superara una comprobación meramente objetiva como, por ejemplo,
la relativa a la eventual vulneración del derecho a la intimidad del capturado,
escapaba del control de la Fiscalía General de la Nación, y debía ser resuelto por el
respectivo juez con función de control de garantías8”.

Reiteró que el Fiscal se apartó de aquellas reglas, amparado en la independencia y
la autonomía judicial para proferir su propia decisión, lo que generó una conducta
contraria a derecho, la cual es objeto de reproche disciplinario, al ser transgresora
del deber funcional.

Respecto este punto concluyó que, si bien los funcionarios gozan de autonomía en
sus decisiones, las cuales están amparadas de presunción de legalidad, aquellas
que configuren actos arbitrarios y resulten en desconocimiento de la función pública,
como sucede en el asunto analizado, en el que se benefició a un aprendido sin
prueba para ello y con argumentos alejados de los lineamientos legales, configuró
una vía de hecho y por ende era viable el control disciplinario del funcionario.

Ahora, sobre el cargo bajo el cual la autoridad judicial accionada no abordó el
elemento subjetivo de la conducta, señaló que el Fiscal en el desempeño del cargo
desde el año 2003, conocía perfectamente, tanto sus deberes funcionales, como las
normas jurídicas que rigen el delito de violencia intrafamiliar y los procedimientos de
allanamiento y captura en flagrancia.

Insistió que la motivación realizada por la Comisión para desvirtuar la existencia de
las causales de exclusión de responsabilidad planteadas por el investigado, abordó
de manera puntual y suficiente los planteamientos dirigidos a conseguir la
exoneración de responsabilidad al desvirtuar el elemento de la culpabilidad, el cual
para la Comisión estuvo acreditado con las pruebas analizadas, que refutaban la
invencibilidad del error alegado dada la experiencia laboral del investigado, el

8
Ver sentencia SP2129-2022 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Hugo Quintero Bernate,
aprobada en Sala del 25 de mayo de 2022. Segunda Instancia No. 54153.
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conocimiento en los procedimientos de captura en casos de flagrancia y en los
límites para la valoración legal de aquella función jurisdiccional propia del Juez, las
cuales analizadas en conjunto demostraron la certeza del comportamiento
consciente y voluntario del Fiscal investigado.

Determinó que el fallo atacado vía acción de tutela no desconoció la aplicación de
la categoría dogmática de la culpabilidad, en el entendido que respetó la garantía
de limitación para el recurso de apelación y la pretensión contenida en aquel.

Por último, en lo atinente a la indebida valoración probatoria endilgada, aseveró que
esa conclusión deviene descontextualizada y sin atender a lo dispuesto en el
artículo 141 de la Ley 734 de 2002, norma aplicable al caso, que establece que las
pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con la reglas de la sana
crítica, disposición que fue atendida por esta Corporación toda vez que la valoración
probatoria fue apreciada en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y
valoradas razonadamente.

Alegó que, los informes permitirían saber cuál fue el contexto que se dio en el
allanamiento y la captura del señor Alexander Montero Calderón, y facilitaban que,
mediante otros elementos como la declaración de la víctima o la de los agentes
captores9 se pudiera demostrar la legalidad del procedimiento realizado.

Por lo tanto, refirió que aun cuando se hubiera hecho una referencia puntual a esos
dos testimonios, la decisión hubiera sido la misma, pues esa no fue la prueba
determinante para acreditar la responsabilidad del investigado y tampoco aportaba
elementos de juicio para desvirtuarla.

9
PT. Hamerson Vargas Riascos y PT. Oliver Antonio Prada Ruíz adscritos a la Estación de Policía
de Orito.
11

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de
primera instancia en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el artículo 25 del Acuerdo Nº 080 de 12 de marzo de
201910.

2. Problema jurídico

La Sala debe decidir si revoca la decisión de primera instancia proferida por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, que amparó los derechos
fundamentales deprecados, en tanto como lo alega la parte demandada, no hubo
vulneración alguna de los derechos al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al
mínimo vital, de acceso a la administración de justicia, ni del principio de dignidad
humana con ocasión del fallo de 4 de octubre de 2023, emitido dentro del proceso
disciplinario de radicado No. 2016-00482-01.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada
y uniforme de la Corte Constitucional11 y el Consejo de Estado12 ha sido admitir su
procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia
(defectos).

10
Reglamento Interno del Consejo de Estado
11
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-
852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001,
T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de
2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889
de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014,
T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
12
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agost o
de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos
Alimenticios S.A.
12

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06870-01
Demandante: Jorge Sigifredo Checa Checa
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Fallo Tutela – Segunda Instancia

Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de
1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los
eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue
redefinida por la misma Corporación a través de la sentencia C-590 de 2005,
decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo
constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia del Doctor Jorge Octavio Ramírez,
precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y
cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los
requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional. Así:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la
acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute
tiene relevancia constitucional; (ii) Se agotaron todos los medios de defensa judicial
con los que cuenta la persona afectada; (iii) Se cumple el requisito de inmediatez;
(iv) no se argumentó una irregularidad procesal; (v) Se expresaron de manera clara
los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y; (vi) La
providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de
tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede
incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes13: a) Defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de competencia; b) Defecto procedimental, el cual
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido;
c) Defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio
obrante en el expediente para proferir decisión; d) Defecto material o sustantivo, el
cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) Error inducido, cuando

13
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
13

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la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) Decisión sin motivación; g)
Desconocimiento del precedente judicial y h) Violación directa de la Constitución
Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas, podrá ser razón suficiente para conceder el amparo
constitucional.

3.1 El defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial

Conforme a la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico, en una dimensión
negativa, se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria ejercida por
el juez se presenta la omisión de la “(…) valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez (…)”14. En esta situación
se incurre “(…) cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración,
o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente (…)”15.

En una dimensión positiva, el defecto fáctico ocurre cuando el juez, por ejemplo,
“(…) aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron
indebidamente recaudadas (…)”16, de conformidad con el artículo 29 de la Carta
Política. En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de tutela
por vía de hecho cuando ostensiblemente aparece arbitraria la valoración probatoria
realizada por el Juez. Por tanto, el error en el juicio valorativo de la prueba:

“(…) Debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo
debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia. (…)” 17.

14
Corte Constitucional Sentencia T-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
15
Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán
Sierra).
16
Sentencia T-538 de 1994.
17
Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo
Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
14

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En lo que respecta al supuesto fáctico por indebida valoración probatoria, ha dicho
la Corte que este se configura, entre otros, en los siguientes casos:

“(…) (i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos
que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso y (vi) cuando no valore
pruebas debidamente aportadas en el proceso. (…) 18.

Como se observa, el defecto fáctico por indebida valoración probatoria no solo se
ocupa del examen que realiza el juez sobre el material probatorio aportado con el
proceso, sino que además abarca toda la actividad probatoria que aquél despliega
para intentar acreditar o desacreditar los hechos de la demanda.

Sin embargo, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo probatorio
dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. En
primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez
natural, impiden que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material
probatorio.

Así, la Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo que
hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor
y trascendencia. Por tal razón, tampoco es procedente la acción constitucional,
cuando se encamina a obtener una evaluación de la actividad de valoración
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

Para la Corte Constitucional el desconocimiento del precedente consiste en que
una autoridad judicial modifique su posición frente a determinado asunto, o se

18
Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 7 de marzo de 2013. MP. Alexei Julio Estrada.
15

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separe del criterio establecido por su superior jerárquico, haciendo caso omiso al
precedente en la materia, y aún más, que a pesar de reconocer la existencia de
éste, se aparte total o parcialmente del mismo sin cumplir con la carga
argumentativa que le corresponde en esos casos, toda vez que con ese proceder
se desconocen principios de relevancia constitucional como la igualdad, la
seguridad jurídica, la confianza legítima, entre otros, que están directamente
relacionados con el respeto del precedente.

Sobre el particular, en la sentencia T-446 de 2013 la Corte Constitucional señaló :

[…] es la ratio decidendi que es la base jurídica directa de la sentencia, el precedente judicial
que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes y debe ser aplicado para
resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el conjunto de argumentos jurídicos
que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar la decisión adoptada a la
luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi expresada en el
precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no puede ser
desconocido por los jueces.

Ahora bien, es importante resaltar que la jurisprudencia ha distinguido entre precedente
horizontal y precedente vertical para explicar, a partir de la estructura orgánica del poder
judicial, los efectos vinculantes del precedente y su contundencia en la valoración que debe
realizar el fallador en su sentencia. En este sentido, mientras el precedente horizontal supone
que, en principio, un juez –individual o colegiado- no puede separarse del precedente fijado
en sus propias sentencias; el precedente vertical implica que los jueces no se pueden apartar
del precedente establecido por las autoridades judiciales con atribuciones superiores,
particularmente por las altas cortes.

En esta óptica, la Corte ha reconocido que es preciso hacer efectivo el derecho a la igualdad,
sin perder de vista que el juez goza de autonomía e independencia en su actividad, al punto
que si bien está obligado a respetar el precedente fijado por él mismo y por sus superiores
funcionales, también es responsable de adaptarse a las nuevas exigencias que la realidad
le impone y asumir los desafíos propios de la evolución del derecho.

En consecuencia, un juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o vertical
si (i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme al cual sus
superiores funcionales o su propio despacho han resuelto casos análogos, pues “sólo puede
admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia” (requisito de
transparencia); y (ii) expone razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico
y los supuestos fácticos del caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que
significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta
necesario demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente para
resolver el caso nuevo (requisito de suficiencia). Satisfechos estos requisitos por parte del
juez, en criterio de la Corte, se entiende protegido el derecho a la igualdad de trato ante las
autoridades y garantizada la autonomía e independencia de los operadores judiciales […]”19.

Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio

19
Sentencia de 11 de julio de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16

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de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Y en caso de
que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación
a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia
y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela.

4. Caso concreto

La Sala analizará la observancia de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial, de cara a la sentencia del 4 de octubre
de 2023, emitida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como quiera que
mediante esta providencia se puso fin al proceso disciplinario.

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

La Sala advierte que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
toda vez que al analizar los argumentos expuestos por la parte actora, se determinó
que no son los mismos que expuso en el recurso de alzada en el marco del proceso
ordinario; de suerte que los defectos alegados pueden llevar consigo una violación
de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al
mínimo vital, de acceso a la administración de justicia y del principio de dignidad
humana, los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.

No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los cuales
el accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados, pues se
adelantaron las correspondientes instancias dentro del proceso disciplinario y no se
configura ninguna de las causales del recurso extraordinario de revisión.

Respecto al cumplimiento del requisito de inmediatez, se observa que el fallo
recurrido, fue proferido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el 4 de
octubre de 2023, y la demanda de tutela se presentó el 10 de noviembre de 2023,
es decir, dentro de un término prudencial.

17

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Adicionalmente, se observa que el accionante plantea de forma clara los hechos por
los cuales considera que se vulneran sus derechos fundamentales; y que la
providencia que se cuestiona en el asunto de la referencia no fue proferida dentro
de una acción de tutela, sino que se dictó dentro de un proceso disciplinario.

4.2. Análisis de las causales específicas de procedibilidad

El señor Jorge Sigifredo Checa Checa, estima vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital, de acceso
a la administración de justicia y del principio de dignidad humana, por parte de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, debido a la presunta configuración de los
defectos fáctico y desconocimiento del precedente, al proferir el fallo de 4 de octubre
de 2023, mediante el cual confirmó el fallo de 5 de mayo de 2023, en el sentido de
sancionar al accionante con destitución e inhabilidad general por el término de 10
años, al encontrarle responsable, en su condición de Fiscal 51 de Orito, de infringir
el deber consagrado en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en
concordancia con el artículo 29 de la Constitución Nacional; el artículo 229 del
Código Penal; el artículo 229 del Código de Procedimiento Penal; el artículo 301
ibidem; el artículo 83 del Código de Policía15; la sentencia C - 176 de 2007 de la
Corte Constitucional; el numeral 1° del artículo 48 del C.D.U y el artículo 413 del
Código Penal; en la modalidad gravísima dolosa.

En ese sentido, la parte actora sostuvo que la decisión del 4 de octubre de 2023
incurrió en vía de hecho por defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues
a su juicio no se tuvo en cuenta los testimonios de los señores Alex Mauricio Orozco
Cuartas y Yeison Trejos Chávez.

Asimismo, alegó la configuración de una vía de hecho por desconocimiento del
precedente, donde invocó jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia20 referente al delito de prevaricato por acción y adujo que

20
Sentencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de 11 de marzo de 2003, rad. 18.031; 15 de
septiembre de 2004, rad. 21.543; 25 de mayo de 2005, rad. 22.855; 23 de febrero de 2006, rad. 23.901; 14 septiembre de
2011, rad. 36.107; 21 de septiembre de 2011, rad. 37.205; 23 de junio de 2021, rad. 57.002; 23 de junio de 2021, rad. 53.660
18

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fueron desconocidas sentencias de la Corte Constitucional 21 atinentes al alcance
del control disciplinario frente a las decisiones judiciales.

Agregó que la autoridad judicial accionada no realizó un juicio de antijuridicidad
material y culpabilidad en la providencia recurrida, ya que su actuar no fue de forma
dolosa.

El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, mediante sentencia de 19
de febrero de 2024, accedió al amparo de los derechos fundamentales del
accionante, argumentando que la autoridad judicial demandada, en el curso del
proceso disciplinario, desconoció los principios de autonomía e independencia de
las autoridades judiciales, consagrados en los artículos 228 y 230 de la Constitución
Política, conforme con los cuales las decisiones de esas autoridades deben
ajustarse a la ley y solo pueden ser controvertidas por las partes en el proceso
mediante los recursos ordinarios y extraordinarios y, de ser el caso, mediante la
acción de tutela.

Aseveró que la forma como la autoridad judicial interprete y aplique el derecho no
puede ser objeto de juzgamiento disciplinario y que la acción disciplinaria no es
idónea para discutir la legalidad de una decisión de una autoridad judicial proferida
en ejercicio de la función constitucional de esa autoridad.

Concluyó que las autoridades judiciales no realizaron un estudio adecuado de la
culpabilidad, que es un elemento necesario para declarar la responsabilidad
disciplinaria.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial impugnó dicha decisión destacando los
siguientes puntos.
Por un lado, explicó que las providencias que adopten los funcionarios judiciales,
como regla general, no pueden ser cuestionadas en el ejercicio de la función
jurisdiccional disciplinaria, salvo en aquellas circunstancias en que la autonomía
judicial se transforme en un acto arbitrario, o que la interpretación y aplicación de la

21
Sentencias T-625 de 1997, T-249 de 1995, T-056 de 2004, T-910 de 2008, T-238 de 2011, T-120 de 2014 y T-450 de 2018.
19

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norma al caso concreto realizada por el funcionario desatienda o contraríe el
ordenamiento jurídico, suponga una extralimitación de funciones 22, lo cual puede
constituirse en una vía de hecho23.

Aseveró que dicha situación que amerita la intervención del juez disciplinario, ello
en garantía del derecho al debido proceso de los afectados.

Explicó que al Fiscal, aquí accionante, solo le correspondía verificar si, con los
elementos puestos hasta ese momento, el delito comportaba medida de
aseguramiento de detención preventiva o si la captura en flagrancia era ilegal (por
vulneración de derechos fundamentales o vencimiento de términos), y “cualquier
discusión que superara una comprobación meramente objetiva como, por ejemplo,
la relativa a la eventual vulneración del derecho a la intimidad del capturado,
escapaba del control de la Fiscalía General de la Nación, y debía ser resuelto por el
respectivo juez con función de control de garantías24”.

Afirmó que el Fiscal se apartó de aquellas reglas, amparado en la independencia y
la autonomía judicial para proferir su propia decisión, lo que generó una conducta
contraria a derecho, la cual es objeto de reproche disciplinario, al ser transgresora
del deber funcional.

Ahora, sobre la conclusión a la que arribó el A quo, bajo la cual la autoridad judicial
accionada no abordó el elemento subjetivo de la conducta, señaló que el Fiscal en
el desempeño del cargo desde el año 2003, conocía perfectamente, tanto sus
deberes funcionales, como las normas jurídicas que rigen el delito de violencia
intrafamiliar y los procedimientos de allanamiento y captura en flagrancia, lo cual
conlleva a un actuar doloso.

22
Al respecto ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional T-238 de 2011, T-319 A de 2012 y T-345 de 2014.
23
La Corte Constitucional en la sentencia T-518 de 1995 definió la vía de hecho como aquella «decisión judicial contraria a
la Constitución y a la Ley, que desconoce los obligación del Juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del
proceso y según las pruebas aportadas al mismo. Los servidores públicos y específicamente los funcionarios judiciales, no
pueden interpretar y aplicar las normas en forma arbitraria, pues ello implica abandonar el ámbito de la legalidad y pasar a
formar parte de las actuaciones de hecho contrarias al Estado de derecho».
24
Ver sentencia SP2129-2022 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Hugo Quintero Bernate,
aprobada en Sala del 25 de mayo de 2022. Segunda Instancia No. 54153.
20

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Determinó que el fallo atacado, vía acción de tutela, no desconoció la aplicación de
la categoría dogmática de la culpabilidad, en el entendido que respetó la garantía
de limitación para el recurso de apelación y la pretensión contenida en aquel.

Por último, en lo atinente a la indebida valoración probatoria endilgada, aseveró que
esa conclusión deviene descontextualizada y sin atender a lo dispuesto en el
artículo 141 de la Ley 734 de 2002, norma aplicable al caso, que establece que las
pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con la reglas de la sana
crítica, disposición que fue atendida por esta Corporación toda vez que la valoración
probatoria fue apreciada en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y
valoradas razonadamente.

Pues bien, la Sala, de cara a los argumentos traídos a colación en el escrito de
impugnación, considera relevante revisar el análisis fáctico, normativo y
jurisprudencial realizado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (en
adelante la Comisión), en el fallo de 4 de octubre de 2023, en el cual consideró lo
siguiente:

“(…)Ahora bien, frente a la manifestación de la mala interpretación de la sentencia C-176 de
2007 de la H. Corte Constitucional, la cual establece: “en todos estos casos excepcionales
de penetración al domicilio sin orden de autoridad judicial competente y, de conformidad con
la ley aplicable, es necesario dejar constancia escrita de la actuación no sólo para que el
juez competente pueda ejercer el control de legalidad de la actuación sino también para que
se adelante el control penal y disciplinario correspondiente en casos de exceso o de abuso
de poder”; esta Corporación observa en los actos urgentes allegados al proceso disciplinario,
que ante la oficina de asignaciones de las fiscalías de orito, el uniformado Hamerson Vargas
Riascos, presentó el “informe de la policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia -
FPJ-5-”, siendo ese el formato establecido en el manual de esa institución, el utilizado para
dejar registro de cada actuación, que fue aplicado al caso en concreto.

En aquel informe, se puso de presente que: “la central de radio Mocoa, nos informa de una
riña en el barrio los pinos por la ultima cuadra en una casa color blanco con rejas, de
inmediato nos dirigimos a el lugar, al llegar escuchamos en su interior gritos y voces dé
auxilio, por lo que procedemos a entrar a la vivienda, observando a una señora que estaba
siendo agredida física y verbalmente por un ciudadano el cual vestía un buzo a rayas color
blanco, pantalón de jeans azul y tenis quien se identifica con el nombre de Alexander Montero
Calderón, procediendo a reducirlo, esposarlo y hacerle saber los derechos como persona
capturada por el delito de violencia intrafamiliar, conduciéndolo hasta las instalaciones
policiales para continuar con la judicialización. Dejo constancia que me comunico con el
doctor Jorge Sigifredo Checa Checa fiscal en turno de disponibilidad a el abonado telefónico
3164934813 a las 01:50 horas del día de hoy 10-06-2016 quien me manifiesta que nos da
por recibido el capturado y que lo dejemos a disposición el día de hoy a las 08:00 horas,
igualmente me comunico con la doctora Liliana de León Montes defensora publica, en turno
de disponibilidad a el abonado telefónico 3142189832 siendo las 01:51 horas del día de hoy

21

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10-06-2016 quien me manifiesta que en horas de la mañana se entrevistara con el
capturado”.

De igual manera, se incorporó el informe ejecutivo -FPJ3-, diligenciado por el servidor de
policía judicial PT. Yeison Trejos Chávez, en el que reportó los actos urgentes y posteriores,
relevantes para la investigación, junto con el informe de captura en flagrancia, acta de
derechos del capturado, solicitud de antecedentes, individualización y arraigo, reseña,
solicitud de análisis y tarjeta web, entrevista, interrogatorio y la copia de la cédula del
capturado.

Adicionalmente, precisa esta Corporación que la constancia de allanamiento, podía ser
acreditada de las voces de auxilio, pues en el informe médico legal realizado a la víctima,
explicó que: “yo me escondí debajo de la cama y me agarre duro con las manos y los pies y
el no alcanzo si no a alarme de la blusa, pero no me puedo (sic) sacar pero me dejo aruñada,
él fue a sacar un cuchillo de la cocina, pero no me alcanzó a hacer nada, la policía llego y lo
cogió”, por lo tanto, se observa que el procedimiento efectuado por la fuerza pública, fue
acorde con el ingreso al domicilio y de ninguna manera imponía que se declara su ilegalidad.

En igual sentido, esta Comisión comparte los argumentos del a quo, al poner de presente el
testimonio del doctor Carlos Eduardo Lopez, quien se desempeña como Juez de Control de
Garantías y al ser preguntado si la constancia de allanamiento podía ser suplida por otro
elemento, contestando que sí y que, aun cuando no se contara con ese documento, era
factible que se declarara legal el procedimiento de la Policía, si se disponía de otros medios
de convicción que permitieran saber que la actuación no fue arbitraria, que se llevó a cabo
de conformidad con la normatividad; y que no se afectaron garantías fundamentales. Del
mismo modo, resaltó que el doctor Horacio Ernesto Enríquez, en su condición de
representante de la Fiscalía, al preguntársele si era posible que se acreditara las voces de
auxilio, a través de un medio de prueba diferente al acta de allanamiento, no descartó que,
ante la ausencia de ese documento, se acudiera a otros elementos, en virtud de la libertad
probatoria, para legalizar el procedimiento de la Policía.

(…)

El defensor de confianza, planteó en el recurso su inconformidad al señalar que no existe
juicio de certeza sobre la ausencia de necesidad de la constancia escrita para acceder al
domicilio de un indiciado y tampoco existe prueba alguna que dicha constancia pueda ser
“reemplazada” por otro medio probatorio.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-591 de 200525, al declarar exequible
de manera condicionada el artículo 302 de la Ley 906 de 2004, justamente para establecer
los límites precisos que sobre la captura en flagrancia ejerce la Fiscalía General de la Nación,
precisó que: “si se entendiera que el fiscal puede además adelantar, en los casos de capturas
en flagrancia, ciertos juicios de valor sobre la necesidad de la medida de detención
preventiva, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la
víctima, o que resulta probable que el imputado no comparecerá al proceso o no cumplirá la
sentencia, la disposición acusada sería contraria a la Constitución, por cuanto constituiría un
desconocimiento de las competencias del juez de control de garantías”
(subraya fuera de texto).

De conformidad con la decisión transcrita, es claro para esta Corporación, que cualquier
cuestión que supere una comprobación meramente objetiva sobre las circunstancias que
permiten calificar una captura en situación de flagrancia, escapa del control de la Fiscalía
General de la Nación y debe ser analizada por el respectivo juez con función de control de
garantías. Ante ese escenario, el estudio que le correspondía realizar al fiscal JORGE
SIGIFREDO CHECA CHECA, se restringía a la verificación de, si el delito por el que fue
aprehendido comportaba detención preventiva y si concurría alguna de las situaciones

25
Expediente D-5415. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16, 20, 30, 39, 58, 78, 80, 154, 242, 291, 302,
522 (parciales) y 127, 232, 267, 284, 455 y 470 de la Ley 906 de 2004. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06870-01
Demandante: Jorge Sigifredo Checa Checa
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Fallo Tutela – Segunda Instancia

descritas en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, que refiere a la captura en
flagrancia.

En este caso, era fácil concluir que la captura se produjo por el delito de violencia
intrafamiliar, consagrado en el artículo 229 del Código Penal, el cual comporta detención
preventiva de manera objetiva según el artículo 313 numeral 2° de la Ley 906 de 2004, dado
que era un delito investigable de oficio con pena mínima prevista en la ley, igual a cuatro (4)
años y además era un hecho derivado en la cohabitación y permanencia de la pareja, en el
que fue imprescindible la convivencia de cara a la conformación de la unidad familiar
(entendida como bien jurídico tutelado).

Así las cosas, contrario a lo alegado por el defensor del disciplinable, la Policía si estaba
autorizada para ingresar al domicilio de los señores Zulady Cardona Ríos y Alexander
Montero Calderon, porque, según lo dicho por los captores, escucharon voces de auxilio.
Asimismo, la ausencia de la constancia del allanamiento, no necesariamente determina la
ilegalidad de las actuaciones de la Policía, puesto que, en virtud de la libertad probatoria, es
posible que ese documento pueda ser acreditado por otros elementos, que demuestren que
la fuerza pública actuó en cumplimiento de las garantías fundamentales.

Además, se corrobora la afirmación del a quo, al hacer una lectura de la orden de libertad
proferida por el doctor JORGE SIGIFREDO CHECA CHECA, pues en ella se puede apreciar
que no se hizo referencia alguna, a la inexistencia de la constancia de allanamiento, como
motivo para declarar ilegal la actuación de la Policía. Es así que, frente al allanamiento, en
la orden de libertad proferida a favor del señor Alexander Montero Calderón, únicamente,
dijo: “los policiales ingresaron a la vivienda sin autorización del propietario o al menos no se
tiene prueba del permiso en cita en los actos urgentes”, sin profundizar en las voces de
auxilio mencionadas por el uniformado, que les exigía ingresar al bien inmueble enunciado.

Al respecto, no es cierto que se hubiese optado por declarar la ilegalidad del procedimiento
de allanamiento, porque no se disponía de la constancia exigida en la sentencia C-176 de
2007, pues en realidad, dicha determinación, exclusivamente, se motivó en la supuesta
ausencia de un consentimiento, por parte de la víctima y/o del agresor, para ingresar al
domicilio.

Por otra parte, frente a las inconformidades planteadas en el recurso, se establece que
contrario a las condiciones ahí señaladas, era obligación del fiscal realizar de inmediato la
solicitud de legalización captura ante el juez de control de garantías, como lo establece el
artículo 302 en cita, para que examinara la legalidad del procedimiento. Por consiguiente,
los argumentos que esgrimió el disciplinable para liberar al indiciado, no justifica la decisión
en cuestión, como quiera que su conclusión acerca de la presunta ilegalidad de la captura,
obedece a la apreciación sesgada de apreciaciones subjetivas, sin que se reunieran los
requisitos para hacerlo.

Además, el delito por el que se capturó al señor Alexander Montero Calderón comportaba
detención preventiva26 y en los argumentos expuestos en la decisión del 10 de junio de 2016,
por medio de la cual el Fiscal lo dejó en libertad, omitió ostensiblemente realizar un estudio
sobre la legalidad del procedimiento de captura en flagrancia, pues solo indicó que los
hechos acontecidos: “nos lleva a pensar que más que darle un tratamiento penal a esta
situación de índole familiar, se debe recurrir a las instancias administrativas en asuntos del
derecho de familiar (ICBF, Comisaria de Familia, etc) a fin de que se trate de raíz esta
situación, por cuanto así como se han dado estas manifestaciones de uno y otro implicados
puede desencadenarse en un hecho nefasto27”.

(…)

26
Artículo 229 de la Ley 599 de 2000. El que maltrate física o sicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar,
incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.
(…)
27
Folio 87 Archivo “001ExpedienteDisciplinarioDigitalizado”.
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Por lo tanto, es notoria la vulneración directa de la norma por parte del disciplinable, toda
vez que el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, no admite diversas
interpretaciones que autoricen al fiscal a hacer valoraciones subjetivas sobre los hechos, con
la finalidad de justificar la conducta de una persona que es sorprendida en alguna de las
situaciones descritas en el artículo 301 de la misma norma.

Igualmente, tampoco se configuran los elementos afines con la causal de exclusión “8. con
la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”, al
acreditarse que, en el desempeño del cargo desde el año 2003, el disciplinable conocía
perfectamente, tanto sus deberes funcionales, como las normas jurídicas que rigen el delito
de violencia intrafamiliar y los procedimientos de allanamiento y captura en flagrancia. Lo
cual puede obtenerse de los alegatos finales, cuando describe su experiencia sobre la
autorización para el ingreso de un inmueble y los formatos que debe utilizar los funcionarios
de la Policía Judicial.

(…)

Finalmente, en lo concerniente al último acápite relativo a la prescripción de la acción
disciplinaria, ante el error de trascripción en la fecha del auto de apertura de investigación,
precisa esta instancia que es el mismo argumento propuesto por el disciplinable en su
recurso, por lo tanto, se tendrá en cuenta tales consideraciones iniciales, que ya fueron
resueltas en esta decisión (…)”.

Revisado el contenido de la providencia acusada, se observa que la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, se refirió a la interpretación errada que realizó el
accionante de la Sentencia C-176 de 2007, proferida por la Corte Constitucional,
según la cual:

“(…) en todos estos casos excepcionales de penetración al domicilio sin orden de
autoridad judicial competente y, de conformidad con la ley aplicable, es necesario
dejar constancia escrita de la actuación no sólo para que el juez competente pueda
ejercer el control de legalidad de la actuación sino también para que se adelante el
control penal y disciplinario correspondiente en casos de exceso o de abuso de
poder (…)”.

Al respecto, afirmó que si bien los uniformados no contaban con orden de la
autoridad competente para que pudieran ingresar al domicilio, ni hubo constancia
escrita de la actuación, lo cierto es que observó en los ‘actos urgentes’ allegados al
proceso disciplinario, el uniformado Hamerson Vargas Riascos, presentó el “informe
de la policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia -FPJ-5-”, ante la oficina
de asignaciones de las fiscalías de Orito, siendo el formato establecido en el manual
de esa institución, el utilizado para dejar registro de cada actuación, que fue aplicado
al caso en concreto.

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Del estudio del material probatorio allegado, también corroboró que en el informe se
puso de presente que la central de radio Mocoa, alertó a los uniformados de una
riña al interior de una vivienda ubicada en el barrio ‘los Pinos’, por lo que se dirigieron
al lugar. Que, al llegar, los uniformados escucharon gritos y voces de auxilio, por lo
que ingresaron a la vivienda, observando a una señora que estaba siendo agredida
física y verbalmente por el señor identificado como Alexander Montero, así que lo
redujeron, esposaron y le hicieron conocer sus derechos como persona capturada
por el delito de violencia intrafamiliar, conduciéndolo hasta las instalaciones
policiales para continuar con la judicialización.

En el mismo sentido, la autoridad judicial observó que se incorporó el informe
ejecutivo -FPJ3-, diligenciado por el servidor de policía judicial PT. Yeison Trejos
Chávez, en el que reportó los actos urgentes y posteriores, relevantes para la
investigación, junto con el informe de captura en flagrancia, acta de derechos del
capturado, solicitud de antecedentes, individualización y arraigo, reseña, solicitud
de análisis y tarjeta web, entrevista, interrogatorio y la copia de la cédula del
capturado.

Precisó que la constancia de allanamiento podía ser acreditada de las voces de
auxilio, pues en el informe médico legal realizado a la víctima, explicó que estaba
escondida bajo la cama y el capturado pretendía sacarla halándole la blusa, pero
como no pudo se dirigió a la cocina a sacar un cuchillo y fue allí cuando ingresó la
policía. De manera que, coligió que el procedimiento efectuado por la fuerza pública,
fue acorde con el ingreso al domicilio y de ninguna manera imponía que se declara
su ilegalidad.

Puso de presente el testimonio del Dr. Carlos Eduardo López, Juez de Control de
Garantías, quien aseguró que la constancia de allanamiento podía ser suplida por
otro elemento y que, aun cuando no se contara con ese documento, era factible que
se declarara legal el procedimiento de la Policía, si se disponía de otros medios de
convicción que permitieran saber que la actuación no fue arbitraria, que se llevó a
cabo de conformidad con la normatividad; y que no se afectaron garantías
fundamentales.

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Ahora, del testimonio del Dr. Horacio Ernesto Enríquez, en su condición de
representante de la Fiscalía, encontró que era posible que se acreditara las voces
de auxilio, a través de un medio de prueba diferente al acta de allanamiento pues,
ante la ausencia de ese documento, se puede acudiera a otros elementos en virtud
de la libertad probatoria, para legalizar el procedimiento de la Policía.

En ese orden, explicó que la Corte Constitucional en la sentencia C-591 de 200528,
al declarar exequible de manera condicionada el artículo 302 de la Ley 906 de 2004,
justamente para establecer los límites precisos que sobre la captura en flagrancia
ejerce la Fiscalía General de la Nación, precisó que:

“(…) si se entendiera que el fiscal puede además adelantar, en los casos de capturas
en flagrancia, ciertos juicios de valor sobre la necesidad de la medida de detención
preventiva, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad
o de la víctima, o que resulta probable que el imputado no comparecerá al proceso
o no cumplirá la sentencia, la disposición acusada sería contraria a la Constitución,
por cuanto constituiría un desconocimiento de las competencias del juez de control
de garantías (…)”.

De lo anterior, la Comisión resaltó que cualquier cuestión que supere una
comprobación meramente objetiva sobre las circunstancias que permiten calificar
una captura en situación de flagrancia, escapa del control de la Fiscalía General de
la Nación y debe ser analizada por el respectivo juez con función de control de
garantías.

Dicho análisis le permitió determinar que, ante ese escenario, le correspondía al
señor Jorge Sigifredo Checa como Fiscal, solamente verificar si el delito por el que
fue aprehendido comportaba detención preventiva y si concurría alguna de las
situaciones descritas en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, que
refiere a la captura en flagrancia.

Es así como la autoridad judicial accionada concluyó que, la captura se produjo por
el delito de violencia intrafamiliar, consagrado en el artículo 229 del Código Penal,

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Expediente D-5415. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16, 20, 30, 39, 58, 78, 80, 154, 242, 291, 302,
522 (parciales) y 127, 232, 267, 284, 455 y 470 de la Ley 906 de 2004. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
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el cual comporta detención preventiva de manera objetiva según el artículo 313
numeral 2° de la Ley 906 de 2004, dado que era un delito investigable de oficio con
pena mínima prevista en la ley, igual a cuatro (4) años y además era un hecho
derivado en la cohabitación y permanencia de la pareja, en el que fue imprescindible
la convivencia de cara a la conformación de la unidad familiar, entendida como bien
jurídico tutelado.

En síntesis, del estudio de las pruebas allegadas al proceso disciplinario, para la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Policía si estaba autorizada para
ingresar al domicilio de los señores Zulady Cardona Ríos y Alexander Montero
Calderon, porque, según lo dicho por los captores, escucharon voces de auxilio.

También que la ausencia de la constancia del allanamiento, no necesariamente
determina la ilegalidad de las actuaciones de la Policía, puesto que, en virtud de la
libertad probatoria, es posible que ese documento pueda ser acreditado por otros
elementos, que demuestren que la fuerza pública actuó en cumplimiento de las
garantías fundamentales.

De modo que, es claro que la autoridad judicial accionada valoró las pruebas
aportadas en conjunto, incluidos los testimonios referidos y la orden de libertad
proferida por la parte actora, en la cual no se hizo referencia alguna, a la inexistencia
de la constancia de allanamiento, como motivo para declarar ilegal la actuación de
la Policía.

De hecho, frente al allanamiento, en la orden de libertad proferida a favor del señor
Alexander Montero Calderón, únicamente, dijo: “(…) los policiales ingresaron a la
vivienda sin autorización del propietario o al menos no se tiene prueba del permiso en cita
en los actos urgentes”. Sin profundizar en las voces de auxilio mencionadas por el
policía, que les exigía ingresar al bien inmueble.

De la lectura de la orden de libertad logró concluir que no es cierto que se hubiese
optado por declarar la ilegalidad del procedimiento de allanamiento, porque no se
disponía de la constancia exigida en la sentencia C-176 de 2007, pues en realidad,

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dicha determinación, exclusivamente, se motivó en la supuesta ausencia de un
consentimiento, por parte de la víctima y/o del agresor, para ingresar al domicilio.

Reiteró que era obligación del fiscal realizar de inmediato la solicitud de legalización
captura ante el juez de control de garantías, como lo establece el artículo 302 del
Código de Procedimiento Penal, para que examinara la legalidad del procedimiento.

Por lo expuesto, aseveró que los argumentos que esgrimió el disciplinable para
liberar al indiciado, no justifica la decisión en cuestión, como quiera que su
conclusión acerca de la presunta ilegalidad de la captura, obedece a la apreciación
sesgada de apreciaciones subjetivas, sin que se reunieran los requisitos para
hacerlo.

Destacó que en este caso se trató la captura por el delito de violencia intrafamiliar,
el cual comportaba detención preventiva29 y en los argumentos expuestos en la
decisión del 10 de junio de 2016, por medio de la cual el Fiscal lo dejó en libertad,
omitió realizar un estudio sobre la legalidad del procedimiento de captura en
flagrancia.

Señaló que el Fiscal solo indicó que los hechos acontecidos: “nos lleva a pensar
que más que darle un tratamiento penal a esta situación de índole familiar, se debe
recurrir a las instancias administrativas en asuntos del derecho de familiar (ICBF,
Comisaria de Familia, etc) a fin de que se trate de raíz esta situación, por cuanto así
como se han dado estas manifestaciones de uno y otro implicados puede
desencadenarse en un hecho nefasto30”.

De ahí que, para la Comisión, era notoria la vulneración directa de la norma por
parte del disciplinable, toda vez que el artículo 302 del Código de Procedimiento
Penal, no admite diversas interpretaciones que autoricen al fiscal a hacer
valoraciones subjetivas sobre los hechos, con la finalidad de justificar la conducta

29
Artículo 229 de la Ley 599 de 2000. El que maltrate física o sicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar,
incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.
(…)
30
Folio 87 Archivo “001ExpedienteDisciplinarioDigitalizado”.
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de una persona que es sorprendida en alguna de las situaciones descritas en el
artículo 301 de la misma norma.

Por su parte, argumentó que tampoco se configuran los elementos afines con la
causal de exclusión, pues encontró acreditado que en el desempeño del cargo
desde el año 2003, el disciplinable conocía perfectamente, tanto sus deberes
funcionales, como las normas jurídicas que rigen el delito de violencia intrafamiliar
y los procedimientos de allanamiento y captura en flagrancia.

Decantado este aspecto, en lo atinente al presunto desconocimiento del precedente
jurisprudencial, la Sala no observa que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
hubiere desconocido las sentencias referidas por el actor como desatendidas, en
tanto estas no constituyen decisiones de unificación respecto de la tipificación del
delito mencionado, ni de este como falta disciplinaria; a contrario sensu, el legislador
definió los elementos constitutivos de falta disciplinaria, basado en el incumplimiento
de los deberes y prohibiciones previstas en la Constitución, en la Ley Estatutaria de
la Administración de Justicia y demás leyes, específicamente la 734 de 2002.

Con todo, la Corporación accionada realizó un análisis de las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en que se profirió la orden de libertad del señor Alexander
Montero Calderón, dentro de la investigación penal adelantada por el delito de
violencia intrafamiliar, quien había sido capturado en flagrancia.

Por último, en lo atinente al desconocimiento del principio de autonomía judicial del
accionante, en ejercicio de su cargo como Fiscal, es importante mencionar que la
función jurisdiccional requiere interpretar la ley, como lo son las condiciones que al
respecto estableció el legislador en los artículos 229 del Código Penal; el artículo
229 del Código de Procedimiento Penal; el artículo 301 ibidem; el artículo 83 del
Código de Policía31; la sentencia C - 176 de 2007 de la Corte Constitucional; el
numeral 1° del artículo 48 del C.D.U y el artículo 413 del Código Penal, para
capturas en flagrancia por el delito de violencia intrafamiliar.

31
Vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos.
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Por tanto, si el operador jurídico del derecho penal, en este caso el Fiscal, se aparta
de las reglas previstas por la Constitución y la Ley, amparado en la independencia
y la autonomía judicial para proferir su propia decisión, comporta una conducta
contraria a derecho.

De cualquier modo, los funcionarios gozan de autonomía en sus decisiones, las
cuales están amparadas de presunción de legalidad, a menos de que aquellas
configuren actos arbitrarios que resulten en desconocimiento de la función pública;
tal y como la Comisión Nacional de Disciplina Judicial observó que ocurrió en el
asunto analizado.

De ahí que, los argumentos expuestos por la autoridad judicial accionada en su
escrito de impugnación reflejan armonía con el contenido de la decisión de 4 de
octubre de 2023, pues tal como lo afirmó, la Sala observa que (i) la Corporación, de
manera razonada, consideró que la decisión adoptada por el Fiscal sancionado,
respecto la orden de dejar en libertad al capturado, supuso una interpretación
contraria al ordenamiento jurídico, lo que definía un límite evidente a la autonomía
judicial; asimismo, (ii) respecto el actuar doloso del actor, la autoridad judicial
determinó que se debe a que la vulneración de la norma por parte del disciplinable
no es por error; máxime si se tiene en cuenta que el Fiscal se estaba enfrentando a
una falta gravísima, en concreto, por asumir funciones propias del Juez de garantías
y; (iii) que en efecto realizó un análisis conjunto de las pruebas allegadas al proceso,
sin un sesgo por los testimonios referidos.

En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia de 4 de octubre de 2023,
proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, no incurrió en vía de hecho
por defecto fáctico, ni desconocimiento del precedente, pues la decisión de
confirmar la providencia de primera instancia32, que sancionó al señor Jorge
Sigifredo Checa Checa, en calidad de fiscal, con destitución e inhabilidad general
por el término de 10 años, al encontrarle responsable de infringir el deber
consagrado en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en
concordancia con el artículo 29 de la Constitución Nacional; el artículo 229 del

32
Sentencia de 5 de mayo de 2023.
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Código Penal; el artículo 229 del Código de Procedimiento Penal; el artículo 301
ibidem; el artículo 83 del Código de Policía15; la sentencia C - 176 de 2007 de la
Corte Constitucional; el numeral 1° del artículo 48 del C.D.U y el artículo 413 del
Código Penal; en la modalidad gravísima dolosa; estuvo soportada en un estudio
razonable de las pruebas documentales allegadas al trámite judicial, así como en la
normativa y la jurisprudencia aplicable al asunto.

Bajo estas consideraciones, esta Subsección advierte que la autoridad judicial
accionada en ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y
sana crítica dio un alcance probatorio coherente y válido a los documentos
allegados al proceso ordinario e interpretó de forma razonable y justificada la
normativa y los criterios jurisprudenciales aplicables al caso concreto.

Así las cosas, se concluye que la sentencia de 4 de octubre de 2023, proferida por
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, no vulneró los derechos fundamentales
invocados por el accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido, un análisis
arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden
constitucional y legal que constituya una vía de hecho por desconocimiento del
precedente judicial, que amerite la intervención del juez de tutela.

III DECISIÓN

La Sala revocará la sentencia de 19 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección B, que amparó los derechos fundamentales
del señor Jorge Sigifredo Checa Checa, contra la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y, en su lugar, negará el amparo de los derechos deprecados, como quiera
que no se acreditó que la sentencia acusada hubiere incurrido en alguna de las
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06870-01
Demandante: Jorge Sigifredo Checa Checa
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Fallo Tutela – Segunda Instancia

FALLA

PRIMERO. - REVOCAR la sentencia de 19 de febrero de 2024, proferida por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, que amparó los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, por las razones expuestas en esta
providencia y, en su lugar, NEGAR, la solicitud de amparo de los derechos
deprecados.

SEGUNDO. - Por Secretaría remitir a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Esta providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)

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Demandante: Jorge Sigifredo Checa Checa
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Fallo Tutela – Segunda Instancia

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(En comisión de servicios)

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